El Sindicato Médico de Córdoba ha celebrado este martes la “contundente victoria judicial” que ha logrado “tras la sentencia que declara nulos los servicios mínimos impuestos durante la huelga médica de diciembre de 2025 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”.

Según ha señalado el sindicato en una nota, “el fallo no deja lugar a dudas, la Administración vulneró el derecho fundamental de huelga, y lo hizo de la peor manera posible, imponiendo servicios mínimos desproporcionados, arbitrarios y sin ninguna justificación real”.

A juicio del Sindicato Médico, “la sentencia supone un auténtico varapalo a la gestión de la Dirección del hospital”, ya que “el juzgado desmonta punto por punto su actuación y evidencia lo que este sindicato ya denunció en su momento, que se inflaron los servicios mínimos muy por encima de un día festivo, que es la referencia legal y habitual, sin motivación alguna, convirtiendo la huelga en un simulacro”.

Pero el “repaso judicial no se queda ahí”, ya que, según el sindicato, “la resolución pone en evidencia una forma de actuar inaceptable en una Administración pública”, señalando que “no existió un acto administrativo formal que fijara los servicios mínimos”, que “no se aportó expediente alguno que justificara las decisiones”, y que “se manejaron documentos informales, sin firma, ni validez”.

Pero “lo más grave”, según ha subrayado el Sindicato Médico, es que “se ocultó la información al sindicato durante los días clave de la huelga, comunicándose tarde y de manera deficiente, cuando ya era imposible reaccionar”, es decir, se actuó con “opacidad, improvisación y desprecio absoluto por los derechos de los profesionales”.

Junto a ello, “el juzgado recuerda algo básico que parece haberse olvidado en la gestión del hospital, que los servicios mínimos no son un instrumento para neutralizar una huelga”, sino que “son una limitación excepcional de un derecho fundamental y, como tal, deben estar estrictamente justificados, ser proporcionados y comunicarse con transparencia y antelación”, pero “nada de eso ocurrió en el Reina Sofía”.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba han opinado que “esta sentencia marca un antes y un después”, avisando que no van a “tolerar que se utilicen los servicios mínimos como herramienta para vaciar de contenido las movilizaciones médicas ni para imponer, por la puerta de atrás, una actividad asistencial casi normal durante una huelga”.

Esta “victoria judicial es también un aviso a la Administración sanitaria”, respecto a que “cuando se vulneran derechos fundamentales, hay consecuencias”, de ahí que el Sindicato Médico de Córdoba seguirá “utilizando todas las herramientas a su alcance para defender a los facultativos frente a abusos, arbitrariedades y decisiones que pretendan silenciar su legítima capacidad de protesta”.

La segunda semana de paros en la sanidad pública andaluza ha comenzado en Córdoba con un seguimiento de un 13,87% durante esta primera jornada de lunes. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa como la que menor respaldo ha dado a la convocatoria en toda Andalucía, solo seguida de cerca por Jaén (14,63%), y que mantiene una tendencia a la baja. El seguimiento en este territorio durante el inicio fue un 17,49%, lo que supone un descenso cercano al 4% en este nuevo periodo de movilizaciones.

A nivel regional, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado el seguimiento global en un 22,01%. Al igual que ha ocurrido en Córdoba, la media andaluza también ha experimentado una caída, pasando del 24,74% registrado en el arranque de febrero al actual 22,01%, lo que supone un descenso general de 2,69 puntos.

Mientras Córdoba registra el dato más bajo, otras provincias han mostrado un mayor seguimiento: Sevilla (25,92%) y Málaga (25,21%) lideran la participación, seguidas de Huelva (24,01%), Almería (23,11%), Cádiz (21,76%) y Granada (20,36%).

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha lamentado que estas movilizaciones, motivadas por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, hayan provocado ya en Andalucía la pérdida de más de medio millón de actos médicos y 77 millones de euros en el cómputo global de las dos huelgas celebradas hasta la fecha. Solo en la primera semana de paros de febrero, se suspendieron en la comunidad casi 300.000 actos asistenciales, incluyendo más de 5.000 intervenciones quirúrgicas y 20.000 pruebas diagnósticas.

Pese al menor seguimiento en Córdoba, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantiene su llamamiento a los profesionales para “secundar de forma masiva” las protestas. Las reivindicaciones se centran en la creación de un estatuto médico propio, una clasificación profesional adecuada a su responsabilidad y una regulación de la jornada que acabe con la “infrarretribución” de las guardias.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios a “secundar de forma masiva” la huelga convocada del 16 al 20 de marzo -segunda semana de huelga del calendario anunciado hasta el próximo mes de junio- y a participar en la manifestación que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de marzo.

Los motivos de este paro siguen siendo, en el plano estatal, la reclamación de un estatuto médico y facultativo propio; una mesa de negociación específica para la profesión médica; una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la infrarretribución de las guardias, tal como ha recogido el SMA en una nota de prensa.

“Desde el SMA subrayamos igualmente que la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto. Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz”, recoge la central sindical en una nota de prensa.

El SMA “lamenta profundamente el perjuicio” que la huelga pueda ocasionar a pacientes y usuarios, pero ha recordado que “los verdaderos responsables del deterioro asistencial y de unas listas de espera cada vez más graves no son los profesionales que se movilizan, sino las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública”.

La primera semana huelga se saldó con casi 300.000 actos asistenciales suspendidos en Andalucía y un impacto económico de 39,4 millones de euros. La huelga celebrada desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero provocó la suspensión de 299.430 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se suspendieron 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.

El Sindicato Médico en Córdoba ha destacado que la huelga del sector ha culminado este viernes su última jornada de esta semana “con un mensaje claro y contundente: la profesión atraviesa una situación de grave desgaste profesional, con un aumento sostenido de los problemas de salud mental y una auténtica epidemia de burnout que no puede seguir siendo ignorada”.

Según señala en un comunicado el sindicato, durante estos días, los médicos y médicas “han alzado la voz no solo por sus condiciones laborales, sino por la fragilidad emocional y estructural que está afectando especialmente a los profesionales más jóvenes: así se ha puesto de manifiesto en la presentación hoy en Alicante del informe de actividades con motivo del XI Congreso Nacional y II Encuentro Internacional del PAIME”.

En ese sentido, señala que “los datos son inequívocos: el incremento de trastornos mentales, la necesidad creciente de apoyo específico y el recurso cada vez más frecuente a programas de atención profesional reflejan un sistema que está llevando a sus facultativos al límite”.

El Sindicato Médico critica que, “lejos de escuchar este grito de auxilio, el Ministerio ha respondido a lo largo de la semana con descalificaciones, ataques y afirmaciones que no se corresponden con la realidad que viven los profesionales en hospitales y centros de salud. Sin embargo, la respuesta de la profesión ha sido ejemplar”.

Destaca que las cifras de seguimiento han aumentado este viernes, consolidando la tendencia creciente a lo largo de la semana. Sirva como ejemplo el Hospital Reina Sofía, donde 349 facultativos han secundado la huelga esta mañana, lo que supone cifras reales superiores al 70% de seguimiento. “Estos datos desmontan cualquier intento de minimizar el alcance del conflicto y evidencian que el malestar es profundo, estructural y ampliamente compartido”.

Asimismo, expone que “la huelga no es un fin en sí mismo. Es la expresión de una profesión que reclama dignidad, condiciones laborales sostenibles y un modelo que permita ejercer la medicina con calidad, seguridad y estabilidad vital. Defender la salud de los médicos es defender la calidad del sistema sanitario y la seguridad de los pacientes”.

“Queremos agradecer de forma expresa a todos los médicos y médicas su compromiso, valentía y participación a lo largo de esta semana. Asimismo, trasladamos nuestro agradecimiento a los pacientes por su paciencia y por las numerosas muestras de apoyo recibidas en estos días. La profesión médica ha hablado alto y claro. Esperamos que, a partir de ahora, también sea escuchada”, concluye.

El Sindicato Médico de Córdoba (SMA) ha interpuesto una demanda judicial contra la totalidad de las gerencias sanitarias de la provincia, acusándolas de una supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. La acción legal se produce tras la reiterada negativa de las autoridades sanitarias a entregar documentación esencial a los delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la organización.

Según ha sostenido el sindicato, la información solicitada no es de carácter discrecional, sino que, de acuerdo con la Ley y el Reglamento vigentes, debe estar a disposición de todos los trabajadores. Para el SMA, el acceso a estos datos constituye una garantía básica para asegurar la protección efectiva de la salud de los profesionales del sector.

La organización sindical ha considerado que este bloqueo informativo supone una “limitación ilegítima” de los derechos de información y representación. En un comunicado emitido el 13 de febrero, el sindicato ha advertido de que esta actitud obstaculiza directamente las labores de vigilancia y control que corresponden a los delegados de prevención, comprometiendo la seguridad de los médicos que ejercen en la provincia. “La defensa de la salud laboral no es una cuestión formal ni burocrática, sino un elemento esencial para garantizar condiciones de trabajo seguras”, insisten desde el Sindicato Médico de Córdoba.

El proceso judicial iniciado busca que los tribunales declaren la existencia de una vulneración del derecho a la libertad sindical. Asimismo, la demanda pretende obligar legalmente a todas las Gerencias Sanitarias a mantener la documentación técnica y preventiva a disposición tanto de los delegados sindicales como del resto del personal sanitario.

El sindicato ha reafirmado su compromiso con la normativa de prevención y ha asegurado que seguirá agotando todas las vías legales para proteger los derechos de los facultativos a los que representa ante lo que consideran un asunto de extrema gravedad para el colectivo.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha activado una instrucción ante las lluvias intensas en la región, recordando que el sistema sanitario es un “servicio esencial” y que los profesionales deben acudir a sus puestos con normalidad. Según la dirección general, la ausencia solo se considerará justificada ante una “imposibilidad objetiva” debidamente acreditada, como cortes de carretera o suspensión del transporte público. No obstante, el Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha respondido con un comunicado advirtiendo que esta orden no puede estar por encima de la seguridad del trabajador.

Para la administración, cualquier falta de incorporación quedará sujeta a una valoración individualizada por parte de la dirección de cada centro sanitario. El SAS ha explicado que el personal debe adoptar las debidas precauciones pero manteniendo la operatividad del servicio. Ante esto, el SMC ha criticado que la instrucción parece exigir una “imposibilidad absoluta” para no acudir, cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) protege al trabajador ante cualquier “riesgo grave e inminente” que no requiere que la carretera esté físicamente cortada.

El sindicato ha aclarado que, si durante el trayecto la visibilidad es baja o las condiciones son peligrosas, el médico tiene derecho a parar en un lugar seguro, sin necesidad de esperar a que un árbol caído bloquee el paso o que la carretera esté cortada por inundaciones. Asimismo, el SMC ha recordado que el carácter de servicio esencial no obliga al personal sanitario a asumir riesgos personales graves derivados del temporal, ya que la Administración sigue obligada a garantizar su integridad física.

Un punto crítico que el sindicato ha añadido es el derecho a interrumpir la actividad si el profesional ya está en su centro. En caso de inundaciones, riesgo eléctrico o accesos inseguros en el propio hospital o centro de salud, el trabajador puede abandonar el lugar si existe un peligro serio, una decisión que, según la ley, no debe conllevar sanciones ni represalias si se basa en una valoración razonable.

Finalmente, el Sindicato Médico de Córdoba ha recomendado a los facultativos priorizar siempre la seguridad personal y documentar detalladamente cualquier incidencia. Sugieren guardar avisos de Protección Civil, fotos del estado de las vías o alertas oficiales para evitar que la “valoración individualizada” de los directores se convierta en una medida discrecional o penalizadora. El SMC ha anunciado un seguimiento activo para prestar apoyo jurídico a cualquier afiliado que reciba presiones indebidas durante estos episodios meteorológicos.

Las Urgencias en la capital de Córdoba se encuentran en un punto de crecimiento, pero también es el foco de muchas críticas tanto por vecinos como por las organizaciones sindicales. Tanto es así que el Sindicato Médico de Córdoba ha explicado que la medida del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de ofertar únicamente dos profesionales para el servicio asistencial de Levante es “insuficiente y peligrosa” para la seguridad de los pacientes.

La Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir ha publicado este jueves la resolución por la que se convocan, con carácter de urgencia, dos puestos de médico de familia para el Dispositivo de Apoyo de Córdoba. Esta medida se toma, según reza el documento oficial, debido a la “inexistencia de candidatos en la bolsa de contratación” y en los listados adicionales para esta categoría. Los seleccionados ocuparán plazas vacantes de larga duración mediante un nombramiento de interinidad, con un plazo de presentación de solicitudes de apenas cinco días hábiles.

La denuncia del Sindicato Médico de Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba ha criticado que esta oferta de tan solo dos médicos pretenda dar cobertura al tercer punto de urgencias extrahospitalarias de la capital. Para el sindicato, existe un contraste evidente entre las declaraciones del Consejero de Salud, que prometió “profesionales nuevos”, y una realidad que tachan de “lenguaje deliberadamente ambiguo” para ocultar la carencia de facultativos. El sindicato ha presentado un análisis organizativo en el que recalca el déficit de las guardias, la imposibilidad matemática al no haber suficientes médicos, y el colapso de la Atención Primaria en este sentido, aumentando así las listas de esperas.

Por otro lado, otra de las preocupaciones que ha hecho hincapié la organización sindical es la fatiga física y mental de los profesionales. Según denuncian, poner a facultativos agotados a tomar decisiones complejas bajo alta presión supone “jugar con vidas humanas”. Además, el sindicato recuerda que la Gerencia ya cuenta con requerimientos de la Inspección de Trabajo por deficiencias en la evaluación de riesgos psicosociales y la falta de un plan de desconexión digital. Por todo ello, consideran “temerario” abrir un nuevo dispositivo en estas condiciones.

La Junta de Andalucía, dispuesta a escuchar

En una nota remitida a los medios de comunicación, la Junta de Andalucía ha impulsado la interlocución con los facultativos para seguir mejorando la sanidad. Tanto es así que la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Sindicato Médico de Córdoba, Francisco García.

Durante la reunión, Botella ha agradecido la disposición al diálogo del sindicato y ha subrayado que “es fundamental escuchar a todo el mundo y, de manera muy especial, a los sindicatos que representáis y defendéis los intereses de nuestros profesionales sanitarios”. La delegada ha enmarcado este contacto en una dinámica de trabajo permanente, orientada a reforzar las condiciones de desempeño del personal sanitario como elemento clave para seguir elevando la calidad asistencial.

En el marco de la reunión, el sindicato ha presentado un documento con propuestas orientadas a mejorar la organización asistencial y las condiciones de trabajo, entre las que se incluyen medidas relacionadas con la cobertura de plantillas, la adecuación de cargas asistenciales y cupos, la estabilidad en la dotación de profesionales y el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, con especial atención a los riesgos psicosociales y a la implantación de un plan de desconexión digital, conforme a la normativa vigente.

La delegada territorial ha reiterado la voluntad de mantener canales de comunicación fluidos y de seguir trabajando con los agentes representativos del sistema sanitario, en un enfoque de colaboración que permita identificar necesidades, analizar propuestas y contribuir a la mejora continua de la atención a la ciudadanía en Córdoba y en Andalucía.

El Sindicato Médico de Córdoba, tras mantener una reunión con la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, que ha girado en torno al proyecto de apertura de un tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la capital cordobesa, ha avisado que, “en las condiciones actuales, la apertura de este nuevo punto es inviable y potencialmente perjudicial, tanto para los profesionales, como para los pacientes”.

A este respecto y a través de una nota, el Sindicato Médico ha dejado claro que no se opone a la existencia de un tercer punto de urgencias, “muy al contrario, consideramos que reforzar la red de urgencias extrahospitalarias puede ser positivo siempre que se haga con planificación, recursos suficientes y garantías asistenciales”. Sin embargo, tienen “la firme convicción de que, en las condiciones actuales”, dicha apertura será contraproducente.

En este sentido, que, tras su reunión con Botella, en el sindicato han conocido, “posteriormente, las declaraciones del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, hablando de una apertura inminente” del tercer punto de urgencias, “y de que se contratara personal sanitario nuevo”, preguntándose en el sindicato “cuántos de esos profesionales son médicos, cuántos de esos médicos tienen especialidad y cuántos estarán funcionalmente asignados a este nuevo punto de urgencias”.

También se preguntan si “es posible ampliar así la cartera de servicios cuando faltan médicos en la inmensa mayoría de los centros de salud de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Córdoba”, y “dónde esta la oferta de empleo publico para cumplir estos requisitos”, pues lo cierto es que “el discurso evita abordar estas cuestiones, lo cual refuerza nuestra sensación” de que en este caso se trata de “un mandato político”, para abrir “de cualquier manera” y hacer “una inauguración, que no solo olera a nuevo, sino también a ambiente preelectoral”.

“Déficit” de médicos en Primaria

Ante esto, desde el Sindicato Médico han recordado que “la plantilla teórica de médicos de Familia en la ZBS de Córdoba es de 201 facultativos”, pero “en la actualidad existe un déficit de al menos 35 médicos de Familia”, considerando el sindicato que, “antes de plantear la apertura de cualquier nuevo dispositivo asistencial”, la Junta de Andalucía “debería garantizar la cobertura del 100% de la plantilla estructural existente”, pues, “abrir nuevos recursos sin cubrir los ya previstos no es reforzar el sistema, sino tensionarlo aún más”.

De hecho, según ha argumentado el sindicato, “en núcleos urbanos o áreas de gran población, un punto de urgencias debe contar con una dotación mínima propia y estable de facultativos”, y lo cierto es que “la realidad actual dista mucho de ese escenario”, ya que “el único incremento reciente de plantilla médica en la capital ha sido la contratación de seis médicos sin especialidad MIR, con contratos precarios, de los cuales dos ya han abandonado”.

“Modelo inadecuado”

Este dato, a juicio del Sindicato Médico, “evidencia la falta de estabilidad del modelo y la incapacidad real para retener profesionales. Este planteamiento provocará, inevitablemente, una mayor presión sobre los servicios de urgencias, la pérdida de la continuidad médico-paciente, el aumento de conflictos y agresiones a profesionales, el abandono de facultativos y la dificultad creciente para captar nuevos medicos”, además del “deterioro progresivo de la calidad asistencial”.

La consecuencia final de este modelo es “una urgencializaciÓn del sistema, en la que problemas de salud que deberÍan abordarse en consultas programadas acaban en urgencias, sin resolverse adecuadamente y con escaso valor clínico”, de tal modod que, según las estimaciones del Sindicato Medico de Córdoba, “la puesta en marcha del tercer punto de urgencias en las condiciones actuales supondrá la perdida de aproximadamente 3.200 citas mensuales en Atencion Primaria, en un contexto en el que la demora oficial ya se sitúa en torno a los diez días”, cuando lo real es que “en muchos centros supera las dos semanas”.

Propuestas

Ante esta situación, el Sindicato Médico de Córdoba plantea como medidas imprescindibles y previas “la cobertura del 100% de la plantilla estructural de médicos de Familia en la ZBS Córdoba, el ajuste de los cupos a un máximo de 1.300 pacientes por médico, para garantizar una atención segura y de calidad; garantizar médicos específicos, suficientes y estables antes de abrir nuevas urgencias extrahospitalarias, completar de forma inmediata la evaluación de riesgos psicosociales y poner en marcha un plan real de desconexión digital” para los médicos y “recuperar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la calidad en Atención Primaria”.

En consecuencia, el sindicato ha concluido que “abrir recursos de cualquier manera no mejora la atención a la ciudadanía y pone en riesgo, tanto a los profesionales, como al propio sistema sanitario público”, de ahí que el Sindicato Médico de Córdoba haya reiterado su “disposición al diálogo”, pero recordando su “obligación de defender una planificación sanitaria rigurosa, sostenible y respetuosa con la salud de los profesionales y la seguridad de los pacientes”.

Reunión con vecinos

Por otro lado y según ha informado en una nota la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba, su presidenta, Isa Sereno, junto a los representantes de las asociaciones vecinales de La Unión de Levante y de La Viñuela, han mantenido un encuentro con la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, en la que la responsable territorial se ha comprometido a la apertura en este primer trimestre de 2026 del mencionado tercer punto de urgencias extrahospitalarias Levante Sur.

La reunión se ha celebrado tras una campaña de recogida de firmas realizada el pasado diciembre por las asociaciones vecinales con el apoyo de Al-Zahara, en la que 1.500 personas exigen “la inmediata apertura” del nuevo punto de urgencias, “que se encuentra listo y dotado de material desde finales de 2024”.

Los representantes vecinales han recordado a Botella los “sucesivos retrasos en la puesta en funcionamiento” de estas urgencias, ya que “se han ido anunciando fechas de apertura que nunca se cumplen. Primero se prometió su puesta en marcha tras la Navidad de 2024, posteriormente se aplazó a noviembre de 2025 y más tarde a enero de 2026, sin que hasta hoy el centro haya abierto sus puertas”, una cadena de aplazamientos que para los representantes vecinales “supone un engaño reiterado a la ciudadanía”, y por ello demandan que “el centro debe abrir ya”.

El Sindicato Médico de Córdoba (SMACOR) informa de que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha emitido un requerimiento formal al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que complete y finalice de manera adecuada la evaluación de riesgos psicosociales del colectivo médico del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, tras la denuncia presentada por este sindicato por la sobrecarga asistencial que sufren los facultativos de Atención Primaria y Urgencias y tras haber solicitado por escrito y en varias ocasiones desde este Sindicato la evaluación de riesgos psicosociales en el colectivo médico en los últimos dos años.

La Inspección constata que, aunque el SAS había iniciado una evaluación mediante cuestionarios, la participación obtenida no fue representativa, por lo que los resultados no pueden considerarse suficientes ni válidos. En consecuencia, el organismo inspector concluye que no existe actualmente una evaluación psicosocial eficaz para el colectivo médico, tal y como exige la legislación en prevención de riesgos laborales.

Por este motivo, la Inspección ha requerido al SAS que, en un plazo máximo de tres meses (que finaliza a principios de marzo), lleve a cabo una evaluación de riesgos psicosociales específica para los médicos, que incluya entrevistas individuales y análisis cualitativos, garantizando la representatividad real del colectivo y permitiendo identificar de forma adecuada los factores de riesgo que afectan a su salud laboral.

El requerimiento recuerda además la obligación legal de consultar previamente a los Delegados de Prevención, reforzando el papel de la representación sindical en todo el proceso y evitando que estas evaluaciones se realicen de forma unilateral o meramente formal de cara a las medidas a adoptar para limitar estos riesgos.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba valoramos este requerimiento como un respaldo institucional a la denuncia presentada, ya que reconoce que la evaluación psicosocial existente es insuficiente y obliga a la Administración a afrontar de manera real y no superficial los riesgos derivados de la sobrecarga asistencial, la presión asistencial y la organización del trabajo médico.

El Sindicato Médico de Córdoba subraya que los riesgos psicosociales no evaluados ni corregidos tienen consecuencias directas sobre la salud de los profesionales y sobre la calidad de la atención sanitaria que recibe la población, y advierte de que vigilará estrechamente el cumplimiento del requerimiento dentro del plazo fijado por la Inspección de Trabajo.

Por último, el sindicato señala que continuará utilizando todas las vías legales, sindicales e institucionales a su alcance para defender la salud laboral de los médicos y exigir condiciones de trabajo seguras, dignas y compatibles con una asistencia sanitaria de calidad.

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado públicamente este martes “una situación absolutamente intolerable”, la de “tres nuevos episodios de agresiones a médicos registrados, en tan solo una semana, en el Centro de Salud de Azahara”, en la capital cordobesa, por lo que ha llamando a los profesionales sanitarios participar el próximo viernes en una “concentración de repulsa” ante el propio centro sanitario.

Según ha informado el sindicato en una nota, el “primer episodio fue una agresión verbal, con insultos y amenazas por parte del acompañante de un paciente, generando una situación de tensión extrema en la consulta”, mientras que el “segundo episodio tuvo lugar al día siguiente, cuando una doctora sufrió insultos y amenazas durante una consulta telefónica”, dándose la circunstancia de que “el agresor incluso solicitó cita presencial para el día siguiente, un hecho que generó gran inquietud entre el personal, aunque finalmente no acudió”.

El tercer episodio consistió también “en un nuevo episodio de agresión verbal, protagonizado por un paciente”, aclarando el Sindicato Médico de Córdoba que desconoce “los supuestos motivos que han llevado a estas personas a perder cualquier atisbo de educación o civismo. En cualquier caso, no existe motivo alguno que justifique agredir a un profesional sanitario”.

Lo que, para el sindicato, “sí es relevante y profundamente grave, es que estas tres agresiones han sido oficialmente declaradas, lo cual confirma un patrón preocupante que debe obligar a la Administración a actuar con urgencia y responsabilidad”.

Por ello, “ante esta sucesión de episodios violentos”, el Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una “concentración de repulsa el viernes 5 de diciembre, a las 11:00, en las puertas del Centro de Salud Azahara, y a la que, como en ocasiones anteriores, invitamos a participar a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Córdoba, a la Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba, a todas las organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal, al Colegio de Médicos de Córdoba y a la propia ciudadanía, aquella que valora lo que supone tener un sistema sanitario público y está preocupada por su deterioro”.

Por otro lado, desde el Sindicato Médico de Córdoba han elaborado un “informe exhaustivo sobre las agresiones a facultativos en Andalucía, con un análisis específico y detallado de la situación en la provincia de Córdoba. Un documento que demuestra, con datos y rigor, que la violencia contra los médicos es una realidad creciente, alarmante e infradeclarada”.

Así, según ha lamentado el sidicato, “la violencia de origen externo en entornos sanitarios no es un riesgo abstracto, sino un riesgo concreto, evaluable y prevenible, y así está reconocido, tanto en la legislación de prevención, como en la jurisprudencia. Ir a trabajar no puede significar tener miedo, no debemos seguir normalizando lo inaceptable”.

De hecho, “los médicos no pueden, ni deben, acudir a su consulta con miedo a ser insultados, amenazados o agredidos. La violencia no puede formar parte de nuestro trabajo. Desde el Sindicato Médico de Córdoba reiteramos nuestro compromiso firme de tolerancia cero frente a cualquier forma de agresión”.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Córdoba ha convocado para este miércoles una concentración de repulsa en el Centro de Salud Lucena II, tras “la agresión sufrida hace unas semanas por un médico especialista en Psiquiatría durante la atención a un paciente”.

Esta concentración, según ha informado el SMA de Córdoba en una nota, “pretende visibilizar, no solo la condena absoluta a cualquier forma de violencia contra los profesionales sanitarios, sino también un aspecto clave, la responsabilidad reforzada de la Administración en la prevención de riesgos laborales en este tipo de centros”.

Así, segun ha explicado el Sindicato Médico, en el citado centro sanitario del municipio cordobés de Lucena “se atiende de manera habitual a pacientes psiquiátricos, algunos con conductas potencialmente desorganizadas o agresivas. Pese a ello, las medidas de protección y prevención con las que cuentan los profesionales son claramente insuficientes para un riesgo que es conocido, evidente y, por tanto, prevenible”.

Por eso, “cuando un riesgo es previsible, la Administración está obligada a evaluarlo, prevenirlo y ofrecer medidas de protección reales. En este caso, el profesional, no solo sufrió una agresión, sino que lo hizo en un entorno que no cumplía con las garantías mínimas para prevenirla”.

El Sindicato Médico de Córdoba ha añadido que “este caso no debe verse como un incidente aislado, sino como un reflejo de un déficit estructural en los mecanismos de prevención de riesgos laborales, especialmente en los centros donde se atiende a pacientes con patologías psiquiátricas”.

En estos entornos, según han recordado, “el riesgo de agresión es mayor y más complejo, lo que exige un reforzamiento urgente de recursos, personal y medidas de seguridad”, de modod que “existe responsabilidad en una estructura que no ha adaptado sus protocolos, circuitos asistenciales y dotación de personal a las necesidades reales del servicio”.

El Sindicato Médico de Córdoba (SMA) ha denunciado una nueva agresión a profesionales sanitarios ocurrida en el Centro de Salud de Fernán Núñez, en la madrugada del 2 de noviembre, cuando un individuo accedió al punto de urgencias portando un palo y profiriendo amenazas contra el personal médico y de enfermería.

Según el comunicado difundido por el sindicato, los hechos habrían ocurrido a las 00:35, cuando el agresor irrumpió en el servicio de urgencias en un estado de gran agitación, generando momentos de “enorme tensión y miedo” entre los profesionales, que se sintieron “seriamente amenazados en su integridad física”.

El Sindicato Médico ha expresado su “más enérgica condena” ante este nuevo episodio de violencia y ha mostrado su apoyo y solidaridad con los sanitarios agredidos. En su nota, recuerda que “ninguna circunstancia justifica la violencia” y subraya que “cada agresión a un sanitario es una agresión al sistema público de salud y, en última instancia, a los propios pacientes”.

Como respuesta, el sindicato ha convocado una concentración de repulsa el próximo martes 19 de noviembre a las 12:30 frente al propio Centro de Salud de Fernán Núñez. A este acto han sido invitadas la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba y otras organizaciones sindicales.

El SMA también hace un llamamiento a la ciudadanía para que respalde la protesta, recordando que “se agrede al profesional que tiene que atenderte”. En su comunicado, la organización insiste en que la violencia no puede tener cabida en un entorno de vocación, entrega y compromiso, y reclama a las administraciones que la protección de los sanitarios sea una prioridad real.

La Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha negado este martes que, tal y como denunció públicamente el Sindicato Médico de Córdoba (SMC), se estén produciendo recortes en las continuidades asistenciales en Atención Primaria en la provincia, asegurando que, de hecho, prevé un “aumento” de las mismas en noviembre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Salud, después de que el pasado viernes el SMC criticase la “decisión injustificada” de aplicar dichos “recortes”, que “tendrán un impacto directo en el aumento de las demoras en Atención Primaria y en el deterioro de la calidad asistencial que reciben los pacientes”, pues la prolongación voluntaria de la jornada por los facultativos “constituye una herramienta esencial para reducir las listas de espera, mejorar la accesibilidad a las consultas médicas y evitar la sobrecarga de los servicios de urgencias”.

Ante esto, desde la Delegación de Salud han querido “aclarar las medidas implementadas para mejorar la eficiencia del sistema sanitario público” en la provincia, afirmando que, “contrariamente a lo manifestado por el SMC sobre supuestos recortes, los datos oficiales demuestran que en octubre de 2025 se han realizado continuidades asistenciales, previéndose un aumento durante noviembre”.

Además, las mismas fuentes han señalado que durante el pasado mes de octubre “se ha implantado un proceso de análisis que garantizará un uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles” en la sanidad pública en la provincia.

En este sentido, la Junta ha reafirmado su “compromiso con la mejora continua de la atención sanitaria y la gestión eficiente de los recursos públicos”, subrayando que “el nuevo sistema de asignación de continuidades asistenciales no representa un recorte, sino una reorganización basada en criterios objetivos que busca dirigir los recursos hacia donde realmente se necesitan, beneficiando así a los pacientes que requieren una atención más urgente”.

Este modelo, según han indicado desde la Delegación de Salud, “garantiza que las continuidades asistenciales cumplan efectivamente su propósito”, es decir, “incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario de manera equilibrada y justa entre todas las Unidades de Gestión Clínica del área, mejorando la accesibilidad y calidad asistencial para todos los ciudadanos cordobeses”.

El Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha denunciado en un comunicado la reducción de las continuidades asistenciales en la provincia, “una decisión injustificada que tendrá un impacto directo en el aumento de las demoras en Atención Primaria y en el deterioro de la calidad asistencial que reciben los pacientes”.

Sobre ello, señalan que, para comprender la magnitud del problema, explican que una continuidad asistencial es una prolongación voluntaria de la jornada ordinaria, de cinco horas, establecida en el pacto de agendas firmado entre el Sindicato Médico Andaluz y la administración sanitaria.

“Lejos de ser un privilegio, estas prolongaciones constituyen una herramienta esencial para reducir las listas de espera, mejorar la accesibilidad a las consultas médicas —especialmente en un contexto de déficit de profesionales— y evitar la sobrecarga de los servicios de urgencias”. Este “efecto rebosadero” está provocando simultáneamente un deterioro de la atención y condiciones laborales patógenas para los médicos de guardia.

En las últimas semanas, el Sindicato ha detectado recortes significativos de estas continuidades asistenciales, especialmente en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, donde numerosos compañeros han expresado su malestar y quejas, aseguran.

En esta zona, los recortes están afectando de forma especial a los refuerzos realizados por los médicos del Dispositivo de Apoyo en los centros de salud, “agraviando nuevamente a este colectivo, tratado una vez más como médicos de segunda. Esta medida no solo es injusta, sino que sobrecarga aún más las urgencias y puede agravar la fuga de facultativos en un área que ya sufre un importante déficit médico”.

El sindicato señala que el impacto asistencial es evidente: en centros como Cabra, Priego, Castro del Río o Espejo, la demora media supera los 10 días, y con frecuencia alcanza o rebasa las dos semanas. Este retraso se ha generalizado en prácticamente toda la provincia.

Como consecuencia, muchos pacientes acaban acudiendo a los servicios de urgencias, lo que incrementa la saturación y reduce la calidad asistencial, especialmente en patologías que requieren seguimiento y continuidad, no una atención puntual y fragmentada.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba consideran que “esta decisión solo puede explicarse por motivos economicistas, y advertimos que, si no se rectifica, las consecuencias recaerán directamente sobre los pacientes y los propios profesionales, que deberán asumir mayor presión y frustración ante una demanda imposible de atender con garantías”.

“Parece que la administración no aprende, o no quiere aprender”, señala el Sindicato Médico de Córdoba. “No aprende lo que supone un retraso diagnóstico en una patología grave. No aprende que el maltrato a los facultativos está empujando a muchos a abandonar el sistema público. No aprende que, sin médicos, no hay sanidad.”

El Sindicato Médico de Córdoba exige la inmediata rectificación de estos recortes y recuerda que invertir en Atención Primaria no es un gasto, sino una garantía de seguridad y sostenibilidad para todo el sistema sanitario.

El Servicio Andaluz de Salud “castiga a los médicos de la provincia de Córdoba con un plan vacacional inexistente”. Así ha comenzado un comunicado el Sindicato Médico aportado a los medios de comunicación. Y es que, según informaba la Consejería de Salud y Consumo, el 2,9% de las contrataciones previstas para cubrir las vacaciones reglamentarias del personal sanitario estarían destinadas a cubrir las de los facultativos. Pero el sindicato ha explicado que no ha ocurrido así en Córdoba.

“Apenas se ha contratado a seis médicos para sustituir las vacaciones de 1.829. En Atención Primaria, el plan vacacional del distrito sanitario Córdoba Guadalquivir se ha reducido hasta el momento a la contratación de un médico de familia por solo 30 días y un pediatra por dos meses para sustituir las vacaciones de casi 400 facultativos y no habrá sustitutos para los 202 médicos del Área Sanitaria del Norte de Córdoba”, han explicado.

Por su parte, en el Hospital Reina Sofía solo llegará un refuerzo de cuatro médicos, para los más de 750 que forman parte de esta instalación. “Desde el sindicato ciframos ya en más de 120 facultativos (tras perder 27 facultativos desde 2023) el déficit crónico en un hospital que es de referencia a nivel provincial e interprovincial para varios procesos”. “Nos resulta intolerable que la Administración, al no sustituir ninguna situación administrativa normalice que, en cualquier nivel asistencial y especialmente en atención primaria donde se atiende a un 20% de pacientes crónicos complejos y muy complejos, se pueda trabajar con unas plantillas médicas claramente insuficientes, como ocurre en el Distrito Córdoba Guadalquivir dónde en más de la mitad de los centros faltan como mínimo dos facultativos”.

Asimismo el sindicato cree que la carga laboral “es inasumible”, además de la demora para obtener una cita en el médico de familia, calificándola como “inadmisible”, perdiéndose así “como principio de atención primaria”. Por tanto, esta situación se ve agravada en verano, donde las plantillas “pueden verse mermadas en más del 50%”. Por otro lado, Córdoba Guadalquivir ha mostrado interés en fidelizar a 27 médicos que finalizan su formación. “Esperamos que dicha intención se materialice en unos contratos dignos y estables que permitan aliviar la tensión que mantienen los centros de este distrito”.

“Desde hace tiempo, el SAS ha adoptado una política de no sustituir los médicos, lo que hace insostenible la asistencia sanitaria en Atención Primaria, dejando a miles de pacientes sin su médico de familia. Las medidas promovidas desde la propia administración de ser atendido por cualquier profesional del sistema sanitario, lejos de resolver el problema, genera duplicidades y pone en riesgo la calidad y seguridad asistencial. Medidas que se alejan de las recomendaciones de las distintas sociedades científicas para cumplir con unos estándares mínimos de calidad, como es la atención mantenida en el tiempo por el mismo profesional 'tu médico de familia', única medida costo-eficiente en términos de salud”, ha culminado.

El Sindicato Médico Andaluz en Córdoba ha denunciado que un solo anestesista deba atender, a partir del próximo lunes, las urgencias generales del Hospital Infanta Margarita de Cabra y también los partos, ubicándose los espacios para ambas asistencias en plantas distintas del centro hospitalario.

En un comunicado, el sindicato explica que, desde hace ya algunos años, se tomó la decisión de mantener un equipo de dos anestesistas para cubrir las urgencias quirúrgicas en este hospital, de forma que uno da cobertura a las urgencias generales (cirugía, traumatología, urología…) y otro se encarga de las obstétricas (epidurales y partos). “Un anestesista no puede estar en dos quirófanos a la vez, ni física, ni legal ni éticamente, y en el caso concreto del Hospital Infanta Margarita, el hecho de que la planta de Obstetricia y Ginecología esté a distinto nivel de los quirófanos generales, donde se encuentran los anestesistas, motivó la decisión más arriba mencionada”.

Sin embargo, denuncian, “la dirección gerencia del área sanitaria sur de Córdoba ha decidido recortar la figura del doble anestesista en horario de mañanas de lunes a viernes. Alegan que han salvado la barrera arquitectónica con un ascensor exclusivo”.

Pero desde el Sindicato Médico sostienen que “las situaciones que se viven cuando llega el caso de indicar una cesárea urgente son altamente estresantes, en peligro está la vida de un niño y su madre, o lo que no es necesariamente mejor, que su vida quede truncada para siempre, del niño y su familia, si sufre daños debido a la atención al parto. Esto puede ocurrir en escasísimos minutos y, la verdad, depender de un ascensor, que no siempre funciona, por muy exclusivo que un cartel diga que sea, y encontrarnos con que el único anestesista de guardia está ocupado en otro quirófano, en otra planta, puede ser fatal”.

“La alternativa propuesta es temeraria”, critican. Además, dice el sindicato, “las embarazadas del área no están de enhorabuena con esta decisión, hace ya mucho tiempo que la anestesia epidural ha demostrado ser una técnica eficaz para hacer el parto más llevadero, pues de lunes a viernes, en horario de 8.00-15.00, si el único anestesista de guardia está atendiendo un quirófano urgente, no podrá abandonarlo para aliviar su dolor, que tendrán que soportarlo, como antiguamente y con la incertidumbre de que si cuando el anestesista pueda atenderlas ya será demasiado tarde para ponerle la epidural”.

Este sindicato se reunió con el equipo directivo y manifestó su preocupación y firme rechazo cuando fue conocedor de las intenciones de la dirección gerencia, ya que se pretendía empezar con el recorte en pleno puente de mayo. “Esta decisión afecta claramente al servicio que se da a la población, el peligro es real, no imaginario, y además pone una carga de estrés sobre los trabajadores que conseguirá que muchos de ellos valoren solicitud de traslado en los próximos concursos, por lo que la situación del hospital, que nunca ha estado muy boyante en la captación de especialistas, empeore. Van a conseguir quedarse con menos anestesistas, empeorarán aún más las listas de espera y la atención sanitaria pública seguirá bajando escalones”, auguran.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han anunciado este lunes que el próximo lunes y jueves, 10 y 13 de febrero respectivamente, se realizarán concentraciones con motivo de la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Tal y como ha informado el CACM en una nota de prensa, la primera de las concentraciones tendrá lugar en todos los centros sanitarios andaluces, a las 11:00, y acudirán representantes del CACM y el SMA; la segunda de ellas será frente al Ministerio a las 12:00.

Todo ello, sucederá tras una reunión informativa presencial y online en la sede del Colegio, el próximo jueves, 6 de febrero, a las 19:30 horas.

Asimismo, este lunes han participado en la rueda de prensa el presidente del SMA, Rafael Ojeda; la vocal autonómica de Atención Primaria del SMA, Ana Pagador; el presidente del CACM, Alfonso Carmona, y la secretaria general, Mercedes Ramblado.

En relación con la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio, ambas instituciones han manifestado que los médicos son “los pilares fundamentales en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, constituyendo la base de la Sanidad Pública o Privada”, y que por ende, “es un grave error maltratarlos”.

Del mismo modo, han apuntado que la Sanidad Pública Universal “representa uno de los mayores avances en la evolución de los derechos humanos y de la sociedad”, y que por ello debería “ser protegida y no atacada por quienes tienen la responsabilidad de gestionar la política sanitaria”.

También, han sostenido que la intención del Gobierno central es “defender y atacar al mismo tiempo este modelo”, y ello “refleja una incompetencia inadmisible y un verdadero ataque a los derechos de los pacientes”, que desde las organizaciones “no van a permitir”.

Con esta propuesta de Estatuto Marco, el CACM ha asegurado que la ministra responsable de la materia, Mónica García, ha conseguido “unir en un sentimiento de agravio e indignación a toda la profesión médica”. El borrador que ha presentado “echa por tierra las esperanzas de mejora de la profesión, pues no solo perpetúa las condiciones laborales infames, sino que las agrava”.

En la propuesta del Ministerio, todos los graduados sanitarios quedarían incluidos en el grupo A1, y con ello entienden que “la formación específica, capacidad, competencia y la responsabilidad, son ignoradas”.

Guardias

Las guardias siguen siendo obligatorias y de 17 horas, y no computan a efectos de jubilación, y las guardias localizadas no son reguladas. Así, han criticado que están “obligados a hacer guardias pagadas a precio de saldo, mientras otras categorías profesionales podrán hacer horas extra con su correspondiente retribución”.

“Nos pueden obligar a hacer una jornada semanal de hasta 48 horas, mientras el Ministerio de Trabajo lucha por una jornada de 37,5 horas para el conjunto de los trabajadores”, han relatado.

“Si queremos retener el talento tenemos que hacerlo con medidas positivas, como mejores retribuciones y mejorar las condiciones de trabajo”, han reiterado, y por ello han considerado que “no se han realizado cambios sustanciales a su propuesta a pesar de la indignación del colectivo”.

Asimismo, han apuntado que el sistema nacional de Salud “necesita” un Estatuto de la Profesión Médica. La formación, funciones y responsabilidades específicas del colectivo “exigen un marco específico”. De esta forma, han apostillado que “aplicar un marco normativo general, que ignora los rasgos singulares que poseen la jornada y las funciones, es una forma de menosprecio y un retroceso para la sanidad”.

“El Ministerio aspira a relegar a los médicos a un papel secundario dentro del sistema nacional de Salud, lo que solo contribuirá a alentar la huida de la sanidad pública”, han concluido.

La situación de la atención sanitaria en la Zona Básica de Salud de Castro del Río se agrava. Según el Sindicato Médico de Córdoba (Simec), varias guardias en Espejo se realizarán sin la presencia de un médico durante los meses de agosto y septiembre, lo que ha generado una gran preocupación entre los residentes y profesionales de la salud.

En un comunicado, Simec alertó sobre la ausencia de médicos en las guardias de Valenzuela y el riesgo de que esta situación se extendiera a otras localidades como Espejo, Adamuz, Hornachuelos e Iznájar. Simec ha confirmado que en Espejo ya hay varias guardias programadas sin médico, específicamente los días 17, 18, 26, 30 y 31 de agosto, así como el 11 de septiembre. Es probable que esta lista se amplíe.

Esta situación es parte de una tendencia preocupante que, según Simec, podría apuntar hacia la eliminación de médicos en algunos puntos de urgencias, utilizando la excusa de la falta de profesionales. “Nos tememos que será más frecuente en el futuro… ¿Nos dirigen a un sistema de paramédicos según el código postal? ¿Tendrán unos pacientes más derechos y una asistencia de mayor calidad según donde vivan?”, cuestionan desde el sindicato.

La Zona Básica de Salud de Castro del Río abarca una población significativa. El sindicato denuncia que esta situación compromete gravemente la calidad asistencial, especialmente en emergencias donde la vida del paciente puede estar en riesgo. La ausencia de médicos podría dejar sin asistencia médica a las poblaciones de Castro y Espejo durante horas en casos de traslados emergentes.

La Junta de Andalucía ha expresado este martes que las afirmaciones vertidas por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en Córdoba acerca de la realización de “jornadas de trabajo de 32 horas” por parte de los profesionales sanitarios son “rotundamente falsas”.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota después de que el mencionado sindicato criticara este pasado lunes que “una facultativa del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Córdoba tuvo que prolongar su jornada hasta las 32 horas ininterrumpidas de trabajo, y además no es la primera vez que sucede”.

En este contexto, desde la Administración autonómica han recalcado que “este fin de semana se ha vivido una situación sobrevenida con un profesional entrante en turno, que ha hecho que la profesional saliente alargara su jornada, de manera voluntaria, una hora y 15 minutos mientras llegaba otra persona sustituta”.

Así las cosas, desde el Gobierno andaluz han insistido en que, “en ningún momento se obliga a los profesionales exceder su jornada reglamentaria, ni a renunciar a su descanso obligatorio”, detallando que “sí se deben solucionar las incidencias de la manera más eficiente posible, para evitar la falta de asistencia a la población de referencia”.

El Sindicato Médico ha expresado su “profunda preocupación” por “el deterioro continuo de la Atención Primaria en Córdoba” y sus alrededores, ilustrado por cifras “alarmantes” recogidas en abril en la Zona Básica de Salud (ZBS) de Córdob y que, según el sindicato, “se repite crónicamente en toda la provincia”.

En un comunicado, el Sindicato Médico ha señalado las múltiples ausencias de médicos en los centros de salud de la capital, que no han sido sustituidas. Estas ausencias son atribuibles a diversas situaciones administrativas, como permisos parentales, jubilaciones y bajas laborales por enfermedad o por condiciones de trabajo adversas. La falta de reemplazos está afectando gravemente la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, así como la salud de los propios facultativos, quienes enfrentan una sobrecarga laboral persistente.

El sindicato proporciona en la nota datos específicos de varios centros de salud de Córdoba.

Sumando todas estas cifras, el sindicato apunta a un total de entre 23 y 24 vacantes y ausencias detectadas en los centros de salud, lo que, “no solo afecta a la capacidad operativa diaria, sino que también tienen repercusiones más amplias”. En este sentido, ha citado “el incumplimiento del pacto de limitar las agendas a 35 pacientes por médico” -viendo una media de 50 pacientes diarios-; la falta de continuidad asistencial, con pacientes atendidos por distintos médicos; las demoras para obtener citas que superan los 15 días, y el síndrome del profesional quemado.

El sindicato critica las medidas de la Consejería de Salud, como la oferta de contratos de solo un mes de duración, considerándolas insuficientes para abordar la precariedad del sistema. Mientras tanto, otras comunidades autónomas han implementado planes más robustos con contratos de hasta tres años y diversos incentivos.