Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros, de los que 4,4 corresponden a la Universidad de Córdoba. Una situación que las instituciones académicas achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 --gastos de plantilla-- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones, según los datos hechos oficiales por los rectorados y recabados por Europa Press.

Las universidades acordaron con el fallecido José Carlos Gómez Villamandos realizar auditorías de las cuentas universidad por universidad para determinar cuál es actualmente el gasto en personal a fin de revisar si fuera necesario el modelo de financiación aprobado con el respaldo unánime de los rectores. Estas auditorías, no obstante, se están haciendo esperar como consecuencia del cambio de Gobierno y la negociación con Vox para conformarlo.

La última de las universidades en hacer público el dato del déficit ha sido la de Sevilla. La auditoría que ha recibido la US apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central; el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

Así lo confirmaron diversas fuentes académicas a Europa Press, que apuntan a que este informe del auditor viene a constatar que la situación económica no es fruto de un “problema puntual”, sino de “un desequilibrio que afecta al funcionamiento ordinario”. El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un “déficit presupuestario ajustado” de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio.

Las diferentes fuentes consultadas argumentan que la subida en el capítulo de personal responde a cuestiones que la Universidad “debe aplicar”, por lo que el déficit no se debería a una circunstancia exclusiva de la Universidad de Sevilla. “Forma parte de un problema estructural que se ve agravado en el caso de la US por su tamaño, su plantilla y sus obligaciones patrimoniales”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el Ayuntamiento de Córdoba entre en déficit al cierre del ejercicio del 2023, según los datos enviados durante el mes de junio por el propio consistorio y “una vez depurado el impacto positivo en el año de la compensación a cobrar por la liquidación de 2020”. Junto a Córdoba, entre los grandes ayuntamientos y diputaciones provinciales de España, también entrarían en déficit Madrid, Barcelona, Murcia, Las Palmas de Gran Ganaria, Bilbao, Valladolid y Vigo.

“El subsector de las Corporaciones Locales (CCLL) cerrará el ejercicio de 2023 con una situación cercana al equilibrio, frente al superávit del 1% del PIB que se contemplaba en el Informe de abril, según el Informe sobre la ejecución presupuestaria” de las corporaciones, según señala un informe de la Airef. “La principal razón de esta evolución de un mayor desequilibrio es que, a efectos de la regla de gasto, el grupo de grandes corporaciones locales prevén incrementar el gasto computable en el entorno del 9%, tras un 11% de crecimiento realizado en 2022. La AIReF ya recomendó en su Informe de 6 de julio a las CCLL que eviten incrementos de gastos o reducciones de ingresos que no tengan financiación permanente”. Córdoba es de hecho de las corporaciones que más prevé aumentar el gasto público, según este documento.

De hecho, “los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Vigo, la Diputación Provincial de Barcelona y la Diputación Foral de Gipuzkoa estiman variaciones del gasto computable en 2023 superiores al 20%”, señala la autoridad fiscal. La AIReF ya recomendó en su informe de 6 de julio a las CCLL que eviten incrementos de gastos o reducciones de ingresos que no tengan financiación permanente.

A grandes números, el Ayuntamiento de Córdoba ha comunicado a la Airef que incrementará el gasto público en un 20% durante el ejercicio. Por el contrario, los ingresos tributarios previstos crecerán el 16%. Esos cuatro puntos serían los que harían que el consistorio, y por poco, entrase en déficit a finales de año, según este organismo de control. De hecho, en una tabla se estima que ese déficit se iría a unos seis millones de euros, una cantidad que apenas supondría el 1,5% sobre todo el presupuesto municipal.

A pesar de la previsión, el Ayuntamiento de Córdoba goza de buena salud económica. La propia Airef reconoce que la deuda municipal solo supone el 56% del presupuesto anual que maneja el consistorio.

Por otra parte, la AIReF recomienda a los órganos de tutela financiera que verifiquen la correcta aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas en el cálculo de la capacidad/necesidad de financiación de cada año al detectar que, algunas CCLL no han recogido correctamente, entre otros ajustes, los derivados del importante impacto de la liquidación negativa de 2020 y las compensaciones por parte del Estado.

Ayuntamientos con riesgos de sostenibilidad

Además, el presente Informe continúa con el seguimiento de los 22 ayuntamientos en los que la AIReF identificó, al inicio del ciclo, importantes problemas de sostenibilidad a medio plazo. Los 22 Ayuntamientos, con población superior a 20.000 habitantes, analizados son: Alcorcón, Alboraya/Alboraia, Algeciras, Almonte, Aranjuez, Arcos de la Frontera, Arganda del Rey, Ayamonte, Barbate, Los Barrios, Caravaca de la Cruz, Gandía, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Navalcarnero, Parla, Puerto Real, San Andrés del Rabanedo, San Fernando de Henares y Totana.

La AIReF mantiene la calificación de riesgo en la sostenibilidad realizada en el informe de cierre esperado de 2022 en todas las entidades analizadas, salvo en los casos del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera que empeora, San Fernando de Henares que mejora y Almonte que sale del análisis por consolidar su mejoría. Particularmente preocupantes son las situaciones de los ayuntamientos de Jaén y Jerez de la Frontera en los que la situación de riesgo de sostenibilidad empeora año a año.

Para 2023, la AIReF prevé que todas estas CCLL obtengan superávit salvo en los casos de los ayuntamientos de Jaén, Parla, Totana y Arcos de la Frontera en los que estima déficit.

Por su impacto negativo en su capacidad de retorno, es de destacar el incremento del gasto computable medio anual del periodo 2019-2022, de más de un 10%, en los ayuntamientos de Totana y Arcos de la Frontera, y de más de un 20% en Algeciras. Por este motivo, la AIReF recomienda a dichos Ayuntamientos que limiten en este ejercicio incrementos de gasto o reducciones de ingresos que no sean coherentes con los compromisos asumidos con el Ministerio en sus planes de ajuste.

Asimismo, en la medida en que por su situación están sometidos a una supervisión reforzada, la AIReF también recomienda al Ministerio de Hacienda y Función Pública y sus respectivos órganos de tutela financiera que realicen un seguimiento de la ejecución presupuestaria en 2023 en los Ayuntamientos de Algeciras, Arcos de la Frontera y Totana que permita detectar crecimientos de gastos o disminuciones de ingresos incompatibles con los compromisos de consolidación fiscal adquiridos en sus planes de ajuste.