El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado las ayudas para las más de 12.500 personas desalojadas por las inundaciones y el temporal de las dos últimas semanas en el sur de la Península. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado una ayuda directa de 150 euros por persona y día a los desalojados. En la provincia de Córdoba, la cifra de personas desalojadas superó las 1.500. Muchas han estado más de una semana fuera de sus casas.

La propia ministra ejemplificó que esta ayuda, que no tributará en el IRPF del 2026, “supone para una familia de cuatro miembros que haya estado 10 días fuera de casa una ayuda directa de 10.000 euros”.

En total, el Gobierno ha aprobado ayudas este martes valoradas en más de 7.000 millones de euros, con el objetivo de “mitigar” el impacto del tren de borrascas que también ha dejado daños millonarios en las infraestructuras, en viviendas y en importantes sectores económicos, como el agrícola, el pesquero, el comercial y también el hostelero.

El Ejecutivo también le da a los ayuntamientos afectados por las fuertes lluvias un plazo de un mes de duración para valorar los daños en sus municipios por el impacto. Los ayuntamientos tendrán que enumerar también el número exacto de personas que fueron desalojadas de sus casas, para valorar también las ayudas que percibirán. En un mes, el Ejecutivo publicará un listado completo de los ayuntamientos que han sufrido los daños.

Entre el paquete de ayudas, también se autorizará el uso del superávit del 2025 para inversiones destinadas a “resarcir los daños provocados por las borrascas”. Estas inversiones “no computarán con el gasto normal ordinario”, ha concretado la ministra Montero.

Entre otras medidas, el Ejecutivo también dispondrá de un plan de empleo valorado en 50 millones de euros, ayudas directas a la hostelería por un importe de 150 millones de euros y una línea ICO de 100 millones de euros para los agricultores.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes el abono transporte anunciado por el presidente Pedro Sánchez que conlleva una importante novedad en el servicio Avant, un media distancia de alta velocidad que se queda fuera de este descuento.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en su intervención tras el Consejo de Ministros, ha explicado las nuevas tarifas que Renfe aplicará para los viajeros recurrentes a partir del 1 de enero de 2026 y que tienen el objetivo de seguir incentivando el uso del ferrocarril con ofertas más atractivas, flexibles y adaptadas a los nuevos hábitos de movilidad.

Como principal novedad destaca el Pase Vía, un abono trimestral para cualquier origen y destino Avant, cuyo descuento irá en incremento a medida que se sumen viajes, beneficiando así al viajero recurrente y simplificando la planificación de su movilidad. Entre las principales ventajas está el no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá. “Hablamos de descuentos que van desde el 45% hasta el 72%”. De esta forma, se evita la pérdida de viajes y se paga de acuerdo con los viajes que se realizan, destacó el ministro.

En los servicios Avant se suma igualmente un bono de 10 viajes válido para 30 días con un descuento del 50%. Estas nuevas tarifas para los servicios Avant sustituirán los títulos multiviaje existentes (tarjeta plus 10, plus 10-45 y plus 30-50).

Situación actual

En el caso de la conexión Córdoba-Sevilla, con un tiempo de viaje de alrededor de 45 minutos, el precio del billete sencillo se mueve habitualmente entre los 20,80 y los 25 euros por trayecto, en función del horario y de la antelación con la que se realice la compra. Para quienes optan por la ida y vuelta en el mismo día, la tarifa contempla un descuento del 20% en el trayecto de regreso, lo que sitúa el coste total en una horquilla aproximada de entre 33 y 40 euros. No obstante, la alternativa más ventajosa sigue siendo el abono recurrente, la Tarjeta Plus 10, pensada para viajeros habituales. Su precio estándar ronda los 106 euros por diez viajes, pero con la bonificación del 50% actualmente vigente el coste se reduce a unos 53 euros, lo que deja cada trayecto en torno a los 5,30 euros.

Algo similar ocurre en la línea Córdoba-Málaga, con una duración aproximada de una hora y cinco minutos. El billete sencillo Avant tiene un precio que suele oscilar entre los 27 y los 30 euros por trayecto. Aunque existen tarifas promocionales muy inferiores en servicios AVE o Avlo en determinados horarios, el Avant mantiene una tarifa fija dentro de ese rango. Para los usuarios recurrentes, el bono Plus 10 sin descuento cuesta 121 euros, pero con la bonificación del 50% en vigor se queda en 60,50 euros, lo que supone pagar unos 6,05 euros por viaje.

La conexión ferroviaria de Córdoba con Sevilla y Málaga a través de los trenes Avant se mantiene en 2025 como una de las más densas y estratégicas de Andalucía, tanto por volumen de servicios como por su papel clave en la movilidad diaria por motivos laborales, educativos y administrativos. Así lo reflejan los datos más recientes de Renfe, que sitúan a Córdoba como un nodo central dentro de la red de Media Distancia de Alta Velocidad.

El corredor Córdoba-Sevilla es el que concentra una mayor oferta de trenes Avant, al confluir en este trayecto los servicios procedentes y con destino tanto a Málaga como a Granada. De lunes a viernes circulan aproximadamente once trenes Avant por sentido, lo que se traduce en una frecuencia muy elevada a lo largo de toda la jornada. De ese total, siete trenes corresponden a la línea que conecta con Málaga, mientras que los cuatro restantes proceden o se dirigen hacia la línea de Granada, reforzando así la conexión de la capital cordobesa con el eje central andaluz. Esta elevada frecuencia convierte al trayecto entre Córdoba y Sevilla en una alternativa real al vehículo privado para miles de desplazamientos diarios.

Durante los fines de semana, la oferta se ajusta ligeramente para adaptarse a una menor demanda, aunque sigue siendo significativa. En sábados y domingos operan en torno a ocho trenes Avant por sentido, repartidos de forma equilibrada entre la línea de Málaga y la de Granada, con cuatro servicios cada una. Este volumen permite mantener una conexión fluida entre ambas capitales incluso fuera de los días laborables.

La relación directa entre Córdoba y Málaga cuenta con una programación propia y diferenciada. De lunes a viernes circulan siete trenes Avant por sentido, lo que supone un total de catorce servicios diarios entre ambas ciudades. Esta frecuencia facilita los desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día, especialmente para quienes se mueven por motivos de trabajo o estudios entre el interior y la Costa del Sol. Además, en abril de 2025 Renfe reforzó esta línea con la incorporación de un nuevo servicio conocido como el “Avant madrugador”, que sale de Málaga a las 6:35 horas y llega a Córdoba a las 7:41, pensado expresamente para facilitar la llegada a primera hora de la mañana a la capital cordobesa.

Al igual que ocurre en el corredor con Sevilla, la oferta entre Córdoba y Málaga se reduce durante los fines de semana, cuando pasan a circular cuatro trenes por sentido, sumando un total de ocho servicios diarios. Aun así, la frecuencia sigue garantizando una conexión regular y competitiva entre ambas ciudades.

El incendio del verano en Córdoba y ha quedado excluido de la declaración de zona catastrófica por el Gobierno de España. La localidad de Villanueva del Rey ha reaccionado con sorpresa y estupor después de que su municipio no pudiera acceder a los privilegios de un grupo en el que sí está la capital por el fuego ocurrido en la Sierra de Córdoba, muy cerca del Castillo de la Albaida. El motivo de que uno sí y otro no es porque la Junta de Andalucía declaró el nivel uno de emergencia en la ciudad cordobesa y no en el pueblo ubicado en el Valle del Guadiato, pese a que por extensión afectada era mucho mayor.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, más concretamente con su alcalde, Javier Murillo. El máximo gerente de dicho Consistorio explica que le parece “muy injusto” que por no declararse el nivel de emergencia, su pueblo esté excluido de la zona catastrófica. De hecho, afirma que el incendio ha calcinado, además, varias cabezas de ganado y esas pérdidas tardarán muchos meses en recuperarse.

Murillo ha adelantado que presentarán una reclamación al Gobierno de España por algo que considera “injusto” y “necesario” para la localidad cordobesa. “Aquí no se tuvo que desalojar a ciudadanos, pero sí que hemos tenido una pérdida muy grande”. Hay que recordar que el incendio de Villanueva del Rey alcanzó más de 450 hectáreas y los efectivos del Infoca estuvieron desplegados en la zona hasta cuatro días.

Tanto es así que se convirtió en el incendio más grande de la provincia de Córdoba durante el presente verano. Las primeras previsiones tras las 30 horas iniciales es que alcanzaron 400 hectáreas, pero finalmente son más de 450. Para hacer la comparativa, el fuego originado en la zona cercana al Castillo de la Albaida calcinó 84 hectáreas, cinco veces menos que el de Villanueva del Rey. Sin embargo, la activación del nivel de alerta por parte de la Junta de Andalucía ha sido clave para la declaración de zona catastrófica.

¿Qué significa la declaración de zona catastrófica?

Ahora bien, ¿qué privilegio tiene estar en este grupo? Este hecho significa que reconoce oficialmente los daños extraordinarios sufridos en ese lugar a consecuencia de una catástrofe natural (inundaciones, incendios, terremotos, temporales, etc.) o de otro tipo de emergencia grave. Por tanto, esta declaración implica:

Por tanto, los afectados en el incendio del Castillo de la Albaida podrán tener estos privilegios, mientras que Villanueva del Rey presentará una reclamación al Gobierno de España, aunque reconoce la realidad. “No nos harán caso, pero al menos lo intentamos”, apunta el alcalde. La exclusión del mayor incendio de la provincia de Córdoba por parte del Ejecutivo después de que la Junta de Andalucía no elevase el nivel de emergencia pese a lo sucedido.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se modifica la norma de calidad relativa a la miel, con el objeto de incorporar a la legislación nacional las modificaciones introducidas en la directiva de la Unión Europea, impulsadas durante la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024.

Uno de los objetivos de la nueva norma del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la mejora de la información proporcionada al consumidor sobre el origen de la miel. Así, se establece la obligación de indicar en el campo visual principal de la etiqueta el porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel, en el caso de las mezclas.

España fue pionera en la Unión Europea (UE) en la clarificación del etiquetado de origen de la miel, al establecer, desde 2020, la indicación obligatoria en el etiquetado de la lista de los países de origen donde la miel y sus mezclas hayan sido recolectadas. Con la modificación de la directiva europea, se consiguió que además de indicar los países de origen, se especifique también la proporción de cada uno de ellos. 

Con la incorporación de esta modificación a la legislación nacional, se pretende proteger y aumentar la competitividad de las mieles de origen español y reforzar el mercado nacional, al dotarlo de mayor transparencia e información, y posicionar los productos frente a las mieles importadas.

La norma garantiza que el producto que llega al consumidor no ha sido desprovisto de las sustancias o ingredientes naturales que le confieren sus propiedades características y cumple con los criterios de composición, calidad y pureza que establece la normativa.

Con esta modificación se elimina la variedad miel filtrada y se establece que, aquella a la que se le haya retirado una parte importante del polen, será considerada miel para uso industrial, y no podrá comercializarse directamente al consumidor final. El polen es un componente clave de la miel y proporciona un vínculo con su origen botánico.

Con todo ello, se pretende garantizar a los consumidores un producto con la máxima calidad, así como una mayor transparencia en cuanto a su origen y características.

Importancia del sector apícola en España

El sector apícola tiene una gran relevancia en España, como ponen de manifiesto sus principales indicadores económicos. Con un censo de más de 2,8 millones de colmenas entre los dos sistemas productivos, estante y trashumante, la producción final en 2023 se situó en 27.423 toneladas.

España cuenta con 36.893 explotaciones, de las que alrededor del 17 % son profesionales (las que reúnen más de 150 colmenas), lo que supone el nivel de profesionalización del sector apícola más alto de la Unión Europea. De hecho, el 80 % de la producción procede de la apicultura profesional.

El sector apícola desempeña también una importante función social y de vertebración del territorio en el medio rural, así como medioambiental, por su contribución a la polinización de las distintas especies vegetales.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de obras para la rehabilitación del firme de 25 km de la autovía A-4, en el tramo El Carpio - Córdoba, con un valor estimado de 21,8 millones de euros (IVA no incluido).

Las obras definidas en el proyecto de construcción se corresponden con la rehabilitación superficial y estructural del firme entre los puntos kilométricos 374 y 399 -dentro de la provincia de Córdoba-, así como de los ramales de enlace existentes a lo largo del citado tramo. Estos trabajos darán continuidad a los que ya se están realizando a lo largo de más de 26 km en el tramo anterior Villa del Río – El Carpio, entre los km 347,550 y 374, que cuentan con otra inversión de 23 millones de euros (IVA incluido).

Igualmente, se diseña la reposición de las marcas viales y elementos de balizamiento afectados por las obras de afirmado, la reposición de espiras de las cuatro estaciones de aforo existentes en el tramo, la impermeabilización de los tableros de los puentes de la autovía A-4, la reposición de juntas de dilatación de tipo elástico en tableros de puentes y la reposición de caminos de servicio de la autovía con el material procedente del fresado del firme.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 88 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Córdoba.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de los reales decretos por los que se delimitan las zonas de promoción económica de Andalucía y de la Región de Murcia. Mediante esas modificaciones se elevarán las cuantías de las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027 que puedan recibir proyectos en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba y la Región de Murcia.

En las citadas provincias se subirá el techo máximo de esos incentivos regionales, que se aplican para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales.

En concreto, en las tres provincias andaluzas la intensidad máxima de los incentivos regionales pasará del 30% al 40% en el techo máximo de ayudas para ese período. En el caso de Murcia la intensidad máxima se elevará del 20% al 25%

La modificación de los decretos autonómicos ya fue abordada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado 7 de julio y ahora ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Esta modificación se lleva a cabo para adaptarlos a la modificación que se ha tenido que llevar a cabo en el Mapa de ayudas regionales de España para el período 2022-2027, una vez aprobado por la Comisión Europea el Plan Territorial de Transición Justa (PTJ) de España el pasado mes de diciembre.

La normativa comunitaria permite que en esas provincias andaluzas se produzca un aumento de la intensidad de la ayuda, al ser un territorio designado para recibir ayuda del Fondo de Transición Justa, en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento en España.

Por tanto, una vez aprobado el PTJ, ha sido necesaria la modificación del Mapa de ayudas regionales de España 2022-2027, que ha sido avalada por la Comisión Europea el 9 de marzo de 2023 y que se hará efectiva con la modificación de los reales decretos de las dos comunidades autónomas afectadas, aprobada este martes en el Consejo.

Cambios en Murcia

Asimismo, esta modificación supone un incremento de los porcentajes máximos de las ayudas regionales que se podrán conceder en Murcia, al ser adyacente a la provincia de Almería, de manera que la diferencia en la intensidad de ayuda entre ambas zonas no supere el 15%.

La Región de Murcia, según el Mapa de ayudas regionales, hasta ahora tenía una intensidad máxima de ayuda del 20% para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, y del 15% para el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027. Por tanto, para que la diferencia en la intensidad de ayuda entre las dos zonas no supere los 15 puntos porcentuales, la intensidad máxima de ayuda para Murcia se incrementará hasta el 25%.

Asimismo, en esas zonas se mantienen unas intensidades máximas de ayuda más elevadas para las pymes con el objetivo de reducir las dificultades específicas a las que se enfrentan estas empresas. En concreto, las intensidades máximas se podrán incrementar en 10 puntos para medianas empresas y en 20 puntos para pequeñas empresas.

El Mapa de ayudas regionales

El Mapa de ayudas regionales delimita aquellos territorios que requieren de ayudas e incentivos. Es el instrumento o mecanismo para identificar las zonas en las que las ayudas a la inversión empresarial pueden ser compatibles con el mercado interior por estar destinadas al desarrollo económico de las zonas menos favorecidas de la Unión Europea.

También determina las intensidades máximas de las ayudas compatibles expresadas como un porcentaje máximo sobre la inversión subvencionable de los proyectos de inversión.

Los sectores que son beneficiados en todas las zonas de promoción económica son: industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción; establecimientos turísticos; e instalaciones complementarias de ocio.

Objetivos de la zona de promoción económica

Las zonas de promoción económica tienen como objetivo impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico de cada territorio, con especial atención al aumento del nivel de vida en su territorio, en particular en las zonas más deprimidas, a través de:

a) La promoción en la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica que propongan inversiones basadas en proyectos de investigación, desarrollo e innovación y, en general, en la innovación tecnológica, el diseño industrial y la mejora medioambiental.

b) El impulso del potencial endógeno del territorio, así como desarrollar y consolidar el tejido industrial con base en criterios de calidad, eficiencia, productividad y respeto al medio ambiente.

c) El fomento de la diversificación en los sectores de la producción y la distribución que aumenten el atractivo y el impulso de la actividad en el territorio.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A., (SIEPSE) la celebración del contrato para la ejecución de las obras de la Comisaría del Distrito Este de la Policía Nacional en Córdoba, por un valor estimado de 18.435.496,60 euros. 

La obra se engloba dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, aprobado mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019 y que aparece recogida en la actualización realizada por la Secretaria de Estado de Seguridad en fecha de 3 de febrero de 2023, de las propuestas de infraestructuras a ejecutar para las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil dentro del mencionado Plan.

El importe del presupuesto base de licitación, con IVA, asciende a 22.306.950,89 euros, y el plazo de ejecución del contrato se fija en 19 meses.

La contratación se realizará empleando el procedimiento abierto, siendo los criterios para valorar las ofertas: el precio (70%) y la calidad de la obra (30%).

La nueva comisaría de Distrito Este se ubicará en la calle Periodista Justo Urrutia en una parcela de 4634 metros cuadrados de superficie. La obra se proyecta con la idea de albergar las dependencias policiales de la actual comisaría en Campo Madre de Dios, las cuales, debido a su antigüedad, presentan graves patologías (Oficina de Denuncias, Brigada Provincial de Policía Judicial, Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Servicio de Automoción, Unidad de TEDAX y servicios varios de la Comisaría Provincial). Además, se ubicarán en la nueva sede policial la Delegación de T.I.C., la Brigada Provincial de Información y la Brigada Provincial de Extranjería.

La superficie construida total del edificio estaría en torno a los 15.800 metros cuadrados a distribuir en tres plantas sobre rasante y dos sótanos. El edificio se plantea en un único volumen en tres alturas articulado en torno a patios y tres núcleos de comunicación verticales, uno en el centro del edificio, más principal, y otros dos en los extremos necesarios por evacuación y de carácter más privativo. Asociados a éstos se plantean dos núcleos de aseos, en el principal, los aseos de público y el otro para funcionarios.

En la planta baja, y en primer término, se encuentra el control de accesos, situado de manera que se controla todo el acceso de público y con visión directa de la sala de espera de la oficina de denuncias. Anexo a éste se encuentra la sala técnica que contiene el rack. En esta planta se sitúan los espacios relacionados con la atención al público que corresponden a la comisaría de distrito (oficina de denuncias) así como el salón de actos. También se ubican todas las dependencias de Policía Judicial.

En la primera planta se ubicarán las Brigada de Información, Policía científica y Extranjería y Fronteras siguiendo el esquema de oficina abierta a las zonas de circulación y conectadas a los despachos correspondientes más cerrados. Igualmente se sitúan los espacios que comprenden las áreas de Servicios Médicos y Medios Materiales.

En la última planta se localizará la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana junto a la Delegación de Informática y Telecomunicaciones y otras dependencias generales como son los vestuarios, gimnasio y sedes sindicales.

Mientras, en el primer sótano se organiza una parte del aparcamiento requerido en el programa como son las 22 plazas para furgones, así como las 50 plazas para vehículos de dos ruedas y algunas plazas para turismos. Se incluyen también algunos usos asociados al garaje como son el taller y la oficina de automoción, así como almacenes y el archivo general. También estará el área de detenidos permitiendo cerrar con esclusa el furgón para una mayor seguridad. Esta zona se comunicará internamente con el cuarto de control de accesos a través de una escalera de uso restringido para su uso por la asistencia letrada o los testigos sin que existan cruces posibles en los itinerarios de testigos y detenidos. El último sótano será aparcamiento casi en su totalidad.

María José Pérez Ruiz será la directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno hasta que acabe oficialmente la legislatura. Pérez Ruiz es cordobesa y sustituye en el cargo a Antonio Hernando, un estrecho colaborador de Pedro Sánchez que ha tenido que abandonar el cargo para poder ser el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería. Pérez Ruiz ya trabajaba en el gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero como vocal. Ahora será directora adjunta, según el nombramiento que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Licenciada en Derecho, ha realizado el máster general de Formación de Abogados y Procuradores por la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo” del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.

En su experiencia profesional, ha desempeñado el puesto de vocal asesora de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018 - 2020), coordinadora nacional del Brexit, y subdirectora general dentro de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2020 - 2021). Hasta abril de 2023, trabajaba como directora del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y como consejera del Consejo de Administración de Paradores. Desde entonces y hasta junio de 2023, trabajaba como vocal asesora de la Dirección Adjunta de la Presidencia del Gobierno y consejera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

Anteriormente, ha trabajado como abogada especialista en derecho laboral y contencioso-administrativo desde 2007 hasta 2018 y como consejera externa independiente del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E (2018-2020). Además, ha sido la responsable de Rogatio Abogados, un bufete cordobés localizado en la calle Teruel, durante diez años.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha autorizado el gasto de 27,5 millones de euros al Ministerio de Defensa para la ejecución de la urbanización de la parcela en la que se construirá la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Se trata por tanto de las primeras obras en la zona.

Según ha informado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una “gran inversión” para Córdoba con la que comenzará a ejecutarse una obra que dependía de la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de Córdoba.

Los militares han concretado y actualizado el calendario de las obras previstas con un objetivo, que el centro operativo abra las puertas en el año 2027 y que esté en funcionamiento pleno en el año 2035. Si se cumplen los plazos administrativos, las primeras obras, las del cerramiento de la parcela y las de la urbanización de La Rinconada, comenzarán en noviembre del año 2023 para concluir en junio del 2025.

El presupuesto para construir la base es de 350 millones de euros. De ese grueso, 273 millones irá a las infraestructuras y el resto a tecnología. De ese dinero, el Ayuntamiento de Córdoba pondrá 25 millones, 100 serán financiados por la Junta de Andalucía y 150 por el Ministerio de Defensa.