La huelga general convocada por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre se está organizando en Córdoba, además de por los sindicatos convocantes, por parte de la plataforma Stop Desahucios, que desde hace años representa la lucha por el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía. La pasada semana, de hecho, se constituyó su comité general de huelga tras una asamblea abierta a colectivos y personas particulares, a partir del cual articular todo el trabajo que van a desarrollar para impulsar la huelga en Córdoba.

Una parte importante del trabajo se va a desarrollar en los distritos y barrios de la capital cordobesa, para llevar la concienciación sobre el 11N a los vecinos y el comercio local. Así, se han constituido comités de barrio para la huelga en el distrito Sur, Levante y Fuensanta, Centro y casco Histórico, Las Moreras, Tablero y Huerta de la Reina.

A lo largo de toda esta semana se van a llevar a cabo reuniones de estos comités de barrio, abiertos a la ciudadanía que quiera implicarse en impulsar el paro general del 11 de noviembre, para realizar acciones de difusión y otras actividades. “Se han formado comités por toda la ciudad y te puedes sumar al que te pille cerca”, indican desde Stop Desahucios.

“Cada distrito y cada comité de barrio van a llevar a cabo sus propias acciones”, explica a este periódico Cati Ortega, portavoz de la plataforma. “Pero la idea general es trabajar de cerca con los vecinos y el pequeño comercio, hacerles ver que el precio de la vivienda también les afecta porque con lo que queda de salario, el vecino no les puede comprar tanto como querría”, pone como ejemplo.

Mesas informativas y trabajo de calle

Junto a ello, también el tejido asociativo vecinal está presente en estos comités por barrios, que van a “recoger sus reivindicaciones y a hacer ver cómo nos afecta a todos” el problema de acceso a la vivienda.

Por ello, la organización de la huelga por parte de Stop Desahucios pasa por hacer “mucha calle, mucho hablar con el pequeño comercio, establecer mesas informativas en los barrios, hacer mucho trabajo con las asociaciones vecinales que están en los comités” y, en paralelo, coordinar esa labor con los sindicatos CCOO, UGT y otros como CNT que convocan el paro laboral para ese día.

La previsión es que los distintos barrios aporten ideas sobre las acciones que se realizarán ya el día previo a la jornada de huelga y se recojan también en la asamblea general de seguimiento que hará Stop Desahucios el 3 de noviembre, apenas una semana antes.

El fin de semana anterior al 11N, el sábado 7 de noviembre, habrá un encuentro festivo que servirá para crear “una caja de resistencia” para el 11N y también para “calentar motores” entre todos los colectivos implicados en impulsar la huelga general en Córdoba.

La clave de todo el trabajo previo va a ser “la concienciación sobre cómo nos afecta, porque la huelga general se hace para luchar por los derechos y, en este caso, es el derecho a la vivienda que pensábamos que ya estaba conquistado, pero hemos visto que no, además de por los servicios públicos y los salarios”, concluye Ortega.

Más de un centenar de personas han participado este jueves 22 de octubre en la asamblea celebrada en el centro social Rey Heredia, convocada por Stop Desahucios y con el fin de impulsar la creación del Sindicato de Inquilinas en Córdoba y organizar la acción para la huelga general por la vivienda prevista para el 11 de noviembre.

A la asamblea se había invitado a participar a colectivos y personas particulares para preparar tanto los trabajos previos al día de la huelga como los del mismo 11 de noviembre, unas tareas sobre las que la plataforma Stop Desahucios ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

Así, este jueves, los promotores de la acción señalan la huelga para “transformar la indignación en organización y la rabia en lucha colectiva”, reivindicando “viviendas para vivir, no para especular; salarios que permitan vivir dignamente; y servicios públicos para todas las personas”, teniendo en el pensamiento siempre el ejemplo de Maricarmen -la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda por un fondo buitre y fallecida días después-.

“Para que nadie más tenga que sufrir un desahucio. Porque nuestras vidas valen más que sus negocios”, han señalado tras la reunión en la que se hace un llamamiento a la participación de los cordobeses en la huelga general.

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba, surgida en la acampada del 15M de 2011 e integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2012, ha estado en el último año valorando el nuevo ciclo de movilización en torno al derecho a la vivienda y el papel de actores como el Sindicato de Inquilinas, organización con la que se ha estado reforzando el seguimiento y la coordinación.

Como consecuencia de ello y según ha informado la plataforma en una nota, ha reafirmado en asamblea la necesidad de articularse con el Sindicato de Inquilinas y de “impulsar la creación de este sindicato en la ciudad de Córdoba, y trabajar a fondo para que la huelga general del 11 de noviembre tenga el mayor de los seguimientos”.

Con estos objetivos, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas han convocado una asamblea para este próximo jueves 22 de octubre, a las 18,30 horas en el Centro Social Rey Heredia, a la que invitan a personas y colectivos, para organizar los trabajos previos al día de la huelga y los del mismo 11 de noviembre; unas tareas sobre las que la plataforma ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

La plataforma considera que “vivimos un momento histórico, un comienzo de ciclo de movilizaciones que han de conseguir que la vivienda sea por fin un derecho y no un activo financiero en manos de rentistas, bancos, fondos buitre y especuladores”.

El objetivo es que “la vivienda sea para vivir y no para especular, que no se coma nuestros salarios, y también que no se pueda desahuciar a ninguna Mari Carmen más y que todas las familias trabajadoras y sus jóvenes puedan acceder a una vivienda sin hipotecar su vida”. Por eso, según Stop Deshaucios llama “a parar la ciudad” el 11N, “gracias al poder popular, la autorganización y el apoyo mutuo. Por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos”.

Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Cientos de personas se han concentrado en la tarde de este jueves en la calle Capitulares de Córdoba en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que murió este miércoles en Madrid semanas después de ser deshuciada de su vivienda. Los manifestantes, convocados por Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba, han guardado dos minutos de silencio en la memoria de Maricarmen. El segundo de ellos haciendo sonar las llaves de sus casas.

La concentración, convocada a las 19:00, ha servido también para reivindicar el derecho a la vivienda y denunciar las consecuencias de los desahucios y de la especulación inmobiliaria. Durante la protesta se han sucedido las consignas contra los fondos de inversión, los desahucios y las políticas de vivienda, mientras los asistentes han mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre.

“No son muertes, son asesinatos. Todas somos Maricarmen”, ha sido una de las principales consignas coreadas durante la concentración. También se han escuchado lemas como “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste”, “los fondos buitre son los invasores” y “vecina, despierta, desahucian en tu puerta”.

Uno de los momentos de mayor carga simbólica ha llegado durante los dos minutos de silencio en recuerdo de Maricarmen. El segundo se ha acompañado del sonido de las llaves de las viviendas de los asistentes, en un gesto vinculado a la defensa del derecho a permanecer en el propio hogar.

La portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Cati Ortega, ha leído un manifiesto en el que ha responsabilizado de la muerte de Maricarmen a quienes, a su juicio, “ejercen y perpetúan la extrema violencia de este sistema”. Ortega ha señalado a jueces, policías, responsables políticos, grandes propietarios, alquileres de temporada y fondos de inversión como parte de una cadena que, según ha denunciado, está detrás de situaciones como la vivida por la mujer de 87 años.

“Ha muerto víctima de la especulación, y es muy injusto”, ha señalado Ortega, que ha vinculado el fallecimiento de Maricarmen con otros casos de personas relacionadas con el movimiento por la vivienda. En su intervención, ha calificado estas muertes de “asesinatos del capitalismo”, una expresión utilizada por la portavoz para denunciar lo que considera las consecuencias de un sistema basado en el rentismo y la especulación.

Ortega también ha criticado a los responsables políticos que, según ha afirmado, no actúan hasta que las reivindicaciones llegan a las calles, y ha dirigido sus críticas expresamente contra PP, Junts y Vox por su posición ante las medidas relacionadas con la vivienda. “No vamos a parar hasta que el derecho a la vivienda sea una realidad”, ha proclamado.

El manifiesto ha terminado con un mensaje de reivindicación de la organización colectiva y de homenaje a Maricarmen. Ortega ha destacado que su caso ha servido para mostrar, según Stop Desahucios, la capacidad de las personas para organizarse frente a situaciones de injusticia. “Cada desahucio es como si nos echaran a todas”, ha afirmado antes de cerrar su intervención con un llamamiento: “Nos vamos a la huelga general”.

Críticas al Ayuntamiento y llamada a la huelga

La concentración también ha tenido como protagonista al alcalde de Córdoba, José María Bellido, al que los manifestantes han dedicado una de las consignas: “¿Dónde está Bellido, Bellido dónde está? Bellido está vendiendo lo que queda de ciudad”.

El rechazo a los fondos de inversión y a la presión sobre el mercado de la vivienda se ha expresado igualmente a través del lema “Los fondos buitre son los invasores”, una de las frases más repetidas durante la protesta.

Junto a las reivindicaciones sobre vivienda, la movilización ha puesto el foco en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Entre las consignas se ha escuchado “Huelga, huelga, huelga general”, mientras desde la organización se ha insistido en la necesidad de convertir la movilización por la vivienda en una protesta más amplia. En este sentido, la concentración ha concluido con la mirada puesta en esa jornada de movilización. El mensaje trasladado por los convocantes ha sido claro: “Tenemos que parar el país”.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en la calle Capitulares de Córdoba en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada de 87 años que murió este miércoles en Madrid. Este es el resumen de la protesta, en imágenes.

El colectivo 15M Stop Desahucios Córdoba ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para concentrarse este jueves, 8 de octubre, a las 19:00, ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. El acto, convocado en señal de duelo y rabia, rinde tributo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció tras ser desahuciada del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Madrid) en el que había vivido desde hacía más de 70 años.

El desahucio de Maricarmen -ejecutado el pasado 23 de septiembre entre protestas vecinales e intervenciones policiales- provocó su traslado en camilla e ingreso inmediato en el Hospital Gregorio Marañón, donde finalmente ha fallecido este miércoles. Su lucha contra el desalojo de su hogar se convirtió en un símbolo nacional del impacto de la crisis habitacional en la población vulnerable.

Desde 15M Stop Desahucios Córdoba señalan que el objetivo de la movilización frente al Consistorio no es únicamente recordar su figura, sino articular una protesta colectiva ante una problemática que afecta a diario a numerosas familias. “Con esta concentración queremos rendir homenaje a Maricarmen y, al mismo tiempo, denunciar una situación que no podemos aceptar: la vivienda es un derecho, no un negocio”, manifiestan en el comunicado emitido por el colectivo.

La plataforma ha invitado a los vecinos y a los movimientos sociales de la ciudad a sumarse a la protesta para exigir medidas urgentes que garanticen una alternativa habitacional digna y el cese de los lanzamientos a personas vulnerables.

Una multitudinaria manifestación ha recorrido en la tarde de este domingo las calles de Córdoba para reclamar un acceso justo a la vivienda. Convocados por la plataforma Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba, miles de manifestantes han hecho visibles sus protestas con llaves, pancartas y mensajes para reivindicar un techo por un precio justo para todas las personas.

“Arriba las llaves, esto es un atraco”, “Viviendas para vivir, no para especular”, “Fuera fondos buitres de nuestros barrios” o “Ni gente sin casa, ni casas sin gente” han sido algunas de las consignas que se han escuchado desde el inicio de la manifestación, en la que han participado alrededor de 6.000 personas según la Policía Local sobre el terreno, cuando la manifestación llevaba apenas la mitad del recorrido y seguían uniéndose personas.

Desde las 19:00 de este domingo en la plaza de Costasol, en el barrio de Ciudad Jardín, jóvenes, mayores, familias, activistas por la vivienda y ciudadanía en general se iban sumando a la marcha, para mostrar la fuerza de la movilización: “Esto es un punto de inflexión. Es el inicio de un nuevo ciclo centrado en la vivienda”, decía al inicio de la marcha el portavoz de Stop desahucios, Rafael Blázquez. “Lo que nos estamos jugando es que este país sea un buen sitio para vivir o no lo sea”.

“Algo hay que hacer porque ahora ni hay futuro para los jóvenes ni expectativas para las familias trabajadoras”, resumía Blázquez. Y en la manifestación, carteles y mensajes retrataban esa situación de quienes viven en vilo por un desahucio o quienes no tienen un futuro sin el acceso a una vivienda.

Loli y su hija María Dolores ponían rostro y voz a los jóvenes que no se emancipan mientras tratan de ahorrar porque les es “imposible un alquiler o comprar una vivienda”. A su lado, personas que tienen un desahucio en el horizonte y para los que el rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso ha sido un jarro de agua fría. “Ahora no saben qué van a hacer”.

Llaves en alto, mensajes contra los especuladores

Con las llaves en alto, los gritos contra los fondos buitre, las empresas especuladoras y los rentistas, además de los distintos gobiernos, no han cejado en todo el trayecto de la manifestación. Especialmente se ha escuchado un mensaje “antifascista” y “vivas a la lucha de la clase obrera” al paso de la marcha ante la sede de Vox en la capital cordobesa, a quienes junto al PP y Junts hacían directamente culpables de que no se hayan aprobado en el Congreso las medidas previstas en los decretos para frenar los desahucios.

“Viviendas para vivir, no para especular”, “¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa” o “Rentistas, culpables; gobiernos responsables” han sido coreados una y otra vez por los participantes en la manifestación, que han querido sumar en el trayecto el escenario de un barrio de clase trabajadora como Ciudad Jardín con muchos pisos en alquiler con las calles del centro donde cada vez más se levantan apartamentos turísticos donde antes había viviendas.

Y en referencia a ese “punto de inflexión” e inicio de ciclo que desde Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda se enarbola, otro grito que se ha escuchado, el de una huelga general. “Eso deberán estudiarlo los sindicatos”, ha dicho Blázquez para el que, sin duda, “hay que buscar herramientas clásicas como esa y otras nuevas” para la lucha por el acceso a la vivienda que la ciudadanía quiere emprender.

¿Y el papel de unas hipotéticas elecciones en todo esto? “Nosotros estamos decididos a seguir adelante, a darlo todo, pase lo que pase, se convoque o no se convoquen las elecciones”.

Los cánticos no han parado en todo el recorrido mostrando el enfado de los manifestantes ante las dificultades para acceder a una vivienda en el actual panorama, ya se en alquiler o por compra. Las Tendillas y la calle Claudio Marcelo se mostraban llenas por la marcha que, a un lado y a otro, animaban al resto de personas a unirse a la protesta. El punto final del trayecto ha sido la calle Capitulares, que se ha llenado mientras seguía desembocando parte de la marcha y donde se han vuelto a escuchar los mensajes y cánticos de la manifestación a viva voz.

La concentración convocada por Stop Desahucios y Movimiento por la Vivienda tras el desahucio de Maricarmen durante la pasada semana en Madrid ha sido objeto mediático en las últimas horas. Más de 100 personas han acampado a las puertas de las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pidiendo una serie de decretos que han sido desvelados este martes en el Consejo de Ministros. Aunque, como todo, esta iniciativa tenía fecha de caducidad.

Tal y como han confirmado fuentes a este periódico, la concentración, que se inició el lunes con más de 1.000 personas en el entorno de la plaza de la Constitución, estaba planeada para que se terminara durante la tarde de este martes. Ahora bien, estaba condicionada a continuar por si ocurría algo extraordinario en el Consejo de Ministros, pero todo ha transcurrido como se esperaba. Sin embargo, aquí no ha quedado todo.

Stop desahucios y Movimiento por la Vivienda ha convocado una manifestación por la vivienda este domingo a partir de las 19:00 que saldrá desde la plaza de Costasol y que acabará en el Ayuntamiento de Córdoba. Todo ello en busca de luchar por una serie de decretos justos, tanto a la hora de la compraventa de inmuebles como del alquiler. Y todo lo que engloba ello. Esta decisión ha sido tomada por una asamblea de ambas plataformas y ha sido secundada por los asistentes.

Una concentración que dio de qué hablar

La concentración estaba prevista para este lunes, y los primeros minutos de la iniciativa hacía prever que no iba a ser muy participativa, pero no. Con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que, finalmente, se congregaron más de 1.000 personas. Pero lo importante no era la acumulación de gente, que también, sino que había manifestantes con la intención de acampar.

Y así fue. Unas 150 personas hicieron noche en la plaza de la Constitución en una concentración que ha dejado claro lo que la sociedad cordobesa le importa la vivienda. “Es necesario garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, recalcó una plataforma de Stop Desahucios que pidió “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

“¡De esta plaza, no nos vamos!”. Así fueron los cánticos justo antes del despliegue de unas tiendas de campaña que con el paso de los instantes fue a más. Una noche larga, pero que tiene un mensaje fuerte de lucha y acción por uno de los principales derechos de la sociedad española.

El desahucio de Maricarmen, en detonante

Y es que esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Ahora, todo en principio ha acabado. Los manifestantes ya descansan en sus casas, pero la intención de seguir protestando no se queda aquí. Stop Desahucios ha convocado para este domingo una iniciativa para seguir luchando por un decreto que mejore el estado de la vivienda.

La acampada por la vivienda que nació este lunes a última hora tras la concentración ante la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía en Córdoba ha pasado su primera noche con un centenar de personas y unas 25 de tiendas de campaña que han acogido a los integrantes de la protesta, según ha confirmado a este periódico el portavoz de Stop Desahucios, Rafael Blázquez.

Durante la medianoche, unas doscientas personas participaron en una asamblea en la acampada y, tras ello, un grupo más reducido han pasado la noche acampados. A primera hora de la mañana se esperaba el relevo de otras personas para seguir la acampada, mientras algunos de los participantes acudirían a sus trabajos y, otros, han pedido permiso laboral para permanecer en el lugar de la protesta.

Este martes, las expectativas de los manifestantes están puestas en el Consejo de Ministro que celebrará el Gobierno y en el que se prevé aprobar un decreto sobre vivienda. “Esto es un punto de inflexión”, ha señalado Blázquez sobre las protestas organizadas en todo el país para presionar al Gobierno con el objetivo de que se tomen medidas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda.

El Movimiento por la Vivienda de Córdoba explicaba en un comunicado anoche que, tomando el ejemplo de las miles de personas que han salido a la calle en el resto del estado, habían decidido acampar para presionar al Gobierno central, el cual se reúne este martes en Consejo de Ministros con la vista puesta en la aprobación de un decreto sobre vivienda.

“Exigimos la paralización de todos los desahucios y que se garantice una vivienda digna a un precio asequible. Pese a estas exigencias no nos quedaremos meramente en ellas, sino que nos vemos en la obligación de señalar directamente a los culpables de esta situación, a los rentistas en primer lugar, que viven del expolio de nuestros salarios y a las diferentes administraciones, que no solo es que no hayan impedido la situación en la que la clase obrera se encuentra con respecto a la vivienda sino que han legislado activamente para fomentar la especulación y el rentismo”.

La concentración de este lunes y posterior acampada se ha gestado tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue lanzada de su vivienda en alquiler la pasada semana en Madrid y que ha generado una gran ola de respuesta social sobre el acceso a la vivienda en todo el país y las medidas que los distintos gobiernos podrían aplicar sobre este ámbito.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha convocado un acto de protesta por el lanzamiento de su casa de Maricarmen, una anciana de 87 años con problemas de movilidad que este miércoles fue sacada de su vivienda en Madrid.

Stop Desahucios prevé realizar una concentración el próximo lunes 28 de septiembre a las 19:00 en la Plaza de la Constitución en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios como el que ha sufrido esta pensionista octogenaria en Madrid, que ha provocado una gran contestación social.

“Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”. Esta frase de Maricarmen se recoge en el cartel de la convocatoria de la concentración, que se organiza “por todas las Maricarmen”, en alusión a todas las personas que sufren o han sufrido un desahucio de su vivienda en condiciones de vulnerabilidad. “En Córdoba nos manifestamos para acabar con este sistema injusto que hace de la vivienda un negocio”.

El lanzamiento de su vivienda de Maricarmen se produjo este miércoles en la capital del país, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad aceptara tampoco esta oferta.

El desahucio de Maika, previsto para este viernes, ha sido finalmente aplazado después de que el juzgado aceptara una petición de suspensión por cuestiones técnicas. La decisión evita, por el momento, que la mujer y su hijo se queden en la calle, aunque la amenaza de una nueva fecha de lanzamiento sigue vigente si no se alcanza un acuerdo con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La noticia ha sido recibida con alivio por parte de los colectivos que han acompañado a la familia durante las últimas semanas. No obstante, insisten en que se trata únicamente de un aplazamiento y no de una solución definitiva, por lo que reclaman a la Junta de Andalucía que abra una vía de diálogo para garantizar la permanencia de Maika en la vivienda en la que reside desde 2013.

Desde las plataformas de apoyo denuncian que tanto la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta en Córdoba como la dirección de AVRA disponen de capacidad para evitar el desalojo, pero lamentan que, hasta ahora, no se haya producido ningún avance en la negociación.

Según explican, la intención de Maika y de su hijo es poder regularizar su situación mediante el pago de un alquiler que les permita continuar en el inmueble que constituye su residencia habitual desde hace más de una década.

Los colectivos sociales también han puesto el foco en el impacto emocional que esta situación está provocando en la afectada. Recuerdan que Maika es víctima de violencia de género y padece una enfermedad cardíaca, circunstancias que, aseguran, agravan el desgaste psicológico derivado de la incertidumbre y de la posibilidad de perder su hogar.

“No es normal un sistema en el que una persona tenga que enfrentarse repetidamente al desamparo institucional mientras existen viviendas públicas destinadas precisamente a garantizar el derecho a una vivienda digna”, sostienen desde el movimiento de apoyo.

Aunque la suspensión evita un desalojo inminente, la situación continúa abierta. Los colectivos confían en que durante las próximas semanas AVRA y la familia puedan alcanzar un acuerdo que impida definitivamente la ejecución del lanzamiento y permita una solución estable para Maika y su hijo.

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización del desahucio previsto para el próximo viernes 19 de junio de Maika Aragón, una mujer de 64 años víctima de violencia de género y con insuficiencia cardíaca, que reside junto a su hijo en una vivienda gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Según la organización, durante los últimos días ha mantenido contactos con la Delegación Territorial de Vivienda y con la dirección provincial de AVRA para intentar alcanzar un acuerdo que permita a la familia permanecer en la vivienda mediante un alquiler adaptado a su situación económica, sin que hasta el momento se haya producido un avance en las negociaciones.

La afectada explica que abandonó en 2010 el domicilio familiar para alejarse de su agresor y rehacer su vida tras sufrir violencia de género. Durante varios años permaneció acogida en casa de una amiga hasta que, en 2013, obtuvo una vivienda de alquiler gestionada por AVRA que, según relata, llevaba años desocupada y presentaba numerosos desperfectos que fueron reparados por la propia familia.

La situación económica de Maika se complicó posteriormente tras el cierre de la empresa en la que trabajaba, circunstancia que le impidió afrontar con regularidad el pago del alquiler. Desde entonces, la plataforma antidesahucios asegura haber intentado negociar un nuevo acuerdo económico con la administración autonómica.

15M Stop Desahucios sostiene que tanto Maika como su hijo reciben tratamiento psiquiátrico y denuncia que el lanzamiento podría dejar a ambos sin alternativa habitacional. La organización considera que la administración autonómica dispone de mecanismos para suspender el procedimiento y abrir una vía de negociación.

Ante esta situación, la plataforma ha convocado una concentración el viernes 19 de junio a las 10:30 en la calle Isla Alegranza número 6 de Córdoba con el objetivo de impedir el desalojo y reclamar una solución para la familia.

La entidad asegura que continuará recurriendo a la movilización ciudadana y a la acción directa no violenta para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden sin vivienda.

Una iniciativa en busca de reivindicar el derecho a la vivienda. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este martes a las 18:30 horas en la Plaza de Las Tendillas, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios en el marco de los 'Housing Action Days'. La portavoz de la plataforma, Cati Ortega, ha explicado que el objetivo principal es reivindicar el derecho a la vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, el cual consideran que está siendo vulnerado de forma sistemática en los últimos años. Esta movilización forma parte de una jornada de acción global iniciada en 2019, en la que este año participan más de 90 países con 150 acciones simultáneas para exigir justicia habitacional y climática.

En conversaciones con este periódico, Cati Ortega ha explicado de las demandas más urgentes de los manifestantes es la restauración inmediata de la moratoria antidesahucios, que dejó de estar vigente el pasado 26 de febrero. La portavoz y representante de Stop Desahucios ha señalado que, aunque esta medida era insuficiente por aplicarse solo a casos muy específicos, constituía la única herramienta para proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además, ha reclamado topar de forma efectiva los precios de los alquileres, criticando que los límites actuales se aplican sobre precios que ya resultan desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora.

El enfoque de la protesta radica en cómo la especulación inmobiliaria está “arrasando” con la habitabilidad de los barrios cordobeses. Cati Ortega ha apuntado que más de la mitad de las viviendas en Córdoba se pagaron al contado durante el último año, un dato relevante que indica que los inmuebles están siendo adquiridos por grandes inversores en lugar de por familias trabajadoras. Ante esta situación, los colectivos han exigido aumentar la inversión en vivienda pública, recuperar los inmuebles vacíos de la ciudad y aplicar penalizaciones fiscales a quienes especulan con este derecho básico.

La movilización también ha servido para mostrar un rechazo frontal a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía, en vigor desde enero de 2026. Ortega ha sostenido a Cordópolis que esta normativa favorece la colaboración público-privada en beneficio de los especuladores, no limita las viviendas turísticas y se centra en criminalizar la ocupación en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta social. Asimismo, ha denunciado el impacto de la turistificación y han exigido que los recursos públicos se destinen a políticas sociales y de vivienda en lugar de a la escalada militarista global y a la guerra.

Esta manifestación ha comenzado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de Las Tendillas y ha comenzado a partir hacia La Corredera a las 18:50. Además de Stop Desahucios, han estado presentes las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asamblea Antirracista, la Plataforma 8 de Marzo, asociaciones vecinales como La Axerquía y Regina Magdalena, además de partidos políticos.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha anunciado su participación en los Días Globales de Acción por la Vivienda, una serie de acciones coordinadas internacionalmente del 23 al 29 de marzo de 2026, que exige justicia habitacional en un planeta habitable, plantea resistencia a los desplazamientos impulsados por intereses corporativos, promueve el derecho a la vivienda como un derecho humano, y reclama justicia climática y el no a la guerra.

“La crisis global de la vivienda se agrava mientras las ganancias de unos pocos se disparan. Millones de personas luchan por encontrar y mantener un hogar. Durante los Días de Acción por la Vivienda, nos movilizaremos con aliadas y aliados más allá de las fronteras para exigir un cambio fundamental”, afirma Stop Desahucios. “En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz.”

Lucha global y manifestación desde Las Tendillas

Recuerdan que el año pasado hubo acciones en numerosas ciudades alrededor del mundo. “En 2026, del 23 al 29 de marzo, volvemos a unirnos para confrontar las causas sistémicas de la crisis de la vivienda y del clima. Marcharemos, nos organizaremos, ocuparemos, haremos huelga, protestaremos y construiremos resistencia liderada por las comunidades frente a políticas que priorizan las ganancias por encima de la vida humana”, dicen en un comunicado.

Sobre ello, Stop Desahucios indica que en todo el mundo, la crisis de la vivienda está alimentada por el aumento de los alquileres, la especulación, los desahucios, la extracción de tierras y recursos, y la represión de activistas. Millones de personas afrontan viviendas inadecuadas, inaccesibles o inseguras, mientras los propietarios corporativos y los mercados inmobiliarios financiarizados crecen sin control.

Durante los Días de Acción por la Vivienda 2026, los movimientos locales y globales se movilizan contra los desahucios, la represión de activistas, la venta de nuestras ciudades mediante la turistificación y la especulación, el saqueo de nuestras tierras, el aumento del costo de vida, sus aviones de guerra y la destrucción de nuestro planeta. “Impulsamos una visión de un mundo centrado en una vida digna para todas las personas”.

Stop Desahucios condena además la reciente caída de la moratoria antidesahucios y es crítica con las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía sobre vivienda, que demuestra la nula intención de ejercer una de las principales competencias autonómicas y abordar uno de los mayores problemas del pueblo andaluz, razones por la que anima a sumar fuerzas y salir a la calle en defensa del derecho a la vivienda.

En Córdoba, además, la plataforma viene denunciando reiteradamente el nefasto efecto de los llamados fondos buitre, que de la mano de bancos y gestoras están forrándose y son los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadoras sin alternativa habitacional, e impulsan las subidas de alquileres, a la vez que hacen inviable la emancipación de miles de jóvenes.

Estas dificultades de acceso a la vivienda se ven además agravadas en el caso de las personas racializadas o inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género o familias monomarentales, y otros colectivos particularmente vulnerables.

Por último, se condena la escalada militarista a nivel mundial y se exige radicalidad y firmeza en el 'No a la guerra' y el destino de recursos a políticas sociales, como las de vivienda, y no a bombas, más aún en previsión de la nueva crisis que sin duda provocarán las acciones de guerra absolutamente fuera del derecho internacional.

Lucía (nombre ficticio) y sus tres hijos no tendrán que abandonar la vivienda en la que viven, en el barrio de Huerta de la Reina, después de que el propietario del inmueble, Cajasur, haya remitido al juzgado un documento en el que aplaza el desahucio hasta el final del curso escolar.

Según ha podido saber este periódico, la joven y los menores podrán seguir en la casa, cumpliendo así con la petición de la progenitora, quien, en caso de no lograr un alquiler social, pidió que el aplazamiento del desahucio hasta final de curso para no interferir sobremanera en los menores.

Hay que recordar que el desahucio estaba programado para el pasado miércoles 4 de febrero. Con presencia de Stop Desahucios, que ha ayudado a esta familia, la comisión judicial decidió suspender el desahucio debido al temporal, aplazando el desalojo para este viernes. In extremis, el desahucio se ha vuelto a suspender hasta final de curso. “Ahora respiro, y me gustaría encontrar otra vivienda en el barrio porque no quiero cambiar a los niños de colegio”, ha declarado a este medio la madre.

Según la plataforma Stop Desahucios, la única alternativa que ofrecían los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba era un alojamiento temporal de emergencia, algo que no solucionaba a largo plazo la situación de esta familia.

Con la tranquilidad de saber que no tendrán que abandonar su hogar de inmediato, la madre ya proyecta los próximos pasos: que su hijo menor pueda asistir a la escuela infantil y, mientras tanto, encontrar un trabajo que le permita asegurar un futuro estable para la familia.

Lucía (nombre ficticio por petición propia) vive con sus tres hijos menores, uno de ellos un lactante, en una vivienda de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba. Cuenta que se metió en ese piso hace más de un año al no tener otra alternativa y hoy, este miércoles 4 de febrero con situación de alerta meteorológica y todos los escolares sin clase para evitar desplazamientos ante el temporal, tenía una orden de desahucio del juzgado.

“¿No pueden ir a clase por el temporal pero sí los pueden echar a la calle?”, se preguntaban junto a ello integrantes de la plataforma Stop Desahucios que han acudido en su apoyo a primera hora de la mañana. Finalmente, tras la visita de la comisión judicial a la hora prevista para ejecutar el desahucio, han determinado aplazarlo hasta el 13 de febrero.

“Al menos hemos conseguido paralizarlo, ganar algo de tiempo”, explican desde Stop Desahucios, con quienes Antía va a intentar ahora poner su caso en manos de los Servicios Sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, para buscar una solución y contar con una alternativa donde puedan vivir esta madre y sus tres hijos.

La mujer no cuenta con un empleo y vive con el Ingreso Mínimo Vital. Sin red familiar de apoyo para tener otro techo, cuando buscó dónde vivir con sus hijos se metió en esta vivienda, sobre la que pesa la orden judicial de desahucio dirigida a los anteriores inquilinos “pero también contra ignorados ocupantes”, es decir, toda persona que viviera allí ahora. La vivienda pertenece ahora a un fondo de inversión, según precisan desde Stop Desahucios, que es quien solicita la orden de lanzamiento.

A primera hora de este miércoles, Lucía recibía la llamada del gestor de servicios de la entidad para informarle de que seguía en marcha el desahucio. No había prosperado ninguno de los recursos interpuestos por su abogado de oficio en los juzgados ni, tampoco, el último intento de Stop Desahucios ante el juzgado de guardia para parar la orden. Por eso, todo estaba en juego hasta las 11:30 de este miércoles, cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda y, finalmente, se ha aplazado.

Lucía cuenta con dos informes de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad, al tener que hacerse cargo de los tres menores, informes que fueron puestos en conocimiento del juzgado. Y, ahora, con poco más de una semana más de plazo para el desahucio que hoy se ha conseguido aplazar, los esgrimirán para buscar una alternativa que la administración pueda proporcionarle para que ella y sus hijos no se vean en la calle.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a prorrogar la moratoria de desahucios y a la promoción de una ley que dote de estabilidad a estas medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, presentada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, fue desestimada al contar con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP, al que se sumó Vox.

Más allá del propósito de la moción, el debate se ha centrado en el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada y la garantía de los derechos constitucionales de las familias vulnerables, en un contexto marcado por la escasez de vivienda asequible (según los proponentes, Hacemos Córdoba y el PSOE) y el aumento de los conflictos habitacionales como la inquiocupación (según el PP y Vox).

Durante la sesión intervinieron representantes de la Plataforma 15M Stop Desahucios, Catalina Ortega y Leticia Aguilar, quienes defendieron la necesidad de mantener la moratoria. Han recordado que la plataforma, que cumple 15 años de trayectoria y fue distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, surgió al calor del movimiento 15M como respuesta a lo que califican como “la peor de las violencias” sufridas por miles de familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las portavoces señalaron que, en la actualidad, el principal adversario de la plataforma son los denominados fondos buitre, que adquirieron hipotecas y viviendas a precios muy inferiores a su valor real. Según expusieron, estos fondos concentran grandes volúmenes de capital y operan a través de sociedades instrumentales para ejecutar hipotecas o desalojar a inquilinos. Entre los responsables de estos grupos, han mencionado incluso a figuras de gran poder económico, entre ellas Steve Feinberg, actual subsecretario de Defensa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Desde Stop Desahucios se reconoció que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que dio origen a la moratoria, resulta insuficiente y no soluciona el problema estructural de acceso a la vivienda. No obstante, defendieron que su prórroga es “imprescindible” mientras no se adopten soluciones más eficaces y estables. De acuerdo con sus datos, la moratoria ha permitido paralizar en torno a 60.000 desahucios en todo el país, correspondientes a familias vulnerables sin alternativa habitacional que residen en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Vulnerabilidad y aplicación de la norma

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, agradeció a la plataforma su “trabajo incansable” en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y apeló a los grupos municipales a actuar con “altura de miras, responsabilidad y empatía”, evitando, a su juicio, los “tacticismos políticos”. Hidalgo dedicó buena parte de su intervención a rebatir los argumentos de PP y Vox, a los que acusó de mostrar un “desconocimiento” de la normativa vigente. Precisó que la moratoria no constituye un “coladero”, ya que solo se aplica cuando el propietario dispone de al menos diez inmuebles y siempre que la vivienda afectada no sea ni la primera ni la segunda residencia del titular.

Asimismo, subrayó que el acceso a este “escudo social” exige un informe de vulnerabilidad emitido de manera preceptiva por los servicios sociales municipales. En este sentido, cuestionó que el PP alegara ambigüedad en la definición de vulnerabilidad cuando es la propia delegación municipal la encargada de certificarla.

El Grupo Socialista (PSOE), por medio de su portavoz Ángel Ortiz, respaldó la moción y defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía. Ortiz recordó que el decreto fue impulsado por el Gobierno de España y sostuvo que, aunque la suspensión de desahucios debe tener carácter transitorio, ha de ir acompañada de políticas estructurales, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Amparo para 'inquiocupas'

Tanto el Grupo Popular como Vox votaron en contra de la iniciativa, coincidiendo en la defensa de la propiedad privada, si bien con matices en sus argumentos. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, afirmó que la propiedad privada debe ser “sagrada, sea de quien sea y tenga los pisos que tenga”, y advirtió de que cuestionarla podría convertir al país en un “país salvaje”. Vox sostuvo que la moción adolecía de falta de concreción en la definición de “familia vulnerable” y expresó su temor a que la moratoria sirviera para amparar a “ocupas e inquiocupas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, reconoció las buenas intenciones de la propuesta, pero discrepó del instrumento planteado. Consideró que la moratoria fue una medida “meramente coyuntural” vinculada a la pandemia de la Covid-19 y rechazó su consolidación como herramienta estructural. Torrico afirmó que el 92 % de los propietarios que sufren impagos son pequeños propietarios y no grandes tenedores, y citó datos municipales que apuntan a 184 viviendas ocupadas en 2024 y 113 en 2025 en Córdoba, asegurando que existen usos “torticeros” de la moratoria.

El portavoz popular defendió la gestión del gobierno municipal, destacando el incremento de las ayudas al alquiler para personas vulnerables, que —según indicó— se han multiplicado por seis, pasando de 254.000 euros en 2018 a 1.227.000 euros en 2025.

En su turno final de réplica, Juan Hidalgo insistió en que el voto en contra del PP suponía, a su juicio, “alinearse con los fondos buitre” y mostraba “indolencia” hacia las familias vulnerables que solo pueden acogerse a la moratoria tras cumplir estrictos requisitos avalados por los servicios sociales y siempre frente a propietarios con diez o más viviendas. Solicitó al menos la abstención del Grupo Popular, al tratarse de una declaración de intenciones para trasladar el debate al Congreso.

Finalmente, el voto contrario del PP tumbó la moción, lo que fue recibido con abucheos por parte del público y con un villancico cantado por la Plataforma Stop Desahucios.

La plataforma 15M-Stop Desahucios Córdoba alerta de que la moratoria antidesahucios para familias vulnerables que expira el próximo 31 de diciembre puede acabar dejando a miles de hogares en una situación de riesgo extremo. La organización recuerda que, a nivel estatal, la moratoria ha evitado casi 60.000 lanzamientos durante los últimos años, convirtiéndose en la última protección efectiva para quienes se encuentran en vulnerabilidad económica y residencial. 

Así, desde 15M-Stop Desahucios estiman que la finalización de la moratoria podría afectar en Córdoba a entre 3.000 y 5.000 familias, atendiendo a la situación habitacional de la provincia y a los datos disponibles sobre desahucios y vulnerabilidad residencial. “Esto significa que, si la moratoria cae el 31 de diciembre, miles de familias vulnerables en Córdoba (muchas con menores, mujeres monomarentales, personas mayores o dependientes) quedarán expuestas a un desalojo inmediato sin alternativa habitacional”, advierten.

Desde 15M-Stop Desahucios Córdoba han señalado desde hace años las limitaciones de la moratoria, que, a su juicio, “no cubre a todas las familias que deberían estar protegidas, no garantiza alternativas habitacionales reales y depende de prórrogas temporales y no de un marco estable de derechos”.

Sin embargo, reconocen que, pese a sus insuficiencias, la moratoria ha evitado decenas de miles de desahucios y es hoy el último dique de contención frente a una emergencia habitacional que sigue creciendo. 

Por ello, la plataforma exige al Gobierno y al conjunto de grupos parlamentarios una prórroga urgente antes del 31 de diciembre, así como que amplíen su cobertura para que ningún hogar vulnerable quede excluido, se garanticen alternativas habitacionales dignas y no soluciones temporales inestables y transformen esta medida excepcional en un mecanismo permanente de protección, que impida desahuciar a familias vulnerables sin realojo seguro. 

“Recordamos que la vivienda es un derecho fundamental, no una mercancía al servicio de fondos buitre, grandes tenedores o intereses especulativos”, insisten, antes de advertir de que “si la moratoria no se prorroga, volveremos a estar en las calles, en los juzgados y en las puertas de las viviendas, defendiendo a las familias como llevamos más de una década haciendo”.

Toñi Morales, una trabajadora jubilada de 67 años y activista de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde hace más de una década, ha asistido este lunes a la vista que la ejecución hipotecaria que el fondo buitre Promontoria Lezama por impago del alquiler. Durante la sesión en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, su abogado se ha puesto a la ejecución alegando que se trata de una cosa juzgada dado que un juzgado de lo Mercantil de la capital ya decretó en 2018 que el contrato estaba “plagado” de cláusulas abusivas.

Minutos antes de la celebración de la vista, Toñi ha contado su caso arropada por los miembros de la plataforma. El crédito hipotecario estaba “plagado de cláusulas abusivas”. Tras conseguir una sentencia a su favor en 2018 que declaró el préstamo como improcedente, el banco “vendió la deuda a fondos, una práctica común entre las entidades financieras”.

El fondo Promontoria Lezama es el actual propietario del crédito. Blázquez ha explicado que “Promontoria Lezama opera bajo la órbita de un fondo mayor llamado Cerberus”, el cual está “controlado, pues por la gente más poderosa del mundo, incluyendo personas vinculadas al entorno del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump”.

Sobre la cantidad que Toñi adeuda, ni en sala ni en las declaraciones se ha dado a conocer. La abogada del fondo buitre sí ha establecido que el impago es de “185 cuotas”, pero tampco ha especificado las cantidades. En base a ello, el portavoz de la plataforma ha explicado que “el fondo buitre ni siquiera puede estimar claramente cuál es la deuda. Si esta no puede ser cuantificada de forma precisa, no puede ser reclamada. La expectativa tanto de la plataforma como de Toñi es que la jueza estime que el procedimiento no es procedente porque la cuestión ya fue juzgada, y que el préstamo sobre el que se basa la ejecución es improcedente.

Oposición a la ejecución hipoteca

El abogado de Toñi Morales ha comenzado la vista señalando que se ratificaba íntegramente en su escrito de conclusiones. Ha recordado que las causas de oposición presentadas -“cosa juzgada, existencia de cláusulas abusivas de carácter ejecutivo y falta de legitimación activa del fondo”- ya habían sido objeto de valoración judicial en un procedimiento ordinario previo. En aquel proceso, el banco no recurrió, adquiriendo firmeza la sentencia.

El letrado ha subrayado que dicha sentencia declaró la improcedencia del préstamo y, por tanto, resulta plenamente vinculante en este procedimiento de ejecución. Además, ha afirmado “que no puede pretenderse una nueva ejecución hipotecaria basada en un crédito que ya fue objeto de enjuiciamiento y resolución firme”, pues ello supondría volver a juzgar la misma cuestión.

Por su parte, la abogada de Promotoria Lezama, en relación con la alegación de cosa juzgada, afirmó que el procedimiento previo ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba se refería “exclusivamente al préstamo inicial suscrito entre la demandada y el banco”, pero que aquella resolución, “aunque declara la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, no acuerda la cancelación ni la nulidad total del préstamo, por lo que no tendría efectos sobre la presente ejecución”. A su juicio, este procedimiento se circunscribe “únicamente a la ejecución hipotecaria, y solo podrían valorarse las cláusulas directamente relacionadas con dicha ejecución”.

La letrada ha sostenido, además, que su mandante “no participó en el momento inicial de constitución del préstamo, y que en esta ejecución no se han ampliado reclamaciones relativas a intereses de demora, cláusula suelo o gastos, sino únicamente las cuotas impagadas, junto con los intereses de demora legalmente exigibles”. Finalmente, respecto a la falta de legitimación activa, ha afirmado que esta cuestión ya ha sido analizada previamente por el juzgado, y que la titularidad del crédito se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba, por lo que el fondo estaría legitimado para reclamar las 185 cuotas impagadas

El origen del crédito

Toñi, que vive en el Sector Sur ha relatado que su necesidad de buscar una vivienda y pedir el crédito surgió alrededor de 2007 o 2008 tras un divorcio “traumático”, pues tuvo que vender su vivienda anterior para repartir los bienes. En ese momento, no estaba trabajando. Buscó ayuda en una empleada de banca que conocía. Toñi le comentó que quería buscar una vivienda para ella y sus hijos. La empleada, “supuestamente amiga”, le dijo que no se preocupara y que le ayudaría.

Esta mujer ha revelado que, para conseguir la hipoteca, esta empleada “me hizo un papel falso” en el que se declaraba que “yo trabajaba en su casa, lo cual no era cierto. La dirigió a otro banco donde la directora era amiga suya, asegurándole que me darían la hipoteca y que todo estaría bien”. Mientras Toñi tuvo el dinero de la venta de su anterior casa, estuvo pagando. “En el momento que se acabó, no pude”. Posteriormente, intentó llevar dinero directamente al director del banco, quien le daba un “papelito de recibo”. No obstante, ella afirma que “ese dinero había desaparecido” y no apareció en ninguna cuenta ni se descontó de la deuda.

Tras su divorcio, consiguió un empleo en una residencia y posteriormente ha estado trabajando en la ayuda a domicilio hasta que se jubiló.

Desaparición de la cuenta

Tras la sentencia de 2018 que declaró el crédito improcedente, Toñi acudió al banco con el fallo. Allí le informaron que la cuenta “había desaparecido” y que su deuda se había vendido a un fondo, pero no pudieron decirle “ni dónde ni cómo”. Durante al menos tres años, nadie se puso en contacto con ella. Luego, ha asegurado, comenzaron a llegarle cartas y llamadas telefónicas amenazantes. La mujer ha explicado que hasta fue “a Madrid” para hablar con este fondo, “pero fue imposible; aquello estaba acorazado”.

La plataforma confía en que el auto sea favorable a los planteamientos de Toñi. Si, por el contrario, el fallo judicial favoreciese al fondo buitre, el siguiente paso sería solicitar medidas de protección, como un alquiler social. No obstante, el objetivo primordial es que no tengan que llegar a ese punto.