Cientos de personas se han concentrado en la tarde de este jueves en la calle Capitulares de Córdoba en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que murió este miércoles en Madrid semanas después de ser deshuciada de su vivienda. Los manifestantes, convocados por Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba, han guardado dos minutos de silencio en la memoria de Maricarmen. El segundo de ellos haciendo sonar las llaves de sus casas.

La concentración, convocada a las 19:00, ha servido también para reivindicar el derecho a la vivienda y denunciar las consecuencias de los desahucios y de la especulación inmobiliaria. Durante la protesta se han sucedido las consignas contra los fondos de inversión, los desahucios y las políticas de vivienda, mientras los asistentes han mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre.

“No son muertes, son asesinatos. Todas somos Maricarmen”, ha sido una de las principales consignas coreadas durante la concentración. También se han escuchado lemas como “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste”, “los fondos buitre son los invasores” y “vecina, despierta, desahucian en tu puerta”.

Uno de los momentos de mayor carga simbólica ha llegado durante los dos minutos de silencio en recuerdo de Maricarmen. El segundo se ha acompañado del sonido de las llaves de las viviendas de los asistentes, en un gesto vinculado a la defensa del derecho a permanecer en el propio hogar.

La portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Cati Ortega, ha leído un manifiesto en el que ha responsabilizado de la muerte de Maricarmen a quienes, a su juicio, “ejercen y perpetúan la extrema violencia de este sistema”. Ortega ha señalado a jueces, policías, responsables políticos, grandes propietarios, alquileres de temporada y fondos de inversión como parte de una cadena que, según ha denunciado, está detrás de situaciones como la vivida por la mujer de 87 años.

“Ha muerto víctima de la especulación, y es muy injusto”, ha señalado Ortega, que ha vinculado el fallecimiento de Maricarmen con otros casos de personas relacionadas con el movimiento por la vivienda. En su intervención, ha calificado estas muertes de “asesinatos del capitalismo”, una expresión utilizada por la portavoz para denunciar lo que considera las consecuencias de un sistema basado en el rentismo y la especulación.

Ortega también ha criticado a los responsables políticos que, según ha afirmado, no actúan hasta que las reivindicaciones llegan a las calles, y ha dirigido sus críticas expresamente contra PP, Junts y Vox por su posición ante las medidas relacionadas con la vivienda. “No vamos a parar hasta que el derecho a la vivienda sea una realidad”, ha proclamado.

El manifiesto ha terminado con un mensaje de reivindicación de la organización colectiva y de homenaje a Maricarmen. Ortega ha destacado que su caso ha servido para mostrar, según Stop Desahucios, la capacidad de las personas para organizarse frente a situaciones de injusticia. “Cada desahucio es como si nos echaran a todas”, ha afirmado antes de cerrar su intervención con un llamamiento: “Nos vamos a la huelga general”.

Críticas al Ayuntamiento y llamada a la huelga

La concentración también ha tenido como protagonista al alcalde de Córdoba, José María Bellido, al que los manifestantes han dedicado una de las consignas: “¿Dónde está Bellido, Bellido dónde está? Bellido está vendiendo lo que queda de ciudad”.

El rechazo a los fondos de inversión y a la presión sobre el mercado de la vivienda se ha expresado igualmente a través del lema “Los fondos buitre son los invasores”, una de las frases más repetidas durante la protesta.

Junto a las reivindicaciones sobre vivienda, la movilización ha puesto el foco en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Entre las consignas se ha escuchado “Huelga, huelga, huelga general”, mientras desde la organización se ha insistido en la necesidad de convertir la movilización por la vivienda en una protesta más amplia. En este sentido, la concentración ha concluido con la mirada puesta en esa jornada de movilización. El mensaje trasladado por los convocantes ha sido claro: “Tenemos que parar el país”.

Cientos de personas se han concentrado este jueves en la calle Capitulares de Córdoba en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada de 87 años que murió este miércoles en Madrid. Este es el resumen de la protesta, en imágenes.

El colectivo 15M Stop Desahucios Córdoba ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para concentrarse este jueves, 8 de octubre, a las 19:00, ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. El acto, convocado en señal de duelo y rabia, rinde tributo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció tras ser desahuciada del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda (Madrid) en el que había vivido desde hacía más de 70 años.

El desahucio de Maricarmen -ejecutado el pasado 23 de septiembre entre protestas vecinales e intervenciones policiales- provocó su traslado en camilla e ingreso inmediato en el Hospital Gregorio Marañón, donde finalmente ha fallecido este miércoles. Su lucha contra el desalojo de su hogar se convirtió en un símbolo nacional del impacto de la crisis habitacional en la población vulnerable.

Desde 15M Stop Desahucios Córdoba señalan que el objetivo de la movilización frente al Consistorio no es únicamente recordar su figura, sino articular una protesta colectiva ante una problemática que afecta a diario a numerosas familias. “Con esta concentración queremos rendir homenaje a Maricarmen y, al mismo tiempo, denunciar una situación que no podemos aceptar: la vivienda es un derecho, no un negocio”, manifiestan en el comunicado emitido por el colectivo.

La plataforma ha invitado a los vecinos y a los movimientos sociales de la ciudad a sumarse a la protesta para exigir medidas urgentes que garanticen una alternativa habitacional digna y el cese de los lanzamientos a personas vulnerables.

Una multitudinaria manifestación ha recorrido en la tarde de este domingo las calles de Córdoba para reclamar un acceso justo a la vivienda. Convocados por la plataforma Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba, miles de manifestantes han hecho visibles sus protestas con llaves, pancartas y mensajes para reivindicar un techo por un precio justo para todas las personas.

“Arriba las llaves, esto es un atraco”, “Viviendas para vivir, no para especular”, “Fuera fondos buitres de nuestros barrios” o “Ni gente sin casa, ni casas sin gente” han sido algunas de las consignas que se han escuchado desde el inicio de la manifestación, en la que han participado alrededor de 6.000 personas según la Policía Local sobre el terreno, cuando la manifestación llevaba apenas la mitad del recorrido y seguían uniéndose personas.

Desde las 19:00 de este domingo en la plaza de Costasol, en el barrio de Ciudad Jardín, jóvenes, mayores, familias, activistas por la vivienda y ciudadanía en general se iban sumando a la marcha, para mostrar la fuerza de la movilización: “Esto es un punto de inflexión. Es el inicio de un nuevo ciclo centrado en la vivienda”, decía al inicio de la marcha el portavoz de Stop desahucios, Rafael Blázquez. “Lo que nos estamos jugando es que este país sea un buen sitio para vivir o no lo sea”.

“Algo hay que hacer porque ahora ni hay futuro para los jóvenes ni expectativas para las familias trabajadoras”, resumía Blázquez. Y en la manifestación, carteles y mensajes retrataban esa situación de quienes viven en vilo por un desahucio o quienes no tienen un futuro sin el acceso a una vivienda.

Loli y su hija María Dolores ponían rostro y voz a los jóvenes que no se emancipan mientras tratan de ahorrar porque les es “imposible un alquiler o comprar una vivienda”. A su lado, personas que tienen un desahucio en el horizonte y para los que el rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso ha sido un jarro de agua fría. “Ahora no saben qué van a hacer”.

Llaves en alto, mensajes contra los especuladores

Con las llaves en alto, los gritos contra los fondos buitre, las empresas especuladoras y los rentistas, además de los distintos gobiernos, no han cejado en todo el trayecto de la manifestación. Especialmente se ha escuchado un mensaje “antifascista” y “vivas a la lucha de la clase obrera” al paso de la marcha ante la sede de Vox en la capital cordobesa, a quienes junto al PP y Junts hacían directamente culpables de que no se hayan aprobado en el Congreso las medidas previstas en los decretos para frenar los desahucios.

“Viviendas para vivir, no para especular”, “¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa” o “Rentistas, culpables; gobiernos responsables” han sido coreados una y otra vez por los participantes en la manifestación, que han querido sumar en el trayecto el escenario de un barrio de clase trabajadora como Ciudad Jardín con muchos pisos en alquiler con las calles del centro donde cada vez más se levantan apartamentos turísticos donde antes había viviendas.

Y en referencia a ese “punto de inflexión” e inicio de ciclo que desde Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda se enarbola, otro grito que se ha escuchado, el de una huelga general. “Eso deberán estudiarlo los sindicatos”, ha dicho Blázquez para el que, sin duda, “hay que buscar herramientas clásicas como esa y otras nuevas” para la lucha por el acceso a la vivienda que la ciudadanía quiere emprender.

¿Y el papel de unas hipotéticas elecciones en todo esto? “Nosotros estamos decididos a seguir adelante, a darlo todo, pase lo que pase, se convoque o no se convoquen las elecciones”.

Los cánticos no han parado en todo el recorrido mostrando el enfado de los manifestantes ante las dificultades para acceder a una vivienda en el actual panorama, ya se en alquiler o por compra. Las Tendillas y la calle Claudio Marcelo se mostraban llenas por la marcha que, a un lado y a otro, animaban al resto de personas a unirse a la protesta. El punto final del trayecto ha sido la calle Capitulares, que se ha llenado mientras seguía desembocando parte de la marcha y donde se han vuelto a escuchar los mensajes y cánticos de la manifestación a viva voz.

La concentración convocada por Stop Desahucios y Movimiento por la Vivienda tras el desahucio de Maricarmen durante la pasada semana en Madrid ha sido objeto mediático en las últimas horas. Más de 100 personas han acampado a las puertas de las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pidiendo una serie de decretos que han sido desvelados este martes en el Consejo de Ministros. Aunque, como todo, esta iniciativa tenía fecha de caducidad.

Tal y como han confirmado fuentes a este periódico, la concentración, que se inició el lunes con más de 1.000 personas en el entorno de la plaza de la Constitución, estaba planeada para que se terminara durante la tarde de este martes. Ahora bien, estaba condicionada a continuar por si ocurría algo extraordinario en el Consejo de Ministros, pero todo ha transcurrido como se esperaba. Sin embargo, aquí no ha quedado todo.

Stop desahucios y Movimiento por la Vivienda ha convocado una manifestación por la vivienda este domingo a partir de las 19:00 que saldrá desde la plaza de Costasol y que acabará en el Ayuntamiento de Córdoba. Todo ello en busca de luchar por una serie de decretos justos, tanto a la hora de la compraventa de inmuebles como del alquiler. Y todo lo que engloba ello. Esta decisión ha sido tomada por una asamblea de ambas plataformas y ha sido secundada por los asistentes.

Una concentración que dio de qué hablar

La concentración estaba prevista para este lunes, y los primeros minutos de la iniciativa hacía prever que no iba a ser muy participativa, pero no. Con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que, finalmente, se congregaron más de 1.000 personas. Pero lo importante no era la acumulación de gente, que también, sino que había manifestantes con la intención de acampar.

Y así fue. Unas 150 personas hicieron noche en la plaza de la Constitución en una concentración que ha dejado claro lo que la sociedad cordobesa le importa la vivienda. “Es necesario garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, recalcó una plataforma de Stop Desahucios que pidió “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

“¡De esta plaza, no nos vamos!”. Así fueron los cánticos justo antes del despliegue de unas tiendas de campaña que con el paso de los instantes fue a más. Una noche larga, pero que tiene un mensaje fuerte de lucha y acción por uno de los principales derechos de la sociedad española.

El desahucio de Maricarmen, en detonante

Y es que esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Ahora, todo en principio ha acabado. Los manifestantes ya descansan en sus casas, pero la intención de seguir protestando no se queda aquí. Stop Desahucios ha convocado para este domingo una iniciativa para seguir luchando por un decreto que mejore el estado de la vivienda.

La acampada por la vivienda que nació este lunes a última hora tras la concentración ante la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía en Córdoba ha pasado su primera noche con un centenar de personas y unas 25 de tiendas de campaña que han acogido a los integrantes de la protesta, según ha confirmado a este periódico el portavoz de Stop Desahucios, Rafael Blázquez.

Durante la medianoche, unas doscientas personas participaron en una asamblea en la acampada y, tras ello, un grupo más reducido han pasado la noche acampados. A primera hora de la mañana se esperaba el relevo de otras personas para seguir la acampada, mientras algunos de los participantes acudirían a sus trabajos y, otros, han pedido permiso laboral para permanecer en el lugar de la protesta.

Este martes, las expectativas de los manifestantes están puestas en el Consejo de Ministro que celebrará el Gobierno y en el que se prevé aprobar un decreto sobre vivienda. “Esto es un punto de inflexión”, ha señalado Blázquez sobre las protestas organizadas en todo el país para presionar al Gobierno con el objetivo de que se tomen medidas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda.

El Movimiento por la Vivienda de Córdoba explicaba en un comunicado anoche que, tomando el ejemplo de las miles de personas que han salido a la calle en el resto del estado, habían decidido acampar para presionar al Gobierno central, el cual se reúne este martes en Consejo de Ministros con la vista puesta en la aprobación de un decreto sobre vivienda.

“Exigimos la paralización de todos los desahucios y que se garantice una vivienda digna a un precio asequible. Pese a estas exigencias no nos quedaremos meramente en ellas, sino que nos vemos en la obligación de señalar directamente a los culpables de esta situación, a los rentistas en primer lugar, que viven del expolio de nuestros salarios y a las diferentes administraciones, que no solo es que no hayan impedido la situación en la que la clase obrera se encuentra con respecto a la vivienda sino que han legislado activamente para fomentar la especulación y el rentismo”.

La concentración de este lunes y posterior acampada se ha gestado tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue lanzada de su vivienda en alquiler la pasada semana en Madrid y que ha generado una gran ola de respuesta social sobre el acceso a la vivienda en todo el país y las medidas que los distintos gobiernos podrían aplicar sobre este ámbito.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha convocado un acto de protesta por el lanzamiento de su casa de Maricarmen, una anciana de 87 años con problemas de movilidad que este miércoles fue sacada de su vivienda en Madrid.

Stop Desahucios prevé realizar una concentración el próximo lunes 28 de septiembre a las 19:00 en la Plaza de la Constitución en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios como el que ha sufrido esta pensionista octogenaria en Madrid, que ha provocado una gran contestación social.

“Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”. Esta frase de Maricarmen se recoge en el cartel de la convocatoria de la concentración, que se organiza “por todas las Maricarmen”, en alusión a todas las personas que sufren o han sufrido un desahucio de su vivienda en condiciones de vulnerabilidad. “En Córdoba nos manifestamos para acabar con este sistema injusto que hace de la vivienda un negocio”.

El lanzamiento de su vivienda de Maricarmen se produjo este miércoles en la capital del país, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad aceptara tampoco esta oferta.

El desahucio de Maika, previsto para este viernes, ha sido finalmente aplazado después de que el juzgado aceptara una petición de suspensión por cuestiones técnicas. La decisión evita, por el momento, que la mujer y su hijo se queden en la calle, aunque la amenaza de una nueva fecha de lanzamiento sigue vigente si no se alcanza un acuerdo con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La noticia ha sido recibida con alivio por parte de los colectivos que han acompañado a la familia durante las últimas semanas. No obstante, insisten en que se trata únicamente de un aplazamiento y no de una solución definitiva, por lo que reclaman a la Junta de Andalucía que abra una vía de diálogo para garantizar la permanencia de Maika en la vivienda en la que reside desde 2013.

Desde las plataformas de apoyo denuncian que tanto la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta en Córdoba como la dirección de AVRA disponen de capacidad para evitar el desalojo, pero lamentan que, hasta ahora, no se haya producido ningún avance en la negociación.

Según explican, la intención de Maika y de su hijo es poder regularizar su situación mediante el pago de un alquiler que les permita continuar en el inmueble que constituye su residencia habitual desde hace más de una década.

Los colectivos sociales también han puesto el foco en el impacto emocional que esta situación está provocando en la afectada. Recuerdan que Maika es víctima de violencia de género y padece una enfermedad cardíaca, circunstancias que, aseguran, agravan el desgaste psicológico derivado de la incertidumbre y de la posibilidad de perder su hogar.

“No es normal un sistema en el que una persona tenga que enfrentarse repetidamente al desamparo institucional mientras existen viviendas públicas destinadas precisamente a garantizar el derecho a una vivienda digna”, sostienen desde el movimiento de apoyo.

Aunque la suspensión evita un desalojo inminente, la situación continúa abierta. Los colectivos confían en que durante las próximas semanas AVRA y la familia puedan alcanzar un acuerdo que impida definitivamente la ejecución del lanzamiento y permita una solución estable para Maika y su hijo.

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización del desahucio previsto para el próximo viernes 19 de junio de Maika Aragón, una mujer de 64 años víctima de violencia de género y con insuficiencia cardíaca, que reside junto a su hijo en una vivienda gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Según la organización, durante los últimos días ha mantenido contactos con la Delegación Territorial de Vivienda y con la dirección provincial de AVRA para intentar alcanzar un acuerdo que permita a la familia permanecer en la vivienda mediante un alquiler adaptado a su situación económica, sin que hasta el momento se haya producido un avance en las negociaciones.

La afectada explica que abandonó en 2010 el domicilio familiar para alejarse de su agresor y rehacer su vida tras sufrir violencia de género. Durante varios años permaneció acogida en casa de una amiga hasta que, en 2013, obtuvo una vivienda de alquiler gestionada por AVRA que, según relata, llevaba años desocupada y presentaba numerosos desperfectos que fueron reparados por la propia familia.

La situación económica de Maika se complicó posteriormente tras el cierre de la empresa en la que trabajaba, circunstancia que le impidió afrontar con regularidad el pago del alquiler. Desde entonces, la plataforma antidesahucios asegura haber intentado negociar un nuevo acuerdo económico con la administración autonómica.

15M Stop Desahucios sostiene que tanto Maika como su hijo reciben tratamiento psiquiátrico y denuncia que el lanzamiento podría dejar a ambos sin alternativa habitacional. La organización considera que la administración autonómica dispone de mecanismos para suspender el procedimiento y abrir una vía de negociación.

Ante esta situación, la plataforma ha convocado una concentración el viernes 19 de junio a las 10:30 en la calle Isla Alegranza número 6 de Córdoba con el objetivo de impedir el desalojo y reclamar una solución para la familia.

La entidad asegura que continuará recurriendo a la movilización ciudadana y a la acción directa no violenta para evitar que personas en situación de vulnerabilidad queden sin vivienda.

Una iniciativa en busca de reivindicar el derecho a la vivienda. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este martes a las 18:30 horas en la Plaza de Las Tendillas, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios en el marco de los 'Housing Action Days'. La portavoz de la plataforma, Cati Ortega, ha explicado que el objetivo principal es reivindicar el derecho a la vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, el cual consideran que está siendo vulnerado de forma sistemática en los últimos años. Esta movilización forma parte de una jornada de acción global iniciada en 2019, en la que este año participan más de 90 países con 150 acciones simultáneas para exigir justicia habitacional y climática.

En conversaciones con este periódico, Cati Ortega ha explicado de las demandas más urgentes de los manifestantes es la restauración inmediata de la moratoria antidesahucios, que dejó de estar vigente el pasado 26 de febrero. La portavoz y representante de Stop Desahucios ha señalado que, aunque esta medida era insuficiente por aplicarse solo a casos muy específicos, constituía la única herramienta para proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además, ha reclamado topar de forma efectiva los precios de los alquileres, criticando que los límites actuales se aplican sobre precios que ya resultan desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora.

El enfoque de la protesta radica en cómo la especulación inmobiliaria está “arrasando” con la habitabilidad de los barrios cordobeses. Cati Ortega ha apuntado que más de la mitad de las viviendas en Córdoba se pagaron al contado durante el último año, un dato relevante que indica que los inmuebles están siendo adquiridos por grandes inversores en lugar de por familias trabajadoras. Ante esta situación, los colectivos han exigido aumentar la inversión en vivienda pública, recuperar los inmuebles vacíos de la ciudad y aplicar penalizaciones fiscales a quienes especulan con este derecho básico.

La movilización también ha servido para mostrar un rechazo frontal a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía, en vigor desde enero de 2026. Ortega ha sostenido a Cordópolis que esta normativa favorece la colaboración público-privada en beneficio de los especuladores, no limita las viviendas turísticas y se centra en criminalizar la ocupación en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta social. Asimismo, ha denunciado el impacto de la turistificación y han exigido que los recursos públicos se destinen a políticas sociales y de vivienda en lugar de a la escalada militarista global y a la guerra.

Esta manifestación ha comenzado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de Las Tendillas y ha comenzado a partir hacia La Corredera a las 18:50. Además de Stop Desahucios, han estado presentes las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asamblea Antirracista, la Plataforma 8 de Marzo, asociaciones vecinales como La Axerquía y Regina Magdalena, además de partidos políticos.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha anunciado su participación en los Días Globales de Acción por la Vivienda, una serie de acciones coordinadas internacionalmente del 23 al 29 de marzo de 2026, que exige justicia habitacional en un planeta habitable, plantea resistencia a los desplazamientos impulsados por intereses corporativos, promueve el derecho a la vivienda como un derecho humano, y reclama justicia climática y el no a la guerra.

“La crisis global de la vivienda se agrava mientras las ganancias de unos pocos se disparan. Millones de personas luchan por encontrar y mantener un hogar. Durante los Días de Acción por la Vivienda, nos movilizaremos con aliadas y aliados más allá de las fronteras para exigir un cambio fundamental”, afirma Stop Desahucios. “En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz.”

Lucha global y manifestación desde Las Tendillas

Recuerdan que el año pasado hubo acciones en numerosas ciudades alrededor del mundo. “En 2026, del 23 al 29 de marzo, volvemos a unirnos para confrontar las causas sistémicas de la crisis de la vivienda y del clima. Marcharemos, nos organizaremos, ocuparemos, haremos huelga, protestaremos y construiremos resistencia liderada por las comunidades frente a políticas que priorizan las ganancias por encima de la vida humana”, dicen en un comunicado.

Sobre ello, Stop Desahucios indica que en todo el mundo, la crisis de la vivienda está alimentada por el aumento de los alquileres, la especulación, los desahucios, la extracción de tierras y recursos, y la represión de activistas. Millones de personas afrontan viviendas inadecuadas, inaccesibles o inseguras, mientras los propietarios corporativos y los mercados inmobiliarios financiarizados crecen sin control.

Durante los Días de Acción por la Vivienda 2026, los movimientos locales y globales se movilizan contra los desahucios, la represión de activistas, la venta de nuestras ciudades mediante la turistificación y la especulación, el saqueo de nuestras tierras, el aumento del costo de vida, sus aviones de guerra y la destrucción de nuestro planeta. “Impulsamos una visión de un mundo centrado en una vida digna para todas las personas”.

Stop Desahucios condena además la reciente caída de la moratoria antidesahucios y es crítica con las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía sobre vivienda, que demuestra la nula intención de ejercer una de las principales competencias autonómicas y abordar uno de los mayores problemas del pueblo andaluz, razones por la que anima a sumar fuerzas y salir a la calle en defensa del derecho a la vivienda.

En Córdoba, además, la plataforma viene denunciando reiteradamente el nefasto efecto de los llamados fondos buitre, que de la mano de bancos y gestoras están forrándose y son los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadoras sin alternativa habitacional, e impulsan las subidas de alquileres, a la vez que hacen inviable la emancipación de miles de jóvenes.

Estas dificultades de acceso a la vivienda se ven además agravadas en el caso de las personas racializadas o inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género o familias monomarentales, y otros colectivos particularmente vulnerables.

Por último, se condena la escalada militarista a nivel mundial y se exige radicalidad y firmeza en el 'No a la guerra' y el destino de recursos a políticas sociales, como las de vivienda, y no a bombas, más aún en previsión de la nueva crisis que sin duda provocarán las acciones de guerra absolutamente fuera del derecho internacional.

Lucía (nombre ficticio) y sus tres hijos no tendrán que abandonar la vivienda en la que viven, en el barrio de Huerta de la Reina, después de que el propietario del inmueble, Cajasur, haya remitido al juzgado un documento en el que aplaza el desahucio hasta el final del curso escolar.

Según ha podido saber este periódico, la joven y los menores podrán seguir en la casa, cumpliendo así con la petición de la progenitora, quien, en caso de no lograr un alquiler social, pidió que el aplazamiento del desahucio hasta final de curso para no interferir sobremanera en los menores.

Hay que recordar que el desahucio estaba programado para el pasado miércoles 4 de febrero. Con presencia de Stop Desahucios, que ha ayudado a esta familia, la comisión judicial decidió suspender el desahucio debido al temporal, aplazando el desalojo para este viernes. In extremis, el desahucio se ha vuelto a suspender hasta final de curso. “Ahora respiro, y me gustaría encontrar otra vivienda en el barrio porque no quiero cambiar a los niños de colegio”, ha declarado a este medio la madre.

Según la plataforma Stop Desahucios, la única alternativa que ofrecían los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba era un alojamiento temporal de emergencia, algo que no solucionaba a largo plazo la situación de esta familia.

Con la tranquilidad de saber que no tendrán que abandonar su hogar de inmediato, la madre ya proyecta los próximos pasos: que su hijo menor pueda asistir a la escuela infantil y, mientras tanto, encontrar un trabajo que le permita asegurar un futuro estable para la familia.

Lucía (nombre ficticio por petición propia) vive con sus tres hijos menores, uno de ellos un lactante, en una vivienda de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba. Cuenta que se metió en ese piso hace más de un año al no tener otra alternativa y hoy, este miércoles 4 de febrero con situación de alerta meteorológica y todos los escolares sin clase para evitar desplazamientos ante el temporal, tenía una orden de desahucio del juzgado.

“¿No pueden ir a clase por el temporal pero sí los pueden echar a la calle?”, se preguntaban junto a ello integrantes de la plataforma Stop Desahucios que han acudido en su apoyo a primera hora de la mañana. Finalmente, tras la visita de la comisión judicial a la hora prevista para ejecutar el desahucio, han determinado aplazarlo hasta el 13 de febrero.

“Al menos hemos conseguido paralizarlo, ganar algo de tiempo”, explican desde Stop Desahucios, con quienes Antía va a intentar ahora poner su caso en manos de los Servicios Sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, para buscar una solución y contar con una alternativa donde puedan vivir esta madre y sus tres hijos.

La mujer no cuenta con un empleo y vive con el Ingreso Mínimo Vital. Sin red familiar de apoyo para tener otro techo, cuando buscó dónde vivir con sus hijos se metió en esta vivienda, sobre la que pesa la orden judicial de desahucio dirigida a los anteriores inquilinos “pero también contra ignorados ocupantes”, es decir, toda persona que viviera allí ahora. La vivienda pertenece ahora a un fondo de inversión, según precisan desde Stop Desahucios, que es quien solicita la orden de lanzamiento.

A primera hora de este miércoles, Lucía recibía la llamada del gestor de servicios de la entidad para informarle de que seguía en marcha el desahucio. No había prosperado ninguno de los recursos interpuestos por su abogado de oficio en los juzgados ni, tampoco, el último intento de Stop Desahucios ante el juzgado de guardia para parar la orden. Por eso, todo estaba en juego hasta las 11:30 de este miércoles, cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda y, finalmente, se ha aplazado.

Lucía cuenta con dos informes de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad, al tener que hacerse cargo de los tres menores, informes que fueron puestos en conocimiento del juzgado. Y, ahora, con poco más de una semana más de plazo para el desahucio que hoy se ha conseguido aplazar, los esgrimirán para buscar una alternativa que la administración pueda proporcionarle para que ella y sus hijos no se vean en la calle.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a prorrogar la moratoria de desahucios y a la promoción de una ley que dote de estabilidad a estas medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, presentada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, fue desestimada al contar con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP, al que se sumó Vox.

Más allá del propósito de la moción, el debate se ha centrado en el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada y la garantía de los derechos constitucionales de las familias vulnerables, en un contexto marcado por la escasez de vivienda asequible (según los proponentes, Hacemos Córdoba y el PSOE) y el aumento de los conflictos habitacionales como la inquiocupación (según el PP y Vox).

Durante la sesión intervinieron representantes de la Plataforma 15M Stop Desahucios, Catalina Ortega y Leticia Aguilar, quienes defendieron la necesidad de mantener la moratoria. Han recordado que la plataforma, que cumple 15 años de trayectoria y fue distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, surgió al calor del movimiento 15M como respuesta a lo que califican como “la peor de las violencias” sufridas por miles de familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las portavoces señalaron que, en la actualidad, el principal adversario de la plataforma son los denominados fondos buitre, que adquirieron hipotecas y viviendas a precios muy inferiores a su valor real. Según expusieron, estos fondos concentran grandes volúmenes de capital y operan a través de sociedades instrumentales para ejecutar hipotecas o desalojar a inquilinos. Entre los responsables de estos grupos, han mencionado incluso a figuras de gran poder económico, entre ellas Steve Feinberg, actual subsecretario de Defensa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Desde Stop Desahucios se reconoció que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que dio origen a la moratoria, resulta insuficiente y no soluciona el problema estructural de acceso a la vivienda. No obstante, defendieron que su prórroga es “imprescindible” mientras no se adopten soluciones más eficaces y estables. De acuerdo con sus datos, la moratoria ha permitido paralizar en torno a 60.000 desahucios en todo el país, correspondientes a familias vulnerables sin alternativa habitacional que residen en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Vulnerabilidad y aplicación de la norma

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, agradeció a la plataforma su “trabajo incansable” en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y apeló a los grupos municipales a actuar con “altura de miras, responsabilidad y empatía”, evitando, a su juicio, los “tacticismos políticos”. Hidalgo dedicó buena parte de su intervención a rebatir los argumentos de PP y Vox, a los que acusó de mostrar un “desconocimiento” de la normativa vigente. Precisó que la moratoria no constituye un “coladero”, ya que solo se aplica cuando el propietario dispone de al menos diez inmuebles y siempre que la vivienda afectada no sea ni la primera ni la segunda residencia del titular.

Asimismo, subrayó que el acceso a este “escudo social” exige un informe de vulnerabilidad emitido de manera preceptiva por los servicios sociales municipales. En este sentido, cuestionó que el PP alegara ambigüedad en la definición de vulnerabilidad cuando es la propia delegación municipal la encargada de certificarla.

El Grupo Socialista (PSOE), por medio de su portavoz Ángel Ortiz, respaldó la moción y defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía. Ortiz recordó que el decreto fue impulsado por el Gobierno de España y sostuvo que, aunque la suspensión de desahucios debe tener carácter transitorio, ha de ir acompañada de políticas estructurales, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Amparo para 'inquiocupas'

Tanto el Grupo Popular como Vox votaron en contra de la iniciativa, coincidiendo en la defensa de la propiedad privada, si bien con matices en sus argumentos. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, afirmó que la propiedad privada debe ser “sagrada, sea de quien sea y tenga los pisos que tenga”, y advirtió de que cuestionarla podría convertir al país en un “país salvaje”. Vox sostuvo que la moción adolecía de falta de concreción en la definición de “familia vulnerable” y expresó su temor a que la moratoria sirviera para amparar a “ocupas e inquiocupas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, reconoció las buenas intenciones de la propuesta, pero discrepó del instrumento planteado. Consideró que la moratoria fue una medida “meramente coyuntural” vinculada a la pandemia de la Covid-19 y rechazó su consolidación como herramienta estructural. Torrico afirmó que el 92 % de los propietarios que sufren impagos son pequeños propietarios y no grandes tenedores, y citó datos municipales que apuntan a 184 viviendas ocupadas en 2024 y 113 en 2025 en Córdoba, asegurando que existen usos “torticeros” de la moratoria.

El portavoz popular defendió la gestión del gobierno municipal, destacando el incremento de las ayudas al alquiler para personas vulnerables, que —según indicó— se han multiplicado por seis, pasando de 254.000 euros en 2018 a 1.227.000 euros en 2025.

En su turno final de réplica, Juan Hidalgo insistió en que el voto en contra del PP suponía, a su juicio, “alinearse con los fondos buitre” y mostraba “indolencia” hacia las familias vulnerables que solo pueden acogerse a la moratoria tras cumplir estrictos requisitos avalados por los servicios sociales y siempre frente a propietarios con diez o más viviendas. Solicitó al menos la abstención del Grupo Popular, al tratarse de una declaración de intenciones para trasladar el debate al Congreso.

Finalmente, el voto contrario del PP tumbó la moción, lo que fue recibido con abucheos por parte del público y con un villancico cantado por la Plataforma Stop Desahucios.

La plataforma 15M-Stop Desahucios Córdoba alerta de que la moratoria antidesahucios para familias vulnerables que expira el próximo 31 de diciembre puede acabar dejando a miles de hogares en una situación de riesgo extremo. La organización recuerda que, a nivel estatal, la moratoria ha evitado casi 60.000 lanzamientos durante los últimos años, convirtiéndose en la última protección efectiva para quienes se encuentran en vulnerabilidad económica y residencial. 

Así, desde 15M-Stop Desahucios estiman que la finalización de la moratoria podría afectar en Córdoba a entre 3.000 y 5.000 familias, atendiendo a la situación habitacional de la provincia y a los datos disponibles sobre desahucios y vulnerabilidad residencial. “Esto significa que, si la moratoria cae el 31 de diciembre, miles de familias vulnerables en Córdoba (muchas con menores, mujeres monomarentales, personas mayores o dependientes) quedarán expuestas a un desalojo inmediato sin alternativa habitacional”, advierten.

Desde 15M-Stop Desahucios Córdoba han señalado desde hace años las limitaciones de la moratoria, que, a su juicio, “no cubre a todas las familias que deberían estar protegidas, no garantiza alternativas habitacionales reales y depende de prórrogas temporales y no de un marco estable de derechos”.

Sin embargo, reconocen que, pese a sus insuficiencias, la moratoria ha evitado decenas de miles de desahucios y es hoy el último dique de contención frente a una emergencia habitacional que sigue creciendo. 

Por ello, la plataforma exige al Gobierno y al conjunto de grupos parlamentarios una prórroga urgente antes del 31 de diciembre, así como que amplíen su cobertura para que ningún hogar vulnerable quede excluido, se garanticen alternativas habitacionales dignas y no soluciones temporales inestables y transformen esta medida excepcional en un mecanismo permanente de protección, que impida desahuciar a familias vulnerables sin realojo seguro. 

“Recordamos que la vivienda es un derecho fundamental, no una mercancía al servicio de fondos buitre, grandes tenedores o intereses especulativos”, insisten, antes de advertir de que “si la moratoria no se prorroga, volveremos a estar en las calles, en los juzgados y en las puertas de las viviendas, defendiendo a las familias como llevamos más de una década haciendo”.

Toñi Morales, una trabajadora jubilada de 67 años y activista de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde hace más de una década, ha asistido este lunes a la vista que la ejecución hipotecaria que el fondo buitre Promontoria Lezama por impago del alquiler. Durante la sesión en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, su abogado se ha puesto a la ejecución alegando que se trata de una cosa juzgada dado que un juzgado de lo Mercantil de la capital ya decretó en 2018 que el contrato estaba “plagado” de cláusulas abusivas.

Minutos antes de la celebración de la vista, Toñi ha contado su caso arropada por los miembros de la plataforma. El crédito hipotecario estaba “plagado de cláusulas abusivas”. Tras conseguir una sentencia a su favor en 2018 que declaró el préstamo como improcedente, el banco “vendió la deuda a fondos, una práctica común entre las entidades financieras”.

El fondo Promontoria Lezama es el actual propietario del crédito. Blázquez ha explicado que “Promontoria Lezama opera bajo la órbita de un fondo mayor llamado Cerberus”, el cual está “controlado, pues por la gente más poderosa del mundo, incluyendo personas vinculadas al entorno del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump”.

Sobre la cantidad que Toñi adeuda, ni en sala ni en las declaraciones se ha dado a conocer. La abogada del fondo buitre sí ha establecido que el impago es de “185 cuotas”, pero tampco ha especificado las cantidades. En base a ello, el portavoz de la plataforma ha explicado que “el fondo buitre ni siquiera puede estimar claramente cuál es la deuda. Si esta no puede ser cuantificada de forma precisa, no puede ser reclamada. La expectativa tanto de la plataforma como de Toñi es que la jueza estime que el procedimiento no es procedente porque la cuestión ya fue juzgada, y que el préstamo sobre el que se basa la ejecución es improcedente.

Oposición a la ejecución hipoteca

El abogado de Toñi Morales ha comenzado la vista señalando que se ratificaba íntegramente en su escrito de conclusiones. Ha recordado que las causas de oposición presentadas -“cosa juzgada, existencia de cláusulas abusivas de carácter ejecutivo y falta de legitimación activa del fondo”- ya habían sido objeto de valoración judicial en un procedimiento ordinario previo. En aquel proceso, el banco no recurrió, adquiriendo firmeza la sentencia.

El letrado ha subrayado que dicha sentencia declaró la improcedencia del préstamo y, por tanto, resulta plenamente vinculante en este procedimiento de ejecución. Además, ha afirmado “que no puede pretenderse una nueva ejecución hipotecaria basada en un crédito que ya fue objeto de enjuiciamiento y resolución firme”, pues ello supondría volver a juzgar la misma cuestión.

Por su parte, la abogada de Promotoria Lezama, en relación con la alegación de cosa juzgada, afirmó que el procedimiento previo ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba se refería “exclusivamente al préstamo inicial suscrito entre la demandada y el banco”, pero que aquella resolución, “aunque declara la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, no acuerda la cancelación ni la nulidad total del préstamo, por lo que no tendría efectos sobre la presente ejecución”. A su juicio, este procedimiento se circunscribe “únicamente a la ejecución hipotecaria, y solo podrían valorarse las cláusulas directamente relacionadas con dicha ejecución”.

La letrada ha sostenido, además, que su mandante “no participó en el momento inicial de constitución del préstamo, y que en esta ejecución no se han ampliado reclamaciones relativas a intereses de demora, cláusula suelo o gastos, sino únicamente las cuotas impagadas, junto con los intereses de demora legalmente exigibles”. Finalmente, respecto a la falta de legitimación activa, ha afirmado que esta cuestión ya ha sido analizada previamente por el juzgado, y que la titularidad del crédito se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba, por lo que el fondo estaría legitimado para reclamar las 185 cuotas impagadas

El origen del crédito

Toñi, que vive en el Sector Sur ha relatado que su necesidad de buscar una vivienda y pedir el crédito surgió alrededor de 2007 o 2008 tras un divorcio “traumático”, pues tuvo que vender su vivienda anterior para repartir los bienes. En ese momento, no estaba trabajando. Buscó ayuda en una empleada de banca que conocía. Toñi le comentó que quería buscar una vivienda para ella y sus hijos. La empleada, “supuestamente amiga”, le dijo que no se preocupara y que le ayudaría.

Esta mujer ha revelado que, para conseguir la hipoteca, esta empleada “me hizo un papel falso” en el que se declaraba que “yo trabajaba en su casa, lo cual no era cierto. La dirigió a otro banco donde la directora era amiga suya, asegurándole que me darían la hipoteca y que todo estaría bien”. Mientras Toñi tuvo el dinero de la venta de su anterior casa, estuvo pagando. “En el momento que se acabó, no pude”. Posteriormente, intentó llevar dinero directamente al director del banco, quien le daba un “papelito de recibo”. No obstante, ella afirma que “ese dinero había desaparecido” y no apareció en ninguna cuenta ni se descontó de la deuda.

Tras su divorcio, consiguió un empleo en una residencia y posteriormente ha estado trabajando en la ayuda a domicilio hasta que se jubiló.

Desaparición de la cuenta

Tras la sentencia de 2018 que declaró el crédito improcedente, Toñi acudió al banco con el fallo. Allí le informaron que la cuenta “había desaparecido” y que su deuda se había vendido a un fondo, pero no pudieron decirle “ni dónde ni cómo”. Durante al menos tres años, nadie se puso en contacto con ella. Luego, ha asegurado, comenzaron a llegarle cartas y llamadas telefónicas amenazantes. La mujer ha explicado que hasta fue “a Madrid” para hablar con este fondo, “pero fue imposible; aquello estaba acorazado”.

La plataforma confía en que el auto sea favorable a los planteamientos de Toñi. Si, por el contrario, el fallo judicial favoreciese al fondo buitre, el siguiente paso sería solicitar medidas de protección, como un alquiler social. No obstante, el objetivo primordial es que no tengan que llegar a ese punto.

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que la falta de políticas municipales de vivienda está dejando sin apoyo a familias vulnerables en Córdoba y han puesto sobre alerta un posible nuevo caso con una vecina del Sector Sur. Los socialistas consideran que esta situación vuelve a evidenciar la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno local del Partido Popular para garantizar el derecho a una vivienda digna.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha subrayado que “la política de vivienda del Partido Popular en Córdoba es un fracaso absoluto”, y ha lamentado que el Ayuntamiento continúe sin desplegar mecanismos de mediación y protección que deberían activarse ante cualquier riesgo de pérdida de vivienda. “La ciudadanía no puede afrontar sola procedimientos judiciales complejos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, ha criticado.

Ortiz ha recordado que la Oficina Municipal de la Vivienda es precisamente el instrumento que debería estar funcionando para asistir, informar, proteger y defender a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda frente a fondos buitre y especuladores que sólo buscan rentabilizar la vivienda como un activo económico. “Es un compromiso incumplido mientras crecen los casos de vulnerabilidad habitacional”, ha señalado.

Ortiz ha reclamado la puesta en marcha inmediata de dicha Oficina, dotada de personal especializado capaz de ofrecer asesoramiento jurídico, mediar con grandes tenedores y activar recursos de emergencia antes de que las familias lleguen a situaciones límite. Asimismo, el grupo socialista exige reactivar un protocolo municipal antidesahucios que integre a Servicios Sociales, Policía Local y Vimcorsa, con capacidad real de actuación preventiva.

En este sentido, el edil ha lamentado que Vimcorsa se desentienda de las dificultades que tienen las familias cordobesas para acceder a una vivienda digna y ha defendido que la empresa pública debe recuperar su papel como operador de vivienda social. Entre las medidas urgentes que propone destacan el impulso de alquileres sociales puente, la compra pública de viviendas afectadas por ejecuciones abusivas, la mediación activa con grandes tenedores y la creación de una bolsa municipal de viviendas asequibles, especialmente dirigida a personas mayores con ingresos reducidos. “Vimcorsa debe volver a ser una herramienta útil para quien más lo necesita y no una oficina paralizada sin políticas reales”, ha dicho.

El concejal socialista ha concluido que la situación que viven muchas familias del Sector Sur “no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática creciente ante la que el Ayuntamiento no puede seguir sin reaccionar”. Para Ortiz, la responsabilidad institucional es clara: “Cuando una familia cordobesa se ve amenazada por perder su vivienda, la respuesta no puede ser el silencio. Exigimos al alcalde que actúe ya y que garantice que ninguna persona en Córdoba vuelva a enfrentarse sola a una situación tan injusta”.

Toñi Morales, una vecina del Sector Sur de Córdoba de 67 años, se enfrentará el próximo lunes a un juicio contra el fondo buitre Promontoria Lezama, que podría culminar en su desahucio, pese a haber vivido toda su vida en la misma vivienda. La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba ha anunciado que la acompañará y apoyará durante el proceso.

Según ha comunicado la asociación, el fondo buitre compró la deuda que originalmente estaba en manos de CajaSur y ahora reclama la ejecución de la vivienda. Toñi, jubilada y con ingresos limitados, no dispone de alternativas habitacionales, por lo que un posible desalojo supondría un grave riesgo para su situación económica y personal.

Según la plataforma, Toñi sufre esta amenaza desde 2008 y el acoso se intensificó en 2009 con llamadas diarias, cartas y amenazas directas. “Le llegaron a decir —literalmente— que ”se tirara por el balcón. Hasta diez llamadas al día formaron parte de un acoso sistemático para expulsarla de su hogar“, ha asegurado la asociación. Aunque las llamadas cesaron en diciembre del año pasado, el fondo presentó ahora la denuncia judicial para ejecutar el desahucio.

El préstamo hipotecario que el fondo buitre pretende ejecutar ya fue declarado abusivo por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, que anuló la cláusula suelo y otras condiciones, lo que impide reabrir un caso ya resuelto. La plataforma denuncia que este intento constituye un “ataque directo a la seguridad jurídica y a los derechos de la ciudadanía”.

La asociación asegura que este no es un caso aislado y exige el archivo de la ejecución hipotecaria y el fin del acoso.

La de Paca Blanco es la historia de la España en blanco y negro. Su biografía está plagada de reformatorios, fugas, palizas y coraje. Mucho coraje. Es dueña de una vida trepidante. Agreste. Indómita. Fue una de las miles de mujeres secuestradas por el régimen de Franco para ahormarlas como buenas católicas. Sumisas y obedientes. Pero sobrevivió a la persecución y el sometimiento. Y emergió como ecologista comprometida, activista antinuclear y okupa ingobernable.

Acaba de publicar sus memorias. Pura dinamita para acomodaticios. Y ha hecho escala en Córdoba para presentarlas en el Rey Heredia. Aparece en los Jardines de Orive apoyada en un andador junto a Pepa Bonilla. Cabello violeta, camiseta de Stop Desahucios y, cómo no, pañuelo palestino. Es pura energía. “Nací en 1949 en la Calle de la Paloma en Madrid. Tiraron casi todo el barrio para hacer una avenida y me mandaron a San Cristóbal de los Ángeles. Allí pasé mi adolescencia problemática”.

PREGUNTA. ¿Problemática por qué?

RESPUESTA. Porque era un barrio periférico y soy una barriobajera. Me he criado ahí. ¿Y qué quiere que le diga? Me ha marcado el barrio.

Las monjas intentaron quitarme a mi niña para dársela a una buena familia

P. ¿Qué es ser una barriobajera?

R. Ser una barriobajera es vivir en la calle. Tener amigos de todo tipo. No juzgar a la gente ni por su condición, ni por su dinero, ni por nada. Era un barrio pobre, obrero, trabajador, con mucha delincuencia. Y tratas a todo el mundo igual.

P. ¿Qué se aprende en un barrio pobre?

R. A vivir. Es una universidad. Yo no pude ir a la universidad, pero tengo la universidad de la calle. Por eso digo que soy barriobajera y con mucho orgullo.

P. Su padre era preso político republicano.

R. Era rojo.

P. Ya empezamos torcidos.

R. Claro. A ver, ¿qué quiere?

P. ¿Y cuál era la historia de su padre?

R. Tenía la pena de muerte en Cuelgamuros. Y le conmutaron la pena por varias razones. Una es que mi madre trabajaba en una sastrería de fascistas. Y como estaba en la sastrería horas interminables y además limpiaba, fregaba y le cuidaba al niño, pues le tenían mucho cariño a la pobre mujer. Y entonces deciden ayudarla con un novio rojo al que van a matar. Mi padre era ebanista y barnizador. Y entonces había que restaurar Madrid. Lo sacan de Cuelgamuros y lo llevan a un campo de trabajo en el centro donde tiene que trabajar ocho horas para el Estado y otras ocho para su casa.

P. O sea: cuando usted abre los ojos ya estaba en una familia de perdedores.

R. Yo vivo en una buhardilla del Madrid antiguo. En una habitación duermen mis abuelos, en otra mis padres y en una cama mueble del comedor duermo yo. Ahí me crié. En una corrala del Madrid castizo. Eso sí: no me ha faltado de nada. Yo era la hija de un señor que estaba preso y sus hermanas lo tenían en palmitas.

P. Y la llevaron a Alemania.

R. Me voy a Alemania porque mi madre dice que no puede conmigo y me manda con unos tíos que estaban allí de emigrantes.

P. ¿Con cuántos años?

R. Con 16. Tuve mucha suerte porque era pelirroja con pecas. Los alemanes no me tenían por española. Iba a la discoteca y donde me daba la gana. Y daba el pego hasta que abría la boca. Me fue muy bien. Tengo un carácter abierto y he sido muy libertaria de siempre. Para mí, Alemania estaba mucho más avanzada que Madrid.

P. Volvió de Alemania y la metieron en el Patronato de Protección a la Mujer.

R. Volví y estuve unos meses en casa. A mí me pilla una Transición política sangrienta, una revolución musical de la hostia y todas las hormonas revueltas. Y pretendían hacer de las chicas de aquella época mujeres como Dios manda: sumisas y católicas. Y no éramos así ya. En los sesenta, la mayoría estábamos viviendo algo que estaba por llegar.

A las lesbianas les daban electroshock para curarlas

P. ¿Y quién la mete en el reformatorio?

R. Mi familia. Fallece mi padre y empiezo con la adolescencia. Vivo en San Cristóbal de los Ángeles y acudo a las huelgas, las manifestaciones y todo lo que se empieza a mover políticamente. Ya tenía unas ideas que me venían de antiguo. Esperaba en la carretera de Andalucía a los obreros de Marconi, de Telefunken, de la Standard y armábamos unas huelgas cojonudas reclamando derechos. Entonces, las mujeres de mi familia consideraron que yendo a manifestaciones por el día y a bailar con minifalda por las tardes yo no tengo solución. Me tienen que reformar no vaya a ser que termine en la cárcel como mi padre. Y casi me meten porque acabé con la Ley de Vagos y Maleantes.

P. Y entra en el año 67 en el reformatorio.

R. Sí. Me pilló todo de sorpresa. Yo soy atea, como mi padre, y cuando vi lo que había allí dentro, miré por todos los sitios a ver por dónde me podía marchar. Era mi obsesión. De todos los sitios donde me han metido me he escapado.

P. La llevaron a las Adoratrices.

R. Adoratrices fue después. Primero me llevaron a un reformatorio que hay en Collado Villalba en Madrid. Después descubrí que era un reformatorio de castigo con unas monjas italianas. Nos sometían a castigos físicos enormes. Nos cortaban el pelo, nos metían en celdas de castigo, nos dejaban sin cartas, sin visitas y sin comer a chicas de 16 años que no habíamos cometido ningún delito. Estábamos presas solo porque había que hacer de nosotras mujeres del régimen y devotas.

P. Buenas católicas.

R. Exactamente.

P. Y se fugó.

R. Yo me he fugado de todos los sitios donde he estado. De todos. No he parado en ninguno. Luego estuve en las Adoratrices, que no eran tan violentas como las de Villalba, pero eran sibilinas. Una lavada de cerebro desde que amanecía el día hasta que te acostabas. Y por la noche hacías guardia en la capilla con un angelote que tenían allí con una antorcha. Adoratrices significaba adoración. Y teníamos que adorar a quien fuera de día y de noche.

Me llevaron a las Adoratrices de Zamora, donde hacía un frío que pelaba. Nos levantaban rezando y nos acostaban rezando. Te encontrabas con una amiga por el pasillo y no le podías decir “hola, Mari Pili”. Le tenías que decir “bendito sea el santísimo sacramento del altar”. Y te contestaba: “Bendito sea por siempre y adorado”. Eso es todo lo que podíamos hablar entre nosotras. Así que cuando todas las monjas estaban dormidas nos íbamos a las pilas de lavar y allí, heladitas de frío, hablábamos. Te podían castigar sin desayunar, sin comer o sin lo que fuera por estar allí hablando. O te podían considerar lesbiana y te llevaban a Ciempozuelos.

P. Que era peor.

R. Era el Psiquiátrico. Y allí te daban electroshock porque a las lesbianas había que curarlas.

P. A usted no la llevaron allí.

R. No. No me llevaron allí porque me escapé. Yo me he escapado de todos los sitios donde he estado.

P. Pero, ¿en cuántos reformatorios ha estado?

R. No va por reformatorios. Va por congregaciones. Están las Adoratrices, las Trinitarias, las Coeli de Villalba, las del Buen Pastor, las Esclavas de no sé qué. En Collado Villalba me he llevado 24 chicas en una fuga. No me querían en ninguna congregación y querían aplicarme la Ley de Vagos y Maleantes.

Me he fugado de todos los reformatorios donde me han metido

P. Usted se quedó embarazada.

R. Hombre, claro. De tantas fugas. ¿Qué quiere que le diga? Llega un día y el novio que te ayuda o el chico que te gusta te lleva al huerto. Cuando entramos nos clasifican entre enteras y no enteras. Yo entré entera, pero con el paso de todo este follón, pues ya no estaba entera. Y como estaba viviendo en un sistema donde no había ni condones me quedé embarazada. Una de las veces que me cogieron me llevaron a la maternidad y de ahí me fugué también embarazada de ocho meses. Me dijo la superiora: “Si te vas de aquí ya no vuelves a ningún convento. Vas directamente a la cárcel por vaga y maleante.

P. Y, si no estabas entera, estabas en pecado,

R. Claro. La maternidad de Peñagrande era el horror de los horrores. Las chicas de 14, 15, 16 años embarazadas cuando tenían los dolores de parto las metían en una habitación que solo cabía una cama con un cristo de una dimensión de toda la pared. Y a ese tenías que estar todo el rato diciéndole: “Soy una pecadora y una golfa”. Según las monjas, tenías que pedir perdón para que tu niño viniera bien.

El terror continuaba porque yo escuchaba a las adolescentes madres el miedo que tenían de que los niños se pusieran malitos. Subían a la enfermería y ya no bajaban. A las monjas los niños se le morían. Y yo no me he visto nunca el cadáver de ningún niño. O sea: los daban en adopción, los vendían o trapicheaban con ellos. Y eso era lo que había en Peñagrande. Era el terror de los terrores. Ya no eras tú sola. Eras tú y otra vida que traías. Y había que defender eso con uñas y dientes.

P. Y usted parió en fuga.

R. Sí. Yo parí en fuga. Me fui al equipo quirúrgico, a la calle Montesa de Madrid, donde se paría gratis. Y ahí tuve la niña. También me la intentaron quitar las monjas. Intentaron convencerme de que yo era una fulana. Que la vida que llevaba no se la podía dar a mi hija y que lo mejor era dársela a una buena familia. Pero yo me quedé con mi hija. Y seguí luchando por ella hasta el punto de que la única manera de salir del Patronato era meterte a monja o casarte.

P. No la volvieron a ingresar.

R. No. Tengo un tío que era del Partido Comunista y dio un puñetazo a la mesa. Dijo: “Hasta aquí hemos llegado. A ver si por querer reformarla la vais a meter vosotras en la cárcel. O le damos una oportunidad o la echamos a la calle, pero se acabó reformatorios y todo este rollo”. Y me fui a mi casa con mi madre.

P. ¿Cuántos años tenía?

R. Dieciocho. ¿Qué pasó? Pues que la policía del Patronato no dejaba de atosigarme y de estar todos los días en mi casa con la única intención de llevarse a la niña. Hice lo que hacíamos la mayoría de nosotras: buscar un marido rápidamente y casarnos porque era la forma de salir de ese infierno.

P. El padre de la niña desapareció.

R. Desapareció en combate. Era un novio que estaba haciendo la mili en Alcalá de Henares. Con él me quedé preñada y punto. Yo no me quería nada con él y creo que él tampoco conmigo. Y entonces me buscaron un marido en el barrio, donde había mucho delincuente. El hombre que buscaron acababa de salir del penal de Ocaña. Era un atracador de bancos. Yo dije: “A este le viene bien casarse y a mí también”. Y llegamos a un acuerdo. Lo que no contaba yo es que el tío se enamorara.

P. Era un matrimonio de conveniencia.

R. Sí, pero luego no salió así.

P. Le gustaste.

R. Le gusté.

El capitalismo es el que nos está jodiendo la vida

P. ¿Y qué pasó?

R. Pues como todos los tíos: te gusta una mujer por lo libre y lo valiente e intentas cambiarla. ¿Y cómo la cambio? Pues le hago otras dos niñas, le ato la pata a la cama y le meto una paliza de vez en cuando.

P. ¿Qué me dice?

R. Pues sí. Me casé con un maltratador. Tuve con él dos niñas seguidas y luego un niño.

P. Y se libró del Patronato.

R. No me libré de él, pero me libré del Patronato. Hay que recordar que la presidenta del Patronato era la mujer de Franco. Y la secretaria Pilar Primo de Rivera.

P. Una buena junta directiva.

R. Una junta directiva buena. Sí.

P. Y usted se separó.

R. No. Hice como en los reformatorios. Cogí a mis hijos y desaparecí.

P. Se fugó otra vez.

R. Me he fugado siempre.

P. ¿Y se fue con sus hijos?

R. Eso sí. Mis hijos conmigo. Son míos.

P. ¿Y qué le dijo el marido?

R. No estaba en ese momento. Sí sé que estuvo buscándome. Tuve que cambiar de ciudad a menudo porque venía a matarme. Era un delincuente común y una persona violenta. Lo decía a boca llena. Si me cogía me metía seis tiros en la cabeza. Él era más bruto, pero yo era más lista. Me he tenido que cambiar muchas veces de sitio hasta que se murió.

Hay 10.000 toneladas de residuos radiactivos que dejamos a las futuras generaciones

P. ¿No tenía miedo?

R. Miedo siempre tengo. Pero no puedes vivir con miedo. Tienes que afrontarlo. Si te quedas en casa con la cabeza tapada no vives.

P. Ha tenido usted una vida de película.

R. Pues que venga Netflix y me haga una serie.

P. Decenas de miles de mujeres como usted fueron secuestradas en el Patronato para reeducarlas conforme a la moral católica. ¿Tenemos una deuda con todas esas mujeres?

R. Tenemos una deuda con todas nosotras. Ha estado oculto. Y el Patronato ha estado funcionando hasta el año 85. O sea, con dos partidos en democracia, uno de ellos el PSOE. Y eso hay que saberlo. Por eso ahora el PSOE nos va a reconocer como víctimas de la dictadura franquista y nos va a meter en la memoria histórica.

P. Paca Blanco La Brava. ¿Se reconoce en este apodo?

R. Me lo llamaban en el barrio de jovencilla. Yo me meto en la asociación de vecinos, me tomo cañas con los delincuentes y pego carteles. O sea, estoy en la calle todo el día. Y me llamaban La Brava porque parecía que tenía menos miedo que las demás. Y si lo tenía, no se me notaba.

P. Usted ha sido una superviviente.

R. Soy una superviviente.

P. Lo sigue siendo.

R. Lo sigo siendo.

P. He leído sobre usted: “Se ha metido en todos los charcos”.

R. En todos los que puedo.

P. ¿Y qué busca en los charcos?

R. Justicia. Yo llamo los charcos a que tú vas andando por la vida y, de repente, no tienes un techo. Soy okupa.

P. Ha sido okupa también.

R. Me han puesto el título de okupa y lo llevo con mucho orgullo.

Pepe Larios ha sido un referente que ha sabido explicarnos las cosas

P. ¿Y qué ha ocupado?

R. Pues no he ocupado nada. La verdad es que me han puesto un título que no me lo merezco, pero lo llevo con orgullo. Yo viví en un pueblo de Extremadura y, por defender lo que es de todos y denunciar una urbanización en un espacio protegido, me tiran hasta cócteles molotov dentro de mi vivienda. Casi muero como Juana de Arco.

P. Los charcos la han ido persiguiendo.

R. Me han ido persiguiendo. Pues mire: cada vez que intento ser como Dios manda, meto la pata.

P. ¿Y usted quiere ser como Dios manda?

R. En ese pueblo yo fui a vivir con gente sana del campo y a envejecer feliz con mi marido. Y fíjese la que me busqué.

P. No la dejaron.

R. No me dejaron.

P. ¿Quien no se mancha de barro no tiene corazón?

R. Exacto. Como dicen en Madrid, para coger peces hay que mojarse el culo.

P. Usted ha sido y sigue siendo militante de base. ¿El verdadero compromiso empieza por la base?

R. Claro. Yo siempre he tenido unas ideas y las defiendo a muerte. Y he querido vivir de acuerdo a como yo pienso. Eso me ha traído muy malas consecuencias y también muy buenas. Ser como soy me ha traído muchos problemas, pero también estoy rodeada de una gente maravillosa que no te la encuentras por la calle. Te la encuentras en los charcos donde me meto.

P. ¿Cómo descubrió el ecologismo?

R. Yo descubro el ecologismo en un ateneo libertario en Madrid y gracias a Ladislao Martínez, que ya no está entre nosotros. Y creía que yo era un diamante en bruto y que limándome un poco podía hacer un buen papel dentro del medio ambiente. Y me voy dando cuenta de que en ese mundillo hacen falta intelectuales y también esa base de la calle. Todavía sigo luchando con eso. Y les digo a mis compañeros: “Ese lenguaje que tenéis no es para la calle”. Y a los de la calle les digo: “Así no vamos a ningún sitio”. Si queremos una casa, hay que salvar primero la común, el planeta, y luego reclamar.

P. O sea: usted es un eslabón entre los intelectuales y la gente de la calle.

R. Lo intento por lo menos.

P. Fue fundadora de Ecologistas de Acción.

R. En Extremadura. Y con más gente. No sola.

P. ¿La lucha obrera está antes que la lucha verde?

R. Está en el mismo nivel. Yo soy ecologista y anticapitalista. Antes de ayer tuve una bronca con uno de Ecologistas en Acción que hablaba mal de las placas solares. Y yo le dije: “¿Qué coño te han hecho a ti las placas? Cuando hables mal de las placas solares, lo primero que tienes que hacer es hablar mal del que las pone. Cuando hables mal del oligopolio eléctrico y de los capitalistas y de los fondos de inversión, dices lo que quieras, pero no puedes hablar mal de las placas sin hablar mal de estos antes”. Las placas no se meten con nadie. No hay derecho a que se sacrifiquen unos territorios para alumbrar a otros. Por ejemplo, Madrid. Que la alumbra tres reactores nucleares. No hay derecho. Madrid puede tener comunidades energéticas y placas en los tejados. Puede tener mogollón de historias que los fachas de la Comunidad y del Ayuntamiento no van a hacer.

El hombre que buscaron para casarme era un atracador de bancos

P. ¿Por qué hay que acabar con el capitalismo?

R. Porque es el que nos está jodiendo la vida. Así de claro. El capitalismo explota tanto en la agricultura como en la ganadería. Son explotaciones para ganar dinero. Es un negocio. No miran la tierra, ni el agua, ni el aire. Le importa una mierda todo. Solo quieren dinero, dinero, dinero.

P. ¿Usted sigue siendo un diamante en bruto o ya está pulida?

R. Yo creo que me he pulido mucho, pero me apetece seguir siendo yo.

P. ¿Nuclear. No, gracias?

R. Nuclear no. Ni con gracias ni sin ella. Con la nuclear ahora mismo hay una propaganda para confundir a la gente. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo: el oligopolio eléctrico, que son las propietarias de las centrales nucleares, generan una basura. Tú y yo para sacar la basura a la calle tenemos que pagar un impuesto al Ayuntamiento. En las centrales nucleares no. Las centrales nucleares van acumulando en la puerta residuos radioactivos de alta que duran activos miles de años. Y no hay ningún camión que se lleve la basura. De momento hay 10.000 toneladas de residuos que dejamos a las futuras generaciones y no sabemos qué hacer con ella.

P. La Unión Europea ha declarado la energía nuclear verde.

R. Como si la pinta de rosa. Los gobiernos europeos han invertido un dinero en centrales nucleares. Sobre todo Francia, que tiene 56. España las tiene amortizadas y Francia no. Vamos a ver qué hacen con los residuos, porque si tenemos 10.000 toneladas en España, ¿qué tiene Francia?

P. ¿Y qué vamos a hacer con esos residuos?

R. Eso pregunto yo: ¿qué vamos a hacer con los residuos? Yo tengo una propuesta.

P. ¿Cuál?

R. La mía es agresiva y con muy mala leche. Yo quiero que el cementerio nuclear en profundidad, donde se alojen todos los residuos de alta radiactividad, vaya a Madrid.

P. ¿Por qué?

R. Pues porque Madrid está generando esos residuos y no está atendiendo a poner renovables para evitarlo. Por lo tanto, como no está haciendo los deberes, por lo menos que se lleve lo que ha generado.

P. ¿Las energía renovables han ganado la partida?

R. Por supuesto. Es el futuro. De momento, no tenemos otro. No sé si con el tiempo se inventará otra cosa.

P. Donald Trump quiere volver al carbón y al petróleo.

R. Pero es que Donald Trump es un psicópata. Nos están gobernando viejos seniles psicópatas. ¿No se ha dado cuenta? Si hacemos caso a las tonterías de estos viejos seniles psicópatas estamos perdidos. No saben ni lo que dicen. No sé cómo les han votado.

P. ¿Qué le debemos a Pepe Larios?

R. Yo le debo mucho. Y el medio ambiente también. Nos ha enseñado muchísimo. He estado con Pepe Larios en muchos charcos. Y en todos los charcos ha sido un referente que ha sabido explicarnos las cosas. Nos ha dado una conferencia, una charla, un taller y nos ha explicado los pros y los contras de todo. Todos estos grandes que ya no tenemos han sido mis maestros y los echo muchísimo de menos.

He sido una barriobajera y con mucho orgullo

P. ¿Hay relevo para ellos?

R. Sí. Yo estoy en la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción en Madrid. Y ha entrado una cantidad de gente joven que estoy flipando. Son chicos que vienen preparadísimos. Quizás no tengan esa base anticapitalista y rebelde de la calle, pero yo se la estoy metiendo. Los meto en todos los charcos conmigo.

P. ¿De qué es símbolo el Algarrobico?

R. Del capitalismo. De una depredación total que se ha cargado el litoral y que ahora viene a por el interior. Esto no se puede consentir. El Algarrobico había que derruirlo y al Marina de Valdecañas también.

P. ¿La batalla de Valdecañas está ganada?

R. Acaba de salir una sentencia del Constitucional que dice por unanimidad que hay que derribar Valdecañas.

P. También hay una sentencia pidiendo el derribo del Algarrobico y ahí está.

R. Vamos ganando sentencias. A mí me va a pillar muy mayor para ir con un pico y una pala. Y lo mismo que estamos saliendo a la calle por Palestina, un día habrá que salir con pico y pala para tirar aunque sea un cacho.

P. ¿No siempre ganan los poderosos?

R. No siempre ganan. A veces pierden. En Extremadura tenemos una batalla ganada que siempre la pongo como ejemplo. Querían ponernos una refinería de petróleo y la tumbamos con lucha todos los días en la puñetera calle.

P. Usted sigue siendo optimista.

R. ¿No se me nota?

P. ¿Qué batalla le queda por dar?

R. Esta del Patronato no contaba con ella. La asociación Las Desterradas Hijas de Eva me llamaron: “Oye, que tenemos una asociación de supervivientes. ¿Te quieres meter?”. Y dije: “Venga, otro charco”.

P. ¿La vida de Paca Blanco cabe en un libro?

R. No. Se murió mi marido de cáncer y me fui a una caravana que tengo debajo de un árbol en Extremadura a lamerme mis heridas. Y empecé a escribir. Llevaba escritos tres libros de batallas y una amiga y compañera que sabe lo que se hace, Yayo Herrero, me dijo: “¿Dónde vas con la pelea, pelea, pelea?”. Que esto no es un libro de peleas. Es una autobiografía. Y tienes que contar más cosas tuyas“. Entonces me fue quitando peleas del libro, aunque algunas salen.

Me mudé de ciudad a menudo porque mi ex marido venía a matarme

P. ¿Y se ha curado ya de las heridas?

R. He conseguido superarlo. Llevábamos 40 años de novios y nos casamos porque se moría. Me hicieron los ecologistas hasta pancartas que decían: “Vuestro amor dura más que el permiso de Almaraz”. Y lo pasamos muy bien. La cuestión era hacerlo feliz y creo que lo he intentado.

P. O sea: al final ha sentado la cabeza.

R. No. No he sentado la cabeza. He sentado el culo. La cabeza no se sienta hasta que no se mueren los pájaros. Y mis pájaros yo los oigo todavía.

Durante el primer trimestre de 2025, que comprende los días transcurridos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la provincia de Córdoba registró 52 desahucios o lanzamientos. Este dato la sitúa como la segunda provincia de Andalucía con un número menor de lanzamientos en ese periodo.

Así, en la lista que recoge todos los desahucios producidos en Andalucía durante el primer trimestre del año, Málaga se sitúa a la cabeza con un total de 340 desahucios, seguida por Sevilla (225), Almería (153), Cádiz, (137), Granada (114), Huelva (62), Córdoba (52) y Jaén (42).

Málaga también lidera la cifra de lanzamientos derivados de la LAU, con un total de 282. Le sigue Sevilla, con 152, Almería con 103, Cádiz con 102, Granada con 70, Huelva con 40, Córdoba con 32 y, por último, Jaén con 26. Estas cifras demuestran un crecimiento del 16,8% de los desahucios provocados por la LAU en Andalucía con respecto al primer trimestre del 2024.

En relación a los lanzamientos debidos a las ejecuciones hipotecarias, Sevilla se coloca en el primer puesto con 46 desahucios, seguida por Málaga con 44, Almería con 42, Granada con 31, Cádiz con 27, Huelva con 19, Córdoba con 16 y Jaén con 15. Comparando estos datos con los del primer cuatrimestre de 2024, esta clase de desahucios han descendido un 15,5%.

En cuanto a los desahucios producidos por otras causas, Sevilla vuele a capitanear la lista con un total de 27, sucedida por Málaga con catorce, Granada con trece, Almería y Cádiz con ocho cada una, Córdoba con cuatro, Huelva con tres y Jaén con uno.

En el conjunto de Andalucía se registraron un total de 1.125 desahucios o lanzamientos, lo que sitúa a la comunidad en el segundo puesto del ranking nacional. Cataluña lidera la clasificación, con una cifra que alcanza los 2.069 desalojos, mientras que el tercer puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 794.

Según los datos consultados por Europa Press en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayor parte de los lanzamientos producidos en la comunidad fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 807. Otros 240 derivaron directamente de las ejecuciones hipotecarias, y los 78 restantes se debieron a otras causas.

De este modo, se comprueba que Andalucía ha visto incrementada su cifra de desahucios en un 4,6% con respecto al primer trimestre de 2024. De otra manera, este primer trimestre de 2025 se han practicado 12,8 lanzamientos por cada 100.000 habitantes.

Andalucía es la comunidad que más solicitudes registra

En el primer trimestre de 2025 Andalucía recibió un total de 1.463 solicitudes de ejecuciones hipotecarias, tan solo cinco más que durante el mismo periodo del año anterior.

La provincia de Sevilla ha sido la que más solicitudes ha presentado, 287, seguida de Málaga con 272, Cádiz con 207, Almería con 193, Granada con 172, Córdoba con 129, Huelva con 113 y Jaén con 90. Estas cifras señalan un aumento de las solicitudes presentadas del 0,3% en cuanto al primer trimestre del 2024.

Además, la comunidad alcanza el primer puesto del ranking, con las 1.463 solicitudes ya mencionadas. Cataluña se sitúa en la segunda posición con 1.226 peticiones, y le sucede la Comunidad Valenciana con un total de 762.

De este manera, el CGPJ ha señalado que se han producido 16,6 solicitudes de desahucios por cada 100.000 habitantes en la comunidad andaluza.