La Sección número dos de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado una querella de un grupo de negacionistas de las vacunas contra la Covid 19 formulada contra las tres grandes farmacéuticas que desarrollaron el producto: Pfizer, Moderna y Astrazeneca,. La demanda ha sido interpuesta por la asociación Salud y Justicia, que se organizó en Córdoba justo después de la pandemia con el objetivo de denunciar todas las medidas sanitarias que se aplicaron.

Salud y Justicia ya denunció a prácticamente toda la Junta de Andalucía y su equipo de la Consejería de Salud (incluido el gabinete de prensa), con acusaciones como que manipulaban el ADN de las personas con las vacunas,. Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba archivó la demanda acusando al colectivo de no haber presentado “el más mínimo indicio” delictivo, y con fuertes críticas a los argumentos usados.

Ahora, el caso ha llegado hasta la Audiencia Nacional, donde la asociación presentó una querella, que se archivó y contra la que activó un recurso, que ahora también se tumba,. Nuevamente, los abogados de esta asociación han presentado argumentos contra la ciencia y contra las empresas farmacéuticas.

Un catálogo de acusaciones sin base científica

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la asociación reiteró que las vacunas son en realidad una “bio-arma” genotóxica que se presenta engañosamente al público. Entre sus alegatos más extremos, afirmaban que el producto causa la muerte en el 74 % de los casos de inoculados y provoca enfermedades como parálisis, trombos, cáncer e infertilidad. Sin embargo, el tribunal ha ratificado la inadmisión de la querella al considerar que los hechos denunciados carecen de ilicitud penal y no presentan indicios objetivos que avalen su realidad.

Uno de los pilares del auto judicial, dictado el 10 de diciembre de 2025, es que los delitos de manipulación de genes humanos (artículo 159 del Código Penal) y de utilización de ingeniería genética para producir armas biológicas (artículo 160) no pueden ser cometidos por personas jurídicas en España. El sistema legal español establece un listado cerrado (numerus clausus) de delitos imputables a empresas, y los tipos penales invocados por Salud y Justicia no se encuentran en dicha lista.

Además, la Audiencia Nacional señaló errores de bulto en la querella, como la mención al artículo 358 del Código Penal, el cual se refiere en realidad al delito de incendio y no tiene relación alguna con la salud pública. El tribunal calificó los intentos de la asociación como una “investigación prospectiva” prohibida por el ordenamiento jurídico, ya que pretendían iniciar un proceso penal basado en meras sospechas y alegaciones genéricas sin aportar principios de prueba.

Intentos fallidos contra los directivos y acusaciones de estafa

En un intento por salvar la demanda, Salud y Justicia solicitó también el procesamiento de los CEOs y Directores Generales de las farmacéuticas entre 2021 y 2024. La Sala rechazó esta pretensión subrayando que en el derecho penal no existe una responsabilidad objetiva por el mero cargo, sino que se requiere describir una conducta concreta dolosa, algo que los querellantes no hicieron. Asimismo, el tribunal recordó que las filiales españolas querelladas no fueron las encargadas de fabricar las vacunas, sino sus empresas matrices.

Finalmente, el tribunal desestimó la acusación de estafa introducida a última hora en el recurso, donde el colectivo alegaba un “engaño bastante” al Estado para la compra de las vacunas,. La Audiencia Nacional concluyó que no se concretó la maniobra engañosa ni se aportaron pruebas de la misma.

Esta resolución sigue la línea de lo ocurrido previamente en los juzgados de Córdoba. Allí, la asociación había acusado a médicos y farmacéuticos de la Junta de Andalucía de tratar a los ciudadanos como “cobayas” en un “experimento de inoculación delictivo”. En aquella ocasión, los denunciantes llegaron a afirmar que la población sufría un programa de “rebaja intelectual” que les impedía comprender la gravedad de la situación. Al igual que ahora la Audiencia Nacional, la jueza de Córdoba determinó que los denunciados eran profesionales que no tenían intervención alguna en la elaboración de las vacunas ni conocimientos de ingeniería genética para realizar las manipulaciones alegadas.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por un ciudadano egipcio, contra la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que ha ordenado su expulsión de España con prohibición de entrada durante diez años.

El procedimiento sancionador se inició en enero de 2023 tras la denuncia de la Comisaría General de Información, que señaló al recurrente por su participación en actividades que “son contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”. La denuncia detallaba que este hombre ha estado implicado en una red de captación y adoctrinamiento de individuos para organizaciones terroristas yihadistas, utilizando centros musulmanes en Madrid y Córdoba.

En relación con la capital cordobesa, la sentencia de la Audiencia Nacional -adelantada por ABC Córdoba- recoge que este ciudadano estaba “ejerciendo en la Mezquita Attawhid de Córdoba”, instalaciones que ha utilizado para impartir clases nocturnas y conferencias con contenido radical. Además, la sentencia explica que este hombre ha mantenido un vínculo laboral con la comunidad local, a través un contrato de trabajo “de la Comunidad Musulmana Centro Islámico de Córdoba de 1 de noviembre de 2022”.

Hacía adroctrinamiento yihadista también en Madrid

Por otro lado, la denuncia policial explica que este hombre ha sido profesor en el Centro Cultural Islámico de Madrid (M-30) y en la Asociación Cultural Musulmana Assalam. Allí, según la Comisaría General de Información, “ha impartido fatuas radicales durante las clases nocturnas” y “ha señalado a los jóvenes los sitios web radicales que debían visitar para continuar con su formación”.

Ante ello, los agentes que intervinieron en la operación de desarticulación de esta red establecieron “una relación directa entre las clases impartidas” por este hombre en Assalam y la “radicalización de algunos jóvenes que luego viajaron a Siria y se unieron a DAESH”. Además, hay vídeos en los que se ve a este ciudadano en los que se le ve en el Centro Assalam con referencias radicales y que estaban disponibles en Internet.

Todo ello llevó a la Comisaría a establecer una vinculación clara entre el hombre y la Brigada Al Ándalus, grupo que fue desarticulado en Madrid, y que este ciudadano “ha mantenido constantes contactos con varios de los detenidos y huidos en la operación, actuación tras la cual se ha procedido a la desarticulación de una estructura que se encontraba establecida en Madrid, autodenominada Brigada Al Ándalus, que desarrollaba labores de captación, radicalización y posterior envío de muyahidines a zonas de conflicto para integrarse en las filas de DAESH”.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, el expulsado de España ha alegado prescripción de los hechos, desproporcionalidad de la sanción, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la ilegalidad de la autorización judicial de su internamiento en el CIE de Valencia. Sin embargo, este órgano jurisdiccional ha considerado que la conducta imputada constituye una “infracción continuada y muy grave”, y que la denuncia de la Comisaría General de Información ha constituido prueba suficiente. La sentencia ha subrayado que este ciudadano ha formado parte de “una estructura consolidada de captación y adoctrinamiento de individuos para organizaciones terroristas yihadistas, a través de una red organizada de imanes distribuidos por diferentes centros musulmanes de Madrid” y que su actividad en Córdoba se ha enmarcado dentro de esa misma red.

La Sala ha concluido que las sanciones de expulsión y prohibición de entrada durante diez años son proporcionales, dada la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad nacional, y ha condenado al recurrente al pago de las costas procesales. La resolución es firme, aunque cabe recurso de casación ante la misma Sala.

Diego camina seis mañanas por semana por la calle Lucano, atraviesa San Pedro, llega a la Ribera y sube hasta las Tendillas. Conoce cada baldosa, cada esquina, porque lleva ocho años vendiendo cupones por esa ruta, la más turística de Córdoba. Los que le compran lo saludan como al cuponero de siempre, pero algunos compradores ocasionales lo miran dos veces, con sorpresa. Se les enciende un recuerdo.

“Oye… ¿tú no eres Petas y Birras?”. “Sí señor, aquí estamos, dando suerte”, responde Diego, que está acostumbrado a posar para los teléfonos con el chaleco reflectante de la ONCE. El turista se marcha feliz y él vuelve a su ruta.

Estas cositas las cuenta Diego con una cerveza por delante, todavía sorprendido de que un periodista de un medio mainstream le llamara con la intención de contar su historia. O sus historias. Porque Diego, el alma del proyecto de Petas y Birras, uno de los grupos punks más inclasificables de Córdoba, tiene unas cuantas batallitas que contar. La más notoria, probablemente, también está enterrada en el olvido.

Es la de aquella vez que subió a Madrid a sentarse en el despacho de un famoso juez en el que colgaba un crucifijo. Según sus recuerdos, era el juez Ismael Moreno, “el mismo que, años después, encarceló varios días a dos titiriteros”. En esos años, Moreno era titular del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. Ya era un juez mediático, pero todavía pasarían algunos años antes de que llenara portadas por acusar de enaltecer el terrorismo en una obra infantil.

El tren hacia Madrid

El caso de aquel cantautor cordobés, sin embargo, no ocupó una sola portada de prensa. Todavía hoy, resulta casi imposible encontrar datos. Sobre todo, porque, aunque los cargos eran similares, para Diego todo quedó en un susto. También porque eran otros tiempos: el año 2011, antes de la fuga de Valtonic, del encarcelamiento de Pablo Hasel o de la aprobación de una Ley Mordaza con la que, probablemente, Diego hoy no habría salido tan indemne.

Hace 14 años, un lunes por la mañana, un punk cordobés canijo y adormilado se subió a un tren con un nudo en el estómago y una carpeta en la mano. No llevaba guitarra, ni cuadernos de canciones, sino papeles judiciales. El tren se deslizaba hacia el norte mientras él repasaba en su cabeza una y otra vez lo que había escrito, lo que había cantado, lo que creía que podían preguntarle. La citación había llegado 72 horas antes. Un viernes. No había tenido tiempo para digerir que lo estaban llamando a declarar por sus letras. Oficialmente, dice él, por “reírse de la Reina Sofía”. Extraoficialmente, resume, “por agitar demasiado” con su música “anarcogrosera”. Sí que había podido -por mediación de la CNT- conseguir un abogado, un letrado que hizo el mismo viaje a Madrid, pero desde Vigo. El señor lo esperaba en Atocha y, en el camino hacia los juzgados, le dio una indicación clara: “Tú contesta, que si no lo haces, te llevan parriba”.

La Audiencia Nacional lo recibió con su arquitectura fría y gris. El juez, un antiguo expolicía durante la dictadura, lo esperaba en un despacho lleno de muebles oscuros, un crucifijo en la pared y una fotografía en la que besaba la mano del Papa Juan Pablo II. La escena parecía sacada de otra época. Diego recuerda el tufo a “franquismo” que inundaba aquel escenario.

Arrancó directo el magistrado, con una fiscal al lado (y de su lado). “¿Usted canta esto?”, “¿Usted lo compuso?”, “¿Y esas frases, que usted canta, de dónde salen y con qué fin las canta?”. Diego hoy recuerda que contestó sin miedo, con dignidad. No negó nada. No pidió clemencia. Sí que se sorprendió de que, al contrario de lo que pensaba, la letra en la que decía “Ley de Extranjería pa la puta Reina Sofía” -incluída en la canción Sofía, Sofea-, no solo le parecía al juez un caso de injurias a la Corona, sino que, cuando salió del despacho, también llevaba aparejado un cargo de enaltecimiento del terrorismo.

En el limbo

“Era una encerrona en toda regla”, reflexiona Diego ahora sobre aquella citación. Él defendió ante el juez -el mismo que ahora investiga el 'Caso Koldo'- que esas frases se decían en cualquier manifestación y que él solo les había puesto música. Su franqueza, asume, desconcertó en cierta medida al juez y a la fiscal. Probablemente, no se esperaban que aquel punk flaco y andaluz no bajara la cabeza.

Tras declarar, salió de la Audiencia y tomó el tren de regreso. El vagón estaba lleno de gente somnolienta, funcionarios que ojeaban periódicos, estudiantes que repasaban apuntes. Nadie sabía que a su lado viajaba un cantante imputado por terrorismo. Lo habían mandado de vuelta a Córdoba con “medidas cautelares”.

“Tenía que estar un año yendo a firmar periódicamente a la Comisaría. No podía salir de Córdoba sin avisarles. Si quería ir a Málaga, tenía que presentarme en la Comisaría de Málaga. Así me tuvieron un año y pico, yo creo que con el fin de asustarme”, relata sobre un asunto que, quince años después, está en una especie de limbo administrativo, ya que el caso nunca se juzgó, pero tampoco recibió notificación de sobreseimiento. Sencillamente, se quedó en un cajón, como un expediente dormido que, en cualquier momento, podía despertar.

“Un día me dijeron que ya podía dejar de ir a firmar. No me han vuelto a llamar, no me han citado ni nada. Supongo que se han olvidado de mí”, dice Petas y Birras, que ha seguido cantando esas mismas canciones durante todos estos años.

Un grupo nacido en los botellones

El juez Moreno y aquella fiscal no tenían ni la más mínima idea de quién era aquel tipo de que tenían delante. Es desternillante imaginarlos cogiendo un expediente sobre cuya carpeta estuviera escrito “Petas y Birras”, antes de llamarlo a declarar. Y, para entender de dónde salió Petas y Birras, hay que viajar a otra época: a los parques de Córdoba a principios de los 90, donde los grupos de chavales se sentaban en bancos de hierro y madera, entre viajes de idea y vuelta de litronas de cerveza y porros, mientras un radiocasete a pilas escupía voces rabiosas: La Polla Records, Eskorbuto, Kortatu.

Entre canción y canción, la charla fluía bajo una nube de humo denso. “Nosotros hacíamos otro tipo de botellón más guapo que los de ahora. Se hablaba de política, de poesía, de música, de desahucios, de la revolución. Nos llevábamos un radiocasete y ahí sonaba de todo. Mucho rock, pero también Los Chichos y Los Chunguitos... Los heavys, los roqueros, los punks… todos nos conocíamos. Eso se está perdiendo”, recuerda ahora el artista, que cuenta que, en ese contexto, se alió con su amigo Antonio 'Jevi Chico', y juntos lanzaron aquel grupo bajo el alias Petas y Birras.

Un nombre provocador, festivo, pero también reivindicativo. Hoy, cuando el humo del cannabis ya no entra en sus pulmones, mantiene que el nombre que escogieron era una reivindicación en un tiempo en el que el Estado perseguía con fiereza el consumo, mientras, hipócritamente, fumaba porros una buena parte de la sociedad.

Primeros tumbos (y pérdidas)

Desde el principio, su música fue una especie de folk punketa, con una actitud cañera y humorística, pero con contenido social. Su sonido era mucho más duro que el Toreros Muertos, con los que compartía una mirada humorística, y menos bruto que el de Evaristo o Eskorbuto. Siempre fue una rara avis en el ecosistema musical de Córdoba, donde no han abundado los punks, pero donde, no obstante, compartía algunos rasgos con el insigne Juan Antonio Canta, líder de Pabellón Psiquiátrico.

“Los pocos punks y heavys que habíamos, eso sí, nos conocíamos todos”, apostilla sobre los inicios de una banda que sufrió vaivenes, como todas. El más grave, la muerte de su amigo Antonio 'Jevi Chico'. Con algunos cambios, logró que siguiera adelante. Su popularidad no se limitó a Córdoba. Dio el salto a otras provincias, donde algunas de estas minorías respetaban su enfoque singular y su compromiso social.

Todo aquello, sin embargo, quedó en barbecho cuando Diego fue llamado a la Audiencia Nacional. Cuando la justicia se le echó encima, Diego miró alrededor: ningún partido político lo apoyó. Ni siquiera el Partido Comunista (IU), que gobernaba Córdoba en aquellos años. Lo sostuvo la CNT y la gente común.

El triunfo es molestar y aguantar el malestar

Esto lo lleva con orgullo. Al igual que su imputación. “Mi sensación es que, si mis letras molestan, es que algo estoy haciendo bien”, confiesa, al igual que reconoce que los años que siguieron a su paso por la Audiencia Nacional fueron duros, agravados por la enfermedad que padece, la espondilitis anquilosante, una dolencia reumática que afecta principalmente a la columna vertebral y que le ha provocado “dolores horrorosos”.

Se ríe Diego al contar que fue una doctora del Hospital “Reina Sofea” la que calmó esos dolores. Desde hace años recibe un tratamiento biológico mensual que le ayuda a controlar el dolor. Y se deshace en elogios hacia la sanidad pública “a la que están matando los políticos”: “El Hospital Reina Sofía es probablemente el mejor de España en espondilitis y uno de los mejores en artritis reumatoide”, afirma con convicción.

Esa enfermedad, sumada a una discapacidad previa en el brazo, producto de un accidente de moto hace 30 años -otra vida-, fueron también clave para que la ONCE le contratara como vendedor de cupones. Desde hace ocho años, Diego hace su ruta y, cuando termina, escribe canciones y vive con su familia y amigos una vida relajada en su ciudad, dando algunos cuantos conciertos al año.

A veces, a él mismo se le olvida aquel despacho de Madrid. A veces, también, algunos de sus clientes le recuerdan que Diego es Petas y Birras, un cantautor punk que encontró en el humor una manera de enfrentarse a los poderosos y que, tan mal no lo hizo, si algunos de ellos le quisieron amedrentar.

“Yo de lo que estoy orgulloso es de que no bajé la cabeza entonces ni lo hago ahora”, sostiene. La victoria para Diego, el de Petas y Birras, por tanto, no está en llenar estadios, sino en no torcer el gesto cuando desde arriba te intentan someter con la mirada.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha respaldado el permiso otorgado a un preso de la cárcel de Córdoba que lleva en prisión desde septiembre de 2016 por una condena de 16 años por un delito contra la salud pública como miembro de una organización y tres meses por un delito de impago de prestaciones. En un auto fechado el pasado 13 de marzo, la AN ha tomado esta decisión pese al recurso de la Fiscalía, que se oponía al permiso por la gravedad del delito y la lejanía del cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, previsto para noviembre de 2026.

En noviembre de 2024, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Córdoba aprobó unánimemente el permiso de salida y en enero de 2025 lo autorizó el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, valorando que el reo había cumplido la mitad de la condena y que sobre él se apreciaba “una excelente evolución tratamental”.

Ante ello, el Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación solicitando la revocación del permiso, argumentando la “gravedad de la condena, la pertenencia a una organización criminal, la reincidencia delictiva (si bien la Audiencia Nacional señala que no concurre reincidencia) y la lejanía de las tres cuartas partes de la pena”. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

La Audiencia Nacional destacó que, si bien los requisitos objetivos son necesarios, no son suficientes. En este caso en concreto, el tribunal consideró que los profesionales del centro penitenciario habían valorado específicamente sus circunstancias, incluyendo su “buena conducta, su evolución favorable en actividades prioritarias y complementarias (destacando su participación en el programa de intervención específica Simbiosis de reparación del daño desde noviembre de 2023) y el aval de acogida familiar” en una localidad de Málaga.

El auto subraya que, aunque la lejanía de las tres cuartas partes de la condena podría hacer que el permiso carezca de la finalidad de preparación para la vida en libertad, la ley prevé un “adelantamiento del tercer grado o la libertad condicional a los dos tercios de la condena si se dan ciertas circunstancias”, como las de este caso.

En este sentido, la Audiencia Nacional no ha considerado “arbitraria ni irrazonable la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, basada en la propuesta unánime de la junta de tratamiento, desestimando el recurso del Ministerio Fiscal.

La Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número cuatro y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha detenido en Córdoba a una persona por la presunta comisión de delitos de terrorismo, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

Gracias a la estrecha colaboración en materia antiterrorista mantenida entre la Guardia Civil y la DGST (Direction Générale de la Surveillance du Territoire) marroquí, se pudo identificar a una persona que llevaba a cabo una intensa actividad en el plano virtual, a través de la cual contribuía a la actual estrategia mediática de la organización terrorista DAESH, centrada fundamentalmente en la participación activa de manera descentralizada de sus acólitos a nivel global.

El perfil del detenido se correspondía con el de un destacado consumidor habitual de contenido yihadista particularmente violento, por lo que ante la existencia de suficientes evidencias e indicios se le detuvo para neutralizar la amenaza que podría representar para la seguridad pública.

Tras el periodo de custodia policial, así como después de analizar las evidencias incautadas, se puso a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión. 

La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda interpuesta por el sindicato CGT contra Atento Teleservicios España S.A. en la que se solicitaba la nulidad del acuerdo de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo firmado en julio de 2024 y que llevó, entre otras consecuencias, al cierre de la sede que la empresa tenía en Córdoba. Esta medida, a su vez, supuso el despido con indemnización de 104 personas y cuatro acuerdos de movilidad con teletrabajo. El sindicato CSIF se había adherido a la demanda.

Este órgano jurisdiccional avala así las medidas llevadas a cabo por Atento, justificadas según la sentencia por las pérdidas continuadas pese al aumento de la cifra de negocio.

El acuerdo firmado por la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y STC, afectó a 553 trabajadores de los centros de trabajo de Córdoba, Lérida, León, Madrid-Ilustración, Toledo y Cáceres. De estos, 525 rechazaron la movilidad geográfica y fueron despedidos, 20 aceptaron la movilidad con teletrabajo y ocho quedaron pendientes por maternidad o baja médica.

CGT argumentó que el acuerdo era fraudulento porque la empresa debería haber optado por un despido colectivo, no se identificaron a los afectados por la medida, las causas alegadas eran débiles y las medidas compensatorias, insuficientes. También alegó falta de información y documentación durante el periodo de consultas y mala fe en la negociación por parte de la empresa.

La Audiencia Nacional ha rechazado todos los argumentos de CGT y ha considerado que la empresa no estaba obligada a realizar un despido colectivo porque no se pretendía amortizar puestos de trabajo, sino reubicar a los trabajadores de los centros con exceso de plantilla a los que tenían déficit. Además, la Sala ha concluido que las causas alegadas por la empresa –pérdidas continuadas pese al aumento de la cifra de negocio– estaban justificadas.

En cuanto a la información y documentación, la Audiencia Nacional ha reconocido que las cuentas anuales de 2023 se aportaron sin auditar, pero ha considerado que ello no impidió la negociación ni evidenció mala fe por parte de la empresa.

La Sala también ha desestimado la acusación de mala fe patronal, ya que el acuerdo fue firmado por la mayoría de la representación sindical y las actas del periodo de consultas demostraron la existencia de una negociación real. La sentencia de la Audiencia Nacional absuelve, por tanto, a Atento Teleservicios y a los sindicatos firmantes del acuerdo y declara justificadas las medidas impugnadas por CGT.

La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

Las cosas de palacio van despacio. Esta expresión bien que se podría aplicar a un caso reciente que ha abordado la Audiencia Nacional (AN) con relación a un preso de la cárcel de Córdoba. Al mismo se le había concedido un premiso de seis días que fue recurrido por la Fiscalía. Sin embargo, la dilación en el tiempo ha llevado a que el último recurso del Ministerio Público haya sido resuelto cuatro meses después de que el interno haya disfrutado de este permiso.

Fue el 24 de abril cuando el reo propuso a la Junta de Tratamiento de la cárcel de la capital un permiso de seis días para disfrutar desde el 11 al 17 de junio. El 28 de mayo, el Juzgado Central de Menores -en funciones de Vigilancia Penitenciaria- dictó un auto autorizando la salida.

Contra él, el Ministerio Fiscal presentó tanto un recurso de reforma como otro de apelación. El 5 de julio -cuando el preso ya había disfrutado del permiso-, el juzgado desestimó el primero, pero sí admitió a trámite el segundo. La competencia de la resolución de este recurso es de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, esta causa llegó a la AN el pasado 24 de octubre, más de cuatro meses después de que el interno saliera de permiso. Por ello, la Sala de lo Penal de esta instancia judicial ha señalado en un auto que se ha producido “una pérdida sobrevenida de objeto del recurso”. La Audiencia Nacional ha determinado, así, el fin de este procedimiento adminsitrativo.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas y han interceptado un camión que transportaba cocaína, en una actuación llevada a cabo cuando este circulaba por la Autovía del Sur A-4 a su paso por Córdoba. Se trata de una operación contra el narcotráfico a nivel internacional, que sigue abierta y dirige el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el momento se han hecho registros en distintas provincias y hay en total ocho detenidos.

La interceptación del camión tuvo lugar este viernes 25 de octubre -según han confirmado fuentes de la UCO de la Guardia Civil a este periódico y había avanzado El Día de Córdoba-. Los agentes actuaron a la altura del kilómetro 420 de la A-4, cuando el camión que transportaba cocaína procedía de Sevilla, indican las fuentes.

Tanto el viernes como este sábado se han llevado a cabo registros en otras provincias y en ellos se han arrestado a otras cuatro personas. La operación permanece abierta y las actuaciones están bajo secreto de sumario del juzgado.

Se trata de una operación a nivel internacional en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha colaborado con otros países en una actuación contra una red de narcotráfico.

No hacer las pruebas del idioma y de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) o suspenderlas no implica, per se, no poder optar a la nacionalidad española. Sí era así hasta el mes de octubre de 2022, cuando se modificó la normativa de este proceso, abriendo la posibilidad de pedir una dispensa de estos exámenes a quienes demostraran su analfabetismo. Este es el caso de un hombre de Ecuador, vecino de Lucena, a quien la Audiencia Nacional le ha dado cierto respiro y la posibilidad a ser reconocido como español pese a que el Ministerio de Justicia le negó la nacionalidad.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, el hombre reside legalmente en España desde 2005, está empadronado en Lucena y tiene cotizados poco más de tres años. En 2016 presentó la solicitud de concesión de la nacionalidad española. Un año más tarde, pidió la dispensa de la prueba CCSE, alegando su analfabetismo. Pese que este último trámite aún no se había resultado, el Ministerio de Justicia le denegó en 2021 la nacionalidad española alegando “falta de acreditación del requisito de integración social”.

Ante ello, el recurrente presentó un recurso de reposición asegurando que había solicitado la dispensa. En apoyo de dicha alegación aportó diversa documentación. No obstante, Justicia desestimó la demanda reiterando y omitió que había solicitado la dispensa.

Por ello, formuló un escrito contencioso administrativo, esta vez ante la Audiencia Nacional, que fue admitido a trámite. En el mismo, el hombre insistía en que había solicitado la dispensa y aportó un informe pericial sobre su analfabetismo, su bajo nivel intelectual y su dificultad para el aprendizaje de la lectura y la escritura. No obstante, la Abogacía del Estado sostuvo que todas las pretensiones del hombre debían desestimarse y confirmarse las resoluciones de Justicia.

Contra estas, la Audiencia Nacional ha recordado la modificación de la normativa de 2022 y ha llamado la atención a Justicia porque sus fallos “se han dictado prescindiendo de la cuestión esencial plantead  por el interesado relacionadas su analfabetismo y de la solicitud de dispensa de la prueba de CCSE que había formulado”. Por ello, continúa, estas resoluciones incurrieron “en una infracción del ordenamiento jurídico”.

Esto, no obstante, “no supone el reconocimiento del derecho a la obtención de la nacionalidad”, ya que eso deberá aprobarse o denegarse una vez que el procedimiento de la dispensa haya finalizado. Así, la Audiencia Nacional ha estimado el recurso del hombre y la retroacción del procedimiento para que Justicia resuelva “la solicitud de dispensa como premisa y antecedente de la decisión definitiva sobre la nacionalidad”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba que absolvió a cerca de cien personas que estaban acusadas en el caso Fénix por supuesto fraude de 150 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2006 en el sector de la joyería, con una investigación iniciada en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó presuntas irregularidades en operaciones de compraventa de oro desde Suiza. El juicio se inició en 2019 y la resolución es de 2020.

Según recoge la sentencia de la Audiencia, consultada por Europa Press y adelantada por 'Diario Córdoba' y 'ABC', se desestiman los recursos de apelación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que habían pedido la nulidad y la repetición del juicio, y se confirma la resolución del Juzgado de lo Penal, a la vez que se expone que no cabe presentar contra la misma recurso ordinario alguno.

En concreto, las acusaciones habían reclamado la inclusión de una cinta obtenida en el registro de una empresa barcelonesa de la que partía la trama, con información. Si bien, la Audiencia reitera que, técnicamente, no ha sido posible abrirla y tampoco se aportó el original en el momento procesal oportuno.

La Audiencia señala que la jueza se ha enfrentado “a hechos y a una instrucción muy lejanos en el tiempo, y ello puede determinar una interpretación diametralmente diferente”, a lo que agrega que “los recursos realizan un exhaustivo análisis de la prueba en el sentido que satisface sus pretensiones, pero obvian que, en gran parte, nos encontramos ante una interpretación de prueba personal que, respecto de los funcionarios, intervinientes, no ha resultado convincente a la juzgadora de instancia por diversas razones, unas por contradictorias y otras por alejadas en el tiempo y, por tal razón, algo vagas”.

Al respecto, fueron acusadas de cometer delitos fiscales 96 personas y 26 empresas de todo el país, que quedaron absueltas. En tres casos se consideraron prescritos los delitos y en otros seis se retiraron las acusaciones. La causa quedó imprejuzgada para otro encartado por motivos de salud.

Los hechos

No obstante, la sentencia del Penal 4 recoge en sus hechos probados que la empresa Recuperaciones y Afinaciones, en la que se obtuvo la cinta que no se ha podido analizar como prueba, con domicilio en Barcelona, “venía dedicándose en el año 2005, al menos, a la compraventa de oro fino de 999,9 milésimas”, de modo que “adquiría oro en grandes cantidades importándolo desde Suiza, oro de inversión exento de tributación al reunir caracteres legales para ello, que es vendido en mercado interior mayorista y fabricante de joyería también exento de IVA”.

La sociedad contaba con infraestructura necesaria para trabajar en el mercado, siendo su administrador testaferro en tal anualidad uno de los acusados, “que ninguna función directiva ni de gestión realizaba y que no tenía conocimiento cierto y puntual de a qué se dedicaba la entidad, sin tomar decisiones de tipo alguno durante el tiempo que ocupó dicho cargo”.

El verdadero gestor era otro procesado, ya fallecido, que era auxiliado de forma tangencial por su hijo, también acusado, “que nada decidía sobre el negocio y sólo se ocupaba de la cotización del valor diario del metal precioso”, sin que se haya acreditado que “cobrase dinero de las empresas de su padre o que la sociedad pagara sus gastos”.

La sociedad hacía adquisiciones de oro “creando, para aparentar legalidad, sociedades instrumentales que eran administradas por testaferros desconocedores de a qué se dedicaba” el gestor, a las que “fingidamente facturaba parte de lo que vendía a terceros”.

Entre ellas se encontraba una entidad cordobesa, por la que “pasaba el destino de oro procedente de Barcelona, iniciándose diligencias para entender y comprobar cuál era la forma en que funcionaban ambas al haberse detectado por Hacienda que, al parecer, dicha entidad no presentaba autoliquidaciones”, aunque la primera sociedad “le imputaba compras”. Esta forma de operar se puso de manifiesto a través de actuaciones de la Agencia Tributaria en Barcelona y Córdoba.

Ello dio lugar a saber que “era administrada por persona que nada hacía ni decidía, más allá de firmar algún documento de modo ocasional”, un acusado “poseedor de casi todo el accionariado”, junto con otro procesado, “socio integrante en escasa proporción y con iguales funciones vacías de contenido, sin que se haya acreditado su participación en la toma de decisiones de tipo alguno o en el conocimiento efectivo de lo que hacía y comandaba” el gestor o “sobre la existencia de otras sociedades ligadas a éste”.

La juez menciona entidades en las que “no se prueba que hubiesen adquirido oro de forma oculta y en qué cantidad, como tampoco que se vendiera sin declarar su beneficio”, a la vez que “no se ha probado que haya dejado de ingresar a Hacienda”.

Sin embargo, en un caso se concluye que una sociedad cordobesa “no tiene actividad económica propia, ni empleados suficientes ni capacidad para generar beneficios y, aparentemente, sirve para ocultar clientes finales y destinatarios del oro que proviene de Barcelona”, bajo la dirección del gestor de la principal sociedad.

También, se detalla que en la oficina de Barcelona estaba contratada una mujer “encargada de llamar para dar precios a diario a sus diferentes clientes, quienes hacían sus pedidos y les eran servidos por empresas de transporte o por chóferes”, que “nada dirigían ni conocían sobre los pormenores diarios de la actividad a la que se dedicaba” el gestor, ni su empresa en la que “algunos de ellos figuraban como empleados”. Así, “recibían órdenes de distribución y cobro de cantidades en efectivo o en talón según los días y las acataban sin más”.

El origen

Los datos parten de una inspección de Hacienda en 2005 de la que se obtiene una cinta con copia de seguridad de la primera sociedad, “facilitada de manera voluntaria por las personas que allí se encontraban”, entre ellas una auxiliar administrativa y acusada, que “nada sabía de la actividad ilegal que se desarrollaba”, así como otras trabajadoras, “sin que conste la autorización del delegado especial que se dice exhibir a los allí presentes”.

Dicha copia, que se contenía en una cinta tipo DAT y que fue abierta en presencia de quien entonces hacía funciones de representación de la sociedad ante la Inspección de Tributos, “no se devolvió al Juzgado instructor hasta 2012, siendo volcada en 2005 en dos CD” por una auxiliar judicial, “cuyos originales no obran en autos”.

“Sólo se remitió posteriormente copia de la referida y explicaciones por escrito de su supuesto contenido, que no era otro que la contabilidad, así como códigos de identificación de clientes y empresas que compraban metal, en los que se basaron identificaciones de éstos, así como cuantificación de presunta deuda tributaria defraudada, sin que la cinta original se haya podido abrir durante la causa”, según se precisa en la sentencia.

Cabe señalar que el juicio se declaró visto para sentencia en abril de 2020, en pleno estado de alarma por el Covid-19, tras comenzar con unos 90 acusados a mediados de octubre de 2019. La presentación de los informes se realizó por escrito y en ellos se plantearon diversas nulidades y dilaciones indebidas por parte de las defensas, entre otros pronunciamientos.

La Fiscalía consideró que los hechos eran constitutivos de cien delitos fiscales, de los que acusó finalmente a unas 70 personas, de las que siete de ellas eran procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del gestor de la principal sociedad, que se enfrentaba a penas de más de 300 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pedía eran de siete meses de prisión. Algunos de los acusados han muerto antes del juicio y otros se encuentran internos en residencias.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a cuatro acusados de vender garrafas de 5 litros de aceite a intermediarios --destinadas a consumidores finales-- que etiquetaban como aceite de oliva virgen extra pero que en realidad contenían una mezcla de aceite de girasol y de aceite de oliva en una proporción aproximada de 70 y 30%. El cambio del aceite se realizaba en una nave de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y se vendía en otras localidades cordobesas.

Esta operativa la llevaron a cabo al menos durante 2017 y 2018, según el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Europa Press, “en ejecución del plan que previamente habían ideado” y obrando “con ánimo de enriquecimiento ilícito”.

El Ministerio Público indica que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, un delito contra la propiedad industrial y un delito continuado de estafa, y solicita para cada uno la pena de 13 años de prisión.

Según la Fiscalía, para lograr obtener el mayor beneficio posible, los implicados vendían dichas garrafas a un precio inferior al del mercado, e inferior también al que ellos mismos pagaban al adquirirlas, de modo que se lucraban con la diferencia de precio por litro entre la mezcla de aceite que hacían pasar por aceite virgen extra de oliva y el verdadero coste de éste tipo de aceite.

Añade que en 2017 pusieron en el mercado esas garrafas de 5 litros de aceite marca 'Bellum Olei', “marca que inventaron ellos mismos y que nunca tuvo existencia real”, haciendo constar en la etiqueta que era aceite de oliva virgen extra, con indicación geográfica protegida 'aceite de Jaén' cuando en realidad se trataba de una mezcla de aceites.

Etiquetados “mendaces”

Además, para inducir a error sobre la autenticidad del aceite, en la etiqueta se afirmaba que el aceite lo producía la Cooperativa Virgen de las Angustias de Úbeda, Jaén, con número de registro sanitario, mail y código de barras, “siendo todos esos datos mendaces”.

La Fiscalía apunta que la trama, a través de la empresa Distribuciones Chacón, hizo llegar a los consumidores 153 garrafas de mezcla adulterada y fueron vendidas, entre otras, en las localidades cordobesas de Postes, Monte Alto-La Carlota y La Guijarrosa-Santaella.

Mismo operativo que con 'Bellum Olei' siguieron con garrafas de la marca 'Carrasqueño'. Señalaban que era aceite de oliva virgen extra que era producido por la Sociedad Cooperativa Andaluza 'Virgen del Perpetuo Socorro' de Alcaudete (Jaén) pero no era cierto “puesto que, de nuevo, el aceite que vendían era una mezcla adulterada”.

En este caso, la Fiscalía explica que trasladaban el aceite comprado a una nave industrial situada en la localidad de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y una vez allí procedían a sacar las garrafas que contenía la caja por la parte de abajo cortando el precinto de la marca 'Carrasqueño'.

“A continuación vaciaban las garrafas de aceite de oliva mediante una perforación en el tapón, dejando las garrafas vacías y listas para ser llenadas con la mezcla de aceite de oliva y de girasol”, añade.

Una vez rellenaban las garrafas con el aceite mezclado, les colocaban unos nuevos tapones precintados que golpeaban con un martillo de goma hasta dejarlos totalmente cerrados y herméticos. “Después introducían las garrafas en la caja, por su parte de abajo, cerraban con un precinto mendaz de la marca 'Carrasqueño' y ponían la caja en su correcta posición”, señala la Fiscalía.

Documentación de la Junta

Y para dotar de veracidad al negocio, los acusados entregaban a los compradores la documentación que a ellos a su vez les entregaba la cooperativa, como la autorización de convalidación por parte de la Junta de Andalucía para fabricar, elaborar y transformar aceite de oliva, así como para su envasado, la ficha técnica del producto y sus características generales, descripción del proceso y condicionantes e informe analítico de servicios técnicos oleícolas.

El Ministerio Público apunta que en esa cooperativa llegaron a adquirir, para luego adulterarlo, hasta 74.000 litros de aceite de oliva virgen extra. Y añade que se servían de sociedades meramente instrumentales para adquirir el material necesario para realizar esa mezcla y que ninguna de ellas tenía actividad real.

La Fiscalía indica que para que la cooperativa 'Virgen del Perpetuo Socorro' no sospechara de su actividad, los acusados iniciaron una relación comercial con la misma más allá del aceite de oliva, de modo que procedieron a venderle en el mes de diciembre de 2017 una serie de jamones ibéricos que habían adquirido a su vez de la empresa 'Cobedis, Comestibles y Bebidas SL'. A esa empresa también vendieron aceite adulterado por un importe de 26.500 euros.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos cordobeses y ha absuelto a otros dos en un fraude fiscal en el comercio de oro y plata en toda España; una causa con diez personas implicadas. Los dos últimos, defendidos por Marcos Santiago Cortés y Luis Márquez Murillo, han sido absueltos de los delitos por los que venían acusados, contra la Hacienda Pública y asociación ilícita, mientras que los primeros han sido finalmente condenados por fraude fiscal durante los años 2013 y 2014. Además de a los dos cordobeses, la Audiencia Nacional ha condenado a otras cinco personas y ha absuelto a un tercer implicado.

Según la normativa española, toda persona física o jurídica que se dedique a la compra-venta de metales preciosos debe llevar un registro documental y se le exige disponer de un Libro Registro sellado y foliado por la Jefatura Superior o Comisaría de Policía correspondiente en la que se anoten todas las operaciones de compraventa realizadas. Asimismo, han de cumplirse otra serie de obligaciones de conservación y comunicación con plazos que permitan en todo caso a la Policía verificar la legitimidad del origen de las piezas y han de figurar dados de alta en el correspondiente epígrafe de la Licencia Fiscal, con el escrito de comunicación previo a la Delegación o Subdelegación del Gobierno para la autorización de inicio de la actividad.

Según ha podido conocer este periódico, los condenados crearon un entramado de sociedades dedicadas a la compra y venta de oro y plata que operaban a nivel nacional con la finalidad de no abonar el IVA. Para conseguir este fin colocaron a una sociedad con perfil no declarante que transmitía, o simulaba transmitir, las mercancías a otra sociedad que se comportaba como “pantalla” y tenía como función ser proveedor del sujeto económico final.

Los condenados crearon este engranaje de sociedades con el único fin de detraerse del control administrativo y fiscal de la venta de plata con la única finalidad de lucrarse con ello y defraudar al erario público, comprando y vendiendo plata de procedencia dudosa, fuera de los canales legalmente establecido.

Los dos cordobeses condenados se enfrentan cada uno a dos años de prisión por defraudar a Hacienda durante 2013 y 2014. La pena ha sido sensiblemente inferior a la solicitada por la Fiscalía -tres años y tres meses de cárcel-, ya que se les ha aplicado la atenuante de reconocimiento de los hechos.

Además, durante tres años no podrán obtener subvenciones o ayudas públicas ni gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Por último, el tribunal les ha impuesto una multa del tanto de la cuantía defraudada, más de 660.000 euros, que, en caso de impago, será conmutada por un mes de trabajos a la comunidad, así como una responsabilidad civil de esa misma cantidad.

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el recurso de un preso, acusado por agresión sexual, que buscaba no ser extraditado a Alemania para cumplir la pena en Córdoba. Para ello, el hombre alegó que vivía en Lucena, localidad donde fue detenido, pero el magistrado de la Sala de lo Penal de la AN ha sentenciado que no puede ser considerado un residente español porque no reúne las características exigidas.

Según ha podido conocer este periódico, a principios de febrero, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la AN acordó que este ciudadano alemán debía ser extraditado a su país de origen para ser juzgado por unos hechos relativos a una agresión sexual agravada con robo con violencia. Contra este auto, su defensa alegó que el acusado se trataba de un “residente español”, por lo que solicitaba que la extradición se realizara únicamente para la celebración del juicio y que cumpliera en España “la pena o la medida de seguridad privativa de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en Alemania.

Para ello, la defensa del acusado argumentó que vivía en Lucena, municipio en el que fue detenido, y que desde 2021 trabaja en una empresa agrícola en Almonte (Huelva), así como su mujer. Además, la pareja estaría esperando un hijo. No obstante, en la vida laboral del hombre solo constan 179 días en situación de alta (cinco meses y 28 días), un contrato de trabajo de 3 de diciembre de 2022 como fijo discontinuo, nóminas del reclamado de octubre y diciembre de 2022 y la nómina de noviembre de 2022.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha podido reconocer a este hombre como un residente español ya que “carece de una estabilidad familiar y laboral de larga duración y, además, ni entiende ni habla español”, por lo que será extraditado a Alemana.

De cara al nuevo juicio que tenía fijado para este miércoles la Audiencia Nacional en torno a una nueva pieza de la macrocausa correspondiente a las comisiones ilegales y dádivas repartidas por la empresa sevillana Fitonovo a responsables de administraciones públicas, a cambio de la adjudicación de contratos o de falta de supervisión en la ejecución de los mismos; la Fiscalía y las defensas de los 14 acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad, en el que todos ellos reconocen delitos, tres de ellos aceptan penas de cárcel de dos años, un año y medio y seis meses respectivamente; y el resto son absueltos por prescripción. Entre ellos destaca Enrique José Finch, el alto cargo de Adif en Córdoba que fue arrestado en el marco de la investigación.

En el escrito conjunto de conformidad elevado por las partes a la Audiencia Nacional y recogido por Europa Press, se detalla que el acusado Francisco Diego Cónsul Félix, empleado de ADIF en Barcelona, cobró 2.500 euros “de la caja B” de Fitonovo, “a cambio de favorecer a dicha entidad en materia de ejecución o adjudicación de contratos públicos”; mientras Enrique Finch Ramos, ya condenado por cohecho y falsificación de documentos, director de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional y director de Operaciones Sur, gerente de Mantenimiento de Córdoba, recibió más de un millón de euros por “favorecer a la citada empresa en la contratación, elaboración de informes técnicos y en la ejecución de los contratos” entre 2003 y 2012. El escrito conjunto de conformidad implica la imposición, a Enrique José Finch, de la pena de dos años de prisión, multa de 20 meses con cuota de 30 euros e inhabilitación especial por cinco años

Además, José Antonio García Pascual, gerente del Área de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF en Zaragoza, recibió según el escrito “100.400 euros en concepto de ilícita comisión, a cambio de facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a Fitonovo”, y José Guijarro Mata, técnico de Infraestructuras y Vías de ADIF en Sevilla, “por iguales conceptos percibió el abono de comisiones en 2005, 2009 y 2010 por importe de 3.700 euros, para beneficiar a Fitonovo en la ejecución de los contratos”.

Igualmente, Luis Mata Rodríguez, técnico de infraestructuras de vía de la sociedad de capital público ADIF en la provincia de Córdoba, “percibió de Fitonovo en concepto de dádivas la cantidad de 22.904 euros, desde 2007 a 2012”; mientras Antonio Rodríguez Jurado, directivo de ADIF en Sevilla, en concreto gerente de Mantenimiento, percibió “entre los años 2001 y 2011, ambos inclusive, la suma total de 428.535 euros” y Juan Carlos Martínez Cantón, técnico de infraestructuras y vías en la entidad ADIF en la Jefatura de mantenimiento de Linares- Baeza, “en el contexto de favorecimiento de determinados contratos a Fitonovo, percibió en 2009 un total de 2.500 euros y dos regalos”, uno de ellos un ordenador portátil.

“Facturas falsas”

De otro lado, los hermanos Juan Antonio y Rafael Echavarría Zafra, confeccionaron como empresarios “desde 2003 facturas falsas a la sociedad Fitonovo, pagadas por ésta última, existiendo entre ellos y el acusado Finch Ramos ”un concierto previo para que la Sociedad Viveros San Rafael, propiedad de los primeros, cediera el importe de la base imponible al citado Finch Ramos, quedándose“ los hermanos con el IVA.

En ese mismo sentido, Juan Antonio Madrid Cuevas, delegado de Cobra Instalaciones y Servicios en Andalucía, “abonó a Luis Mata Rodríguez, por cuenta de la empresa, el pago de estancias hoteleras del funcionario en Madrid, para él y su familia (tres personas) y, en distintas ocasiones, entradas para asistir a partidos del fútbol del Real Madrid, igualmente para él y su familia, al menos en septiembre de 2010, en atención a que éste llevaba a cabo tareas de supervisión de los contratos adjudicados por ADIF a esta mercantil en la demarcación en que Mata Rodríguez prestaba servicios”.

Teófilo Cerón Luengo, según el escrito conjunto de conformidad, era empleado de la empresa Sistemsa y se dedicó a “abonar por cuenta de la empresa distintos pagos a Luis Mata, consistentes en pago de equipos informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le sirvieran a Sistemsa para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones”.

Facturas de terceros

Finalmente, Manuel Lozano Ramos, “abonó por cuenta de Sistemsa a Luis Mata distintos pagos consistentes en pago de equipos informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le sirvieran a Siestemsa para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones”.

En el escrito conjunto de conformidad se reconoce la atenuante de confesión tardía, “al haber colaborado los acusados de forma especialmente relevante en función de la trascendencia de los datos aportados por dichas personas para el esclarecimiento de los hechos”, así como la atenuante de “dilaciones indebidas”, pues “han transcurrido desde la apertura de las diligencias previas y hasta la fecha del inicio de las sesiones más de ocho años”.

Finalmente, el escrito conjunto de conformidad implica la imposición, a Enrique José Finch, de la pena de dos años de prisión, multa de 20 meses con cuota de 30 euros e inhabilitación especial por cinco años; a Antonio Rodríguez Jurado la pena de un año y seis meses de prisión, multa de 12 meses con cuota de 20 euros e inhabilitación especial por cuatro años y a Luis Mata Rodríguez seis meses de prisión, multa de cinco meses con cuota de diez euros y diez meses de inhabilitación especial.

Además, en el documento pide que con respecto al resto de acusados “se proceda a la absolución por prescripción”, además de que la Fiscalía apoya “la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad que, aceptadas por los propios acusados”, tres en concreto, han de imponerse en esta causa.