El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la inversión que tiene previsto alcanzar la Junta de Andalucía para mejorar el abastecimiento en alta, la depuración y el saneamiento de la provincia de Córdoba, así como impulsar el uso eficiente de los recursos hídricos y mejorar la resiliencia de este territorio ante emergencias y sequías. Teniendo en cuenta las medidas impulsadas desde 2019, se prevé llevar a cabo un total de 64 actuaciones valoradas en más de 246,8 millones de euros.

Tal y como ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, dichas actuaciones incidirán en la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad del sector agrario y agroindustrial y la protección del medio ambiente, al tiempo que contribuirán al equilibrio y desarrollo sostenible de este territorio.

Este importante impacto se debe a que los fondos se asocian a actuaciones repartidas por las diferentes comarcas cordobesas. En concreto, a la zona de Los Pedroches y Valle del Guadiato le corresponderían casi 44,9 millones de euros; al Alto Guadalquivir, 4,5 millones; a la campiña de Baena, cerca de 8,6 millones, y al Valle Medio del Guadalquivir, 87,7 millones de euros.

En el caso de la Campiña Sur, los fondos se esperan alcanzar para estas actuaciones rozarían los 38,1 millones de euros, en la comarca de la Subbética superarían los 46,4 millones; en la capital rondarían los 15,3 millones; y en los municipios de la zona sur invertirían casi 1,4 millones de euros.

Entre los proyectos ligados a esta inversión se encuentran la ejecución, mejora y ampliación de infraestructuras de abastecimiento en alta, incluyendo conducciones, depósitos reguladores y estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) que contribuyen a asegurar el suministro a municipios cordobeses en condiciones de calidad y continuidad.

Asimismo, el Gobierno andaluz impulsa en esta provincia la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y agrupaciones de vertidos que permitan cumplir con la normativa europea y estatal en materia de depuración y que inciden en la mejora del estado ecológico de las masas de aguas.

Por otro lado, los fondos que contempla la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para el territorio cordobés se destinan también a modernizar infraestructuras hidráulicas ya existentes para evitar pérdidas de agua, incrementar la eficiencia energética y favorecer el uso de recursos no convencionales como las aguas regeneradas.

Por último, también se contemplan actuaciones de emergencia y medidas preventivas frente a la escasez de recursos enmarcadas en la planificación hidrológica en vigor y en los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y de eventual sequía.

Actuaciones acabadas y en proceso

Entre las más de 60 iniciativas previstas por el Gobierno andaluz en materia de agua en la provincia de Córdoba se encuentran diez obras en ejecución que, en total, suponen una inversión de 75,8 millones de euros; así como tres importantes iniciativas que se prevén comenzar a lo largo de 2026 y que están actualmente en fase de licitación por un total de más de 33,5 millones de euros.

Se trata, en concreto, de las agrupaciones de vertidos y depuradoras de Almodóvar del Río (casi 12,3 millones de euros) y Fuente Palmera (seis millones de euros); y la obra relativa de abastecimiento en alta que conecta El Cerrillo y Cerro Muriano (15,3 millones de euros).

En cuanto a las obras impulsadas por la Junta de Andalucía desde 2019 que ya están finalizadas, la provincia de Córdoba cuenta con una decena de actuaciones valoradas en cerca de 40 millones de euros. Éste es el caso del proyecto de construcción y puesta en marcha de la nueva agrupación de vertidos y EDAR de Algallarín, en el término municipal de Adamuz, que fue declarado de interés de la Comunidad Autónoma en 2010 pero aún seguía pendiente de ejecución.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destinado cerca de 4,4 millones de euros a la construcción de colectores que recogen los vertidos de este núcleo de población cordobés, una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una nueva depuradora que dará servicio a alrededor de 550 vecinos que residen en Algallarín. Estas infraestructuras hidráulicas están ya concluidas y serán entregadas a la Diputación de Córdoba en cuanto la EBAR y la EDAR dispongan de suministro eléctrico definitivo.

Este 18 de febrero, la efeméride del primer mes del accidente ferroviario que convirtió a Adamuz (Córdoba) en epicentro de las noticias ha vuelto a convertir al pueblo en protagonista. A la conmemoración de esa fecha, se ha sumado la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta este día en el pueblo, como gesto simbólico hacia el municipio y sus vecinos, cuyo comportamiento ante la tragedia mereció el aplauso unánime de la sociedad.

Mientras el pueblo intenta recobrar la normalidad en su día a día tras este mes, hoy ha sido una jornada en la que las miradas se han vuelto de nuevo a aquel 18 de enero y a las vías del tren. Y, con el más alto órgano de decisión del Gobierno andaluz en Adamuz, de nuevo el municipio se ha llenado de efectivos de seguridad y medios de comunicación, no con la urgencia del trágico accidente de entonces, sino por el gesto en honor del pueblo ahora.

“Lo vivimos agradecidos, es una muestra de apoyo al municipio”, contaba al inicio del día el alcalde, Rafael Moreno, que se preparaba para recibir, como anfitrión, la llegada de los consejeros y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al Centro del Olivar de Sierra, lugar de la reunión del Consejo.

“Esta efeméride, el día del accidente, será algo que siempre vamos a recordar aquí”, explica mientras dice que los vecinos están ya algo cansados y que van, poco a poco intentando recobrar su vida normal. Aunque el tren de borrascas ha sido un impedimento para esa vida normal, en plena época de recogida de la aceituna a la que se dedica gran parte de la economía de la localidad.

Despliegue de seguridad y medios, mientras el pueblo sigue su vida

Entretanto, Guardia civil, Policía Nacional y Policía adscrita desplegaban su operativo en torno a este centro y a la caseta municipal en la que serían atendidos los medios de comunicación que volvían de nuevo al pueblo que fue su plató durante días tras el accidente.

En las calles del centro, los vecinos seguían su rutina habitual, entre comentarios sobre el despliegue por la celebración del Consejo de Gobierno. Los bares atendían los desayunos, vecinos iban y venían a la compra, en el centro de mayores se jugaba una partida de dominó y en el consultorio médico se atendía a los pacientes.

En la memoria de todo el mundo, la fecha del 18 de enero y cómo el accidente dio un vuelco al corazón y a la vida de los adamuceños. Hoy rememoraban esos momentos, un mes después, y con la presencia del órgano de Gobierno andaluz haciendo palpable la importancia que tuvieron los vecinos la atención al accidente.

Hoy, las bocinas de los trenes volvían a sonar al paso por el lugar del accidente, recordaba algún vecino. Otros comentaban las medidas de seguridad del despliegue policial en el municipio en esta jornada y, la mayoría, seguía su día a día, en un día de invierno en un pueblo pequeño.

Y en el horizonte, el deseo de que el nombre de Adamuz y sus vecinos queden para siempre ligados a su humanidad y valor cívico demostrado, más allá de la tragedia vivida.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha celebrado su reunión de esta semana en Adamuz, justo cuando se cumple un mes del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero entre dos trenes de alta velocidad, con el resultado de 46 fallecidos y decenas de heridos de diversa consideración. Como gesto simbólico de apoyo y agradecimiento al pueblo de Adamuz por su comportamiento cívico y humano en aquella tragedia, la reunión del más alto órgano de decisión del Gobierno andaluz se ha trasladado a la localidad cordobesa, donde los consejeros y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, han recibido también al alcalde del municipio, Rafael Moreno, vecinos y efectivos locales de emergencias que participaron en el dispositivo ante el accidente.

La Junta de Andalucía celebrará el próximo miércoles 18 de febrero una reunión ordinaria de su Consejo de Gobierno fuera de su sede habitual. El encuentro tendrá lugar en el municipio cordobés de Adamuz, concretamente en la Caseta Municipal, próxima al Centro del Olivar de la Sierra, cuando se cumple un mes del trágico accidente ferroviario que dejó 46 víctimas mortales.

La decisión de trasladar la reunión a esta localidad tiene un fuerte componente simbólico y de reconocimiento institucional. El Ejecutivo autonómico pretende así mostrar su respaldo a los familiares de las víctimas, a los heridos y al conjunto de la población, profundamente marcada por el siniestro, considerado el más grave ocurrido en la red de alta velocidad en España.

El accidente, que conmocionó a toda Andalucía y generó una amplia repercusión nacional, marcó un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad ferroviaria y la respuesta ante emergencias. Desde entonces, diversas administraciones han mantenido contactos con el Ayuntamiento y colectivos afectados para coordinar ayudas y medidas de apoyo.

No es la primera vez que el Ejecutivo autonómico celebra reuniones fuera de su sede oficial, una práctica utilizada en ocasiones para visibilizar situaciones relevantes o reforzar su presencia institucional en el territorio.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se inscriben como Bien de Interés Cultural (BIC), en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, los cantos de la Aurora de Priego de Córdoba, una manifestación oral y musical de carácter popular con extraordinarios valores literarios, musicales, históricos, sociales e identitarios, que es expresión inmaterial de la religiosidad popular y un patrimonio vivo.

Los cantos de la Aurora constituyen una tradición musical mantenida por los Hermanos de la Aurora, también conocidos como los ‘auroros de Priego’, pertenecientes a la Venerable Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de la Aurora y San Nicasio, que todos los sábados por la noche recorren distintas calles de la localidad entonando canciones a la Virgen de la Aurora. También participan en la procesión en honor a la Virgen de la Aurora, que se celebra el segundo domingo de septiembre.

Esta agrupación, constituida por una veintena de hermanos campanilleros, protagoniza los cantos paralitúrgicos de devoción colectiva, coplas dedicadas a la Virgen interpretadas por instrumentos de rondalla al sol de campanillas, de ahí que al grupo de cuadrilleros se les por el nombre de campanilleros. De estas coplas en Priego existe un registro documentado de más de 300, de gran calidad literaria y compuestas por distintos autores, muchos de ellos anónimos entre los siglos XVII y XX.

La mayoría de estas coplas hace alabanzas y ruegos a la Virgen en su advocación de la Aurora, pero la temática puede referirse también a conceptos teológicos, morales o litúrgicos (Navidad, Pasión, Eucaristía), cuestiones humanas (como la familia, la enfermedad o la muerte), santos, devociones, el infierno y el demonio, fenómenos atmosféricos y episodios populares, estrictamente locales.

Desde el punto de vista musical, la melodía de los ‘auroros’ de Priego tiene un extraordinario valor como testimonio de variantes melódicas de las antiguas coplas del Rosario que hunden sus raíces en el siglo XVII. La melodía cantada está formada por cuatro frases melódicas vocales. Estos cantos, que serán protegidos bajo la figura de Bien de Interés Cultural -la mayor figura de protección patrimonial-, constituyen uno de los principales elementos de identificación colectiva en Priego de Córdoba, al margen de las identificaciones simbólicas que aúnan a la población en devociones particulares.

Los hermanos de la Aurora de Priego constituyen una de las agrupaciones de campanilleros más significativas de la provincia de Córdoba, testimonio de la tradición de los antiguos rosarios públicos surgidos en el siglo XVII, muy extendidos por toda la geografía andaluza. Esta manifestación de religiosidad popular se encuentra muy arraigada en el sur de la provincia de Córdoba, donde aún perviven grupos de cuadrilleros que cantan las coplas del Rosario o cantos del Rosario de la Aurora.

Como bienes muebles vinculados a esta actividad se protegerán aquellos que están directamente relacionados con las prácticas de los hermanos de la Aurora en sus contextos rituales, especialmente, la ronda sabatina y las fiestas de la Virgen. Así, se protegerán objetos de valor simbólico y utilitario como la talla de la Virgen de la Aurora, obra de José de Mora, de 1706, la colección de faroles de la hermandad y la colección de instrumentos.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles del apoyo de la Junta de Andalucía a seis sectores industriales andaluces “emblemáticos” -entre ellos la joyería de Córdoba-, para que cuenten con la ventaja comparativa que otorga una Indicación Geográfica Protegida (IGP), después de que la Unión Europea haya abierto la puerta a que actividades artesanales e industriales con calidad, renombre u otra característica determinada vinculada al lugar de producción, puedan contar con esta consideración más allá de los productos agroalimentarios.

El apoyo de la Junta de Andalucía se concreta mediante la asistencia técnica y orientación en la preparación de las propuestas de Indicación Geográfica, “no limitándose a la mera tramitación que le corresponde”, acompañando a las agrupaciones de productores, que son quienes tienen que realizar la solicitud, en este procedimiento para tramitar el registro de una IGP del 'Blanco Macael' en el sector de la piedra y el mármol almeriense; del 'Arte sacro de Sevilla'; de la 'Joyería de Córdoba'; de la 'Piel de Ubrique' y del 'Sherry Casks' vinculados al Marco de Jerez, en la provincia de Cádiz; y del 'Calzado Artesanal de Valverde del Camino', en la provincia de Huelva, según ha detallado la Junta.

De este manera, la Unión Europea establece un sistema de reconocimiento a nivel europeo a través de IGP que, a su juicio, “resultará beneficioso para los consumidores”, al mejorar la concienciación respecto a la autenticidad de los productos y provocará un efecto económico positivo en las microempresas y las pymes al reforzar la competitividad, con una repercusión positiva en el empleo, el desarrollo y el turismo en las zonas rurales. También facilitará el acceso a los mercados de terceros países a través de acuerdos comerciales.

El procedimiento que establece se divide en dos etapas, una primera nacional y otra posterior europea, donde la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea concede o deniega la inscripción de la Indicación Geográfica en el Registro de la UE. En el caso de España, es la Oficina de Patentes y Marcas el órgano competente para las indicaciones geográficas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad o ciudad autónoma. El Reglamento europeo marca el 2 de diciembre de 2025 como la fecha a partir de la cual se podrán realizar las solicitudes que iniciarán el procedimiento para la consecución de las nuevas indicaciones geográficas.

La Consejería de Industria, Energía y Minas es el organismo designado en Andalucía para la gestión de las IGP de productos artesanales e industriales, sin perjuicio de las competencias en materia de artesanía por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Joyería de Córdoba

La tradición joyera relacionada íntimamente con su cultura e historia en Andalucía tiene a Córdoba como epicentro de sus actividades. Como muestra de ello, Andalucía cuenta con 730 empresas dedicadas al sector de la industria de la joyería que abarca los diferentes eslabones de su cadena de valor, de las cuales el 63% tienen su sede en Córdoba.

Producto de la fusión de culturas, los joyeros cordobeses representan un patrimonio intangible que, sin perder su esencia ha sabido explorar nuevos ámbitos de desarrollo, encontrándose en un proceso de transformación industrial, sustentado en actores y entidades que vienen jugando un papel esencial como la Asociación de Joyeros de Córdoba, el Parque Joyero de Córdoba, o la Escuela de Joyería de Córdoba de la Junta de Andalucía, centro de referencia nacional de joyería y orfebrería de Córdoba, que han contribuido a ese notable cambio en los métodos de producción de gran parte de las empresas de joyería andaluza.

El plan de cadena de valor Crece Industria de la Joyería en Andalucía se centra en reforzar esta industria y acompañar a las entidades del sector a afrontar los retos y oportunidades que enfrentan. Entre sus objetivos está el de impulsar la expansión comercial e internacional mediante la cooperación empresarial y la apertura de nuevos canales de distribución en los principales mercados.

Otras industrias

'Blanco Macael' de Almería Conocido como el oro blanco de Andalucía, el mármol blanco extraído de la Sierra de Filabres en Almería es una piedra natural emblemática e íntimamente relacionada con la historia y la cultura andaluza, como muestra su protagonismo en algunas de las joyas arquitectónicas de Andalucía, entre las que destaca la arquitectura andalusí y particularmente su utilización en las 124 columnas y fuente del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada.

No obstante, sus raíces son incluso anteriores y se manifiestan a lo largo de los siglos, con gran utilización por el Imperio Romano y edificios emblemáticos como el teatro romano de Mérida, la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Madinat al-Zahara y el Palacio Real, entre otros muchos.

Según ha detallado la Junta, sus características armónicas y elegantes, que alternan tonalidades blancas y grises, hacen que su uso sea apreciado hoy día por arquitectos e interioristas de todo el mundo, constituyéndose como “uno de los productos naturales más reconocidos y reconocibles” dentro de la industria de la piedra y el mármol de Almería.

El plan de cadena de valor Crece Industria de la piedra y mármol, promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas, se centra precisamente en reforzar la industria de la piedra y el mármol y acompañar a las entidades del sector a afrontar los retos y oportunidades que enfrentan. Entre sus objetivos, se encuentra potenciar la expansión comercial en el mercado europeo e internacional, así como la diferenciación por calidad y origen del producto.

Consciente de su transcendencia social, cultural, turística, económica y religiosa, desde la Junta de Andalucía se vienen desplegando diferentes iniciativas que tienen incidencia en el sector de la artesanía y los oficios vinculados al arte sacro, con los que se comparte la vocación de proteger y divulgar nuestro patrimonio cultural, entre las que cabe destacar la concesión de subvenciones para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso en Andalucía, promovidas desde el año 2020 por la Consejería de Cultura y Deporte, y las dirigidas a las pymes y asociaciones artesanas, convocadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con el objetivo de mejorar la competitividad, la digitalización y el crecimiento sostenible del sector artesano en Andalucía.

Esta vocación de protección de la cultura y el patrimonio andaluz se encuentra unida al objetivo de “la diferenciación de las piezas de arte sacro producidas en Sevilla, por su calidad y origen del producto, frente a la demanda de productos procedentes de terceros países”. Entre las iniciativas contempladas para ello se encuentra la de la promoción, en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, de la Indicación Geográfica Protegida 'Arte sacro de Sevilla'.

Por otro lado, el sector de la marroquinería andaluza lidera ampliamente el sector español en cuanto a número de empresas y personas empleadas, con más de 500 empresas registradas que supone el 31% a nivel nacional. Ubrique y la comarca de la Sierra de Cádiz concentran gran parte de las firmas manufactureras dedicadas al desarrollo y producción en serie de artículos de piel, representando el 80% del conjunto andaluz.

Además, como rasgo característico del sector, ocho de cada diez empresas tienen menos de diez trabajadores y destacan por su herencia e influencia artesanal. La actividad principal está focalizada en la prestación de servicios de producción para terceros, fundamentalmente grandes marcas del sector de la moda de reconocido prestigio a nivel internacional.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este miércoles la concesión de una ayuda de 3,2 millones de euros a Hitachi Energy Spain de Incentivos Complementarios a los Incentivos Económicos Regionales (IER), para proyectos tractores de grandes empresas de la industria manufacturera y la logística avanzada en Andalucía, que otorga la Consejería de Industria, Energía y Minas y que corresponde a la convocatoria de 2023 y 2024.

Con esta ayuda, la Junta de Andalucía respalda el proyecto de inversión de la compañía en su planta de Córdoba, cuya actividad es la de fabricación de transformadores eléctricos. En concreto, Hitachi ampliará la capacidad productiva de la línea de fabricación actual de transformadores de potencia en un 35% ante las previsiones del aumento de la demanda de soluciones en el mercado español e internacional.

Este incremento de capacidad de su planta cordobesa requiere la adquisición de nuevos bienes de equipo, la adecuación del edificio de oficinas y sus instalaciones a estos nuevos objetivos de producción. El proyecto incorpora dos líneas de fabricación que no existían inicialmente en el centro productivo: una para la fabricación de las cubas de transformadores de potencia y otra para la producción de reactancias de potencia.

En total, la inversión por parte de Hitachi Energy Spain asciende a 23 millones de euros, que la Junta de Andalucía apoyará con un incentivo de 3,2 millones de euros, el 14% de la inversión total, gracias a la cual el proyecto alcanza una intensidad de incentivos del 30% tras sumar el IER.

El proyecto de Hitachi Energy Spain ha sido declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía y se alinea con la política industrial de la comunidad, en tanto que busca incrementar la huella industrial en el desarrollo de las energías renovables, y particularmente en el Plan de Cadena de Valor Crece Industria de la Energía, Climatización y Frío Industrial.

Los Incentivos Complementarios son un programa de ayudas que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, financia con fondos propios y que tiene como objetivo atraer inversión industrial a Andalucía incrementando, de manera adicional, el incentivo a inversiones estratégicas que realicen grandes empresas tractoras implantadas en la región que hayan sido beneficiarias de los IER estatales del sector aeroespacial, la industria manufacturera o la logística avanzada.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha pedido este lunes “disculpas” por las personas que han fallecido en la comunidad autónoma en las listas de espera de la Dependencia sin recibir prestación alguna, tanto “ahora”, como antes con los gobiernos del PSOE-A.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha inaugurado junto a otras autoridades el V Congreso Andaluz de Coeducación, que organiza el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), López ha afirmado conocer “un informe del Defensor del Pueblo de la época del PSOE, donde fallecieron más de 1.500 personas”.

“No se sabía antes --ha asegurado--, porque para los gobiernos socialistas era más fácil ocultarlos que contarlos, así que, como ellos tienen esa actitud, yo tengo otra muy distinta”, de modo que, “por aquellos (fallecidos), y por los de ahora, yo pido disculpas, por los que no lo pidieron ellos, que deberían haberlo hecho, y por los que me toquen a mí”.

En cualquier caso, Loles López ha afirmado que con el actual Gobierno del PP en la Junta de Andalucía se han “batido récords en personas atendidas, con más de 296.000 personas atendidas”, mientras que “en épocas anteriores del Gobierno socialista se expulsaba a personas del sistema”.

Ahora también se han “batido récords en prestaciones, con más de 442.000 prestaciones”, y “hemos puesto, por primera vez en la historia, 134 millones de euros repartidos en toda Andalucía, precisamente para la construcción o reforma de centros de día, o centros para personas con discapacidad”, y ello después de que los socialistas “dejaron una herencia” de “1.275 días de espera”, es decir, de “tres años y medio de espera” para la Dependencia, “con lo cual, si partimos de lo que nos dejaron, la hemos reducido a la mitad”.

Bebé pendiente

Por otro lado, la consejera se ha referido al caso de una bebé andaluza de 19 meses, que, según ha informado el 'elDiario.es', padece una enfermedad ultra rara, con un 75% de discapacidad, y que lleva aguardando desde noviembre de 2023, cuando solicitó la ayuda a la Junta de Andalucía, la aprobación de una prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales.

Ante ello, Loles López ha dicho que “lo primero que tiene que hacer la Consejería es pedir disculpas, si ha habido algún error”, pues “somos personas y creo que lo más honesto es pedir disculpas, siempre”, ya que “no somos perfectos” y “los políticos también tenemos que pedir disculpas, somos personas y nos equivocamos, así que vaya por delante y, por supuesto, poner todos los recursos a disposición de esa niña y de esa familia. Pero, sobre la marcha, vamos, sin dudar y sin esperar ni un segundo”.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y  Movilidad Sostenible a licitar por importe de 130,6 millones de euros (IVA  no incluido), a través de Adif, dos contratos para la renovación de la señalización del ferrocarril convencional a su paso por las provincias de  Córdoba y Jaén, para reforzar su capacidad y fiabilidad para circulaciones  de viajeros y de la futura autopista ferroviaria de mercancías. 

La actuación, que comprende la redacción de los proyectos y la ejecución  de las instalaciones, supone el despliegue de sistemas y equipos de  señalización ferroviaria nuevos y de mayores prestaciones en dos tramos  de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz que suman 167 km: el de  92,5 Km entre Peñalajo (Ciudad Real) y Espeluy (Jaén), por 67,63 millones  de euros; y los 74 km entre Córdoba y Lora del Río (Sevilla), por algo más  de 63 millones de euros.

En concreto, se instalarán 36 nuevos enclavamientos de última tecnología  (dispositivos que permiten gestionar en remoto y tiempo real las señales  de un tramo ferroviario), señales fijas y luminosas y telecomunicaciones.  Además, estos equipos se integrarán en el sistema de control del tráfico  centralizado (CTC) para gestionar la circulación en remoto y tiempo real. 

La nueva señalización refuerza la fiabilidad y capacidad para acoger más  circulaciones en la línea, común a los corredores Atlántico y Mediterráneo,  por la que se prestan servicios de transporte de viajeros, tanto de  proximidad como de media y larga distancia convencional, y por la que está  previsto que circulen servicios de la Autopista Ferroviaria que unirá  Algeciras-Madrid-Zaragoza. 

En total, el Consejo de Ministros ha autorizado este martes movilizar 540 millones  de euros de inversión para seguir avanzando en el desarrollo y el  mantenimiento de la red ferroviaria, mediante trabajos destinados a la  conservación, tanto de la red convencional como de la de alta velocidad; a  la renovación de varios tramos de la línea convencional Madrid-Alcázar de  San Juan-Cádiz a su paso por Andalucía; a la mejora de los túneles de  Villabona en Asturias, y al inicio del montaje de vías en la línea de alta  velocidad Murcia-Almería. 

Impulso a la modernización del ferrocarril convencional 

Transportes suma esta actuación a las que ya impulsa en toda Andalucía,  en el marco de su apuesta por la renovación y modernización de la red de  ferroviaria convencional. 

Actualmente, en Córdoba se avanza en la redacción de los proyectos para  renovar integralmente 106,4 km la línea convencional comprendido entre  Villa del Río y Palma de Río. También se está trabajando para recuperar  las estaciones de Montoro y Almodóvar del Rio para los servicios de  proximidad y en la construcción de una pasarela urbana en la estación de  Villarrubia (Córdoba). 

En Jaén, además de mejoras en la electrificación en varios tramos de línea,  el Ministerio trabaja para contratar el refuerzo de accesibilidad y mejora de  la estación de Linares-Baeza, con la instalación de ascensores, y  recientemente se ha licitado la mejora de la estación de ferrocarril de la  capital y sus accesos. 

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS número 9  (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7  (sostenibilidad) y 8 (desarrollo económico y generación de empleo). Además, esta actuación ahora autorizada podrá ser cofinanciada por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La cordobesa Rafaela Artacho Gant ha sido nombrada nueva secretaria técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se ha producido en el Consejo de Gobierno extraordinario que se ha celebrado este jueves en Sevilla, presidido por Juanma Moreno tras la remodelación de su ejecutivo.

Nacida en Córdoba (1963), es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, experta en Urbanismo por el Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional (CEMCI) y máster en Dirección Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ha sido funcionaria de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Granada (en excedencia) y, desde 1994, del Ayuntamiento de Almería, desempeñando diversos cargos y puestos directivos en las áreas de Personal, Atención Social, Cultura, así como en Urbanismo y Medio Ambiente.

Desde 2015 hasta agosto de 2022 ejerció como letrada jefe titular de la asesoría jurídica municipal y desde esa última fecha hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de secretaria general técnica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.

Ha realizado labor docente en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Almería y en jornadas y cursos de formación de Derecho Administrativo organizados por distintas entidades públicas, contando con publicaciones en revistas especializadas. 

José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos se mantienen en el Gobierno de la Junta de Andalucía como consejeros. Ambos conservan sus cargos después de la gran remodelación del gobierno regional que acaba de acometer este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El propio Moreno ha citado a “los cordobeses” Nieto en Justicia y Villamandos en Universidades como consejeros que se mantienen en sus cargos después de unos cambios importantes.

En total, la Junta de Andalucía dispone de 14 consejerías. El cambio más significativo se produce en Salud. Su consejera, Catalina García, es relegada a Sostenibilidad. En su lugar, Moreno confía en Rocío Hernández Soto, pediatra y encargada del distrito sanitario Aljarafe de Sevilla.

También importante es el cambio en la Consejería de Cultura y Deporte, que pierde Turismo. Su titular anterior se queda con Turismo, Arturo Bernal. Pero Cultura regresa a Patricia del Pozo, que ya dirigió sus competencias en el primer gobierno de Moreno, el del pacto con Ciudadanos.

Además, la nueva consejera de Educación será la que fue viceconsejera, Carmen Castillo. Agricultura sigue en poder de Ramón Fernández Pacheco, que deja de ser el portavoz. La nueva portavoz será Carolina España.

En 2006, Córdoba apenas registró 15 solicitudes de asilo. En 2023, la cifra ascendió a 1.544; un aumento del 10.193,3%. La mayoría de ellas las pidieron colombianos, venezolanos, nicaraguenses y pakistaníes. Pero, ¿cuántos refugiados hay en Córdoba? ¿Qué porcentaje de solicitudes son denegadas y admitidas? ¿Cuánto tiempo medio esperan hasta que estas se resuelven?

En el momento de escribir estas líneas ha sido imposible poder esbozar un mapa del refugiado que vive en Córdoba, así como un perfil sociodemográfico sobre este colectivo. Las asociaciones que trabajan con estas personas, que huyen de sus países por un motivo un otro, solo pueden ofrecer datos de los solicitantes de asilo a los que ayudan hasta que su petición es resuelta o hasta que se les acaba el plazo máximo de 18 meses dentro del sistema de acogida temporal.

Este jueves, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas; aquéllas que en los últimos años tanto víctimas de los bulos como de la artillería pesada de la extrema derecha. Y junto a todo ese racismo sobre el que se sustenta esa maraña de desinformación que se propaga, también ha florecido el racismo selectivo tras la guerra en Ucrania. Los miles de ucranianos que han huido tras el conflicto en su país han sido recibidos por España con los brazos abiertos, mientras que en “la valla de Melilla”, por ejemplo, estas mismas personas, pero procedentes de otros lugares, “reciben golpes, gases lacrimógenos y devoluciones en caliente”. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional, para quien el conflicto ucraniano puso sobre la mesa “el doble rasero de la política migratoria”.

Esta misma tesis sostienen organizaciones de Córdoba como Córdoba Acoge, la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC), la Asociación Provivienda y Accem, tras una entrevista con Cordópolis. Sus portavoces lamentan el trato desigual que reciben los solicitantes de asilo que no proceden de Ucrania. De hecho, la guerra en este país del Este llevó a España a crear una “protección temporal” para los ucranianos que huían. Según datos del Ministerio del Interior, durante 2023, el 12% de las resoluciones de protección internacional fueron favorables, es decir, unas 11.000. En este mismo año, un total de 33.928 personas desplazadas por la guerra en Ucrania recibieron protección temporal. Desde que en marzo de 2022 se activara este mecanismo de protección, España ha concedido protección temporal a más de 200.000 ciudadanos/as procedentes de Ucrania, según estima Accem en base a datos de Interior.

Mientras que las solicitudes son resueltas -o no-, estas personas son acogidas por centros dispuestos para ello. Si pasados esos 18 meses no obtienen respuesta, deben abandonar el centro. Si tienen redes de contacto, quizás tenga un techo donde dormir. Si no, acaban en situación de calle. En estos momentos, estas asociaciones tienen todas sus 189 plazas llenas.

En el Arroyo de San Lorenzo, desde hace más de un año, Córdoba Acoge da esperanza a jóvenes y hombres que son derivados a su centro de acogida. En este mismo barrio, la asociación cuenta con otro centro y un piso en los que son acogidos familias con niños y personas con problemas de salud mental. Hace apenas cuatro meses que Buknari llegó de Somalia. Tiene 19 años, pero su proceso migratorio empezó cuando era menor de edad.

Huyó de su país por cuestiones políticas y ser perseguido, no sin antes someterse a trabajos forzosos para conseguir recursos económicos con los que poder llegar a España. Toda su familia se encuentra en Somalia, a donde él nunca volverá. Si le es reconocida la condición de refugiado -en el caso de Somalia, se suele dar asilo por cuestiones políticas, señala la psicóloga de la asociación, Alba Aguilar-, jamás podrá regresar a su país.

Buknari estará en el centro de Córdoba Acoge un máximo de 18 meses, ya que se encuentra inmerso en la primera fase del Sistema Estatal de Acogida. Durante este tiempo, esta entidad le facilita alojamiento, atención social, apoyo psicológico, ayudas para formación y clases de idioma, y apoyo en la búsqueda de empleo. Cuando llegó a España fue derivado a Córdoba porque fue el lugar donde había plazas disponibles. Esta moneda echada al aire llega a provocar la separación física de las parejas, como es uno de los casos con los que actualmente está trabajando la asociación. Mientras que ella ha sido derivada a Córdoba, él, a Jaén.

Actualmente, esta asociación acoge en este centro a 34 jóvenes y hombres, y tiene otras seis plazas distribuidas para atender a solicitantes de asilo con problemas de salud mental y 22 para familias. Las edades de quienes viven en El patio, 19 -tal y como la entidad ha apodado a este centro- oscilan entre los 18 y los 60 años. En su mayoría son senegaleses, malienses y somalíes. Quienes acaban en centro de este tipo son personas sin recursos económicos y sin redes de apoyo o familiares con los que poder vivir mientras se soluciona su proceso administrativo, como le ocurre a Buknari.

Tras su llegada a Córdoba, los solicitantes deben pedir una cita en Extranjería para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional. Aquí obtienen lo que se denomina “el papel blanco”, que les da la posibilidad de solicitar una plaza de acogida, les protege frente a una expulsión y les permite estar identificado antes las autoridades. Ese “papel blanco”, asimismo, autoriza al solicitante a trabajar en España a partir del sexto mes de su emisión y debe ser renovada cada nueve meses mientras se resuelve la solicitud de asilo.

En este primer acto se le emplaza a una segunda cita para formalizar la solicitud a través de una entrevista en la Comisaría de Policía. Es aquí cuando estas personas entran en una espera que se eterniza en el tiempo dada las pocas citas que se ponen a disposición de los solicitantes. Mientras que esperan a esta segunda entrevista, estas personas pasan los 18 meses en centros como el de Córdoba Acoge, recibiendo una asistencia integral, aunque las barreras que deben sortear en el camino son aún más numerosas. Esta primera, la administrativa, deja en evidencia el colapso del sistema y “las preferencias por nacionalidades”, aseguran estas organizaciones. “En este centro hemos tenido solicitantes de asilo a quienes se les ha cumplido el plazo de 18 meses y no han obtenido respuesta. Sin embargo, personas ucranianas apenas han estado 24 horas”, lamentan.

La segunda barrera es la idiomática. Para ello, los solicitantes de asilo reciben clases de español, una verdadera herramienta para que, por ejemplo, puedan acceder a cursos formativos con vistas a poder trabajar. Estas personas siempre tienen las miras puestas en conseguir un empleo, señalan desde la asociación. La tercera barrera está en la creación y gestión de lazos de contacto; poder hacer amigos con los que relacionarse, un paso muy difícil para ellos. “Estos jóvenes no disfrutan del ocio que pueden tener los chicos de su edad, que van al cine, por ejemplo. Eso requiere una capacidad económica que no tienen”.

Otra barrera la encuentran también en el sistema sanitario. “Hay mucho desconocimiento, por ejemplo, sobre la mutilación genital femenina y a Córdoba Acoge llegan chicas que han sufrido eso. Ocurre lo mismo con aquellas personas que han dado positivo en Mantoux”, apunta Julia Elvira Peinado Troyano, técnico de inserción laboral en la asociación. Se trata de una enfermedad parecida a la tuberculosis, pero en Somalia, “y de la que puedes dar positivo si la tienes, si has estado en contacto con alguien infectado o si te has vacunado”. Desde Córdoba Acoge denuncian la existencia de personal sanitario que, por ejemplo, rechaza atender a aquellos jóvenes y hombres que han dado positivo en esta enfermedad.

Mohamed es natural de Senegal y llegó a Córdoba hace poco más de un año, también por razones políticas, tras una travesía en cayuco donde no todas las personas que se montaron en aquel bote llegaron a tierra firme. Se está formando en sectores com la carpintería, la pintura y el mantenimiento de edificios, y no puede disimular su enorme sonrisa al preguntarle cómo se ve en un futuro. “Trabajando como mecánico aquí en Córdoba”, responde esperanzado quien quiere construir su vida en esta ciudad mientras su familia, con quien no tiene contacto, continúa en Senegal.

Si Mohamed y Buknari consiguen que les sea concedida su condición de refugiados, podrán acceder a la tercera y última fase del Sistema Estatal de Acogida, la de autonomía y facilitación para conseguir una vivienda de alquiler. Aquí se vuelven a abrir las dificultades, aseguran desde Córdoba Acoge, ya que las posibilidades de que algún propietario alquile vivienda a personas refugiadas “son mínimas”, apunta Jesús María Aranda López, otro técnico de esta entidad. Si adquieren este reconocimiento por razones humanitarias, deberán renovarlo cada año. Si lo consiguen por motivos políticos, el plazo de renovación aumenta hasta los cinco años.

Para concienciar sobre la realidad que viven decenas de refugiados, Córdoba Acoge, la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC), la Asociación Provivienda y Accem han organizado para este jueves un flash-mob que partirá a las 10:00 del Bulevar del Gran Capitán. Lo protagonizarán los propios solicitantes de asilo, que bailarán y cantarán también en Las Tendillas y finalizarán en La Corredera.

Cruz Roja, otra entidad en Córdoba que atiende a solicitantes de asilo

Cruz Roja es otra entidad que en Córdoba atiende a solicitantes de asilo y a refugiados. Así, la entidad acoge a día de hoy en la provincia a 119 personas que esperan la resolución de su solicitud de asilo. Están repartidas entre la capital (47) y Puente Genil (72), y el perfil es muy diverso, aunque las nacionalidades mayoritarias son Marruecos, Senegal, Mali, Venezuela y Colombia. Entre ellos, hay además muchos menores, como demuestra el dato de los 27 que actualmente están acogidos en los centros de Cruz Roja.

Además de esas 119 personas, otras seis ya han conseguido su condición de refugiado, por lo que han pasado a la última fase del Sistema Estatal de Acogida. De este modo, viven ya en pisos y reciben ayudas económicas para el alquiler y otras necesidades básicas por parte de la organización. De esas seis, todas son de nacionalidad ucraniana: tres habitan en la capital y las tres restantes, en Lucena.

Si el próximo 23 de julio se repiten los resultados electorales de este pasado domingo 28 de mayo, el PP sería el partido ganador en la provincia de Córdoba. Los populares sumarían un escaño más, que sería el que perdería Vox, que se quedaría fuera del Congreso por la provincia de Córdoba.

Así, y en aplicación de la Ley D'Hont según los resultados del pasado domingo, el PP obtendría un total de tres escaños. Por su parte, la izquierda aguantaría los resultados de 2019. Así, el PSOE conservaría sus dos diputados actuales y la confluencia de izquierdas el acta que actualmente tiene. Es decir, se mantendría la división aritmética izquierda-derecha pero con menos actores: el PP acumularía los tres congresistas del bloque de la derecha y el PSOE y la confluencia otros tres, por lo que no habría cambio alguno.

El gran cambio se daría en el Senado. Cada provincia, sin importar el peso de su población, elige a cuatro senadores. Tres son para el partido más votado y uno para el segundo. En Córdoba, en 2019, el partido más votado fue el PSOE, al que se le asignaron tres senadores. El segundo fue el PP, al que le correspondió uno (Fernando Priego, actual alcalde de Cabra). Ahora, los tres senadores caerían del lado del PP y uno iría al PSOE.

Estos resultados ya se han dado en otros comicios electorales generales en la provincia de Córdoba, donde los bloques suelen estar muy definidos y en los que la Ley D'Hont ofrece pocas sorpresas, salvo cuando el voto se divide. En Córdoba, de hecho, Ciudadanos llegó a contar también con un diputado en el Congreso, que perdió tras la debacle de 2019.

El cordobés Antonio Castro ha sido nombrado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como nuevo director general de Planificación, Política Económica y Financiera.

Nacido en Córdoba (1971), es abogado del Estado, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y ha desarrollado su carrera profesional tanto en el sector público como en el privado. Hasta la actualidad, era director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Sustituye en la dirección general de Planificación, Política Económica y Financiera a la fallecida Esperanza Nieto.

En la empresa privada, cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, bancario y de gestión de activos. Ha trabajado para el grupo británico Barclays, donde fue secretario general para España y Portugal para posteriormente ocupar la posición de consejero delegado en España y miembro de la gerencia en Portugal. También trabajó en Londres como director de asuntos legales de la división Europe Retail Business Banking (España, Portugal, Italia y Francia) y fue miembro de su comité ejecutivo. Por último, ha sido director general adjunto del grupo Andbank y consejero presidente de Andbank Wealth Management (España) y Andbank Luxemburgo.

Como abogado del Estado, prestó servicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fue vocal del tribunal de selección de Jueces y Fiscales. También en el sector público fue director de asesoría corporativa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) durante el proceso de liberalización del sector en España y representante ante la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).