La Policía Nacional a través de su Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha llevado a cabo la detención de 18 personas -dos de ellas en localidades de la provincia de Córdoba- como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Estas personas habrían vendido empadronamientos mediante falsos contratos de subarriendo de habitaciones a inmigrantes de varias nacionalidades que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por estos trámites percibirían entre 350 y 500 euros. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Según el relato policial difundido en un comunicado de prensa, la 'Operación Arco' comenzó cuando la referida brigada tuvo conocimiento de un empadronamiento masivo de extranjeros en cuatro viviendas de Granada; concretamente, serían 52 extranjeros, sobre todo de origen magrebí, en cuatro domicilios ubicados en el distrito Centro de Granada.

Ante estas evidencias, los agentes iniciaron comprobaciones en relación con las personas que realmente residían en las cuatro viviendas, constatando la imposibilidad por falta de espacio físico de que el número de personas que estaban empadronadas en dichas viviendas pudieran vivir en ellas.

También pudieron comprobar que en dichas viviendas residían realmente desde hacía tiempo otras personas, españoles y extranjeros, que ni siquiera se habían empadronado.

Asimismo, se comprobó que los cuatro domicilios se habían alquilado en una inmobiliaria del centro de la ciudad por una misma persona, la cual en ocasiones actuaba como arrendatario y otras como avalista de otros falsos arrendatarios. Los mismos después llevaban a cabo el subarriendo real de habitaciones a terceros y en paralelo hacía contratos falsos de alquiler de una habitación a extranjeros, solapándose en el mismo periodo temporal los subarriendos con los contratos simulados.

El avance de las investigaciones permitió conocer que la pareja afectiva del principal investigado y falso arrendador se hacía pasar por voluntaria de una conocida fundación de acogida y apoyo a personas en situación vulnerable; de esta manera, ya sea directamente o a través de terceros, podían captar a inmigrantes en esta capital, sobre todo aquellos interesados en optar a procedimientos con ocasión de la regularización extraordinaria de 2026.

Por los trámites falsos de empadronamiento cobraban a cada extranjero entre 350 euros y 500 euros, dándose además la circunstancia que para esa modalidad de regularización extraordinaria no se exigía empadronamiento.

En total han sido 18 los detenidos por estar involucrados dentro de esta trama a los que se les imputan delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Tres de ellos son españoles y el resto extranjeros, alguno con antecedentes previos. Un total de 16 de las detenciones se han producido en Granada y otras dos en localidades de la provincia de Córdoba, lugar al que se habían desplazado esos investigados para evitar ser detenidos. Todos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00, al acto simultáneo que tendrá lugar en toda España convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y a los ceutíes. El acto, organizado casi un mes después de la llegada masiva de migrantes, tendrá lugar frente a la sede del Ayuntamiento, en la calle Capitulares.

La iniciativa pretende convertir las puertas del consistorio en un punto de encuentro para expresar el apoyo público y la solidaridad institucional hacia Ceuta y sus ciudadanos tras la profunda crisis migratoria desencadenada en la última semana de julio. De igual forma, este llamamiento colectivo se alza como una reivindicación de la unidad de todos los municipios españoles con las problemáticas que, pese a concentrarse en un punto concreto de la geografía nacional, afectan al conjunto del país.

El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a la participación de representantes institucionales, de la sociedad civil y de los colectivos y entidades sociales, al tiempo que recuerda que se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. El alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha confirmado que asistirá a la convocatoria.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de EUROPOL y la participación de Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia, han logrado desarticular una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo presuntamente dedicada al tráfico marítimo de seres humanos.

El entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladaban migrantes hasta las costas de nuestro país. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. El entramado actuaba con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades para proteger las embarcaciones y sus cargamentos. En la fase final de la operación, en la que han participado más de 180 agentes, se ha procedido a la detención de un total de 78 personas en España (77) y Argelia (1).

La investigación policial, iniciada en el año 2023, ha permitido identificar una organización criminal trasnacional plenamente consolidada desde hace años en el Mediterráneo, especializada principalmente en el favorecimiento de la inmigración irregular en la costa mediterránea. Es considerada la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, caracterizada por una extraordinaria capacidad operativa, una estructura altamente profesionalizada y una extensa red de ramificaciones nacionales e internacionales.

El entramado criminal operaba mediante subestructuras perfectamente organizadas y jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

La estructura estaba dirigida por un líder absoluto encargado de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de toda la actividad criminal. Este máximo responsable aportaba importantes recursos económicos, suministraba armamento y sustancias estupefacientes y dirigía la distribución de dichas mercancías ilícitas hacia diversos países del norte de África donde el consumo de estupefacientes de origen sintético como el MDMA tiene alta demanda social.

La organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles funcionales diferenciados. Un primer nivel asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones; un segundo nivel estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos; mientras que un tercer nivel integraba colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.

Infraestructura y capacidad operativa

La organización disponía de una infraestructura criminal compleja, altamente especializada y dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados destacan embarcaciones de alta velocidad de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas, llegando incluso a aleccionar a sus pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización había diversificado sus actividades ilícitas mediante un sistema de doble flujo. Por un lado, realizaban el traslado de sustancias de síntesis como el MDMA hacia Argelia. Posteriormente, aprovechaban el retorno de las embarcaciones para transportar migración irregular hacia las costas de Almería, Cartagena, Murcia, Alicante e Ibiza.

Esta operativa les permitía obtener importantes beneficios económicos, llegando a cobrar 12.000 euros por cada persona trasladada en operaciones que en algunos casos implicaban hasta 50 inmigrantes por trayecto. A ello se sumaban los beneficios adicionales derivados de la introducción de drogas en distintos países africanos, así como el negocio del “petaqueo” o abastecimiento de combustible de estas embarcaciones rápidas.

Tráfico de personas

Las travesías marítimas en embarcaciones rápidas eran extremadamente peligrosas para los migrantes que iban a bordo. Viajaban hacinados, a gran velocidad, con fuerte oleaje, sin iluminación, con sistemas de navegación tecnológicamente avanzados y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas. En ocasiones, los ocupantes eran incluso atados para evitar que cayesen al agua durante la travesía.

Este tipo de trayectos no solo implicaba el cruce marítimo, sino también un recorrido previo muy largo a través de diferentes países del continente africano hasta alcanzar la costa de salida en Argelia. Una vez llegaban a la zona costera de embarque, muchos de estos migrantes eran alojados en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que funcionaban como puntos de espera antes de iniciar las travesías marítimas.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes han detectado un extraordinario nivel de violencia ejercido por la organización contra sus propios integrantes y contra los migrantes sometidos a su control, así como contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización mantenía un férreo sistema interno de control basado en la intimidación, amenazas, coacciones y violencia física extrema. Este sistema disciplinario afectaba tanto a miembros de la organización como a los migrantes transportados, existiendo constantes referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, llegando a mantener contactos con la “mocro maffia” o la “milieu marsellés” desde dónde se impartían directrices de control.

Durante el desarrollo de la operación se han llevado a cabo 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que se ha intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gr de cocaína, 40 gr metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material altamente especializado. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de bienes vinculados a la organización, incluyendo cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales dirigentes.

La investigación ha concluido con la detención de 78 personas en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), A Coruña (1), Sevilla (1), Lugo (1) y Argelia (1). Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conexas.

La provincia de Córdoba ha registrado un total de 1.180 personas de alta en la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros. Según los datos actualizados al 30 de junio de 2026 por la Subdelegación de Gobierno de Córdoba, esta cifra sitúa a la provincia con una representación del 0,7% sobre el total nacional de afiliados derivados de esta medida.

A nivel regional, Andalucía aporta 19.968 afiliados al sistema bajo este proceso, lo que supone el 12,6% del total de regularizados en alta en todo el país. En el conjunto de España, la cifra global de trabajadores que se han incorporado formalmente al mercado laboral a través de esta regularización asciende a 159.097 personas.

Dentro del contexto andaluz, Córdoba se posiciona como la séptima provincia en número de altas. El ranking autonómico lo lidera Málaga, con 5.451 afiliados, seguida de Sevilla (4.145) y Almería (3.218). Por detrás de Córdoba solo se sitúa la provincia de Jaén, que registra 703 nuevas altas en la Seguridad Social tras este proceso extraordinario.

Cabe recordar que por provincias, Málaga registró 39.899 solicitudes en este proceso de regularización, seguida de Sevilla, 33.690; Almería, 32.638; Granada, 16.629; Cádiz, 11.641; Huelva, 10.359; Córdoba, 9.951 y Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes presentó fue la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%, Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

La investigación Impacto de la Mujer Trabajadora Migrante en la Economía Andaluza, impulsada por la Asociación Mujer y Poder en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), continúa sumando apoyos con el objetivo de analizar y visibilizar el papel de las mujeres migrantes en el desarrollo económico y social del territorio.

Este estudio nace con un propósito claro: poner datos sobre una realidad estructural que sostiene sectores clave de la economía y que, sin embargo, sigue insuficientemente reflejada en los indicadores oficiales y en el relato público, explican sus responsables, que añaden que, en este proceso, la investigación ha ido sumando el respaldo de empresas, instituciones y organizaciones que no solo creen en la iniciativa, sino que además cuentan en sus plantillas con mujeres migrantes que forman parte activa de su actividad económica diaria.

En el ámbito logístico, destaca la incorporación de Amazon, que se ha sumado al estudio a través de su red de centros en Andalucía, con presencia en Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, aportando una dimensión territorial clave para entender el alcance real del mercado laboral. A ello se suma el sector industrial, representado por SP Group, cuya participación incorpora la mirada de la industria y la producción, ámbitos donde también la mano de obra femenina migrante desempeña un papel cada vez más relevante y necesario.

Por su parte, sectores como la hostelería y el turismo, donde la presencia de mujeres migrantes es especialmente significativa, están representados a través de entidades como Hostecor (patronal de la hostelería en Córdoba) y la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), cuya implicación permite visibilizar la realidad de miles de trabajadoras que sostienen una parte esencial de la economía andaluza.

Asimismo, en un ámbito tan estratégico como el de los cuidados, el estudio cuenta con la participación de Monsecor S.L., con sede en Montilla, reflejando el peso determinante que tienen las mujeres migrantes en este sector, fundamental para el sostenimiento social y familiar.

A este ecosistema se suman también entidades del ámbito social y del desarrollo territorial como Fundación EMET, Córdoba Acoge y el Centro de Desarrollo Territorial de Lucena de la Universidad de Córdoba, así como consulados y asociaciones de mujeres de distintos puntos de Andalucía, que están contribuyendo activamente a la difusión y fortalecimiento del estudio.

La implicación de todos estos actores permite abordar la investigación desde una mirada transversal, conectando los ámbitos económico, social e institucional, y reforzando su capacidad de generar conocimiento útil para la toma de decisiones. El estudio está dirigido por las doctoras Rocío Muñoz Benito, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, y Virginia Navajas Romero, profesora doctora y vicedecana de Proyección de la Facultad de Ciencias del Trabajo, lo que garantiza el rigor académico del proyecto.

Actualmente, la investigación se encuentra en fase de recogida de datos, con la participación de más de 350 mujeres migrantes trabajadoras en Andalucía, y continúa creciendo con el objetivo de alcanzar una muestra representativa que permita ofrecer resultados sólidos y con capacidad de incidencia.

Desde la Asociación Mujer y Poder subrayan que esta iniciativa no se limita a generar datos, sino que busca transformar la manera en que se entiende y se reconoce la aportación de las mujeres migrantes en la economía. “Solo demostrando nuestra aportación con datos podremos incidir de manera real en las políticas públicas dentro de nuestra comunidad autónoma. Este estudio es un paso necesario para que esa realidad deje de ser invisible y pase a formar parte del debate y de la toma de decisiones”, afirma María Piña, presidenta de la Asociación Mujer y Poder e impulsora del proyecto.

En este contexto, la organización hace un llamamiento a seguir ampliando la red de colaboración e invita a empresas y entidades que cuenten en sus plantillas con mujeres migrantes a sumarse a esta iniciativa, contribuyendo a visibilizar una realidad clave para el desarrollo económico y social de Andalucía.

Para más información o para colaborar con la iniciativa: www.mujerypoder.es

La Oficina de Extranjería de Córdoba ha culminado con éxito el Plan Especial de tramitación puesto en marcha para dar respuesta al proceso extraordinario de regularización derivado del Real Decreto 316/2026, logrando resolver el 97% de los expedientes incluidos en este programa extraordinario. 

El plan, desarrollado entre abril y junio, ha permitido tramitar 928 de los 955 expedientes pendientes que existían en la provincia cuando entró en vigor la nueva regulación el pasado 16 de abril. Los 27 expedientes restantes continúan en tramitación a la espera de que las personas interesadas aporten la documentación requerida para completar el procedimiento. 

La Subdelegación del Gobierno activó este dispositivo especial con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales presentadas desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. 

Un esfuerzo extraordinario para responder a una demanda histórica 

Los expedientes de arraigo han concentrado la mayor parte de la actividad desarrollada en el marco del plan, con 850 solicitudes tramitadas. A ellos se suman 70 expedientes correspondientes al régimen transitorio previsto para personas con solicitudes de protección internacional denegadas en vía firme y 35 solicitudes relativas a menores acompañados.

Del total de expedientes incluidos en el plan, 838 han obtenido una resolución favorable, lo que representa el 88% de los casos tramitados. El resto corresponde a archivos, inadmisiones, denegaciones y otras resoluciones de carácter procedimental. 

Más de 2.300 expedientes resueltos desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento 

La finalización de este plan especial pone el broche a más de un año de intensa actividad de la Oficina de Extranjería de Córdoba. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería en mayo de 2025, la oficina ha gestionado 2.382 expedientes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales. 

De ellos, 2.350 han sido ya resueltos, lo que supone una tasa global de resolución del 99%. Los expedientes pendientes representan únicamente el 1% del total y corresponden, en su práctica totalidad, a procedimientos que requieren documentación adicional por parte de las personas solicitantes. 

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha destacado que “la extraordinaria respuesta de la Oficina de Extranjería demuestra el compromiso de los empleados públicos con una gestión ágil, eficaz y cercana. Detrás de cada expediente hay una persona o una familia que espera una respuesta administrativa que le permita desarrollar su proyecto de vida con seguridad jurídica”. 

López Losilla ha subrayado además que “el éxito de este plan especial ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación de todo el personal de la Oficina de Extranjería, que ha asumido una carga de trabajo excepcional para dar respuesta a una demanda sin precedentes en nuestra provincia”.

Honduras y Venezuela son los países de procedencia de los mayores grupos de personas migrantes que obtuvieron la nacionalidad española durante el año pasado en la provincia de Córdoba. Con 172 personas de Honduras y otras 172 personas de Venezuela, ambos países de procedencia fueron los que más migrantes sumaron a la obtención de la nacionalidad en Córdoba, mientras que en tercer lugar se sitúa Marruecos, con 147.

Así lo ponen de manifiesto los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes, publicados recientemente y consultados por Cordópolis, donde se señala que, a lo largo de 2025, fueron un total de 1.219 las personas migrantes que obtuvieron el pasaporte español. La gran mayoría de ellas lo consiguieron por su residencia en la provincia de Córdoba -1.033-, mientras que por otros motivos no detallados fueron 186.

La estadística muestra las zonas del mundo y los países de la primera nacionalidad de estos migrantes que ya son también españoles. Por zonas, 481 procedían de Sudamérica, otros 377 de Centroamérica y el Caribe, y 184 venían desde África, mientras que 57 lo hicieron desde Asia. Se contabilizan 52 migrantes nacionalizados de países de los 27 de la Unión Europea (UE), mientras que hay otros 39 de países de Europa no pertenecientes a la UE.

Mayoría de mediana edad y menores

Entre los países que más migrantes sumaron a la adquisición de la nacionalidad española por su residencia en Córdoba, tras los citados Honduras, Venezuela y Marruecos, siguen 61 migrantes de Paraguay, otras 95 personas de Nicaragua, 49 más de Cuba, 32 de Rumanía, 24 de México y una cifra similar de Perú, además de 17 personas de Ucrania, entre los grupos mayoritarios. La estadística recoge también que se nacionalizó a un apátrida al que no constaba nacionalidad anterior.

Por edad, del total de 1.219 migrantes nacionalizados españoles el año pasado, superan el centenar los grupos de mediana edad, con 151 de entre 30 y 34 años, 130 de 40 a 44 años y otros tantos de 45 a 49 años, y se quedan en 93 los que tenían entre 25 y 29 años. Asimismo, también son numerosos los grupos de edad de los menores, con 91 de 10 a 14 años, 86 niños de 5 a 9 años y una cifra similar de entre 0 y 4 años, mientras que se nacionalizaron 82 de entre 15 a 19 años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, tomados de la última década, señalan que en esos diez años entre 2016 y 2025 en la provincia de Córdoba han adquirido la nacionalidad española un total de 6.357 migrantes residentes.

Un total de 2.343 personas migrantes han solicitado por vía telemática la solicitud de regularización en la provincia de Córdoba en el primer mes desde que se abrió el plazo el pasado 16 de abril, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto del Gobierno, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde el día 20 de ese mes también con atención presencial, en las oficinas habilitadas, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

En la provincia de Córdoba, la Subdelegación estimaba inicialmente que, ya sea por vía telemática o en atención presencial, se podrían adherir a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

Correos afronta en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España y con una amplia dispersión territorial, dos procesos de enorme complejidad y gran volumen de gestión: las elecciones autonómicas y el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Para CCOO, ambos procesos requieren un importante refuerzo organizativo y de plantilla que garantice tanto la calidad del servicio postal público como el normal desarrollo del voto por correo y de los trámites de regularización.

En este sentido, la Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba advierte de que la actual política de ajuste y contratación cero impulsada por la Dirección de la empresa pública resulta claramente insuficiente para afrontar con garantías esta situación excepcional. El sindicato considera imprescindible un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40% para evitar el deterioro del servicio y la sobrecarga laboral que ya están sufriendo numerosos centros de trabajo.

La organización sindical denuncia que la falta de personal afecta de manera generalizada a oficinas y unidades de reparto de toda la provincia, existiendo centros que trabajan muy por debajo de sus necesidades reales de plantilla. Algunos ejemplos especialmente preocupantes son los de Córdoba capital, en donde falta personal en todas las unidades de reparto, teniendo que asumir el trabajo de las vacantes que han ido surgiendo en los últimos años por jubilaciones, traslados o consolidaciones de puestos de Jefatura en otras oficinas, sin que en las tres últimas adjudicaciones del concurso de traslados saliera una mínima plaza en su lugar.

Además, CCOO critica que no se cubren las bajas por incapacidad temporal, como está pasando por ejemplo en Peñarroya, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Montilla o Lucena. En estas dos últimas poblaciones hay necesidad urgente de personal en el turno de mañana pero la empresa se niega sistemáticamente a reorganizar turnos para que personal adscrito al turno de tarde pueda solicitar el de mañana, situación que también se vive en Córdoba capital.

Otro ejemplo de la falta de personal es el de Doña Mencía, un pueblo con 4.465 habitantes en el que no hay ningún cartero adscrito a la oficina del pueblo, por lo que tienen que cubrir el reparto carteros y carteras de Baena. Mientras, en poblaciones como Palma del Río y La Carlota, trabajadores y trabajadoras que están a media jornada y que estaban los primeros para asignarles una jornada completa, no se les ha asignado en la última adjudicación en concurso de traslados.

Según CCOO, en las oficinas se está priorizando la venta de seguros AXA o el proceso de regularización de personas migrantes, lo que puede suponer un riesgo para la correcta admisión, curso, tratamiento y entrega en tiempo y forma del voto por correo.

En este sentido, el sindicato explica que hay oficinas con alta afluencia de solicitantes de regularización que puedan ver afectada la operativa del voto por correo como son la Oficina Principal (OP) situada en la calle Cruz Conde, la Sucursal 1 (Sector Sur) y la Sucursal 4 (Libia), en la que trabajadoras a media jornada tienen que hacer horas complementarías. Las poblaciones más perjudicadas por todo esta falta de personal en oficinas de atención al público son Palma del Río, Baena (20.688 y 18.885 habitantes respectivamente) con solamente dos personas para la atención al público, pero también Lucena y Montilla en turno tarde, con solo dos personas en atención al público y una de ellas en ambas localidades a jornada parcial.

CCOO denuncia, además, que la empresa continúa sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias, obligando a la plantilla restante a asumir una carga de trabajo cada vez mayor. Esta situación se produce precisamente en uno de los momentos de mayor exigencia operativa para Correos, con miles de envíos electorales y una importante afluencia de ciudadanos y ciudadanas en las oficinas postales.

El sindicato alerta de que esta falta de contratación puede ralentizar, e incluso poner en riesgo y colapsar la correcta admisión, tramitación y entrega en plazo tanto de la documentación electoral como de las solicitudes vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes. Del mismo modo, advierte de que la presión asistencial que soportan oficinas y unidades de reparto está incrementando los riesgos para la salud laboral de los trabajadores/as postales, sometidos a elevados niveles de estrés y sobrecarga.

CCOO considera que garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público exige a la compañía reforzar, de manera urgente, la plantilla en reparto, oficinas y logística; asegurando así que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que el Ayuntamiento mantiene sin atender “más de 2.000 solicitudes” vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes en Córdoba, señalando directamente a la Delegación de Servicios Sociales por “no estar haciendo absolutamente nada” para dar respuesta a esta situación.

Desde la coalición de izquierdas se ha alertado de que estas solicitudes, registradas a través del sistema de cita previa, siguen “sin respuesta, sin derivación y sin atención”, lo que consideran “un abandono flagrante” de un colectivo especialmente vulnerable. En este sentido, han criticado que el equipo de gobierno del Partido Popular “vuelve a dejar fuera a quienes más necesitan de la administración pública”, actuando bajo criterios políticos en lugar de técnicos.

Hacemos Córdoba ha advertido de que esta situación supone “un atentado a la función pública”, al entender que se está produciendo una “discriminación” en la atención desde los Servicios Sociales hacia las personas migrantes que necesitan resolver su situación administrativa en el marco del proceso impulsado por el Gobierno central.

Asimismo, han recordado que “ya se había avisado de la carga de trabajo que implicaría este proceso extraordinario de regularización” y han reprochado al Ayuntamiento “no haber articulado mecanismos para dar respuesta a esta demanda”. En este sentido, han exigido a Bellido y a la delegación de Servicios Sociales que pongan en marcha medidas urgentes que permitan atender a estas personas y tramitar, entre otras cuestiones, los certificados de vulnerabilidad necesarios.

La coalición también ha querido reconocer el trabajo de las entidades sociales de la ciudad, destacando su “implicación desde el primer momento para acompañar a las personas afectadas y facilitar su acceso a derechos, en contraste con la actitud del equipo de gobierno del PP”.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha insistido en que esta situación es “temporal, limitada a los meses que dura el proceso de regularización, por lo que consideran aún más injustificable la falta de respuesta municipal”. Por ello, han reiterado la necesidad de activar recursos y garantizar una atención “digna” a todas las personas, “sin discriminación y poniendo a la ciudadanía en el centro de la política pública”.

Un proyecto nacido en Córdoba y liderado por la asociación Mujer y Poder avanza hacia la presentación de los primeros resultados de una investigación que analiza la aportación económica y laboral de las mujeres migrantes en Andalucía, con datos de las ocho provincias y una creciente red de apoyo institucional, académico y social.

La iniciativa, impulsada desde 2023 por la periodista María Piña, combina investigación universitaria, producción audiovisual y acciones educativas para visibilizar el papel de las mujeres migrantes como agentes económicos activos, generadoras de empleo y parte del tejido productivo andaluz.

El origen del proyecto se sitúa en el documental Ellas colaborando por Córdoba, producido por Blanco sobre Negro Producciones, que reunió a 14 mujeres de 14 países residentes en la provincia. La obra, patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba, fue proyectada en centros educativos, donde sirvió para abordar la diversidad, la integración y la contribución económica desde una perspectiva social y pedagógica.

El proceso dio un salto cualitativo en septiembre de 2025 con la celebración del Primer Encuentro Andaluz Mujer Migrante y Economía, celebrado en la Diputación de Córdoba y con participación de la Universidad de Córdoba, administraciones públicas, entidades sociales, asociaciones y representantes del cuerpo consular en Andalucía. En ese foro se puso en marcha una investigación académica de alcance autonómico centrada en las condiciones laborales y el impacto económico de este colectivo.

El estudio está dirigido por la doctora Rocío Muñoz Benito, responsable de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, junto a la doctora Virginia Navajas Romero. Ambas lideran un equipo que trabaja en la recogida y análisis de datos con el respaldo de consulados y organizaciones sociales en distintas provincias.

Según fuentes del proyecto, la investigación se encuentra en una fase avanzada y cuenta con una participación creciente de mujeres migrantes y entidades colaboradoras. Los resultados se presentarán en el I Congreso de Mujer Migrante y Economía, previsto para el próximo otoño, donde se ofrecerá una radiografía basada en datos sobre la contribución económica, social y laboral del colectivo en Andalucía.

En paralelo, el proyecto amplía su alcance con una serie televisiva de 14 programas, actualmente en postproducción, producida por BSN Producciones. La serie dará continuidad al enfoque del documental inicial, mostrando historias reales de mujeres migrantes que desarrollan actividad económica en Córdoba y su entorno.

La iniciativa también ha reforzado su presencia en el ámbito comunicativo con la incorporación de María Piña como voz de la comunidad migrante en Radio Andalucía Información, de Canal Sur Radio, así como mediante espacios de análisis y divulgación en entornos digitales.

Desde la organización subrayan que el proyecto mantiene un enfoque abierto a la colaboración con empresas y entidades que integren a mujeres migrantes en sus plantillas, con el objetivo de visibilizar buenas prácticas y promover un modelo económico más inclusivo.

Las mujeres migrantes trabajadoras residentes en Córdoba, pueden participar de la encuesta aquí: http://mujermigrante.es/

Alrededor de un millar de personas migrantes han solicitado ya en la provincia de Córdoba su regularización, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ofrecido esta cifra al hacer un balance de cómo está desarrollándose este proceso en la provincia de Córdoba, donde la estimación inicial es que puedan adherirse a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

López ha explicado que la solicitud de regularización se está realizando tanto por vía telemática como presencialmente y ha apuntado que no se están cubriendo todas las citas cada día. Asimismo, ha explicado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno han alcanzado un acuerdo para colaborar en el proceso de documentación que realizan los ayuntamientos para expedir el certificado de vulnerabilidad que necesitan en determinados casos las personas migrantes para solicitar su regularización.

En ese sentido, López ha apostado por “agilizar” el trabajo que desarrollan las administraciones en este proceso extraordinario y ha señalado que, si bien, “los primeros días fue más lento”, ya se viene desarrollando con normalidad y sin problemas.

“En su mayoría se trata de gente que llevan años aquí, están totalmente integrados, con trabajo y ganas de seguir trabajando y con ilusión”, ha dicho la subdelegada sobre muchas de las familias que en estos días han solicitado ya su regularización en nuestra provincia.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido este martes de “un poco de complicación” en la tramitación de la regularización de inmigrantes con unas 420 solicitudes en un par de días, cuando en todo el año 2025 se registraron 340, después de que “el Ministerio ha hecho un decreto ley y es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde va al final a recaer este trabajo”.

En rueda de prensa para informar sobre el Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, la concejal ha asegurado que “el problema es que esta ley ha venido a traer más incertidumbre, tanto a los propios usuarios, que están en muchos casos muy nerviosos, porque se les ha dado dos meses solamente para hacer esta regularización y no saben muy bien dónde acudir, si a los ayuntamientos o a las entidades sociales”.

Mientras que “dentro del propio Ayuntamiento, se está dando una media de 300 citas diarias, un número importante de atenciones, que es además rápido”, y aunque “se forman colas”, las citas son “atendidas rápidamente y no hay ningún problema”, ha aseverado.

Según ha detallado, “en los Servicios Sociales se hacen las peticiones para saber cómo tienen que solicitar el informe de vulnerabilidad”, si bien “el problema es que en los últimos días ha habido un cambio en el propio reglamento que han mandado”, dado que “primeramente se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se habla de un certificado de personas vulnerables, que parece que es lo mismo, pero no, porque cambia quiénes firman ese certificado”.

“Para el informe de personas vulnerables, que es lo que habitualmente se da en los Servicios Sociales cuando cualquier usuario de Servicios Sociales viene a solicitarlo, hay una historia social de esa persona, la trabajadora social evalúa y da ese informe”, ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que “en este momento hay dos situaciones”, de manera que “una es que llegan personas de las que no hay constancia en los Servicios Sociales, con lo cual ya la trabajadora social tiene que hacer un informe sobre una situación que no conoce, y además, al ser un certificado, no es que lo tiene que firmar la trabajadora social, sino un secretario del Ayuntamiento”.

Por tanto, ha remarcado que “ahora mismo hay mucho descontrol, no solamente a nivel nacional”, al tiempo que ha comentado que este lunes en las jornadas de Servicios Sociales que se realizaron en Córdoba a nivel de toda Andalucía era “un clamor de todos los trabajadores sociales de pueblos pequeños, de ciudades más grandes, de diputaciones”, que “no saben muy bien cómo actuar ante una situación de una persona que viene a pedir un certificado y que no conoces”.

En su opinión, “por lo pronto el Ministerio ha sacado un proyecto muy bonito en sus papeles, pero está trayendo mucha incertidumbre tanto a los ayuntamientos y las diputaciones, como, sobre todo, a los usuarios”, de manera que cree que “trae mucha desazón, porque son personas que están en una situaci que se les está dando unas perspectivas que luego no sabes cómo tienes que realizar”.

Al respecto, ha abundado en que son personas que “no hay ninguna empadronada”, sino que “están de forma irregular”, al tiempo que ha augurado que las peticiones “se van a seguir multiplicando”, y teniendo en cuenta que “no se sabe si son personas que están ya arraigadas en Córdoba o que están llegando de otros sitios”.

Además, la edil ha indicado que se van a reunir con las entidades sociales para “ceder, si necesitan incluso espacios, para trabajar”, pero “es una ley muy improvisada”, ha remarcado, subrayando que “hablamos de personas, muchas de ellas en situaciones muy extremas”.

Así, ha defendido “hacerlo bien y pensar en las personas, pero también en los ayuntamientos, que es donde va a recaer esta carga de trabajo para también, como se hace con otro tipo de proyectos y programas, reforzar los ayuntamientos o las entidades con las que se va a trabajar”, advirtiendo de “la avalancha” que ha llegado “de pronto”.

Y ha recordado que “cuando se ponen en marcha otro tipo de trabajos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía o a veces incluso con el Ministerio, lo normal es que si se prevé que va a haber un exceso de trabajo o un incremento, se amplíe o refuerce la plantilla con personal especializado en ese ámbito y con dotación económica para esa contratación”. A su juicio, “es también una estrategia política”.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba calcula que hasta 5.000 personas podrían beneficiarse en la provincia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo central, una cifra aún provisional que dependerá del desarrollo del procedimiento abierto hasta el próximo 30 de junio.

Así lo ha señalado este lunes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, durante una visita a la oficina de la Seguridad Social habilitada para tramitar presencialmente las solicitudes, donde ha destacado la “normalidad” con la que se ha desarrollado la primera jornada de atención presencial, sin incidencias y con citas aún disponibles.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto la pasada semana, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde este lunes incorpora también la atención presencial en la oficina habilitada en Córdoba capital, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, desde la apertura del trámite online se han registrado ya 113 solicitudes telemáticas en la provincia. En la jornada presencial de este lunes estaban previstas 36 citas en la oficina de la Seguridad Social, aunque finalmente acudieron 24 personas.

López Losilla subrayó que la menor afluencia inicial responde, en buena medida, a que muchos potenciales solicitantes aún no disponen de toda la documentación exigida. Entre ella figuran certificados de antecedentes penales del país de origen, de España y de otros países en los que hayan residido en los últimos cinco años, además de otros justificantes según cada caso.

Colas para obtener certificados

La subdelegada reconoció que durante la jornada se habían producido colas en el Ayuntamiento de Córdoba para solicitar certificados necesarios, especialmente los relacionados con situaciones de vulnerabilidad, aunque insistió en que el arranque del proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. “Las oficinas están perfectamente atendidas, no está habiendo avalancha de gente y no se está produciendo ningún tipo de incidente destacable”, afirmó.

En este sentido, quiso rebajar las advertencias sobre una posible saturación administrativa y defendió que tanto la Administración General del Estado como las oficinas habilitadas están haciendo “todo lo que está en su mano” para facilitar el procedimiento dentro de sus competencias.

Tres vías para acceder a la regularización

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado, aclaró que no todas las personas solicitantes necesitarán acreditar vulnerabilidad social, ya que el decreto contempla tres vías diferentes de acceso a la regularización.

La primera está vinculada a contar con empleo, haber trabajado o disponer de previsión de contratación. La segunda se refiere a vínculos familiares o hijos en España. Solo quienes queden fuera de estas dos situaciones deberán aportar el certificado de vulnerabilidad.

Casado pidió a los medios de comunicación que trasladen esta información para evitar desplazamientos innecesarios y nuevas colas administrativas, ya que muchas personas podrían tramitar su solicitud mediante contrato laboral o acreditando arraigo familiar.

Un millar de expedientes de arraigo pendientes

Además del procedimiento extraordinario, la responsable de Trabajo e Inmigración explicó que la Oficina de Extranjería tramitará por una vía simplificada todas las solicitudes de arraigo presentadas hasta el pasado 15 de abril, dentro de un plan de choque estatal destinado a reducir retrasos.

En el caso de Córdoba, esta medida podría afectar a unas 1.000 personas adicionales, cuyos expedientes deberán resolverse antes del 15 de junio para que, en caso de denegación, aún tengan margen de acogerse al nuevo proceso extraordinario.

Sumadas ambas bolsas de posibles beneficiarios —las 4.000 personas inicialmente estimadas y ese millar de expedientes pendientes de arraigo— la cifra global podría alcanzar las 5.000 personas, aunque la Subdelegación insistió en que no habrá datos definitivos hasta el cierre del plazo.

Solicitantes “ilusionados”

Durante su visita, López Losilla aseguró haber conversado con varias personas que aguardaban turno para presentar la documentación y destacó el ambiente de esperanza entre los asistentes.

“He visto a gente muy contenta, ilusionada, feliz, algunos nerviosos porque por fin se arregla su situación después de años”, señaló.

La subdelegada defendió además el impacto positivo de la medida tanto desde el punto de vista social como económico, al considerar que permitirá aflorar empleo ya existente y facilitará mano de obra a sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, que han trasladado su respaldo a la iniciativa.

Hay una norma no escrita en algunos territorios de Centroamérica atravesados por la violencia pandillera: en las calles donde hay una biblioteca, no se mata. William González Guevara (Nicaragua, 2000) la convirtió en poema. Y la transformó en una de las ideas centrales de su premiado poemario Cara de crimen: la cultura como último dique frente al salvajismo.

“Es una ley del mundo pandillero”, explica. “Si en esa calle hay una biblioteca, no se puede matar a nadie”, explica González Guevara sentado frente a un teléfono que graba su conversación y que él -que también es periodista- se acerca al pecho, buscando que el ruido de la calle no enturbie su voz. Es un viernes por la mañana en Córdoba, a miles de kilómetros de su hogar, en Managua, donde las voces se apagan entre el sonido de disparos.

El poeta tenía siete años cuando presenció su primer asesinato. Aquella imagen le acompañará toda la vida. Y es uno de los motores que hay detrás de su último poemario, que presentó el jueves en El Reino de Agartha, en Córdoba. Cara de crimen no es solo un libro: es el resultado de cinco años de entrevistas a sicarios, de viajes a territorios donde la violencia no es un concepto sino una rutina, y de una deuda personal con su propia biografía.

“Yo estaba destinado a ser un sicario”, dice sin rodeos, antes de aclarar que sus primos fundaron una de las pandillas más importantes de Centroamérica, los Sumi. Él creció con esa etiqueta pegada a la piel. En Managua lo señalaban: “Vas a ser uno más”. No lo fue. En parte porque con 11 años su familia se vino a España, en parte porque para entonces ya prefería los libros a las pistolas.

Esa elección es la que sostiene hoy una obra que dialoga con la tradición poética y con una realidad brutal. Porque uno de los mayores desafíos de Cara de crimen no era contar la violencia, sino hacerlo sin estetizarla. “La peor parte fue cómo convertir todo ese material en poema respetando la tradición”, explica. Formado en los clásicos —“todos queríamos ser Rubén Darío”—, entendió pronto que debía construir una voz propia sin renunciar a ese legado.

Contra el pesimismo

Así, el libro, el último de los cinco que ha publicado que, como otros tres de ellos, ha resultado premiado, se estructura en dos planos: un contexto centroamericano y una inmersión directa en la violencia —balaceras, pandillas, marginalidad—. Pero, contra lo que podría pensarse, no es un poemario pesimista. “El trasfondo es cómo la cultura se antepone al salvajismo”, afirma. En lo personal, escribirlo fue una forma de salvarse.

Paradójicamente, para poder salvarse, se expuso a la muerte. Durante varios años, González Guevara entrevistó a sicarios en Nicaragua. Lo hizo sin financiación externa, costeando él mismo el proceso, que consistía en exponerse a una doble amenaza: la de entrar clandestinamente en su país, donde algunos de sus libros ya estaban prohibidos y, por tanto, sería presa del ejército; y la de sentarse frente a hombres armados que colocaban la pistola en la mesa apuntándole al corazón mientras hablaban con él.

“Ellos sabía a lo que iba. Era una forma de ver qué hubiese sido de mí”, recuerda ahora sobre un proceso que siempre planteó como material para un poemario y no para 35 o 40 reportajes que le habría resultado mucho más fácil vender. De ese riesgo surge también una pregunta inevitable.

Una mujer con una fregona es más dura que un hombre con una pistola

PREGUNTA (P.). ¿Se puede entender Centroamérica sin hablar de violencia?

RESPUESTA (R.). Es triste. Yo sí que la entiendo sin la violencia, pero el ojo externo no la entiende sin violencia y sin marginalidad. Es muy buena pregunta, porque yo, como centroamericano, defiendo sobre todo, por encima de la violencia y la marginalidad que hay en el libro, el componente cultural. La cultura hoy define a la juventud en Centroamérica.

P. ¿En qué sentido?

R. Mira, esto lo vi yo por ejemplo cuando Forbes sacó la lista de los 30 jóvenes con mayor proyección. Esa misma lista, en España, estaba llena de influencers. En Centroamérica, la mayoría son artistas. Entonces, más allá de que me hayan metido a mí en esa lista como poeta, como periodista sí que reflexioné un poco: yo vivo en Madrid desde los diez años y, anda que no hay poetas jóvenes españoles buenísimos para que estén en una lista con gran proyección. Sin embargo, no aparecen. Allí, sin embargo, sí lo hacen. La semilla de la cultura es fundamental.

P. ¿Se debe aparcar la moral cuando uno se acerca al fenómeno de la pandillas?

R. Sí, porque puedes perder la vida. Totalmente. El otro día me me preguntaba un chaval jovencito si creo que yo hubiera acabado matando a alguien. Y no me vi en la situación, gracias a dios. Ni de defenderme. No sé si lo hubiese hecho. Yo creo que, por supervivencia o por el hecho de querer sobrevivir, pues nunca se sabe. Es posible.

La relación de González Guevara con la violencia es compleja. “La conocí tan temprano que no le tengo miedo”, dice, aunque lamentando que, a veces, se quiera vender su figura como alguien insensible. “En cierto modo, se me ha deshumanizado, y eso a mí me da rabia. Porque he visto barbaridades, claro que sí, pero también lloro”, apostilla un escritor que, precisamente, ha optado por usar la poesía para denunciar la banalización contemporánea, alimentada por plataformas como Netflix, que convierten la violencia en espectáculo.

Paradójicamente, ese mismo interés es el que acerca a los jóvenes a su poesía. “Es una forma de que no vean la poesía como algo aburrido”, admite, aun sorprendido de que, alguna que otra vez, se le hayan acercado lectores en el Metro o en alguna gran superficie. Además, percibe una cierta fascinación entre la juventud española tanto por la violencia pandillera, como por las dictaduras.

“Ahora que parece que todos quieren ir de malotes, de criminales, cuando, quienes conocemos ese mundo, sabemos que la violencia conduce a una muerte prematura la mayoria de las veces”, reflexiona, antes de sentenciar que “los malotes de verdad no tienen Instagram”.

La cultura es lo único que se antepone al salvajismo

Todos fueron niños

El escritor, de hecho, rara vez se queda en la superficie. A diferencia de un enfoque sensacionalista, buscó la dimensión humana de quienes entrevistaba para Cara de crimen. “Hice un trabajo de documentación sobre cada uno de ellos y descubrí que ningún periodista, centroamericano y no centroamericano, se había interesado por ellos en el sentido humano. La gente va ahí a sacar el titular. Y yo lo entiendo. Pero nadie les preguntaba por su infancia”, explica.

Ahí encontraba la grieta: niños que jugaron, que tuvieron una vida antes de la violencia. Desde esa humanidad partían unas entrevistas que, ya al final, llegaban hasta los asesinatos. El daño colateral, el sufrimiento de sus familias, aquello que rara vez se menciona, fue central en su proceso de investigación. Y entronca con su propia biografía, atravesada por esa tensión (la figura del padre es difusa; la de la madre, central).

P. ¿Quién es más duro, un hombre con una pistola o una mujer con una fregona?

R. Guau. Yo creo que una mujer con una fregona como mi madre es mucho más dura. Porque mi madre, a raíz de utilizar la fregona los fines de semana, haciendo horas extras, me compraba libros, ¿sabes? Entonces, claro, lo fácil hubiese sido matar por 45 dólares. Pero es que mi madre es un icono en Carabanchel, tío. Yo me he visto en actos en los que la gente pasa de mí, va a mi madre a que le firme ella los libros. Y hay en ella tanto esfuerzo, tanto amor por la cultura... A pesar de no ser una mujer lectora, a pesar de ser una mujer que se ha dedicado al sector de la limpieza la mitad de su vida, porque no pudo convalidar sus estudios. Que ahora, con la regularización esta, muchísima gente como mi madre va a poder optar a convalidar sus estudios. Gente que allí eran médicos, enfermeros, arquitectos... Y aquí han tenido que amoldar su vida, en una España que la verdad que ha sido muy solidaria con Nicaragua.

P. ¿El contexto cultural tiene un peso enorme a la hora de definirnos?

R. Sí, totalmente. Porque aquí yo soy el poeta nicaragüense o centroamericano. Y allí yo soy el poeta español. ¿En qué quedamos? ¿Quedamos en medio del Atlántico para que nadie me etiquete? Yo sinceramente me siento carabanchelero. Y siempre lo digo: Si hubiese un pasaporte de Carabanchel, pediría tener esa nacionalidad.

El Gobierno de España ha hecho públicos, a través de una respuesta parlamentaria los datos oficiales sobre la ejecución de órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular, revelando una tendencia ascendente en la provincia de Córdoba. El año 2025 se ha consolidado como el periodo con mayor número de expulsiones ejecutadas en Córdoba desde el inicio de la serie tras 2019, alcanzando un total de 37 casos.

Los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes muestran que, tras el mínimo histórico de nueve expulsiones registrado en 2020 -año marcado por las restricciones de movilidad de la pandemia-, la cifra en Córdoba ha experimentado un incremento constante año tras año. De las 14 expulsiones en 2021, se pasó a 17 en 2022, 28 en 2023 y 34 en 2024, hasta llegar a las 37 ejecuciones del pasado 2025. Aunque el año 2019 registró una cifra superior (53), el último ejercicio marca el punto más alto de la actual tendencia al alza, superando los registros de los cinco años anteriores.

La ejecución de estas órdenes corre a cargo de la Policía Nacional, siguiendo estrictamente lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el reciente Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el nuevo Reglamento de dicha ley, según indica el Parlamento. Asimismo, las actuaciones se rigen por la Instrucción 4/2023 de la Comisaría de Extranjería y Fronteras.

La situación en Córdoba se enmarca en un contexto de repunte a nivel nacional. En el total de España, el año 2025 cerró con 3.398 expulsiones ejecutadas, lo que supone también la cifra más alta en el país desde 2019 -cuando se registraron 4.677-.

El informe gubernamental, emitido en respuesta a una pregunta del diputado navarro Alberto Catalán, ha aclarado, por último, que no existe un tratamiento estadístico que permita diferenciar cuántas órdenes de expulsión dictadas en los últimos siete años siguen pendientes de ejecución, ya que estas están sujetas a los plazos de prescripción que marca la ley.

El Ayuntamiento de Lucena acaba de licitar un contrato que une el servicio de atención a personas migrantes temporeras y sus familias en riesgo de exclusión social tanto en el Centro de Atención Básica al Inmigrante (CABI) durante el día como en el Centro de Pernocta por las noches para temporeros en periodos de olas de frío.

El contrato, que sale a licitación por un valor estimado de 408.277,60 euros, contempla por primera vez -según confirman fuentes municipales a este periódico-, ambos servicios. Así, el Centro de Atención Básica al Inmigrante y el Centro de Pernocta para personas temporeras sin recurso habitacional alternativo en riesgo por ola de frío son equipamientos básicos de Servicios Sociales, de titularidad pública, que se constituyen como recursos municipales cuya finalidad es el desarrollo de actuaciones y servicios tendentes a la prevención, atención, promoción e inserción social del colectivo de inmigrantes y emigrantes temporeras en el que además se ofrecen distintos servicios a los usuarios con el fin de dar cobertura a algunas de las necesidades básicas del colectivo que se encuentran en situación de especial dificultad y riesgo social.

De un lado, el CABI es un recurso social especializado dirigido a personas inmigrantes y autóctonas que se encuentran en situación de especial dificultad y riesgo social ofreciendo diferentes servicios para la cobertura de necesidades básicas y para favorecer la inclusión social de los usuarios inmigrantes y/o en riesgo de exclusión social. Pretende dar respuesta a las necesidades de información, atención e inserción social del colectivo en el municipio de Lucena a: Inmigrantes de paso o que acaban de llegar a la ciudad, y que se desplazan de unas zonas a otras en busca de trabajo; colectivo en situación de sinhogarismo de la ciudad; y transeúntes que se desplazan de una ciudad a otra.

Allí se les ofrece un servicio de atención sobre su situación, alimento, ducha, lavandería, servicio de ropero y clases de lengua española. Esta atención se realiza durante todo el año, si bien el horario más amplio se establece en los meses de la recogida de la aceituna cuando acuden más temporeros a la localidad. Así, de noviembre a febrero se les atiende de 16:30 a 20:30 de lunes a domingo. De octubre a marzo también se ofrece en horario de mañana 10:30 a 12:30 de lunes a viernes laborales. Mientras, de abril a septiembre el horario se restringe a dos horas de 10:30 a 12:30 tres días laborales entre semana. La prestación del servicio se realiza en las instalaciones municipales ubicadas en la planta baja de la plaza de Toros de Lucena.

Centro de pernocta

Por su parte, el Centro de Pernocta va dirigido a personas mayores de 18 años temporeras sin recurso habitacional alternativo en riesgo por ola de frío. Pretende dar respuesta a la necesidad de vivienda de las personas inmigrantes temporeras que acuden al municipio para trabajar en la campaña agrícola durante un período de tiempo limitado y no encuentran un alojamiento temporal durante su estancia en el municipio.

La prestación del servicio se prevé, atendiendo o no al inicio de la campaña agrícola, del 16 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027, para 20 plazas como máximo, en un equipamiento que facilitará el Ayuntamiento de Lucena. El servicio de alojamiento comenzará a las 21:00 y finalizará a las 7:00 del día siguiente.

Tiene como objetivos garantizar el alojamiento temporal como necesidad básica a las personas temporeras que se encuentren en el municipio y no cuenten con recursos económicos suficientes para poder hacer frente al gasto de la misma; facilitar a las personas temporeras un espacio de permanencia temporal, para que en coordinación con el resto de recursos del municipio puedan mejorar sus condiciones sociosanitarias; favorecer una atención digna a las personas temporeras que llegan a Lucena a trabajar o en búsqueda de un puesto de trabajo para la temporada de campaña agrícola; y disminuir la exclusión residencial de personas inmigrantes temporeras.

La prestación del servicio del Centro de Pernocta se realizará en las instalaciones municipales ubicadas en el Módulo Mayo, Complejo Educativo Los Santos, un edificio de titularidad municipal, ya que se requiere de una infraestructura y equipamiento adecuados a las características del servicio que se pretende contratar. Se ofrecerá servicio de transporte desde el CABI de atención diurna al Centro de Pernocta.

Agentes de la Guardia Civil están investigando la muerte de un temporero cuyo cadáver apareció debajo de un vehículo en la carretera que une Adamuz con el embalse de El Arenoso, ya en el término municipal de Montoro, según las fuentes consultadas por este periódico, que indican que las autoridades manejan un accidente de tráfico como principal hipótesis.

La víctima, un magrebí de 59 años, estaba en Adamuz trabajando en la campaña de la aceituna. Su fallecimiento se produjo hace unas tres semanas. El hallazgo de su cadáver se produjo cuando los servicios de emergencias del 112 Andalucía recibieron el aviso de que una persona había sido atropellada en una carretera provincial.

La investigación se centra en conocer cómo se produjo exactamente la muerte de esta persona. Los agentes de la Guardia Civil están interrogando a varios testigos. De momento, no consta que se hayan producido detenciones y ninguna persona ha declarado en calidad de investigado ante el instituto armado.

Los investigadores tratan de conocer si las heridas que presentaba el cadáver son compatibles o no con las que presuntamente le provocaron el atropello. El caso se mantiene bajo secreto mientras los agentes desarrollan su trabajo.

El fallecimiento de esta persona, que residía temporalmente en Adamuz, se produce en plena campaña de la aceituna. En el municipio, en esta campaña, también se han producido otros hechos luctuosos, como la muerte de otro trabajador emigrante alcanzado por un disparo fortuito de un compañero de vivienda. El caso, adelantado por este periódico, se produjo durante el mes de noviembre. La víctima era un joven. Su compañero fue arrestado y puesto en libertad con cargos.

Los datos en la provincia de Córdoba desmienten el marco alarmista que PP y Vox intentan imponer sobre la inmigración, ha asegurado hoy el diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso, Alberto Mayoral, en un encuentro celebrado en la agrupación socialista del Distrito Sur de la que es secretario general: “Mientras la derecha habla de descontrol y amenaza, las cifras muestran una presencia migrante reducida, regularizada y plenamente integrada en la vida de la provincial, por lo que el contraste entre la realidad y el relato de la derecha es evidente: la convivencia existe; el miedo, lo fabrican ellos”. 

En Córdoba residen 41.801 personas extranjeras, apenas el 5,4% de la población, y la inmensa mayoría con documentación en regla: 27.644 bajo régimen comunitario y 13.469 con permiso de residencia y trabajo. Son datos que desmienten por completo la idea de “oleadas” o “invasiones” que PP y Vox intentan instalar. Todo ello, en un país que registra la criminalidad más baja de su serie histórica, lo que desmonta la asociación entre inmigración y delincuencia con la que la derecha intenta generar alarma. 

Tras reunirse con la asociación CODJAM conformada por migrantes afrodescendientes, Mayoral ha señalado que PP y Vox han decidido convertir la inmigración en un instrumento de confrontación política: “No buscan soluciones ni integración. Buscan sembrar miedo. Pero los datos en Córdoba son claros: no hay descontrol, no hay inseguridad, no hay nada parecido a lo que ellos cuentan”. 

Mayoral ha insistido en que la derecha está actuando de manera irresponsable al distorsionar la realidad de la provincia: “Estamos hablando de cifras moderadas, de personas regularizadas y de barrios donde la convivencia es cotidiana. Lo que crea tensión no es la inmigración: es el uso político que PP y Vox hacen de ella para no hablar de sus propias carencias”. 

En el encuentro ha intervenido Tebe Diallo, presidente de CODJAM, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la conciencia social y política entre la juventud migrante: “Nuestro compromiso es inspirar a la juventud para impulsar en ellos una cultura social y política basada en los valores de la democracia”. 

También ha participado Sergio Gracia, investigador independiente especializado en radicalización digital y narrativas de extrema derecha, quien ha colaborado recientemente con instituciones internacionales y en la elaboración de informes y manuales sobre algoritmos, islamofobia y discurso de odio. Gracia ha advertido de que “los ataques de la extrema derecha no son sólo ideológicos: son un intento de deshumanizar a quienes representan la diversidad real de nuestra sociedad. Es fundamental dotar a la juventud de conocimientos y estrategias que desmonten esas narrativas antes de que calen”. 

Mayoral ha cerrado su mensaje recordando que la sociedad cordobesa es perfectamente capaz de distinguir entre hechos y manipulaciones: “PP y Vox necesitan fabricar un enemigo. Pero los datos en Córdoba no les dan la razón. Nuestra responsabilidad es seguir defendiendo políticas que protejan derechos, garanticen integración y mantengan la cohesión social frente al ruido de la derecha”.

Córdoba es la provincia de España con un mayor peso de la población residente que ha nacido en el extranjero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes. Mientras que en Alicante, uno de cada cuatro residentes en la provincia ha nacido fuera de España, en el caso de Córdoba, el peso de la población extranjera no llega ni al 4%, según los datos.

España está aumentando mes a mes su población gracias a la llegada de población extranjera. De los 49,4 millones de personas que viven actualmente en España, según los últimos datos del censo, 7,1 millones han nacido fuera del país. Esto supone que el peso de la población extranjera es del 14%. La diferencia con Córdoba es de 10 puntos.

De hecho, Córdoba no deja de perder población desde hace años. Desde verano han sido unas 1.000 personas menos. Entre julio y octubre, Córdoba incluso redujo su número de habitantes nacidos en el extranjero. Según los datos del INE, en julio había 30.457 extranjeros residentes en la provincia. En octubre son 30.199.

En los últimos meses, Córdoba se ha perdido en la última provincia en población extranjera, siendo superada por Jaén, Badajoz, Cáceres o Cádiz, con un dinamismo económico inferior.

Esta falta de atractivo para la población extranjera ha provocado que la provincia de Córdoba haya perdido definitivamente el puesto con Almería en número de habitantes. El sorpasso almeriense se consolida gracias a los 184.500 vecinos que tiene que han nacido fuera de España, frente a los apenas 30.000 de Córdoba.

Gran parte de la población extranjera de Almería, que supone un 24% sobre el total, ha llegado para trabajar en su dinámico sector agrícola, que necesita una inmensa cantidad de mano de obra. De hecho, Almería es la vigésima provincia en población total en España, pero la octava en números absolutos de población extranjera.