Otra vez la misma imagen, con un año de diferencia y con el mismo resultado: indignación en redes sociales. La diferencia es mínima: el año pasado, el bocadillo era de mortadela y el incendio en Cerro Muriano; este año, dos lonchas de jamón york, ni aceite ni tomate, y el incendio es en Villanueva del Rey, que ha quedado controlado en la tarde de este domingo tras más 30 horas de lucha contra el fuego por parte de los bomberos del Infoca.

Ellos son, claro, los que esta madrugada recibieron el bocata. La denuncia la ha hecho la Sección Sindical de CGT en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía: “Nos quedamos sin calificativos para ustedes, Juanma Moreno y Antonio Sanz, en estos momentos esta es la comida que se les está entregando a los Bomberos Forestales que están ahora mismo en el Incendio de Villanueva del Rey (Córdoba) después de estar todo el día apagando fuego”, criticaban en un tuit en X.

La imagen del bocadillo no ha tardado en ser reposteada y retuiteada por otras cuentas. Una de las más conocidas, la de Rubén Sánchez, portavoz de Facua, quien ha lamentado que esta sea “la comida que ha entregado la Junta del desaparecido Moreno Bonilla a los Bomberos Forestales que están arriesgando sus vidas para sofocar el Incendio de Villanueva del Rey, en Córdoba”.

El año pasado, cuando la imagen del bocadillo estaba vinculada al incendio de Cerro Muriano, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba señalaron a este periódico que la comida, al igual que el agua y los refrescos, la facilita a los contingentes una empresa de catering contratada para ello, sin ahondar más en la cuestión.

Un año después, la historia se repite en Sierra Morena y en las redes sociales.

El sindicato CGT en el Ayuntamiento de Córdoba ha interpuesto una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la situación de riesgo inaceptable que afecta a los trabajadores municipales que “están siendo obligados a realizar tareas en una zona en obras del recinto del Alcázar de los Reyes Cristianos”.

Dicha zona, cerrada actualmente al público, se encuentra, según el sindicato, “en un estado deplorable: zanjas abiertas, terreno irregular, badenes, montículos y continuos obstáculos convierten este entorno en un espacio de alto riesgo para la integridad física del personal”. A pesar de que los técnicos de prevención emitieron recomendaciones en su momento, continúanm, “las medidas adoptadas por el Ayuntamiento fueron mínimas, simbólicas y totalmente insuficientes”.

“La realidad es que ya se han producido percances, que no han pasado a mayores por pura fortuna, pero que evidencian la falta total de garantías de seguridad. CGT ha exigido la paralización inmediata de los trabajos en esta zona hasta que se certifique su seguridad y la evaluación urgente de las medidas adoptadas, así como la comunicación directa a la plantilla sobre los riesgos presentes”, lamentan desde CGT, que considera que esta situación no es un hecho aislado, sino “síntoma de una gestión nefasta de los recursos humanos y materiales por parte del Ayuntamiento”.

Así, critican que, mientras se “malgasta personal en zonas sin utilidad pública ni valor social inmediato –la zona está cerrada y se está plantando vegetación nueva que nadie verá por ahora–, existe una alarmante falta de personal para atender otras zonas verdes de la ciudad que sí están abiertas y deterioradas”.

“Desde CGT nos preguntamos si esta gestión responde a una táctica premeditada: deteriorar el servicio público, provocar que no se cubran las necesidades básicas, para luego justificar su privatización. Lo que está claro es que se está jugando con la salud laboral del personal y despilfarrando recursos públicos, mientras otras zonas de la ciudad reclaman atención urgente”, concluyen.

La teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, se ha referido este viernes al auto judicial que hace referencia al pago de incentivos de productividad y ha indicado que “el Consistorio ejecutará la sentencia de fecha 4 de septiembre”.

En una nota, la delegada ha apuntado que “en ningún momento ha existido discriminación ni trato de favor hacia unos empleados públicos respecto a otros, al igual que tampoco ha existido un incumplimiento de la sentencia”, y ha afirmado que “únicamente un error de interpretación de la sentencia anterior ha sido lo que ha motivado que un grupo de trabajadores se quedara fuera del pago de incentivos de productividad”. Ahora, ha apuntado Bustos, “la jueza ha aclarado los términos que hay que cumplir y así se hará”.

Además, la delegada ha añadido que aún no tienen fijado “el impacto económico que supondrá para las arcas municipales la aplicación de esta sentencia”.

CGT valora el auto que obliga al Ayuntamiento a pagar incentivos

El sindicato CGT ha valorado este viernes el auto judicial que obliga al Ayuntamiento de Córdoba a pagar incentivos a los empleados municipales, después de que “sólo 564 trabajadores, en su inmensa mayoría de los servicios de Policía Local y Bomberos, de los aproximadamente 1.500 que integran la plantilla del Consistorio, han recibido el pago de los incentivos” a los que condenaba la sentencia ganada por el sindicato CGT en febrero del año 2023.

A pesar de que dicha sentencia ordenaba el pago de estos incentivos, según ha detallado CGT en una nota, “el Ayuntamiento ha retrasado y obstaculizado el cumplimiento de la misma durante más de un año”, de modo que “sólo un pequeño porcentaje de los trabajadores afectados ha recibido el pago correspondiente, lo que evidencia un incumplimiento sistemático y discriminatorio por parte del Consistorio”.

En opinión del sindicato, “el auto ha sido contundente al señalar que el incumplimiento del Ayuntamiento es evidente y no admite discusión”, por lo que la resolución obliga a “abonar de inmediato los incentivos pendientes a todos los trabajadores afectados, con cargo a su presupuesto”.

Así, CGT ha celebrado “este triunfo, que es de todos los empleados, como un paso más en la incansable lucha por la igualdad en el Consistorio”, a lo que han añadido que “este logro es un reconocimiento al compromiso del sindicato y a la valentía de los compañeros que, con su testimonio en sede judicial, han contribuido a alcanzarlo”. “Gracias a eso se demuestra que la unidad y la lucha colectiva son capaces de vencer cualquier obstáculo”, han defendido.

Además, han advertido al alcalde, José María Bellido, y a la concejal de Recursos Humanos, Cintia Bustos, que “el camino que han emprendido, marcado por la discriminación, no es el correcto y tiene consecuencias”. “Seguiremos trabajando para garantizar que todos los empleados municipales sean tratados con igualdad y respeto”, han aseverado.

Entretanto, desde el sindicato CGT han instado a Bellido a que “dé las instrucciones necesarias para el cumplimiento del auto y abone los incentivos pendientes a todos los trabajadores afectados sin más demora”.

El sindicato CGT realizará acciones de protesta por lo que considera “parálisis” de los juzgados de lo social en toda Andalucía, donde ya hay convocados actos de protesta en Málaga, Granada, Almería, Jaén, Cádiz, Córdoba y Jerez de la Frontera.

En un comunicado, CGT Andalucía explica que, así, mostrará ante las puertas de los juzgados de lo social el “cabreo literal de la clase trabajadora ante la gravísima situación de indefensión en la que se encuentra, motivado por el nefasto funcionamiento de los juzgados de lo social que sirve de refugio a la patronal incumplidora para seguir campando a sus anchas con todo tipo de tropelías que tardan años en obtener censura jurídica, tardía e inútil en la mayoría de los casos”.

Explica que quienes recurren a los juzgados de lo social para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales ante los abusos patronales ven cómo sus demandas “caen en un auténtico limbo que atenta contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva e incumple tácitamente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) en cuanto a plazos para el señalamiento, citación, celebración de juicio y dictado de sentencias”.

Así, el 11 de julio a las 10:00, los juzgados de lo social en Andalucía acogerán distintas acciones de protesta “ante la situación de desamparo y emergencia” para la protección de la tutela judicial efectiva de las personas trabajadoras en la comunidad autónoma.

Recuerda que la LRJS 36/2011 establece unos plazos tasados y breves para la celebración de juicios y el dictado de sentencias, pero “la clase trabajadora andaluza ve cómo quien tiene obligación pública de impartir justicia no la garantiza y se salta la ley dejando siempre como perjudicados a quien reclama y protegiendo a los empresarios incumplidores”.

“No es de recibo además de ser ilegal que se estén señalando la celebración de juicios a varios años vista, existiendo ya múltiples citaciones judiciales para 2029, circunstancia que provoca una violación clara del derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva”, denuncia el sindicato.

Mientras la ley reguladora de la Jurisdicción Social prevé que en un plazo no superior al mes desde que se plantea una demanda se haya celebrado el juicio y se tenga sentencia, “nos encontramos ante una situación límite que no solo viola la legalidad vigente sino que deja en indefensión a las personas trabajadoras ante los abusos de las empresas, que han visto un filón en la situación de los órganos judiciales ante los múltiples abusos que comenten, obligando a recurrir a los tribunales, sabedores de que no se verán ante el juzgado en menos de cuatro o cinco años”. 

Ante ello, CGT hace un llamamiento a participar el 11 de julio en las protestas que se llevarán a cabo ante las sedes judiciales de lo Social en Andalucía para seguir denunciando que “la justicia lenta no es justicia” y exigir el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, una justicia social ágil y rápida , la creación de nuevos juzgados, más medios materiales y humanos y la modernización inmediata del sistema judicial.

Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la localidad de Rute, que presta la empresa ATENDE se han manifestado este sábado para protestar por los expedientes disciplinarios que “la empresa está aplicando a las auxiliares de manera injusta por el hecho de coger licencias retribuidas en días de trabajo”.

Tal y como expone el sindicato CTA en una nota, organización convocante, las empleadas han reclamado, además, que la empresa haga efectivo el pago del salario mínimo interprofesional como marca la ley.

Al alcalde de Rute, David Ruiz, las trabajadoras le han reclamado que la municipalización del servicio para garantizar calidad a los usuarios y también para que se cumplan con los derechos laborales de las auxiliares.

Finalmente, CTA ha anunciado que se interpondrán conflictos colectivos en las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilo en las localidades de Montoro, en La Rambla y Rute para reclamar que se cumpla con el convenio colectivo del sector.

El sindicato CGT ha pedido este domingo al gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba “que aplique el plan de conciliación para la igualdad” que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, “ha manifestado en Córdoba que debe realizarse en las administraciones”.

Sin embargo, según ha lamentado el sindicato en una nota, “ayer mismo los responsables de Recursos Humanos” del Consistorio cordobés “rechazaron la petición realizada por CGT de crear una bolsa de horas para la conciliación”.

A ello se suma el “malestar” surgido “entre la plantilla municipal por el agravio comparativo que se está produciendo entre el Área de Seguridad y el resto de servicios municipales”, de tal forma que “la mayoría de las mujeres empleadas municipales son las mas afectadas por esta discriminación”.

En concreto, y según el relato del sindicato, el Ayuntamiento de Córdoba “pretende reducir la jornada laboral sólo al Área de Seguridad, hasta en un mes y medio, comenzando por un reducción de la jornada para este año de 17 días. Mientras, al resto de la plantilla municipal se le niega la misma reducción de jornada para un plan de conciliación e igualdad, y se pretende que de sea menos de la mitad que a ese área, y además situar esa reducción en los periodos que ellos consideran convenientes”.

El sindicato CGT ha estado celebrando asambleas durante esta semana en todos los centros de trabajo del Ayuntamiento, en las que se ha hecho patente “el malestar de todas y todos los empleados municipales por el agravio entre las condiciones laborales que se están aplicando al Área de Seguridad frente al resto de los servicios municipales”.

Teniendo en cuenta “ese sentir de la inmensa mayoría de la plantilla”, CGT ha propuesto “que se aplique una bolsa de horas para un plan de conciliación, para igualar en número de horas la reducción de jornada que se va a aplicar en el Área de Seguridad”, sobre todo porque, “precisamente, estos servicios municipales para los que se pide igualdad en un plan de conciliación son los servicios donde son mayoría las mujeres”, pero “esta propuesta ha sido rechazada hasta ahora por Recursos Humanos. Esperamos que ante las manifestaciones del presidente del PP en Córdoba se reflexione”.

Ante ello, y “por decisión de estas asambleas” el sindicato está procediendo a la “recogida de firmas exigiendo igualdad de trato entre todas y todos los empleados municipales, que se entregarán al alcalde de Córdoba”, el popular José María Bellido, y desde ese momento se comenzarán acciones de protesta, ante el Ayuntamiento, exigiendo “igualdad de trato en las condiciones de trabajo y en la valoración de puestos de trabajo”.

En relación con esto último, CGT ha señalado que “hace sólo una semana se procedió a un aumento anual de 11.000 euros a cada trabajador en un servicio del Área de Seguridad, y está previsto aplicarlo igualmente a todos los demás servicios del área, lo que supondría un montante de más de cinco millones de euros, mientras a los demás servicios municipales se les niega hablar de la valoración de su puesto de trabajo”.

El sindicato CGT ha criticado este viernes “el abandono” en el que se encuentra el servicio de Estadística del Ayuntamiento de Córdoba, que se encarga de los trámites del padrón, “por la alarmante falta de medios humanos y unos medios tecnológicos tercermundistas”.

En una nota, el sindicato ha señalado que “la acuciante falta de personal se va viendo incrementada año tras año sin que el gobierno municipal dé solución a la situación, con las graves consecuencias que se generan a los usuarios, que ven que sus solicitudes son resueltas con una demora intolerable ante la impotencia de los empleados”, de modo que “es imposible atender a las más de cien solicitudes que se reciben diariamente”.

Al respecto, CGT ha apuntado que “si actualmente el retraso acumulado es de más de cinco meses, esta situación se verá agravada en las próximas semanas cuando se vea mermada la dotación de personal al pasar empleados del servicio de Estadística a otros servicios municipales”, algo que “puede suponer un grave riesgo de colapso total del servicio”, a lo que han añadido que “durante el mes de marzo se abre el plazo de las preinscripciones para los centros escolares de Infantil y Primaria, donde también la Junta de Andalucía pide el certificado de empadronamiento directamente al Consistorio”.

Así, desde CGT han instado al Ayuntamiento a que “de manera urgente dote del personal necesario y de los medios tecnológicos apropiados que permitan a los empleados prestar el servicio de la manera que merece la ciudadanía”.

Trabajadores del personal técnico de integración social (PTIS) externalizados que trabajan en la escuela pública -y que llevan casi un mes en huelga indefinida- iniciarán este miércoles, 13 de diciembre, una 'caravana por la dignidad' que recorrerá varias provincia andaluzas, entre ellas Córdoba el jueves 14 de diciembre.

La iniciativa comenzará en Granada el día 13 y terminará el viernes 15 en Sevilla ante el Palacio de San Telmo, con escalas en colegios e institutos públicos de la comunidad donde existe alumnado con necesidades especiales y compañeras del sector.

Así lo han indicado a Europa Press desde CGT, sindicato convocante de esta marcha, señalando que la marea rosa endurece las acciones ante la “falta de medidas y compromisos” con las reivindicaciones planteadas, que pasan por la subrogación como personal laboral y poner fin a la subcontratación a través de empresas privadas “sin escrúpulos” que solo usan este servicio en los colegios e institutos para “hacer caja y obtener millonarios beneficios”, así como la equiparación de derechos laborales, sociales y económicos con las PTIS que ya forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía.

De este modo, han explicado que está previsto que en dicha caravana participen entre 25 y 50 coches y furgonetas que partirán desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP en Granada para continuar en dirección a Jaén, donde están previstas dos concentraciones, una en el IES Virgen del Carmen, entre las 14,00 y las 16,00 horas, y otra ante la Diputación Provincial de 17,00 a 19,00 horas.

Ya el jueves 14, en Córdoba, la 'caravana por la dignidad' protestará ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo antes de continuar su ruta hacia Puente Genil, donde harán una pequeña parada, para proseguir hasta la capital malagueña con concentración ante la Delegación Territorial, Edificio Negro, a partir de las 16,00 horas.

La tercera jornada se desarrollará en Cádiz, con sendas concentraciones ante la Delegación y el IES Columeta, continuando después hacia Sevilla donde tendrá lugar un acto final ante el Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz, a partir de las 14,00 horas.

El pasado 30 de noviembre estos PTIS protagonizaron una protesta ante el Parlamento de Andalucía tras una manifestación que partía de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Sevilla, donde habían permanecido acampados desde el lunes anterior, asegurando entonces que “llegarán hasta el final”. Además, CGT criticaba esta semana “la anulación in extremis' por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de la reunión prevista para el lunes 4 de diciembre con el comité de huelga.

Córdoba acogerá el sábado 16 de diciembre una nueva etapa de la Marcha Blanca sucediendo a las realizadas en Mairena del Aljarafe (Sevilla) en octubre y Almería en noviembre dentro de la campaña de CGT Andalucía “12 meses – 12 marchas blancas” “como modo de lanzar a la ciudadanía un grito desesperado de un colectivo infravalorado y despreciado por las administraciones y las empresas concesionarias del SAD a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma”.

Según expone en un comunicado, el SAD de CGT Andalucía grita ante la sociedad para que se haga eco del grave problema de reconocimiento profesional y de condiciones de trabajo precarias e indignas que padecen quienes son la “tabla de salvación” de muchas familias para poder atender a sus familiares con discapacidad, enfermos o mayores en los propios domicilios sin necesidad de  ingresarles en residencias u otro tipo de centros. 

La privatización del SAD en la mayoría de los pueblos y ciudades andaluzas es un hecho incontestable, lo que supone poner el servicio en manos de empresas “sanguijuela” sin escrúpulos que sin exponer nada se lucran con dinero público y maltratan directamente a las profesionales, igual sucede en aquellos ayuntamientos donde el servicio de atención domiciliaria se presta directamente o a través de una empresa municipal al dispensar un trato desigual y discriminatorio hacía las personas trabajadoras del SAD, no reconociendo las mismas condiciones laborales y retributivas que al resto de personal laboral de cada Ayuntamiento. 

Por otra parte es público y notorio el incumplimiento de la ley de la dependencia por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía que en absoluta complicidad no dotan de los presupuestos económicos que mandata esa Ley, conllevando  que se esté dejando morir a las personas dependientes en las fatídicas listas de espera mientras las Diputaciones y Ayuntamientos negocian con la dependencia y en la mayoría de los casos facilitan el lucro a empresas privadas que sin ningún miramiento por las personas, ni dependientes ni trabajadoras, solo se preocupan del millonario negocio. 

La tercera marcha blanca del SAD dentro de la campaña “12 meses – 12 Marchas Blancas” a celebrar en Córdoba el 16 de diciembre espera congregar a un importante número de personas trabajadoras del SAD para visibilizar públicamente a un colectivo maltratado, precarizado y no reconocido profesionalmente como personal sociosanitario que es. Está tercera etapa tendrá una especial connotación y se le ha denominado marcha cangrejera a paso de tortuga, porque se realizará lentamente y hacía atrás a golpe de tambor e igualmente será silenciosa, ya que las personas participantes llevarán amordazadas sus bocas, simbolizando el retroceso diario del colectivo y la mordaza que imponen las administraciones y empresas privadas concesionarias para silenciar sus condiciones sociolaborales, de salud laboral y económicas. 

Reivindicaciones

Las reivindicaciones que llevan al SAD de CGT Andalucía a hacerse visible en las calles son sucintamente las siguientes:

Prestación del SAD directamente desde los Ayuntamientos, eliminando empresas privadas a traves de contratas y subcontratas y aplicándole a las profesionales del Servicio de Atención Domiciliaria los convenios colectivos del personal laboral de las administraciones públicas.

Adaptación de los puestos de trabajo y dotación de medios para garantizar la seguridad y salud  de toda la plantilla, con especial protección para las trabajadoras embarazadas

Eliminación de la lista de espera de personas dependientes, si todas las personas pagamos nuestros impuestos todas tenemos derecho al servicio público del SAD.

Reconocimiento profesional como personal sociosanitario y el derecho a los coeficientes reductores de la edad de jubilación, fijándose esta en los 60 años sin pérdida de derechos.

Reconocimiento como personal expuesto a toxicidad, peligrosidad, penosidad. …

Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo de 12€/h

Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35 h/s máximo y 25 horas semanales mínimo.

Ante las manifestaciones realizadas por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante los últimos días sobre la necesidad de personal para porterías de colegios y ordenanzas de los centros cívicos y en las que señala que “estudia solucionar el problema vía privatización de estos servicios, por no ser posible hacerlo mediante la oferta de empleo público”.

En un comunicado, CGT dice que el Ayuntamiento de Córdoba “está obligado a llevar cualquier modificación en la gestión de los servicios municipales a la Mesa General de Negociación, que es donde están los sindicatos mayoritarios, entre ellos CGT y no ha habido convocatoria alguna. Señala el alcalde de Córdoba que se ha sentado con los sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento de Córdoba, sin que se sepa qué sindicatos son a los que se refiere, pues CGT siendo uno de los sindicatos mayoritarios con representación en la Mesa General de Negociación, no ha sido convocado y oculta el resultado de esas reuniones con los los sindicatos a que se refieren ni si le han mostrado su conformidad con su propuesta”.

Desde CGT muestran su “total rechazo a la solución planteada por el regidor municipal porque existen soluciones que venimos planteando desde hace años para cubrir las necesidades de personal sin acudir a poner en manos privadas los servicios públicos. Si lo que se quiere es justificar que la única fórmula para dotar los servicios municipales es la privatización desde CGT le decimos al alcalde de Córdoba, que no, que el ayuntamiento de Córdoba dispone de mecanismos para cubrir las necesidades de estos y otros servicios desde lo público”.

Como ejemplo ponen la utilización de listas de reserva de procesos selectivos celebrados por el Ayuntamiento de Córdoba, la reactivación de la bolsa de trabajo, acudiendo al Servicio Andaluz de Empleo Además hay muchos empleados de otros servicios con limitaciones por trabajos físicos, como jardineros, personal del infrestructuras o el zoo que pueden desempeñar funciones de ordenanzas de colegios y centros civicos y cubrir las vacantes que se cren en sus servicios mediante listas de reserva de procesos selectivos celebrados por el Ayuntamiento de Córdoba, la bolsa de trabajo, acudiendo al Servicio Andaluz de Empleo.

CGT señala que se abre a “negociar cualquier fórmula que no suponga la precarización de la prestación de los servicios a los ciudadanos y ciudadanas ni las condiciones de trabajo de las y los empleados que sirva para reforzar los servicios públicos, pero nos opondremos frontalmente a la privatización y precarización de los mismo, se revista como se revista”. 

El sindicato CGT exige la adopción de las medidas necesarias en base a la modificación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Esta modificación conlleva la obligación concreta, en este caso por el Ayuntamiento de Córdoba, de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran.

El pasado 24 de mayo CGT se dirigió al Ayuntamiento de Córdoba para pedir una reunión urgente de su Comité de Seguridad para establecer las medidas de prevención y protocolo de actuación, en protección de la salud de los empleados/as del ayuntamiento de Córdoba frente a los riesgos por temperaturas extremas. Estas medidas, según han detallado en una nota de prensa, incluyen “la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, sin que nada se haya hecho al respecto hasta el momento.

Un mes más tarde, aún no han recibido respuesta ni convocatoria por parte de los responsables de la Dirección de Recursos Humanos, “que también lo son de salud laboral, aun siendo conocedores de la climatología de nuestra ciudad en esta época y existiendo la previsión que durante los próximos días sufriremos las consecuencias de las altas temperaturas con el consiguiente riesgo, lo que demuestra un desprecio absoluto por los hasta ahora responsables de la Delegación de Recursos Humanos hacia la salud de sus empleados”.

Por ello CGT se ha vuelto a dirigir a los máximos responsables del Personal municipal, “para exigirle que se tome en serio la salud de los empleados municipales, confiando en que muestre un actitud más acorde con lo que establece la legislación”. De igual manera, el sindicato ha manifestado que “actuará con toda la contundencia ante la instancia que corresponda si no se toman las medidas convenientes que eviten cualquier riesgo para la salud de los empleados/a”.

CGT ha convocado una nueva jornada de huelga en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para el próximo lunes 10 de abril a nivel estatal, motivada “por el empobrecimiento de la plantilla, por la falta de remuneración del aumento de la productividad en la empresa, por la pérdida galopante de puestos de trabajo y por la flexibilización introducida en la jornada laboral tras la firma de un preacuerdo por los sindicatos CCOO, UGT y SCF”, sostienen los convocantes en un comunicado. 

Recuerdan que, con fecha 17 de noviembre, se publicó en el BOE el acuerdo marco para la modernización de las administraciones del siglo XXI “en el que se contempla la perdida de poder adquisitivo del personal ferroviario al no respetarse en los salarios las subidas del IPC, si bien se pretende compensar ese empobrecimiento generalizado con otras medidas como la implantación de las 35h semanales, el aumento de retribuciones por subida de la productividad ante la falta de plantillas, internalización de cargas de trabajo que actualmente realizan contratas y subcontratas, recuperación de los complementos en caso de Incapacidad Temporal, etc”. 

CGT señaa que, “mientras Adif aplica la pírrica subida salarial fijada en el mencionado acuerdo marco para 2023, 2,5%, obvia el resto de cuestiones que deben servir para compensar la perdida de retribuciones y pretende dar por saldado todo ese texto legal con el infame acuerdo con los sindicatos afines, en el que desregula la jornada laboral de ocho horas diarias pactada en convenio, llevando a las trabajadoras/es a estar regulados por el art 14 del Estatuto de los Trabajadores con un 10% de flexibilidad de jornada anual a disposición de la empresa absolutamente gratis, pervirtiendo y de qué manera, la aplicación de las 35h semanales”. 

E sindicato, mediante el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, exige que las medidas fijadas en el acuerdo marco para las administraciones del siglo XXI se apliquen de inmediato recuperándose los complementos en situaciones de IT, internalizando cargas de trabajo, retribuyendo el aumento de la productividad durante años y la compensación de las 35h semanales en 14 días de reducción de jornada sin que se modifique la jornada laboral diaria de 8 horas fijada en el Convenio Colectivo en vigor, del cual CGT es firmante. 

El Ministerio y la empresa Pública ADIF han respondido con unos servicios mínimos que ya han sido impugnados ante la Audiencia Nacional por violar flagrantemente el derecho fundamental a la huelga y la doctrina del Tribunal Supremo, que obliga a las operadoras ferroviarias a suprimir por huelga en ADIF al menos el 5% de los trenes previstos para circular, siendo totalmente ignorada esa jurisprudencia por el Ministerio de Transportes del “Gobierno más Progresista de la historia” en el ánimo de aparentar absoluta normalidad. 

Los motivos de la convocatoria de huelga de 23h (de 0 a 23h) “son vitales para la plantilla de ADIF y su  futuro laboral y profesional. CGT no se puede seguir permitiendo la pérdida de derechos laborales y de puestos de trabajo, algo que se acentúa especialmente en el territorio andaluz donde la plantilla ferroviaria va mermando a pasos agigantados”.

Las altas temperaturas para esta época del año y la sequía que arrastra el terreno, con falta de humedad por la ausencia de lluvias, han provocado que en estos días ya haya zonas de la provincia de Córdoba declaradas en riesgo muy alto y alto de sufrir un incendio, según la Agencia Estatal de Meteorología. Así las cosas, el dispositivo de lucha contra incendios, Infoca, se mantiene en esta época del año con efectivos de guardia, pero los sindicatos piden estar al 100% por el riesgo de incendio.

Pese a ello, la Junta de Andalucía, responsable del Infoca a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), señala a este periódico que, actualmente, “Córdoba no presenta una situación preocupante, no hay incidencias en la provincia”. No obstante, el dispositivo cuenta con un grueso del contingente en “tareas preventivas” y “hay 18 bomberos forestales y dos camiones de guardia permanente, a los que hay que añadir otros 18 bomberos y otros dos camiones más que están de guardia no presencial, que se podrían activar en cualquier momento en el que fueran necesarios”, explican las fuentes.

En ese sentido, apuntan que, “si hubiera un incendio, el personal actualmente operativo en trabajos preventivos se incorporaría inmediatamente a la extinción”.

Así, hasta que el Plan Infoca se active al 100% a mediados de mayo, de momento se cuentan con dos retenes de guardia presencial y dos camiones, además de dos retenes en guardia no presencial en cada Centro de Defenso Foestal (CEDEFO), en Adamuz y Villaviciosa de Córdoba. “El resto del operativo está en servicios preventivos, pero acudirían a cualquier incidente de forma inmediata”, destaca la Junta.

Solicitan la incorporación de la totalidad de la plantilla

Sin embargo, desde los sindicatos representados en la agencia Amaya reclaman que el Plan Infoca esté ya 100% por el riesgo de incendio que las condiciones climáticas provocan actualmente. Advierten de la sequía del terreno y las altas temperaturas, y señalan que actualmente no están ni los medios ni el personal necesarios posicionados sobre el terreno.

Desde CGT, tachan de “imprudencia” lo que consideran una “falta de medios en el dispositivo contra incendios forestales” y demanda la incorporación de la totalidad de la plantilla. De hecho, ha solicitado formalmente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía que “debido a las temperaturas cada vez más similares al verano, así como la falta de agua y las previsiones a corto y medio plazo, se incorpore a la totalidad de la plantilla para evitar posibles desastres medioambientales”.

Advierten que “la cantidad de incendios inusual en estas fechas, con ejemplos como el de Castellón, el cual lleva ya más de 3.000 hectáreas quemadas y cientos de desalojados, hacen pensar que en Andalucía viene una temporada dura en lo que a incendios se refiere”. Por ello, desde CGT consideran que el dispositivo Infoca “actualmente se encuentra con más de mil efectivos en suspensión (en Andalucía), a la espera de ser llamados para trabajar en verano”.

Salvador Rodriguez, delegado del sindicato CGT en la empresa, considera que ''se dan razones técnicas más que suficiente para adelantar el llamamiento de los trabajadores temporales del dispositivo, y de que no hacerlo, la Junta de Andalucía estará poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural''. 

Asimismo, señalan que sería necesario que los efectivos que actualmente están de guardia, se posicionen sobre el terreno y con los medios necesarios, para no retrasar la respuesta ante un incendio.

Peligro por el “estrés hídrico de monte”

Por su parte, desde UGT, han alertado “sobre la situación de estrés hídrico debido al cambio climático por el que están pasando nuestros montes. El sindicato, también pone como ejemplo ”el gran incendio forestal que estamos viviendo en Castellón, algo a lo que no estamos acostumbrados en el mes de marzo pero que venimos advirtiendo como algo cada vez más frecuente desde hace tiempo“.

La coordinadora regional de UGT en la Agencia Amaya, Sara Pérez, denuncia “una vez más, la pasividad de la Administración y la falta de previsión para minimizar o evitar situaciones como la que se está viviendo en Castellón hoy, que hemos sufrido nosotros otros años, pero es que lo que se denominaba periodo de bajo riesgo de incendios forestales dejó de existir como tal”. Pérez indica la probabilidad de vivir el mes de abril más caluroso de los últimos 30 años según los datos meteorológicos que se manejan, con temperaturas tres grados por encima de lo habitual, y advierte que “la administración de la Junta sigue manteniendo hasta el 15 de mayo el dispositivo incompleto aunque la realidad es que el cambio no se producirá hasta el 1 de junio, ya que han anunciado vacaciones para algunos compañeros a partir del día 15”.

Según fuentes de UGT SP, en la provincia de Córdoba existen 39 retenes especialistas con una dotación teórica, cada uno de ellos, de 7 bomberos forestales, de los cuales sólo 31 retenes se encontrarán operativos hasta el 15 de mayo. Esto supondrá, indican, “8 retenes  hasta el 15 de mayo, 57 bomberos menos que dejan el dispositivo a tan sólo el 80% de su capacidad para luchar contra los incendios”. Además, el sindicato denuncia que “estos 31 retenes se conforman uniendo algunos incompletos para realizar las guardias restando fuerza al conformarse equipos que no se han entrenado para trabajar juntos”.

Demanda de medios

Por otra parte, señalaron desde UGT SP, “de los 8 camiones de extinción existentes en la provincia, 4 de ellos se encuentran con tripulaciones incompletas y de los 30 puestos de vigilancia existentes, para el mes de abril aún no han comunicado si se abren y cuántos de ellos o si se mantendrán cerrados”. Sara Pérez alerta sobre la importancia de estos puestos de vigilancia, ya que “son los primeros en dar la voz de alarma ente cualquier posible incendio forestal, propiciando la rápida intervención de los medios y evitando que se convierta en un gran incendio forestal”.

Pérez insiste en alertar sobre esta situación e insiste en que “debido a la situación climática que nos encontramos, ya no tiene sentido mantener el dispositivo bajo mínimos en la época de bajo y medio riesgo, ya que el riesgo de incendios forestales permanece todo el año”.

UGT Servicios Públicos advierte de que, “una vez más, se pone en grave riesgo nuestro patrimonio forestal, ya que la Administración siempre tiene el mismo modus operandi”.

“Si sufriéramos un gran incendio la explicación sería que el dispositivo estaba cubierto pero que el dispositivo estaba cubierto pero que el incendio ha tenido un comportamiento imprevisible o que era un incendio de sexta o séptima generación, para así no asumir ningún tipo de responsabilidades pero, al final, quienes sufrimos las consecuencias somos todos los andaluces que perdemos parte de nuestro patrimonio forestal”.

El sindicato CGT ha criticado este miércoles que un año después de la huelga llevada a cabo por el personal de los museos municipales y que hizo que los museos, Julio Romero, Posada del Potro, Baños Califales, el Alcázar de los Reyes Cristianos y Taurino, permanecieran cerrados de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, “la situación se repite por los incumplimientos del Ayuntamiento de Córdoba”.

En una nota, CGT ha señalado que “sigue sin solucionarse la dotación del personal necesario, ni la de medios materiales, ni ningún otro de los compromisos adquirididos por el Consistorio con los empleados”.

Ante esta situación, el personal, como primera medida de protesta, se ha visto obligado a no abrir este lunes 27 de febrero, “día de descanso para este colectivo, y que inicialmente estaba dispuesto a abrir, confiando en que el Ayuntamiento cumpliera con su parte, pero, todo lo contrario, ha tomado unas medidas que vulneran el derecho de los trabajadores”.

Así, han advertido de que “es manifiestamente ilegal contratar los servicios de una empresa privada de seguridad para suplir a estos empleados, con el sobrecoste para las arcas municipales, al tener que asumir un gasto innecesario y decretando jornada de puertas abiertas en un puente de masiva afluencia de turistas en la ciudad, con el daño económico al dejar de ingresar una importante suma”.

Ante ello, el sindicato CGT ha exigido “el cumplimiento de los compromisos del Consistorio con los empleados” y ha avisado que tomará “cuantas medidas se crean convenientes, de acuerdo con ellos, de no alcanzarse una solución satisfactoria de cara a las próximas semanas, en las que se aproximan fechas de importante repercusión turística”.

El sindicato CGT ha elaborado un informe en el que contabiliza las “plazas necesarias en la plantilla municipal” del Ayuntamiento de Córdoba, que cifra en 603 y “que se deberían se deberían convocar para prestar un servicio razonable y crear un empleo de calidad en esta ciudad”. Del total de esas plazas, aproximadamente un 95% son vacantes actualmente en el Consistorio.

Ssobre los puestos que corresponden a estas 603 plazas necesarias, 82 serían de ordenanzas y portero/as de colegios, 69 plazas en servicios sociales y participación ciudadana, 74 auxiliares administrativos -además de 83 convocadas y que están ocupadas ya-, 193 plazas en Infraestructuras, Parques y Jardines y Zoológico; 80 plazas en bomberos y otras 105 plazas en diversos servicios y puestos (administrativos, informadores gestores, técnicos de administración, telefonistas arquitectos, etc). 

En el desglose de las plazas vacantes en el Ayuntamiento, los 82 ordenanzas y porteros de colegios necesarios se repartirían entre 15 en Participación Ciudadana, otros 15 en edificios municipales como Capitulares, Gran Capitán o las oficinas de El Arcángel, otros 12 en Servicios Sociales, 12 más en los Museos municipales, 20 porteros en los colegios, 4 en Reprografía, 2 en Cultura y otros 2 en Protocolo y Alcaldía.

Mientras, las 69 plazas para Servicios Sociales y Participación Ciudadana se reparten entre 25 trabajadores sociales, 10 educadores sociales, 6 psicólogos, 10 animadores socioculturales, 10 coordinadores de programas, 5 promotores de Igualdad y 3 informadores juveniles.

En el personal auxiliar administrativo, se necesitarían 60 plazas en distintos servicios, 12 en Servicios Sociales y 2 en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Entre las 193 plazas necesrias en Infraestructuras, Parques y Jardines y el Zoológico, se calcula que 40 son de auxiliares de jardinería, 39 peones, 30 ayudantes de oficios, 11 peones especialistas, oficiales primera jaridneros (15), podadores (10), albañil (10), mantenimiento (6), mecánico (6), montaje (4), cuidador del Zoo (4), gruístas (5), y oficiales de fontanería (2), carpintería (1), además de 10 oficiales conductores.

Para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se necesiytarían 80 plazas entre 11 sargentos, 8 cabos y 61 bomberos.

Y otras 105 plazas se distribuirían en diferentes servicios, como 42 administrativos, 30 informadores gestores, 10 telefonistas, 6 técnicos de gestión, 4 ayudantes de Recaudación, 3 ayudantes de biblioteca, 3 delineantes, 2 arquitectos técnicos, 2 arquitectos, 1 economista, 1 agente de Métodos, 1 economista y 1 técnico de Archivo.

Este informe sobre las plazas necesarias por cubrir en el Ayuntamiento ha sido elaborado por CGT recabando los datos de los propios trabajadores de los servicios como de distintas jefaturas de los servicios, así como de las necesidades de personal mínimas en los servicios municipales por jubilaciones o defunciones, si bien hay unidades municipales no incluidas como la Policía Local.

CGT exige asimismo la dotación de plazas que están vacantes por jubilaciones, fallecimientos y otras causas. “No aceptamos que el Ayuntamiento de Córdoba esté realizando la convocatoria de plazas que están actualmente ya ocupadas por personal interino o indefinido no fijo, como está haciendo actualmente (...) Todas las plazas convocadas para trabajadoras sociales estaban ocupadas, por lo que no se creaba ni un puesto de trabajo nuevo, ni una sola incorporación a esa plantilla; pero lo mismo está sucediendo con todas las plazas que ha convocado el Ayuntamiento de Córdoba, y que están pendientes de realizar, como será la de auxiliares administrativos, con 83 plazas que ya están todas ocupadas”, explican.

El sindicato ha constatado que “se ha llegado a una situación donde, con la plantilla actual, es imposible atender toda la demanda de las y los ciudadanos de Córdoba. La atención en todos los servicios municipales se dilata enormemente, o son atendidos de manera deficiente, y la prestación de los servicios municipales se convierte en una odisea para una plantilla cada vez más mermada y se hace a costa de una carga de trabajo insostenible que asume el personal municipal por su responsabilidad con la ciudad, pero a pesar de ello se está provocando que en muchos casos ni se puedan llegar a prestar los servicios que la ciudadanía cordobesa merece”.

Por ello, el sindicato advierte que el gobierno municipal, “en vez de convocar plazas vacantes para cubrir todas las bajas que se están produciendo en la plantilla municipal por jubilaciones, defunciones, etc, apuesta por privatizar los servicios municipales”. Y asegura que “se está supliendo la falta de ordenanzas con empresas privadas de seguridad y ahora quieren licitar todos los puestos de trabajo necesarios en Infraestructuras, para adjudicarlos a una empresa privada”.

El sindicato CGT y trabajadoras de Sadeco han protagonizado una protesta este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en la que con carteles y gritos han reclamado “más empleo y menos enchufismo” en la empresa municipal de limpieza, Sadeco.

Durante unos 45 minutos, varios representantes del sindicato han mostrado sus pancartas con mensajes sobre el “abandono del servicio de limpieza viaria”, “Sadeco explota a los trabajadores de colegios”, “Abandono de servicios de limpieza” y “Falta de personal en Sadeco”, entre otros.

El alcalde, José María Bellido, ha advertido en tres ocasiones a los participantes de la protesta cuando han proferido gritos que impedíán seguir con el Pleno, que se ha visto interrumpido intermitentemente en varias ocasiones, pero sin cortar su transcurso.

Las demandas de más empleo público “menos propaganda y más empleo”, así como las quejas por la situación de las limpiadoras de Sadeco en los colegios públicos se han escuchado en el Salón de Plenos. “Sadeco, enchufismo. Sadeco, corrupción”. “Privatización es corrupción” han sido otros lemas coreados por los representantes de los trabajadores.

Finalmente, después de la última advertencia del alcalde pidiendo respeto para las intervenciones de los grupos políticos, los participantes en la protesta se han marchado del Pleno sin que la Policía Local haya tenido que intervenir.

El sindicato CGT ha manifestado este viernes que las 22 plazas convocadas en la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba estaban “ya ocupadas por trabajadoras sociales de manera interina”, por tanto “no se ha reforzado ni en una sola plaza de trabajadora social y en ninguna respecto a otras figuras necesarias en los centros de servicios sociales, educadores sociales y psicólogos”.

Así lo ha señalado el sindicato en una nota, en la que ha apuntado que “se han cubierto menos puestos de trabajo que plazas vacantes existían”, a lo que han agregado que “este equipo de gobierno ha tenido la desfachatez de echar a la calle a muchas de las trabajadoras sociales interinas, sin que se le haya realizado un proceso de consolidación de su puesto de trabajo como se establecía en el decreto del Gobierno de junio de 2022”.

Frente a ello, CGT ha defendido “aplicar la ratio que el Colegio de Trabajadores Sociales y de Educadores sociales, así como otras administraciones, establecen para dar un adecuado servicio a la ciudadanía en materia de Servicios Sociales”.

Según dicha ratio, “que se establece entre profesionales de servicios sociales y población a la que se debe atender, sería de un trabajador social por cada 3.000 habitantes”, de manera que “en Córdoba correspondería tener 109 trabajadoras sociales, cuando en realidad en los centros de Servicios sociales solo trabajan 36 trabajadoras sociales”, entre otros aspectos, aseverando que “todo ello repercute en la atención a los ciudadanos que deben esperar, en algunos centros, hasta dos meses”.