La asociación memorialista Aremehisa ha celebrado este miércoles que, “tras casi siete años”, desde que solicitó al Ayuntamiento de Córdoba, por primera vez, “que cumpliera con la Ley de Memoria Histórica”, ahora por fin la haya acatado cambiando la lápida del general franquista Ciriaco Cascajo, que le ensalzaba como “patriota ejemplar” y como el “más enérgico defensor” de Córdoba “en el alzamiento nacional de 1936”, mientras que la nueva lápida solo indica que fue general de División.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, quien se ha felicitado porque “por fin se haya procedido a retirar la lápida existente en el Cementerio Municipal de la Salud de Córdoba, en la sepultura construida y cedida por el propio Ayuntamiento de Córdoba a Ciriaco Cascajo Ruiz”.

En cualquier caso, Espino ha recordado al Ayuntamiento de Córdoba que “tiene todavía pendiente proceder a retirar los títulos de hijos predilectos y adoptivos, además de medallas y nombramientos de alcaldes honorarios, así como cualquier otro nombramiento o título honorífico, a las personas a las que le fueron otorgados por méritos relacionados con la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista”.

El presidente del colectivo memorialista ha insistido en que han pasado “siete años, en los que el silencio administrativo fue la respuesta y hubo que acudir al Defensor del Pueblo Andaluz en innumerables ocasiones, para que diferentes corporaciones municipales y alcaldes se pronunciarán al respecto”.

Por último, Espino también ha recordado que está pendiente de respuesta “la petición a la Diputación de Córdoba para la elaboración de un inventario de reconocimientos honores y distinciones otorgadas por esa institución, también a militares franquistas, para su revocación y retirada, tal y como se determina en la Ley”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha solicitado al Ayuntamiento de dicho municipio “la colocación de un monolito con el busto del alcalde José María León Jiménez en el emplazamiento del Llano de la Cruz, muy cerca del último domicilio” del que fuera el primer alcalde socialista de la localidad, hasta que fue fusilado por los franquistas en el verano de 1936.

Se trataría, según recoge la solicitud, presentada y firmada por el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, y a la que ha accedido Europa Press, de “un acto de reconocimiento y reparación a la figura del único alcalde de esta localidad asesinado ocupando el cargo”, como resultado de “la sinrazón y la barbarie”.

En concreto, José María León Jiménez fue el primer alcalde socialista de Aguilar de la Frontera, cargo al que accedió “como consecuencia de una moción de desconfianza firmada por su grupo, que consiguió desbancar al autónomo, luego radical, José Jiménez Carretero”.

León Jiménez nació el 17 de abril de 1893, “en el seno de una familia campesina” y, “desde muy pequeño, aprendió a leer y escribir, gracias al magisterio de su padre”, dedicando su labor profesional al campo, si bien, “muy pronto, se vincula al ideario socialista y se convierte en uno de los líderes más cualificados de la formación”.

Junto a él figurarán en Aguilar de la Frontera “nombres muy destacados del obrerismo local, como Mariano Navarro, Antonio Cabezas, Antonio García Márquez y otros”, y “esta militancia le lleva a alcanzar un sillón como edil en el año 1920”.

Sin embargo, “su ascenso a la primera línea de la política local se produce durante la 'Dictablanda'. Es entonces cuando vuelve a figurar como concejal del Ayuntamiento aguilarense en un Pleno compuesto por los nueve mayores contribuyentes de la localidad y por nueve ex concejales del periodo electoral 1917-1923, grupo en el que se encuentra él”.

En 1931, bajo el Gobierno del almirante Aznar, “se produce una interesante votación en la corporación para designar al nuevo alcalde de Aguilar de la Frontera. Dos candidaturas concurren a esta elección, de una parte la del ex maurista José Ladrón de Guevara y Aumente, que representaba a la oligarquía del pueblo; por otra, como cabeza visible de las fuerzas que ansiaban una regeneración de la vida española, José María León Jiménez”, quien, “en esta época, ya lidera la Agrupación Socialista aguilarense, de la que era presidente”.

El 23 de marzo de 1931 se hace público el programa republicano-socialista para participar en las elecciones municipales del mes siguiente. Tras ellas, “España se levanta republicana” y “la victoria de la colación” en Aguilar “es clara”, pues logra “13 asientos (siete los republicanos, seis los socialistas) de los 20 en liza”. En los siguientes días se procede a la elección de alcalde y del equipo municipal de gobierno, quedando José María León Jiménez como primer teniente de alcalde.

Después, “en los últimos días de julio, una moción presentada por los concejales socialistas convierte a José María León en alcalde, cargo en el que permanecerá hasta su destitución en octubre de 1934”, si bien, “en febrero de 1936, tras el paréntesis del bienio radical-cedista en el que gobernaron los radicales y las derechas, José María León es repuesto en la Alcaldía”.

El 18 de julio de 1936, tras el levantamiento de los militares insurrectos, el teniente de la Guardia Civil en Aguilar, Sebastián Carmona Pérez de Vera, aseguró al alcalde “la fidelidad de las fuerzas a sus órdenes al Gobierno legítimo de la República”, pero “no fue así”, ya que “el día 19 la Guardia Civil publicó el bando de guerra, y al día siguiente se incautó del Ayuntamiento”.

José María León permaneció oculto, hasta que el 25 julio fue detenido. “Estuvo encarcelado en la cárcel de Aguilar de la Frontera hasta el día 2 de agosto de 1936, en que fue fusilado”. Sus restos fueron recuperados muchas décadas después en el cementerio de Aguilar de la Frontera por Aremehisa.

En junio de 2012 fue nombrado miembro honorario de la Corporación aguilarense, “junto a los demás compañeros asesinados”, y “sus restos mortales, sobre los que se depositó la vara de alcalde, presidieron de manera simbólica el Pleno extraordinario celebrado a tal efecto”, y ahora Aremehisa quiere que el Ayuntamiento le dedique un monolito con su busto.

Tras cuatro años de silencio administrativo y reiteradas gestiones ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Córdoba ha comunicado formalmente a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) su negativa a dedicar una calle o plaza a Renée Lafont, periodista francesa fusilada en Córdoba durante los primeros días de la Guerra Civil, según ha informado el colectivo memorialista.

La respuesta llega 89 años después del asesinato de Lafont y cuatro años después de que la asociación solicitara el reconocimiento oficial a través del callejero de la ciudad. En el escrito recibido —tras una nueva intervención del Defensor del Pueblo Andaluz— la Gerencia Municipal de Urbanismo justifica su negativa alegando que la propuesta “no es prioritaria”, debido a la existencia de numerosas solicitudes similares en curso.

Renée Charlotte Amélie Lafont, nacida en Amiens (Francia) en 1877, fue una periodista, traductora, novelista y feminista reconocida internacionalmente. Cultivada, políglota, activista y firme hispanófila, desarrolló su carrera literaria y periodística en París y España, donde tradujo obras de autores como Blasco Ibáñez o Alberto Insúa. En 1936, cubriendo la Guerra Civil para el diario socialista francés Le Populaire, fue detenida por fuerzas franquistas en Alcolea (Córdoba), herida de bala y finalmente fusilada el 1 de septiembre de 1936 en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba.

Se trata de la primera periodista asesinada en un conflicto bélico mientras realizaba su labor informativa, un hecho históricamente documentado y reconocido en estudios académicos, medios de comunicación y entidades memorialistas de toda Europa.

Desde Aremehisa, la indignación es patente. En palabras recogidas en su comunicado, la asociación denuncia “la falta de compromiso institucional con la memoria histórica y la reparación de las víctimas de la represión franquista”. Añaden que la respuesta municipal no solo es tardía e insensible, sino que refleja una jerarquización política del reconocimiento que margina a mujeres, periodistas y extranjeras represaliadas.

“Si después de casi noventa años no es prioridad la reparación, igual nos emplazan a que esperemos otro siglo más”, señala con dureza la organización memorialista.

El rechazo de Córdoba contrasta con otras iniciativas similares impulsadas en ciudades españolas y francesas, donde ya se han rotulado espacios públicos en memoria de Renée Lafont. De hecho, su figura ha sido objeto de exposiciones, publicaciones y homenajes institucionales en Francia, mientras en Córdoba —la ciudad donde fue asesinada— sigue sin ningún tipo de reconocimiento público, según denuncia Aremehisa.

Aremehisa subraya que el Ayuntamiento no solo ha rechazado su petición, sino que ha mantenido durante cuatro años una actitud de indiferencia, obligando a la asociación a recurrir repetidamente al Defensor del Pueblo para obtener una simple respuesta. “Hemos tenido que pedir amparo en numerosas ocasiones ante el absoluto silencio administrativo”, recuerda.

La decisión de no otorgar una calle a Renée Lafont no es, para Aremehisa, un mero acto burocrático, sino “una forma activa de perpetuar el olvido”. Reivindican la necesidad de visibilizar y homenajear no solo a una mujer asesinada por ejercer el periodismo en una guerra, sino a una figura histórica de relevancia europea, feminista, intelectual y comprometida con los derechos humanos.

“No hay ninguna razón razonable para seguir negando este reconocimiento. Y la que esgrime el Ayuntamiento, después de cuatro años, desde luego no lo es”, concluyen.

Rafael Espino, el presidente de la asociación memorialista Aremehisa que lleva casi dos décadas buscando los lugares y ubicaciones de las fosas comunes en las que fueron enterradas las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Córdoba, acaba de publicar Desaparecidos, un libro que recoge mediante testimonios y reconstrucciones históricas la memoria de esas víctimas.

“Este libro pretende ser un homenaje a todas ellos. Un último intento por recuperar del olvido esa parte de la historia que jamás se contó para que por fin pueda ser conocida”, expone el autor. “Pretende ser una muestra del alcance de la tragedia y denunciar que los crímenes, hasta el día de hoy, permanecen impunes”.

Cuenta Rafael Espino que Desaparecidos es el primero de un proyecto que abarca tres libros y que la idea de escribirlos surgió, en realidad, hace “casi 20 años, cuando caen en mis manos los primeros listados con nombres de personas fusiladas y 'desaparecidas'. Trabajar con esos nombres, sus edades, sus profesiones... investigando los primeros datos de filiación personal, los nombres de los padres, esposa, hijos, etcétera, me llevó a plantearme la necesidad de intentar sacarlos del olvido. Sus nombres anónimos formaron alguna vez parte activa de la sociedad”.

En todo ese trabajo, Espino rescata “sus pequeñas vidas, cargadas de afectos y sentimientos. Era necesario, además de conocer sus nombres, sacar del olvido donde sepultaron también sus vidas. Contar a la sociedad quiénes fueron estas personas, por qué fueron detenidas, asesinadas y por qué se les hizo desaparecer física y documentalmente”, relata. “Durante casi dos décadas, y aunque en todos los casos no ha podido ser posible, he trabajado en este contexto y con ese objetivo”. 

Espino ha recopilado los testimonios de cientos de familias que, durante esos casi veinte años, “me han abierto los cajones de sus memorias, los íntimos sentimientos más profundos, facilitando datos, fotografías e información acerca de sus familiares 'desaparecidos'. Y con eso he trabajado, tejiendo y cosiendo los retales personales encontrados aquí y allá, hasta conformar pequeñas biografías que nos hablan de ellos, de sus vidas, sus trabajos, sus sueños, sus miedos, sus muertes y desapariciones”.

Tres volúmenes para poder recoger a todas las víctimas

Por eso, Desaparecidos es solo la primera parte de toda esa recopilación: “Es tan elevado el volumen que he tenido que dividir en tres volúmenes el trabajo”, cada uno de ellos con más de doscientas páginas dedicadas a recuperar la memoria de las víctimas. Víctimas de Córdoba capital y la provincia, que 'desaparecieron' en el periodo de la Guerra Civil y la represión franquista de posguerra.

De hecho, con este trabajo publicado ahora, salen del anonimato y se recupera los nombres y la historia de personas de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, Puente Genil, San Sebastián de los Ballesteros, Castro del Río, Cabra, Monturque, Montilla y Peñarroya -Pueblonuevo. Y a ellos, en los siguientes volúmenes, se irán incorporando otras muchas más localidades de origen de las víctimas, como Baena, Moriles, Lucena o La Victoria, entre otras.

Desaparecidos trata de ser así “un homenaje las víctimas, donde capturar la memoria y la lucha de aquellos que fueron injustamente asesinados y olvidados”. Con su narrativa, apuesta por mantener vivo el recuerdo y la dignidad de las víctimas, convirtiendo el dolor en un acto de resistencia y justicia histórica.

La presentación de Desaparecidos, que cuenta con un prólogo de la arqueóloga Virginia Barea Pareja, tendrá lugar el próximo 22 de febrero a las 19:00 en el Salón de Actos del Casino Aguilarense, en la plaza Llano de las Coronadas de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha anunciado este jueves la finalización de los trabajos de localización y exhumación de represaliados del franquismo en el cementerio municipal de San José de Cabra. La última fase del proyecto, desarrollada a lo largo del último mes en la fosa número 8 del cementerio civil, se ha saldado con la recuperación de doce nuevos cuerpos, correspondientes a once hombres y una mujer.

A través de una nota de prensa, el colectivo memorialista ha informado de que con la conclusión de la última fase “se dan por terminados los trabajos de búsqueda y exhumación desarrollados a lo largo de los últimos cuatro años en el interior del cementerio egabrense al haber completado la búsqueda cubriendo todo el espacio del cementerio”.

Así, el balance a lo largo de las cuatro fases consecutivas abordadas desde 2021, arroja la intervención de un total de ocho fosas, todas situadas en el interior del cementerio civil, de las que han sido recuperados un total de 37 cuerpos, todos ellos de hombres excepto una mujer.

En este sentido, el colectivo memorialista ha explicado que a las ocho fosas intervenidas habría que sumar “el contenido de otra existente en el mismo espacio cuya estructura fue alterada por la construcción de un pozo para la evacuación de aguas durante los años ochenta y noventa, lo que ha imposibilitado la recuperación de los cuerpos que contiene el citado depósito”.

La finalización de los trabajos de campo da paso ahora a los de identificación genética, que se presentan como una prolongación de proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Cabra en 2023 para intentar identificar y entregar a los familiares los cuerpos de sus seres queridos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Córdoba “ha dejado expirar deliberadamente” el plazo legal de tres meses para la tramitación y resolución del expediente con el que se pretendía aprobar la retirada de la lápida de la sepultura del militar franquista Ciriaco Cascajo, lo que obligará al alcalde, José María Bellido, a acordar el inicio de nuevo del procedimiento.

A través de una nota de prensa, el colectivo memorialista ha lamentado que el Consistorio cordobés “vuelva a demorar premeditadamente la retirada de la lápida de la tumba de Cascajo, esta vez optando por dejar agotarse el plazo legal de tres meses para la resolución del expediente 2024/7688, iniciado el pasado 30 de mayo con el objetivo de adecuar la inscripción de la lápida del militar golpista al texto de la Ley de Memoria Democrática. Ahora, gracias a la indiferencia del Ayuntamiento, este tema cae de nuevo en saco roto”.

Cabe recordar, que Aremehisa registró la petición por primera vez en el Ayuntamiento de Córdoba en mayo de 2018 y, ante la falta de respuesta y colaboración del mismo, decidió buscar amparo en el Defensor del Pueblo Andaluz en febrero de 2019. “La última información que ha recibido el Defensor por parte del Ayuntamiento ha sido para comunicarle la noticia de que el expediente está caducado porque se ha excedido el plazo y que ahora habrá que iniciar uno nuevo. Tras más de seis años de reclamaciones, el desde el Consistorio siguen resistiéndose a cumplir con la ley”.

Asimismo, el colectivo memorialista ha advertido que “tal y como están las cosas ahora mismo en el Ayuntamiento de Córdoba, va a ser difícil que, ni con el ya expirado ni con el inicio de otro nuevo expediente, se pueda tramitar el asunto en forma y plazo adecuado, ya que una de las condiciones para llegar a un acuerdo de resolución es que la Comisión Municipal de Memoria Histórica, inexistente hasta el momento, se pronuncie al respecto”.

En este sentido, Aremehisa ha pedido al alcalde de Córdoba que “acuerde el inicio de un nuevo expediente y lo resuelva definitivamente en forma y plazo, dando cumplimiento, de una vez por todas, a la Ley de Memoria Democrática que ampara el derecho de miles de víctimas del franquismo”.  

Inicio del expediente hace más de tres meses

A primeros de junio, el Ayuntamiento de Córdoba, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, iniciaba un expediente administrativo para determinar la adecuación de la inscripción en la lápida de Ciriaco Cascajo Ruiz, ubicada en el cementerio municipal de La Salud. Este procedimiento responde a una queja presentada por la entidad Aremehisa y está en consonancia con la normativa vigente que busca retirar elementos contrarios a la memoria democrática.

La inscripción objeto de revisión reza: “Yace aquí el cuerpo del Excmo. Sr. Don Ciriaco Cascajo y Ruiz. General de División, patriota ejemplar, hijo predilecto de Córdoba y su más enérgico y decidido defensor en el Alzamiento Nacional de 1936...”. La legislación establece que las administraciones públicas deben retirar estos elementos cuando se encuentren en espacios públicos o de uso público, salvo que se trate de menciones de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados.

El Defensor del Pueblo Andaluz había solicitado información sobre el estado de tramitación de este expediente, que ahora será reiniciado debido a la caducidad del proceso anterior. El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, ha firmado el decreto correspondiente, que incluye la designación de un instructor para el procedimiento y la notificación la decisión al Defensor del Pueblo Andaluz.

La tramitación del expediente incluirá la fase de instrucción, la remisión del caso a la Comisión Municipal de la Memoria Histórica y un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses.

Siendo entonces coronel Cascajo, el 18 de julio de 1936, proclamó el estado de guerra en Córdoba y durante los años de la guerra fue la máxima autoridad militar en Córdoba, cuando fueron fusiladas miles de personas defensoras de la República. 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar (Aremehisa) iniciará el próximo sábado día 18 de mayo los trabajos para localizar una fosa común del cementerio de Guadalcázar (Córdoba) en la que se encontrarían los restos de siete varones, todos ellos pertenecientes a la familia conocida como Los Carboneros.

En concreto se buscan los cuerpos de Manuel Torres Herrera, Manuel Galindo Moriana, Manuel Torres Romero, Juan Antonio Marín Sojo, Antonio Marín Lomares, conocido como “Marcelino”; José Rodríguez Gil y su hijo José Rodríguez, naturales de Casariche y residentes en Fernán Núñez, todos ellos asesinados el día 16 de Septiembre de 1936. El equipo estará dirigido por la arqueóloga Virginia Barea Pareja. 

En 1929, esta familia había llegado a un acuerdo con el dueño del cortijo Villafranquilla para desmontar las tierras de monte y trabajarlas durante varios años en arrendamiento. Entre 1931 y 1936 las leyes republicanas paralizaron el desahucio al que se iban a ver sometidos, circunstancia que molestó al dueño de las tierras. Los colonos, ayudados por la Asociación Española de Agricultores, Arrendatarios, Aparceros y Medianeros de la Tierra, pleitearon en los juzgados y en la Audiencia Provincial de Córdoba, ganando la contienda legal y evitando el desalojo.

El estallido de la guerra les sorprendió trabajando en el cortijo. Según algunos testimonios y libros sobre la Guerra Civil, el 16 de septiembre por la mañana varios guardias civiles y falangistas los detuvieron y se los llevaron. Al día siguiente algunos familiares y conocidos se acercaron a Guadalcázar, pero la masacre ya se había consumado en el interior del cementerio. Solo logró salvar su vida Antonio Marín que, herido, se hizo el muerto y después huyó, saltando la tapia.

Ahora, la excavación comenzará en los espacios que ha marcado el georradar como sospechosos de poder alojar un espacio de enterramiento donde podrían encontrarse los cuerpos de los miembros de la familia.

Está sería la cuarta fase de la búsqueda que Aremehisa lleva realizadas en esta búsqueda desde el año 2015 en Guadalcázar. La intervención cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de este municipio cordobés.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto expediente tras aceptar la queja formulada por la asociación memorialista Aremehisa para que la Diputación Provincial de Córdoba elaborase un censo de las distinciones de esta institución a franquistas y les fueran retirados.

Aremehisa solicitó en mayo de 2022 a la Diputación que elaborase un censo y catálogo de las distinciones y títulos honoríficos otorgados por esta institución que supusieran una exaltación del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, con el objetivo último de que fueran retiradas dichas distinciones. A esa petición, la delegación de Memoria Democrática que existía en el anterior mandato -con gobierno de PSOE e IU- respondió que, con la colaboración del Archivo y el departamento de Protocolo de la Diputación, se estaba realizando ese censo de distinciones a franquistas.

Pero casi dos años después y sin delegación que se ocupe de la memoria histórica en el gobierno provincial que ahora lidera el PP, no se ha tenido información sobre si ese censo se ha llegado a hacer, de su contenido y de si se van a retirar los honores concedidos. Por ello, Aremehisa decidió acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y este ha aceptado la queja para hacer un requerimiento sobre este asunto a la Diputación de Córdoba, según ha confirmado la asociación Aremehisa.

La asociación memorialista entiende que “después del tiempo transcurrido, casi dos años ya desde que se realizó la petición y el silencio total y absoluto después de esa opaca respuesta sin llevarse a cabo la Diputación Provincial de Córdoba, no está cumpliendo con la actual Ley de Memoria Democrática”. Y recuerda que en otras provincias como Málaga, Valencia y Alicante sí se han tomado iniciativas para cumplir lo que marca dicha ley.

Aremehisa ha explicado que su petición persigue que la “elaboración y conocimiento público” de dicha relación “sirva de documento inicial para la retirada de todos los otorgamientos y distinciones de la Diputación a personas o entidades relacionadas con el régimen franquista, desde el año 1936 hasta la actualidad”, en aplicación de las leyes de Memoria Histórica estatal y autonómica.

El argumento de la asociación se basa en hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica de 2022, cuyos artículos 40 y 42 recogen la revisión de los honores a personas ligadas al golpe de estado y a la dictadura, de manera que se revoquen esos títulos.

Revocar la Medalla de Oro a Franco

En ese sentido, desde Aremehisa recuerdan que la propia Diputación en Pleno aprobó el 18 de marzo de 2009 revocar el acuerdo por el que se concedió la Medalla de Oro a Francisco Franco, que le fue entregada en mayo de 1961 siendo presidente Rafael Cabello de Alba. En ese mismo viaje a tierras cordobesa, Franco también recibió la Medalla de Oro de Cabra, que le fue retirada en noviembre del 2019.

Sobre la medalla otorgada por la Diputación, la asociación memorialista quiere conocer si se ha llegado a abrir un expediente a tal efecto y a hacer efectiva la retirada de esa condecoración al dictador, de lo que la institución provincial no ha informado hasta el momento.

El Museo Arqueológico de Cabra ha acogido la exposición de resultados de las tres campañas de excavaciones realizadas desde el pasado año 2021 en el Cementerio de San José con el objetivo de detectar fosas comunes de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra en Cabra. Un acto presidido por el alcalde egabrense, Fernando Priego, y en el que además de miembros de la Corporación municipal han estado presentes familiares de personas asesinadas en este contexto que han podido conocer de cerca el resultado de los trabajos realizados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera -Aremehisa-, entidad encargada de las excavaciones.

La arqueóloga Virginia Barea ha realizado una amplia y detallada exposición de estos trabajos llevados a cabo a lo largo de las tres campañas desarrolladas en la zona anexa al camposanto y conocida como ‘Cementerio Civil’, en la que se han podido localizar un total de siete fosas comunes -de las que el equipo ha podido excavar seis- en las que se encontraban los restos óseos de 25 personas asesinadas y que, según los estudios llevados a cabo, serían de edades comprendidas desde los 16 o 19 años hasta una horquilla de entre 40 y 56.

De todos los cadáveres se han extraído muestras para poder realizar análisis genéticos con el objetivo de cotejarlos con los de familiares de personas represaliadas durante este periodo a fin de poder identificarlos. Unos trabajos, financiados por el Ayuntamiento de Cabra, que se han realizado en la empresa madrileña LabGenetics y que finalmente han dado, en todos los casos, resultado negativo en el cruce realizado entre el ADN conseguido de los restos de 16 cadáveres y las muestras obtenidas de ocho posibles familiares.

“El proyecto sigue abierto y, próximamente, se añadirán muestras de otros siete individuos encontrados en una excavación realizada en Monturque que, por lo que suponemos, podrían corresponder a personas procedentes de Cabra”, ha indicado Barea, destacando que “también tomaremos nuevas muestras a los restos que finalmente no pudieron arrojar material genético de calidad”.

Justicia y humanidad con las familias

Por su parte, el alcalde ha agradecido la labor realizada por el equipo técnico encargado de estos trabajos “que nunca se habían hecho y que, junto a la Comisión de Memoria Histórica, entendimos desde el Ayuntamiento que eran más que necesarios”, ya que “no estamos hablando de abrir debates históricos sino de un acto de mera justicia y humanidad con las familias y con la memoria de estas personas”.

En este sentido, el primer edil ha recordado que desde el primer momento “hemos tenido el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP- que, mediante respectivas subvenciones solicitadas por el Consistorio, ha aportado 47.000 euros para poder financiar las campañas”, adelantando que “para este año 2024 ya tenemos otra ayuda aprobada por valor de 20.000 euros que nos permitirá seguir avanzando en lo que queda por estudiar”.

Por último, Priego ha subrayado “el compromiso firme del Ayuntamiento por terminar estos trabajos”. Un “esfuerzo” que, según ha deseado, “esperamos que también venga acompañado de una respuesta importante por parte de todos aquellos que tienen la necesidad de encontrar a sus familiares”, por lo que ha hecho un llamamiento para que todas aquellas personas que conozcan o sospechen que podrían ser familiares de personas represaliadas “se acerquen al Consistorio para recibir información sobre cómo participar, ya que ahora mismo contamos con un número muy bajo de muestras de familiares y el objetivo sería conseguir un banco genético importante” desde el que “poder tener más posibilidades de encontrar coincidencias”.

La asociación memorialista Aremehisa solicitó en mayo de 2022 a la Diputación Provincial de Córdoba que elaborase un censo y catálogo de las distinciones y títulos honoríficos otorgados por esta institución que supusieran una exaltación del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, con el objetivo último de que fueran retiradas dichas distinciones. A esa petición, la delegación de Memoria Democrática que existía en el anterior mandato -con gobierno de PSOE e IU- respondió que, con la colaboración del Archivo y el departamento de Protocolo de la Diputación, se estaba realizando ese censo de distinciones a franquistas. Pero casi dos años después y sin delegación que se ocupe de la memoria histórica en el gobierno provincial que ahora lidera el PP, no se ha tenido información sobre si ese censo se ha llegado a hacer, de su contenido y de si se van a retirar los honores concedidos. Y Aremehisa ha decidido acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para que haga un requerimiento a la Diputación de Córdoba.

Aremehisa ha elevado este mismo lunes su queja al Defensor del Pueblo Andaluz, según ha confirmado su presidente, Rafael Espino, a este periódico. Le informarán de la petición cursada en 2022 ante la Diputación, con el fin de la elaboración y conocimiento público de la relación de honores y distinciones a cargos franquistas, de modo que sirviera esa relación de documento inicial para la retirada de todos los otorgamientos de la Diputación a personas o entidades relacionadas con el régimen franquista, desde el año 1936 hasta la actualidad.

El argumento de la asociación se basa en hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica de 2022, cuyos artículos 40 y 42 recogen la revisión de los honores a personas ligadas al golpe de estado y a la dictadura, de manera que se revoquen esos títulos.

Revocar la Medalla de Oro a Franco

En ese sentido, desde Aremehisa recuerdan que la propia Diputación en Pleno aprobó el 18 de marzo de 2009 revocar el acuerdo por el que se concedió la Medalla de Oro a Francisco Franco, que le fue entregada en mayo de 1961 siendo presidente Rafael Cabello de Alba. En ese mismo viaje a tierras cordobesa, Franco también recibió la Medalla de Oro de Cabra, que le fue retirada en noviembre del 2019.

Sobre la medalla otorgada por la Diputación, la asociación memorialista quiere conocer si se ha llegado a abrir un expediente a tal efecto y a hacer efectiva la retirada de esa condecoración al dictador, de lo que la institución provincial no ha informado hasta el momento. “No tenemos constancia de que se haya hecho efectivo”, insiste Espino.

“Llevamos casi dos años sin información sobre si ha habido avances en la elaboración del censo, con el área de Memoria Democrática desaparecida”, señala para reiterar que pedirán amparo al Defensor del Pueblo con el objetivo de que este reclame información a la Diputación de Córdoba para conocer qué ha hecho al respecto de las distinciones y honores a personas ligadas al franquismo.

La asociación memorialista Aremehisa, dado que “la exhumación de las fosas de los grandes cementerios municipales de Córdoba, La Salud y San Rafael, está muy cercana”, ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento de Córdoba “la creación ya, sin más demora”, de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, ante “la necesidad de atención que plantean familiares y víctimas de la represión franquista en Córdoba”.

En este sentido y en una nota remitida a Europa Press, Aremehisa ve “necesario lograr el reconocimiento y dignificación de la memoria” de las víctimas “mediante la investigación de casos de personas desaparecidas, donación de testimonios y las actividades necesarias por parte de la Oficina para la divulgación y la educación en derechos”.

Será, según ha señalado la asociación memorialista, “una Oficina de Víctimas para dar asesoramiento legal e información a las víctimas y familiares que contacten con ella”. También para “tramitar las peticiones de reconocimiento, toma de muestras y peticiones de búsqueda, localización y exhumación de los familiares ante las distintas administraciones”.

Además, la Oficina de Víctimas “deberá estar plenamente informada y participar del conocimiento y desarrollo de los trabajos” de exhumación de fosas, “recoger y tramitar las peticiones de muestras de ADN, y un sin fin de trabajos y actividades que nadie presta a las víctimas y familiares”.

En definitiva, la Oficina de Víctimas es precisa “para dar respuesta a los miles de contactos de familiares que nos llegan a las asociaciones” memorialistas, que reciben “incesantes y repetidas peticiones de información por parte de los familiares de las víctimas del franquismo de Córdoba y su provincia, de datos relacionados con el último paradero de sus seres queridos desaparecidos durante los primeros días del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista”.

Por eso, “ante la total ausencia de organismos públicos que faciliten dicha ayuda e información a las familias, se ha de poner en marcha una Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura a disposición de las familias y personas interesadas en obtener información acerca de sus familiares”.

El alcalde defiende la gestión hecha por el Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este miércoles el trabajo que ha hecho su gobierno en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. En rueda de prensa, Bellido ha remarcado que ha sido bajo su mandato cuando, “por primera vez en Córdoba, se están realizando trabajos para la recuperación de fosas comunes”.

Además, ha reconocido la importancia de reconocer y dignificar la memoria de las víctimas, señalando que el gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con diferentes colectivos memorialistas. Asimismo, expresó la disposición del Ayuntamiento a considerar la creación de la Oficina de Víctimas, siempre en consulta con los colectivos memorialistas, y dentro de las funciones que tiene encomendadas para ello la empresa pública Cementerios de Córdoba (Cecosam)

En este sentido, el gerente de Cecosam, Antonio Álvarez, dijo en noviembre que quería poner en marcha “cuanto antes” una Oficina de Atención a las Víctimas del franquismo, dentro del acuerdo entre Ayuntamiento, Gobierno central, Junta y Diputación para iniciar las exhumaciones en los cementerios de la capital cordobesa.

Siguen apareciendo nuevas fosas de represaliados en el cementerio de San José de Cabra. El Ayuntamiento de Cabra y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar (Aremehisa) han informado de que los trabajos comenzaron el día 17 del pasado mes de julio en la que es ya la tercera fase de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes del cementerio municipal de Cabra.

En estas primeras semanas de desarrollo de los trabajos que se están llevando a cabo en el cementerio municipal de San José en Cabra se han hallado nuevas fosas de represaliados con un número aún sin definir de cuerpos en su interior hasta que se completen la fase de excavación.

Los primeros sondeos de los trabajos detectaron muy pronto nuevas fosas comunes existentes en el interior del antiguo cementerio civil, en una zona muy próxima a la localización de las dos encontradas en las fases llevadas a cabo en los años 2021 y 2022 que ya arrojaron arrojaron un balance total de 16 personas exhumadas.

El número de cuerpos existente en estas nuevas fosas aún está por determinar, ya que los técnicos están trabajando actualmente en la excavación de las mismas y por el momento no es posible determinar su contenido exacto.

Los trabajos están financiados por la FEMP (Federación Española de Municipios y provincias ) y el Ayuntamiento de Cabra, coordinados por Aremehisa y desarrollados por la empresa Arataspi.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) ha denunciado la falta del respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a la petición registrada por el propio colectivo hace más de un año en la que solicita al Consistorio que dedique una calle a Renée Lafont, periodista francesa fusilada el día 1 de septiembre de 1936 en las tapias del cementerio de La Salud de Córdoba.

Desde AREMEHISA han recordado en una nota que la propuesta fue presentada en el registro de entrada el 6 de octubre de 2021 y que, catorce meses después, todavía no ha recibido contestación. “Entendemos que si hay una solicitud de un colectivo, lo normal es que la Administración a la que está dirigida se ponga en contacto con él para comunicar su aceptación o rechazo o para, en su caso, trasladar las aclaraciones o apreciaciones que resulten pertinentes”.

Ante la falta de respuesta, en abril de 2022 el colectivo elevó el caso al Defensor del Pueblo andaluz. “Los resultados poco han variado. Tras cursar hasta tres requerimientos, hemos recibido la notificación, con fecha del 12 de diciembre de 2022, de que el Ayuntamiento continúa sin dar respuesta expresa a nuestra petición”.

Por todo ello, desde AREMEHISA han lamentado que el Ayuntamiento “haya vuelto a ignorar, una vez más, otra de nuestras demandas”, y le han pedido que, “aunque sea tarde, se pronuncie porque, al igual que nosotros, tiene conocimiento de que no es la primera vez que se pide una calle para Renée Lafont, ya que existe una solicitud similar de febrero de 2017 realizada por la Asociación nacional Igualdad Lola Castilla”.

Finalmente, desde AREMEHISA han insistido en que “hay motivos más que suficientes” para otorgarle un reconocimiento público a la que “hasta este momento, es la primera periodista de la historia asesinada en un conflicto bélico en el ejercicio de su profesión, la primera mujer extranjera asesinada en la provincia Córdoba durante y como consecuencia de la guerra civil y, muy posiblemente, la primera ciudadana francesa asesinada en Andalucía durante ese periodo”.

Además, han señalado, “fue también la primera en ser exhumada en Córdoba capital, hechos que tuvieron lugar el 14 de febrero de 2019 en la sepultura número 6 del cuadro de San Ramón del Cementerio de Nuestra señora de la Salud”.

La asociación memorialista Aremehisa ha iniciado un nuevo proceso de búsqueda de familiares personas asesinadas por los franquistas en la provincia durante la Guerra Civil y también en la posterior dictadura, en este caso para encontrar a las familias de “seis personas represaliadas en el año 1940, naturales o residentes en la localidad de Puente Genil (Córdoba)”.

En concreto, según ha informado Aremehisa en un comunicado remitido a Europa Press, estos represaliados, cuyos restos han sido recuperados e identificados por el colectivo memorialista en el Cementerio de Puente Genil, fueron “ejecutados” en el propio camposanto pontanés entre los meses de marzo y junio del año 1940, es decir, hasta 14 meses después de concluida la contienda.

Los restos corresponden a Marcos Jiménez Cantarero, el 'Capitalito', ejecutado el 9 de marzo del citado año en el Cementerio de Puente Genil, donde también fue ejecutado el 3 de abril Francisco Pozo Francisco, mientras que el 24 de abril fueron ejecutados en el camposanto Francisco Delgado Muñoz, Francisco Lavado Barcos y Francisco Jiménez Jiménez, cerrando la lista Emilio López Avisal, que fue ejecutado en el Cementerio de Puente Genil el día 11 de junio.

Aremehisa solicita ahora “cualquier tipo de información que permita obtener algún dato sobre estas personas y que pueda ayudar a identificar a posibles familiares directos”, de modo que, “si alguien dispone de información a este respecto”, puede ponerse en contacto con la asociación a través de su Facebook (https://www.facebook.com/aremehisa), también mediante el correo electrónico 'aremehisa@hotmail.com' y en el teléfono móvil 680634633.

La asociación memorialista cordobesa Aremehisa se ha comprometido a seguir trabajando para “encontrar, identificar” y exhumar en Córdoba los restos de Renée Lafont, precisamente cuando se cumple este viernes 4 de noviembre el 145 aniversario del nacimiento de la que fue “la primera periodista asesinada en un conflicto bélico”, en este caso “tras ser fusilada el día 1 de septiembre de 1936 en el Cementerio de la Salud” de la capital cordobesa por los franquistas.

En este sentido y en una nota remitida a Europa Press, Aremehisa ha recordado que Lafont, nacida en Amiens (Francia) en 1877, cuando contaba con 58 años de edad fue detenida y fusilada en Córdoba, el 1 de septiembre de 1936, con lo que “ya se han cumplido 86 años de su asesinato y desaparición”, y este viernes, “junto al 145 aniversario de su nacimiento, también hay que destacar una fatídica y vergonzosa cifra”, pues “hoy Renee Lafont lleva 31.460 días desaparecida”.

De hecho, según ha resaltado Aremehisa, el pasado 13 de febrero de 2019, “entre las 12,00 y las 13,30 horas, una mujer, la primera en ser exhumada en Córdoba en el Cementerio de la Salud de la sepultura número seis, cuyo cuerpo presuntamente podría ser el de Renée Lafont, fue extraída de la tierra que la aprisionó durante tantos años”.

Un total de “1.361 días han transcurrido desde entonces, casi cuatro años ya, en los que no hemos parado ni un solo día en la búsqueda de la verdad, en Francia y en España. Un trabajo que más pronto que tarde dará sus frutos, después de más de seis años de investigación y búsqueda, en España y en Francia”.

De modo que en Aremehisa seguirán “trabajando para poder encontrar e identificar a Renée Lafont, a pesar de todos los imcomprensibles impedimentos que desde la Administracion autonómica y municipal se están poniendo para que la búsqueda e identificación concluya por fin. Es el último eslabón de esta enorme y larga cadena, que más pronto que tarde llegará a su final”.