Quizás no sea una realidad que afecte exclusivamente a la Hermandad del Santo Sepulcro de Córdoba, pero sí ha sido de las primeras en reconocerlo públicamente. En una dura carta, el Hermano Mayor de esta cofradía, Alfonso Orti, ha lamentado que la participación de los hermanos “se reduce, como mucho, a la estación de penitencia”, ya que la implicación en los cultos de los titulares “es muy reducida”. Con esta claridad ha expuesto las deficiencias que acucia a la Hermandad cuando se produce el fin de su mandato.

Cuando llegó, Orti se propuso “revitalizar” la cofradía, incorporando a personas jóvenes y creando espacios de convivencia que acercaran a los hermanos. Sin embargo, “ni una cosa ni otra las hemos conseguido”. Las críticas también se extienden a la “respuesta decepcionante” de los hermanos en las dos importantes efemérides que está celebrando la Hermandad desde el año pasado: el 450 aniversario de las Primeras Reglas y el 50 aniversario de la reorganización de la Hermandad.

Para conmemorar ambas citas, la Junta de Oficiales ha organizado un amplio programa de actividades “que ha supuesto una importante carga de trabajo y esfuerzo económico”. Ante la respuesta de los hermanos, dicha Junta se plantea “si merece la pena tanto esfuerzo”. Orti llega a reconocer que, personalmente, “si hubiera sabido esto”, se habría ahorrado solicitar “la concesión del Año Jubilar”. “No me cabe duda de que es el amor a nuestros Sagrados Titulares y a nuestra Hermandad lo que nos ha sostenido (...) Esta Junta de Oficiales ha hecho lo que estaba en su mano”.

A todo ello se suma que toda la carga de trabajo ha recaído, muchas veces, en pocas personas “debido a la situación laboral y familiar de varios miembros de la Junta de Oficiales, lo que se ha traducido en desgaste y en que en algunas áreas de la Hermandad no se hayan podido alcanzar los objetivos deseados”.

Además de estas críticas, Orti ha tenido palabras de agradecimiento para el grupo de personas que lo ha acompañado, “haciendo posible que los altares de cultos y la estación de penitencia no hayan visto mermado su esplendor ni un ápice, así como la Cruz de Mayo, que tan vital es para la cofradía”. Entre esas personas se encuentran el Consiliario y párroco moderador Fernando Cruz-Conde, los párrocos In Solidum Fernando Lavirgen y Miguel Varona, la sacristana Elisa Trucios e Inmaculada Fuentes.

A pesar de que el mandato de la Junta de Oficiales debía finalizar ya, no se ha presentado ninguna candidatura, por lo que Orti pedirá una prórroga por el “tiempo mínimo indispensable para que, una vez pasada la Semana Santa y la Cruz de Mayo, se abra un nuevo proceso electoral”. El Hermano Mayor se planteó, en el caso de ausencia de candidaturas, presentar la suya propia. Finalmente ha declinado hacerlo, por un lado, “ante las difíciles situaciones familiares y laborales” de varias personas que han estado en este mandato y, por otro lado, ante la ausencia de relevo “para ocupar, con garantías, los puestos destacados de la Junta de Oficiales”.

El escultor Marco Augusto Dueñas ha interpuesto una demanda, que ha sido admitida a trámite, contra la Diócesis de Córdoba, la Fundación Cajasur y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por el desmembramiento y ocultamiento de una de sus obras. Dueñas se refiere al sepulcro que le encargó el constructor Rafael Gómez alias Sandokán para la tumba, cuando falleciese, del conocido como cura banquero, Miguel Castillejo Gorráiz. La obra fue retirada tras la salida de Castillejo de la presidencia de Cajasur y la intervención del Banco de España de la caja, que finalmente fue adquirida por BBK.

Dueñas, según la demanda a la que ha tenido acceso este periódico y ha difundido este viernes la edición local de ABC, reclama que “la obra sea expuesta en su integridad tal y como fue concebida, y en unas condiciones dignas” y pide una indemnización de 100.000 euros. Este dinero, según acompaña en su escrito, sería donado a la Iglesia Católica en Córdoba “como forma de regeneración sobre el derecho moral del artista, lo cual se simultanea interesando que se ofrezca al autor alternativas de nuevos emplazamientos u obligando a la dignificación de la forma en la que se exhibe la obra, sin que se le pretende imponer como sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en el abuso que nuestro sistema repudia (artículo 7 del Código Civil)”.

El sepulcro tallado en mármol italiano de casi 10 metros de alto por 4 de ancho se encargó a un joven escultor, Marco Augusto Dueñas a principios del siglo XXI. El resultado es un conjunto escultórico que muestra un juicio final e incluye más de 50 figuras. Aproximadamente, mide unos 10 metros de altura por unos 4 de ancho y que pesa miles de kilogramos (“para colocarlo, se recabó la presencia de un experto que trabajaba en el Louvre”, rememoraba Dueñas en declaraciones a este periódico). En el centro del sepulcro están representados el arcángel San Miguel y San Pedro, que tiene las llaves del cielo. Abajo, el infierno y varios desesperados, que forman parte de una obra concebida de manera triangular, y en la que dos ángeles sostienen el escudo de Miguel Castillejo.

El sepulcro se concluyó en 2003 y tuvo un coste aproximado de 1,5 millones de euros. Se instaló en la sede de la UNED en La Magdalena, un lugar llamado a acoger una capilla donde también iba a ser presuntamente enterrado Castillejo. Pero en 2006, según Dueñas, el sepulcro comenzó a ser desmembrado. De hecho, acabó localizando unos ángeles hace apenas unos meses.

Dueñas sostiene en su demanda que “es un autor de reconocido prestigio, incluso con obras expuestas en El Vaticano”. Asegura que “el cambio de ubicación, separación y desmembración de la misma, y la insólita exposición que se hace de la misma, oculta entre librerías como si careciera de valor alguno, altera o interfiere en el proceso de comunicación que toda obra de arte comporta, al modificar los códigos comunicativos, distorsionando los mensajes que transmite y las 2/4 sensaciones, emociones, pensamientos y reflexiones que despierta en quienes la perciben, y ofrecen una visión negativa del autor de la obra”.

Por eso, reclama la indemnización y que la obra sea expuesta en unas condiciones “dignas”, según un escrito admitido a trámite. También que se aclare de quién es la titularidad de la obra y que se le reconozca como autor intelectual de la misma.