La Fiscalía pide una pensa de diez años de prisión por un delito de lesiones y tenencia ilícita de armas para un hombre que, en el transcurso de un cobro de una presunta deuda, disparó contra una de las personas que había acudido a su domicilio “de forma violenta e intimidatoria” para que le diera el dinero. Otras seis personas, los supuestos cobradores, también serán procesados por delitos de coacciones, o alternativamente delitos de amenazas.

El juicio se prevé celebrar los días 13 y 14 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba. Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, cinco de los procesados se dirigieron en coche a casa del acusado de lesiones y tenencia ilícita de armas con la finalidad de cobrar una supuesta deuda que éste mantenía con el séptimo procesado en la causa.

Al respecto, los cinco se personaron en la vivienda “de forma violenta e intimidatoria”, tras las indicaciones que había dado el séptimo para proceder al cobro de la deuda. Así, un familiar del presunto deudor abrió la puerta y les preguntó a los cinco qué querían, a lo que ellos contestaron que iban a cobrar una deuda.

El familiar les dijo que no estaba en casa el varón al que buscaban, por lo que cerró la puerta y avisó a la Guardia Civil, esperando dentro del inmueble la llegada de los agentes. El acusado al llegar a casa y ver a su familiar exaltada, se asomó por la ventana y vio a los procesados en el exterior.

Tras ello, dicho acusado cogió un rifle que tenía guardado en el armero de su vivienda, se dirigió hacia la puerta y viendo como éstos huían a bordo del vehículo, “con intención de menoscabar la integridad física y corporal de los procesados que habían acudido a su casa a reclamar el pago de la deuda, disparó en tres ocasiones, impactando uno de los cartuchos en la cabeza de uno de ellos, que iba en el asiento trasero derecho del coche”.

En este sentido, el fiscal apunta que los acusados de marcharon sin llegar a cobrar la deuda, siendo el herido trasladado al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa por el resto de procesados para ser atendido del disparo recibido.

En concreto, el procesado por delito de lesiones y tenencia ilícita de armas se enfrenta a penas de diez años de cárcel. Y los otros seis, a penas de tres años de prisión por delitos de coacciones, o alternativamente delitos de amenazas, con dos años de cárcel, junto a órdenes de alejamiento del primero durante cinco años.

El Banco de España ha publicado este martes los datos de deuda de las administraciones públicas del segundo trimestre del año. De las ocho capitales de provincia andaluzas publica datos de tres de ellas, las que se sitúan por encima de los 300.000 habitantes: Córdoba, Málaga y Sevilla.

De las tres capitales analizadas por el banco central, Córdoba es la que presenta el mejor comportamiento financiero con un recorte de su débito tanto trimestral como interanual.

Córdoba tiene una deuda de 162 millones en el segundo trimestre del año, y Málaga y Sevilla igualan su importe, con 270 millones. La evolución trimestral de estas cantidades indican que Córdoba la ha reducido en un millón de euros, Málaga lo ha hecho en 8 millones y esa tendencia la rompe la capital de Andalucía, donde sube 12 millones en tres meses.

Si la comparativa se hace interanual, sobre el segundo trimestre de 2024, los datos que ofrece el Banco de España indican que Córdoba y Sevilla reducen su débito financiero, mientras que Málaga sigue el camino opuesto creciendo.

Córdoba ha rebajado su deuda 13 millones de un año a otro, un retroceso de un 7,4% por cuanto ha pasado de los 175 millones del segundo trimestre de 2024 a los 162 millones actuales que le contabiliza el Banco de España, datos que ha consultado Europa Press.

Málaga sube 32 millones de un trimestre a otro en la evolución anual de su deuda, que pasa de los 238 millones del segundo trimestre de 2024 a los 270 de igual periodo de 2025, un alza de un 13,4%.

En el caso de Sevilla su comportamiento financiero interanual imita al de Córdoba rebajando en 7 millones su deuda, que evoluciona desde los 277 de 2024 a los 270 actuales, un 2,52% menos.

El Ayuntamiento de Madrid sigue registrando el mayor volumen de deuda, con 2.110 millones de euros, seguido por Barcelona (1.375 millones) y Zaragoza (540 millones).

En el tramo de los municipios con más de 500.000 habitantes, el Banco de España refleja que su deuda conjunta aumentó un 3,6% respecto al segundo trimestre de 2024, 166 millones más para llegar a un total de 4.692 millones de euros.

La deuda de los municipios comprendidos entre 300.000 y 500.000 habitantes es de 803 millones, idéntico importe al trimestre precedente, y 31 millones más que hace un año, el segundo trimestre de 2024.

Los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.797 millones de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 10.833 millones de euros, y las diputaciones, consejos y cabildos insulares sumaron los 4.488 millones de euros restantes.

El subsector local que analiza el Banco de España indica que su deuda total es de 23.338 millones, 486 millones más que sobre el trimestre precedente y 189 millones menos que hace un año, el segundo trimestre de 2024.

Dos mujeres de la provincia de Córdoba han logrado cancelar sus deudas, que ascendían a más de 145.000 euros, gracias a la aplicación de la denominada Ley de Segunda Oportunidad.

La gestión de estos dos casos, a cargo del despacho en Córdoba de Repara tu Deuda Abogados, ha permitido que ambas mujeres cancelen las deudas que tenían y pueda empezar de cero.

El primero de los casos es el de una vecina de Aguilar de la Frontera que tenía una deuda de 119.075 euros. Tras una separación, no ha podido regularizar su situación y ha necesitado acogerse a este mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad para zanjar la deuda.

En el otro caso, una mujer ha conseguido la cancelación de una deuda de 25.997 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos médicos de su hijo. A ello se le añade el divorcio de la deudora y la mínima aportación del padre a los gastos derivados de las necesidades del hijo. Además, la deudora sufría inestabilidad laboral, ya que sólo conseguía trabajos temporales y con largos periodos de desempleo. En la actualidad, con los ingresos que tenía, apenas podía cubrir las necesidades básicas.

El despacho de abogados que ha llevado los casos recuerda que la Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de cancelar sus deudas. Ello les da una serie de ventajas muy relevantes y les permite respirar aliviados emocionalmente. Y es que pueden salir de los listados de morosidad, como Asnef, que tanto daño les hace. Además, dejan de recibir las inquietantes llamadas por parte de bancos y entidades financieras. En paralelo, pueden registran bienes futuros a su nombre y solicitar nueva financiación si lo desean.

Desde su fundación en septiembre de 2015, este despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Para quedar liberada de las deudas, es necesario que la persona actúe de buena fe, aportando la documentación requerida, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que no haya sido condenada por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha concedido la exoneración de 91.305,58 euros a un vecino de la ciudad que se vio abocado a la insolvencia tras el cierre de su empresa. La decisión judicial, amparada en la Ley de Segunda Oportunidad, pone fin a un proceso que comenzó tras años de dificultades económicas derivadas de impagos acumulados por parte de sus clientes.

El afectado fue socio de una sociedad que, pese a sus esfuerzos, no logró superar la morosidad generalizada en su cartera. La falta de liquidez, agravada por los retrasos e incumplimientos de pago por parte de sus clientes, le obligó a recurrir a diferentes formas de financiación personal —préstamos con entidades como CaixaBank, Cajasur, Banco Santander o el extinto Banco Popular— para sostener tanto los gastos de la empresa como los propios. También contrajo deudas con la Agencia Tributaria (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Ante la inviabilidad del negocio, presentó concurso de acreedores de la empresa, gestionado con el apoyo de la Asociación Ayuda al Endeudamiento, especializada en situaciones de insolvencia. Una vez cerrada esa etapa, inició su procedimiento personal de Segunda Oportunidad. Sin ingresos estables y sin posibilidad de reintegrarse de forma regular en el mercado laboral, se encontraba en una situación económica crítica, con escasa capacidad para responder a las obligaciones pendientes.

A pesar de mantener una participación del 25% en una vivienda y la titularidad compartida de dos vehículos, el juzgado ha entendido que su patrimonio no era suficiente para hacer frente al volumen de deuda acumulado. En este contexto, ha estimado que se cumplen los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad, declarando la exoneración del pasivo insatisfecho. Esta medida permite al afectado comenzar de nuevo, sin la presión de deudas imposibles de asumir.

“El caso refleja una realidad que se repite: muchas personas sobreendeudadas lo están no por una conducta irresponsable, sino por intentar salvar una empresa, un empleo o una fuente de ingresos para su familia”, explica José Domínguez, abogado de la Asociación Ayuda al Endeudamiento. “Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, pueden dejar atrás una situación asfixiante y construir una nueva etapa sin las cadenas del pasado financiero”.

Con esta resolución, la Asociación suma ya 18 exoneraciones en la provincia de Córdoba en lo que va de 2025, consolidando su presencia como una entidad de referencia en la defensa jurídica de personas y autónomos atrapados en deudas estructurales.

Desde su aprobación, la Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una vía efectiva para aquellos que, habiendo actuado de buena fe, no pueden hacer frente a sus obligaciones por causas sobrevenidas. Casos como este evidencian que el sistema judicial reconoce la necesidad de dar una salida digna a quienes han atravesado momentos difíciles y buscan una oportunidad real para empezar de nuevo.

El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría tener impacto en el sistema español de segunda oportunidad para personas insolventes. En un auto firmado por el juez, al que ha accedido este medio, se cuestiona si la normativa española que impide la exoneración de deudas a quien no pague una sanción administrativa, aunque sea de tan solo 150 euros, respeta los principios del derecho comunitario.

El auto parte de un caso particular de un deudor de Córdoba, que, tras haber sido declarado en concurso sin bienes ni ingresos con los que afrontar sus deudas, solicitó la exoneración de las mismas. Sin embargo, la Agencia Tributaria se opuso alegando que el solicitante tenía una sanción tributaria grave pendiente de pago por importe de 150 euros. Según la Ley Concursal, esta circunstancia impide conceder la exoneración, incluso aunque la deuda principal supere los 150.000 euros, como ocurre en este caso.

El deudor abonó la sanción de 150 euros semanas después de haber presentado la solicitud de exoneración, pero antes de que el juez resolviera. Aun así, según la normativa vigente, el pago llegó tarde: la ley exige que esté saldada antes de pedir la exoneración, no durante el procedimiento. El magistrado considera que esta rigidez temporal y la consecuencia legal de negar toda exoneración de deuda por una suma ínfima podrían no ser proporcionales.

En consecuencia, el juzgado cordobés ha formulado siete preguntas al TJUE. Todas ellas giran en torno al principio de proporcionalidad, reconocido por la jurisprudencia comunitaria, y al espíritu de la Directiva (UE) 2019/1023, que pretende garantizar a las personas sobreendeudadas la posibilidad de reinsertarse en la vida económica mediante la plena exoneración de sus deudas, si actúan de buena fe.

El magistrado pide que Europa responde a la mayor celeridad posible

El auto plantea una reflexión de fondo: mientras que la normativa europea busca una segunda oportunidad real, la ley española introduce restricciones con una clara finalidad recaudatoria, especialmente en lo relativo a las deudas con la Hacienda Pública o la Seguridad Social. El magistrado pone de relieve que, incluso en situaciones extremas —como la del deudor que no posee ni un euro ni ningún bien embargable—, la ley española sigue imponiendo condiciones para el perdón que, en la práctica, resultan inalcanzables. En sus palabras, esto puede condenar al deudor a una “deuda perpetua”, contrario al objetivo de reinserción económica que proclama la directiva europea.

La resolución judicial también solicita al TJUE que tramite el asunto por el procedimiento acelerado, dada la enorme cantidad de casos similares que se están tramitando en toda España. Solo en 2024 se registraron más de 35.000 concursos de personas físicas, muchas de las cuales podrían verse afectadas por lo que el Tribunal de Luxemburgo decida.

Según el auto, si cada juez resuelve estos casos de forma distinta —algunos suspendiendo los procedimientos y otros no—, podría producirse un trato desigual entre personas en situaciones idénticas, algo que también vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

De estimarse las dudas del juez cordobés, España podría verse obligada a revisar o reformar su legislación concursal, especialmente en lo que afecta a las sanciones administrativas y al tratamiento del crédito público en los procedimientos de exoneración.

Un vecino de Córdoba ha quedado libre de una deuda de más de 61.000 euros tras acogerse a la ley de la segunda oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos sobreendeudados rehacer su vida económica cuando no pueden hacer frente a sus obligaciones. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, ha supuesto un antes y un después para esta persona que durante años arrastró una difícil situación económica fruto de una experiencia fallida de inversión.

Según informan desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, el deudor, con la esperanza de mejorar su situación laboral, intentó incorporarse como socio a una empresa, motivado y asesorado por un amigo de confianza que, además, era abogado. Para ello, solicitó préstamos y comenzó a transferir importantes sumas de dinero, tanto para entrar en el capital de la empresa como para cubrir pagos relacionados con la actividad, como cotizaciones a la Seguridad Social o tributos ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, nunca se formalizó su incorporación a la empresa y, con el tiempo, descubrió que su amigo no había destinado el dinero a los fines pactados.

Frustrado y sin opciones, trató por todos los medios de recuperar el capital perdido, sin éxito. A pesar de lograr amortizar parte de la deuda vendiendo propiedades personales, una cantidad importante permanecía pendiente, y con el paso del tiempo le resultó imposible asumir los pagos mensuales. Las deudas, principalmente contraídas corn entidades financieras como Banco Santander y con Hacienda, se convirtieron en una carga insostenible. Fue entonces cuando contactó con la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad especializada en tramitar procedimientos de este tipo.

El fallo, emitido el pasado 24 de junio, lo exoneró de forma definitiva 61.695,06 euros, poniendo fin a un ciclo de endeudamiento y abriendo la puerta a una nueva etapa.

Una vecina de Córdoba ha logrado una salida definitiva a su situación de sobreendeudamiento gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha aprobado un plan de pagos de 50 euros mensuales durante cinco años que permitirá a la deudora liberarse de una deuda total de 183.832,78 euros, mantener su vivienda en propiedad y cerrar una etapa de gran dificultad financiera derivada de su proceso de divorcio.

El caso se remonta a la liquidación de la sociedad de gananciales tras su separación, en la que la afectada asumió una parte desproporcionada del pasivo conjunto. A pesar de contar con ingresos estables procedentes de su nómina, el volumen de deuda asumido la colocaba en una situación sin salida: no podía afrontar las cuotas mensuales ni obtener refinanciación bancaria, lo que la dejaba atrapada en un círculo vicioso de intereses y avisos de impago.

A través de la Ley de Segunda Oportunidad y el acompañamiento jurídico de la Asociación Ayuda al Endeudamiento, la mujer ha conseguido que la justicia le apruebe un plan de pagos razonable, ajustado a su realidad económica. Durante cinco años, abonará 50 euros al mes en concepto de esfuerzo de pago —una cifra simbólica que reconoce su voluntad de cumplir— y, transcurrido ese plazo, el resto de la deuda será legalmente perdonado, siempre que se mantenga al día con ese compromiso y con su hipoteca.

Uno de los aspectos más destacados del caso es la conservación de su vivienda habitual, algo cada vez más reconocido por los juzgados cuando se trata de la residencia principal y se cumplen puntualmente los pagos hipotecarios. En este caso, la vivienda tiene un valor superior al capital pendiente del préstamo, lo que refuerza el interés legítimo de la deudora en mantenerla y estabilizar su situación familiar.

Esta resolución supone ya la quinta exoneración conseguida por la Asociación Ayuda al Endeudamiento en Córdoba en lo que va de 2025, lo que confirma la consolidación de esta vía legal en la provincia como una solución eficaz para personas físicas atrapadas en situaciones de insolvencia por causas ajenas a su voluntad.

El abogado Pepe Domínguez, responsable del caso en la Asociación, señala que “muchas personas creen erróneamente que para acogerse a la Segunda Oportunidad es necesario estar en paro o haberlo perdido todo. Este caso demuestra que se puede tener una nómina, una hipoteca y una vida ordenada, y aun así necesitar ayuda para salir de una situación heredada o injusta. La clave es la buena fe, la transparencia y el acompañamiento legal adecuado”.

La Asociación Ayuda al Endeudamiento lleva años trabajando para difundir y aplicar esta normativa en toda España, especialmente en contextos donde las deudas personales, divorcios, avales familiares o créditos abusivos han hecho inviable la recuperación económica por medios convencionales. En Córdoba, su labor ha permitido que decenas de familias y personas autónomas encuentren una salida legal y digna.

Un juzgado mercantil de la capital cordobesa ha perdonado la deuda que un constructor había contraído tras la burbuja inmobiliaria. Según ha podido saber este medio, los impagos ascendían a 178.252,87 euros y han sido cancelados después de que la defensa de este empresario se acogiera a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, más conocida popularmente como Ley de la Segunda Oportunidad.

El empresario acumuló la deuda cuando cerró su empresa de construcción y reformas, lo que le llevó a estar inmerso en un procedimiento judicial y formar parte del fichero de morosos. Tras analizar el caso, el despacho de Mariano Salmoral y Manuel Reyes optó por efectuar una línea de defensa en torno a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Este mecanismo legal da la posibilidad al  deudor, cumpliendo los requisitos pertinentes, a través de un concurso de persona física, de ver canceladas sus deudas anteriores  entre particulares, autónomos, Agencia Tributaria y Seguridad Social. Esos requisitos son que las deudas no superen los cinco millones de euros, que los deudores actúen de buena fe y que no  hayan sido condenados por delitos socioeconómicos. 

En el presente caso, y dado que el constructor cumplía con todos los requisitos, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha resuelto conceder a este vecino de Córdoba la exoneración de su deuda, retirándole, además, de los ficheros de morosos. Asimismo, esta resolución judicial le da libertad para poder montar otro negocio o empresa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de subasta de una finca de olivar en la provincia de Córdoba, como consecuencia de un embargo por una deuda con la Diputación Provincial.

Según el anuncio publicado en el BOE, es el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la Diputación de Córdoba quien promueve la subasta del 50% de una finca rústica, “suerte de tierra olivar”, ubicada en el Llano de la Sardina en el municipio de Priego de Córdoba.

En un primer momento, la anotación preventiva de embargo a favor del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la Diputación de Córdoba se hizo en octubre de 2015, para responder inicialmente a un impago de 3.479,34 euros. Dicho mandamiento de 2015 se prorrogó en 2019 y también en 2023, acumulando una deuda de 4.655,26 euros.

Según el BOE la cantidad reclamada que consta en la convocatoria de la subasta es 7.148,22 euros y la tasación de la parte de la finca que se subasta se valora en 8.968,06 euros.

Para los interesados en pujar, pueden consultar el expediente con la documentación correspondiente, incluidos los títulos disponibles, en el horario de la oficina central del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, de 8:30 a 14:00, sita en calle Reyes Católicos 17. Para examinar el bien que se va a enajenar mediante subasta electrónica, en caso de ser posible, se concretará cita previa.

El despacho Morón y Montero Abogados ha obtenido una nueva resolución judicial favorable que concede la exoneración total del pasivo insatisfecho a su cliente, en este caso, una mujer de Lucena (Córdoba), que contrajo una serie de deudas con un negocio fallido, en el marco de un procedimiento tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Córdoba.

Mediante Auto nº 251/25, el juzgado acuerda la conclusión del concurso y la exoneración completa de las deudas, las cuales ascendían a 444.400 euros, conforme al artículo 486.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). En este caso, en un procedimiento que apenas ha durado diez meses, el órgano judicial ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales, ratificando la buena fe de la deudora y su derecho a una segunda oportunidad.

“Este éxito judicial no solo representa un alivio definitivo para la situación económica de la cliente, sino que además consolida la posición del despacho Morón y Montero Abogados como referente en Derecho Concursal y Ley de Segunda Oportunidad en Andalucía”, sostienen.

Según Juan David Morón, el letrado responsable de este caso, “esta resolución reitera la importancia del adecuado asesoramiento legal en procedimientos de insolvencia. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones jurídicas eficaces y humanas a quienes atraviesan momentos económicos difíciles”.

Este caso, además, se suma a una serie de resoluciones en las que los tribunales españoles están acogiendo de forma favorable las solicitudes de exoneración del pasivo insatisfecho, en línea con la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La trigésimo novena edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles arranca este jueves en una nueva ubicación, con un cambio horario y con un día menos. Participarán 15 bodegas de las 25 que el Consejo Regulador Montilla-Moriles anunció el pasado mes de febrero. Este lunes, el presidente del Consejo, Javier Martín, aseguró que para participar en esta Cata hay que cumplir “unas normas” y que el espacio podría haberse ampliado si más bodegas y cooperativas hubieran querido asistir. Estas declaraciones han supuesto una respuesta unánime de los bodegueros con los que ha hablado Cordópolis: no asistirán porque aún se les adeudan las cantidades de las últimas dos Catas y la actual cita no supone, en esencia, un cambio de modelo.

En comparación con la última Cata, realizada en 2023 en la plaza de toros, las entidades que no participarán serán Bodegas Robles, Lagar Casablanca, Los Raigones, Doblas, Cooperativa de Baena, Bodegas Maíllos, Bodegas Delgado, Bodegas El Gallo, Bodegas Luque y La Purísima. Cordópolis ha podido hablar con cinco de esas diez bodegas, cuyos gerentes han confirmado que el motivo de su ausencia “nada tiene que ver con que incumplamos unas normas”.

Francis Robles, de Bodegas Robles, ha afirmado que su ausencia es por cuestión de principios: “El Consejo aún nos debe dos Catas. Lo que no puedo hacer es ir a otra y que me hagan un nuevo agujero, porque estar allí supone un desembolso previo y el pago del personal que hay que llevar”.

En segundo lugar, este bodeguero critica el modelo, “que no cambia nada: solo el lugar y el espacio”. De haberse producido un cambio, ha asegurado, “habría ido, aunque me deban dinero”. “Que alguien me dé un dato para yo poder decir que algo ha cambiado, porque yo veo el mismo modelo: vino por bono y concepto de masificación. Espero que vaya bien, pero considero que el espacio destinado en el Alcázar es reducido. Además, nuestra empresa necesita espacio y un poco de tranquilidad para explicar los vinos, no tanta bulla”, ha explicado este bodeguero, que afea que “nunca se nos ha permitido llevar novedades y este año, sí”. Sobre el programa, ha recordado que “en las anteriores ediciones también había catas dirigidas en la Diputación de Córdoba”, tal y como ocurrirá este año en el Centro de Recepción de Visitantes. En el caso de esta bodega, los impagos ascienden a unos 9.300 euros.

En esta misma línea se ha explicado el gerente de Los Raigones, Santiago Jiménez. “Los requisitos los cumplimos todas las bodegas porque estamos al día del pago de todo. De hecho, acudimos a las reuniones previas a la organización de la Cata para valorar si nos interesaba o no, y la decisión de las diez bodegas ha sido que asistir suponía un elevado coste”. Además, “se limita el horario y el formato no es para nada profesional, ya que no se nos ha dicho que vaya a haber convocatorias con profesionales o encuentros, por ejemplo”. En el caso de esta bodega, los impagos “son más de 10.000 euros”.

Desde Bodegas Doblas, su gerente -Antonio Doblas- también rechaza las palabras del presidente del Consejo y ha asegurado a este medio que le enviará un correo “pidiendo una rectificación porque esas afirmaciones son falsas y es echar tierra encima del sector”. “Mi causa principal para no asistir es que no he cobrado las dos últimas Catas. El año pasado no se celebró y, desde entonces, nada ha cambiado” explica este bodeguero, quien se opone al formato actual. “Antes había horario nocturno y se cogían buenas ventas. Si quitan la noche, los ingresos descienden en torno a un 40%”, asegura. En el caso de esta bodega, la cantidad adeudada “es de casi 20.000 euros y la realidad es que nos llevan mintiendo desde 2022”, lamenta este bodeguero.

Debido a las declaraciones del presidente del Consejo, la cooperativa de Baena Jesús Nazareno decidió este martes ofrecer una rueda de prensa en el municipio para dar a conocer los motivos de su ausencia, “ya que nada tienen que ver con lo que se ha dicho”. Su gerente, Juan García, argumenta que su empresa no asistirá por las deudas que el Consejo tiene contraídas con su bodega, “que se sitúan entre los 4.000 y 5.000 euros”. Este bodeguero sí defiende el recorte horario, “siempre y cuando eso implicara un cambio de modelo hacia la profesionalidad, pero es que es lo mismo que en otras ediciones”.

Asimismo, ha lamentado que las bodegas “siempre hemos recibido la documentación con una fecha límite y apenas daba tiempo a estudiar nada. Además, el presupuesto de gasto es más o menos exacto, pero la estimación de ingresos era elevada teniendo en cuenta que se quitaba la noche”. García ha mostrado con rotundidad que las bodegas “cumplen las normas y las obligaciones del Consejo”. Por último, el gerente de Lagar Casablanca Moriles -David Ruiz- también declara que no participará en la Cata por los impagos, que ha estimado en 15.000 euros.

Una bodega que se ha sumado a la “causa” de estas entidades ha sido Lagar Los Frailes, cuyo gerente ha confirmado a Cordópolis que “nunca” ha acudido a la Cata, pero ha decidido no participar en esta edición “por solidaridad con estas bodegas, porque contamos con recursos más escasos. Además, se anunció un cambio de modelo y yo, personalmente, no veo que se haya llevado a cabo”.

Desde el Consejo han reconocido que los pagos “están pendientes de cobro” y que “las bodegas conocen la situación y son libres de venir o no”. Este medio ha contactado, aunque sin éxito, con las otras cinco bodegas que no estarán en la Cata.

Una vecina de Córdoba ha conseguido cancelar en los tribunales una deuda de 16.379,77 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. La protagonista de esta historia, actualmente en el paro, pasó por un divorcio que vino acompañado de un buen repertorio de deudas heredadas, incluidas las asociadas a una hipoteca compartida con su exmarido. Él dejó de asumir sus obligaciones y cargas económicas tras el fin de la relación y, desde 2016, esta vecina de Córdoba se encontraba atrapada en una espiral financiera de impagos, embargos y juicios monitorios, según explican desde el despacho de abogados Reclama por Mí que ha llevado el caso.

“Cada vez que llegaba la devolución de la declaración de la Renta, los juzgados me la retenían. Ya me había acostumbrado más a ver a los agentes judiciales que a mis vecinos”, ironizaba amargamente la afectada. Ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, decidió recurrir al mecanismo recogido en la Ley 25/2015, de 28 de julio, conocida como la Ley de Segunda Oportunidad. Esta herramienta legal ofrece a las personas en situación de insolvencia la posibilidad de cancelar sus deudas de forma definitiva, siempre que acrediten que no pueden afrontarlas con sus ingresos o patrimonio.

Después de un complejo proceso judicial en Córdoba, la justicia le ha concedido la exoneración de esa deuda de más de 16.000 euros, permitiéndole comenzar de nuevo sin la losa financiera que llevaba arrastrando durante años. “No podía ni dormir pensando en cómo iba a salir de esa situación. Ahora, por fin, siento que puedo volver a respirar tranquila y recomenzar mi vida”, asegura tras recibir la noticia de su abogado sobre la exoneración judicial.

Este caso no es único en Córdoba, donde el despacho de abogados asegura que cada vez más ciudadanos en situación límite deciden dar el paso hacia la Ley de Segunda Oportunidad. Según datos proporcionados por Reclama Por Mí, especializado en este tipo de procesos, se ha detectado un incremento notable de casos en los últimos años. “Muchas personas no saben que incluso con procedimientos judiciales en curso pueden acogerse a esta ley”, explica Javier Moyano, CEO de reclamapormi.com.

“El caso de esta vecina demuestra que, con asesoramiento adecuado, siempre se puede encontrar una salida”, subraya. La historia de esta vecina de Córdoba pone de relieve el papel que puede jugar esta legislación en la recuperación económica y emocional de quienes atraviesan situaciones de sobreendeudamiento prolongado, concluyen.

La Justicia ha dado la razón a tres cordobeses para cancelar un endeudamiento que sumaba casi 94.000 euros, aplicando la conocida como Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, la exoneración del pago de la deuda se ha conseguido para los casos de tres personas, que habían caído en la insolvencia por distintos motivos. En un primer caso, un hombre ha logrado cancelar una deuda de 40.705 euros. Su insolvencia se originó como consecuencia de un sobreendeudamiento provocado por su actividad profesional en régimen de autónomo. Para su negocio de restauración, tuvo que ir solicitando préstamos habida cuenta de las deudas que iba generando. Como consecuencia de la carga de facturas y de obligaciones tributarias, así como los préstamos solicitados a las entidades bancarias, el concursado se vio obligado a cerrar el negocio. Ante la falta de ingresos, sólo podía cubrir sus necesidades más básicas.

De otro lado, una mujer con una deuda de 35.472 euros también ha podido cancelarla. Su insolvencia comenzó cuando solicitó los préstamos para poder iniciar el negocio de peluquería. Para cubrir los gastos del primer préstamo, solicitó más. Acabó cayendo en un bucle de deudas del que no ha salido hasta esta cancelación lograda en los tribunales.

Por otra parte, otro hombre ha sido exonerado de pagar 17.400 euros. Estuvo prestando servicios para una empresa recogiendo residuos no peligrosos y repartiendo propaganda con el vehículo que le había prestado la empresa. El vehículo sufrió una avería y la empresa no pudo facilitarle otro por lo que, para poder continuar con su actividad, no le quedó más remedio que utilizar una furgoneta, que compró a su nombre. De hecho, llegó a un acuerdo verbal con su encargado, que consistía en que la empresa se haría cargo de los gastos de la misma e incluso le ayudarían con un plus. Transcurrido un tiempo, la empresa cambió de encargado y éste se negó a abonarle una parte de los gastos que suponía tener la furgoneta a su nombre, e incluso se le negó un vehículo de la empresa para el desempeño de su profesión. Al tiempo, por circunstancias personales, no pudo mantener la furgoneta y cayó en situación de insolvencia.  

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal para que personas que no pueden asumir sus deudas no tengan que arrastrarlas de por vida. Ofrece amparo a particulares y autónomos al permitirles quedar liberados si cumplen una serie de requisitos específicos. En resumen, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho que ha llevado estos tres casos también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha dictado una sentencia en la que, en aplicación de las conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, exonera de pagar 145.000 euros de deuda acumulada a un trabajador autónomo.

El trabajador ha logrado la cancelación del 100 % de su deuda, que ascendía a 145.165,56 euros, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. Esta sentencia, emitida el pasado 29 de noviembre de 2024, le permite empezar de cero tras años de asfixia financiera, según señala en un comunicado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento

El afectado tuvo que solicitar varios préstamos para mantener su actividad como autónomo. Sin embargo, la acumulación de intereses excesivos de una póliza de crédito terminó por hacer insostenible su situación. A pesar de sus esfuerzos por cumplir con los pagos, la deuda se disparó hasta volverse inabordable, llevándolo a una crisis económica que afectó su bienestar personal y familiar.

Cómo logró la exoneración total de su deuda

El proceso de cancelación fue gestionado por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, cuyo equipo legal, liderado por el abogado José Domínguez, tramitó la solicitud ante los tribunales.

“El primer paso fue presentar el preconcurso de acreedores, lo que permitió frenar los embargos y suspender cualquier pago a los acreedores. Después, demostramos ante el juzgado la insolvencia total del cliente, cumpliendo con los requisitos legales para acogerse a la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI)”, explica Domínguez.

El juez dictaminó que el autónomo no contaba con bienes para liquidar su deuda, debido a que solo contaba con un vehículo financiado al cual iba al día de pagos, lo que permitió que la sentencia de cancelación fuese favorable.

Requisitos clave para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

La normativa establece tres criterios esenciales para acceder a la exoneración de deudas: demostrar insolvencia real, no haber sido beneficiario de esta ley en los últimos cinco años y no contar con antecedentes por delitos socioeconómicos.

Tras comprobar que el solicitante cumplía con todas las condiciones, el Juzgado de lo Mercantil N.º1 de Córdoba falló a su favor, liberándolo de cualquier obligación de pago. A partir de ahora, los bancos acreedores, como BBVA y Nuevo Micro Bank, no podrán reclamar ninguna cantidad ni incluirlo en registros de morosidad.

La Ley de la Segunda Oportunidad, cada vez más efectiva en los tribunales

Este caso se suma a las numerosas sentencias favorables obtenidas por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en 2024, consolidando la tendencia positiva de esta ley en España.

“Cada vez más personas consiguen reiniciar su vida sin deudas, gracias a una normativa que, aunque desconocida para muchos, está cambiando la vida de miles de familias”, concluyen desde la Asociación.

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Córdoba, en aplicación de la conocida como Ley de Segunda Oportunidad, ha exonerado del pago de 258.000 euros a un empresario autónomo que tuvo que cerrar su restaurante por la caída de las ventas y acumuló desde entonces una deuda llegando a dicho importe.

Desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento señalan en un comunicado que se trata de una sentencia pionera que marca un precedente en el ámbito judicial exonerando deuda con la Agencia Tributaria, catalogada entra las sanciones “muy graves”, ya que hasta la fecha este tipo de obligación habían excluido la posibilidad de exoneración completa.

En el relato de los hechos, cuentan cómo el empresario R.C. era propietario de un restaurante y cerró su negocio en 2019 tras un descenso en las ventas, provocado por el aumento de la competencia y el peso de unas deudas que se volvieron inasumibles. Esta situación lo llevó a declararse en bancarrota.

Antes de cerrar el restaurante, intentó sin éxito negociar aplazamientos con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Desde entonces, diferentes sanciones y multas se generaron a su nombre en las administraciones.

Tras contactar con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, un grupo de abogados y economistas especializados en casos de insolvencia, estudiaron su situación y le recomendaron acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Sentencia sin precedentes

Aunque el empresario tenía dudas sobre la posibilidad de exonerar sus deudas públicas, el abogado José Domínguez, de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, explicó que, “en ese momento, la deuda pública era un tema algo peliagudo. Aunque se confiaba en una posible corrección en línea con los objetivos de la Unión Europea, que busca la exoneración total de este tipo de obligaciones, no ha realizado la modificación que se esperaba dejándolo en manos de los jueces ”.

El proceso comenzó con la comunicación de la situación del deudor al Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, lo que abrió la fase concursal. Una vez acreditada la inexistencia de bienes del concursado, se solicitó la exoneración de la deuda. La situación no era favorable para el deudor, puesto que aún quedaban más de 80.000 euros de deuda pendiente con Hacienda y Seguridad Social. Y las sanciones muy graves con la Agencia Tributaria podrían llevar a la desestimación de su solicitud.

Sin embargo, el magistrado desestimó la oposición de Hacienda y fue más allá: permitió la exoneración de la deuda a este cordobés a pesar de tener entre ellas una que, hasta la fecha, inadmitía esta posibilidad.

Un nuevo comienzo

Gracias a esta resolución, el empresario ha quedado completamente libre de una deuda de 258.136,94 euros. Además, los acreedores no podrán reclamar más pagos ni incluirle en ficheros de morosos.

“Con esta sentencia, este autónomo podrá reiniciar su vida financiera sin miedo a embargos, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de inversión y crecimiento”, exponen desde la asociación. “Esta resolución judicial ofrece esperanza a muchos ciudadanos en situaciones similares y refuerza el objetivo de la Ley de la Segunda Oportunidad: permitir a las personas insolventes recuperar su estabilidad económica y personal”.

Un reciente auto judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puente Genil, en Córdoba, ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho a un deudor en situación de concurso consecutivo. El beneficiado es un vecino de Puente Genil que se encuentra en una difícil situación financiera después de recurrir a varios créditos para poder hacer frente a sus deudas.

Con un salario mensual de solo 728 euros, la carga económica ha aumentado considerablemente, poniendo en peligro su estabilidad financiera y su bienestar, según ha indicado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que ha cerrado este expediente aplicando la llamada y recientemente reformada Ley de la Segunda Oportunidad.

La sentencia, facilitada a este periódico, señala que el hombre, que inicialmente solicitó un crédito para cubrir gastos imprevistos, se vio obligado a pedir más préstamos para pagar los anteriores debido a los altos intereses y la incapacidad de cumplir con los pagos. Así, a medida que las deudas aumentaron, el sueldo mensual de 728 euros se ha vuelto insuficiente para cubrir siquiera los pagos mínimos, lo que ha generado un “círculo vicioso de endeudamiento”, explica ala asociación.

A pesar de sus esfuerzos por encontrar una solución, la situación económica del hombre se ha vuelto insostenible, y actualmente enfrenta dificultades para hacer frente a los pagos de sus préstamos. La falta de una estabilidad financiera clara y el endeudamiento acumulado lo han dejado en una situación de vulnerabilidad, con pocos recursos para poder salir de la crisis económica que enfrenta.

Los nuevos intereses de los microcréditos solicitados, como suele ser habitual, iban a suponer más un problema que una ayuda y ahí es cuando entró en esta “espiral” de deudas que llegó alcanzar esta gran suma de dinero. Fue entonces cuando acudió a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad de ámbito nacional que ayuda a personas que no ven salida a sus deudas. Tras estudiar su caso, los abogados de la entidad le aconsejaron declararse insolvente y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Pepe Dominguez, abogado de la Asociación, detalla cómo reciben un caso así: “En una situación así la desesperación lleva a solicitar nuevos créditos para pagar otros antiguos, pero esto no es más que un parche. Los intereses de estos créditos pueden superar el 100% TAE y, si impagas un recibo, las llamadas con continuas amenazas se convierten en todo un calvario para los deudores”.

Así, una vez admitido por el tribunal y valorado las posibilidades de pago del protagonista, en cuyo caso actual eran nulas, se procede a pedir la solicitud de exoneración. Los requisitos en términos generales son la insolvencia del deudor, no haber sido exonerado en los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico. Concretamente, el Juez debe confirmar estas condiciones antes de emitir la sentencia.

Esta resolución definitiva dictada el 7 de enero de 2025  concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de 64.118 euros. Desde entonces, los acreedores del asociado -entre otros BBVA, Caixabank..- no podrán reclamar ningún pago más a la ya ex-deudora ni incluirlo en ficheros de morosos.

No es la primera exoneración de deuda que la Asociación de Ayuda al Endeudamiento consigue en Córdoba. Con esta ya se han cancelado más de 1.500.000 euros perdonados en Córdoba desde el año 2024. Todas las sentencias favorables en la web de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Córdoba ha dictado sentencia exonerando a una trabajadora autónoma de todas sus deudas, aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad. Este proceso ha permitido a la empresaria dejar atrás una carga financiera de 43.000 euros, tras años de dificultades económicas. 

Según detalla la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, la protagonista de esta resolución era dueña de un pequeño negocio familiar que se vio gravemente afectado por la pandemia, ya que su principal clientela pertenecía al sector de la hostelería, uno de los más golpeados por la crisis sanitaria. 

Así, la brusca caída de ingresos, unida a los gastos acumulados, la llevó a endeudarse para intentar mantener el negocio a flote. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo superar la situación financiera crítica. 

Los contratos laborales precarios de los últimos años tampoco lograron mejorar su estabilidad económica, dejándola en una posición de total insolvencia y sin posibilidad de afrontar las deudas acumuladas. 

Ante esta situación, decidió buscar una solución definitiva y contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, especializada en procesos de insolvencia y en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Tras un análisis exhaustivo de su caso, los abogados de la Asociación concluyeron que cumplía con todos los requisitos legales para acogerse a este procedimiento. 

“Con el inicio de la Ley de la Segunda Oportunidad iba obtener un beneficio inmediato: un respiro económico, ya que cualquier pago o proceso de embargo quedaba en suspenso hasta que se resolviese el asunto por el juez”, explica el letrado Jose Domínguez, que propuso al juzgado la apertura del concurso de acreedores. 

En este, el mismo juzgado debe revisar el cumplimiento de los requisitos legales y, por último, valorar si se merece la exoneración definitiva de las deudas. 

El Juzgado conocedor de este procedimiento comprobó estos requerimientos y el pasado 2 de diciembre de 2024 fue dictada la sentencia concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a esta deudora libre de 43.899,79 euros. 

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Córdoba ha concedido la exoneración total de deudas a un vecino de la ciudad que acumulaba 78.000 euros pendientes desde hace 20 años. 

Según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, se trata de un proceso que ha durado apenas tres meses, y por el que este cordobés ha logrado dejar atrás una situación de insolvencia que arrastraba desde el estallido de la crisis inmobiliaria, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. 

El afectado, cuya situación económica se vio gravemente afectada por el colapso del sector inmobiliario, perdió su empleo hace dos décadas, lo que le impidió hacer frente a sus compromisos financieros. Durante años, el peso de sus deudas con bancos y fondos financieros fue inasumible para su nivel de ingresos, que en su momento dependían de una prestación por desempleo. 

A pesar de sus esfuerzos por estabilizar su economía, las dificultades persistieron, agravadas por la posibilidad de que otras deudas archivadas en los tribunales pudieran reactivarse en cualquier momento. Ante esta situación, decidió buscar asesoramiento especializado y contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. 

Los abogados de la Asociación, tras analizar su caso, le recomendaron acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo diseñado para liberar a las personas físicas de sus deudas bajo ciertas condiciones. 

“Desde el primer momento, la Ley de la Segunda Oportunidad supuso un alivio inmediato, ya que se suspendieron todos los pagos y embargos en curso hasta que el juez resolviera el procedimiento”, explica el abogado José Domínguez, encargado del caso. 

En un plazo de tres meses, el equipo jurídico inició el procedimiento en el juzgado competente, cumpliendo con los pasos legales: Primero revisó el patrimonio del deudor para determinar si existían bienes susceptibles de liquidación para pagar parte de las deudas; después acreditaron el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos demostrar la insolvencia, la falta de antecedentes penales y el esfuerzo previo por intentar saldar las deudas.

Así, el pasado 2 de diciembre de 2024, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Córdoba dictó sentencia concediendo la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), liberando definitivamente al deudor de los 78.099,4 euros pendientes. Entre los acreedores afectados se encontraban entidades como CaixaBank y Nuevo Micro Bank, que ya no podrán reclamar ningún pago ni incluir al exdeudor en ficheros de morosidad. 

Según señala, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha logrado triplicar el número de exoneraciones totales respecto a 2023 en la provincia de Córdoba. Todas las sentencias obtenidas están disponibles de manera gratuita en la web de la Asociación, como ejemplo de las oportunidades que ofrece este procedimiento legal. 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, en aplicación de la conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, ha dictado una sentencia por la que exonera a un ciudadano de una deuda de casi 900.000 euros contraida tras la quiebra de su empresa en la crisis inmobiliaria de 2008, sumado a largos períodos de desempleo y falta de ingresos posteriores que lo sumieron en una espiral de endeudamiento.

Según explican desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que ha llevado este proceso, el origen del endeudamiento que enfrentó este vecino de Córdoba estaba directamente relacionado con su pasada actividad como empresario. Durante el tiempo al frente de su negocio, “sufrió las consecuencias devastadoras de la crisis económica que estalló en 2008. La recesión económica afectó gravemente a su empresa, lo que llevó a la quiebra del negocio y generó una deuda considerable que, lamentablemente, no pudo liquidar debido a la magnitud de los problemas financieros que surgieron en ese periodo”, explican.

Tras la quiebra, llegaron largos y continuos períodos de desempleo, lo que agravó aún más su capacidad para hacer frente a la deuda acumulada. Durante esos años sin trabajo, el hombre se vio en la imposibilidad de generar los ingresos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros, lo que lo llevó a una espiral de endeudamiento cada vez más difícil de controlar.

Tal y como explica Pepe Domínguez, abogado de Ayuda Endeudamiento, “también fue determinante la hipoteca solicitada durante el boom inmobiliario”. Además, “los altos intereses contratados y la caída de los precios de la vivienda dieron lugar a una situación de insolvencia de nuestros asociados, que intentaron en su día amistosamente la dación en pago”.

Estudiado el caso con minuciosidad, los letrados de la Asociación les aconsejaron comenzar el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad, procedimiento por aquel entonces casi desconocido en nuestro país.

¿Cómo se ha conseguido que puedan empezar de nuevo sin deudas?

La estrategia llevada se ha basado en solicitar la cancelación de la deuda pendiente manteniendo la vivienda en propiedad, la cual era necesaria para la vida de la familia. Con el inicio del procedimiento el deudor podía dejar de pagar sus préstamos y seguir disfrutando de su vivienda mientras durase el procedimiento.

El proceso ha tenido unos pasos marcados: se presentó la demanda de concurso en los Juzgados competentes solicitando la apertura de un “concurso de acreedores”. En este punto, los letrados lograron dejar aparte la vivienda del deudor, dado que la carga hipotecaria era muy cuantiosa.

Una vez gestionada esta fase, se procedió a solicitar el perdón de la deuda pendiente justificando que el deudor cumplía con los preceptos que marca la legalidad vigente.

Finalmente, el juzgado dictó en diciembre de 2024 la sentencia de exoneración dejando sin efecto los 899.800,95 euros que debían los concursados. Desde ahora, los acreedores de los asociados no pueden reclamar nada más ni incluir al exdeudor en ficheros de morosos.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha concedido recientemente la exoneración total de la deuda a un particular que no pagó durante un año el IVA de la empresa que administraba ni la sanción que se le impuso posteriormente. El fallo se ha producido con la oposición de la Agencia Tributaria (AEAT), que alegaba que la deuda no podía ser exonerada sobre la base de que ni siquiera se había abonado la sanción.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este medio, el juez argumenta que la normativa española en materia de exoneración de deudas no se ajusta completamente a la Directiva Europea 2019/1023. En concreto, el juez considera que la limitación de la exoneración en casos de deudas públicas no está debidamente justificada y que su aplicación debe ser proporcional al caso concreto.

El deudor en cuestión solicitó la exoneración de la deuda, que ascendía a 3.255,47 euros, que incluía tanto la responsabilidad derivada de no pagar el IVA durante 2016 como la sanción que posteriormente le impuso la AEAT. Dado que el empresario no había pagado ni siquiera la sanción, la Agencia Tributaria se opuso a la exoneración de la deuda según lo estipulado por la Ley Concursal.

Sin embargo, el magistrado de lo Mercantil número 1, basándose en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, argumenta que la normativa española, al transponer la directiva europea, ha establecido excepciones a la exoneración de deuda que no están debidamente justificadas y que no respetan el principio de proporcionalidad. La AEAT solo consideraba exigible la cantidad de 2.801,22 euros debido a la aplicación de un posible pronto pago

Así, el juez explica que la finalidad de la normativa europea es la de garantizar que los deudores insolventes, ya sean empresarios o no, tengan acceso a un procedimiento que les permita la plena exoneración de sus deudas. En este sentido, la normativa española, al establecer limitaciones a la exoneración en casos de deudas públicas, está impidiendo el acceso a una segunda oportunidad a muchos deudores.

Con esta argumentación, el juez ha concedido a este empresario la exoneración total de la deuda, incluyendo la cantidad no exigible, argumentando que la normativa española no se ajusta completamente a la Directiva Europea.