Las organizaciones sindicales del ámbito sanitario han mostrado un frente común de rechazo tras las recientes agresiones registradas en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, donde profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han sufrido distintos episodios de violencia en las últimas semanas.

La concentración, celebrada a las puertas de Urgencias y convocada por UGT Servicios Públicos, ha contado con la adhesión de SATSE, además de CCOO, CSIF, SAE y Sindicato Médico, en señal de protesta unánime contra las agresiones físicas y verbales que sufren los profesionales sanitarios en el ejercicio de su labor.

Los sindicatos denuncian que estos hechos se producen en un contexto de elevada presión asistencial y déficit de recursos, y advierten de que las deficiencias estructurales del sistema sanitario —como la falta de personal y la saturación de Urgencias— contribuyen a generar situaciones de tensión que nunca pueden justificar ningún tipo de violencia.

En el caso de SATSE, la organización ha condenado de forma específica la agresión sufrida por una enfermera del servicio de Urgencias el pasado jueves, recordando además otro episodio reciente en el que un profesional de enfermería recibió varios puñetazos en el mismo servicio. El sindicato reclama una nueva evaluación de riesgos laborales y el refuerzo de la presencia de seguridad como medida disuasoria y de intervención ante este tipo de incidentes.

Por su parte, desde UGT se ha alertado de que en el último mes se han registrado varias agresiones en Urgencias, incluyendo ataques a enfermeras y a un médico, y que en el último año se han contabilizado más de 160 agresiones en la provincia, una tendencia creciente desde 2020.

Las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de reforzar la seguridad en los centros sanitarios, aumentar las plantillas —especialmente en periodos de alta demanda como el verano— y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de actuación tras una agresión, incluida la denuncia formal para asegurar la respuesta judicial correspondiente.

Asimismo, reclaman campañas de sensibilización social, sanciones contundentes ante estos comportamientos y medidas organizativas que eviten la saturación del servicio, como el refuerzo de la atención primaria y de los recursos de urgencias.

Los sindicatos han reiterado su apoyo a las profesionales agredidas y al conjunto de la plantilla del SAS, subrayando que la violencia en el ámbito sanitario no solo afecta a la integridad de los trabajadores, sino que también deteriora la calidad asistencial y la seguridad del conjunto de pacientes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al hombre que se enfrentaba a penas de entre nueve y 12 años de prisión por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa tras ser acusado de apuñalar a otro durante una disputa en un carril bici de la capital. El tribunal ha aplicado el principio jurídico in dubio pro reo tras considerar que no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.

Los hechos que han sido juzgados tuvieron lugar el 17 de mayo de 2025, aproximadamente a las 21:53, en la calle Úbeda de la capital cordobesa. Según el relato de los hechos probados, M. E. H. A. circulaba en un patinete cuando se cruzó con un ciclista, iniciándose una discusión por la preferencia de paso que se prolongó durante unos cinco minutos.

Cuando la víctima se dio la vuelta para marcharse y evitar problemas, fue agredida de forma “súbita y sorpresiva” por la espalda con un objeto cortante en el cuello. La herida, una lesión inciso-punzante en la región cervical lateral izquierda, supuso un riesgo vital alto y, de no haber sido por la intervención urgente de los servicios sanitarios, le habría causado la muerte. El agresor huyó del lugar inmediatamente en su bicicleta.

A pesar de la gravedad de la agresión, que el tribunal considera totalmente acreditada, no ha considerado probada la autoría de Santiago L. O. La víctima, que aseguró haber estado “cara a cara” con su agresor durante la discusión previa, ofreció una descripción detallada a la Policía Nacional. En dicha descripción, el denunciante afirmó taxativamente que el autor era un varón de unos 45 años, con acento español y, fundamentalmente, de ojos azules. Sin embargo, los magistrados han comprobado que el acusado tiene los ojos de color oscuro y han considerado que la explicación que dio la víctima durante el juicio, alegando que “era de noche”, no resultó convincente dada la seguridad que mostró en sus primeras declaraciones.

Otro aspecto que ha generado dudas en el tribunal ha sido el modo en que se produjo la identificación del procesado. En el juicio, tanto la víctima como su esposa afirmaron desconocer quién les había enviado la fotografía que sirvió para identificar al sospechoso ante los agentes. No obstante, en el atestado policial constaba que fue el propio hijo de la víctima quien le remitió la imagen.

Para el tribunal, el hecho de ocultar el origen de la fotografía y el desconocimiento de cómo llegó esa imagen a manos de la familia vicia el posterior reconocimiento en rueda, pues existe la posibilidad de que la identificación estuviera “inducida” por el previo visionado de la foto, cuya procedencia sigue siendo desconocida. A todo ello se suma que el acusado siempre ha mantenido su inocencia, declaró que no tiene bici y no se encontró el arma con el que se cometió la agresión ni la ropa descrita por la víctima en poder del procesado.

Críticas hacia la investigación policial

En la sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los magistrados han dejado constancia tanto de la omisión de sospechosos alternativos y de las “contradicciones” entre lo que los agentes escribieron en el atestado y lo que declararon bajo juramento, como de la investigación.

Así, una de las críticas más duras se centra en que la Policía ignoró una vía de investigación que apuntaba a otro autor. A pesar de recibir una llamada identificando a un tal Santiago O. M., alias El Tacones (un ciudadano de origen alemán), los agentes no hicieron nada para comprobarlo. Por ello, el tribunal ha apuntado echar “en falta que por parte de la fuerza actuante se hubiera llevado a cabo una nueva línea de investigación”. En esa línea, ha lamentado que “ninguna identificación se realizó del mismo a fin de que pudiera ser sometido a un nuevo reconocimiento por parte de la víctima”, a pesar de que sus rasgos encajaban mejor con la descripción de “ojos azules” que el acusado no tiene.

Por otro lado, el tribunal ha puesto en entredicho partes del informe policial inicial. El atestado recogía supuestas frases incriminatorias del acusado durante su detención, como que “no se iba a comer el marrón” o que “sin cuchillo no tenían nada”. Sin embargo, en el juicio, los propios agentes “negaron que el acusado hubiera proferido dichas expresiones en la furgoneta”. Asimismo, la Sala también ha recriminado que, meses después del suceso, la Policía no realizara gestiones básicas para encontrar pruebas como el arma, la bicicleta o la ropa “tan significativa que la víctima describe que portaba el autor de los hechos, al indicar que llevaba una sudadera de rayas verdes, sin que esta prenda tampoco haya sido hallada en poder del acusado”.

Por todo ello, la Audiencia de Córdoba ha decidido absolver libremente a Santiago L. O., declarando las costas de oficio y levantando todas las medidas cautelares que pesaban sobre él.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión al joven que dio una paliza a un compañero de trabajo, a quien le causó una deformidad. La Fiscalía pedía para él cuatro años de cárcel, pero la condena ha quedado reducida a la mitad tras un acuerdo de conformidad entre las acusaciones y las defensas.

Así, el joven -que, previsiblemente, saldrá de prisión este mismo lunes- discutió con su compañero de trabajo en 2020. En un momento dado, el ya condenado comenzó a quejarse del trabajo que tenía que hacer. Ante esta situación, su compañero le instó a que cumpliera con sus obligaciones o que, de lo contrario, abandonara el lugar.

Poco después de este altercado verbal, el procesado aprovechó que la víctima se encontraba en el suelo para atacarla por la espalda. Fue entonces cuando el agresor le propinó una patada en el rostro utilizando para ello las botas de trabajo que calzaba. La agresión no cesó ahí, ya que continuó golpeando a su compañero con numerosos puñetazos cuando este ya se encontraba semiinconsciente en el suelo.

Para la imposición de esta pena de prisión se han aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión dado que el procesado ha reconocido los hechos. Puesto que la condena no es superior a los dos años, se podría aplicar la suspensión de la ejecución de la pena, siempre y cuando el procesado cumpla una serie de requisitos. No obstante, dicha suspensión no ha sido abordada en la sala y se abordará en la sentencia que redacte el tribunal. Por último, el condenado deberá abonar una indemnización a la víctima.

El Colegio Oficial de Enfermería (COE) de Córdoba ha manifestado su más enérgica condena en redes sociales ante una nueva agresión sufrida por una enfermera del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía.

El incidente se registró en torno a las 21:00 de este jueves. Desde la institución colegial se ha hecho un llamamiento directo a todos los profesionales sanitarios sobre la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, subrayando que este tipo de conductas son absolutamente intolerables.

Asimismo, el colegio ha recordado que las enfermeras de la provincia no están solas ante estas situaciones. La entidad ofrece el respaldo integral de su Asesoría Jurídica, además de la cobertura proporcionada por el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, para garantizar que las víctimas cuenten con el apoyo legal y profesional necesario tras sufrir estos ataques.

La representación legal del hombre al que fracturaron la mandíbula de un puñetazo en una agresión homófoba en noviembre de 2025 en las cercanías del Vial Norte ha solicitado al juez que autorice la geolocalización de los teléfonos móviles que había en la zona donde sucedieron los hechos a la hora de los mismos, con el fin de poder identificar a los presuntos autores.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2025 en la confluencia de la avenida Cruz de Juárez con el Vial Norte y fueron relatados por el hombre a su llegada al hospital, en cuyo parte figura que se encontraba volviendo a su casa por la noche ese día y se cruzó con un grupo de chavales que empezaron a increparle con comentarios homófobos, a los que él respondió y, uno de los jóvenes le dio un puñetazo en la mandíbula. El parte médico -al que tuvo acceso este medio-, señalaba en el apartado de lesiones una fractura mandibular.

La víctima, tras estar ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ser intervenida quirúrgicamente, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional que, con su relato de los hechos, abrió una investigación por los hechos, dando traslado al juzgado. Fuentes del caso relatan a este periódico cómo la Policía Judicial solicitó al juez acceder a la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona y la hora de la agresión, con el fin de poder identificar a los presuntos agresores que habían sido captados por algunas cámaras del lugar, pero la petición fue rechazada inicialmente y el caso sobreseído provisionalmente.

Tras conocer esto la representación de la víctima y presentar un escrito de alegaciones solicitando que se le diera traslado de las actuaciones y se accediera a la geolocalización de los móviles, dicho recurso fue desestimado en un auto del juzgado de Instrucción plaza número 4 de Córdoba, al que se ha presentado ahora un recurso de apelación ahora ante la Audiencia Provincial. En este último recurso se insiste en solicitar como medida de investigación la autorización a la Policía Judicial para el geoposicionamiento de los teléfonos móviles en la zona y a la hora de los hechos denunciados, con el fin de poder identificar los móviles que utilizaran -y con ello a sus dueños- los presuntos agresores.

“Identificación de los autores del execrable delito de odio”

En el recurso -al que ha tenido acceso este periódico-, se argumenta que la medida se podría llevar a cabo “reduciendo y acotando el ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS” de la zona, de manera que así “se pueda dar respuesta conjunta y armónica tanto a la búsqueda e identificación de los autores del execrable delito de odio que aquí nos ocupa, cuanto al respecto de los derechos fundamentales que pudieran, en su caso, verse afectados”.

E insiste en que “en el caso que nos ocupa, se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la policía judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia”.

En ese sentido, sostiene que la medida solicitada para la investigación policial podría acordarse y sumarse a la denuncia de los hechos y su corroboración objetiva y periférica con el parte médico o las grabaciones de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos y la posterior huida de los presuntos autores.

La representación legal de la víctima cree que proporcionar la geolocalización de los móviles sería “una medida legítima (...) que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas” para el hombre agredido “e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada”.

Este recurso de apelación se interpone tras el auto que desestimaba un primer recurso de reforma sobre la petición de autorizar el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, amparándose en distinta jurisprudencia que así lo avala con sentencias de los últimos años, sostiene la representación de la víctima.

La sección sindical de APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) del Centro Penitenciario de Córdoba ha denunciado una agresión de un preso a otro el pasado lunes día 8 de junio.

Según el relato de los hechos, a primera hora de la mañana de ese día en la apertura de celdas, un interno con una cuchilla casera, se lanza hacia otro interno cortándole el cuello.

APFP señala que la rápida actuación de los funcionarios evitó el ensañamiento, aunque el interno agresor se lanzó hacia ellos con el arma en la mano amenazándoles, pero gracias a la gran profesionalidad de los funcionarios consiguieron quitarle el pincho carcelario y aislarlo entre los rastrillos de seguridad para evitar daños a la integridad física y vida de los demás internos y del personal penitenciario.

El interno agredido presentaba un corte profundo en el cuello y desangrándose fue traslado a la enfermería del centro desde donde le derivaron al hospital urgentemente. El interno está fuera de peligro gracias a la rapidez con la que actuaron todos los compañeros intervinientes.

Desde APFP se ha solicitado información a través del portal de transparencia ya que no se entiende que una plantilla inferior a la de otros centros atienda a una población reclusa mayor que en el resto de centros, a excepción del centro penitenciario de Valencia que aún así cuenta con más del doble de personal para tan solo 500 internos más, lo justifican según la normativa penitenciaria por arraigo y tratamiento fundamentalmente, pero son muchos los internos que al salir en libertad se dirigen a Murcia, Almería, Ceuta..., y tratamiento como si fuera el único centro en el que se realizan actividades con los internos para su reinserción.

APFP considera que no hay una clasificación adecuada de los internos, desde el CIS, (centro de inserción social) hasta los módulo de respeto se están ocupando y llenando con internos que no reúnen las características de esos módulos, lo que hace que la convivencia sea difícil entre los propios internos.

Desde APFP llevamos solicitando desde hace años una reposición efectiva de las RPT ́s de los distintos centros, 3241 vacantes a uno de abril de 2026, ser considerados agentes de autoridad, (se votará la proposición de Ley para este reconocimiento en el Congreso mañana día 11 de junio donde estaremos presentes), pistolas táser para situaciones excepcionales y peligrosas tanto para los internos como para los propios compañeros y la equiparación salarial con nuestros compañeros de Cataluña.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba se ha concentrado este mediodía en dos turnos (antes de la entrada del turno de tarde y a la salida del turno de mañana, con 15 minutos de diferencia) para mostrar su respaldo a la compañera que la semana pasada sufrió una grave agresión verbal y amenazas por parte del que era chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica.

Cabe recordar que el personal de Hitachi estaba llamado a concentrarse el pasado viernes durante su tiempo para el bocadillo, pero la Dirección de la planta impidió a los trabajadores salir y, por ello, se volvió a convocar una concentración hoy, en el cambio de turnos, por expreso deseo del personal.

Durante la movilización, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), dio lectura a un manifiesto en el que se dejaba claro que “estamos aquí para mostrarle nuestro apoyo a la compañera tras la agresión sufrida el pasado miércoles. Queremos trasladarle públicamente nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro compromiso para que no se sienta sola ante unos hechos tan graves. Lo ocurrido no tiene cabida en ningún entorno de trabajo. La violencia, las amenazas o cualquier comportamiento agresivo son absolutamente incompatibles con los valores de respeto, convivencia y dignidad que deben regir las relaciones entre las personas”.

“Queremos dejar claro un mensaje firme y rotundo: No vamos a tolerar ninguna agresión de este tipo contra nadie de la fábrica de Córdoba, independientemente de su puesto, función o responsabilidad”, leyó García Leiva quien remarcó que “todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestro trabajo en un entorno seguro, libre de violencia y de cualquier forma de intimidación”.

Pero además, “este acto no es solo una muestra de apoyo a la compañera, es también una declaración colectiva de principios. La plantilla debe permanecer unida frente a cualquier conducta que atente ante la integridad física o moral de cualquier compañero o compañera”, dijo el responsable sindical.

La plantilla confía en que las medidas legales adoptadas permitan “garantizar la protección de las personas trabajadoras y evitar situaciones como esta para que no vuelvan a repetirse” y, en cualquier caso, “seguiremos defendiendo el respeto, la seguridad y la dignidad de todas las personas que formamos parte de este centro de trabajo”. 

La compañía Hitachi ha abierto una investigación interna sobre los hechos denunciados por una de sus trabajadoras cuando, este pasado jueves, fue agredida verbalmente presuntamente por un empleado de una subcontrata que trabajaba como chófer de un directivo.

Fuente de la empresa han confirmado a este periódico la apertura de la investigación interna, que se sirve del visionado de las imágenes de las cámaras de la empresa, y han precisado que el presunto autor de la agresión no es empleado de Hitachi sino de una subcontrata que hacía el servicio de chófer. Sobre ello, señalan que tras los hechos se procedió a expulsar del lugar al presunto autor de la agresión verbal y que se ha solicitado que este no trabaje más en el servicio que la subcontrata presta a Hitachi.

Asimismo, la empresa ha transmitido su “apoyo” a la trabajadora agredida, que tuvo que ser atendida por sanitarios dado el estado de ansiedad que le produjo lo ocurrido. El sindicato CCOO denunció los hechos, en los que el chófer “increpó” a la trabajadora -que es delegada sindical-, “y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”. Según ha informado el sindicato, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El sindicato denunció que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”. Por ello, la trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada”. Posteriormente, se interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. que también investiga lo ocurrido.

Recabando información

Fuentes de Hitachi han confirmado que agentes de la Policía Nacional acudieron a la fábrica ante los hechos ocurridos y que también investigan lo sucedido. Mientras, la empresa ha enviado una comunicación interna al conjunto de la plantilla en la que explican que están “recabando informaciones sobre lo ocurrido con el fin de conocer todos los hechos con la debida diligencia. La empresa continuará atenta a cualquier situación que pueda afectar al adecuado desarrollo de la actividad y al bienestar de las personas en el entorno laboral”.

Asimismo, reitera su “compromiso con los valores que guían nuestra actividad, en particular la integridad, el respeto entre las personas y la creación de entornosde trabajo seguros y profesionales” y recuerda “la importancia de mantener en todo momento comportamientos acordes a estos principios, contribuyendo entre todos a un clima laboral basado en la confianza, la convivencia y el respeto mutuo”.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha condenado este jueves “la agresión sufrida ayer por una delegada del sindicato en Hitachi Energy, por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”, lo cual, según ha precisado el sindicato, ocurrió “a mediodía de ayer, cuando el conductor, miembro del equipo” de una empresa de seguridad contratado por Hitachi, “increpó a la delegada y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, presente en el altercado, ha relatado que “varios delegados del comité de empresa, entre ellos la trabajadora agredida y él mismo, estaban hablando sobre cuestiones de carácter sindical. La delegada se despidió de los compañeros para ir a por su almuerzo, momento en que el conductor se acercó a ella y le increpó porque consideraba que le había hecho un gesto feo, cuando ella en ningún momento se había dirigido al chófer, que llevaba un rato deambulando por los alrededores, haciendo como que hacía fotos y hablaba por teléfono”.

Jiménez ha afirmado que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”.

La trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada” por el trabajador de la empresa de seguridad, y acompañada por otros delegados de CCOO, el propio Agustín Jiménez, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, “interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya se había personado en la fábrica para levantar atestado”.

Agustín Jiménez ha lamentado que “el jefe de Recursos Humanos de Hitachi, Pedro Anguita, no se haya dirigido aún a la delegada para interesarse por su estado, y se haya limitado a echar balones fuera, diciendo que el presunto agresor no es trabajador de Hitachi y que se produjo una discusión, cuando lo que hubo fue una agresión”.

Profesionales sanitarios y sindicalistas de UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba se han concentrado este miércoles ante el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para mostrar su “repulsa por la agresión sufrida por un enfermero el pasado viernes 22 de mayo en su servicio de Urgencias”.

Según ha señalado el sindicato en una nota, este hecho, desgraciadamente, “ha dejado de ser algo aislado para convertirse en una constante, cada vez con formas más agresivas y con parámetros que están llevando a la práctica sanitaria al temor ante su desprotección”.

En este sentido, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, destacado que, “según los registros, en el año 2025 se produjeron 173 agresiones en la provincia de Córdoba, 37 de las cuales fueron físicas y 136 verbales, a profesionales sanitarios”.

Heredia ha llamado a la comprensión de la ciudadanía ante “un sistema que se encuentra colapsado, con plantillas bajo mínimos, por lo que deben comprender que su atención tendrá que producirse en el menor tiempo posible, dentro de las posibilidades que en estos momentos tienen los equipos en los centros sanitarios”.

Por otra parte, Heredia ha destacado que, “desde que se puso en marcha el plan de prevención y actuación frente a las agresiones a profesionales, las denuncias están acabando en condenas a los agresores”, por lo que ha instado “a las personas trabajadoras del SAS a que no callen y denuncien cualquier caso en el que sufran cualquier tipo de agresión, tanto física, como verbal, ya que esto supone un paso más en la visibilización de este problema y en la presión a ejercer, desde la responsabilidad, para poder exigir nuevas medidas” a la Junta de Andalucía.

Finalmente, la responsable sindical ha señalado que “cualquier agresión atenta contra la dignidad y derechos de las personas trabajadoras, llevando en muchas ocasiones a estas a situaciones de estrés, miedo, desmotivación, así como otro tipo de consecuencias, que podrían derivar en la baja laboral, todo ello repercutiendo, además, en la bajada del rendimiento y en la falta de ese apoyo que los profesionales necesitan en estos momentos para que se produzca el rendimiento necesario y que el conjunto de las personas usuarias puedan disfrutar de la mejor atención asistencial”.

“Gracias de corazón”. Con este mensaje, los responsables de la Hamburguesería Choni han querido responder a la oleada de solidaridad recibida tras el grave altercado violento que sus trabajadores sufrieron el pasado lunes en la Feria de Córdoba. A través de sus redes sociales, el establecimiento ha expresado su profundo agradecimiento a clientes, amigos y familiares que se han volcado con ellos tras los momentos de tensión vividos.

Desde la dirección del puesto subrayan que “momentos así nos hacen ver que detrás de esta hamburguesería hay una gran familia”, asegurando que, lejos de amedrentarse, seguirán trabajando “con más ilusión que nunca” para ofrecer el mejor servicio y ambiente durante lo que queda de Feria.

Este mensaje llega tras una noche de lunes marcada por una violenta reyerta entre un grupo de jóvenes y los trabajadores del local. Tal y como adelantó este periódico, la pelea se inició por causas desconocidas cuando los jóvenes comenzaron a lanzar objetos y a propinar golpes a los empleados.

Ante la agresión, los trabajadores se vieron obligados a defenderse utilizando el mobiliario del puesto, llegando a lanzar taburetes para intentar frenar el ataque. La intervención de una patrulla de la Policía Nacional logró controlar la situación, que se saldó con un herido leve y diversos daños materiales en las instalaciones.

A pesar de la aparatosidad de las imágenes que han circulado por redes sociales, la normalidad ha vuelto al establecimiento, cuyos responsables han declinado hacer declaraciones expresas a este periódico. La Policía Nacional trabaja en identificar a los agresores para proceder a su detención.

El Sindicato de Enfermería Satse-Córdoba ha denunciado y condenado “pública y tajantemente la reciente agresión física sufrida por un enfermero” en la madrugada del pasado 22 al 23 de mayo en la Unidad de Urgencias del Hospital Reina Sofía.

Según ha podido saber Satse, un paciente que había acudido a Urgencias, le propinó tres puñetazos en la cara a un enfermero, todo ello sin mediar palabra y con una violencia inusitada.

El profesional agredido fue atendido de inmediato por los compañeros del servicio, ya que la agresión física fue de una contundencia tan considerable que el enfermero precisó de una baja laboral inmediata tras los golpes recibidos y el temor y ansiedad que le generó tal situación.

A este respecto, ha podido saber Satse que el agresor ya ha sido condenado gracias a la celebración, al día siguiente, de un juicio rápido condenatorio que “debe servir como ejemplo disuasorio para quienes no sepan o no quieran respetar las más mínimas reglas de convivencia, buen comportamiento y correcto uso de la sanidad pública”.

Satse vuelve a insistir en que “nada justifica una agresión, y que las plantillas deficitarias, la presión asistencial, las demoras y la masificación son las principales causas que originan las agresiones a los sanitarios y, más concretamente, las producidas en los servicios de Urgencias”.

Igualmente, insiste el sindicato en “pedir a la ciudadanía que acude a los puntos de urgencias, más aún en épocas de gran afluencia como puede ser la semana de Feria, de manera cívica y respetuosa con los profesionales que se desviven las 24 horas del día por atenderlos lo mejor que pueden, con los medios que tienen a su disposición y no hagan responsables a estos profesionales de las carencias del sistema sanitario”.

El sindicato, en señal de repulsa y apoyo a los trabajadores, ha convocado una concentración silenciosa en la entrada de las Urgencias de Adultos del Hospital Reina Sofía para el día 27 de mayo a las 11:00. Igualmente, ha invitado a sumarse a la misma a profesionales, ciudadanía y responsables de la sanidad cordobesa.

La Feria de Córdoba incorpora este año como novedad la ubicación de un punto arcoíris, contra las agresiones homófobas contra personas por su identidad sexual, que se suma a los 36 puntos violeta en otras tantas casetas para prestar ayuda y ser un espacio seguro contra las agresiones sexistas.

El punto arcoíris, que es novedad este año, se establece en la caseta de Cruz Roja, donde su personal -como trabajadores sociales o psicólogos-, conocen cómo dar respuesta ante un delito de odio contra una persona por su identidad u orientación sexual. Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con un convenio con el Colegio de la Abogacía para ofrecer asesoramiento en casos de delito de homofobia, según ha recordado la concejala de Igualdad, Marián Aguilar, en la presentación de la Feria 2026.

Los 36 puntos violeta se ubican en casetas donde su personal ha recibido formación específica por parte de técnicos en Igualdad sobre cómo actuar para prestar ayuda a una víctima de una agresión sexual y desarrolla la primera atención a esta persona.

Estas dos acciones se insertan dentro de las medidas y la campaña que, cada año, desarrolla el Ayuntamiento en el ámbito de la igualdad en la Feria. “Diviértete desde el respeto” vuelve a ser el lema que llama a disfrutar en El Arenal de una fiesta libre de agresiones sexistas. Todas las casetas de la Feria -según las bases- están obligadas a distribuir el material de merchandasing que promociona esta campaña, como abanicos, pulseras y cartelería, entre otras cosas, que difunden mensajes de respeto y contra las agresiones, además de los teléfonos de la Policía, Guardia Civil, Emergencias 112 o 016, además del 900 200 999.

Asimismo, los taxistas de Córdoba, a través de la asociación mayoritaria del sector -Autacor-, también visibilizarán la campaña contra las agresiones sexistas, portando crespones con este mensaje en sus vehículos, además de estar informados sobre cómo actuar en caso de que hasta un taxi llegue una víctima de una agresión sexual. “Muchas veces, el taxi es la primera ventana a la que llega una víctima”, ha apuntado Aguilar.

El Ayuntamiento ha incidido en la necesidad de que “el recinto de El Arenal y la Feria sea un espacio libre de agresiones sexistas”, promocionando “una cultura de respeto e igualdad”, en palabras de Aguilar.

Un vigilante de seguridad de Córdoba recibirá un indemnización de 26.000 euros después de sufrió un puñetazo de un joven que se encontraba interno en el centro de menores donde la víctima desempeñaba su trabajo. La plaza número 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de la capital condenó al adolescente por la agresión y estableció una indemnización de 12.000 euros, pero la Audiencia Provincial dio la razón a la víctimay solicitó un acuerdo para que dicha indemnización se ajustara a las lesiones y al tiempo que el vigilante estuvo incapacitado. Ahora, un acuerdo entre las partes ha elevado a 26.000 euros esa cantidad.

Según ha podido conocer este periódico, los hechos ocurrieron sobre las 14:15 del 28 de noviembre de 2023. El agresor, que por entonces tenía 17 años, estaba interno en el módulo de Salud Mental del centro. En un momento dado, comenzó a mostrarse agitado e intentó abandonar la zona común dodne se encontraba, desobedeciendo a los educadores. En medio de la tensión, el menor llegó a armarse con un cepillo de limpieza, por lo que el vigilante intervino con la intención de calmarlo.

Aunque el menor hizo ademán de entregarle el cepillo, de forma “sorpresiva” le propinó un fuerte puñetazo en el rostro que impactó en la parte superior del tabique nasal. Ante la gran agresividad del interno, el trabajador tuvo que reducirlo para protegerse a sí mismo y al resto de personas presentes. Las consecuencias para el vigilante fueron graves y prolongadas en el tiempo. El golpe le causó un traumatismo facial con heridas que le han dejado una cicatriz de seis centímetros desde la raíz de la nariz hasta la ceja izquierda.

Sin embargo, la lesión más preocupante fue la del ojo izquierdo. El puñetazo provocó el desplazamiento de una lente intraocular que el trabajador ya tenía implantada por una operación previa de cataratas, provocando la pérdida gradual del ojo. No fue hasta el 31 de marzo de 2025 -casi un año y medio después del ataque- cuando el vigilante se sometió a una operación por la cual consiguió restablecer su visión. El trabajador recibió el alta y ha vuelto a ejercer su profesión en otro lugar.

Por estos hechos, el juzgado de Menores condenó al joven por un delito de lesiones y le impuso una medida de 12 meses de internamiento en un centro terapéutico, aunque la ejecución ha quedado en suspenso a condición de que cumpla satisfactoriamente ocho meses de libertad vigilada y continúe con un tratamiento ambulatorio de salud mental.

En cuanto a la indemnización, la aseguradora del centro ha sido la encargada de abonar 14.000 euros después de los 12.000 que ya consignó al inicio del procedimiento.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha anulado la resolución del Juzgado de Menores número 1 del pasado mes de octubre que absolvía a tres menores implicados en una agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. El tribunal ha fallado que la absolución carece de lógica y vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de Montoro y, posteriormente, al Hospital Reina Sofía.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la agresión se produjo sobre las 3:00 del 31 de diciembre de 2023 en Villa del Río. Cuando los procesados y la pareja iban andando por la calle, se produjo un “malentendido al creer los denunciantes que los menores se estaban refiriendo peyorativamente a su orientación sexual”. En ese contexto, se inició una discusión en la que uno de los menores agredió a una de las víctimas con un “puñetazo” y a otra, con “patadas y puñetazos”, además de propinarle un “escupitajo”.

A pesar de que el juez de Menores reconoció que durante la pelea se profirieron insultos como “chupapollas o maricones”, en su falló concluyó que “no se ha acreditado que el motivo de la pelea fuera debido a la condición sexual”, dejando dichas expresiones como algo secundario ocurrido “durante el transcurso de la pelea”. En consecuencia, absolvió a los tres menores del delito de odio, argumentando que no se había acreditado que la condición sexual fuera el motivo de la pelea, relegando los insultos homófobos a un segundo plano ocurrido “durante el transcurso” de la riña. Además, a dos de ellos los absolvió de un delito de lesiones, considerándolos meros mediadores que intentaron separar a la pareja del otro procesado, que sí fue condenado por dos delitos leves de lesiones a 50 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Contra esta sentencia, las víctimas interpusieron un recurso ante la Audiencia al que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y la Sala ha dado la razón a la pareja. Para el tribunal, el fallo de Menores “se descalifica por sí mismo” y se aparta de las máximas de la experiencia. En esa línea, la Sala ha calificado de “inverosímil” la tesis de una “agresión unilateral en el contexto de una discusión extremadamente tensa” donde se obvió que los adultos resultaron heridos en un acometimiento de menores, a pesar de la diferencia de edad y complexión. Además, la Sala ha criticado que el juez de Menores aceptara la existencia de un “malentendido” sin explicar la razón por la que descartó que la disputa tuviera su origen en el menosprecio a la orientación sexual.

En ese sentido, el tribunal continúa argumentado que es “improbable” que una pareja que mantiene una relación afectiva y muestra “manifestaciones externas de cariño” confunda insultos como “maricones” o “chupapollas” con una conversación ajena, subrayando que la sentencia original no mencionó “cuál fue el contenido real de esa conversación malentendida”. Además, la Audiencia afea al juez que guardara un “absoluto silencio” sobre por qué dio más valor a la retractación de uno de los menores durante el juicio que a lo que él mismo “sostuvo ante el fiscal instructor”, donde sí admitía los insultos.

Por todo ello, y aunque los magistrados insisten en que existe el principio in dubio pro reo, este no puede anular el derecho a la “tutela judicial efectiva” de las víctimas. Al concluir que el juez de Menores valoró la prueba de forma “insuficiente”, la Audiencia ha determinado que es “imprescindible” que la dicte otro juzgador. Por ello, ha revocado el fallo y anulado el juicio, devolviendo las actuaciones para que se celebre una nueva vista.

La Fiscalía de Córdoba solicita una pena de siete años de cárcel para un procesado acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos, que serán juzgados la semana que viene en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, se remontan a una violenta discusión ocurrida en un descampado de la capital.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado se encontraba en un descampado junto a la víctima cuando comenzó una disputa entre ambos. En el transcurso de la misma, el procesado extrajo una navaja y, con la intención de acabar con la vida de la otra persona, le asestó una puñalada en el cuello, huyendo inmediatamente del lugar de los hechos.

A pesar de la gravedad del ataque, el procesado no logró su objetivo gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. La víctima tuvo que ser ingresada y sometida a una operación quirúrgica de urgencia debido a una intensa hemorragia causada por la perforación irregular de la vena yugular interna.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de ocho años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer, mediante una sentencia de conformidad, a la pena de un año y seis meses de prisión por un delito de lesiones tras agredir a otra joven en el recinto ferial de Priego de Córdoba.

Según la sentencia, la agresión se produjo durante la madrugada del 9 de julio de 2023, cuando Omar Montes ofreció un concierto en la localidad cordobesa. La acusada se encontraba en un concierto cuando se dirigió a la víctima con una “actitud agresiva” tras una discusión previa. En el transcurso de un forcejeo, en el que la agresora agarró a la víctima por el pelo y el brazo, terminó propinándole un golpe en la boca con el teléfono móvil que llevaba.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas, la fractura de tres dientes, además de heridas en el interior de la bora, en el labio inferior y en su muñeca izquierda. Las heridas requirieron tratamiento médico-quirúrgico y tardaron 30 días en sanar.

Aunque la Fiscalía pedía para la procesada cuatro años y medio de prisión, la petición de cárcel por este delito de lesiones se ha reducido tras la aplicación de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que la condenada consignó y abonó, de forma previa al juicio, la cantidad total de 2.086,5 euros en concepto de indemnización.

Por último, la Audiencia le ha suspendido la ejecución de la pena durante tres años siempre y cuando no delinca durante este periodo.

Un hombre ha sido detenido en la mañana de este sábado tras agredir con un arma blanca a otro en el polígono industrial de La Torrecilla. Según ha adelantado Cope Córdoba, la víctima sería un camarero de un establecimiento de la zona.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 11:40 en la calle Ingeniero Juan de la Cierva a la altura del número 6. Según ha informado este periódico el servicio de Emergencias 112, la agresión con un arma blanca, posiblemente un cuchillo, se habría desencadenado tras una discusión previa entre detenido y víctima.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y equipos sanitarios. Ya allí, los agentes han detenido al agresor y la víctima ha sido evacuada al Hospital Universitario Reina Sofía, tal y como ha apuntado la Policía a este periódico. El herido presenta lesiones en un brazo, aunque las heridas no serían de gravedad.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre, a través de una sentencia de conformidad, a dos años de prisión por un delito de lesiones tras una violenta pelea con su hermano. No obstante, el tribunal ha acordado dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionada a que el acusado no delinca en los próximos dos años, debido a su falta de antecedentes y al acuerdo alcanzado entre las partes.

Los hechos, ocurridos la noche del 5 de octubre de 2021, tienen su origen en una crisis de convivencia. En aquellos momentos, el hermano del procesado -y víctima de la agresión- se encontraba viviendo en el domicilio de este familiar y de su esposa, junto a su hijo, tras el fallecimiento de su mujer. La tensión estalló cuando la víctima llamó por teléfono a su cuñada para recriminarle que hubieran expulsado a su hijo de la vivienda.

Durante esa llamada, el agredido profirió diversos insultos contra la mujer de su hermano, lo que llevó a esta a cortar la comunicación. Acto seguido, la víctima se presentó físicamente en el portal del edificio manifestando expresiones intimidatorias de extrema gravedad dirigidas tanto a su cuñada como a su hermano. Según los hechos probados, a la primera le dijo que tenía “que matarte y tirarte por la terraza”, mientras que sobre su hermano también profirió amenazas de muerte al grito de “maricón”. Estas amenazas no fueron denunciadas.

Tras ser alertado por su esposa, el condenado llamó a su hermano para reprocharle su actitud, a lo que este respondió reiterando que iría a buscarlo a su puesto de trabajo para acabar con su vida. Alrededor de las 23:30, la víctima se personó en la obra de un instituto en Córdoba donde su hermano ejercía sus funciones de vigilante. Ya allí se inició una pelea y, en el transcurso de la misma, el condenado asestó varios golpes a su hermano con un cuchillo de diez centímetros. La víctima sufrió heridas en el costado izquierdo, la espalda y el muslo. El condenado, por su parte, sufrió lesiones menores por las que recibió asistencia facultativa, aunque decidió no denunciar ni reclamar por ellas.

Tras la imposición de los dos años de prisión por un delito de lesiones, el tribunal decretó la suspensión de la entrada en prisión del condenado dado que no tiene antecedentes, la pena no supera el máximo exigido para que disfrute de este beneficio y no deberá afrontar indemnización, ya que la víctima renunció expresamente a ella.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras causar varias heridas con arma blanca a otro hombre en la vía pública de Córdoba en la zona centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de enero. Esa noche, el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tumbado en la vía pública en la zona centro de la ciudad. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde varios testigos manifestaron que el hombre había sido agredido con un arma blanca, recibiendo varias puñaladas.

A la llegada de los agentes, la víctima se hallaba sentada en la calzada, apreciándose dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar de la espalda.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de Policía Nacional, consiguieron taponar la herida, impidiendo una posible hemorragia que pudiera poner en peligro su vida, taponando además el resto de heridas y manteniéndolo consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes le atendieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Las gestiones policiales permitieron conocer que la pelea se había iniciado previamente en el interior de un pub de la zona centro entre la víctima y el ahora detenido. Ya en el exterior, en la vía pública, se produjo una nueva discusión en el trascurso de la cual el agresor, presuntamente, asestó varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones descritas.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes recabaron información y tras analizarla, lograron identificar al presunto autor de los hechos. A principios del mes de marzo, los investigadores procedieron a su localización y detención como presunto responsable de un delito de lesiones. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.