La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre, a través de una sentencia de conformidad, a dos años de prisión por un delito de lesiones tras una violenta pelea con su hermano. No obstante, el tribunal ha acordado dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionada a que el acusado no delinca en los próximos dos años, debido a su falta de antecedentes y al acuerdo alcanzado entre las partes.

Los hechos, ocurridos la noche del 5 de octubre de 2021, tienen su origen en una crisis de convivencia. En aquellos momentos, el hermano del procesado -y víctima de la agresión- se encontraba viviendo en el domicilio de este familiar y de su esposa, junto a su hijo, tras el fallecimiento de su mujer. La tensión estalló cuando la víctima llamó por teléfono a su cuñada para recriminarle que hubieran expulsado a su hijo de la vivienda.

Durante esa llamada, el agredido profirió diversos insultos contra la mujer de su hermano, lo que llevó a esta a cortar la comunicación. Acto seguido, la víctima se presentó físicamente en el portal del edificio manifestando expresiones intimidatorias de extrema gravedad dirigidas tanto a su cuñada como a su hermano. Según los hechos probados, a la primera le dijo que tenía “que matarte y tirarte por la terraza”, mientras que sobre su hermano también profirió amenazas de muerte al grito de “maricón”. Estas amenazas no fueron denunciadas.

Tras ser alertado por su esposa, el condenado llamó a su hermano para reprocharle su actitud, a lo que este respondió reiterando que iría a buscarlo a su puesto de trabajo para acabar con su vida. Alrededor de las 23:30, la víctima se personó en la obra de un instituto en Córdoba donde su hermano ejercía sus funciones de vigilante. Ya allí se inició una pelea y, en el transcurso de la misma, el condenado asestó varios golpes a su hermano con un cuchillo de diez centímetros. La víctima sufrió heridas en el costado izquierdo, la espalda y el muslo. El condenado, por su parte, sufrió lesiones menores por las que recibió asistencia facultativa, aunque decidió no denunciar ni reclamar por ellas.

Tras la imposición de los dos años de prisión por un delito de lesiones, el tribunal decretó la suspensión de la entrada en prisión del condenado dado que no tiene antecedentes, la pena no supera el máximo exigido para que disfrute de este beneficio y no deberá afrontar indemnización, ya que la víctima renunció expresamente a ella.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras causar varias heridas con arma blanca a otro hombre en la vía pública de Córdoba en la zona centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 18 de enero. Esa noche, el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que un varón se encontraba tumbado en la vía pública en la zona centro de la ciudad. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde varios testigos manifestaron que el hombre había sido agredido con un arma blanca, recibiendo varias puñaladas.

A la llegada de los agentes, la víctima se hallaba sentada en la calzada, apreciándose dos heridas inciso-cortantes, una en la región torácica izquierda y otra en la zona lumbar de la espalda.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de Policía Nacional, consiguieron taponar la herida, impidiendo una posible hemorragia que pudiera poner en peligro su vida, taponando además el resto de heridas y manteniéndolo consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes le atendieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresado.

Las gestiones policiales permitieron conocer que la pelea se había iniciado previamente en el interior de un pub de la zona centro entre la víctima y el ahora detenido. Ya en el exterior, en la vía pública, se produjo una nueva discusión en el trascurso de la cual el agresor, presuntamente, asestó varias puñaladas al otro hombre, causándole las lesiones descritas.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes recabaron información y tras analizarla, lograron identificar al presunto autor de los hechos. A principios del mes de marzo, los investigadores procedieron a su localización y detención como presunto responsable de un delito de lesiones. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional se ha reunido en Córdoba con el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Antonio José Ortega Gallego, y la gerente del mismo, Cristina Nájera, con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, con la asistencia del Interlocutor Policial Territorial Sanitario en Córdoba.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el objetivo de la misma ha sido concienciar sobre la tolerancia cero ante amenazas y agresiones físicas o verbales y se han establecido canales de comunicación directos con el fin de ayudar a dotar de más seguridad a las Oficinas de Farmacia de la ciudad y la provincia.

Además, la Policía Nacional, a través la figura del Interlocutor Policial Sanitario, va a iniciar una ronda de visitas a las farmacias que hayan sufrido algún hecho delictivo, de cara a ofrecerles consejos para aumentar su seguridad, además de poner a su disposición un contacto directo para que puedan contactar rápidamente con la Policía Nacional ante cualquier tipo de eventualidad.

Fruto de la reunión, se ha acordado programar la realización de unas jornadas formativas que serán organizadas conjuntamente por ambas instituciones, dirigidas a farmacéuticos, centradas en la prevención de agresiones en el ámbito sanitario, facilitando una serie de herramientas específicas para afrontar este tipo de situaciones y, por lo tanto, aumentar la capacidad de anticipación y reacción para evitar que la agresión llegue a producirse, logrando mayor satisfacción tanto de profesionales, como de usuarios, lo que redunda en una asistencia de más calidad.

La Policía Nacional ha destacado que “uno de los ejes de la estrategia de prevención es concienciar al colectivo de la importancia de denunciar los hechos, ya que sin ella no hay conocimiento de los hechos ni se puede actuar contra el agresor”.

La figura del interlocutor policial sanitario

La Policía Nacional cuenta con la figura del Interlocutor Policial Sanitario, creada el año 2017 como punto de contacto permanente con los representantes de los centros sanitarios, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes para poner freno a las agresiones, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas.

Dentro de sus funciones, se encuentran coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario. Le compete además la formación y sensibilización de estos profesionales así como de la población, sobre cómo prevenir agresiones y la importancia que tiene su denuncia.

El Interlocutor Policial Sanitario de Policía Nacional en Córdoba, el inspector José Antonio García, ha transmitido “el firme compromiso institucional con la defensa de estos profesionales” y ha señalado que “el interlocutor sanitario es una herramienta real, cercana y eficaz, que ofrece un apoyo frente a cada agresión así como asesorar sobre las medidas a implantar para su prevención”.

Además del contacto a nivel territorial, los profesionales de la salud tienen a su disposición el correo electrónico del Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario: 'ucsp.ipnsadjunto@policia.es', donde podrán formular sus consultas sobre agresiones y otros problemas de seguridad dentro del entorno sanitario.

El Córdoba Rugby Unión ha denunciado públicamente una agresión a uno de sus jugadores durante el partido de Segunda Regional disputado el pasado domingo 1 de marzo contra el Club de Rugby San Jerónimo en Sevilla. Y es que, a pesar de que el encuentro terminó con una victoria visitante por 0-40, el cuadro califa ha querido poner el en los graves incidentes violentos ocurridos sobre el terreno de juego.

De hecho, la entidad cordobesa ha utilizado sus perfiles en redes sociales para difundir varias fotografías del momento exacto del ataque, así como las marcas y hematomas que quedaron en el rostro del deportista afectado. La intención del club con esta publicación es aportar pruebas gráficas concluyentes sobre unos hechos que consideran inaceptables dentro de una competición deportiva.

Además de ello, el comunicado oficial detalla la clara superioridad numérica y la indefensión del agredido. Según relata el Córdoba Rugby Unión, en las imágenes se aprecia cómo “cuatro jugadores golpean a uno solo”, propinando “puñetazos y patadas contra un jugador que no podía defenderse”. El texto es tajante al afirmar que esto “no fue un lance del juego ni un forcejeo propio de la intensidad del rugby”, sino “una agresión tras otra”.

Por otra parte, la directiva alerta sobre la conflictividad reiterada en estas instalaciones sevillanas, advirtiendo de que el incidente “no es algo nuevo ni aislado”. La institución asegura que esta tensión es “una situación que se repite cada vez que jugamos allí”, lamentando profundamente que lo que debería ser una cita deportiva termine convirtiéndose en “un entorno de violencia, insultos y amenazas”.

El Córdoba Rugby Unión ha querido justificar la difusión de este material alegando que están “cansados de callar y de normalizar lo que no es normal”. El club hace un llamamiento al resto de equipos andaluces para defender los valores fundamentales de esta disciplina, concluyendo su mensaje con una reflexión muy clara: “El rugby es contacto, sí, pero no es esto. Pegar y amenazar no es rugby”.

La Guardia Civil investiga a cuatro personas, como presuntas autoras de un delito de lesiones cometido en la localidad de Castro del Río (Córdoba). Concretamente, según la denuncia, todo habría tenido lugar en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad, donde se inició una discusión entre varias personas, quienes pretendían agredir a otro cliente que se encontraba en el mismo local.

La Guardia Civil pudo saber que en ese momento, la víctima se interpuso para mediar e impedir la agresión a otra persona en el interior del local, logrando su objetivo en un primer momento.

Sin embargo, momentos después, al abandonar el establecimiento y ya en la vía pública, fue agredido por cuatro de los individuos del grupo anterior, resultando herido con lesiones graves.

La Guardia Civil inició inmediatamente una investigación al objeto de identificar a todos los implicados en los hechos denunciados, dando como fruto la identificación y localización de los agresores, resultando ser todos ellos de la vecina localidad de Nueva Carteya, procediendo entonces a investigar a los cuatro como presuntos autores de un delito grave de lesiones.

Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido en Las Navas del Selpillar (Lucena) a dos hombres por delitos de conducción temeraria, amenazas, desobediencia y resistencia graves y atentado a los agentes de la autoridad.

La Guardia Civil se encontraba realizando un punto de prevención de la seguridad ciudadana en una vía pública, cuando observaron un vehículo que se aproximaba a gran velocidad. Los agentes procedieron entonces a realizarle señales luminosas indicando que detuviera el vehículo, haciendo el conductor caso omiso a las mismas y aumentando aún más su velocidad al pasar al lado de los agentes, que tuvieron que apartarse para no ser atropellados.

Acto seguido, el conductor perdió el control del vehículo, que impactó contra el acerado y mobiliario urbano, quedando inmovilizado en la vía, momento en el que los ocupantes abandonaron el coche y huyeron a pie del lugar.

Rápidamente, los agentes iniciaron una búsqueda en las inmediaciones del lugar con el objetivo de localizar, identificar y solicitar asistencia médica, si fuese necesario, a los ocupantes del vehículo, que fueron localizados en una calle cercana al lugar del accidente.

Tras comprobar que ninguno de los individuos había sufrido daños físicos, la Guardia Civil requirió a los ocupantes que se identificasen, respondiendo el conductor con insultos y amenazas de muerte a los agentes, llegando a arremeter contra estos con puñetazos y patadas, resultando dos guardias civiles heridos leves.

La Guardia Civil procedió entonces a su detención, a la que opuso gran resistencia, tratando de dificultar la detención otro de los acompañantes del vehículo, llegando a forcejear con los agentes, por lo que fue igualmente detenido por los delitos de desobediencia y resistencia grave a las órdenes de los agentes de la autoridad.

El tercer ocupante, menor de edad, trató igualmente de entorpecer las otras dos detenciones, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de menores. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente y de la Fiscalía de menores.

El Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, contabilizó en 2025 que los profesionales de los centros sanitarios de la provincia de Córdoba sufrieron 173 agresiones, de las que 37 fueron físicas y 136 de carácter no físico.

En el conjunto de Andalucía hubo un total de 387 agresiones físicas (19,6% del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de la comunidad. Del total de agresiones registradas, 1.976, el 48,63% fueron en hospitales y el 51,37% en centros de Atención Primaria.

Estos datos muestran, en palabras de la Consejería en una nota de prensa, “una contención del crecimiento” que se había detectado en años anteriores, ya que en 2024 fueron 1.866 agresiones (362 físicas y 1.504 no físicas), un 19% más que en el año 2023, mientras que la subida de este año ha sido del 5,9%. El análisis de la evolución de las agresiones en el periodo 2020-2025, junto con la tasa de incidencia por cada 1.000 profesionales, “confirma la importancia de seguir trabajando en la prevención, la concienciación y el registro adecuado de todos los episodios, tanto físicos como no físicos”.

En este sentido, “la mejora del registro que explica también buena parte del aumento de las agresiones y responde, a la vez, a una mayor sensibilización de los profesionales y al impulso de la política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión”, ha asegurado la Junta.

Por provincias

Por provincias, Almería registró 184 agresiones (33 agresiones físicas y 151 no físicas); Cádiz 282 (45 físicas y 237 no físicas); Córdoba, 173 (37 físicas y 136 no físicas); Granada 201 (51 físicas y 150 no físicas); Huelva, 95 (19 físicas y 76 no físicas); Jaén, 162 (29 físicas y 133 no físicas); Málaga, 310 (66 físicas y 310 no físicas), y Sevilla, 569 (107 físicas y 462 no físicas).

Siguiendo lo establecido en el plan, recuerdan desde la Administración, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 21% (21,31%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 48,58% cuando se trata de agresiones físicas.

El SAS asegura que “refuerza su apuesta por la formación como una de las principales herramientas de prevención frente a las agresiones a profesionales sanitarios”. Sólo en el último año se han realizado un centenar de simulacros en centros sanitarios andaluces y se ha formado a 743 profesionales en técnicas de desescalada verbal, actuaciones orientadas a mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. En esta línea, el SAS continúa avanzando en el análisis y la prevención de las agresiones a partir de los datos correspondientes a 2025, presentados este jueves en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta evaluación permite profundizar no sólo en el número de episodios registrados, sino también en sus características, ámbitos asistenciales y perfiles profesionales, con el objetivo de reforzar las medidas de protección, anticipación y acompañamiento. En 2025, la mayoría de las agresiones registradas han sido de carácter no físico, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

En el caso de Atención Primaria, el 90,25% de los episodios fueron agresiones no físicas, mientras que en el ámbito hospitalario este porcentaje se situó en el 70,03%, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las medidas de prevención, especialmente en relación con insultos, amenazas y comportamientos intimidatorios. Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 74,04% del total); por perfil profesional, más del 82% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

El SAS ha subrayado la importancia de este enfoque diferenciado para mejorar la eficacia de las actuaciones preventivas. Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que incluye dispositivos de seguridad en los centros, formación específica para profesionales, la figura del profesional guía para el acompañamiento tras una agresión, atención psicológica y asesoramiento jurídico.

El SAS ha recordado que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado. El Servicio Andaluz de Salud ha reiterado su “compromiso firme” con la seguridad de sus profesionales y continuará trabajando de manera coordinada con los centros sanitarios, las organizaciones sindicales y los órganos técnicos de prevención para seguir mejorando la protección, la respuesta y el apoyo a quienes sufren este tipo de situaciones.

Se disparan las agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, que es la provincia andaluza en la que se han producido más casos durante los últimos cinco años, según los datos oficiales obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Durante el período de 2020 a 2024 se produjeron 340 agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, muy por encima de todas las demás provincias andaluzas: 263 en Almería, 223 en Cádiz, 157 en Málaga y Jaén, 149 en Sevilla, 116 en Granada y 49 en Huelva.

De hecho, excepto en 2023, la provincia cordobesa es la que registra más casos en todos esos años, y ello a pesar de que es la que cuenta con menos guardias civiles desde hace mucho tiempo, como AUGC viene denunciando continuamente.

Pero además, el problema se va agravando progresivamente, porque las agresiones a guardias civiles no han dejado de crecer durante los últimos cinco años en la provincia de Córdoba, pasando de 59 en 2020 a 105 en 2024, lo cual supone un escandaloso incremento del 78%, superior al crecimiento total en Andalucía, que ya de por sí es también muy preocupante, al haber subido un 63% estos casos.

Las agresiones registradas en esta provincia durante esos cinco años han conllevado que 134 agentes sufran lesiones, de los cuales 43 han causado baja médica como consecuencia de ello. El número de guardias civiles lesionados por agresión se cuadruplicó en 2024 respecto al año anterior, pasando de 13 a 51 en la provincia de Córdoba.

A pesar de estos datos tan contundentes, la AUGC considera “indignante” que el ministerio del Interior y el Gobierno sigan sin reconocer a los guardias civiles y a los policías nacionales como profesión de riesgo, condición que tienen los ertzainas desde 2009, los policías locales desde 2019 y los mossos y policías forales desde 2022, por no hablar de muchas otras profesiones que también se consideran de riesgo. Los guardias civiles y policías nacionales están hartos ya de que les discriminen, no solo en este aspecto, sino también salarialmente.

“Además, para atajar esta situación es necesario que se agraven las penas para esos delitos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y que se incremente mucho la plantilla de la Guardia Civil en esta provincia, porque ya se acumulan más de 200 vacantes sin cubrir, con patrullas desbordadas que deben atender a varias poblaciones a la vez y que carecen de apoyos cercanos. La situación en la calle evoluciona continuamente a peor y los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredirles, amenazarles e insultarles, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores”, señala el sindicato.

Un altercado ocurrido el pasado domingo a primera hora de la mañana en la calle Alderetes, zona de ocio en el barrio de Ciudad Jardín, provocó la actuación de la Policía Local y la colaboración de la Policía Nacional, concluyendo la actuación con cuatro personas detenidas y agentes heridos. A los cuatro detenidos se les imputa un delito de atentado a la autoridad, según han confirmado fuentes municipales a este periódico.

Los hechos han sido denunciados por dos sindicatos de la Policía Local -SPPME-A y SIP-AN- que, en un comunicado, ha denunciado “el estado de inseguridad e impunidad que se está instaurando en el barrio de Ciudad Jardín, concretamente en los establecimientos públicos de la calle Alderetes”. Sobre los hechos, los sindicatos indican que desembocaron “en una grave agresión a varios agentes tanto de Policía Local como de Policía Nacional, finalizando la actuación con un saldo de cuatro detenidos, otra persona en búsqueda y varios agentes debiendo ser tratados en el centro médico por las agresiones sufridas”.

En ese sentido, ambos sindicatos quieren “poner el foco de atención en los establecimientos de la zona de calle Alderetes, los cuales, pese a tener múltiples actas de sanción por diferentes irregularidades administrativas, continúan su actividad comercial, lo que genera en el colectivo policial una sensación de impunidad ante la falta de actuación sobre dichos establecimientos de la administración competente”. Y, sobre ello, explican que, “cada fin de semana se hace necesaria la presencia policial en dicha zona para obligar a los responsables de los establecimientos a que cierren a la hora reglamentariamente establecida, lo que provoca momentos de gran conflictividad contra los agentes por parte de los usuarios, situaciones que los policías deben de afrontar en un número muy inferior al de personas congregadas en la propia calle.”.

Por ello, exigen a las autoridades municipales “mayor acción, contundencia y compromiso sobre estas situaciones irregulares que afectan, tanto a la convivencia y seguridad del barrio de Ciudad Jardín, como a la propia integridad de los agentes en sus actuaciones”.

Solicitan al área de Seguridad de la Policía Local que se aumente de forma considerable el número de efectivos policiales los fines de semana, de cara de implementar un plan efectivo de actuación contra dichos establecimientos. Al mismo tiempo, agradecen a la Jefatura de la Policía Local y su escala de mando“ la fantástica respuesta de apoyo a los compañeros implicados en la reyerta, tanto en el plano profesional como en el plano personal y solidario, así como al Cuerpo Nacional de Policía, a cuyos compañeros implicados también les deseamos una rápida recuperación”.

Sin embargo, los sindicatos policiales han mostrado su descontento con el delegado de Seguridad, Jesús Coca, de quien señalan que “aún no ha dado la más mínima muestra de interés ni preocupación por el estado de salud de los agentes afectados” en estos hechos, “lo que evidencia una vez más su falta de empatía e implicación en el área de la cual es el máximo responsable”.

Conductores de Aucorsa y taxistas de Córdoba han reclamado ante el Pleno del Ayuntamiento de la capital medidas de seguridad concretas para garantizar su seguridad ante las agresiones que sufren. Representantes de ambos colectivos de trabajadores han tomado la palabra para elevar sus reivindicaciones y pedir al Consistorio que haya una conexión directa con la Policía para que alerten sobre las agresiones y se actúe de inmediato, además de otras medidas.

Por parte de los trabajadores de Aucorsa, el presidente del comité de empresa, Juan Francisco Aljama, han denunciado las agresiones que vienen sufriendo los conductores, tales como escupitajos, insultos y la agresión con una navaja más recientemente. Por ello, ha pedido que se dote de mamparas integrales a los conductores en los autobuses, además de botones del pánico, una conexión directa con la Policía y apoyo tanto jurídico como psicológico para los conductores agredidos.

“No somos responsables de los problemas del tráfico ni de las tarifas que se acuerdan en un despacho ni de las averías que surgen. Pero recibimos el impacto del malestar de algunos usuarios”, ha constatado.

Desde la asociación mayoritaria de taxistas, Autacor, su presidente, José Antonio Coca, ha asegurado que estos trabajadores tienen “derecho a la seguridad” para “desempeñar su trabajo con total garantía”. Ha pedido que se considere a los trabajadores del taxi como servidores públicos y autoridad, de manera que una agresión sea considerada como atentado a la autoridad. Igualmente, ha reclamado un sistema integral de seguridad conectado en tiempo real con las fuerzas y cuerpos de seguridad, para actuar de inmediato ante una agresión. “Necesitamos seguridad y el apoyo por parte del Ayuntamiento, hace falta más, apostar por lo que realmente es necesario”.

El Pleno ha abordado este asunto a propuesta de una moción presentada por el PSOE, si bien finalmente se ha votado una enmienda presentada por el gobierno local del PP en mayoría absoluta, que ha salido adelante con los votos de los populares y Vox, y el voto en contra del PSOE y Hacemos Córdoba. Se ha acordado “seguir avanzando en la colaboración con Policía Nacional y Policía Local para la prevención y resolución de cualquier incidente que pueda afectar al personal de Aucorsa en la prestación del servicio, valorando conjuntamente la implementación de nuevas medidas”.

Asimismo, se ha acordado ampliar la línea de ayudas al taxi incluyendo mecanismos que refuercen la seguridad e instar al Gobierno de España a que inicie los cambios legislativos oportunos para que se reconozca a los conductores de cualquier medio de transporte público la condición de prestadores de un servicio público para que las agresiones cometidas contra ellos sean consideradas atentado contra la autoridad a los efectos del artículo 550 del Código Penal.

Debate en el Pleno

Por parte del gobierno local, el delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, ha aceptado que “estamos de acuerdo en el fondo” de la cuestión, si bien ha pedido trabajar sobre cuestiones concretas que se puedan llevar a cabo. En ese sentido ha apostado por avanzar con la colaboración de la Policía Nacional para los trabajadores de Aucorsa y ver avances en los dispositivos de las cámaras. Mientras, para los taxistas se ha comprometido a estudiar si las subvenciones a las que se pueden acoger pueden contemplar nuevas medidas de seguridad que ellos puedan instalar.

Por parte del PSOE, la edil Carmen González ha reclamado una conexión directa de los conductores con la Policía para actuar ante estas agresiones. “Tienen que sentir que tienen el respaldo de la administración titular de su servicio público en las mejores condiciones” y ha recordado que “durante años se siguen sucediendo las agresiones a conductores tanto de Aucorsa como taxistas y no hay una reacción inmediata”.

Desde Hacemos Córdoba, su portavoz, Juan Hidalgo, ha apostado por garantizar la seguridad de taxistas y conductores de Aucorsa y ha criticado que, “cuando hablamos de servicios públicos, este gobierno municipal se pone de perfil y, si atañe a su responsabilidad, apaga y vámonos. Tenemos que asegurar el trabajo de estas personas que están prestando este servicio público”, ha reclamado.

Finalmente, la concejala Marta León de Vox ha señalado la necesidad de que las agresiones a estos conductores se contemplen penalmente como atentados contra la autoridad.

El fútbol base cordobés vuelve a verse salpicado con un caso de violencia verbal e intento de agresión física. En este caso, además, procedente de una parte ajena al terreno de juego. Y es que un nuevo episodio amargo se ha producido este mismo fin de semana en la ciudad. Concretamente, en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, recinto que albergó el encuentro entre el equipo cadete blanquiverde y el Puerto Malagueño Ciudad Jardín, correspondiente a la División de Honor de dicha categoría. En este sentido, el choque finalizó con claro triunfo del equipo de la Costa del Sol y, pese a que no hubo expulsados por parte de ninguno de los dos planteles, ya que el mismo se resolvió con tres amarillas mostradas a cada equipo, lo cierto es que el choque sí trajo polémica en la parte final del mismo.

Concretamente, el árbitro detalla en el acta del partido, a la que ha tenido acceso Cordópolis, que en el minuto 85 tuvo que activar el protocolo de la RFEF contra la violencia verbal, viéndose obligado en ese momento a “detener el partido debido a que un aficionado, claramente identificado como seguidor del equipo local por sus proclamas, sobrepasa la valla perimetral y se dirige a viva voz a un jugador del conjunto visitante”, vociferando los siguientes insultos y amenazas: “Me cago en tus muertos”, “te voy a matar” o “hijo de puta vas a estar muerto”.

Tras ello, el colegiado comunica los hechos al delegado de campo, quien “cumple sus funciones correctamente acercándose al foco de conflicto”. Además, “la seguridad privada del recinto también actúa inmediatamente, expulsando al individuo, por lo que no se producen más incidentes”, especifica el escrito oficial.

Con todo, los hechos no quedaron ahí, ya que este periódico ha podido saber que el padre del menor del conjunto malagueño se ha puesto en contacto con el Defensor del Menor de la RFAF, con el fin de denunciar los incidentes producidos durante el encuentro. En este caso, en su escrito señala que “nada más saltar la valla perimetral e intentar dirigirse a mi hijo, el padre de uno de los jugadores del equipo Puerto Malagueño, que es Policía Nacional, consigue interceptar al susodicho evitando cualquier acto violento, seguido por otros padres allí presentes”. Tras esto, le pide que se identifique, cosa “a la que se niega en todo momento”, puntualizando además que este (el policía que intervino) fue “represaliado por otros padres del Córdoba CF, y por el primer entrenador” del equipo blanquiverde, por lo que, tras ser retirado por los vigilantes de seguridad de la instalación, no pudo ser identificado.

“Tras insistir en la identificación del sujeto agresor, el primer entrenador indicado y más personal del Córdoba se niegan hacerlo, a pesar de que seguía en las inmediaciones del campo de fútbol, bastante nervioso, vociferando y con aspavientos hacía el público del Puerto Malagueño”, apostilla el escrito.

A tenor de todo lo narrado, este medio se ha puesto en contacto igualmente con el Córdoba CF, el cual, de momento, “no ha recibido ninguna notificación oficial”, aunque sí tienen constancia de que en el partido se detectó “un comportamiento contrario a los valores del Córdoba CF y del deporte”, por lo que “procedimos a la expulsión de un aficionado”.

El sindicato Ustea y la organización docente STES han dado a conocer los resultados correspondientes a la provincia de Córdoba del macroestudio estatal sobre las causas del malestar docente, un trabajo que pone de manifiesto el progresivo deterioro del clima de convivencia en los centros educativos públicos. Según los datos provinciales, el 86,75 % del profesorado encuestado en Córdoba asegura percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, frente a la media estatal, situada en el 83,15 %.

El estudio fue realizado durante el mes de noviembre de 2025 a unos 13.000 docentes de enseñanzas públicas no universitarias de todo el Estado. En el caso de Córdoba, los resultados reflejan una realidad preocupante alineada con la tendencia estatal, con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente.

Durante la presentación de los datos provinciales se ha subrayado que el 84,77 % del profesorado de Córdoba valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, en comparación con la media estatal (82,62 %).

En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 86,75 % del profesorado de Córdoba percibe un aumento de las agresiones verbales y en algunos casos físicas, percepción que se sitúa frente a la media estatal (83,15 %) y que evidencia un problema estructural que afecta también a los centros educativos de la provincia.

Agresiones por parte de las familias

Asimismo, el estudio indica que el 78,81 % del profesorado de Córdoba considera que se están incrementando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias, un dato que coincide con el promedio estatal (76,66 %) y que contribuye a incrementar la tensión diaria en los centros educativos de la provincia.

Ustea ha advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. “Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, señala. En este sentido, el sindicato añade que “la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales”.

Ratios elevadas, burocracia excesiva y falta de recursos

Otro de los ejes centrales abordados en la encuesta es el impacto de las condiciones estructurales en la labor docente. El 90,07 % del profesorado de Córdoba se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso.

A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que el 96,03 % del profesorado de Córdoba considera asfixiante y perjudicial para su labor docente. Todos esto datos se asemejan a la media estatal. “La burocracia también está devorando en Córdoba el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado”, ha puntualizado el sindicato, alertando de una situación cada vez más difícil de sostener.

El estudio refleja igualmente una profunda sensación de desvalorización profesional en la provincia. El 46,36 % del profesorado de Córdoba considera que las familias no valoran su trabajo. Además, el 92,72 % afirma que la administración no le respalda lo suficiente.

En el ámbito salarial, el 90,73 % del profesorado de Córdoba considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, mientras que el 88,08 % estima que el salario docente actual no es el adecuado. Los datos provinciales en estos aspectos coinciden con la media nacional obtenida en la encuesta.

Como conclusión, Ustea ha advertido de que solo el 60,26 % del profesorado califica su trabajo como digno, lo que evidencia el deterioro global de la profesión docente. La organización sindical ha alertado de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional.

Izquierda Unida (IU) ha dad o a conocer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas ha dictado sentencia absolutoria a favor del coordinador local de esta formación en la Colonia de Fuente Palmera, Francisco Javier Sánchez Guisado, conocido como “Figueroa”, tras la denuncia presentada por un militante del Partido Socialista (PSOE) por una supuesta agresión ocurrida tras la celebración de la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma.

En el comunicado, se expone que la resolución judicial considera que no ha quedado acreditada la existencia de agresión alguna, ni concurren pruebas suficientes que sustenten los hechos denunciados, quedando demostrada la falta de veracidad de la versión aportada por el denunciante.

Desde Izquierda Unida de la Colonia de Fuente Palmera se valora muy positivamente esta sentencia, que “viene a restituir el honor y la dignidad de nuestro coordinador local, así como a poner de manifiesto la utilización espuria de denuncias infundadas con fines políticos y personales”.

Por parte de Sánchez Guisado y de Izquierda Unida de la Colonia se van a adoptar cuantas medidas judiciales y políticas necesarias para la defensa y el restablecimiento del honor frente a aquellas manifestaciones y acusaciones realizadas por personas que, careciendo de fundamento alguno, pudieran haber constituido denuncias falsas o actos destinados a perjudicar su reputación personal y profesional intencionadamente, advierte la formación política.

“La verdad solo tiene un camino, por muchas mentiras que se digan o ruido que se intente hacer. Cuando se va de la mano de la honestidad, el trabajo y la humildad, se llega más lejos y con la conciencia y la dignidad intactas”, concluyen.

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha exigido este martes al alcalde, José María Bellido (PP), la “implantación inmediata de un sistema de conexión directa con la Policía Nacional y la Policía Local para los taxistas y conductores de Aucorsa, ante la escalada de agresiones que vienen sufriendo quienes prestan servicios públicos esenciales en la ciudad”.

Así lo ha manifestado la edil del PSOE en un comunicado en el que ha advertido de una “situación grave y sostenida que el gobierno municipal del PP está permitiendo con su pasividad”, y ello tras la “brutal agresión” sufrida por un taxista, que “ha llegado a perder parte de su dentadura”, y otros episodios recientes como amenazas con arma blanca a conductores de transporte público, “tal y como ha denunciado el propio sector” y explican desde el PSOE.

La citada concejal socialista ha remarcado que el PSOE “ya ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta, viable y contrastada”, la de “la instalación de un sistema de alerta directa, con geolocalización y comunicación inmediata con los cuerpos policiales, similar al que funciona desde hace años en otras grandes ciudades”. “No hablamos de botones simbólicos ni de sistemas que no conectan con la policía. Hablamos de seguridad real”, ha subrayado Mamen González.

La edil ha destacado además que la propuesta “cuenta con el respaldo del propio colectivo”, tanto de los taxistas como del comité de empresa de Aucorsa, “que ven imprescindible extender estas medidas a todos los profesionales del transporte público que trabajan de noche, en fines de semana o en situaciones de especial riesgo”, apuntan desde el PSOE.

La representante socialista ha agregado que mientras que el alcalde “se limita a declaraciones de condena, los trabajadores siguen saliendo a la calle con miedo”. “Eso es una irresponsabilidad política”, ha afirmado la portavoz socialista, que ha reclamado al gobierno local “recursos, planificación y voluntad política, no más excusas”.

Desde el PSOE defienden que “proteger a quienes garantizan un servicio público esencial no es una opción”, sino “una obligación”. “No pedimos privilegios. Pedimos que se actúe ya. La seguridad no puede seguir siendo una asignatura pendiente en Córdoba”, ha concluido Mamen González en esa línea.

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha emitido un comunicado en la tarde de este lunes tras conocerse la agresión sufrida por un compañero en la madrugada de este domingo, avanzada por este periódico.

“Desde Autacor elevamos la voz con indignación, rabia y una profunda preocupación para denunciar públicamente la última agresión salvaje sufrida por uno de nuestros compañeros. En la madrugada del 4 de enero, no solo intentaron robarle, sino que fue brutalmente golpeado, provocándole lesiones en la boca de tal gravedad que ha perdido parte de su dentadura”, describen.

“Otra más. Otra agresión que, desgraciadamente, no será la última. Este hecho no es un caso aislado. Es el síntoma de una situación insostenible que el colectivo del taxi sufre, especialmente, cada fin de semana”, denuncian.

Recuerdan que, “si bien fue hace apenas unas semanas, un conductor de Aucorsa fue amenazado con una navaja, hace dos fines de semana, le tocó a un taxista. La 'suerte' –si puede llamarse así– fue que en ambos casos la cosa no fue a mayores. Pero el simple hecho de vivir con el miedo a ser el próximo, de sentir que tu puesto de trabajo se convierte en una zona de riesgo, ya es más que suficiente para que las autoridades actúen con mayor decisión y contundencia”.

“¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto tiene que llegar la violencia? Nos duele, nos enfada y nos harta tener que seguir presentando denuncias mientras vemos cómo la sensación de impunidad crece”.

Por ello, desde Autacor “solicitan de forma urgente al Ayuntamiento de Córdoba que tome medidas efectivas ya. No valen más declaraciones de condena. Exigimos planes concretos, recursos y un compromiso real para proteger a los trabajadores que ofrecen un servicio público esencial a esta ciudad.Como venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, es imperativo que se reconozca la especial vulnerabilidad de quienes desempeñamos una función de servicio público. Por eso nos reiteramos en nuestra petición: que cualquier agresión a un taxista o conductor de Aucorsa en el ejercicio de su profesión sea considerada, a todos los efectos legales, como un atentado a la autoridad”.

“Sabemos que esto no hará desaparecer las agresiones –siempre habrá gentuza de esta calaña–, pero sería una medida de prevención crucial. Supondría que estos delincuentes no quedarían impunes con meras faltas, que las penas serían acordes a la gravedad de atacar un servicio público y que, en definitiva, dejaría de ser ”rentable“ agredir a un taxista o conductor de Aucorsa.

“No pedimos privilegios. Pedimos protección. Pedimos poder trabajar sin miedo. Pedimos que quien corresponda haga su trabajo para que nosotros podamos hacer el nuestro. La situación es límite. Y nuestro aviso es serio: no vamos a bajar la guardia en esta reivindicación. La seguridad de nuestros asociados no es negociable. ¡Basta ya!”, concluye el comunicado.

La Policía Local de Córdoba ha detenido a un hombre como presunto autor de la agresión sufrida por un taxista de la capital en la madrugada del pasado domingo 4 de enero.

Según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes policiales, los hechos se produjeron sobre las 6:30 del domingo, en el entorno del barrio Guadalquivir, hasta donde acudieron varias patrullas tras el aviso de la agresión sufrida por un taxista, al que golpearon causándoles distintas heridas.

Desde la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), su presidente, José Antonio Coca, constata estos hechos, aunque por el momento se desconocen más detalles de lo ocurrido. El taxista resultó herido y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.

La Guardia Civil ha detenido en Rute a un varón, vecino de la localidad, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia, otros dos de lesiones y otro de amenazas de muerte. 

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Rute, de que se habían producido dos robos con violencia e intimidación a la misma persona y con el mismo autor. El denunciante manifestó que el presunto autor lo abordó en plena calle en una primera ocasión, reclamándole más dinero por un trabajo realizado y ya abonado por la víctima, propinándole en un momento de la discusión un fuerte puñetazo en la oreja, amenazándolo de muerte y sustrayéndole el dinero efectivo que portaba en ese momento (30 euros). La víctima tuvo que ser atendido en el centro de salud de las lesiones sufridas en la agresión.

Pasadas unas horas, la víctima se cruzó de nuevo con el presunto autor en otra calle, volviendo a dirigirse hacia él reclamándole dinero, por lo que decidió coger su teléfono y llamar a la Guardia Civil, momento en el que el denunciado lo golpeó violentamente en la cabeza con un paraguas, además de arrebatarle bruscamente su teléfono móvil de la mano derecha y abandonando el lugar, causándole en la agresión nuevas lesiones por las que tuvo que regresar al centro médico para ser atendido una segunda vez.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos denunciados, fruto de las cuales, se logró la identificación y localización del presunto autor en el interior de un establecimiento de la localidad, momento en el que fue detenido como supuesto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, dos de lesiones y otro de amenazas.

Detenido y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer una presunta agresión ocurrida en la madrugada del pasado 20 de diciembre en un establecimiento de ocio nocturno situado en un local de Ronda de los Tejares, en Córdoba. Los hechos, que han sido denunciados, habrían tenido lugar entre las 04:30 y las 05:00 horas.

Según el relato del denunciante, facilitado a este periódico y que la Policía investiga, el incidente se originó cuando intentó acceder al local para reunirse con su pareja y unas amigas. El personal de seguridad le denegó la entrada alegando que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tras una breve discusión al intentar avisar a su acompañante para que abandonara el recinto, uno de los porteros supuestamente le propinó un puñetazo de forma sorpresiva en el rostro, lo que provocó que la víctima cayera al suelo impactando sobre su costado izquierdo.

El parte de lesiones emitido por el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios, también facilitado a este periódico, confirma que hubo impacto. El afectado presenta una fractura subcapital de húmero izquierdo no desplazada, que requiere un manejo conservador y seguimiento por traumatología. Además, el informe médico detalla una herida en el arco superciliar izquierdo, un hematoma en la zona ocular, laceraciones en el pómulo y la zona bucal, así como erosiones en la rodilla.

En la denuncia también se hace constar que la pareja de la víctima fue presuntamente arrojada al suelo por el personal de seguridad al intentar interceder durante la agresión. La víctima ha proporcionado una descripción detallada del presunto agresor y ha señalado a las autoridades la existencia de cámaras de videovigilancia en el interior y la zona de entrada del local que podrían haber registrado la secuencia completa de los hechos.

La Policía Nacional ya cuenta con el atestado correspondiente, el informe médico y las recetas de la medicación prescrita como parte de las pruebas para avanzar en la identificación de los responsables y el esclarecimiento del caso.

Un exempleado de los Cines Axion de Córdoba ha sido absuelto tras ser acusado de un delito leve de lesiones o maltrato contra una menor. Tanto el Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial han confirmado que la supuesta agresión nunca se produjo en base a los registros de las cámaras del recinto.

Los hechos fueron denunciados por la madre de una menor en febrero de este año, adjuntando un parte médico. La Policía Nacional investigó la denuncia, tal y como contó este periódico. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 2 ya en mayo absolvió al acusado.

Según esa primera sentencia, facilitada a este periódico, el 21 de febrero de 2025, tras finalizar la proyección de una película, la menor, de 12 años, y varios amigos permanecieron en la sala, que dejaron —según recoge el fallo— “como una pocilga, llena de restos de palomitas, chucherías, vasos y papeles”.

El trabajador se dirigió entonces a ellos visiblemente irritado, llamándolos “guarros y cochinos” y ordenándoles limpiar. Esa reacción generó “temor y obediencia” entre los niños, según constató el juzgado. Sin embargo, respecto a la acusación de agresión, el fallo fue tajante: el empleado “no empujó a la menor en ningún momento”.

La absolución se sustentó principalmente en la valoración conjunta de las declaraciones y, sobre todo, en el visionado de la grabación de seguridad. La menor había asegurado que fue empujada frente a la pantalla y que cayó al suelo entre ésta y las butacas. Sin embargo, el juzgado calificó la grabación como “contundente” y señaló que “nada de esto ha aparecido en las escenas”. Ante la falta de indicios que respaldaran su relato, se aplicó el principio constitucional de presunción de inocencia.

Confirmación de la inocencia en apelación

La abogada de la denunciante recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Córdoba, alegando un error en la valoración de la prueba. No obstante, la Sección Tercera desestimó el recurso mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, asumiendo íntegramente los hechos probados en primera instancia.

El tribunal destacó que la impresión directa del juzgador sobre las declaraciones y la prueba documental —en especial, las imágenes de las cámaras— no podía ser sustituida en segunda instancia. Ratificó además que la grabación no mostraba los hechos denunciados, motivo por el que la absolución resultaba ajustada al derecho a la presunción de inocencia. Contra esta resolución de la Audiencia Provincial no cabe ya ningún recurso.

Por su parte, la defensa del acusado ha anunciado que estudia “iniciar las actuaciones legales correspondientes frente a la denunciante para que se le restituyan sus derechos vulnerados y su dignidad personal y profesional”.

En este sentido, el letrado Enrique Montero Yllescas afirma a este periódico: “Tanto la denuncia como la publicación de la misma en prensa han provocado que mi cliente haya perdido su puesto de trabajo y haya tenido que abandonar la ciudad de Córdoba ante la imposibilidad de conseguir trabajar en lo que le gusta, el cine”.

Una discusión de tráfico que acaba en una pelea, trufada de insultos xenófobos y en un intento de atropello por parte de uno de los intervinientes. Los hechos fueron grabados por unos residentes del lugar, aunque no hay denuncia y, por el momento, tampoco investigación policial, pese a la dureza de las imágenes.

Según fuentes oficiales, la Policía Nacional tiene conocimiento de los hechos, que tuvieron lugar el pasado jueves 4 de diciembre a las 14:50 en las inmediaciones del Parque Juan Carlos I en Córdoba, aunque no llegaron a actuar ni los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ni la Policía Local, que sí que acudieron a la zona cuando los dos implicados se habían marchado.

También acudieron al lugar efectivos sanitarios, aunque tampoco llegaron a actuar por la marcha del principal afectado, un joven migrante que conducía el ciclomotor y que sangraba por la nariz, según indicaron los testigos al Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

El vídeo con las imágenes lleva desde ese día difundiéndose y la Policía sí que tiene conocimiento de todos los hechos a través de él, si bien aseguran que, al no haber denuncia oficial, no tiene capacidad para investigarlo, pues se desconoce el alcance de las lesiones. Dos días después, ni el principal afectado ha presentado formalmente denuncia, ni tampoco lo han hecho organizaciones o colectivos antirracistas.

Y este matiz es importante, dado que en el vídeo se escucha como el conductor del turismo llama “moro de mierda” en varias ocasiones al del ciclomotor antes y durante los hechos, que arrancan tras una discusión de tráfico entre ambos.

Una discusión que se inicia cuando el conductor del turismo le pide al de la moto que la aparte de la vía insultándole. “Tonto lava, quieres quitar la puta moto de aquí subnormal”, le espeta. El joven se baja de la moto y se acerca al coche, y en ese momento, el conductor del turismo le empuja, a lo que el conductor del ciclomotor responde pateando la puerta del turismo.

Es en ese instante cuando, según se ve en las imágenes, el conductor del coche le llama por primera vez “moro de mierda”, y, tras un primer enganchón, tira la moto al suelo. En ese momento interviene un viandante que parece frenar la trifulca. Sin embargo, de nuevo vuelven a pelearse, porque el conductor del ciclomotor se niega a quitar la moto de la vía. Es en ese momento cuando el conductor del turismo arranca el vehículo y golpea y tira el ciclomotor. El joven parece librarse del intento de atropello, aunque levanta las manos y se tumba en el suelo, delante del coche, negándose a quitarse de la vía.

En ese momento, el conductor del turismo sale de su vehículo y, al grito de “moro mierda” patea en la cabeza al joven (que en todo momento lleva el casco puesto), mientras está tirado en el suelo. Varias personas intervienen para parar la golpiza, a los que el conductor del turismo les dice: “Está interrumpiendo el tráfico el moro mierda”. A continuación, lo agarra y lo aparta de la carretera, mientras varias personas los separan. El vídeo termina con el joven del ciclomotor levantándose y reclamando a toda la gente que ha sido testigo de la trifulca. “Todos lo habéis visto”, espeta.