Ya es conocido por la sociedad que la empresa de reparto a domicilio Glovo inició un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a más de 800 trabajadores en toda España, pero aún se desconocía qué incidencia tendría en el sur de la Península Ibérica. Tal y como han confirmado fuentes a este periódico, los afectados en Andalucía ascienden a 220, incluyendo un jefe de flota regional. Entre las localidades damnificadas se encuentra Córdoba, donde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ya confirmó durante el mes de marzo a Cordópolis que la reducción de plantilla tendrá una incidencia directa. Unos despidos que ha provocado la decisión de irse a la huelga este mismo fin de semana.

Hace apenas un mes, CCOO explicó que Glovo aún no había presentado la documentación oficial detallando el número de salidas propuestas para los repartidores locales, pero sí que Córdoba estaba en el listado de ciudades afectadas. Según ha podido saber este periódico, más de una veintena de riders en la provincia cordobesa se quedarán sin empleo después de entrar en vigor este expediente.

Este ajuste forma parte de una estrategia nacional de Glovo para reducir su servicio en más de 60 localidades españolas, una medida que la empresa ha justificado en el pasado por la necesidad de “evitar su cierre” debido a complicaciones operativas y a una menor disponibilidad de la plataforma en ciudades medianas y pequeñas. No obstante, la aplicación mantendrá su actividad habitual en el resto de las más de 800 ciudades donde opera en el país.

Una huelga que se prolongará el fin de semana

Un problema que ha requerido la actuación en bloque. Y es que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía ha hecho un llamamiento a secundar activamente la huelga convocada este 24 de abril de 20:00 a 00:00, el sábado 25 durante toda la jornada y el domingo 26 de 12:00 a 16:00. El sindicato ha reclamado la retirada de las medidas “lesivas” para la plantilla, una negociación “real” y el respeto “efectivo” a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

CCOO ha apeladotambién a la ciudadanía andaluza para que durante los días de huelga “no realice pedidos a través de Glovo, como gesto de solidaridad con quienes sostienen el servicio y hoy están defendiendo algo tan básico como su empleo y su dignidad”. “No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad”.

800 trabajadores afectados

Este anuncio de ERE masivo —que a nivel nacional afecta a unos 800 repartidores— se produjo menos de un año después de que Glovo completara su transición a un modelo de repartidores asalariados. Este cambio fue impulsado por la aprobación de la ley rider en 2021 y la presión de la Inspección de Trabajo, que ha impuesto multas millonarias a la compañía por el uso de falsos autónomos. La cúpula de la empresa optó por la laboralización de su plantilla tras endurecerse el Código Penal con penas de prisión por la imposición de condiciones ilegales de contratación.

Por su parte, CCOO calificó la situación como un “ERE encubierto”, denunciando que la empresa ya ha ejecutado previamente despidos masivos superando los límites legales. Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado una postura firme a través de sus redes sociales, asegurando que el Gobierno no permitirá “ningún chantaje” y velará por el cumplimiento estricto de la ley, recordando que en España la actividad laboral debe ejercerse con plenos derechos.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha confirmado que Córdoba es una de las localidades afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado recientemente por Glovo. Aunque la empresa ya ha comunicado su intención de reducir la plantilla a nivel nacional, fuentes sindicales señalan que en el caso del territorio cordobés aún no se ha presentado la documentación oficial, por lo que todavía se desconoce el número exacto de salidas que se propondrán para los repartidores de la ciudad.

Glovo justifica este recorte masivo, que afecta a 750 repartidores, por la necesidad de reducir su servicio en más de 60 localidades para “evitar su cierre”. Según un portavoz de la empresa, la decisión responde a complicaciones operativas y a una contracción de la disponibilidad de la plataforma en ciudades medianas y pequeñas. Mientras tanto, la aplicación mantendrá su operativa habitual en el resto de las más de 800 ciudades donde opera en España.

Este anuncio llega menos de un año después de que la compañía completara su transición a un modelo de repartidores asalariados, abandonando el esquema de autónomos tras años de presión judicial y normativa, incluyendo la aprobación de la “ley rider” en 2021.

Reacción sindical y antecedentes

Desde CCOO a nivel nacional el pasado año denunciaron lo que consideraban un “ERE encubierto” debido a una sucesión de despidos previos. El sindicato ha anunciado que presentará una denuncia ante la Audiencia Nacional, argumentando que la empresa ya ha ejecutado despidos masivos que superan los límites legales sin seguir el procedimiento de un ERE oficial. Además, sospechan que Glovo pretende intensificar su modelo de subcontratación tras ejecutar estos despidos.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado en Bluesky que el Gobierno no permitirá “ningún chantaje” y garantizará que se cumpla la ley. Díaz ha recordado que en España “solo se trabaja con derechos”, en referencia a la protección que debe brindar la legislación actual a los repartidores.

La decisión de Glovo de pasar a un modelo asalariado el año pasado estuvo motivada, en gran medida, por un cambio en el Código Penal que castiga con penas de prisión la imposición de condiciones ilegales mediante la contratación de falsos autónomos. Tras años de multas millonarias por parte de la Inspección de Trabajo, la cúpula de la empresa optó por el modelo laboral para evitar procesos penales.

Luis empezó a trabajar como repartidor hace dos años como alternativa a la hostelería, con la cual ya no estaba contento. “Ser camarero es un trabajo muy esclavizado y el tema de repartidor no lo es tanto, podía huir de eso”, expone a Cordópolis. Aunque se ha topado con los aspectos negativos de ser rider: uno de ellos, sobrellevar el calor de Córdoba. “Cuando ha hecho 45ºC me he muerto”.

El cordobés trabaja en Uber Eats desde hace un año y sus primeras palabras al preguntarle cómo lleva trabajar con temperaturas tan altas son claras: “Me quemé, tengo los brazos y las piernas achicharrados y casi me da un golpe de calor”. Durante esta semana, sin ir más lejos, Luis ha estado trabajando –entre otras– durante las horas más punteras, de 12:00 a 16:00. Unas horas en las que los clientes demandan más pedidos porque encargan sobre todo sus almuerzos, pero con las que tienen que cumplir sus 30 horas. “Si nos ponen de 9:00 a 12:00 no hay nada”, señala.

A pesar de que el trabajador se desplaza en moto, cuenta que el equipamiento que otros compañeros como Antonio y Sergio –de Glovo– utilizan para sobrellevar las temperaturas a él no le sirve. “Eso depende de las personas, mi cuerpo desprende mucho calor hasta en invierno y en verano me muero”. Para los otros dos trabajadores, sus recorridos son más llevaderos gracias a estos equipamientos –y a que también ellos pueden decidir su horario–.

“El calor es como en todos los trabajos un elemento más, la cuestión es ir bien preparado”, indica Antonio. En su caso, utiliza una camiseta de manga larga transpirable que, según explica, “protege de los rayos del sol, se puede mojar y permite mantener una temperatura entre 5 y 10 ºC menos”. Por su parte, Sergio cuenta que es el único repartidor que porta protección de moto “de arriba a abajo”.

Ellos tienen la suerte de poder elegir su horario activando la aplicación que indica a los usuarios que están conectados. “En nuestro caso, si no quieres trabajar, te puedes quedar en tu casa echándote la siesta”, manifiesta Sergio. “Lo bueno es que activas la app y desde las 8:00 a la 1:00 decides la hora a la que te puedes conectar, no hay nadie que te diga nada ni te marque horas”, apunta Antonio.

Sin embargo, Luis no está en esta misma situación, sus horas sí que son establecidas por la empresa. Un horario que, en ocasiones, le pueden cambiar repentinamente. “Me lo han llegado a cambiar sin avisarme y lo reclamo pero no me contestan”.

Por otra parte, Luis denuncia que se les obligue a estar cerca de puntos altos de demanda desde el primer momento y no puedan esperar el primer pedido preparados en casa. “Es lo mismo que me vaya a un punto si luego me puede salir el pedido en la otra punta de Córdoba”. Según cuenta, hay compañeros a los que por esperar en casa se les ha penalizado con 15 días de suspensión de empleo y salario.

Y es que, teniendo en cuenta que en Córdoba se han alcanzado en las pasadas semanas temperaturas de hasta 45ºC, salir a la calle a las horas más punteras puede llegar a ser demasiado peligroso. “Hace dos semanas casi me da un golpe de calor, empecé a notar palpitaciones, empecé a sudar mucho y tuve que parar con un pedido para quedarme cinco minutos en un bar, pedir agua y sentarme”, explica Luis.

Sin embargo, los usuarios de estas aplicaciones parecen no ser conscientes de lo que puede suponer salir a repartir a estas horas –situación que se agrava para aquellos que se trasladan en bicicleta–. “A los clientes les da exactamente igual, y desde hace poco trabajamos con Supermercados Dia, imagínate cargar con el maletero del coche a tus espaldas porque la gente te pide 30 artículos”, detalla.

A veces, el recorrido lleno de esfuerzo y calor puede terminar con situaciones que llegan a ser desagradables. “Te piden cajas de leche, botellas... llevas más de 20 kilos y luego te dicen que se han roto unos huevos; un cliente me puso dedito hacia abajo porque se rompió una botella al ceder la bolsa y eso que hasta le limpié el rellano... ninguno se percata de lo que pasamos”, concluye. Un trabajo en el que los riders llevan más peso a sus espaldas además de el del pedido.

El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha estimado la demanda presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha declarado que la relación entre la empresa Glovo App 23 (Glovo) y 222 repartidores de la capital es de naturaleza laboral, según la sentencia dictada el día 19 de mayo y contra la que cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla.

El magistrado alude a la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de septiembre de 2020 que se pronunció en este mismo sentido al analizar la naturaleza de la relación entre empresa y repartidor, y considera que “existe un elemento clave que permite entender por qué Glovo tiene el poder de dirección y organización con respecto a todos los repartidores”.

La denuncia se interpuso en julio de 2020, meses después de que la Inspección de Trabajo abriera un expediente a Glovo por la situación de un total de 217 riders que realizan entregas en la provincia de Córdoba. La app de delivery comenzó a funcionar en Córdoba en junio de 2018, por lo que la relación contractual objeto de esta sentencia es anterior a la aprobación de la llamada Ley Rider.

De este modo, precisa que “hay que entender que más allá de poner en contacto establecimientos con repartidores, Glovo tiene firmado distintos contratos con los establecimientos que mayores servicios le reportan y que estos establecimientos tienen unos picos de demanda en determinados días y horas (sobre todo los fines de semana por la noche)”.

Al hilo, el magistrado añade que estos establecimientos “tienen el interés de que los repartidores adecuen su actividad a la demanda existente, y por ello firman con Glovo ”fases de reparto“ que son auténticos horarios de trabajo en los que se fija la necesidad de un mayor o menor número de repartidores en activo”, una realidad que la empresa demandada “conoce no solo por la información de su cliente partners, sino por los propios datos que maneja del uso de la plataforma”.

Así, y según indica el juez, Glovo “conoce la previsión de demanda para cada momento y para ello articula un sistema de selección de horarios que le garantiza que, a las horas de mayor trabajo, exista un número suficiente de repartidores en la calle”, a lo que agrega que “sí existe una libertad de conectarse por parte de los repartidores, pero ello es aparente, puesto que Glovo idea un sistema de calidad o valoración que premia fundamentalmente que te incorpores en horas de ”alta demanda“ y que tu actividad en esas horas sea la mayor posible, para lo que crea un sistema de autoasignación”.

El magistrado concluye que “si el trabajador no opta por estas horas y forma de trabajo (70% de su valoración), se ve relegado en la puntuación y pasa a no poder elegir en las primeras posiciones los siguientes horarios de trabajo, por lo que de nuevo vuelve a ser penalizado con menor puntuación”.

Poder de dirección y organización

A su juicio, “la libertad aparente del repartidor a la hora de elegir la franja horaria, si acepta pedidos o si los rechaza, no es tal, puesto que toda la valoración va encaminada a todo lo contrario, a que el trabajador realice su actividad en los días, horas y forma que le interesa a Glovo, y de no hacerlo, poco a poco irá reduciendo su puntuación hasta ”echarlo del sistema“”, por todo lo cual la empresa “mantiene el poder de dirección y organización propio de la relación de laboralidad que regula el artículo 1 del Estatuto del Trabajador, elemento que por sí solo hace declarar que la relación que une a las partes es de naturaleza laboral”.

En esta línea, el magistrado pone de manifiesto que concurren otros indicios de laboralidad, como la posibilidad de que el trabajo de los repartidores sea valorado por los clientes, la facultad de inspección de la actividad con recogida de quejas y geolocalizador y las instrucciones sobre cómo se debe desarrollar el trabajo (plazos, trato al cliente, distintivos corporativos o formación en seguridad vial, EPIs y seguridad e higiene), a lo que se suma que “es igualmente destacable las causas de resolución de la relación incluidas en los contratos suscritos, constituyendo un régimen disciplinario encubierto”.

El magistrado, asimismo, aborda el requisito de ajenidad ya tratado en la sentencia del Supremo y considera que las decisiones comerciales “son tomadas por Glovo previo acuerdo con los establecimientos, no contratadas entre el repartidor y el establecimiento”, de forma que el trabajador “no es un mero intermediario independiente, sino una pieza articulada por Glovo para poder cumplir los compromisos” con los establecimientos, indicando que “la ajenidad en los frutos es la que se aprecia de manera más definida”, ya que Glovo “hace suyos los frutos de la actividad del repartidor, cobrando directamente del cliente, para después quedarse con su parte de comisión y abonar lo correspondiente a la empresa y al repartidor”.

En este sentido, argumenta que la ajenidad en los medios “queda igualmente definida cuando el medio productivo esencial no es ni la motocicleta/bicicleta ni el teléfono móvil, sino la plataforma propiedad de Glovo y en la que deben de darse de alta los repartidores para iniciar la actividad”.

El magistrado, que considera que la prueba presentada por la defensa de la empresa “no desvirtúa ninguna de las consideraciones anteriores”, recuerda que, legislativamente, “se ha recogido que si las plataformas de intermediación ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital, la relación se presumirá laboral”.

“Y es lo aquí acontecido. La plataforma de Glovo asigna servicios conforme unos algoritmos que están diseñados por la previa valoración del repartidor, valoración que está condicionada a que el trabajador atienda a las indicaciones de organización del trabajo de Glovo para poder estar bien posicionado y poder continuar prestando servicios”, asevera el magistrado, que por todo ello estima la demanda presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y declara que la relación existente entre la empresa y estos 222 trabajadores es de naturaleza laboral.