La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha emitido un auto contra un padre, abogado de profesión, por su conducta procesal en un conflicto familiar relacionado con la escolarización de su hija. En el escrito, el tribunal no solo rechaza sus pretensiones, sino que lo condena en costas, declara temerario su comportamiento y le retira el depósito judicial.

El conflicto comenzó cuando el padre solicitó en julio de 2024 la intervención urgente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas debido a un desacuerdo con la madre sobre en qué colegio debía matricularse la hija común para el curso escolar 2024/2025. Ante la falta de acuerdo entre ambos —que ostentan la patria potestad compartida—, el juez otorgó a la madre la facultad exclusiva de decidir sobre la escolarización para ese curso, con el fin de garantizar el inicio del mismo sin perjuicio para la menor.

Disconforme con esta decisión, el padre interpuso un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Córdoba. Durante los meses siguientes, desplegó una intensa actividad procesal, presentando numerosos escritos, pruebas y alegaciones, incluso solicitando la inadmisión de pruebas propuestas por la parte contraria.

Sin embargo, apenas unos días antes de la vista, en marzo de 2025, decidió desistir del recurso, alegando que el curso escolar estaba a punto de terminar y que ya no tenía sentido discutir la escolarización. Esta retirada inesperada llevó a la madre a solicitar la condena en costas, por considerar el recurso como un ejercicio abusivo del derecho a litigar. El Ministerio Fiscal se sumó a esta petición, sugiriendo además que la conducta del padre podría calificarse de temeraria y advertía sobre la posibilidad de imponerle sanciones futuras si reincidía.

La Audiencia de Córdoba fue aún más firme: concluyó que el recurso carecía de fundamento desde el principio, que el padre actuó con una actitud obstinada y perturbadora, y que su comportamiento perjudicó no solo a la madre, sino también a la hija, al generar un conflicto innecesario que dificultaba su estabilidad.

En su resolución, el tribunal describe la actuación del padre como “claramente temeraria”. Además, recalca que el apelante —que se representaba a sí mismo como abogado— “debe saber” que la reiteración de procedimientos injustificados puede considerarse abuso de derecho procesal.

Por otro ello, la Audiencia lo ha condenado al pago de las costas del proceso, asumiendo los gastos legales en los que incurrió la madre, y ha ordenado la pérdida del depósito judicial al considerar improcedente su actuación. No le ha impuesto multas adicionales, aunque ha dejado claro que el comportamiento observado no se ajusta a los principios de buena fe que exige la ley.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 11 años, tres meses y un día de cárcel a una madre de Córdoba por abusar de su hijo, grabarlo en vídeo y mandar el archivo a su amante. La mujer había sido condenada por esta misma sección a 11 años, seis meses y un día de cárcel, pero la Audiencia ha estimado el recurso de revisión presentado por su defensa tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. Por su parte, el hombre ha sido condenado a 11 años de prisión y un día como autor por inducción de dicho delito. En su caso, había presentado un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, que lo ha rechazado.

Según la sentencia facilitada a este medio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la madre ha sido condenada como autora de un delito continuado de abusos sexuales y otro de pornografía infantil. Los hechos se enmarcan a finales de 2013, cuando los dos acusados contactaron mediante el portal de internet Milanuncios.com con la finalidad de mantener, en principio, relaciones relaciones sexuales de carácter virtual a través de dicho medio, con intercambio de imágenes y conversaciones en las que desarrollaban la fantasía de realizarlas físicamente. 

Estos contactos derivaron para la condenada en una auténtica relación sentimental, llegando a enamorarse del procesado, quien no tuvo otra intención que la ya mencionada, ocultándole su verdadera identidad y circunstancias familiares. La mujer pensaba verdaderamente en que llegaría a una relación afectiva estable una vez que se despejaran los impedimentos que él presentaba, más aún después de haber mantenido contactos físicos hasta en cuatro ocasiones. 

Por tal razón y ante el estado en el que se encontraba la mujer, llegó a desarrollar una cierta dependencia emocional como solución a los problemas que la acuciaban, después de haber soportado el suicidio de su anterior pareja, encontrarse sola y sin recursos, con un hijo menor, de seis años entonces, y ejercer al menos esporádicamente la prostitución. Según la sentencia, de esa situación se aprovechaba el acusado para continuar sus prácticas sexuales, físicas o virtuales, sin desvelar nunca su auténtico nombre y condición. 

Según la sentencia, en torno al mes de julio de 2014, el condenado le propuso que mantuviera relaciones incestuosas con su propio hijo menor y grabase el acto. Ante la inicial negativa de ésta, prosiguió su labor de convencerla, hablándole de la supuesta normalidad de tales prácticas y le indicaba la forma de hacerlo sin dejar huella en el niño. Además, invocaba arrestos o impedimentos laborales de su condición de militar, parcialmente revelada, como motivo para requerir los vídeos de cualquier clase (con otros hombres, zoofílicos o con su hijo) que le pudiera enviar y aliviarse de las tensiones que decía producirle esos hechos o su supuesta situación personal. 

La insistencia y ascendencia afectiva que el acusado, que persistía en sus falsas promesas, tenía respecto de la mujer dio sus frutos y al menos, en dos ocasiones, ésta, aprovechando que su hijo dormía, abusó de él y remitió al otro acusado las grabaciones de los hechos. Poco después, la relación se fue enfriando por parte del acusado con el argumento de una no constatada enfermedad terminal de su esposa, hasta que finalmente se rompió. Esto generó en la condenada el sentimiento de haber sido utilizada y engañada, lo que motivó que acudiera a un detective privado para que averiguase la verdadera identidad del condenado, hablar con él y reprocharle su conducta. 

En la entrevista sostenida con este profesional, la procesada reveló los hechos y lo autorizó para que los denunciase, aún advertida de las gravísimas consecuencias que el procedimiento tendría para ella, con afectación incluso de su condición de madre y su relación con el menor.  En la condena, la Audiencia tuvo en cuenta la atenuante de colaboración de la mujer, que aportó detalles que fueron decisivos para mantener la acusación.

Como penas accesorias para ella, la Audiencia ha impuesto la de inhabilitación absoluta y la específica de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela y guarda por tiempo de cinco años en atención a las condiciones en que el hecho se produjo y la volubilidad o incapacidad de la acusada en la protección de su propio hijo frente a sus propias motivaciones sentimentales o de otra índole que la aconsejan. Para los dos acusados se han aplicado las prohibiciones de comunicación por cualquier medio con el menor víctima de dicho delito y de aproximación a él, a su domicilio o cualquier lugar en que se encuentre, a una distancia no inferior a quinientos metros durante un periodo superior en cinco años a la duración de la pena privativa de libertad respectivamente impuesta. 

Además, la Audiencia se ha acogido a la petición formulada por el Ministerio Fiscal relativa a que los acusados no podrán acceder al tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la mitad de la respectiva condena privativa de libertad. Por último, los dos indemnizarán, conjunta y solidariamente, al menor en la cantidad de 30.000 euros y harán frente por mitad al pago de las costas procesales.

La Junta de Andalucía destinará 66.500 euros a Córdoba dentro de una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para “proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años”.

La convocatoria aparece recogida en una resolución, con fecha del 27 de julio de 2023, de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y recogida por Europa Press. Estará dotada con una partida presupuestaria máxima de 700.000 euros.

La cuantía total máxima destinada a financiar esta subvención se distribuye en partidas específicas para cada provincia andaluza, de forma que a Almería le corresponden un total de 58.100 euros; a Cádiz, 103.600; a Córdoba, 66.500; a Granada, 77.000; a Huelva, 42.700; a Jaén, 55.300; a Málaga, 135.450, y a Sevilla, 161.350 euros.

No obstante, la Junta aclara en esta resolución que esta distribución entre provincias “podrá ser posteriormente modificada por parte del órgano que efectúa esta convocatoria, en un acuerdo motivado adoptado con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes presentadas”. Además, precisa que los proyectos presentados para esta convocatoria “deberán tener un periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023”.

Relación de actuaciones subvencionables

Según se detalla en un anexo de esta resolución, se consideran actuaciones “subvencionables” con esta convocatoria de ayudas de la Junta proyectos de entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actuaciones que proporcionen “alojamiento” o “programas sociolaborales” a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años de edad, “con la finalidad de favorecer su autonomía personal y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social”.

También podrán beneficiarse de estas subvenciones proyectos de “servicios de atención inmediata para hijos de cero a tres años y a sus madres”, así como de “asesoramiento legal y/o atención psicológica” para dichas mujeres embarazadas y/o madres sin recursos con hijos de cero a tres años de edad; de “fomento de redes de apoyo entre mujeres”; de “formación y orientación educativa focalizada en la inclusión sociolaboral”, y de “orientación para la adquisición de competencias parentales y fomento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar”.

Procedimientos y plazos

Las solicitudes se presentarán en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía en el siguiente enlace https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml, y también podrán presentarse a través de la página de Presentación Electrónica General de la Junta, en la dirección 'https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimiento....

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde este viernes, 4 de agosto, el día siguiente al de la publicación en el BOJA del extracto de esta convocatoria.

Tramitación de urgencia

La Junta ha decidido además aplicar la modalidad de “tramitación de urgencia” para estas subvenciones, “debido a la importante atención que se presta a través” de ellas “a un sector de la población andaluza caracterizado por su especial vulnerabilidad, y la urgente necesidad de satisfacer esta asistencia”, según se señala en la resolución de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, desde donde se argumenta así que “existen importantes razones de interés público que aconsejan acordar la aplicación al presente procedimiento de subvenciones de la tramitación de urgencia”.

De esta manera, “se reducirán para la presente convocatoria a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones al amparo de la orden de 17 de septiembre de 2020, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos”, según aclara la resolución.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 17 años y medio de cárcel a una madre por un delito de agresión sexual y de trata de seres humanos después de vender a su hija de 12 años, casarla y permitir que otra joven la agrediera sexualmente para saldar una deuda de 4.000 euros.

La sentencia, facilitada a este medio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también ha condenado a otras cinco personas por estos delitos, entre los que se encuentran la pareja de la madre de la niña, la progenitora y los tíos del joven de 17 años con el que fue casada, así como el hermano de este último. La suma total de los años de prisión de estos seis procesados se eleva a 47 años y medio de prisión. En el acto del juicio oral, que se celebró la semana pasada, los acusados reconocieron los hechos.

En el mes de marzo de 2021, la menor, de 12 años, residía en un asentamiento en Córdoba, donde vivía con su madre, con sus dos hermanos más pequeños y con el novio de su progenitora. En estas fechas, la pareja tenía contraída una deuda con otro matrimonio por un importe de 4.000 euros.

Dado que este le reclamaba con insistencia el pago de dicha deuda, y como la madre de la niña y su pareja no disponían del dinero, puestos de común acuerdo decidieron que la menor fuera casada por su rito con otro menor, sobrino de la mujer que reclamaba el dinero. A su vez, la madre del joven aceptó el acuerdo, de modo que le pagó a la madre de la niña y a su pareja la cantidad adeudada que le entregó a sus acreedores. A cambio, una vez celebrado el matrimonio, la menor se desplazó con ellos a La Coruña para vivir juntos, imponiéndole de este modo un matrimonio forzoso.

La menor, que apenas conocía al otro joven, carecía de toda capacidad de decisión por su corta edad, lo que motivó que le impusieran la boda y pactaran que la celebración tendría lugar el tercer fin de semana de de marzo de 2021.

Para ello, el 19 de ese mes, la tía del menor se desplazó a Córdoba junto con él y un hermano de éste. Trajeron consigo el dinero y se encontraron con sus familiares en el asentamiento en el que residían. El día 20 de marzo, día previo al enlace, el novio de la madre de la niña comunicó a la menor que se casaría, manifestando ella su negativa en todo momento, si bien tuvo que ceder a sus exigencias. Después la trasladaron hasta la vivienda de dos de los acusados, en otro asentamiento, obligándola a permanecer allí esa noche, convenciéndola del matrimonio, “para así dejar de ser una carga para su familia”.

Fue agredida sexualmente para “comprobar su virginidad”

En la mañana del 21 de marzo se celebró el casamiento aunque, previo a ello, tuvo lugar otro ritual que, según sus costumbres, consistía en “comprobar la virginidad de la futura contrayente”.

Para ello, la tía y la madre del menor, con el consentimiento de esta última, presente en el acto, llevaron a la niña a una habitación en la que la desnudaron y le pusieron una falda blanca. El menor, guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, se acercó a la niña y comenzó a tocarla por todo el cuerpo, a pesar de que ella le rechazaba diciéndole “no me toques más”.

Sin embargo, el menor no se detuvo y, tras desnudarse, se echó sobre ella en una cama y trató de penetrarla vaginalmente, pese a la oposición de la niña. Tras varios intentos infructuosos, la tía del menor puso una manta en el suelo para facilitarle a su sobrino la penetración, quien volvió a intentarlo. Dado que la menor se resistía con piernas y brazos, se acercó de nuevo la tía del menor, esta vez acompañada de la madre del joven, y ambas inmovilizaron a la niña, pese a sus gritos. Así, el menor la agredió sexualmente y la niña sangró.

Entonces, las procesadas quitaron a la menor la falda blanca manchada de sangre y la mostraron ante los presentes en prueba de su virginidad. A continuación, se inició la celebración del enlace, entregando la madre de la niña y su pareja a los tíos del menor el dinero pactado que habían recibido de la madre del joven.

La menor fue traslada a La Coruña con la familia de su marido

Seguidamente, y cumpliendo con lo acordado, la niña fue trasladada a La Coruña para vivir con su marido en el domicilio de su nueva familia. Durante el tiempo en que la menor permaneció en esa casa, convivió con el joven como un matrimonio, si bien ella nunca prestó su consentimiento a mantener relaciones sexuales con él.

Sin embargo, fue sometida a los deseos de su marido y de su suegra, quien le retiró toda la documentación, obligándola a permanecer en el domicilio del cual no podía salir, a fin de garantizar el pacto económico al que llegaron con los otros acusados, evitando así que se pudiera escapar.

Por dicha razón, la menor estuvo vigilada en todo momento por su suegra, a la vez que le retuvo su pasaporte y su certificado de nacimiento. Finalmente, el 14 de abril 2021, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba rescataron a la niña tras entrar en la casa. La Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la menor.

Condenas

Por el delito de agresión sexual a una menor de 16 años, la madre de la niña, la tía y la progenitora del otro menor han sido condenadas, cada una, a 12 años y seis meses de prisión. La Audiencia Provincial también les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la niño, el domicilio o el lugar donde se hallare, no pudiéndose comunicar con ella por ningún medio, durante ocho años.

Asimismo, el magistrado les ha impuesto la pena de libertad vigilada consistente en la misma prohibición anterior y por el mismo tiempo, tras el cumplimiento de la pena de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela o acogimiento por tiempo de cuatro años e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo de 17 años y seis meses.

Por el delito de trata de seres humanos han sido condenados la madre de la niña y su pareja, los tíos del menor y la madre del menor a una pena de cinco años de prisión. A la madre de la niña le ha sido retirada su patria potestad.

Como cómplice de este delito, la Audiencia ha condenado a dos años y seis meses de prisión al hermano del menor que se casó con la niña.

Por último, todos los acusados deberán abonar conjuntamente a la víctima la suma de 12.000 euros por los daños morales sufridos, así como el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular. En otro procedimiento, el joven de 17 años fue condenado por un delito contra la libertad sexual, pena que está cumpliendo en La Coruña.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el TSJA.

Fin a la batalla judicial de un padre por conseguir las custodia de sus dos hijas, ambas menores de edad, que durante años han sufrido alienación parental por parte de su madre. Aunque los progenitores tenían la custodia compartida desde 2018, la madre solicitó más tarde la custodia exclusiva y eliminar cualquier régimen de visitas a favor del padre. El proceso judicial ha determinado finalmente que las menores se encontraban influenciadas por su madre, quien criticaba al padre continuamente y contra quien formuló denuncias de agresiones y maltrato contra las menores. Ninguna sentencia fue condenatoria.

Desde enero de 2018, y mediante una sentencia de divorcio, ambos progenitores tenían la custodia compartida de sus hijas. Sin embargo, en un momento dado, que no ha quedado determinado, la madre formuló una demanda de modificación de medidas solicitando la guarda y custodia en exclusiva, una pensión de alimentos de 250 euros para cada hija, gastos extraordinarios compartidos y ningún régimen de visitas, vacaciones y estancia del padre con las hijas y sí un régimen tutelado en el Punto de Encuentro Familiar y según indicaciones del servicio psicológico.

El padre contestó a la demanda y solicitó también la guarda y custodia a su favor pero, en este caso, solicitaba dos días de visita a favor de la madre, así como un régimen de visitas de fin de semanas alternos y vacaciones escolares a la mitad, una pensión de 100 euros para cada hija y gastos extraordinarios compartidos.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba llegó en noviembre de 2021, atribuyéndole la guarda y custodia de las dos niñas al padre con un régimen de visitas a favor de la madre en el Punto de Encuentro Familiar, condicionado todo ello a la evolución favorable que experimentara la hija mayor debido a la alienación parental que tanto ella como su hermana sufrían por parte de la madre.

Las niñas mostraban un discurso de rechazo hacia su padre aprendido de la madre

Según ha podido conocer este medio, la custodia exclusiva al padre se acordó de acuerdo al informe elaborado por un equipo psicosocial, con exploración de las menores y entrevistas e informes diversos sobre el grupo familiar. De todos estos informes consta que la madre fomentaba el rechazo de las menores hacia el padre y que estas estaban severamente, la mayor de ellas, y moderadamente, la más pequeña, influidas por la actitud de la madre, que cuestionaba y criticaba de forma absoluta al padre. Esto, señaló el juzgado de instancia, estaba afectando al desarrollo psicoevolutivo de las niñas, pudiendo tener serias secuelas en su vida posterior.

La alienación parental fue tal que la vinculación paternoflial se vio seriamente dañada por lo que ya, desde este juzgado, se recomendó a la hija mayor a acudir a la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba. El magistrado señaló que la voluntad de las menores era una custodia materna, pero no fue “determinante pues el informe psicosocial indicaba” que mostraban “un discurso aprendido, e importado, critico, y repleto de elementos de rechazo a la figura paterna”, por lo que no era “una voluntad objetiva y madura”.

Entre otro motivos, el juzgado de instancia también consideró que desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2020, la madre incumplió el régimen de la custodia compartida como consecuencia de las diversas denuncias presentadas por delitos de agresiones y maltrato a las menores del padre sobre las niñas. Unas fueron sobreseídas y de otras salió absuelto.

Frente a esta sentencia de instancia, la madre interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el que cuestionó la forma de realización del informe pericial y que el juzgado utilizó sus conclusiones para elaborar el fallo de la sentencia. Ante ello, la Audiencia rechazó sus motivos aludiendo de nuevo a la mala relación entre los progenitores, “que afecta de forma directa a sus hijas”, y a que durante el procedimiento, la madre trasladó su domicilio desde la capital a un pueblo de Córdoba.

Asimismo, la Audiencia defendió los informes presentados dado que fueron ratificados ante el juez, sometidos a contracción por las partes y elaborados por profesionales independientes. El magistrado recordó, aún así, que durante la vista  se han examinado a todos los afectados (padre, madre, hijas y familiares más cercanos) y se han reunido con los servicios sociales, con el equipo directivo del colegio donde estudian las menores y con el pediatra de las mismas.

Mejora de la hija mayor tras convivir con su padre

Según ha podido saber este medio, y así lo reflejó la Audiencia en su sentencia, apenas cuatro meses después del fallo de instancia, la Unidad de Salud Mental Infantil del Hospital Reina Sofía emitió un informe que indicaba que había disminuido “la conducta de agresividad verbal, desafío y oposición a las normas de la casa paterna” por parte de la hija mayor. Además, mantenía “un buen funcionamiento escolar y extraescolar, y una buena contención de irritabilidad y otros estados emocionales”. Aunque la niña continuaba mostrando un afecto negativo frente al padre, está contenido e interiorizado.

Además, el informe constaba que los episodios de ansiedad habían disminuido considerablemente y que la menor se sentía cuidada y cada vez más adaptada a la casa de su padre, aunque echaba mucho de menos a su madre. La niña llegaba incluso a destacar cómo su padre valoraba mucho sus buenas notas y resultados académicos.

A todo ello, la Audiencia añadió la conveniencia del mantenimiento de la residencia de las hijas en la capital, donde siempre han estudiado y tienen su círculo de relaciones, máxime cuando presentan estos problemas de integración y adaptación a los que hemos hecho referencia.

Pese a todo, la madre presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que, de nuevo, ha fallado en su contra y le ha impuesto el pago de las costas. Con esta resolución, la sentencia de instancia ha adquirido firmeza y contra ella no cabe recurso alguno.

Córdoba ha sido el escenario escogido para celebrar la XIX edición del Congreso de la Federación Española de Asociaciones pro-Lactancia Materna-Fedalma los días 6 y 7 octubre y el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna Almamar, de Córdoba, es el anfitrión.

Según la información facilitada a Europa Press por Almamar y difundida por Fedalma en su web, el congreso, que se desarrollará bajo el lema de 'Tejiendo redes por la lactancia materna', responde al objetivo general de Fedalma de establecer una coordinación general entre el centenar de asociaciones, grupos y entidades de apoyo a la lactancia materna de toda España que integra, para “proteger, promover y apoyar a la lactancia materna”.

De hecho, estas asociaciones se dedican a “la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna como estrategia de prevención para la salud. En este sentido y por su parte, Almamar tiene como misión ”aportar información contrastada y avalada científicamente sobre lactancia materna, en estrecha colaboración con profesionales de la salud“, a la vez que ofrece ”herramientas de apoyo a la familia para compartir y disfrutar de la experiencia que supone la maternidad y la crianza“.

A este respecto, Fedalma ofrece servicios de información y apoyo dirigidos a las mujeres que quieren amamantar a sus hijos y sus principales actividades son la celebración del su congreso anual, como el programado para los días 6 y 7 del próximo octubre en Córdoba, además de acciones englobadas en la Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM) y la formación a distancia.

De esta forma y desde su fundación en 2003, Fedalma da cumplimiento a sus finalidades, que son “defender el derecho de todas las mujeres a amamantar, y el derecho de sus hijas e hijos a ser amamantados, tanto tiempo como ambos deseen, y a recibir todo el apoyo social y profesional necesario para conseguirlo, fomentando la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y la conciliación de la vida familiar, social y laboral”.

En base a esto último, Fedalma, como organización integrada mayoritariamente por asociaciones de mujeres, recoge como propias “todas las acciones en pro de la igualdad, sin que suponga el menoscabo de la libre decisión de una maternidad y crianza consciente”, a la vez que impulsa “cualquier tipo de actividad dirigida a la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres”.

En definitiva, se dedica a “promover y organizar actividades, programas de actuación, cursos de capacitación, centros de recursos, trabajos de investigación, edición de publicaciones especificas y otras iniciativas encaminadas a dar apoyo a personas, grupos, asociaciones y entidades interesadas en la lactancia materna y a mejorar el apoyo a las mujeres”, y todo ello se evidenciará en la próxima edición de su congreso anual, previsto para primeros de octubre en Córdoba.

Un total de 265 bebés neonatos se han podido alimentar con leche materna gracias a las donaciones realizadas por mujeres al Banco de Leche Materna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Desde su creación en 2019, este banco ha recibido la donación de leche materna de 180 mujeres, según ha difundido el Hospital Reina Sofía. El centro ha mostrado un mensaje en redes sociales para animar a las madres a donar leche, explicando que pueden donar la cantidad de leche que deseen y durante el tiempo que decidan.

La producción de leche de las madres donantes suele aumentar, por lo que su propio bebé siempre tendrá leche suficiente, apuntan desde el hospital. Y precisan que el mejor momento para donar leche materna es a partir de la tercera o cuarta semana tras el parto.

El Banco de Leche Materna del hospital de Córdoba es uno de los tres que se encuentran Andalucía -los otros se ubican en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Virgen de las Nieves en Granada-. Esta leche va destinada a niños prematuros y a los que, por distintas circunstancias, sus madres no disponen de la leche necesaria para su alimentación.

Esta iniciativa no paró ni en pandemia, aunque sí que vio reducida su actividad por la disminución del número de mujeres donantes, quedando reducidas a mamás de neonatos y profesionales del centro que también eran donantes. El recurso forma parte del Servicio de Pediatría del hospital y está vinculado a la Unidad de Neonatos, que se encuentra ubicada en el nivel -1 del materno Infantil, junto al Lactario. Este dispone de una sala de espera para las donantes, así como de un espacio destinado a la conservación y el procesamiento de las donaciones.

La mayoría de bebés que se benefician de las donaciones son grandes prematuros, menores de 32 a 28 semanas de gestación. La leche donada pasa por procesos estrictos y controles de calidad para poder ser ofrecida a los recién nacidos. Se somete a un proceso de pasteurización que elimina la posibilidad de transmisión de microorganismos patógenos y se realizan controles microbiológicos tanto antes como después de la pasteurización. A ello se suman análisis para determinar el valor nutricional del alimento.

Las mujeres interesadas en donar leche materna pueden dirigirse al correo bancodeleche.hrs.sspa@juntadeandalucia.es o bien al teléfono 670 941 427.

El Banco de Leche Materna del Hospital Universitario Reina Sofía ha ayudado a salir adelante a 230 recién nacidos durante los tres años desde su instalación. En este tiempo, el centro hospitalario ha recepcionado un total de 875 litros de leche de 170 mujeres donantes.

El Banco de Córdoba es uno de los tres que se encuentran Andalucía - los otros se ubican en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Virgen de las Nieves en Granada-. Esta leche, según ha detallado la la delegada de Salud y Consumo en funciones, María Jesús Botella, va destinada a niños prematuros y que “por distintas circunstancias sus madres no disponen de la leche necesaria para su alimentación”.

El proyecto, según ha explicado la directora gerente del Reina Sofía, Valle García, no paró ni en pandemia. Aunque sí que vio reducida su actividad por la disminución del número de mujeres donantes, según ha señalado la responsable de Neonatología y coordinadora del Banco de Leche, María José Párraga. “El número de donantes activas quedaron reducidas a mamás de neonatos, profesionales del centro que también eran donantes”, ha expuesto.

El recurso forma parte del Servicio de Pediatría del hospital y está vinculado a la Unidad de Neonatos, que se encuentra ubicada en el nivel -1 del materno Infantil, junto al Lactario. Este dispone de una sala de espera para las donantes así como de un espacio destinado a la conservación y el procesamiento de las donaciones.

La mayoría de bebés que se benefician de las donaciones son grandes prematuros menores de 32 y 28 semanas, según ha aclarado Párraga. Debido al estado de debilidad en el que se encuentran estos recién nacidos “cualquier donación es buena”, ha indicado la responsable. Y es que “un gran inmaduro de 800 gramos o 27 semanas, empieza con dos centímetros de leche”.

Por su parte, la responsable de Conservación y Procesamiento del Banco, Katerine Flores, ha expuesto que han sido 553 veces las que la leche donada ha pasado por procesos estrictos y controles de calidad para poder ser ofrecida a los recién nacidos. Flores ha agradecido a las madres por su “generosidad infinita” por volcarse con la causa. responsable proceso tecnológico en el banco de leche.

Flores ha explicado que “la leche donada se somete a un proceso de pasteurización que elimina la posibilidad de transmisión de microorganismos patógenos”. Además, se realizan controles microbiológicos tanto antes como después de la pasteurización“. Controles a los que se le suman análisis para determinar el valor nutricional del alimento

El caso de dos donantes

Andrea y Marta han sido madres en dos ocasiones cada una, y en esta última han sido donantes de leche. Andrea, ha contado que se enteró gracias a un taller de lactancia virtual en el que le enseñaron “la importancia de la leche materna y de los beneficios que tenía para los bebés prematuros”. Lo que le hizo no dudar en hacerse donante cuando tuvo a su segundo hijo.

En el caso de Marta, neurocirujana del mismo centro, no dudó en hacerse donante también con su segundo hijo. Según ha contado fue porque durante su jornada laboral necesitaba amamantar a su hijo pero no tenía el tiempo suficiente entonces comenzó a hacer uso del lactario. “Al tener la necesidad y existir el banco de leche vi la mejor oportunidad para donar”. Una manera de ayudar a otros bebés al mismo tiempo que a su propio hijo.

Por último, Andrea que de fuera de la ciudad, ha resaltado la comodidad y facilidad a la hora de la entrega ya que “había profesionales que me han recogido la leche en casa o gente que ha venido a Córdoba y no le ha importado traérmela”. Además, “siempre surge la oportunidad para venir a Córdoba”. Esto le ha facilitado alargar el periodo de participación con el Banco de Leche durante unos 8 o 9 meses, según ha contado.

El pasado fin de semana ha tenido lugar en Córdoba el encuentro “Ponle Cara”, organizado por la Asociación Madres Solteras por Elección, coincidiendo, además, con el Día de la Familia. Unas 30 personas, entre madres e hijos, se reunieron para abordar temas como la importancia de asociarse y ser más fuertes de cara a conseguir los tan ansiados objetivos de igualdad respecto a otros modelos de familia, según señalan en un comunicado.

“Ha sido un encuentro presencial que se hacía necesario, tras la pandemia. Muy cercano, acogedor y amistoso. Escuchar las necesidades de las socias y sus familias en primera persona, por fin, nos devuelve a la normalidad previa”, explicaba Maritina Gamero, delegada de Andalucía de la asociación. Por eso, no es de extrañar que el encuentro tuviera ese cariz familiar. “Hemos dejado atrás el formalismo del power point para compartir experiencias, necesidades y reinvindicaciones de nuestras familias monoparentales y otras diversas, socias y no socias”, puntualizaba Gamero. Y es que la cita ha cumplido también con el objetivo de atraer a otras mujeres que aún no son socias.

En el plano reivindicativo, se han explicado las medidas urgentes en las que se centra la asociación: permisos igualitarios, bono social, ingreso mínimo vital, equiparación a familias numerosas, revisión IRPF, ley vivienda y de haciendas locales. 

Desde la organización del evento agradecen la predisposición y el trato ofrecido por el Imgema por la cesión gratuita del Aula de la Naturaleza con personal de apoyo, así como a Sadeco por el taller gratuito impartido a los niños.