La delegación cordobesa de Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdha Córdoba), que reconoce todos los años a personas y colectivos de la provincia que destacan en la defensa de los Derechos Humanos, ha decidido premiar este año a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros, por su trayectoria en el fomento de una ciudadanía activa en defensa de sus derechos y una participación democrática de base en la ciudad de Córdoba.

Así lo ha indicado Apdha Córdoba en una nota en la que ha detallado que el acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en la sede de la asociación en la barriada de Valdeolleros. Al colectivo le contemplan casi 50 años de historia, ya que nació oficialmente en 1976.

En este tiempo “muchas luchas se han impulsado desde la asociación, como los 23 años de tesón para conseguir el parque de la Asomadilla o el Plan Renfe, que incluso llevo a la imputación ante el Tribunal Supremo a algunos de sus miembros simplemente por ejercer su ciudadanía activa”, han señalado desde Apdha, que han apuntado que “otras conquistas muy trabajadas fueron el centro de salud, el polideportivo o Sala de Barrio, el centro de mayores, el centro cívico norte, o la construcción del instituto Ángel de Saavedra”.

Una de las principales razones de estos éxitos fue la capacidad de unidad de todos los colectivos del barrio: Asociación Vecinal, Centro de la mujer, Parroquia, Juventud Obrera Cristiana, Ampas, peñas, la Coordinadora de Enseñanza y Consejo de Distrito Norte.

Con el paso del tiempo nuevos desafíos han llegado a la barriada y han pasado a ser prioridades de la asociación, entre ellos están los “problemas de vivienda como los desahucios, el nivel de desempleo, los recortes en sanidad, la aporofobia hacia algunas partes del barrio o vecinos, además del individualismo y el aislamiento respecto a los demás que el sistema nos quiere imponer”.

En gran medida, gracias a la incorporación de mucha gente joven, el colectivo se ha adaptado a esos retos para seguir tratando de concienciar, además de denunciar y reclamar los derechos para las personas que habitan el barrio y hacerlo más habitable.

En esta nueva etapa, han seguido apostando por el trabajo en red con el resto de entidades sociales de la ciudad. “Tras el 15M, fueron los primeros en dar cobertura a la comisión que salió de Stop Desahucios en los barrios, además implantar el primer punto de información de la organización. También le han dado cobertura en su local a YayoFlautas, a la Coordinadora de Mujer de Valdeolleros, a la Mesa de Convergencia y Acción, a Juventud x el Clima, a la Red de Defensa Transfeminista (la RATA), a la Coordinadora en Defensa de las Pensiones, e incluso el grupo de baile de mujeres ecuatorianas”, ha resaltado Asociación Pro Derechos Humanos.

En la actualidad están realizando campañas sobre “la necesidad de refugios climáticos en el barrio (piscina pública, centro cívico norte y parque de la Asomadilla), sobre los recortes en servicios públicos como la limpieza, sobre la bajada de precio de los alquileres, las consecuencias que tienen los locales convertidos en infraviviendas y están inmersos en preparar una campaña sobre el centro de salud”. Además, cada año mantienen el cine de verano en la plaza Valdeolleros y la semana cultural, que en la última ocasión sirvió para hacer memoria histórica del barrio.

Por todos estos méritos, fue “una decisión sencilla” para la Apdha otorgar su reconocimiento a “los compañeros de la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros mediante la concesión del Premio de Derechos Humanos de 2025”.

Será uno de los protagonistas del evento organizado por la Subdelegación de Gobierno en Córdoba con el que se pretende homenajear los 50 años de libertad en España. José Perea, diseñador de Hinojosa del Duque, se ha hecho un hueco gigante en la moda gracias a su creatividad desbordante que podrá verse en directo el próximo jueves en esta cita, que se desarrollará a partir de las 19:00 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO).

PREGUNTA (P). ¿Qué supone para ti participar en un evento como este por su trascendencia política tan importante?

RESPUESTA (R).  A mí me encanta crear y me fascinan los retos, así que me parece increíble que cuenten con el talento joven, sobre todo con el cordobés y con el que hay en los pueblos pequeños de Córdoba, porque Córdoba no es solo la capital. Y más allá de algo político, me parece que es algo creativo, increíble, que puede tener una repercusión importante.

P. ¿Qué es para ti la libertad?

R. Aunque, por suerte, me he criado en una generación en la que es más fácil ser libre, tampoco está todavía conseguido. Supone algo importante, incluso hasta casi para mi carrera, porque quién le iba a decir a ese niño a quien en el colegio le llamaban tantas veces mariquita o maricón que muchos años después iba a conseguir su sueño, que era vivir del mundo de la costura y, sobre todo, estar en un evento que también es importante para el colectivo LGTBI. Soy un diseñador que lleva por bandera los derechos LGTBI. Es como una suma de algo que me encanta y que si me lo hubieran contado hace muchísimos años, pues probablemente no me lo hubiera creído.

P. Y de estos 50 años en libertad, ¿qué acontecimiento político o social destacarías?

R. Ummm, no sabría decirte. Me quedaría con haber conseguido tener muchos más derechos, no solo el colectivo, sino también las mujeres. Me he criado con mi madre y mis dos hermanas, y soy una persona que pertenece al colectivo. Entonces, destaco en primera persona lo que más me toca a mí, que es, por ejemplo, los derechos feministas que se han conseguido y también para el colectivo.

P. ¿Cuánto queda por hacer en ese sentido?

R. Nos queda, sobre todo, coger impulso para no mirar para atrás ni retroceder, para que lo que se ha conseguido tenga mucho más cimiento.

P. ¿Cómo influye tu historia, tanto personal como colectiva, en tu forma de diseñar?

R. Soy un diseñador autodidactas y que crea por impulso. Me encanta empezar una colección y casi terminarla en la misma semana. Soy hipermega hiperactivo también creando. Entonces, es súper importante para mí lo social y lo personal. Es decir, lo que estoy viviendo en el momento, se ve muy plasmado muchas veces en mis colecciones. Si estoy a tope de energía, siempre hago un guiño hacia los colores, el volumen, los volantes y la alegría. Si estoy en una etapa más triste o, incluso, nos acercamos a la Semana Santa, en mis colecciones se ve siempre un estilo más dramático. Lo que pase en la sociedad o lo que me esté pasando a mí personalmente se ve plasmado en mis colecciones.

P. ¿La moda debe ser un espacio para reflexionar un poco sobre quiénes fuimos y hacia dónde queremos ir como sociedad?

R. Bueno, al final cada creativo creo que plasma su forma de ver la vida o su manera de representar su arte en lo que hace, no solo en lo que es la moda, sino en la pintura, el teatro, el cante... Por mi parte, te diría que sí al 100%.

P. ¿En qué va a consistir tu participación?

R. Haré un diseño con un tope máximo de dos horas donde se vea plasmado mi arte, fusionándolo con los 50 años de libertad. Haré un vestido que tendrá mucho volante y, de una forma u otra, también hará un guiño a los Patios de Córdoba. He escogido esta temática porque, al final, esas macetas tan típicas que están colgadas en las paredes blancas son de colores. Y qué mejor forma de representar lo que para mí es mi forma de entender la libertad si no es a través de muchos colores.

P. ¿Por qué te inclinaste, en un momento de tu trayectoria, a hacer diseños express?

R. Me gusta demostrar a la gente que uno de mis mayores talentos o capacidades es el poder crear vestidos en 15 minutos. Tras mi paso por Maestro de la costura en Argentina, que no tiene nada que ver con el formato español -aquí se graba y luego se edita y se emite, pero en Argentina es en directo-, me di cuenta de mi capacidad para crear diseños en tiempo récord, y casi te podría decir que con un acabado perfecto como para ser puesto. Me gusta, además, que vivamos en una generación en la que es mucho más fácil a través de las redes sociales mostrar el talento y que se haga viral. Quería mostrar, pues, una de mis capacidades que no está tan vista, que es la de poder crear un vestido en directo en cuestión de 10 y 15 minutos, o una hora, y que pueda salir en pasarela o, incluso, lucirse en la calle.

P. ¿Contigo se cumple esa premisa de que nadie es profeta en su tierra?

R. Para nada. De hecho, acabo de hacer la primera pasarela de Julio Romero de Torres y la he cerrado como diseñador invitado en Córdoba. Siempre me he sentido un diseñador superinspirado por nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra historia, por Julio Romero de Torres, la feria, la Semana Santa... Y siempre me he sentido muy querido en mi tierra. De hecho, estuve la pasada semana en la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba y era un orgullo ver ese pabellón lleno de gente viendo cómo estaba cosiendo un diseño en homenaje al jamón ibérico. Así que, para nada. Yo siempre me he sentido profeta en mi tierra y me encanta coser o hacer eventos o desfiles en Córdoba.

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba han presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía instándole a que investigue la campaña “tránsfoba” ubicada en marquesinas municipales gestionadas a través de una concesión administrativa.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, lamentó que esta campaña suponga “un nuevo señalamiento” no directamente de Vox, pero sí cree que de asociaciones “que puedan estar en el entorno de su influencia”. Ambas formaciones, así como asociaciones como Todes Transformado y Arco Iris, piden que el Ministerio Público investiga si esta campaña estaría incurriendo en un delito de incitación al odio.

Hurtado calificó la campaña como una acción “que trata de estigmatizar al colectivo trans” y mostró su incomprensión “ante cómo se ha podido posibilitar su exposición en mamparas que son servicio público municipal”. “No se puede admitir, por parte del Ayuntamiento, la exposición de este tipo de campañas que son claramente ofensivas, que vulneran el derecho al honor, en este caso de un colectivo vulnerable y yo, incluso, diría que es el más vulnerable de nuestra sociedad”, aseveró.

El portavoz del PSOE recordó que el colectivo trans “sufre violencia constantemente en diversos ámbitos y que necesita una protección especial”. Ante la falta de un observatorio municipal de lucha contra la discriminación, Hurtado subrayó que su partido, Hacemos Córdoba y los distintos colectivos LGTBI ejercerán esta labor desde el ámbito político, siendo esta denuncia una prueba de ello.

Por su parte, el concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz Morales ha lamentado que el alcalde, José María Bellido, no sea capaz “de eliminar estos mupis del odio y de la vergüenza que atacan directamente al colectivo trans”. Ruiz Morales enfatizó que esta campaña“ estigmatiza a un colectivo castigado, perseguido y criminalizado por la sociedad, y que es hora de ponerlo en primera línea de protección y no de batalla”.

En este sentido, señaló directamente al alcalde “como uno de los grandes responsables de que la campaña siga en las calles por no haber actuado y por ponerse de perfil. Asimismo, criticó ”la contradicción del alcalde al hablar de una Córdoba libre de LGTBIfobia en la Mesa de la Diversidad y luego no actuar ante esta campaña“. Agradeció la presencia de los colectivos LGTBI de Córdoba, que demuestra la unión ante el daño causado al colectivo y anticipó que en las próximas mesas de diversidad plantearán campañas ”más transgresoras“ que muestren la verdadera cara de Córdoba frente a lo que ”la Asociación Católica eh publicitaria quiere hacer“.

Preguntado sobre las declaraciones de la delegada de Igualdad, Marian Aguilar, quien se desmarcó de la campaña, Hurtado se mostró “incomprensible” ante su postura, señalando que demuestra una falta de gestión ante la situación. “Desde luego, no están a la altura de lo que se necesita a nivel social en pro de la defensa de la igualdad y que al no estar a la altura, tenemos que estar otros”, sentenció.

En el acto previo a formalizar la denuncia, la asociación LGTBHI de Córdoba mandó un mensaje a la asociación católica presuntamente responsable, recordando la importancia de “amar al prójimo como a ti mismo”. Desde Arcoiris Andalucía, expresaron su apoyo a la denuncia y su firme oposición a este tipo de mensajes “tránsfobos” y ataques contra el colectivo, asegurando que los tendrán “siempre enfrente”. Además, un representante del pub Glam, un punto de encuentro habitual para el colectivo LGTBI en Córdoba, compartió cómo este tipo de amenazas les afecta directamente y denunció la permisividad del Ayuntamiento al permitir su exhibición en medios públicos, lo que atenta contra sus derechos.

Ya lo dijeron en 2022 y, tres años después, se seguirán produciendo en Córdoba los “rezos” de grupos ultracatólicos, autodenominados provida, a las puertas de la única clínica que realiza abortos en la provincia cordobesa, Gynetrisur. Según ha podido conocer este periódico, los voluntarios ya se están organizando para iniciar la campaña 40 días por la vida, que comenzará el próximo 5 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, y finalizará el 13 de abril.

Amparados en la libertad de expresión y en que los participantes “solo rezan” -tal y como aseguran-, como en anteriores ocasiones, para el próximo mes de marzo se están organizando en turnos, de 9:00 a 20:00, para que no haya ni una sola franja horaria sin cubrir. Hasta el año pasado, los “rezos” se realizaban hasta las 21:00-. Además, los grupos siempre son de menos de 19 personas para evitar solicitar un permiso a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En 2022, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sufrió una modificación para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma incluyó, incluso, una pena de prisión de tres meses a un año a quien acosara “a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Sin embargo, esta reforma no impide que grupos ultracatólicos se sigan concentrando ante esta clínica de Córdoba, y por toda España, para llevar a cabo estas acciones para “proteger al no nacido”.

Es decir, para que las mujeres que allí acudan no ejerzan su derecho al aborto. Por tanto, rezar a las puertas de las clínicas abortivas no es delito, siempre y cuando las personas que secundan esta campaña no obstaculicen la entrada o impidan a las mujeres acceder a estos centros sanitarios.

Tras esta reforma, quienes están detrás de esta campaña nacional facilitaron a sus voluntarios una “declaración de paz” para evitar que sus acciones puedan catalogarse como acoso. Además, para la presente campaña -que se llevará a cabo en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Burgos, Bilbao o Málaga-, sus promotores han difundido un protocolo de actuación en el que se pide que los participantes de cada turno se conozcan previamente y eviten cualquier tipo de conversación con otro tipo de personas.

Asimismo, el protocolo establece que, en caso de agresión verbal, los participantes no deben “responder y seguir rezando”, además de llamar a la Policía o grabar si se produce una agresión física. En Córdoba, en anteriores campañas se han producido altercados menores por quienes las rechazan por lo que, sabedores de esto, los promotores defienden que lo que hacen es “rezar y no acosar”, y que “la opinión subjetiva y particular de los viandantes o de las personas que trabajan en el abortorio no decide quién comete o no delitos”.

De hecho, tras la reforma de la ley, estos grupos provida manifestaron que “con las prácticas habituales” que realizan “es casi imposible” demostrar que cometen acoso “por la falta de interacción de los orantes”.  Por tanto, los organizadores no reconocen que, aunque no interactúen con las mujeres que acuden a estas clínicas -según ellos-, sus actuaciones suponen acoso. “La recomendación de nuestros abogados es la de seguir con nuestro comportamiento habitual. Esta ley no va con nosotros”, aseguraron. Quienes participan en esta campaña defienden a capa y espada que no acosan a nadie y que tan solo ofrecen información a quienes se interesan.

En una plaza donde tantas veces ha podido verse a Julio Anguita, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha presentado este jueves en La Corredera de Córdoba el acto que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid para presentar Convocatoria por la Democracia, “una llamada a la gente progresista y de izquierdas ante el deterioro de las instituciones democráticas, y para construir un proyecto de país”. Esta iniciativa enlaza “con el legado de Julio Anguita”, quien esta jornada cumpliría 83 años y quien puso marcha hace 40 años Convocatoria por Andalucía.

En este primer acto, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, participará la exdirigente de Sumar, María Eugenia Rodríguez Palop, y la abogada y excandidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que también fue portavoz de vivienda de Sumar en la última campaña a las elecciones generales. Concretamente, habrá una mesa sobre Economía de los Cuidados ante la Crisis Ecosocial en la que participará Rodríguez Palop, que también es profesora universitaria; Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO; Toni Morillas, concejala del Ayuntamiento de Málaga y exdirectora del Instituto de las Mujeres; Jorge Riechmann, militante ecologista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y Alberto Coronel, representante de Rebelión Científica.

A su vez, se desplegará otro debate titulado Democracia con Derechos con las intervenciones de Alejandra Jacinto, que ejerce de abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES); Rafael Pérez, exalcalde de Buñol y responsable federal de Política Municipal de IU; Erik Guerrero, en representación del Frente Migrante; Amaya Oliva, jueza de lo Social y representantes de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, y Javier Muñoz, representante del Consejo de la Juventud de España. Se abordará, también, la gestión de los recursos energéticos y naturales, y cómo España debe continuar en la senda de ser un país de acogida.

Con todo ello, Convocatoria por la Democracia busca plantar una ofensiva “contra la derecha y la extrema derecha” a través de encuentros en todas las comunidades autónomas, hasta los próximos meses de abril y mayo, en los que se hará “un proceso participativo con aportaciones y soluciones de país”, ha apuntado Maíllo. Todas ellas se plasmarán en un manifiesto que “será una llamada a la esperanza, al optimismo y un basta ya del matonismo de la derecha, para evitar que la ola reaccionaria se siga extendiendo por España”.

Sobre el futuro de Convocatoria por la Democracia, Maíllo quiere que “sobrepase a IU, por lo que iremos a pueblos donde haya gente que no se sienta identificado con ningún partido”, aunque no ha confirmado que tenga en estos momentos un objetivo electoral. Eso sí, El coordinador federal de IU sí ha asegurado que el manifiesto resultante de esta Convocatoria por la Democracia “se ofrecerá a organizaciones políticas” en busca de una posible unidad.

Maíllo ha querido evitar “el salseo de la política”, tal y como ha afirmado él mismo, y ha asegurado que las relaciones con Sumar y Yolanda Díaz están “bien” y más después de la elección de la nueva portavoz de este grupo político en el Congreso de los Diputados tras al caso Errejón. “Es un ejemplo de lo que hay que construir: acuerdos por consenso y decisiones que nos implican a todos. Se puede iniciar una nueva etapa en la que desarrollemos una labor de acuerdo y síntesis. Creo que eso es lo que nos hace que nos impliquemos todos y tiremos para adelante en estos momentos”, ha concluido el coordinador general de IU“.

Varios profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) se han desvinculado públicamente de la organización por parte de Área de Derecho Constitucional  de unas conferencias a las que se ha invitado a participar una empresa vinculada con los ataques que está sufriendo Palestina.

Ecologistas en Acción-Córdoba había denunciado “la falta de sensibilidad de la Universidad de Córdoba” y explicaba que el próximo día 21 de octubre, en el seno de unas conferencias organizadas por profesores del Área de Derecho Constitucional de la UCO, impartirá una conferencia el principal responsable de la empresa ubicada en Rabanales 21, -Escribano Mechanical and Engineering-. Esta empresa actúa como filial de la empresa israelí Elbit System y esta última “es una de las principales abastecedoras de armas al ejército genocida de Israel”. “Esta empresa, y por extensión Escribano Mechanical se vanaglorian de que sus armas han sido probadas en combate. Entiende por combate el brutal asesinato de decenas de miles de personas indefensas en Palestina y El Líbano”, denunciaban.

Ante esto, profesores de la Universidad de Córdoba como Carlos Arce, Ángel B. Gómez Puerto, Octavio Salazar y Pablo Rabasco se han desvinculado de la organización de estas jornadas y la invitación a dicha empresa.

“Evento del que discrepamos”

Carlos Arce, profesor del Área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba, ha aclarado que “ni yo ni otros compañeros del área de Derecho Constitucional de la UCO tenemos ninguna vinculación” con las jornadas previstas, “habiendo discrepado respetuosamente de la oportunidad de la participación de alguno de los ponentes invitados por su intervención, directa o indirecta, en la hecatombe bárbara para los derechos humanos y la dignidad humana que se está produciendo en Palestina y Líbano”.

En el mismo sentido, el profesor doctor del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Ángel B. Gómez Puerto también ha emitido un mensaje público en el que se desvincula de esta iniciativa y asegura que “varios profesores de Derecho Constitucional” de la facultad de Derecho de Córdoba “no hemos participado ni en el diseño ni en la organización de estas jornadas”.

Por su parte, el profesor Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, también expone en sus redes sociales un mensaje parecido: “Ni yo ni otros compañeros tenemos nada que ver con este evento del que discrepamos”.

Podemos pide la expulsión de Escribano de este evento

Sobre este asunto también se ha pronunciado la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, que ha denunciado en una nota de prensa la presencia de la armamentística Escribano Mechanical and Engineering en el II Congreso Internacional sobre ciudadanía y cultura de la defensa, organizado por la Universidad de Córdoba y la subdelegación de Defensa el próximo 21 de octubre en la capital cordobesa.

Escribano Mechanical and Engineering, filial de la armamentística israelí Elbyt System, “es responsable del genocidio en Gaza” y ha aprovechado “la futura implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba y la pleitesía del alcalde del Partido Popular para empezar a montar su fábrica en Córdoba”, según ha denunciado Velarde.

La líder morada ha recordado que la implantación de esta empresa “contraviene dos manifiestos firmados por la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba en 2012” en los que se hacía referencia a que ambas instituciones estaban en contra de las transacciones de armas con países que trasgreden gravemente el derecho internacional y humanitario.

En este sentido, Velarde ha denunciado que Elbyt System y su filial Escribano Mechanical Engineering han obtenido un contrato millonario para fabricar un lanzacohetes múltiple para las fuerzas armadas que “ha sido utilizado y probado en combate por Israel en el genocidio que está perpetrando en Palestina”.

Por todo ello, la formación morada ha exigido que “cancelen la participación de esta empresa o supriman el coloquio” donde está programado que participe el presidente de esta armamentística, ya que “permitir la participación de una empresa cómplice con el genocidio en Gaza” por parte del Gobierno de España y la Universidad de Córdoba es “absolutamente inexplicable y deleznable”.

Por último, Velarde ha afeado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que financie con dinero público “el blanqueamiento a una empresa armamentística que se enorgullece de que sus armas han sido probadas en combate”, a la vez que han vuelto a exigir “el fin del genocidio en Palestina, el fin de relaciones diplomáticas con Israel y el embargo de armas inmediato”.

El organizador defiende el debate “sin censuras previas”

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (UCO) y director del II Congreso Internacional sobre 'Ciudadanía y Cultura de la Defensa', Ciro Milione, ha defendido este viernes la existencia de “espacios donde se puedan debatir, con libertad, temas relevantes para nuestra sociedad, sin censuras previas”.

En un comunicado remitido a Europa Press, Milione ha reaccionado así después de que la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, haya criticado este mismo viernes “la presencia de la armamentística Escribano Mechanical and Engineering” en el citado congreso, que tendrá lugar el próximo lunes 21 de octubre, ya que la citada empresa, que cuenta con una factoría en Córdoba y es “filial de la armamentística israelí Elbyt System, es responsable del genocidio en Gaza”.

Ante ello, Ciro Milione ha explicado que una de las mesas previstas en el congreso se centra en 'El ejército como motor tecnológico', con el objetivo de “analizar cómo la investigación en Defensa ha mejorado nuestras vidas a través de tecnologías duales, implementables, tanto en el ámbito civil, como en el militar”, y “para abordar estas cuestiones hemos invitado una empresa española que cuenta con diversos contratos con el Ministerio de Defensa de España y que trabaja en nuestra provincia”.

A continuación Milione ha resaltado que “algunos de los que coordinamos la organización del evento de la próxima semana somos docentes de Derecho Constitucional” y, “en nuestro día a día, tanto en el aula como fuera de ella, tenemos el deber y el privilegio de reivindicar que la esencia de nuestro modelo democrático radica en el reconocimiento de una sociedad plural”.

“Por ello --ha señalado en el comunicado--, es fundamental que sigan existiendo espacios donde se puedan debatir, con libertad, temas relevantes para nuestra sociedad, sin censuras previas, y una lección que hemos aprendido a través de los ponentes del ciclo de conferencias sobre 'Ciudadanía y Cultura de la Defensa' es que la supresión de estos espacios no contribuye a resolver los conflictos, sino a generarlos”.

Junto a ello, el director del congreso ha recordado que la nueva edición del mismo que se celebrará la próxima semana “representa una etapa de un recorrido que algunos docentes de la UCO emprendimos hace más de diez años, con el fin de profundizar en el estudio de la cultura de la Defensa”.

Así, con el respaldo del Ministerio de Defensa, lo que comenzó como 'Ciclo de Conferencias sobre Ciudadanía y Cultura de la Defensa', desde hace dos años ha adoptado el formato de congreso. Lo que no ha cambiado son los objetivos de estas iniciativas: crear un foro académico para abordar temas relacionados con la seguridad nacional e internacional y, en particular, analizar el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en nuestro Estado constitucional“.

De este modo, según ha precisado, “queremos reflexionar sobre cómo, en un contexto social globalizado, las Fuerzas Armadas contribuyen activamente al mantenimiento de la paz internacional, a través de acciones de cooperación que se extienden más allá de nuestras fronteras nacionales”.

La edición de este año sigue la línea de las anteriores y, a lo largo de las sesiones, se tratarán temas diversos, como 'El papel constitucional de las Fuerzas Armadas en España', 'El rol de España en la situación geopolítica actual', 'Mujer y Fuerzas Armadas', 'Hacia unas Fuerzas Armadas europeas', 'Estrategia Nacional contra el Terrorismo: claves preventivas y anticipatorias', y 'La influencia del sector defensa en la logística de la provincia de Córdoba'.

Carlos Arce recibe a Cordópolis en un local de los bajos de un edificio de Las Moreras, uno de los más pobres de Córdoba y que, año tras año, repite en ese triste listado de la pobreza en Europa. Sobre este terreno trabaja la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Córdoba, al lado de los rostros de quienes en titulares e informes se diluyen e invisibilizan en esa etiqueta de personas en exclusión social.

Arce, profesor del Área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba, lleva dos décadas trabajando con APDHA en Córdoba, donde es su delegado, pero también a nivel andaluz como especialista en migraciones. Cuenta que, en sus inicios, Julio Anguita fue un referente que le inspiró para dedicarse a cuestiones sociales y, ahora, experiencia profesional y de voluntariado se dan la mano en su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y la exclusión social.

De todo ello habla en esta charla, donde alerta del apagón que, como sociedad, hacemos sobre la realidad de los más vulnerables para no verla. Una realidad de pobreza extrema y crónica en determinados barrios, incluida una pobreza infantil insostenible para el desarrollo de esos niños y niñas. Una realidad de falta de oportunidades, de abandono escolar, de tasas de desempleo brutales y de imposibilidad de acceder a una vivienda digna, que cortan de raíz la vida de muchas personas. Una realidad también de discriminación contra los migrantes que llegan en busca de mejorar sus vidas, de discriminación, al fin y al cabo, contra los pobres, contra los excluidos.

En el horizonte que persigue Carlos Arce está el despertar conciencias sobre todo eso, para cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales que dejan en la cuneta a parte de los vecinos de una ciudad sin siquiera preguntarse por qué se les arrebatan sus derechos más fundamentales.

PREGUNTA (P). ¿Cómo explicamos qué es trabajar por los derechos humanos, que parece algo como lejano pero, cómo se hace eso en el día a día?

RESPUESTA (R). Bien, pues creo que es muy acertado lo que acabas de señalar, ese día a día. Trabajar por los derechos humanos no quiere decir trabajar en un colectivo social de forma profesional y, si me apuras, ni siquiera tener una militancia muy densa, de una forma muy implicada, con un colectivo social o una organización de la sociedad civil. Trabajar por los derechos humanos es creerte que todas las personas somos en esencia iguales de verdad, todas las personas debemos tener potencialmente el acceso a las mismas oportunidades y a una titularidad de ejercicio de derechos de la forma más igualitaria posible.

Y eso se hace en todo. Eso se hace en cómo educamos a nuestros hijos, eso se hace en cómo nos desarrollamos en nuestra profesión sea la que sea, me da igual desde la que necesite mayor titulación a la que necesite una titulación más básica. La forma que tenemos en conducirnos en nuestro trabajo, y en nuestras relacionales personales, sociales, vecinales…. Todo eso, si tenemos ese chip de que creemos que realmente todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, es el primer paso y para mí el fundamental para trabajar por los derechos humanos. Porque, hablando de las redes sociales por ejemplo, el cómo nos gobernamos en nuestro devenir digital -si elegimos retuitear una cosa o no, hacer un comentario o no…-, ya estamos trabajando por los derechos humanos.

Entonces, para mí, eso es la base. Luego a partir de ahí, cada uno tiene su vocación o sus situaciones que le permiten implicarse más o menos en una realidad. Pero eso, es la esencia de trabajar en los derechos humanos. Porque, incluso puede haber personas súper implicadas teóricamente en estas realidades y después rascas un poco y te encuentras con alguna sorpresa.

La discriminación por género y la étnica son las más profundamente arraigadas socialmente

P. A lo mejor en nuestro propio vecindario cada uno de nosotros lo podemos hacer…

R. Efectivamente. Yo creo que todas las personas pueden tener en mente ese vecino, de tu casa, de tu barrio…en esencia eso que decimos: “Este tío, esta tía, es una buena persona”. Esa persona seguro que está trabajando por los derechos humanos.

P. ¿En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) cómo se enfoca ese trabajo?

R. Somos un colectivo que trabajamos, principalmente, en la denuncia de la vulneración de los derechos humanos. Y principalmente en aquellas vulneraciones que afectan a los colectivos sociales más vulnerables. Esto no quiere decir que no hagamos trabajo de atención directa, que se hace. Pero ese trabajo de atención directa va dirigido a las personas que lo reciben y el resultado que tiene va a ser fantástico y deseado, pero la idea principal de ese trabajo es estar inmersos en la realidad social en los ámbitos donde se produce una mayor vulneración de derechos humanos, para conocer esa realidad de manera directa y después ponerla en conocimiento de la sociedad, que muchas veces tiende al apagón, a no querer conocer esas realidades.

Y después está esa labor de incidencia política en los poderes públicos, para que hagan políticas que transformen esas realidades. Y ya sobre violaciones flagrantes, pues una denuncia que puede ser vía medios de comunicación o en la medida de nuestras escasas posibilidades, acciones de carácter legal para combatir esas realidades.

P. Uno de los asuntos en los que lleva trabajando años es la pobreza: ¿qué diagnóstico hace de la pobreza aquí en Córdoba?

R. Nosotros, como diagnóstico base, insistimos mucho en que la pobreza no es un accidente natural, no es consecuencia de un terremoto, de un tsunami ni de una tormenta de granizo. La pobreza se produce porque hay unas determinadas estructuras sociales, políticas y económicas que, sí o sí, van a generar un porcentaje de la población que va a estar excluido de ese sistema. Y ese sistema se sostiene por una serie de decisiones políticas, económicas y con un apoyo social. Ese es un primer diagnóstico clarísimo para afrontar la pobreza, no como algo inevitable ni aleatorio. Hay unas causas concretas y lo que hay es que provocar una movilización social y política para transformar esa realidad.

Y, por supuesto, hay que dejar claro que la pobreza siempre es una vulneración de derechos humanos, dado que no es un accidente natural y que ser pobre te impide no solo ejercer esos derechos más obvios como tener una vivienda digna o tener un acceso a la educación adecuado, tener derecho al acceso al mercado laboral también de una forma adecuada, sino incluso derechos que pueden parecer que no tienen nada que ver con la pobreza. Por ejemplo la participación política, porque si tú miras los porcentajes de abstención electoral o de involucrarse en la sociedad civil de las personas que están en situación de pobreza o exclusión social, pues tienen unos porcentajes de abstención brutal, de ausencia casi total de participación en colectivos sociales o en diferentes instrumentos de participación social y política. Por lo tanto, la pobreza y la exclusión es una vulneración de derechos humanos que corroe transversalmente la capacidad de ser ciudadano o ciudadana.

P. ¿Quiénes la sufren?

R. Pues la sufren, se dice siempre, los colectivos más vulnerables de la sociedad. Y nos hartamos de decirlo así y muchas veces casi que acabamos despersonalizándolos. Pero son personas concretas y no es tan difícil identificarlas: si perteneces a una minoría étnica, que en el caso de España nuestra principal minoría étnica autóctona es, ser gitano; si eres una persona con discapacidad; si eres una persona que tus padres o tus abuelos han sido pobres o han sufrido exclusión social; si eres una persona que has nacido o has crecido en determinadas barriadas; si eres persona extranjera; si eres persona extranjera en situación documental irregular…. Y todo esto, con un plus añadido que es si eres mujer, porque si eres mujer en todo eso vas a tener tu plus. También si eres una persona que no tiene una orientación o identidad sexual normativa…. Todo eso son piezas que construyen el quién está en esa situación de pobreza o exclusión social.

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P. Apuntaba el ser mujer. En esos perfiles siempre se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Por qué se dan esos condicionantes?

R. Al principio se empezó a hablar de discriminación y después se vio que el término se quedaba corto. Y empezaron a ponerle apellidos para poder comprender un concepto tan complejo. Y cada vez más se habla de discriminación múltiple, de discriminación de carácter transversal… Y, siempre, el factor dentro de esos factores múltiples de discriminación, siempre el hecho de ser mujer ‘puntúa’ y puntúa mucho.

La discriminación por razón de género, junto a la discriminación étnica, son la más profundamente arraigadas socialmente y se da de base en cualquier situación discriminatoria. Incluso, cuando estamos dentro de los colectivos vulnerables o más discriminados, hay una subdivisión donde siempre abajo están las mujeres; tanto como a las que se les exige una mayor implicación con el ámbito familiar y social, y para las que la vulneración de derechos es más intensa y la vulneración de acceso a derechos es más intensa. Eso es una realidad.

P. ¿Podemos decir que la pobreza es algo estructural? Hablaba antes casi de ‘heredar’ la pobreza cuando tus padres o tu familia lo son…

R. Con el actual sistema, ‘necesariamente’ debe existir una pobreza estructural. Tal y como está construido, siempre va a haber gente que caiga al barranco, como se dice coloquialmente. Entonces, mientras se siga en esta misma senda, va a haber un porcentaje de personas en exclusión social, estructural, de base, que no se va a poder corregir nunca jamás. Porque por el propio sistema, aunque lográramos sacar a un porcentaje relevante de los que están ya, mañana van a caer en esa situación…

P. ¿Pero el sistema lo necesita, los aparta?

R. Ya ahí no me atrevería a decir, pero hay mucha gente que diría que sí, sí intencionalmente. Pero incluso poniéndome en la parte más positiva, en que no es que lo desee, pero que lo ve como un ‘esto es así’. Esa frase de ‘siempre ha habido ricos y pobres’. Es una frase que parece muy simple, pero dice mucho; es dar por sentado que efectivamente el devenir normal de la sociedad, del sistema social y político, va a generar que haya ricos y que haya pobres.

Pero, en ese sentido, cuando se habla de estructural, parece que es algo que no se puede cambiar. Y ahí sí me gustaría matizar muy bien: si seguimos haciendo las cosas así, efectivamente habrá pobreza estructural. Ahora, no es obligatorio seguir haciendo las cosas así, que hay otras alternativa -sin hablar de revoluciones inalcanzables-, sino con una serie de cambios absolutamente asumibles, las bases de esa ‘estructuralidad’ se verían seriamente cuestionadas en positivo.

P. Se actuaría sobre ¿qué causas sociales, qué causas económicas, que están en la raíz?

R. Hay un reparto estructural desigual de los recursos. Y hay un ejemplo paradigmático de ello que es la fiscalidad. Si uno ve cómo se grava el trabajo y cómo se grava el capital, evidentemente hay ahí ya una opción por favorecer las rentas del capital respecto a las rentas del trabajo. Hablando si me permites estrictamente desde esa perspectiva economicista, se está premiando a la gente que está en la parte de arriba fiscalmente. Incluso, el que es afortunado y tiene una nómina decente, puede estar tributando por un veintitantos por ciento, por un 18%, por un 30%...y si eres una persona que tu beneficio viene principalmente del capital, pues a lo mejor tienes una sicav (sociedad de inversión de capital variable) que tributa al 1, al 2 o al 3%.

¿Esto es así por un terremoto? No, es una opción política. No pasa nada. Igual que se ha decidido que esto fiscalmente sea así, se podría decidir lo contrario, gravar más el capital y gravar menos las rentas del trabajo que son las que tienen accesibles las capas sociales pobres. Pero esto es una decisión política, no es algo que la naturaleza nos lleve a que esto sea así.

P. Entiendo que es una decisión también política que esos recursos se puedan aplicar a los servicios públicos.

R. Efectivamente. Hay una decisión política sobre si reforzamos los servicios públicos, revertimos la situación de recorte o de privatización…. Hay dos opciones. Es una opción política, una decisión que se debe tomar, tanto los representantes políticos pero las personas que los elegimos también. En Madrid por ejemplo hay un gobierno (en la comunidad autónoma) que lleva muchos años y está revalidando mayorías absolutas, se le está premiando electoralmente. Entonces, si hay una precariedad de los servicios sanitarios en la comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, eso no está cobrando un precio electoral. Ahora, otro ejemplo, este famoso señor Milei, que salía con una motosierra diciendo que iba a desmantelar los servicios sociales en Argentina y que la justicia social es una aberración, pues ha ganado las elecciones.

Entonces, hay opciones. Puede haber otro señor u otra señora que proponga lo contrario, otro tipo de políticas. Y si la población considera que eso es oportuno, se le apoyará.

Los niveles de pobreza infantil son absolutamente horrorosos y vergonzantes

P. Aterrizando en Córdoba y en esa pobreza estructural, año tras año vemos que siempre están los mismos barrios entre los más pobres. ¿Es algo enquistado? ¿Se ha avanzado algo en los últimos tiempos?

R. Enlazo con lo que decía antes: si aplicas las mismas recetas una y otra vez, una y otra vez, no puede uno sorprenderse de que los resultados sean los mismos. Por ejemplo, se lleva denunciando casi de forma histórica la auténtica situación de anemia del parque de viviendas sociales, en general en todo el país y en Córdoba de forma particular. Las últimas promociones de vivienda social relevantes en esta ciudad datan de principios de los años 90. Ya vamos para los 35 años sin una promoción de vivienda social, no la VPO, sino de vivienda social dirigida a las personas más vulnerables. Estamos aquí en Las Moreras y vemos que las pocas viviendas sociales que hay están en una situación de deterioro, de abandono, brutal.

Esto con el ejemplo de la vivienda, que es la base para una vida digna. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo, si no se construye más vivienda social, si la que hay está totalmente abandonada…no nos podemos sorprender de que sea imposible que las clases populares accedan a una vivienda digna y que las pocas viviendas que tienen asequibles sean dignas ya por su situación material.

P. Es un derecho básico y el acceso se le coarta totalmente. Si vemos que el acceso es casi imposible en el mercado libre, cuanto más para personas que necesitan esa vivienda social.

R. Ponemos el ejemplo de la vivienda porque es algo que se entiende transversalmente, porque a todo el mundo, salvo a unas cuantas personas privilegiadas, a todo el mundo le cuesta acceder a una vivienda. Pero es que las personas que están en situación de exclusión social no es que les cueste, es que en el mercado libre ni se lo plantean. Es que incluso las pocas ayudas que hay de acceso a la vivienda de alquiler en el mercado libre, una persona que recibe una ayuda durante un año para un alquiler, no encuentra quien le alquile. Teniendo el dinero público y sabiendo que lo va a recibir, pues cuando ven determinado perfil social, se encuentran con un ‘no’ para alquilar. Es la paradoja, que incluso teniendo los fondos, el dinero para alquilar la vivienda aunque sea temporalmente, pues no encuentran.

Si para el resto de la sociedad que no estamos en exclusión es un verdadero reto conseguir una vivienda digna, pues aquí (en estos barrios) ya están fuera del mercado libre. Y la única opción real que tendrían, que sería la vivienda social pública, llevamos 30 años sin construir. Nos parece uno de los derechos donde de forma más palmaria se ve que si no se hace nada o se hace siempre lo mismo, pues vamos a seguir perpetuando la situación de exclusión.

P. ¿Esa falta de vivienda y en general la falta de oportunidades es algo enquistado, que atraviesa a barrios como Las Palmeras, Las Moreras o el Guadalquivir?

R. Aquí hablamos de falta de vivienda, pero también hablamos de fracaso escolar absolutamente transversal, hablamos de precariedad laboral, de unos niveles de desempleo brutales donde la única salida es la economía informal o la venta ambulante, el trabajo en el ámbito doméstico, en los sectores más precarizados…. Y del deterioro material de estas barriadas.

Pues, efectivamente, es una falta de oportunidades, de progresar como todos los seres humanos queremos hacer. La gente queremos estar mejor y estar bien, y si tenemos hijos que nuestros hijos estén bien… Pues esa vía hacia la inclusión y hacia el progreso está totalmente cercenada de base.

Quien supera todas esas dificultades son personas dignas de admiración y, de una forma ‘súper entendible’, en cuanto tienen la oportunidad, se van de ese entorno, porque es un entorno que es hostil. Si consigues, siendo un héroe o heroína salir con todo en contra, es totalmente humano que digas: parte de mi progreso es salir de este entorno.

P. Esa situación tiene unas víctimas muy vulnerables, que son los niños. ¿Qué situación tenemos de pobreza infantil?

R. Dentro de los colectivos vulnerables, hay sectores especialmente vulnerables. Y aquí, entre los niños y las niñas, como bien dices, incluso nos encontramos con problemas estructurales de acceso a una alimentación adecuada. Estamos hablando de alimentarse, de comer.

Cuando ahora en verano se cortan esas becas comedor, tenemos un problema para que los niños accedan al menos a una comida al día sana y nutritiva. Porque, de forma absolutamente paradójica, los niveles de obesidad infantil que hay en estas barriadas triplican y cuadruplican los niveles normales. ¿Por qué? Puede chocar que si hay problemas de alimentación haya obesidad. Pues sí, porque los alimentos que son más baratos son los más insanos. Un kilo de fruta puede costar 3 o 4 euros dependiendo de la fruta, y una bolsa de pan de leche o magdalenas de una marca blanca de un supermercado te cuesta 90 céntimos o un euro. ¿Cuál se toman? Aparte de la lucha que podamos tener o no con los niños y niñas de que tomen esos alimentos. Pero aparte de eso, entre las personas que están en situación de exclusión es que no hay otra. Es que con 3 o 4 euros estoy comprando seis naranjas y en una bolsa tengo 15 magdalenas y me cuesta el 25%, pues compro la bolsa de magdalenas. Pongo ese ejemplo, porque no estamos hablando de florituras, sino de la alimentación, de la comida. Y esos niños y niñas son las principales víctimas de esa situación de inseguridad alimentaria.

P. En estos barrios, las escuelas de verano se abren sobre todo por eso…

R. Efectivamente. Tristemente, aparte de que para que los niños tengan un mínimo desahogo, también hablamos de una cuestión alimentaria. Si se abren esas escuelas de verano existe la posibilidad de que todos los niños que asistan puedan tener como mínimo una comida decente al día.

Hay una auténtica situación de anemia en el parque de viviendas sociales

P. Hablando de los niños y la exclusión, siempre se cita el ascensor social que puede suponer la educación. Pero es otra de esas barreras ese absentismo y el abandono escolar.

R. Es brutal. Cuando llegó la pandemia, llegó ese gran apagón social absoluto. Ahí hay informes que lo atestiguan. Y cómo se cebó, esa situación que sufrieron todos los niños y adolescentes, con los chicos y chicas en exclusión social. Ahí se vio, como si fuera un experimento social, cómo dependiendo de dónde nazcas y de los recursos familiares que tengas, tu trayectoria académica o educativa va a ser una u otra. No porque ser pobre te haga menos válido genéticamente para el ámbito académico, es que no tienes las herramientas básicas. Es, como decías, esa herencia de la pobreza.

Yo siempre digo que las personas pobres no tienen derecho a tener un mal año, a equivocarse, a tener una adolescencia que se le vaya el santo al cielo y le vaya mal en los estudios…. El derecho que tiene el resto de la sociedad que no está en situación de exclusión a equivocarse, porque pueden dar un paso atrás y volver a empezar, aquí no existe. Porque inmediatamente el niño o la niña que está en situación de exclusión social que le empieza a ir mal por cualquier motivo en los estudios, todo le empuja a sacarlo del sistema educativo. Mientras que en cualquier otra familia, si el niño o la niña empieza a ir mal, los padres van al colegio, a pedir mil tutorías, a pagar clases extraescolares, los propios padres tienen una formación académica superior y empiezan a ayudar a los niños en casa… Todo. Y de todo eso, aquí no hay. Incluso las propias referencias que puedan tener los niños: si mi hermano progresa hacia niveles educativos superiores, si mis padres han estudiado también en ámbitos educativos superiores, si mis amigos hablan de ir a ámbitos superiores… toda esa corriente me va a empujar hacia arriba en el sistema educativo, a que yo siga. Y aquí es todo lo contrario.

P. No sé si ve como un camino a seguir los programas de intervención que se están haciendo desde la Universidad por ejemplo en Las Palmeras y que haya universitarios que puedan ser referentes en el barrio

R. Es fundamental. Lo que ocurre es que es una gota en el océano. Pero yo soy muy defensor de las gotas, prefiero una gota, genial. Sobre todo, en ese punto para demostrar que hay cosas que funcionan.

Hace algunos años, en mi facultad, en la Facultad de Derecho, el mejor expediente fue el de un alumno gitano. Pues son referentes. Oye, que esto no es una maldición bíblica ni es una cuestión genética, que si perteneces a una minoría étnica o si vienes de tal barrio no vas a progresar. Que se puede. Entonces esos referentes son fundamentales.

Lo único que pasa es que se necesita una base de mucha más inversión, mucho más tiempo y más perspectiva a largo plazo. Y hablamos de la Universidad, pero lo que está ocurriendo con los colegios de Infantil y Primaria de Las Palmeras…

P. Que se han cerrado, se han agrupado en uno único…

R. Claro, pero aún así me parece importantísimo y como miembro de la comunidad universitaria si me permites, por supuesto que uno de los agentes transformadores de la sociedad debe ser la Universidad. Debemos, no solo los compañeros y compañeras del ámbito de la educación, sino el resto, quienes investigamos….es un campo, el de la utilidad de la universidad para la transformación social.

Pero eso sí, que nadie deje de poner una gota por el hecho de que sea una gota. Porque entonces nos quedamos sin nada.

P. Esos desequilibrios o falta de oportunidades que se dan desde la infancia se convierten en un obstáculo complicado de salvar más adelante. ¿Tiene vuelta atrás o al final te ahoga esa corriente que decía de que está todo perdido?

R. Es como se dice como aprender un idioma, que mientras antes lo aprendas, si empiezas con uno o dos años, vas a poder ser potencialmente bilingüe y conforme vas cumpliendo años, cada vez te va a ser más difícil conseguir un nivel muy alto de un segundo idioma. Pues aquí estamos igual. Si se va haciendo mal desde el principio, cada vez va a costar más. Pero aún así, no hay una edad a partir de la cual debamos como sociedad tirar la toalla con las personas.

Incluso, en la perspectiva social que se tiene de la prisión, que podría ser como la certificación del fracaso social de una persona que acaba así. Una situación ilustrativa de que no te ha ido bien en la vida es que acabes en prisión. Pues, bueno, la propia Constitución española dice el principal objetivo de la prisión es la rehabilitación y la reinserción social.

Pero esto es una cosa que decimos, pero que no se cree nadie. Porque, a ver, qué político se presenta en unas elecciones diciendo ‘Voy a invertir no sé cuántos cientos de millones en las prisiones españolas para rehabilitar a las personas que han cometido un delito y por eso están privadas de libertad’. Le auguro un fracaso estrepitoso en las elecciones. Pero quiero poner ese ejemplo como el más claro. Pues ahí incluso, la propia Constitución -que no estamos hablando del Libro Rojo de Mao-, nos dice que no debemos tirar la toalla con las personas incluso ya con un recorrido no muy positivo.

Dicho esto, evidentemente, todo lo que no se haga en los primeros pasos, en las primeras etapas de la vida, después va a costar el triple. Por eso, me parece fundamental, que esos niveles de pobreza infantil en nuestra ciudad y nuestro país tan absolutamente horrorosos y vergonzantes como sociedad, deberían ser una prioridad política. Nos encontramos con debates, con temas que a cada uno le puede parecer más interesantes o no, pero la pobreza infantil, que sería una cosa de escarnio…Ves un debate de televisión de las elecciones generales y la pobreza infantil, si ocupa un segundo, ya nos podríamos dar por satisfechos.

La pobreza no es un accidente natural

P. Quería preguntarle también cómo afecta el urbanismo a la pobreza. Porque hablamos de pobreza y hablamos de barrios, y no sé si esa perspectiva urbanística se tiene o no en cuenta a la hora de generar guetos, al fin y al cabo.

R. Sí, hay investigadores que hablan incluso de la arquitectura de la exclusión. Aquí, cualquier persona que se acerque a los barrios con más exclusión social de Córdoba, puede ver que repiten estructura, se parecen mucho Guadalquivir, Las Moreras, por ejemplo. Desde el punto de vista estructural, arquitectónico, son barrios muy parecidos. Son barrios, primero, que tienes una sensación de frontera cuando pasas a ellos y luego están preparados para que la vida se vuelque hacia dentro del barrio, no hacia fuera. Si me permites la expresión, como para fomentar la endogamia dentro de las relaciones sociales, económicas, comerciales incluso de la barriada, en vez de lo contrario.

Si uno va al centro, invita a entrar y salir, o como cualquier otro barrio, como Ciudad Jardín o La Viñuela, están construidos y tú no notas esa frontera. Aquí sí. Y después está esa estructura de patios, donde las entradas de los edificios no están en la calle, sino que tú entras a un pasaje por el que pasas a un patio y dentro de ese patio están las entradas de las viviendas.

Hay quien dice también que, desde una perspectiva policial, es una forma de poder controlar de una forma más sencilla, bloquear las entradas y salidas de un barrio y que con pocos efectivos policiales puedan controlarse seis manzanas de edificios…

Pero desde el punto de vista de la exclusión, por supuesto, son barrios diseñados para estar apartados del resto de la ciudad, algunos de una forma muy obvia como puede ser Las Palmeras, por ejemplo. Y después los que pueden estar más integrados en la ciudad como Las Moreras, están hechos para que ni la gente que no sea del barrio entre y también incluso para que la gente del barrio salga lo imprescindible.

P. Es el no querer ver o no querer mirar hacia ellos. Es el apagón que comentabas, que también se da en la vida digital…

R. En la vida digital es brutal. Te permite elegir tu mundo. Bueno, elegirlo tú las tres o cuatro primeras decisiones y luego ya el resto de algoritmos y herramientas digitales que hay de segmentación y perfilado, lo van a elegir por ti. Tú te abres una cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde quieras… y das tus primeros pasos de seguir a tales personas o hacer tales búsquedas, o empiezas a hacer búsquedas por primera vez en tu vida en Google…Y a partir de ahí ya, el espacio digital te entrega unas gafas y con esas gafas vas a mirar el resto de tu vida. Porque ya esos algoritmos te van a perfilar y según ese perfil, te van a arrimar información, datos, vídeos, imágenes, personas, etc que consideran o entienden que van con tu rollo. Porque a base de que tú interactúes más, ahí está el beneficio del espacio digital.

Y eso facilita muchísimo que tú te crees tu burbuja digital donde, salvo que seas una persona naturalmente interesada por los temas sociales, por los temas vinculados a la pobreza o con la vulneración de los derechos humanos, tú puedes pasar por el mundo sin que físicamente lo veas -porque quien quiera ver lo que ocurre en los barrios de nuestra ciudad con más problemas sociales, por lo que acabamos de decir antes tiene que meterse físicamente en ellos, y en los medios de comunicación tradicionales esto no ocupa portadas- y después en el ámbito digital tienes tu campana totalmente impermeable a ese tipo de informaciones. Por supuesto que puedes pasar por la vida sin tener la mínima constancia.

Aquí en Las Moreras, la frontera es que es brutal. Ahí está el centro comercial La Sierra, en una acera hay edificios y pisos que se vendieron en la burbuja inmobiliaria por una millonada y en la otra te encuentras con uno de los barrios más pobres de Europa. Pero nadie de aquí cruza la calle hacia allá y nadie de allí cruza la calle hacia aquí. Pues en el mundo digital se replica eso.

P. Quería preguntarle si habían notado si esas bolsas de pobreza han aumentado, por la precariedad laboral, por la falta de acceso a la vivienda.. Si hay ‘nuevos pobres’ de alguna manera.

R. Sí, pero, realmente hay un porcentaje de la pobreza más extrema que es, desafortunadamente, impermeable a bonanzas o crisis. Independientemente de cómo vayan las cosas, hay un porcentaje de personas a las que siempre le va mal. Porque aquí -Las Moreras-, en los años 2003 o 2004, aquí no había un periodo de bonanza, las cifras en Moreras, Guadalquivir o Palmeras no decían qué bien cómo está mejorando el barrio, en esos años hay muchísimo menos fracaso escolar, el porcentaje de gente en desempleo crónico ha bajado muchísimo…No. No.

Y eso, a nosotros nos gusta poner siempre el acento, nos parece súper importante porque hay determinado número de personas que se da por descontado que tienen que ser pobres. E insistimos que eso no es un accidente natural, que por descontado la gente de Palmeras no tiene que ser pobre y por ende ver vulnerados sus derechos.

Dicho eso, efectivamente cuando hay situaciones de crisis, por ejemplo, los dos últimos golpes que hemos tenido, la crisis financiero-social entre 2008 y 2013 y ahora esto que ha ocurrido en 2020-2021 (con la pandemia), que ha habido otro golpe grande pero como se han aplicado unas políticas diferentes, unas reglas diferentes desde la perspectiva fiscal y financiera de la Unión Europea, también ha habido resultados diferentes. Pues sí que hay siempre un porcentaje de personas que están en el alero que, en cuanto se mueve el tablero, se caen. Pero la realidad es que esas personas que se caen, es mucho más fácil que cuando cambia el ciclo, vuelvan a reflotar un poco. Porque no tienen esas carencias estructurales.

Les llamo las redes de seguridad. Porque digo, ¿cuántas personas se tienen que morir de mi entorno, para verme yo en esa situación? Esas son las redes de seguridad que tenemos todos. Entonces, ¿qué les ocurre a las personas en situación de exclusión social? Que no tienen ninguna red, que como te caigas, te has caído.

Entonces, esas situaciones de nuevos pobres, siendo gravísimo, al menos esa generación que cae tiene red de seguridad que la sostenga y tiene la oportunidad de, a lo mejor, volver. Como esa generación no sea capaz, habrá consumido su red de seguridad y entonces sus hijos sí van a irse ya por debajo y convertirse en pobreza de la de siempre.

Hay una pobreza extrema que es impermeable a bonanza o crisis

P. En todo esto, ¿qué se le reclama a las administraciones, qué papel deben jugar ante estas situaciones?

R. Primero, habría que ver qué quiere la ciudadanía. Puede haber un representante político, imaginaros, que tenga una especial sensibilidad con estas materias y, con la mejor voluntad, se mete en una institución y dice: 'Para hacer mi trabajo necesito mantenerme’. Tiene una idea de transformación social importante, con vocación de servicio público.. .Pero en cuanto llega le dicen: 'No, es que como digas eso o lo primero que hagas sean esas medidas, te van a crucificar y a la elección siguiente vas a la calle'. ¿Y por qué? Manipuladamente o no, desinformadamente o no, desde la sociedad se premia electoralmente determinadas políticas y se afean otras. Y las políticas vinculadas a la exclusión social no son especialmente premiadas. Con esto quiero poner encima de la mesa que, muchas veces, tenemos las políticas y los representantes políticos que merecemos la sociedad.

P. ¿Ahí se centra esa vertiente de APDHA de la concienciación social, no?

R. Efectivamente. Tenemos que ser autocríticos como sociedad. A ver, si cada vez que un político dijera ‘Yo no voy a hablar aquí de Cataluña ni del Consejo General del Poder Judicial -que son cosas súper rimportantes, no te digo que no-, pero yo voy a hablar de pobreza infantil, de acceso a la vivienda, de educación inclusiva…. Esos no ganan unas elecciones. Ni siquiera los principales destinatarios de esas políticas los votarían porque hay un 80% o más de abstención.

Por eso para nosotros es tan importante la concienciación, porque si generamos músculo de presión social, mucho más fácil va a ser el cambio institucional.

Pero básicamente, a las administraciones públicas se le pide que esto sea una prioridad política. Sin más. ¿Qué han hecho en materia de vivienda las administraciones públicas en el momento de la ola inmobiliaria? Hartarse a financiar VPO de compra que, en vez de que una vivienda te costara 300.000 euros, si te tocaba una VPO era de 200.000 o de 180.000. Benefició a la clase media que, con un hipotecón a 30 años, a lo mejor aspiraba a ello. Pero esa no es la gente de este ámbito.

Entonces, que sea una prioridad real que las personas que tienen absolutamente imposible acceder a una vivienda por sus propios medios, que sea una prioridad política establecer los recursos materiales, administrativos y legales para que puedan acceder a una vivienda. Es tan fácil y tan difícil como eso.

P. Las instituciones deben cumplir las leyes. Pero, ¿son papel mojado?

R. Efectivamente. O el papel lo aguanta todo. Pero hay veces que incluso no llegamos a papel mojado, porque para que sea papel mojado tiene que haber pasado por el boletín oficial. Y, por ejemplo, la tan traída y llevada Ley de Vivienda. Ves la ley y herramientas reales, materiales, vinculantes, para transformar el acceso a una vivienda en nuestro país, no aparecen. Es que no ha llegado a ser ni papel mojado. Es que no hay herramientas vinculantes para que haya una transformación social.

Por ejemplo, leía una noticia sobre que el Ayuntamiento de Barcelona quiere hacer un plan para que en los próximos cinco años desaparezcan las licencias de pisos turísticos. Bueno, pues después, a ver qué hacemos con esas viviendas. Porque si pasan de ser pisos turísticos a viviendas cerradas… O acaban en manos de un fondo buitre. Pues a lo mejor no estamos arreglando nada.

Pero bueno, es una iniciativa, que en el diagnóstico han visto que el que haya tantísimas viviendas turísticas perjudica en el acceso a una vivienda. Bueno, pues vamos a hacer algo sobre ello. Al menos hacer cosas distintas, para ver si esas iniciativas diferentes provocan resultados distintos.

P. Otra vertiente primordial cuando hablamos de exclusión social es el empleo. ¿Qué sería necesario tanto institucionalmente como por parte del empresariado que, al fin y al cabo, son generadores de empleo?

R. Son fundamentales. Las personas empresarias, legítimamente tienen una iniciativa económica empresarial para obtener beneficios, lo cual está bien, pero su actividad como todas las actividades, debería tener un retorno social. Y es responsabilidad de ellos también que, si hay personas que logran formarse y sortear todos los obstáculos, realmente tengan una oportunidad después en el mercado laboral. Y que su origen, ya sea social, étnico, nacional, no suponga una barrera para acceder al mercado laboral. Ahí, los empresarios tienen ese compromiso de no discriminación directa y después también en cuanto a las condiciones laborales que se ofrezcan, que no generen situaciones de discriminación indirecta.

Que determinados sectores laborales a los que suelen tener acceso las clases más desfavorecidas, pues no sean los que tienen unas condiciones más precarias. Ese debería ser el compromiso del empresariado. Por supuesto tienen derecho legítimo al beneficio económico, pero tienen que cumplir unas reglas y tiene que haber un retorno social.

Y después, en materia de empleo, está la vinculación con la educación. Para mí, el objetivo educativo como país o como ciudad es que todo niño o niña que pasara el sistema educativo debería tener como mínimo la ESO y un grado medio. Antes la educación obligatoria estaba hasta los 13 y hasta los 16 no podías trabajar. ¿Qué hacían? Trabajar de manera irregular sí o sí porque no te podían hacer un contrato. Claro, la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años se hizo porque la lógica no era bajar la edad laboral a los 13, sino acompasar la edad laboral mínima con la educación obligatoria.

Entonces, como compromiso sería que todo niño o niña debería salir del sistema educativo como mínimo con la ESO, que determina los conocimientos básicos como persona, y después ese grado medio mínimo que te da unas competencias básicas para entrar en el mercado laboral. Nada más -y nada menos- que se consiguiera eso, habría una transformación en cuanto al acceso al mercado laboral y de lucha contra la precariedad laboral que considero que podría ser súper importante. Creo que es un objetivo concreto y alcanzable como país. Y eso podría tener un retorno social, económico y de acceso al mercado laboral. Y de lucha contra la precariedad, porque si tienes una titulación mínima, por convenio en teoría vas a llegar a un determinado nivel salarial y podría empujar hacia arriba las condiciones laborales.

Pero bueno, hablamos de nuevo de decisiones políticas y de que la sociedad lo vea como algo necesario e imprescindible.

La sociedad muchas veces tiende al apagón, a no querer conocer la realidad de la exclusión social

P. Otro tema transversal es el de la discriminación, ya sea por pobreza o por cuestiones étnicas, de origen, etc. ¿Es una realidad que ahora no chirría tanto?

R. Es algo transversal. Mira, hicimos un informe sobre discriminación en el acceso a la vivienda en colectivos sociales específicos: las personas que pertenecen a minorías étnicas y las personas de origen migrante. Y nos encontramos cómo, incluso las propias agencias inmobiliarias tenían muy interiorizada la discriminación estructural a la hora de tratar con clientes. Agencias inmobiliarias que reconocían abiertamente cosas que son ilegales, que con la Ley Integral contra la Discriminación, se puede sancionar con sanciones económicas muy fuertes a quien niegue el acceso a un servicio, aunque sea un servicio privado, a una persona por razones étnicas.

Desde una agencia inmobiliaria reconocían abiertamente que si un cliente le pedía ‘Yo no quiero gitanos en mi piso’ o ‘Yo no quiero personas de origen migrante’, directamente cumplían a rajatabla esa instrucción de su cliente. Y que, incluso, ellos mismos hacían filtros propios y que, como conocían a sus clientes y aunque no se lo dijera específicamente, hacían el perfil, le filtraba el tipo de cliente que presentaban. Esa discriminación está entreverada en la sociedad. Tratamos de desvelar eso.

P. ¿Qué trabajo hace APDHA con la población gitana y con las personas migrantes?

R. Primero, hay un apoyo, un acompañamiento social a estas personas. Por ejemplo, desde la pandemia, llevamos haciendo un acompañamiento para trámites digitales, porque hay tal amurallamiento digital de la administración que las personas más vulnerables, para el ejercicio de derechos básicos como el Ingreso Mínimo Vital, el procedimiento para solicitarlo es algo brutal de complejo. También tenemos una asesoría jurídica donde desafortunadamente los principales usuarios son personas de esos colectivos que han tenido, entre otras muchas cuestiones, dificultades en el ejercicio de sus derechos por esas situaciones discriminatorias.

Entonces, hacemos ese acompañamiento directo con esas personas para romper esas barreras, pero también un trabajo desde la perspectiva social, para romper esos marcos, esos estereotipos, esos prejuicios, que colocan a determinadas personas en determinados cajones. Nos parece fundamental, porque si no se rompe eso, tú si pones una agencia inmobiliaria y te llega un cliente con esas exigencias, tú no vas a romper la cadena y decir: 'Mire usted, no, yo en mi negocio yo no hago eso'. Vas a perder ese cliente, pero es lo que se tiene que hacer. No puedes no hacerlo. Pero las personas lo tienen tan interiorizado. No es optativo no robarle al vecino. Pues esto es lo mismo, es ilegal.

P. ¿Hacemos ‘categorías’ de migrantes o lo que subyace es esa discriminación por racismo o por pobreza?

R. Por supuesto que hay categorías. Y ahí la prueba del algodón fue Siria y Ucrania. Es algo tan llamativo. Cuando en 2016 ocurrió el aumento de llegadas por el conflicto en Siria a las costas griegas, italianas y en menor medida a España, las propuestas de algunas formaciones como la ultraderecha era que los barcos de la marina de guerra hundieran los barcos con migrantes.

Llega la guerra en Ucrania y te ves -lo cual me parece genial- a personas con sus vehículos particulares yendo a la frontera con Polonia a recoger personas refugiadas.

P. ¿Qué las distingue?

R. Lo obvio es lo obvio. Unos son blancos y otros no lo son. Unos son musulmanes y otros ortodoxos cristianos. Hay situaciones que te ponen un espejo social como muy feo delante. Y me parece genial la respuesta social que se tuvo en ese momento respecto a Ucrania porque era una situación horrorosa la que se estaba viviendo y se sigue viviendo allí. Pero claro, en Siria todavía se sigue en guerra civil. Estamos hablando de personas que cumplen el perfil de refugiados: y unos eran refugiados dignos de compasión y de ayuda, y en otro caso ‘A ver si vamos a estar metiendo aquí un lobo solitario yihadista’. Sin más razón que de dónde vienes y qué aspecto tienes.

Tenemos problemas estructurales de acceso a una alimentación adecuada entre los niños

P. ¿Se nos olvida que los españoles hemos migrado y seguimos migrando?

R. Por supuesto. Es como eso de que una mentira repetida muchas veces acaba convirtiéndose en una verdad. Pues esa mentira que repiten de que todos los españoles en los años 50 y 60 emigraban de una forma legal. Y eso es mentira. Muchísimos españoles se fueron a Alemania, a Suiza, a Bélgica, a Venezuela, a México, de forma ilegal. Eran migrantes en situación documental irregular. Y todos los españoles que estuvieron allí sufrieron discriminación, racismo, rechazo social. Y esa es la verdad, cuando quieren distinguir de lo que pasó de lo que hay ahora.

Y la gente joven que ahora se va, son personas que van a intentar mejorar sus condiciones de vida a otro sitio. Lo mismo que están haciendo las personas que llegan aquí.

Recuerdo perfectamente, hace ya muchos años en un reportaje de Canal Sur, a un chico en un pueblo de Sevilla que se iba a la vendimia francesa, sobre los temporeros españoles que iban. Me llamaba la atención cómo una persona puede partirse en dos: él decía que se iba porque no tenía oportunidades en su pueblo pero era un tío muy trabajador y quería ayudar a su familia, entonces iba a la vendimia francesa a trabajar y ganar dinero…Y decía: ‘Porque aquí me han quitado el trabajo los rumanos que vienen a coger la naranja mi pueblo’. Y el chico no era capaz de pensar que a lo mejor cuando fuera a Francia habrá un temporero francés que diga los españoles estos vienen y me quitan el trabajo… No era capaz de hilar, eran dos realidades separadas por un muro. Muy ilustrativo.

P. En Andalucía tenemos la puerta sur de Europa del flujo migratorio. ¿Cómo valoras las políticas europeas sobre este ámbito?

R. Pues deben ser una de esas políticas de estado. Porque efectivamente sí da igual el color político que haya, ya sea tanto en España como las mayorías que haya en la UE, que las políticas que se aplican son siempre las mismas. Da igual que haya un gobierno más volcado hacia la derecha, o un poquito más volcado hacia la izquierda, porque siempre se aplican las mismas políticas contrarias a un respeto mínimo a la dignidad humana y a los derechos humanos.

Eso llama la atención. Ahora mismo llevamos dos gobiernos seguidos de partidos de centro-izquierda mayoritarios, las formaciones más a la izquierda en el gobierno, y siguen teniendo las mismas políticas migratorias que cuando estaba el PP con mayoría absoluta. En esta materia no hay diferencia.

Lo primero, es que se ha comprado el marco construido de las políticas migratorias que no tiene nada que ver con la realidad real. Por ejemplo, tú ahora por la calle le preguntas a cualquier persona cuál es el perfil mayoritario de persona migrante en España y te hablaría de una persona negra africana, porque esos son los que se ven en las pateras o en las vallas de Ceuta o Melilla. Pues bien, eso es irrisorio. El perfil mayoritario de migrantes en España son personas de la Unión Europea y personas de Latinoamérica. Entre las 20 primeras nacionalidades no hay ni una sola subsahariana. Porque son muy pocos los que entran y porque vienen de paso, porque España es un país de paso para ellos, que quieren llegar a Francia, a Reino Unido, a Bélgica…aquí no se quiere quedar nadie. El que se queda en España de los subsaharianos es porque le han fastidiado el camino.

Ceuta, Melilla y las pateras son una forma de entrar absolutamente irrisoria. Entran por esas vías el 2% o el 3% de las migraciones que entran a España. Las migraciones entran por el aeropuerto y por la frontera. Los que vienen de la UE, sin problema, pero incluso las personas que vienen en situación irregular. El porcentaje mayoritario de personas que entran en España en situación irregular son latinoamericanos, porque son personas que tienen exención de visado, compran su billete, llegan a Barajas o El Prat, cuando pasan los 90 días de su visado de turista, se quedan y ya devienen en situación irregular.

Las migraciones africanas ni siquiera son mayoritarias entre las personas en situación irregular. Entonces, si los señores de la ultraderecha están súper preocupados por la inmigración en situación irregular, que no refuercen la valla en Ceuta y Melilla, que refuercen el aeropuerto de Barajas. Pero eso, a cualquier persona que se lo digas en la calle, no lo sabe.

Después, también las migraciones tienen un elemento fundamental de autorregulación. La gente que tiene malas condiciones de vida va a donde hay mejores. Y una vez que se acaban las mejores condiciones de vida a donde han ido, se van. Solas. Se van solas, que no hay que meterlos en un centro de internamiento de extranjeros y expulsarlos. Se van, o vuelven a su país de origen si hay mejores condiciones o se van a un tercer sitio.

En España, desde finales de los 90 al año 2008, hubo años en que fue uno de los países en números absolutos donde vinieron más personas migrantes, más que en Estados Unidos en algunos años. ¿Por qué? Porque había un ámbito económico en pleno crecimiento que necesitaba mucha mano de obra, con poca formación y cualificación, y también había empresarios sin tanto escrúpulos que le daba igual contratar a personas en situación irregular.

Cuando llega la explosión de la burbuja, del año 2008 al 2010 hay un impasse donde deja de entrar gente pero desde aquí todavía no se van, porque tienen algunas prestaciones sociales que agotar. Y a partir del año 2010 al 2016, la gente se fue, sola. No los expulsaron. España perdió población. La gente viene aquí a ganar dinero y mandárselo a su familia. Si no pueden, se van, sin que haya que montar operaciones militares para echarlos.

Yo tengo una anécdota de un compañero abogado en Vitoria al que en 2002 o 2003, se le presentaron tres personas españolas de origen colombiano y ecuatoriano y le preguntaron que cómo se dejaba de ser español. ¿Cómo? Había un programa de retorno a los países de origen que le pagaba el viaje y le daba unos cientos de euros para retornar. Se querían acoger, y como tenían la nacionalidad española, no podían. Es una anécdota, pero muy significativa. En cuanto la situación económica volvió a repuntar, volvió a venir gente porque volvía a haber mejores condiciones de vida.

Tu trayectoria educativa depende de dónde nazcas y de los recursos familiares

P. Luego está la proyección de aumento de la población de España que prevé el INE y que pasa por la migración.

R. Eso es una cuestión y que, hablando del empresariado, yo creo que las organizaciones empresariales deberían ser las primeras que estuvieran detrás para que hubiera unas políticas migratorias, no decimos ni progresistas ni aperturistas ni nada, sino lógicas. Lo que no cabe en la cabeza es que, ahora mismo, una persona que quiera desde Senegal llegar a España de forma legal, no puede. No hay camino.

Cuando dicen: la inmigración ordenada y legal. Eso es lo que quiere todo el mundo. Qué creen que una persona de Senegal o de Venezuela quiere venir aquí pagando dinero a quien no tienen que pagar, o los subsaharianos jugándose la vida… Pero no hay otra vía para hacer eso.

Entonces, yo creo que las organizaciones empresariales que se quejan de que no encuentran trabajadores en muchos sectores, deberían ser las primeras en decir, vamos a abrir una vía para que la gente venga, de una forma normal, lógica y regulada, para que yo pueda tener empleados y ellos puedan trabajar. Esto, incluso, desde una perspectiva utilitarista siquiera. Pero no hay vía para eso.

P. No quiero terminar sin tocar una de las vertientes de trabajo que lleváis en APDHA, que es con las personas que están en prisión, en cuanto a esa vulneración de derechos. ¿Eso sí que no se ve, no?

R. Y si se ven, mejor que no se vean. Hace nada presentábamos un informe sobre el acceso a los servicios sociales de las personas presas. Nada más que con la perspectiva del informe ya, a algunas personas se le levanta la piel: ‘Si este está en prisión, algo habrá hecho, qué es eso de servicios sociales para él’.

De nuevo hay que recurrir a la Constitución -si se quiere que se cambie-, pero lo que dice es que las personas presas son ciudadanas y que solo tienen restringidos exclusivamente los derechos fundamentales que la sentencia condenatoria diga. Todos los demás los tienen al 100%. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el acceso a la cultura….todo evidentemente privados de libertad, pero esos derechos se les tienen que garantizar. No solo porque esa persona tiene derecho individualmente, sino porque la sociedad está interesada en que esa persona, ejercitando esos derechos, pueda rehabilitarse socialmente cuando salga de prisión, que sea una persona que tenga lo más sencillo posible el retornar de una forma diferente a la que entró. Esa es la lógica.

Pero es una lógica que, si enciendes la televisión desde las 11:00 hasta las 20:00, es un mensaje absolutamente irreal. Estamos en la región más segura del planeta, en Europa occidental. Pero es que, dentro de esa región, España es uno de los países más seguros del planeta. El Reino Unido nos duplica en tasa de criminalidad. En España estamos en el 44 incidentes penales por cada 100.000 habitantes y en Reino Unido están en 70. Pero es que Alemania está en sesenta y pico. Estamos por debajo de los países nórdicos. España es un país extraordinariamente seguro. Pero es que además de ese porcentaje bajito, de los delitos que salen todos los días en la tele, los delitos más graves como las violaciones, los homicidios, los asesinatos y los secuestros, representan un 1,5% de los delitos. El 98,5% son otro tipo de delitos.

Y aparte, otra cosa, en el imaginario colectivoestá eso de estamos en un país donde las condenas de prisión son de chichinabo, eso de que ‘Entran por una puerta y salen por la otra’. Aquí en APDHA llevamos acompañando a una persona que lleva 38,5 años en prisión sin haber cometido un solo delito de sangre.

P. ¿Qué ha cometido?

R. Delitos contra la salud pública y delitos contra el patrimonio. Lo que pasa es que es una carrera, ha salido con permiso, ha vuelto a delinquir, ha tenido problemas dentro de la cárcel, y se le ha ido acumulando.

El Código Penal del 95, que es el actual con veinte mil reformas, sustituyó al Código Penal del 73. En el 73 recordamos el sistema que había. Salvo la pena de muerte y los delitos puramente políticos que se quitaron, aunque parezca paradójico, el Código Penal del 95 era mucho más duro que el del 73. Las penas de prisión en el código franquista eran bastante más leves que en el del 95. Y se quitó una cosa que funcionaba en el código del 73, que era la redención de penas por trabajo: por cada dos días que trabajabas dentro de prisión te quitaban uno de condena.

Pero el imaginario social que hay sobre la criminalidad y sobre cómo se vive dentro de prisión, es un mundo. Entonces, cualquier denuncia o iniciativa o planteamiento que hagas pro derechos en el ámbito penitenciario, te vas a encontrar con un rechazo social fulminante y furibundo.

Es muy complicado. Si ya en los barrios de exclusión social lo tenemos difícil, en prisión te encuentras con un muro.

P. ¿Se da por hecho que durante esa etapa no tienen ningún derecho?

R. Efectivamente. Parece incuestionable. Y ahí también depende de tu origen.

Da igual el color político que haya en España y en la UE que las políticas de migración son siempre las mismas

El veterano abogado cordobés Enrique García Montoya, la cineasta cordobesa Fátima Entrenas y el presidente de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, Ricardo Rojas, han fundado, como presidente, vicepresidenta y secretario, respectivamente, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA) para “defender los derechos y libertades de los cordobeses” desde la “colaboración” con las instituciones, pero “anteponiendo el interés general de los cordobeses”.

De hecho, según recogen en los estatutos de la recién creada asociación, consultados por Europa Press, Córdoba Abierta “nace de la necesidad de defender desde la sociedad civil los derechos y libertades constitucionales y la igualdad de todos, a través, de la articulación de un movimiento ciudadano en Córdoba y en Andalucía”.

Su objetivo es que “los andaluces y los cordobeses no seamos ciudadanos de segunda, sometidos voluntariamente a un poder establecido preñado de privilegios, que, además, impone la desigualdad”, ante la que Córdoba Abierta llama a “una sublevación pacífica, abierta a todos y para todos, por la libertad y la igualdad”.

Es más, la nueva asociación está “tan abierta” a la sociedad cordobesa que prevé, con la paulatina incorporación de miembros, convocar una asamblea para elegir a la directiva de Córdoba Abierta, que ahora encabezan sus fundadores y cuyos fines, según recogen sus estatutos, pasan, en primer lugar, por la “defensa de los derechos de libertad e igualdad de todos los españoles, dentro del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978”.

Para ello, están dispuestos en Córdoba Abierta a “ejercer todas las acciones legales oportunas contra cualquier persona física o jurídica que infrinja o vulnere cualquier derecho fundamental de los españoles”, y a “organizar cualquier tipo de actos colectivos para conseguir que las libertades y derechos de los españoles sean reales y efectivos”.

De forma concreta, se comprometen también a “defender el medio ambiente y realizar actos en defensa de una economía sostenible, participando en todo tipo de actos dirigidos a lograr esos objetivos”, a la vez que a “promover cualquier actividad dirigida a la creación de empleo en España, en Andalucía y en Córdoba, hasta conseguir el pleno empleo de calidad, igualitario entre hombres y mujeres, defendiendo la igualdad de oportunidades y luchando contra cualquier tipo de discriminación entre españoles”.

Igualmente recogen los estatutos como fines de la nueva asociación “la creación de sociedades, empresas o entidades de todo tipo dirigidas a promover los valores democráticos consagrados y garantizados en la Constitución Española de 1978, así como, participar en la constitución de partidos políticos que coincidan con los fines y objetivos de ACOA”.

Para la consecución de los mencionados fines, en Córdoba Abierta se han propuesto se desarrollar diversas actividades, tales como “publicar artículos en cualquier medio de comunicación, organizar reuniones en espacios públicos y privados, celebrar mesas redondas, convocar legalmente reuniones y manifestaciones públicas, participar en cualquier acto público o privado, constituir medios de comunicación, digitales, hablados o escritos, ejercitar las acciones legales oportunas en defensa de sus fines, así como, participar de cualquier actividad sea propia o ajena en defensa de sus fines asociativos”.

La Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba ha celebrado un acto simbólico para recordar a las víctimas del franquismo que fueron enterradas en fosas comunes en los cementerios de la capital. Familiares y miembros de colectivos memorialistas han colocado fotografías de las víctimas desaparecidas en las vallas que delimitan la fosa en la que actualmente interviene el equipo técnico en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud.

Araceli Jarobo, Manuel Tarazona, Gonzalo Ansío, Enrique Vallejo, José Bernal, Reneé Lafont, Luis Raya, Joaquín García, José María Albariño, Domingo Cuevas... Y así decenas de nombres más junto a sus fotografías, colgadas en el perímetro de las fosa de personas represaliadas que se excava actualmente en el cementerio de La Salud de Córdoba. En este camposanto y en el de San Rafael fueron arrojados los cuerpos de más de 4.000 víctimas de la represión franquista y, este domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos, el recuerdo eterno de sus familiares y colectivos memorialistas se ha sumado a la esperanza por los trabajos que ya buscan sus restos.

“Las fotografías son la encarnación de la memoria (...) Guardadas en el pecho, en una cajita o en un cajón, fueron el escudo protector y mantuvieron la conexión permanente con sus viudas e hijos. Sobrevivieron al tiempo para convertirse en objetos de interacción, de diálogo permanente, en altares iluminados por la memoria y el recuerdo. Hoy se exponen aquí para continuar manteniendo viva esa memoria”.

Una a una, las fotografías en blanco y negro de las víctimas han dibujado la valla que perimetra las carpas bajo las que se desarrollan las excavaciones y que ya han alcanzado el nivel de enterramiento de los represaliados. Al lado, familiares muy mayores que llevan ocho décadas buscando los restos de sus seres queridos. “Ya vamos quedando muy pocos”, se lamentan, por la tardanza en poder buscarlos.

La “verdad, justicia y reparación” tantas veces reclamada resuena también en este día en el cementerio, porque aunque las labores de excavación de las fosas ya se han iniciado, como decía una portavoz de la Plataforma Comisión de la Verdad, “ahora es cuando empieza todo”.

Recuperación de los restos e identificación

Empieza todo lo que han esperado durante décadas, conocer dónde están los restos de sus seres queridos -“víctimas de un genocidio”- y poder recuperarlos e identificarlos con el ADN de los familiares. “Pero llegará un día y ya está pasando, que no va a haber nadie con quien contrastar esas muestras”, lamentan por la espera, que lleva aparejada la muerte de los familiares más directos.

La esperanza se abre bajo las carpas, donde el equipo de Themis Córdoba, la empresa encargada de realizar estos trabajos y conformada por una veintena de especialistas -entre antropólogos, sociólogos, arqueólogos, historiadores, topógrafos, cartógrafos y conservadores, entre otros-, trabaja actualmente en el cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud, con dos excavaciones en paralelo donde los sondeos ya confirmaron la presencia de represaliados.

Hasta ahora, han podido excavar y extraer los restos de una treintena de enterramientos normalizados posteriores a la represión, que se encontraban en una de las zonas delimitadas en estos trabajos, por encima del nivel donde se encuentran las víctimas del franquismo. En la otra zona de trabajo en paralelo, ahondan al mismo nivel, y estarán en disposición ya de desenterrar los restos de personas represaliadas que fueron asesinadas y arrojadas a las fosas en sacas de varias víctimas.

Precisamente hace poco más de dos años, en octubre de 2021, las excavaciones en el cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud de Córdoba hallaron, bajo metro y sesenta centímetros de terreno, los restos de al menos trece personas, asesinadas y arrojadas unas encima de otras, confirmando la aparición de una gran fosa común de represaliados de la Guerra Civil. Sondeos como ese y los del cementerio de San Rafael arrojaron certeza sobre la realidad que testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de ambos camposantos.

Ahora, 87 años después del inicio de aquel horror, las familias esperan que las exhumaciones de sus seres queridos ya estén cerca.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba celebrará los días 28 y 29 de septiembre el I Congreso Jurídico Nacional sobre Discapacidad Ciudad de Córdoba en el que profesionales de ámbito nacional y vinculados a la atención, defensa y protección de las personas con discapacidad analizarán, tras dos años de su entrada en vigor, la aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación Civil para el Apoyo a las personas con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Bajo el lema Cuando la sociedad cambia, cambia el Derecho. A veces el Derecho puede cambiar a la sociedad, el evento jurídico, organizado en RED con el Foro Andaluz de Bienestar Mental y con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), nace con el objetivo de favorecer la plena integración y desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad, y de convertir a Córdoba en un referente en torno al colectivo de las personas con discapacidad.

Cristina López, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Córdoba y responsable del área de Discapacidad, ha destacado cómo la reforma de la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad exige “un cambio de mentalidad para alcanzar la máxima integración e inserción social y laboral de estas personas”. Por ello, ha explicado, “atendiendo al mandato que dicha norma hace a los Colegios de la Abogacía, para impulsar la formación y sensibilización de los profesionales en dichas medidas de apoyo, hemos sumado esfuerzos para ofrecer a través de este encuentro jurídico sin precedentes, una formación especializada destinada tanto a los distintos profesionales del ámbito jurídico como del ámbito socio-sanitario”.

El Fiscal Delegado de la Sección de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía y miembro de la Comisión de Discapacidad del ICA-Córdoba, Fernando Santos, cuya colaboración ha sido fundamental en la elaboración del programa de este encuentro jurídico, ha destacado que la ley, “afecta directamente a un colectivo que representa el 9% de la población española e incide en lo más relevante de la persona, el ejercicio de su autonomía, el poder decidir o intervenir en las cuestiones que le afectan. Es una cuestión de dignidad y es una cuestión de derechos humanos”.

Durante siglos, ha añadido, “discapacidad era sinónimo de inhabilidad. Esta concepción ha calado profundamente en la mentalidad social y esta ley viene a cambiar esa mentalidad. De ahí la trascendencia de este encuentro jurídico donde analizaremos su aplicación tras dos años de su entrada en vigor con los profesionales más cualificados en la materia”.

Por su parte, Gonzalo Esparza, gerente del IMDEEC, ha expresado “la satisfacción que supone para el Instituto Municipal ”respaldar este encuentro jurídico tan importante, porque defiende una Córdoba de todos y para todos, en la que el desarrollo económico va ligado al desarrollo social y que no se entiende sin la participación de todas las personas“. ”Agradezco al Colegio de la Abogacía de Córdoba el papel que desempeña como una pieza clave que nos ayuda a posicionar a Córdoba como la ciudad abierta e integradora que es hoy en día“, ha añadido.

Programa y desarrollo del congreso

Este I Congreso Jurídico Nacional sobre Discapacidad Ciudad de Córdoba, que tendrá lugar en el Círculo de la Amistad, se articula a través de un amplio programa que arrancará el 28 de septiembre con ese análisis de la aplicación de la reforma legislativa, en el que intervendrán María Jesús Moro Almaraz, diputada en el Congreso y ponente de la Ley, y María José Segarra Crespo, Fiscal de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores.

Los aspectos relacionados con los apoyos e instrumentos notariales para el ejercicio de la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad serán analizados por Almudena Castro Girona y Federico Cabello de Alba, notarios y miembros de la Fundación Aequitas, mientras que Cristóbal Fábrega, Fiscal Delegado de la Sección de Apoyo a Personas con Discapacidad y mayores en Jaén, y Celia Prados, Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, profundizarán en las cuestiones relativas a la Guarda de Hecho.

El congreso contará también con la intervención de dos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Javier Hernández García y Antonio del Moral García, quienes, desde un punto de vista penal, abordarán los aspectos procesales y sustantivos de la reforma legislativa. 

Por otro lado, se analizarán las novedades relacionadas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad consumidoras, con David Mayor Fernández, Fiscal adjunto a la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, y Francisco de Asís Paniagua Amo, director de la Asesoría Jurídica en Cajasur.

Ya el viernes, día 29 de septiembre, el encuentro se centrará en los aspectos sustantivos de los apoyos judiciales - curatela y defensor judicial - con Fernando Santos, Fiscal Delegado de la Sección de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, y Antonia Roncero, Magistrada de la Audiencia Provincial de Córdoba; así como en los aspectos procesales y revisión de sentencias, a través de la intervención de Avelina Alia Robles, Fiscal adjunta de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores, y Patricia Gutiérrez Escobedo, Magistrada especialista del Juzgado de Apoyo a Personas con Discapacidad.

El congreso se cerrará con el análisis de otros aspectos procesales de la reforma de la Ley 8/2021 – El Derecho a Entender y Ser Atendido – Art. 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el papel de las Fundaciones de Apoyo. En este ámbito intervendrán María Luisa Zamora Segovia, Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Sevilla, Delegada Judicial de la Sección de Apoyo a Personas con discapacidad en Andalucía, y Rafael Armesto del Campillo, abogado de la Fundación FUTUBIDE – Bilbao.

La organización de este Congreso cuenta también con la colaboración de Fundación PRODE, Fundación AEQUITAS, Fundación Cordobesa de Apoyos, y las editoriales CUNIEP, LEGIS y LEFEBRVE.

La inscripción a este I Congreso Jurídico Nacional Sobre Discapacidad Ciudad de Córdoba será totalmente gratuita para todos los asistentes. En una semana se anunciará la apertura del plazo de inscripción.

¡Aquí estamos las feministas!. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Este lema fue repetido hasta la saciedad por casi las 10.000 personas que hicieron historia en Córdoba hace hoy cinco años. Habrá mucha gente que no se acuerde de aquel día, de aquel 8 de marzo de 2018. Habrá también otras tantas personas que no compartan la necesidad y la urgencia de salir a la calle a denunciar la desigualdad que aún hoy existe en la sociedad entre hombres y mujeres. Y también habrá quien llame feminazis a las feministas con el único propósito de desacreditarlas. Pero hay otras miles de mujeres, y también hombres, que echan la vista y se enorgullecen de lo que hicieron y vivieron durante aquella jornada que marcó un antes y un después en el colectivo feminista de Córdoba.

Las expectativas de Nosotras Decidimos, la plataforma que incluye a todas las asociaciones y colectivos feministas de Córdoba, eran muy altas. Aquel 8 de marzo, tal y como ocurre en la jornada de este miércoles, coordinaba todos los actos centrales. Por primera vez en la historia de la ciudad, la huelga fue llevada a todos los ámbitos en los que están presentes las mujeres, desde el laboral y el estudiantil hasta el consumo y los cuidados.

Desde Nosotras Decidimos recuerdan que la manifestación de 2018 -también la del siguiente año- fue “tan impresionantemente exitosas por la gran asistencia de personas que acudieron a ellas” porque, argumentan “por primera vez gran parte de la ciudadanía se identificó con la necesidad de salir a las calles a reivindicar los derechos de las mujeres”.

Aquel 8 de marzo estuvo marcado por la inestabilidad meteorológica. Había previstas fuertes lluvias durante todo el día, especialmente durante el transcurso de la manifestación, que arrancó a las 19:30 en los Jardines de la Agricultura. Los Jardines de Colón fue la primera parada. Allí se concentraron miles de personas de todas las edades para calentar motores de cara a la manifestación. Además, se dispuso de un micrófono abierto a través del cual personas individuales y colectivos pudieron leer sus manifiestos. Las profesionales de la comunicación, bajo el lema #Lasperiodistasparamos, fueron una de las organizaciones que participaron en esta iniciativa, dando voz a la realidad y a las necesidades que atraviesa el sector en cuestión de género. Tras finalizar el grueso de esta actividad, las previsiones se adelantaron y una tromba de agua cayó sobre Córdoba.

A las 19:30, con los paraguas a medio abrir, debía haber comenzado la manifestación, pero el éxito de la misma provocó que a las 20:00 aún hubiera manifestantes en los Jardines de la Agricultura. Costó arrancar pero una vez en marcha, quienes participaron recordarán que aquella protesta fue sin duda la más numerosa que se recuerda en la capital. Fue difícil captar en una imagen el inicio y la cola de la manifestación. La llegada a la Plaza de la Corredera, punto final de la manifestación, fue una verdadera odisea porque mientras la plaza se llenaba de gente, otras miles de personas aguardaban en Claudio Marcelo y La Espartería para poder entrar.

Una vez allí, los balcones del mercado de La Corredera sirvieron a la plataforma Nosotras Decidimos para continuar arengando a la ciudadanía a seguir luchando contra la desigualdad, el machismo, la brecha salarial y el techo de cristal.

No podemos dejar atrás a quienes la necesidad de ir a trabajar y la obligatoriedad de los cuidados les impidieron poder hacer huelga o ir a la manifestación. Y, cómo no, en el recuerdo de todos estuvieron aquellas mujeres que lucharon por lo que hoy disfrutamos y aquellas otras a las que les arrebataron la voz al ser asesinadas por sus parejas o exparejas.

Este miércoles 8 de marzo de 2023, cinco años después, de nuevo la plataforma ha convocado una manifestación para reivindicar la igualdad real entre mujeres y hombres. Porque, a su juicio, las de 2018 y 2019 fueron “un espejismo” y “con la perspectiva que nos ofrece el paso de estos años, podemos afirmar que el feminismo, como movimiento político y social, no ha crecido de forma relevante. Las feministas medimos el 'triunfo'” del feminismo, no por el número de ciudadanas que responden a la convocatoria de las manifestaciones del 8 de Marzo, sino por el cumplimiento de la agenda feminista y el verdadero compromiso para que eso suceda“. Y, en ese sentido, consideran que ”estamos muy lejos aún de ese cumplimiento“.

Por eso, este 8M estarán al frente de la manifestación que saldrá a las 18:00 de la glorieta de la Cruz Roja, con un recorrido que repetirá el itinerario del año pasado, caminando por el Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Cruz Conde, Plaza de Las Tendillas, Claudio Marcelo y concluir en la Plaza de La Corredera.

Razones para la manifestación

El cartel de la manifestación feminista del 8 de marzo en Córdoba recoge este año “nuestras raíces feministas que son las que sostienen a lo largo de tantos años la finalidad y el sentido de este movimiento”, exponen desde Nosotras Decidimos. Se trata de un diseño “en homenaje a las sufragistas de principios de siglo pasado que consiguieron los derechos políticos de las mujeres en una gran parte del mundo. Si, como dijo aquel poeta, la libertad no requiere alas sino raíces, las razones del feminismo siguen bien ancladas a la realidad de cualquier tiempo y lugar legitimando con ello la necesidad de seguir unidas y en pie por la dignidad de las mujeres”.

Y añaden: “Sabemos de dónde venimos y tenemos claro a donde queremos llegar. Mientras haya mujeres en el mundo esclavas del sistema prostitucional, mientras sean utilizadas de incubadoras humanas mediante los vientres de alquiler para satisfacer los deseos de genética paternidad patriarcal, mientras la pornografía acampe a sus anchas creando manadas de violadores perpetuando con ello la atroz violencia sexual que sufrimos por ser mujeres, mientras nos sigan asesinando y solo seamos cifras y tuits de condolencias en redes sociales institucionales, mientras el acoso, el menosprecio y la censura sean herramientas para tratar de amedrentarnos y taparnos la boca, seguiremos ejerciendo el feminismo y saliendo a las calles para decir alto y claro: ¡Hasta aquí hemos llegado! Feminismo, sin ningún género de dudas”.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha alertado que “crecen los derechos de los animales y sus crías, mientras el nascituro es despojado de todo derecho” y, “más aún, se proclama que el aborto es un derecho”, de forma que ahora se imponen “18 meses de prisión por matar una rata, y se puede matar al niño en el seno materno con todas las facilidades”.

En realidad, el obispo de Córdoba se hace eco en su carta semanal, recogida por Europa Press, de un bulo que circula y muestra un titular sin contexto que asegura que la norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 castigará con una multa de hasta 50.000 euros y una pena de prisión de 18 meses a quien mate una rata en casa, cuando la norma incluye exenciones de responsabilidad penal, como el control de plagas.

Así, aludiendo a las palabras que, recientemente y en este sentido, ha pronunciado el nuncio apostólico del Papa en España, Bernardito Auza, Demetrio Fernández, por su parte, añade que “como si se hubieran desatado todos los demonios, vemos que la mentira, la violencia, el atropello de los derechos humanos y el mal en todas sus formas afloran por doquier”.

Al respecto, el obispo ha advertido que “no podemos afrontar tanta maldad solo con un programa político. El mal se vence a fuerza de bien. Estos demonios solo se expulsan con oración y ayuno, nos recuerda Jesucristo”.

“Pero, cómo pueden los humanos llegar a tal desprecio de la vida --ha proseguido--, que haga cada vez más fácil el aborto y no ofrezcan más medios para las personas que están en peligro de matar al hijo de sus entrañas. Se suprime el tiempo de reflexión, se rebaja la edad para cometer este 'crimen abominable', como dice el Vaticano II, y se niega la información previa al consentimiento informado”.

Por eso, “junto a esa oración y ayuno que brotan de la conversión, hemos de despertar la conciencia personal y social ante la dormidera de una sociedad que parece entumecida y narcotizada. La vida ha vencido sobre la muerte en Jesucristo muerto y resucitado. También hoy la vida vencerá a la muerte”, ha pronosticado.

En este sentido, Demetrio Fernández ha dicho en su carta “apoyar de corazón la valiente iniciativa '40 días por la vida', desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, que tiene lugar en el mundo entero para hacernos caer en la cuenta de la tremenda desgracia del aborto, al que no debemos acostumbranos”.

“También en nuestra diócesis --ha añadido-- hay personas que se apuntan voluntariamente para rezar ante la clínica abortiva y ofrecer a las mujeres otra alternativa, respetando siempre su libertad. En nuestra ciudad de Córdoba ya han sido rescatadas varias vidas, que estaban destinadas a su destrucción, y se han convertido varias mujeres que iban camino del exterminio. Surgen también iniciativas de apoyo a los cuidados paliativos, en lugar de la eutanasia que suprime a los enfermos terminales. Si quieres colaborar, pregunta en tu parroquia”.

La abogacía suele ser una de las profesiones que más cerca está de la violación de derechos humanos, algo que ocurre también en los países más democráticos y avanzados. Por eso, y con motivo de 74 aniversario de la declaración de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Córdoba ha puesto en marcha un buzón para detectar posibles vulneraciones de Derechos Humanos en la provincia de Córdoba. Las primeras denuncias realizadas por los profesionales de la Abogacía y que precisan una especial atención, hacen referencia a colectivos concretos, como personas con enfermedad mental o diversidad funcional, y a disfunciones en determinadas administraciones.

La diputada responsable de la comisión, Berta Aparicio, ha destacado la gran participación de los abogados cordobeses en los apenas 20 días que lleva funcionando este buzón, y cómo ya se ha podido realizar una especie de retrato sobre “situaciones reales en nuestra ciudad y en nuestra provincia”. “Hemos puesto en marcha este buzón desde el convencimiento de que la abogacía tiene capacidad de detectar la vulneración de derechos” y con “la pretensión” de “visibilizar” los problemas “para dar traslado a quien corresponda su solución”, detalló.

En los apenas 20 días que lleva el buzón en funcionamiento, la Abogacía ha aportado una veintena de escritos donde han trasladado su preocupación por diversas cuestiones, que permite hacer una radiografía de las situaciones sociales que requieren especial atención en la provincia de Córdoba. Los primeros escritos recogidos en el buzón hacen referencia, por un lado, a colectivos concretos, a ciertas disfunciones que detectan en determinadas entidades y organismos, en la propia administración pública y, en concreto, en la Administración de Justicia. 

La mayor parte de las denuncias “ponen el foco en personas con enfermedades mentales”, que sufren “desatención sanitaria, social y jurídica”. Esta desatención deriva, a su vez, “en un empeoramiento de su patología” y también de su situación legal. Aparicio destacó la “gran cantidad” de enfermos mentales que hay en prisión y que en muchos casos llegan a la cárcel sin que el sistema haya sido capaz de detectar “de manera previa” su patología. Aparte, también se ha destacado una “creciente implantación de chabolas con menores” en la ciudad, y que estos menores “no tienen acceso a necesidades básicas”.

Otra de las grandes vulneraciones detectadas tienen que ver con los “excluidos del mundo digital”. Es el caso de muchos mayores y también de personas con diversidad funcional. De esta manera, los abogados ponen su acento en la “limitación de los derechos de un sector de la población cuando accede a la administración o a que se les preste unos servicios”. “No tienen capacidad de participar en el nuevo modelo digital”, sostuvo Aparicio.

Según el informe del Colegio de la Abogacía, se ha detectado también que muchos mayores no solo se sienten excluidos en su relación con entidades bancarias, sino que cada vez hay más servicios que se prestan online.

Por otra parte, y en relación con la administración, se denuncia el “colapso” en las citas previas que se dan para operaciones presenciales. Además, en muchos casos “las personas no pueden entrar acompañadas” y “hay administrados que necesitan ir acompañados”, dijo Aparicio.

Los abogados también reclaman una “reorganización” de la administración pública “post pandemia” que “está dejando al ciudadano sin respuesta”, con “teléfonos que no se atienden”, registros “como el de parejas de hecho que no funcionan” o el problema en extranjería. También han mostrado su “preocupación por falta de intérpretes para trasladar resoluciones administrativas tan clave como situación de desamparo”.

“Nada se parece a la injusticia como la justicia tardía”, expuso Aparicio, citando a Séneca, para denunciar los “tiempos inasumibles” de la justicia en Córdoba, con “vistas para el año 2026 en los juzgados de lo Social”.

Aparte, también se ha denunciado el estado de los calabozos para detenidos en la comisaría de Campo Madre de dios y la falta de “espacio y luz” en una de las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

La diputada responsable de la Comisión de DDHH ha agradecido a los compañeros su participación y el compromiso demostrado, animándolos a que “sigan trasladándonos sus preocupaciones para poder abordarlas y hacerlas llegar a quien proceda para intentar mejorar y subsanar situaciones sociales que a día de hoy no deberían existir”. 

La Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes (Ariadna) es la entidad reconocida este año con el Premio de Derechos Humanos que entrega cada año la Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre.

Así, el presente año 2022 la asamblea de socios y socias de la delegación ha decidido otorgar dicho reconocimiento a la Ariadna, una asociación que lleva casi cuatro décadas siendo un referente en la lucha por la dignidad de las personas con problemas de drogodependencias y sus familiares en la provincia de Córdoba.

A juicio de la APDHA Córdoba, Ariadna realiza una gran labor de prevención, apoyo al tratamiento e inclusión en el campo de las adicciones a todos los niveles: individual, familiar, social, laboral o judicial. Cuenta con un fantástico equipo de profesionales y personas voluntarias que prestan servicios de atención psicológica, social y educativa. Se caracteriza su actuación por priorizar a los colectivos más excluidos, siendo sus espacios de trabajo esenciales las barriadas necesitadas de transformación (no en vano su sede sitúa en Moreras) y el centro penitenciario de Córdoba.

Por último, asegura “podemos dar fe de la constante disponibilidad de las compañeras y compañeros de Ariadna para la colaboración y el trabajo en red con el resto de organizaciones de la sociedad civil cordobesa”.

Por todo lo anterior, afirma la delegación cordobesa de la APDHA, “será un verdadero placer entregarles el Premio de Derechos Humanos 2022” en un acto que se celebrará el próximo 12 de enero a las 19.00 h en el salón de grados de la Facultad de Derecho y CCEE de la Universidad de Córdoba (Plaza de Puerta Nueva s/n).

El acto se realizará en el marco de la Jornada “Exclusión social y pandemia: impactos y retos de futuro”

https://www.apdha.org/cordoba/actividades-de-apdha-cordoba-por-el-dia-internacional-de-los-ddhh-2022/

El espacio público es ese lugar donde las ciudadanas y ciudadanos nos relacionamos, compartimos, debatimos e interactuamos con respeto y tolerancia, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en lugar inhóspito para la convivencia, donde un sector de la política nacional e internacional lo está utilizando para la confrontación dialéctica, psicológica e incluso física entre iguales, donde toda persona que no entra en sus cánones es alguien que es potencialmente atacable.

Dichos líderes políticos no han dudado en proponer o promulgar leyes contra personas sin hogar, mujeres, homosexuales, musulmanes, gitanos o inmigrantes como es el caso de Polonia con la Ley que autorizaba rechazar inmigrantes en la frontera o más recientemente, la construcción de una barrera eléctrica en la frontera de Bielorrusia.

Igualmente, Hungría también aprobó la Ley que criminalizaba la ayuda a inmigrantes también conocida como Ley Stop Soros contra la reubicación de refugiados o la Ley contra el colectivo LGTBI que prohibía hablar de homosexualidad en las clases.

Asimismo, asistimos de forma habitual a discursos incendiarios por parte de políticos como Meloni, Abascal, Salvini, Putin, Bolsonaro o Wilders donde estos se convierten en Ley para sus adeptos, que actúan como “policías de la moral y las buenas costumbres”.

Aunque de todos, Trump se lleva la palma en el intento de dinamitar la sociedad y los pilares democráticos, intentando prohibir volar a musulmanes a EE.UU. en 2017 cuando aprobó una orden ejecutiva que prohibía la entrada a ciudadanos de siete países, sacando a un parking de Las vegas a personas sin hogar en marzo de 2020, obligándoles a dormir a la intemperie, o instando premeditadamente al ataque de las propias instituciones del país, como fue el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2021. La propia Unión Romaní también denunció la “cruel persecución” que sufren los gitanos en países de vieja tradición democrática como Grecia o Hungría.

Y en este punto, no podemos olvidar los carteles xenófobos y racistas en ciudades como Barcelona o Madrid, o la aprobación en Alicante de la Ordenanza para multar a mendigos y prostitutas, como si poner mobiliario urbano hostil no fuera suficiente, sufriendo con ello una violencia estructural continua.

La agenda global impulsada por la extrema derecha está dejando una gran cantidad de víctimas a su paso como es el caso de millones de seres humanos que huyen de guerras, hambrunas, pandemias, desastres naturales o persecuciones religiosas, por orientación sexual o ideológicas, donde bajo el latemotiv de la seguridad, realizan propuestas como la expulsión o persecución masiva de inmigrantes o gitanos, cierre de fronteras o venta de armas, atacando con ello los principios más básicos del Estado de Derecho así como los Derechos Humanos reconocidos en Tratados Internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer entre otros. Estos Derechos fueron adquiridos por el ser humano, para seguir desarrollándose públicamente y con total libertad.

Mucho más que Vox

Actualmente, son tiempos duros con el auge de la extrema derecha, y por supuesto, España no es menos. En España la extrema derecha es mucho más que Vox, donde existen otros partidos políticos que tienen un voto minoritario, pasando por grupos y movimientos sociales, y terminando por youtubers y creadores de contenido en redes sociales. Donde todos y cada uno de ellos, actúan como altavoz de ese discurso reaccionario contra los derechos de las personas.

Dicho discurso revisionista, misógino, racista, xenófobo, homófobo, islamófobo y antisemita, induce y da carta blanca a parte de la sociedad para actuar de forma violenta, buscando volver a encerrar a homosexuales en el armario o a las mujeres en la cocina, o crear guetos o apartheid con quienes no reúnen las características que ellos consideran “perfectas”.

Esa globalización que ha transformado nuestras sociedades, en sociedades multiétnicas y multiculturales, que ha ayudado a convertir nuestras ciudades, en ciudades cosmopolitas, contraria a lo que pueda parecer, está creando actualmente la proliferación de situaciones conflictivas impulsadas por políticos que actúan al calor de lobbys fundamentalistas, fanáticos y extremistas.

Pero si hay algo que puede empeorar la situación, es que estos discursos son aceptados y defendidos por jóvenes que han tenido la oportunidad de actuar y vivir en total libertad, pero que cada vez actúan con mayor intransigencia hacia estos grupos, colectivos, e incluso personas sin hogar, con argumentos tan básicos, burdos y zafios como evitar la mezcla de razas, el supuesto catolicismo de Europa o lo antinatura.

Todos estos discursos y los que faltan por escuchar, están trayendo el incremento de los delitos de odio tanto en las redes sociales como a pie de calle, donde esos que se hacen llamar “patriotas” y “demócratas” salen de cacería contra personas que normalmente expresan en el espacio público los derechos que les reconoce la Ley.

El desarrollo de estas políticas tiene dos objetivos, el primero el escarnio público, y el segundo la criminalización de las personas que pertenecen a estos colectivos y grupos. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de quienes se sienten ética y moralmente superiores por su raza, sus creencias o condición económica y social. Para luchar contra estos ataques y la continua vulneración de derechos es necesario la pedagogía y la educación, pero también llevar a cabo políticas aperturistas, transgresoras y desacomplejadas, que no compren discursos radicales por el simple hecho de captar unos míseros votos de radicales y trasnochados que idolatran la dictadura más rancia y retrógrada.

Sólo con políticas integradoras se puede combatir el discurso de odio proyectado por la extrema derecha, donde se le haga ver a los ciudadanos y a la juventud que en cualquier momento los inmigrantes, las mujeres que aborten o sufran violencia de género, los homosexuales o las personas sin hogar pueden ser ellos o ellas, sus hijos o hijas o sus familiares más directos.

El pasado 27 de abril, la Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que, por primera vez, consideraba vinculantes las resoluciones de los comités de Naciones Unidas (ONU) y ordenaba indemnizar a una mujer cordobesa por haber sufrido lesiones y un trato inadecuado durante su detención por la Policía. Este hito judicial abre nuevas vías para los casos en que se consideren vulnerados los derechos fundamentales y para que los abogados, en vez de concluir el recorrido judicial de los mismos en los tribunales españoles o acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acudan a la vía de reclamación de la ONU. 

Valentín Aguilar, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDH-A), es quien utilizó esta vía para llevar el caso de las torturas de su representada a manos de la Policía en Córdoba y quien ha conseguido ahora que la Audiencia Nacional reconozca y establezca como vinculante la resolución del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, ordenando al Estado indemnizar con 3.000 euros a la afectada. A partir de su experiencia, ha ofrecido una conferencia en el Colegio de Abogados de Córdoba para que sus colegas conozcan con detalle y puedan utilizar esta vía para los casos de vulneración de derechos fundamentales. 

“El objetivo es que esas nuevas experiencias puedan servir al resto de la abogacía para acudir a esta vía, que ha sido muy poco utilizada en general por abogados de todos los países”, explica Aguilar a Cordópolis. Los comités de la ONU componen un sistema universal, por encima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y están especializados en distintos ámbitos, tales como los derechos humanos, los derechos sociales y culturales, los derechos del niño o las torturas, entre otros. 

“Estos comités interpretan si lo que ha hecho el Estado es compatible con los tratados de la ONU” en cada uno de esos ámbitos. Y, en base a ello, dictan una resolución que ahora la Audiencia Nacional considera vinculante para sus sentencias. 

Hasta ahora, esta vía de recurso ante los comités de la ONU “había sido muy poco utilizada, fundamentalmente por gente muy relevante o con capacidad económica”, señala Aguilar sobre personas que han recurrido a esta vía como los condenados por los GAL o el juez Baltasar Garzón a cuenta de su inhabilitación. En los últimos años, también ha sido utilizada por algunas ONG en cuestiones ligadas a los desahucios, la identificación de menores extranjeros y algunos casos de tortura. 

“Se puede generalizar esta vía” 

“Lo que vengo a reivindicar es que se puede generalizar este uso”, asegura el abogado que ha conseguido la sentencia favorable de la Audiencia Nacional. “Hay mucha gente a la que se le vulneran ciertos derechos y pueden acudir a los comités de la ONU” y, por ello, ha dado respuesta a sus colegas abogados que en Córdoba han conocido de primera mano el uso de esta vía. 

Aguilar destaca que, “con esta sentencia, ha sido la primera vez que la Audiencia Nacional ha establecido que lo que digan los dictámenes de la ONU debe ser respetado”. Y, a su juicio, esto ayuda a los abogados a “darnos cuenta de que tenemos una vía interesante para reconocer derechos y que haya una reparación sobre ello”, porque “ahora se reconoce una naturaleza cuasi judicial a estos comités de ONU”. 

Sobre la aplicación práctica por parte de los abogados de esta nueva vía que se abre, Aguilar señala que “cualquiera que tenga en el despacho un asunto en el que considere que se han vulnerado los derechos, puede acudir”.  “Hay veces que ves asuntos muy injustos en tu despacho y ahora podemos darles una nueva posibilidad y no dejarlos cerrados en España. Esto comités de la ONU van a lo sustancial, a lo importante. A veces aquí nos perdemos en pequeños detalles jurídicos, pero ellos van a lo principal”. 

En ese sentido, ahonda en que los comités de la ONU cuentan con “un alto índice de admisión” de los recursos, aunque especifica que los casos “más factibles” para llevar hasta estos organismos son “los relacionados con los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución y coinciden con los tratados de la ONU”, como los derechos humanos o la vivienda. 

Y el mecanismo para poder llegar a los comités de Naciones Unidas no es difícil. Una vez agotada la vía de los tribunales en España, se puede interponer una reclamación directamente ante el comité de la ONU del ámbito que incluya el caso que se denuncia. Deberá pasar el trámite de admisión y darse traslado al Estado y a la parte denunciante, sin que haya que trasladarse a Ginebra y con la ayuda de traductores para realizar en español los trámites. Eso sí, de momento no es una vía rápida: “Se van dos o tres años”. Pero tras ello, el comité de la ONU dictará una resolución y la Audiencia Nacional deberá atenderla al considerarla vinculante desde ahora. 

La primera edición del proyecto de Aprendizaje y Servicio De tú a tú, entre la Asociación Liber y la Universidad de Córdoba (UCO), ha permitido que 40 estudiantes del Grado de Derecho, así como del Máster de Acceso a la Abogacía, hayan tenido la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la reforma legislativa propiciada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Tal y como ha indicado la institución académica en una nota, además de recibir formación sobre la nueva legislación, la realidad de las personas con discapacidad y la accesibilidad cognitiva por parte de Liber, han trabajado directamente con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que cuentan con sentencias de incapacitación, anteriores a esta reforma legislativa.

En este sentido, durante el mes de mayo, el alumnado ha puesto en práctica sus conocimientos, prestando servicios a personas apoyadas por las entidades pertenecientes a la red de Liber. Concretamente, un grupo de personas apoyadas por la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (Futucam), ha tenido la oportunidad de acceder a sus sentencias, adaptadas en 'Lectura Fácil' por el alumnado de la Universidad de Córdoba, y de obtener una explicación, detallada y ajustada a sus necesidades y características personales, sobre su situación jurídica.

Como resultado de esta primera edición, 40 estudiantes de la Universidad de Córdoba han recibido formación sobre discapacidad intelectual, accesibilidad cognitiva, y la reforma de la Ley 8/2021 y 10 personas apoyadas por Futucam se han beneficiado de los servicios jurídicos proporcionados por el alumnado.

Vistos los resultados obtenidos y la positiva valoración que han hecho a lo largo de estos meses todas las personas implicadas, esta primera edición concluye abriendo la puerta a futuras colaboraciones entre ambas instituciones.

La formación comenzó en marzo de este año de la mano de Liber, Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones (antes AEFT) y la Universidad de Córdoba, en el marco del proyecto 'De tú a tú', coordinado estatalmente y financiado por el Ministerio de Educación.

Desde 1981 han pasado como en un chasquido demasiados cambios para una sociedad, tal vez, poco educada. De un extremo a otro sin pasar por la casilla de salida de la educación.

De ser imposible divorciarse, al divorcio exprés; de la guarda y custodia materna a la compartida casi por obligación, aunque los roles no hayan evolucionado; de la violencia soterrada a combatirla con medidas que, porque se cuestionan, generan más violencia. Víctimas, culpables, inocentes, verdugos, según cuando y según como; una prensa - el cuarto poder - que utiliza la violencia como entretenimiento; programas que cosifican a las “hembras” y, a renglón seguido, condenan al “macho” que las cosifica, si de cuotas de audiencia se trata.

Juicios mediáticos tan erróneos como tendenciosos que vulneran los derechos más elementales, de unos y de otros. Víctimas que se estigmatizan y hasta juzgan a veces y verdugos a los que se condena o absuelve, según toca. El juicio en los tribunales es indiferente para todos.

Modelos violentos que se exhiben y aprenden y reproducen por los menores; conceptos como la igualdad de hombres y mujeres que aún hoy se arengan o demonizan desde las políticas de los extremos. (! que mal nos hizo el fin del bipartidismo!). Políticas incorrectas, educación deficiente, efectos rebote.

Reformas que tratan de imponer por real decreto lo que la educación no ha conseguido, vulnerando derechos fundamentales. La violencia existe, pero la presunción de inocencia también.

Joaquín disfrutaba de su único hijo en régimen de guarda y custodia compartida, cumpliendo con esmero. No había mejor padre. Eso sí, no se ponía muy de acuerdo con la ex en la venta de la casa que era de ambos. Un día ella le amenazó con ir a la guardia civil si no le daba el dinero que quería… y como no se lo dio, allí fue. Sacó un audio que atesoraba con premeditación y que muchos meses antes le había grabado, cuidándose ella de lo que decía y provocando que él dijera una frase inconveniente de esas que casi todos hemos dicho en una discusión acalorada. A Joaquín lo condenaron por esa frase, solo por una frase, a la que ella había contestado “a ver si te atreves”. Joaquín tenía ahora que dejar de ver a su niño... ¿Quién reparará el efecto de la pérdida de afecto y del tiempo perdido con los hijos? ¿y si después de suspender hasta las visitas de un padre hubiera luego una Sentencia absolutoria?

La vida, las relaciones humanas son mucho más que cualquier artículo de una ley. Catalogarlas es nefasto porque cada asunto, cada vida, es diferente. Lo que necesitamos son jueces y muchos, implicados en conocer y ahondar en cada asunto y menos leyes y preceptos de un legislador que no acierta a entender que la realidad de las vidas en juego en una sala de vistas es sencillamente poliédrica.

En su último manifiesto, publicado unos días antes de su fallecimiento y titulado El hoy y el mañana: razones para nuestro compromiso, Julio Anguita (1941 - 2020) decía que, si se pretende crear hegemonía social y cultural para construir algo nuevo se debe “impedir que quienes se consideran dueños de un Poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza”.

La frase suena a presagio leída hoy, a las puertas de unas elecciones andaluzas en las que se están repartiendo los sillones por la derecha antes de que se metan los votos en las urnas. Y, sobre todo, suena a advertencia en un momento en el que, desde el flanco izquierdo, se ha vuelto a evidenciar una tensión que escapa a lo programático y que no ayuda, en nada, las aspiraciones de hegemonía cultural de aquel comunicado que publicó en mayo de 2020 el Colectivo Prometeo.

Sin embargo, sólo Julio Anguita, dos años después de muerto, puede convocar en paz, armonía y reflexión a una misma sala a todos los bloques de la izquierda. Es lo que se veía en la mañana de este sábado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de Córdoba, donde el Colectivo Prometeo ha celebrado un homenaje que ha contado con la participación de figuras políticas y del pensamiento que acompañaron la trayectoria de Anguita, además de amigos y familiares.

Una sombra tan alargada que es “un bendito problema”

En el ambiente sobrevolaba la idea de que la praxis de Anguita, además, sigue siendo imprescindible para entender el presente. Y quizá esto no sea precisamente un halago. Eso, al menos, reflexionaba el politólogo y ensayista Manuel Monereo, que explicaba a este periódico que, conforme pasa el tiempo, “la figura y la demanda de Anguita crece”. Esto, a su juicio, es “un bendito problema” con dos caras.

“No tengo claro si crece porque queremos recuperar su memoria o porque los políticos de ahora no están a su altura. Siempre tengo esa sensación de que recuperamos a Anguita, pero se compara con la realidad que tenemos. Si algo caracteriza la etapa actual que es la mediocridad y la falta de ideas. Y Anguita era todo menos mediocre y falto de ideas”, afirmaba Monereo con un punto de amargura.

Para Sebastián Pérez, actual coordinador de IU en Córdoba, “la figura de Julio Anguita trasciende su propia personalidad” y, si ya era un referente en vida, no iba a dejar de serlo tras su fallecimiento. Sobre todo porque, según opina este politólogo, todavía hoy se siguen estudiando sus discursos, sus textos y también sus intervenciones públicas.

Aprovechar su proyección

“Julio sigue siendo un referente para analizar la actualidad. Y eso demuestra la capacidad de proyección que tenía y que hoy nosotros tenemos que aprovechar construir un mundo mejor”, afirmaba el actual responsable provincial de IU.

Por su parte, Amelia Sánchís profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, reconocía que echaba mucho de menos a la persona y al político. “Era una persona honesta y un político de los que te marca”, explicaba Sanchís, que recordaba su asombro ante la capacidad que tenía que el expolítico para estructurar sus discursos, preparados con mimo, siempre con el objetivo didáctico de transmitir toda esa sapiencia a la sociedad.

Dos años después de su partida, “es más necesario hoy que nunca que se siga su trabajo”. En ello está, opina, el Colectivo Prometeo, trabajando “para que no perdamos derechos”. “Tenemos que seguir ampliando ese margen, que cada vez se está estrechando más. Porque hoy estamos perdiendo derechos y libertades. Y los derechos no son naturales ni nacemos con ellos. Los derechos se ganan día a día”, afirmaba Sanchís minutos antes de que arrancara el acto.

Dos años antes, Julio Anguita lo había expresado con igual claridad: “Salir de esta situación, sin que la totalidad de la ciudadanía tenga que pagar el peaje de carencias  en lo que la Constitución denomina Derechos y deberes fundamentales, va a significar un período de apretarse el cinturón generalizado”.