Desde la entrada en vigor de la conocida como Ley Mordaza, la LO 4/2015, en la provincia de Córdoba han sido impuestas un total de 34.655 denuncias. Con todas, solo en Córdoba el Estado ha recaudado por estas infracciones 18,8 millones de euros, según la información del Ministerio del Interior. La norma sigue en vigor, a pesar de lo prometido por el Gobierno de coalición.

Ante ello, distintas organizaciones andaluzas han anunciado la convocatoria de varias concentraciones en la comunidad andaluza. En concreto, se han organizado concentraciones en las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla para el próximo 13 de febrero. Tal y como destacan las organizaciones, “Andalucía es la comunidad autónoma que acumula el mayor número de sanciones desde la entrada en vigor de la norma”. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre los años 2015 y 2020 se han interpuesto 448.103 sanciones en Andalucía que, en términos económicos, ascienden a una cuantía de algo más de 267 millones de euros. Con 108.249 multas, Málaga es la provincia que más sanciones acumula -seguida de Sevilla, con 76.316, y Almería, con 69.012-.

En Córdoba, el año con más sanciones es el del confinamiento, 2020. Durante ese ejercicio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impusieron más de 9.600 sanciones amparadas en esta ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2020, con estas sanciones se han recaudado casi seis millones de euros, según los datos de Interior

Ahora, y como denuncian las organizaciones adheridas, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Sindicato Andaluz de Periodistas o Acción en Red Andalucía, “ni el texto base, ni el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales” como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Las movilizaciones se enmarcan dentro de una convocatoria estatal realizada por la plataforma No Somos Delito, que integra a más de cien organizaciones, y tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que se prevé que los grupos parlamentarios cierren los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma. Uno de los motivos centrales de estas movilizaciones, en las que se reclamará a la Ponencia de la Comisión de Interior que “se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana”.

Las organizaciones sostienen que la reforma seguirá “amordazando derechos fundamentales” mientras éstos sean regulados bajo un procedimiento administrativo “en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, vulnerando un derecho fundamental como es la presunción de inocencia”, apuntan. Por tanto, la plataforma ha solicitado al Congreso que se deroguen o eliminen de la ley aquellos artículos que consideran más lesivos para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, como el 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, supuesto que ya está regulado en el Código Penal; y el 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad, “cuya aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes”. Dos artículos que, en el ámbito estatal, son los que más multas han supuesto en materia de seguridad ciudadana desde 2015 a 2019, llegando a sumar 140 mil multas impuestas, lo que supone un 70% del total de sanciones impuestas en ese periodo, y que durante la fase de confinamiento del año 2020, llegaron a suponer casi el 97% del total de las multas impuestas en ese año, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior.

Piden también la eliminación de las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como la sanción por venta ambulante y que “se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial”. Por último, los colectivos adheridos a la movilización del 13 de febrero exigen que una reforma integral de la Ley Mordaza debe pasar por cambios como que “la palabra del policía tenga valor de mera denuncia y que deban aportar pruebas, como mínimo, cuando las actuaciones policiales entren en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales”.