Varias personas han sido sancionadas con multas de 601 euros cada una tras los hechos ocurridos el pasado 13 de abril durante la concentración de repulsa celebrada en la barriada de la Fuensanta (Córdoba) tras el asesinato machista de Tulia, una vecina de 64 años presuntamente asesinada por su expareja.

Según informan Adelante Andalucía y la Asociación de Mujeres Marianne, las sanciones han sido impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, una decisión que ha generado la protesta de estos colectivos, que consideran que se trata de una aplicación desproporcionada de la normativa en una concentración que, salvo por un momento de tensión concreto, reunió pacíficamente a alrededor de un millar de personas para mostrar su rechazo al crimen, acompañar a la familia de la víctima y exigir justicia.

El incidente durante el traslado policial

Aquella tarde, el momento de mayor tensión se produjo cuando un furgón de la Policía Nacional trasladó al presunto autor del asesinato pasando a escasos metros del lugar donde se desarrollaba la concentración, coincidiendo con el desarrollo del acto. En ese contexto se produjeron gritos de indignación y algunos asistentes se acercaron al vehículo policial. Tanto Adelante Andalucía como Marianne reconocen que hubo reacciones de enfado, en un ambiente marcado por el impacto del crimen, aunque rechazan que existiera una obstrucción real al convoy, que es el ilícito penal que se ha sancionado a varias personas, y que la ley entiende como “grave”, en vez de “leve”.

En este sentido, la Asociación de Mujeres Marianne ha denunciado en su comunicado que la actuación policial fue “negligente” por generar una situación de tensión evitable en un momento especialmente sensible. En palabras de la organización: “En el mismo momento en que la hija de Tulia estaba compartiendo su dolor, la Policía Nacional dejaba ver al presunto asesino a escasos metros, dando lugar a la indignación y el desconcierto”.

También critican que el dispositivo policial no actuara para alejarse rápidamente del lugar, sino que se produjera una detención del convoy para identificar a asistentes tras los primeros incidentes. En este sentido, denuncian una actitud “camorrista y bravucona” por parte de los agentes en ese momento. Asimismo, sostienen que “el furgón se detuvo voluntariamente, teniendo vía libre para alejarse del lugar”, por lo que consideran que las sanciones impuestas por supuesta obstrucción no están justificadas.

Por todo ello, la Asociación de Mujeres Marianne reclama la retirada de las multas y una disculpa pública de la Jefatura de la Policía Nacional hacia la familia de la víctima y la ciudadanía cordobesa.

La posición de Adelante Andalucía

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las personas sancionadas y ha exigido también la retirada inmediata de las multas, además de la derogación de la Ley Mordaza. En su comunicado, la formación afirma: “Queremos mostrar nuestro apoyo a las personas sancionadas tras la concentración celebrada el pasado 13 de abril en la Fuensanta”.

Añaden además que la concentración fue una respuesta legítima ante el crimen: “Alrededor de 500 personas se concentraron de manera pacífica para acompañar a la familia de Tulia y exigir justicia”. La organización denuncia que el traslado del detenido “generó una situación de tensión e indignación” por coincidir con un acto de duelo y protesta, y consideran “grave la falta de sensibilidad” en la actuación policial.

Adelante Andalucía sostiene que las sanciones impuestas “representan un nuevo ejemplo de cómo la Ley Mordaza se utiliza para limitar el derecho a la protesta y la libertad de expresión”. En su comunicado también reclaman la retirada de las multas al considerar “injustificado y desproporcionado” que personas que acudían a una concentración contra la violencia machista terminen sancionadas económicamente.

Finalmente, la formación hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para apoyar a las personas afectadas y organizar iniciativas solidarias para afrontar los costes derivados de las sanciones.

Las dos organizaciones coinciden en señalar que este caso reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en contextos de protesta social, especialmente en concentraciones vinculadas a la violencia machistas e insisten en que su uso frecuente en este tipo de situaciones contribuye a limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Desde la entrada en vigor de la conocida como Ley Mordaza, la LO 4/2015, en la provincia de Córdoba han sido impuestas un total de 34.655 denuncias. Con todas, solo en Córdoba el Estado ha recaudado por estas infracciones 18,8 millones de euros, según la información del Ministerio del Interior. La norma sigue en vigor, a pesar de lo prometido por el Gobierno de coalición.

Ante ello, distintas organizaciones andaluzas han anunciado la convocatoria de varias concentraciones en la comunidad andaluza. En concreto, se han organizado concentraciones en las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla para el próximo 13 de febrero. Tal y como destacan las organizaciones, “Andalucía es la comunidad autónoma que acumula el mayor número de sanciones desde la entrada en vigor de la norma”. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre los años 2015 y 2020 se han interpuesto 448.103 sanciones en Andalucía que, en términos económicos, ascienden a una cuantía de algo más de 267 millones de euros. Con 108.249 multas, Málaga es la provincia que más sanciones acumula -seguida de Sevilla, con 76.316, y Almería, con 69.012-.

En Córdoba, el año con más sanciones es el del confinamiento, 2020. Durante ese ejercicio, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impusieron más de 9.600 sanciones amparadas en esta ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2020, con estas sanciones se han recaudado casi seis millones de euros, según los datos de Interior

Ahora, y como denuncian las organizaciones adheridas, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Sindicato Andaluz de Periodistas o Acción en Red Andalucía, “ni el texto base, ni el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales” como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Las movilizaciones se enmarcan dentro de una convocatoria estatal realizada por la plataforma No Somos Delito, que integra a más de cien organizaciones, y tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que se prevé que los grupos parlamentarios cierren los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma. Uno de los motivos centrales de estas movilizaciones, en las que se reclamará a la Ponencia de la Comisión de Interior que “se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana”.

Las organizaciones sostienen que la reforma seguirá “amordazando derechos fundamentales” mientras éstos sean regulados bajo un procedimiento administrativo “en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, vulnerando un derecho fundamental como es la presunción de inocencia”, apuntan. Por tanto, la plataforma ha solicitado al Congreso que se deroguen o eliminen de la ley aquellos artículos que consideran más lesivos para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, como el 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, supuesto que ya está regulado en el Código Penal; y el 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad, “cuya aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes”. Dos artículos que, en el ámbito estatal, son los que más multas han supuesto en materia de seguridad ciudadana desde 2015 a 2019, llegando a sumar 140 mil multas impuestas, lo que supone un 70% del total de sanciones impuestas en ese periodo, y que durante la fase de confinamiento del año 2020, llegaron a suponer casi el 97% del total de las multas impuestas en ese año, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior.

Piden también la eliminación de las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como la sanción por venta ambulante y que “se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial”. Por último, los colectivos adheridos a la movilización del 13 de febrero exigen que una reforma integral de la Ley Mordaza debe pasar por cambios como que “la palabra del policía tenga valor de mera denuncia y que deban aportar pruebas, como mínimo, cuando las actuaciones policiales entren en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales”.