Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar este lunes 17 de julio, dos semanas después de haber sido desalojados por la Guardia Civil, la finca pública de Somonte, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), siendo esta la décimo cuarta ocupación que llevan a cabo de dicha finca, algo que vienen haciendo, con varios desalojos forzados y nuevas ocupaciones, desde hace ya 11 años y cuatro meses y medio.

Así lo ha informado el SAT en una nota y anunciado el portavoz nacional de dicho sindicato, Óscar Reina, en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, donde explica que los sindicalistas del SAT han vuelto a Somonte “pese a todos los desalojos, persecuciones judiciales y los ataques sufridos por parte de la Junta, porque creemos que hay alternativas y así lo hemos demostrado y propuesto desde siempre, desde el principio”.

Además, según Reina, “tras estos días de desalojo” han comprobado “con tristeza que nadie de la Junta de Andalucía, ni de la Agapa, su agencia de gestión, han aparecido en estos días por aquí, con el peligro que dicha dejadez conlleva”, lo que le ha llevado a preguntarse para qué les han desalojado, “otra vez sin buscar alternativa ni solución”.

En cualquier caso, según asegura, los jornaleros del SAT han vuelto a ocupar Somonte “para trabajar, demostrando con el ejemplo que esta tierra pública puede tener una función social más allá del interés capitalista y mercantilista que siempre tuvo la Junta, que no iba más allá de malvenderla a un gran terrateniente o fondo de inversión, como si no tuvieran ya bastante en toda Andalucía”, donde “más del 50% del terreno cultivable está en manos de menos del 2% de propietarios, hecho que solo genera pobreza y desigualdad”.

Es por esto que hace unos días, según anuncia Reina, que el SAT ha “registrado, de nuevo, una propuesta formal para que nos den una licencia administrativa para poder estar y trabajar legalmente en esta finca, donde solicitamos el usufructo, manteniendo la titularidad siempre pública” de la finca, “como patrimonio de todos los andaluces”.

El portavoz nacional del SAT concluye resaltando que “en Andalucía hay futuro” y, por eso, sigue “defendiendo la reforma agraria, con respeto a la soberanía alimentaria, dentro de un sistema ecosostenible que respete el medio y dé trabajo en nuestro medio rural, en el sector primario, secundario y terciario”, razón por la que están de nuevo en Somonte, “para seguir demostrando, pese a las consecuencias legales que nos puedan volver a llegar, que un mañana diferente y mejor es posible”.

Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han vuelto a ocupar este lunes 12 de junio, exactamente ocho días después de haberla desalojado, la finca pública de Somonte, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), siendo ésta la décimo tercera ocupación que llevan a cabo de dicha finca, algo que vienen haciendo, con varios desalojos forzados y nuevas ocupaciones, desde hace ya once años y tres meses.

Así lo ha informado el SAT en una nota y anunciado el portavoz nacional de dicho sindicato, Óscar Reina, en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press y en el que ha señalado que los sindicalistas del SAT han vuelto a Somonte “para seguir trabajando y defendiendo la reforma agraria, el trabajo y el futuro en Andalucía”.

Reina ha subrayado que, “desde el SAT, con nuestra valentía y constancia, con nuestro sacrificio y nuestra lucha, después de más de once años de ocupación y resistencia, con toda la represión sufrida, pese a todos los procedimientos judiciales” en su contra, han “conseguido una gran victoria”.

Con ello se ha referido a que “esta finca pública lo seguirá siendo y, por lo tanto, ya no se venderá a nadie, a ningún gran terrateniente ni a ningún fondo de inversión”, como “siempre fue la intención de la Junta, antes y ahora”, pero los jornaleros del SAT, con sus ocupaciones de Somonte, han “conseguido que siga siendo patrimonio de todos los andaluces”.

Sin embargo, según ha reconocido Reina, “aún hay camino por andar, sueños por cumplir y victorias por conquistar, y es por eso que volvemos” a ocupar la finca pública“, hasta logra ”que la Junta de Andalucía se tome también en serio los proyectos que les hemos presentado y permita que estas 400 hectáreas puedan generar riqueza para el común de los andaluces, siendo trabajadas legalmente por cooperativas de trabajadores“.

A juicio del portavoz nacional del SAT, “hay muchísimas posibilidades aquí, y tenemos esperanza en conseguirlas. Solo hace falta voluntad política para facilitar estos canales para dar trabajo, futuro y dignidad, y si la Junta no cede, aquí estamos nosotros, con compromiso, con esfuerzo, para convencerla, desde los hechos, de que hay otra manera de hacer las cosas, como venimos demostrando durante años”.

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que venían ocupando desde hace once años y tres meses la finca pública de Somonte, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), con varios desalojos forzados y nuevas ocupaciones, han desalojado este domingo por iniciativa propia dicha finca propiedad de la Junta de Andalucía.

Así lo ha confirmado a Europa Press y ha difundido en su perfil oficial de Facebook el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha precisado que, “un día antes de que se cumpla el plazo voluntario que nos ha comunicado la Junta de Andalucía para desalojar Somonte, desde el SAT hemos procedido al desalojo de esta finca pública, con la intención de evitar más perjuicios legales y económicos” con los que la Junta “nos está advirtiendo”.

Reina ha destacado el hecho de que, “justamente” este domingo se han cumplido “once años y tres meses de ocupación pacífica, de ejemplo y trabajo voluntario en Somonte, con la intención de paralizar su venta, para que siga siendo pública, hecho que hoy, tras nuestra lucha, con todas nuestras ocupaciones, desalojos y procedimientos judiciales, podemos ya decir que hemos conseguido”, y se puede decir, “alto y claro, que es una victoria, es una conquista de nuestra constancia y de nuestro sacrificio”.

Así, según ha asegurado Reina, “la Junta de Andalucía ha tenido que retroceder en sus planes de venta y cambiar de opinión, ha tenido que recular y cambiar la denominación de esta finca, encuadrándola dentro del Patrimonio Andaluz, hecho que por fin evita su venta”.

En cualquier caso, el portavoz del SAT ha anunciado que, “aunque desalojamos voluntaria y pacíficamente, como siempre hemos hecho, no abandonamos ni cesamos en la causa, seguiremos creyendo en la reforma agraria, luchando y buscando todas las vías posibles para que Somonte sirva para dar trabajo a cooperativas de trabajadores y generar futuro para el pueblo trabajador andaluz, que buena falta hace”.

Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), encabezados por su portavoz nacional, Óscar Reina, han mantenido este viernes una reunión “cordial” con la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, “para hablar acerca de la situación de Somonte”, finca propiedad de la Administración autonómica que ocupan jornaleros del SAT desde hace casi once años para evitar su venta, y el resultado del encuentro es que desde Agricultura “se comprometen a que la tierra va a seguir siendo pública”.

Así lo ha anunciado Óscar Reina, en su perfil de Facebook, consultado por Europa Press y en el que ha destacado que dicho compromiso de la Junta, “después de toda nuestra lucha, tras casi once años de resistencia, es una gran victoria”.

“Además le hemos propuesto que nos cedan en usufructo la gestión de la finca, con la multitud de proyectos sociales y posibilidades de empleo, que venimos presentándoles desde hace años. Nos han dicho que lo van a estudiar y que nos volveremos a reunir en un futuro”, ha señalado.

Este es el resultado de dicha reunión, que viene a sumarse a la que ya mantuvieron responsables del SAT y jornaleros ocupantes de Somonte con la Delegación de Agricultura de la Junta en marzo del año pasado, y ya entonces desde el sindicato, según explicó en su momento Reina a Europa Press, dejaron claro a Agricultura que no quieren la propiedad de la tierra, sino simplemente “que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”.

Se trataría, según aclaró ya Reina, de sacar a licitación el usufructo de la finca, y que los jornaleros del SAT que la vienen ocupando, constituidos en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, pero “sin tener ningún tipo de privilegio”, más allá de la opción a presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de trabajadores de la comarca que también se puedan presentar.

Su objetivo es que la finca sea rentable para los jornaleros que la trabajen, mediante la referida fórmula del usufructo, y que “en ningún momento la finca se venda”, lo cual ha sido, precisamente, el objetivo que marcó la ocupación de Somonte por el SAT “el 4 de marzo de 2012” y por el que han mantenido la ocupación de la finca, con varios desalojos intercalados, hasta la actualidad.

Un desalojo, una ocupación. Ese es el lema que parecen seguir los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que vienen ocupando desde hace diez años, con desalojos y nuevas ocupaciones consecutivas, la finca pública de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), que fueron desalojados por última vez el pasado 19 de mayo y que han vuelto a ocupar la finca.

Los jornaleros que fueron desalojados por la Guardia Civil en ejecución de una orden judicial ya advirtieron que no se conformarían y volverían a ocupar Somonte –propiedad de la Junta de Andalucía– como así han hecho de nuevo recientemente. A finales de mayo, el líder del SAT en Somonte, Óscar Reina, confirmaba en sus redes sociales la nueva ocupación. “Acabamos de ocupar Somonte por 12 vez (sic)”, decía.

En días posteriores, los jornaleros han ido retomando la actividad en la finca, que además del desalojo ordenado por el juez, ha sufrido el corte de electricidad. Contra ello, “gracias a la colaboración y solidaridad de las Uniones Locales del SAT, ya tenemos en Somonte un frigorífico a gas butano para combatir el corte de la luz”, dicen los ocupantes de la finca pública. El SAT mantiene así su objetivo de que sean jornaleros del entorno los que puedan cultivar las 400 hectáreas de terreno de esta finca.

Se da la circunstancia de que el último desalojo de Somonte se producía después de que el pasado marzo el SAT propusiera a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el marco de una reunión mantenida en la propia Delegación de Agricultura en Córdoba, que sacara a licitación, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno, “el usufructo” de la finca de Somonte. La Junta, sin embargo, decía optar “preferentemente” por enajenar en favor del Ayuntamiento palmeño Somonte y otras dos fincas de la Junta situadas en su término municipal, pero el Ayuntamiento de Palma del Río señalaba que no ha tenido contacto alguno al respecto con la Junta y considera que esta finca es propiedad de la ésta y debe seguir en manos de la administración autonómica.

El 4 de marzo de 2012, jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon por primera vez la finca pública Somonte en Palma del Río. Desde entonces, los jornaleros han sido desalojados y han vuelto a ocupar hasta en doce ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de su lucha. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. En febrero de este año, además, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que daba vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complicaba mucho futuras ocupaciones. Y, ahora, después de diez años, la administración quiere deshacerse de una finca que los jornaleros quieren seguir trabajando y produciendo.

Las 400 hectáreas de Somonte, con sus cuatro viviendas y cuatro naves, han dado cobijo en este tiempo a un grupo de jornaleros que vive en la finca a los que, durante las campañas más fuertes de trabajo, se les unían varios grupos de trabajadores más para sacar la producción adelante. Los cultivos en la finca –de la huerta, además de girasol, trigo, garbanzos y olivos, entre otros–, así como las cabezas de ganado entre cabras y ovejas, han compuesto la producción que en estos años han conseguido sacar adelante.

Citación judicial por la penúltima ocupación

Mientras, este 8 de junio, el líder del SAT en Somonte, Óscar Reina, ha sido citado de nuevo por la penúltima ocupación en Somonte. El propio Reina ha explicado que ha sido citado por “un supuesto delito de usurpación, daños, desobediencia y rebeldía” por la ocupación de la finca en la que sostiene que llevan “manteniendo desde marzo de 2012, pidiendo pacíficamente con trabajo, esfuerzo y ejemplo, como dice nuestro himno Tierra y Libertad”.

Óscar Reina denuncia que los jornaleros están siendo “acosados”, por “las fuerzas del orden, llamándonos por teléfono a cualquier hora, desde los distintos cuarteles y comandancias, presentándose en Somonte, con la retahíla de que llevamos muchas ocupaciones, que podemos ser detenidos, etc etc”, explica en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Con todo ello, el líder del sindicato que ocupa Somonte ha asegurado que seguirá “sin presentarme a ninguna citación judicial. Me ratifico en mi decisión, que tomé hace 9 años, de ejercer la desobediencia civil pacífica, a través de la insumisión judicial”. Y añade toda una declaración de intenciones siendo “consciente de lo que mantener esta decisión me puede llevar, doy la cara y lo asumo con todas las consecuencias”.

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que vienen ocupando desde hace diez años, con desalojos y nuevas ocupaciones consecutivas, la finca pública de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), han sido desalojados este jueves de la misma por la Guardia Civil, que ha ejecutado así una orden judicial y, como en ocasiones anteriores, los jornaleros han prometido volver a ocupar dicha finca, propiedad de la Junta de Andalucía, para defender que “la tierra pública no se vende”.

Así lo ha anunciado, en un vídeo que ha distribuido por sus redes sociales y recogido por Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha recordado que esta ha sido “la undécima vez que nos desalojan”, pero ha avisado que “aquí no se rinde nadie, que volveremos”, de modo que, tras “un desalojo, otra ocupación”, porque “Somonte no se vende, se defiende”, manteniendo el SAT su objetivo de que sean jornaleros del entorno los que puedan cultivar sus 400 hectáreas.

Se da la circunstancia de que este nuevo desalojo se ha producido después de que el pasado marzo el SAT propusiera a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el marco de una reunión mantenida en la propia Delegación de Agricultura en Córdoba, que saque a licitación, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno, “el usufructo” de la finca de Somonte.

Así lo explicó en su momento, en declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, después de que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, anunciase que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar en favor del Ayuntamiento palmeño Somonte y otras dos fincas de la Junta situadas en su término municipal, si bien ha precisado que también mantiene Agricultura con el SAT un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de Somonte.

Ante esto, Óscar Reina detalló que de eso se trató en la citada reunión mantenida con el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba y técnicos de Agricultura y de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, asistiendo miembros de la dirección del SAT y algunos ocupantes de Somonte, quienes, ante la pretensión de la Junta de vender la finca, que el Consistorio palmeño entiende que debe seguir en manos de la Administración autonómica, le propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno.

De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que “no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”.

Se trataría, según ha aclarado Reina, de sacar a licitación el usufructo de la finca, y que los jornaleros del SAT que la vienen ocupando, constituidos en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, pero “sin tener ningún tipo de privilegio”, más allá de la opción a presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de trabajadores de la comarca que también se puedan presentar.

Su objetivo es que la finca sea rentable para los jornaleros que la trabajen, mediante la referida fórmula del usufructo, y que “en ningún momento la finca se venda”, lo cual ha sido, precisamente, el objetivo que marcó la ocupación de Somonte por el SAT “el 4 de marzo de 2012” y por el que han mantenido la ocupación de la finca, con varios desalojos intercalados, hasta la actualidad.

Es más, al ser preguntados en la reunión sobre hasta cuándo seguirán ocupando Somonte, desde el SAT dijeron a la Junta que eso dependía de la propia Administración autonómica, pues “en cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, y desde la Junta les respondieron que “lo iban a estudiar”. Tras ello, ha llegado este jueves el undécimo desalojo de los ocupantes.

El 4 de marzo de 2012, jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon la finca pública Somonte en Palma del Río (Córdoba). Desde entonces, los jornaleros han sido desalojados y han vuelto a ocupar hasta en nueve ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de su lucha. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. En febrero de este año, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que daba vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complicaba mucho futuras ocupaciones. Y, ahora, después de 10 años, la administración quiere deshacerse de una finca que los jornaleros quieren seguir trabajando y produciendo.

Las 400 hectáreas de Somonte, con sus cuatro viviendas y cuatro naves, han dado cobijo en este tiempo a un grupo de jornaleros que vive en la finca a los que, durante las campañas más fuertes de trabajo, se les unían varios grupos de trabajadores más para sacar la producción adelante. Los cultivos en la finca –de la huerta, además de girasol, trigo, garbanzos y olivos, entre otros–, así como las cabezas de ganado entre cabras y ovejas, han compuesto la producción que en estos años han conseguido sacar adelante.

Ahora, con la Justicia dando la razón a la Junta de Andalucía como propietaria, la administración andaluza ha anunciado esta semana que pretende enajenar la finca de Somonte en favor del Ayuntamiento de Palma del Río. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Palma del Río señala que ha tenido contacto alguno al respecto con la Junta y considera que esta finca es propiedad de la ésta y debe seguir en manos de la administración autonómica.

Propuesta de licitación del usufructo

Mientras, quienes han ocupado y trabajado la finca durante la última década, quieren seguir haciéndolo. De hecho, el SAT ha hecho llegar su propuesta a la Junta de Andalucía en una reunión mantenida el pasado 4 de marzo, apuntando la posibilidad de que la administración autonómica saque a licitación “el usufructo” de la finca de Somonte, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno.

En dicha reunión entre el SAT y la Junta, ante la pretensión de la administración andaluza de vender la finca, los representantes de los jornaleros propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno. De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que “no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”, según confirmaron a Europa Press.

Se trataría así de sacar a licitación el usufructo de la finca y que los actuales ocupantes y otros jornaleros del SAT, en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, con la opción de presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de la comarca que también se puedan interesar.

De momento, se mantiene abierto el diálogo entre el SAT y la Junta. “En cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, aseguran. Y confían en que la Junta estudie su propuesta.

Idas y venidas en los tribunales

Hay que recordar que las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

Ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este jueves que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar, en favor del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), tres fincas rústicas propiedad de la Junta situadas en su término municipal, entre ellas la de Somonte, que lleva diez años ocupada por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el que también mantiene un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de la finca.

Así lo ha dado a conocer Crespo al responder a las preguntas sobre este asunto que le ha planteado la parlamentaria no adscrita por Córdoba, Luz Marina Dorado, quien ha defendido que las fincas de La Palmosa, Guzmán y Somonte, sigan bajo el paraguas de “una gestión pública”, en primer lugar por una cuestión de “realidad histórica”, el Valle del Guadalquivir “ha sido los últimos 200 años un lugar donde el valor de la tierra ha estado muy presente, poniendo en evidencia valores de justicia social”.

“En segundo lugar --ha proseguido--, nos encontramos en un momento donde la defensa del medio ambiente es crucial y pensamos que una gestión pública es el único modo de garantizar que la producción agropecuaria se comprometa con el respeto del mismo” y, además, las tres fincas “deben y pueden ser un recurso para el desarrollo sostenible de Palma del Río, reduciendo el paro, abrazando la soberanía alimentaria y haciendo del municipio un lugar de distribución más equitativa”.

Ante ello y en referencia al decreto dictado en 2021 por la Consejería de Agricultura, mediante el que se estableció el procedimiento para la enajenación de fincas rústicas propiedad de la Junta, Carmen Crespo ha señalado que dicho decreto “está en fase de actuaciones previas de aplicación”, lo que “significa que la Delegación” de Agricultura de la Junta en Córdoba “está procediendo a la depuración física y jurídica de los bienes, y al mismo tiempo cumplimos con la legalidad vigente”.

En este contexto, según ha explicado la consejera, el pasado 4 de marzo se mantuvo un encuentro “con responsables del sindicato” SAT, cuyos jornaleros ocupan la finca de Somonte, a los que se ha ofrecido “diálogo por parte de la Delegación” de Agricultura de la Junta en Córdoba “para explorar, dentro del marco del cumplimiento de la norma, todas las cuestiones que podamos al respecto”.

En cualquier caso, Crespo ha señalado que el objetivo que se ha marcado su Consejería, en aplicación del referido decreto, es “enajenar estos bienes, que son patrimonio de la Junta de Andalucía, a otra administración pública, preferentemente”, en este caso a “los ayuntamientos” en cuyos términos municipales se sitúan dichas fincas, en este caso el de Palma del Río.

Pero, si ello no fuera posible y “con las posibilidades que nos dé la norma, si los ayuntamientos no adquirieran las fincas”, entonces la Junta optaría por profundizar en “ese diálogo que hemos tenido el día 4” con el SAT, para que pueda “tener su fruto” al abrir “posibilidades también para otras personas, como dice el decreto”.

De modo que, si no fuera posible la enajenación de las fincas de la Junta en Palma del Río en favor del Ayuntamiento de dicho municipio, pues “se explorarán otras fórmulas jurídicas, que sean conformes a la norma y a la Ley, para que tengan otras personas adicionalmente acceso a esas tierras”, en este caso los jornaleros del SAT, considerando la consejera que, al respecto, “el diálogo va por buen camino”.

El SAT propone a la Junta que licite el “usufructo” y que la finca siga siendo pública

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha propuesto a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el marco de una reunión mantenida el pasado 4 de marzo en la propia Delegación de Agricultura en Córdoba, que saque a licitación, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río (Córdoba) y de municipios de su entorno, “el usufructo” de la finca de Somonte, que es propiedad de la Junta y que viene siendo ocupada y trabajada por jornaleros del SAT desde hace una década.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, después de que este jueves la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, haya anunciado este jueves que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar en favor del Ayuntamiento palmeño Somonte y otras dos fincas de la Junta situadas en su término municipal, si bien ha precisado que también mantiene Agricultura con el SAT un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de Somonte.

Ante esto, Óscar Reina ha detallado que de ello se trató en la citada reunión del pasado día 4, mantenida con el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba, Juan Ramón Pérez, y técnicos de Agricultura y de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, asistiendo miembros de la dirección del SAT y algunos ocupantes de Somonte, quienes, ante la pretensión de la Junta de vender la finca, que el Consistorio palmeño entiende que debe seguir en manos de la Administración autonómica, le propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno.

De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que

“no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”.

Se trataría, según ha aclarado Reina, de sacar a licitación el usufructo de la finca, y que los actuales ocupantes y otros jornaleros del SAT, en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, pero “sin tener ningún tipo de privilegio”, más allá de la opción a presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de la comarca que también se puedan presentar.

Su objetivo es que la finca sea rentable para los jornaleros que la trabajen, mediante la referida fórmula del usufructo, y que “en ningún momento la finca se venda”, lo cual ha sido, precisamente, el objetivo que marcó la ocupación de Somonte por el SAT “el 4 de marzo de 2012” y por el que han mantenido la ocupación de la finca, con varios desalojos intercalados, hasta la actualidad.

De hecho, al ser preguntados en la reunión sobre hasta cuándo seguirán ocupando Somonte, desde el SAT dijeron a la Junta que eso dependía de la propia Administración autonómica, pues “en cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, y desde la Junta les respondieron que “lo iban a estudiar”.

En 2012, varios jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon una gran finca agrícola en Palma del Río, Somonte. Desde entonces, los jornaleros han ocupado hasta en nueve ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de una de sus grandes luchas, heredera de la de los años ochenta que pedían una reforma agraria que nunca llegó a producirse en Andalucía. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de ratificar una sentencia que da vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complica mucho futuras ocupaciones.

La Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Sindicato Andaluz de Trabajadores después de dos sentencias que afirmaban que Somonte es propiedad de la Junta de Andalucía. Los fallos judiciales provienen del Juzgado de Primera Instancia de Córdoba y de la propia Audiencia Provincial. En ambos casos se certificaba la titularidad de la propiedad por parte del gobierno andaluz.

El SAT presentó un recurso ante el Supremo argumentando falta de jurisdicción, pero no rechazando los argumentos de la Junta de Andalucía para reclamar la posesión de esta finca. Ahora, con la ratificación en la mano, la Junta de Andalucía tiene todos los parabienes legales para retomar la posesión de la finca de Somonte.

Las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

Ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.