La investigadora y periodista Angy Galvín Benítez, directora de elDiario.es en Baleares, ha presentado esta semana en Montilla (Córdoba) el libro que ha publicado tras alzarse con el I Premio de Periodismo 'Antonio López Hidalgo' gracias a su trabajo El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Un libro que bucea en la normativa electoral, en cómo se manejan los intereses partidistas en este ámbito y en cómo afecta al ejercicio del periodismo y al derecho a la información.

El libro trata, así de exponer “un análisis de cómo las decisiones del ámbito político y judicial condicionan la manera en que los periodistas podemos informar a los ciudadanos en campaña electoral”, explica la autora en conversación con Cordópolis. Aquí, juega un papel esencial la Ley Electoral, que marca cómo informar sobre los partidos políticos en campaña, “una ley muy importante pero bastante desconocida”.

La norma, a través de la Junta Electoral Central, establece, por ejemplo qué partidos pueden o no pueden participar en un debate , en función de la representación que tenga en ese momento en la institución; pero, sin embargo, el eco que esos partidos pueden tener en la población a través de redes sociales actualmente, deja muy desfasados ya ciertos aspectos de la ley. “Hay un problema y es que, mientras en internet casi no existe legislación, los medios de comunicación y los profesionales tenemos muchas cortapisas para trabajar; mientras hay una barbaridad de actores en internet lanzando mensajes, los profesionales tenemos muchos corsés”.

Por eso, Galvín aboga por que “los periodistas debemos combatir por una Ley Electoral que sea justa y nos deje trabajar libremente”. La autora analiza el marco de la normativa actual para informar sobre los procesos electorales, analizando 15 años de acuerdos de la Junta Electoral Central en los que se detallan decisiones sobre cómo organizar un debate o cómo se pueden emitir las entrevistas en ese periodo.

Ley electoral desfasada

Ante ello, Galvín lanza una reflexión que aboga por “pedir un cambio en la normativa”. “La ley electoral está hecha antes de que existiera internet, está bastante desactualizada y eso genera problemas a la hora de informar”. Por contra, la normativa no establece qué medios pueden acceder a un mitin electoral. “Hay muy poca legislación, de manera que hay quien casi puede vetar a medios que considera no afines”, expone la periodista.

Otros aspectos desfasados de la norma electoral se dejan ver, por ejemplo, a la hora de publicar las encuestas de intención de voto, cuya difusión se prohíbe cinco días antes de la jornada electoral. O cómo en la jornada de reflexión, previa al día de las votaciones, no está permitida la petición de voto por parte de los partidos pero, sin embargo, los mensajes de las fuerzas políticas están presentes en las redes y también ese día llegan a la ciudadanía.

Angy Galvín recuerda que el Congreso ha tenido varios debates sobre la Ley Electoral, pero no se han llegado a aprobar cambios. Ahí, apunta, se puede vislumbrar que la actual normativa “beneficia a los grandes partidos” y estos no han querido hasta ahora modificarla. “Pero los periodistas nos vemos afectados por esta ley”, reitera.

No obstante, sí se ha dado algún paso: “El Gobierno lanzó el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se menciona que debe haber un debate obligatorio para los partidos en la televisión pública. Pero esto está aún en el trámite parlamentario”. Lo que espera la autora es que, su tesis y ahora el libro publicado sobre ello, “pueda dar argumentos para modificar los debates y toda la normativa al respecto”.

Obligatoriedad de debates electorales para los candidatos

De hecho, hay algún precedente ya: hay alguna comunidad autónoma como es el caso de Castilla-León, donde “hay un debate obligatorio en los medios públicos”. Esto obliga a todos los candidatos a acudir al debate y blinda el derecho de los ciudadanos a ver confrontar las distintas ideas. Se deshecha así el interés partidista de acudir o no al debate electoral según le convenga a uno u otro candidato.

Con todo el análisis que refleja en su libro, la autora confía en que “ayude a los profesionales de la información y a los colegios de periodistas a tener una idea clara de la normativa y qué supone en nuestro desempeño electoral”. Y, confía, en que se reactiva “la lucha de profesionales como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) o el colegio de Cataluña, que han luchado por aspectos de la legislación que claramente se han quedado antiguos”.

El libro El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política, de Angy Galvín, ha sido presentado este 27 de noviembre en Montilla, en un acto organizado por el Ayuntamiento y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Antonio Delgado Baena, doctorando del Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible en la Universidad Loyola Andalucía e investigador en el Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la misma universidad, ha propuesto con su tesis doctoral metodologías participativas en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba capital, para combatir la exclusión social

En concreto y según ha informado Loyola Andalucía en una nota, Delgado ha defendido su tesis con mención internacional en el Campus de Sevilla de la Universidad Loyola Andalucía, obteniendo una calificación de sobresaliente Cum Laude por el trabajo titulado 'Aportes desde las metodologías participativas a la gobernanza colaborativa en zonas urbanas desfavorecidas: el caso de Las Palmeras, Córdoba.

En el mismo pone el foco en “uno de los grandes retos sociales actuales, el de revertir la exclusión en zonas urbanas desfavorecidas a través de la participación ciudadana y la gobernanza colaborativa”. El estudio, centrado en varios barrios de Córdoba, y de forma destacada en Las Palmeras, concluye que “las metodologías participativas pueden ser herramientas clave para promover el cambio social, aunque su eficacia está condicionada por las dinámicas de poder existentes en estos territorios”.

La investigación analiza cuatro estudios complementarios para entender cómo se articulan los procesos participativos en contextos de exclusión social. Uno de los hallazgos más relevantes es que, aunque la participación vecinal impulsa la regeneración urbana, esta no es suficiente por sí sola“, ya que ”las asimetrías de poder dentro de las propias comunidades y entre actores institucionales pueden limitar el alcance real de estas iniciativas“.

En este sentido y según ha señalado el autor de la tesis, “los barrios no son espacios neutros. En ellos se negocia el poder, y eso influye directamente en el éxito o fracaso de los procesos de transformación social”. A través del caso del Plan Integral de Las Palmeras, una iniciativa surgida desde la comunidad, el estudio identifica obstáculos estructurales pero también oportunidades para fortalecer el tejido social desde dentro. Entre los principales resultados destaca “la utilidad de técnicas como el sociograma para identificar actores clave y planificar la participación de forma estratégica, así como la sistematización de experiencias como herramienta de aprendizaje colectivo”.

Además, el trabajo alerta sobre una forma poco visible de desigualdad, la “injusticia epistémica”, es decir, la escasa presencia de voces comunitarias en la producción de conocimiento académico. La tesis aporta marcos teóricos y propuestas prácticas para que las políticas públicas en contextos similares, no solo fomenten la inclusión, sino que también reconozcan a las comunidades como sujetos de conocimiento y agentes de cambio. En palabras de su autor, “reconocer a los actores excluidos como protagonistas del saber permite afrontar mejor las paradojas del poder y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”.

Este trabajo, defendido en el marco del programa de doctorado de la Universidad Loyola, ha sido dirigido por el profesor de la Universidad Loyola Antonio Sianes, director del Instituto de Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola y autor y líder de numerosas publicaciones y proyectos en este ámbito.

La enfermera, investigadora cordobesa, profesora y coordinadora del Grado en Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO), Vanesa Cantón Habas, es una de las dos finalistas en la categoría de Universidad – Tesis Doctorales de la 9ª edición de los Premios Enfermería en Desarrollo, organizados a nivel internacional por la revista Enfermería en Desarrollo, editada por la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN). Estos galardones se entregarán en una gala que se celebrará en el Teatro Real de Madrid el próximo miércoles, día 15 de noviembre.

Cantón ha resultado finalista gracias a su tesis sobre Adaptación y validación al español de la escala PAINAD y determinación de biomarcadores del dolor en saliva en personas mayores con deterioro cognitivo con incapacidad de comunicación; y como ella misma explica, ser finalista de estos importantes premios supone “el reconocimiento al trabajo de un equipo de investigación que siempre hay detrás, y la conjunción del mundo académico y clínico, gracias también a la colaboración diversas instituciones. Así que, más que a una persona, ser finalista es el reconocimiento a muchas personas que han participado en mi tesis directa o indirectamente, y también un reconocimiento a las patologías y enfermedades relacionadas con la demencia».

La novena edición de estos premios, dirigidos a todos los profesionales, colectivos e instituciones que tienen algún tipo de vinculación con la Enfermería, ha superado los 250 proyectos presentados para sus siete categorías, procedentes del conjunto de España, así como de otras partes del mundo como Argentina y algunos países de la Amazonia. Las categorías, junto al Premio a la mejor Tesis Doctoral, engloban el Premio de Calidad percibida; Innovación y creatividad; Premio a la Promoción del Autocuidado y de los hábitos de vida saludable; Iniciativas corresponsables; a Trabajos Fin de Grado, EIR y Máster; y Enfermería Tv. En el caso de Tesis Doctorales, y junto a esta enfermera cordobesa, el otro finalista es Juan Blanco Morillo, de la Universidad de Murcia.

Tesis finalista

Cantón, que fue la encargada de pronunciar la conferencia de clausura en las recientes I Jornadas de Investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba, ha resultado finalista con la citada tesis, cuyo objetivo es efectuar la adaptación cultural y validar la escala PAINAD al español, para su utilización en la valoración del dolor en personas con demencia avanzada e incapacidad de comunicación; determinar en saliva los biomarcadores del dolor sTNF-RII y sIgA; y correlacionar los valores obtenidos de la evaluación del dolor efectuada mediante la escala PAINAD con los citados biomarcadores.

Para ello, y como explica esta enfermera cordobesa, en primer lugar realizó un estudio de validación de esta escala, para posteriormente efectuar un estudio observacional descriptivo de corte transversal y, por último, realizar un estudio caso-control.

Entre las conclusiones de su trabajo, Cantón ha comprobado que la versión española de la escala PAINAD es un instrumento sencillo, válido y fiable; y que a su vez sTNF-RII y sIgA son biomarcadores salivales del dolor seguros, útiles y complementarios a la mencionada escala. “Incluso, la correlación entre la escala PAINAD y ambos biomarcadores (sTNF-RII y sIgA) reafirma el potencial de estos instrumentos. Por último, la depresión y la diabetes mellitus han demostrado ser entidades clínicas que aumentan el riesgo de sufrir demencia, mientras que la dislipidemia correctamente tratada minimiza el riesgo de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa”, afirma.

Pero más allá de las conclusiones científicas de su trabajo, Cantón resalta la importancia que puede suponer para evaluar el dolor en este tipo de pacientes, “pudiendo así ofrecer la mejor terapia y cuidados a los mismos, dando así respuesta también al colectivo sanitario y a las familias de estas personas mayores con demencia que son incapaces de comunicarse con su entorno”.

Cabe recordar que, con esta tesis, Cantón fue finalista el pasado mes de febrero en los II Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería de España (CGE), junto con el también cordobés Pedro Arévalo Buitrago, de la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y también Doctor por la UCO.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado por primera vez el acto de defensa de una tesis doctoral elaborada en régimen de cotutela entre una universidad española y una iraní. La ya doctora Zahra Nazemi, graduada en Literatura y Lengua Inglesa por la Universidad de Shiraz, ha obtenido la máxima calificación según el sistema universitario iraní, lo que equivale en el cómputo español a la concesión del Sobresaliente 'Cum Laude'.

Tal y como ha indicado la institución universitaria cordobesa en una nota, la tesis doctoral, realizada dentro del programa de Lenguas y Cultura de la UCO, lleva el título de 'Literary Topoi of Greek Tragedy in Modern American Drama: A Study of Eugene O'Neill's Plays'.

De carácter comparativo e intertextual, es la primera investigación sistemática sobre la presencia de la literatura clásica en el teatro del dramaturgo americano Eugene O'Neill (1888-1953), ganador de cuatro premios Pulitzer y el Premio Nobel de Literatura en 1936. Entre otras cuestiones, el trabajo demuestra que el escritor recreó tópicos y esquemas narrativos clásicos en sus piezas teatrales, como el triángulo de Potifar, el amor a primera vista, la declaración de amor, el paso del odio al amor o el amor no correspondido.

Durante los últimos cinco años la tesis ha sido elaborada en régimen de cotutela entre la Universidad de Razi (con sede en la ciudad de Kermanshah, al oeste de Irán) y la UCO. Por su parte, los directores de la tesis han sido los profesores Nasser Maleki y Gabriel Laguna Mariscal, miembro este último de la Universidad de Córdoba.

El trabajo ha sido defendido en la citada institución iraní, aunque se ha permitido el acceso a la sesión pública mediante videoconferencia. Como representante de la UCO, ha formado parte del tribunal evaluador el profesor Juan de Dios Torralbo Caballero, catedrático de Filología Inglesa.

En este sentido, todos los miembros del tribunal han manifestado su deseo de que “esta primera tesis defendida en cotutela entre la universidad de Razi y la UCO solo sea el comienzo de un camino de colaboración académica y científica entre ambas instituciones”.

La doctora Zahara Nazemi cursó un Máster en Literatura Inglesa en la Universidad del Golfo Pérsico y ha presentado su tesis con mención internacional, a cuyo objeto ha realizado estancias de investigación en Francia (École Normale Supérieure de Lyon), Alemania (Freie Universität Berlin) y la propia España (Universidad de Alcalá).

La investigadora ha publicado sus trabajos en prestigiosas revistas académicas. Además, ha divulgado parte de sus resultados científicos en un artículo publicado en The Conversation y en el certamen de monólogos científicos de la Universidad de Córdoba 'Cuéntame tu tesis', en el que obtuvo el segundo premio.

Jorge Dioni publicó el año pasado La España de las piscinas, un ambicioso ensayo sobre el urbanismo en España. Dos años antes, el profesor de Geografía Humana de la Universidad de Córdoba, David López Casado, publicó su tesis doctoral, que tituló La ocupación residencial del suelo no urbanizable: análisis de las parcelaciones ilegales del municipio de Córdoba. Es uno de los escasos estudios que aborda un fenómeno singular (pero no exclusivo) de Córdoba, muy heterogéneo y muy complejo, al que casi siempre se le ha enfrentado con una única visión, a pesar de contar con una multitud de matices. La tesis viene a ser algo así como la Córdoba de las piscinas, un profundo acercamiento a cómo el urbanismo, principalmente irregular, ha acabado modificando a la ciudad como siempre. Y cómo ese urbanismo se parece, también con muchos matices, a los vecinos de esa ciudad. Jorge Dioni sostiene en su libro que “el urbanismo crea ideología”. En Córdoba ha ocurrido lo mismo. El propio David López, en una extensa conversación con este periódico, recuerda cuando el parcelismo fue tan grande que todos los políticos descubrieron que esa gente votaba, y que elegían a muchos concejales en el Ayuntamiento.

David López Casado se enfrenta sin miedo a un fenómeno que lleva dos décadas estudiando. A principios de siglo trabajó en la oficina que creó la Junta en el entorno de Medina Azahara, precisamente para frenar un fenómeno que amenazaba y ahogaba al yacimiento arqueológico. Después, estudió Humanidades y acabó especializándose en la geografía urbana. Y como en una especie de círculo ha acabado firmando una tesis que mira a las parcelas pero sobre todo a quién vive en ellas, cómo se crearon, quién las permitió y cómo se ha ido abordando un enorme problema que a día de hoy no se ha solucionado. “Pasarán otros 20 años y seguiremos hablando de lo mismo”, vaticina y bromea.

Antes de nada, ¿cómo de grande es el parcelismo cordobés? López Casado apunta a que las parcelas ocupan prácticamente el doble de lo que es el actual casco urbano cordobés. Así, si la ciudad se extiende sobre 2.860 hectáreas, se calcula que hay parcelas construidas sobre unas 5.000 hectáreas. Y esto tiene una causa: Córdoba dispone del término municipal más grande de Andalucía para una capital de provincia. Esto explica algo que ya apuntaba, como recuerda López Casado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1986, que la ciudad tiene una especie de “proceso metropolitano encubierto”. Es decir, a diferencia de Sevilla, que se queda sin término municipal y sus vecinos se van a otros municipios que son los que disponen de suelo, el de Córdoba es tan gigante que los vecinos del casco urbano que quieren salir del centro e irse a la periferia se quedan en el término municipal (esto también con matices).

El origen

Como detalla Dioni en La España de las piscinas, el origen del parcelismo cordobés está en el concepto de clase media. Dioni cita a un político franquista, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda al que se le atribuye la frase de “queremos un país de propietarios y no de proletarios”. Al igual que en toda España, las parcelaciones ilegales en Córdoba surgieron a mediados de los años sesenta pero especialmente de los años setenta. La pujante clase media buscaba lugares de recreo y esparcimiento, y abandonar la ciudad. En toda España se optó por la segunda vivienda, el chalet con piscina (para los más pudientes) o la pequeña parcela, para los menos.

En aquellos años en Córdoba había opciones de chalet con piscina, pero eran caras. No todo el mundo podía costearse un chalet en El Brillante, pero sí que las familias comenzaban a tener algo de dinero y de tiempo libre para buscar ese desahogo. El campo (los peroles) siempre estuvieron relacionados con el ocio cordobés, y muchos cordobeses se buscaron esa segunda vivienda en las afueras, donde el suelo era más barato y el presupuesto no se disparaba. Las primeras parcelaciones se hicieron en España (y en Córdoba) al margen del planeamiento urbanístico. En Madrid, por ejemplo, muchas se enderezaron. Donde hubo parcelaciones llegaron los PERI o los actuales PAU, y lo que eran viviendas irregulares acabaron germinando en urbanizaciones. Eso es algo que nunca ocurrió en Córdoba, por muchas razones, pero especialmente porque el planeamiento, según reflexiona David López, no respondió a una demanda: los cordobeses querían tener una segunda vivienda, a un coste razonable y en las afueras, como sucedió en el resto de España.

Las parcelas se parecen a sus moradores

En su tesis, David López diferencia tres tipos de parcelas en Córdoba, también por su ubicación pero por sus singularidades. Por un lado están las de la sierra. En su mayoría (aunque también hay excepciones) son las de una clase media más alta, con más presupuesto y más posibles. Son grandes viviendas, edificios robustos, en lugares idílicos y no exactamente adosados. Después está el piedemonte, una especie de transición, en presupuesto también, hacia el tercer grupo, la vega. En este último están, también con matices y muchas excepciones, las parcelas de una clase media más baja. Muchas son la huerta que tuvo el abuelo en una zona riquísima y de regadío. Los hijos, cuando la heredaron, decidieron que además de regar iban a usar ese agua para llenar sus piscinas. Hoy, en muchos, casos, esas parcelas son la primera residencia de muchos vecinos que no se pueden permitir otra cosa. “La parcela es el chalet del pobre. La gente que tiene recursos se compra el chalet y los que no se compran la parcela. No es disculparlos pero es la realidad”, afirma David López.

El fenómeno, por tanto, se acaba pareciendo a la realidad socieconómica y demográfica de la ciudad, y, como afirma Dioni, acaba por segregar de nuevo a los ciudadanos. Los parcelistas se acaban distribuyendo, y construyendo, por su nivel económico, en muchos casos. E incluso por otros, también con matices, por conceptos más simples. Al final, muchos buscan vivir con sus iguales, con vecinos que se les acaben pareciendo.

“Todos los asentamientos urbanos son el reflejo de la sociedad que vive ahí. De todos los agentes que juegan algún papel sobre esto. Es un mundo muy particular y muy complejo”, explica David López. 

Los años 80

El fenómeno parcelista en Córdoba pasa por varios hitos. En su tesis, David López reivindica el trabajo “de una persona muy poco reconocida”, el abogado Rafael Sarazá, que fue el primer concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento tras el regreso de la democracia, con Julio Anguita en la Alcaldía. López Casado cita un escrito de Sarazá en el que hace ya entonces un diagnóstico del fenómeno: “Es un dossier muy interesante, con recortes de prensa de qué pasaba en el resto de España, y dónde también había problemas. Sarazá diagnostica la situación: una es la Sierra, que es segunda residencia, frente a eso está lo que pasa en La Vega, occidental. Ahí hay personas con su primera vivienda. Ya denuncia que viven en una mala situación y que es intolerable que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera. No se puede tratar por igual los que se compran la parcela para la segunda residencia o los que han ocupado un suelo. Hay que tratar de mejorar sus condiciones de vida. Eso, multiplicado por mucho, es lo que está pasando hoy”, afirma López Casado.

El PGOU de 1986 trata de poner coto al fenómeno. Desde entonces, no surgen muchos nuevos ámbitos, aunque se sigue construyendo en los que hay. El 85% de las parcelaciones cordobesas se ha desarrollado entre los años setenta y ochenta. “En esos primeros años la Corporación está preocupada. Se pueden leer los escritos de Teresa Álvarez [posterior concejala de Urbanismo], otro escrito de Herminio Trigo [posterior alcalde de Córdoba]. Hay una preocupación por frenar ese proceso que se está convirtiendo en un problema”. Pero no se resuelve. ¿Porqué?

Leyes para otros lugares que no funcionan en Córdoba

En los años ochenta se intenta arreglar el problema con los medios normativos en la mano. Pero no funciona. David López pone el ejemplo de las Cuevas de Altázar, en Villarrubia. “En el plan de 1986 se clasifica como suelo urbano. Solo estaba pendiente de aprobar un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Hace un par de años se publicó la noticia de que Cuevas de Altázar por fin ha aprobado el proyecto de reparcelación y el de urbanización. Todavía hay que hacer la obra de una urbanización”, explica. Solo después de la obra de urbanización, los dueños del suelo podrán pedir licencia para construir sus viviendas. “Es decir, 30 años para poder desarrollar ese suelo, que es urbano”, se lamenta López Casado.

“No es disculpar a la gente. Pero ahí está el planeamiento y el legislador para ordenar. ¿Qué se hizo? Mirar para otro lado. No hemos sido capaces de luchar contra esto”, afirma tajante. En una especie de la ley de la oferta y la demanda, existía la demanda (la necesidad de una segunda residencia, como en el resto del país) pero la oferta no era la regular, por lo que todos los que pudieron optaron por un urbanismo salvaje, desordenado.

Aún hoy se trata de resolver un problema con instrumentos normativos que no funcionan. Las diferentes leyes del suelo han incidido en que deben ser los propietarios los que lleven la iniciativa, los que desarrollen sus planes, paguen sus servicios y concluyan los trámites. Cuevas de Altázar ha tardado 30 años, y aún tiene pendiente la obra de urbanización. El parcelismo es ahora tan complejo, tan diverso, tan heterogéneo y tan lleno de matices que se antoja muy difícil de resolver. “Si volvemos a hablar de este tema dentro de 20 años más o menos volveremos a decir las mismas cosas”, lamenta David López.

“Propiciar un debate”

Pero propone varias cuestiones, como “propiciar un debate”. El fenómeno es un problema social, político y ahora también medio ambiental. Esas piscinas se llenan en muchos casos con pozos ilegales que a su vez están vaciando acuíferos. Este verano se han secado los Baños de Popea por primera vez en décadas. Muchas parcelas tienen precarios sistemas de evacuación de aguas residuales, que a su vez contaminan acuíferos. Y en muchos casos son primeras residencias de personas que carecen de los servicios más básicos.

David López reclama bajar al terreno, darse una vuelta por las parcelas y conocer a sus vecinos. Recuerda, por ejemplo, ver a dos personas “muy mayores” andar un trecho larguísimo por un camino en no buen estado para llegar hasta un lejano contenedor a tirar la basura. Esas personas dependen del vehículo privado para acudir al médico. En las parcelas no hay centros de salud, apenas comercios, ni un centro cívico de esparcimiento.

“Habría que propiciar el debate entre todos los agentes: parcelistas, ecologistas, promotores, administración. Todas las personas que vean sus intereses comprometidos ahí tienen que preguntarse qué quiere Córdoba hacer con esto”, reflexiona David López Casado. Así, propone “elaborar una normativa propia de tratamiento de las urbanizaciones ilegales. No solo Córdoba, Carmona y Chiclana tienen el mismo problema. Allí han aprobado tres veces el PGOU y tres veces se lo han tumbado”. “Hay que abrir el zoom. Hay que mirar todo. Si es que cruzas el río está Almodóvar, con parcelaciones lindando con Córdoba”, explica.

El problema no es baladí, sino de dimensiones estratosféricas. En toda la provincia Córdoba, por ejemplo, hay un inventario concreto de viviendas construidas de manera irregular y que, por tanto, carecen de papeles: 47.283. Según datos que maneja la propia Junta de Andalucía, la mayor bolsa de parcelas irregulares se localiza entre la Campiña y la Subbética. En total, el gobierno andaluz señala que en estas comarcas hay 16.150 viviendas irregulares (aunque se incluyen algunas de la provincia de Jaén). En segundo lugar, están las comarcas del Valle del Guadiato y Los Pedroches, donde se calculan unas 11.900 viviendas irregulares. En Córdoba capital hay construidas un total 11.017, según la misma fuente.

Más información: https://idus.us.es/handle/11441/89734