Los desahucios por el impago de la hipoteca se ha multiplicado casi un 3% en un año. Además, el tejido de autónomos en Córdoba sobrevivió en el primer trimestre de 2026 y los concursos de personas no empresarias, como pueden ser asalariados con deudas, se han disparado. Estos son los datos más relevantes del informe Efecto de la crisis en los órganos judiciales, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado a conocer este lunes. Además,

Según el citado informe, de enero a marzo de este año, se han practicado 70 desahucios frente a los 52 del mismo periodo del año pasado. De esos 70, 40 fueron derivados por el impago de la hipoteca, por lo que Córdoba ha escalado hasta la octava posición nacional en esta categoría, empatada con Almería y solo superada por grandes núcleos como Barcelona, Madrid o Sevilla.

Este dato supone un cambio respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 16 desahucios de este tipo. Frente a ese incremento del 150% en la presión hipotecaria, los lanzamientos por impago de alquiler (LAU) han caído, pasando de los 32 casos en 2025 a los 25 actuales. De este modo, Córdoba rompe la tendencia nacional -donde el alquiler es la causa mayoritaria de desahucio- para situarse como la segunda provincia de Andalucía con más lanzamientos por hipoteca. Granada, con 50 lanzamientos hipotecarios, es la que lidera el ranking en la comunidad autónoma. El informe recoge otros cinco lanzamientos que nada tienen que ver con los impagos del alquiler o de la hipoteca.

Por otro lado, durante los tres primeros meses de 2026, se registraron en Córdoba 167 concursos de personas naturales no empresarios. La gravedad de la situación queda patente al observar que, de los concursos declarados en este periodo, 140 fueron sin masa. Es decir, casi en el 84% de los casos, el deudor no poseía bienes suficientes ni para cubrir los costes mínimos del proceso judicial. Ambos datos aumentan con respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 131 concursos de personas naturales no empresarios, de los que 121 fueron sin masa.

Frente a estos datos, Córdoba cerró el primer trimestre del año con una ausencia total de concursos de acreedores entre los trabajadores autónomos (personas naturales empresarios), registrando cero casos. Asimismo, la insolvencia de empresas se mantiene en niveles mínimos, con solo cinco concursos de personas jurídicas presentados en toda la provincia. Este escenario de estabilidad empresarial se ve reforzado por una baja incidencia de la conflictividad por ocupación ilegal de viviendas, materia en la que solo se incoaron siete procedimientos verbales posesorios, una de las cifras más bajas de España.

Finalmente, el informe muestra que los juzgados de lo Social tramitaron 440 demandas por despido, pero esta cifra fue superada por las 553 reclamaciones de cantidad (impagos de salarios o deudas contractuales). Se trata de unos datos muy similares a los del mismo periodo de 2025. Por último, la cifra de procedimientos monitorios para recuperar deudas ha bajado casi un 62%, pasando de 7.177 a 2.738.

El desahucio de Maika, previsto para este viernes, ha sido finalmente aplazado después de que el juzgado aceptara una petición de suspensión por cuestiones técnicas. La decisión evita, por el momento, que la mujer y su hijo se queden en la calle, aunque la amenaza de una nueva fecha de lanzamiento sigue vigente si no se alcanza un acuerdo con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La noticia ha sido recibida con alivio por parte de los colectivos que han acompañado a la familia durante las últimas semanas. No obstante, insisten en que se trata únicamente de un aplazamiento y no de una solución definitiva, por lo que reclaman a la Junta de Andalucía que abra una vía de diálogo para garantizar la permanencia de Maika en la vivienda en la que reside desde 2013.

Desde las plataformas de apoyo denuncian que tanto la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta en Córdoba como la dirección de AVRA disponen de capacidad para evitar el desalojo, pero lamentan que, hasta ahora, no se haya producido ningún avance en la negociación.

Según explican, la intención de Maika y de su hijo es poder regularizar su situación mediante el pago de un alquiler que les permita continuar en el inmueble que constituye su residencia habitual desde hace más de una década.

Los colectivos sociales también han puesto el foco en el impacto emocional que esta situación está provocando en la afectada. Recuerdan que Maika es víctima de violencia de género y padece una enfermedad cardíaca, circunstancias que, aseguran, agravan el desgaste psicológico derivado de la incertidumbre y de la posibilidad de perder su hogar.

“No es normal un sistema en el que una persona tenga que enfrentarse repetidamente al desamparo institucional mientras existen viviendas públicas destinadas precisamente a garantizar el derecho a una vivienda digna”, sostienen desde el movimiento de apoyo.

Aunque la suspensión evita un desalojo inminente, la situación continúa abierta. Los colectivos confían en que durante las próximas semanas AVRA y la familia puedan alcanzar un acuerdo que impida definitivamente la ejecución del lanzamiento y permita una solución estable para Maika y su hijo.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se ha referido este miércoles al caso de la mujer de  64 años víctima de violencia de género y con insuficiencia cardíaca, que reside junto a su hijo en una vivienda gestionada por AVRA y que tiene señalado un desahucio para este 19 de junio.

Al respecto, desde AVRA se señala que ha colaborado con la inquilina en la búsqueda de soluciones a su situación, “después de que haya estado 12 años sin atender los pagos del alquiler ni las cuotas de comunidad, lo que ha llevado a que acumule una deuda elevada”. En este periodo -defiende la agencia pública-, “se han planteado todo tipo de opciones para alcanzar una solución, con numerosas reuniones mantenidas con personal técnico y trabajadores sociales. Entre ellas, se ha planteado la reducción de la renta, propuestas de regularización de la deuda y la búsqueda de una alternativa habitacional”.

Sobre ello, abunda que, en la última reunión, mantenida este mismo martes con Stop Desahucios en representación de la interesada, “se volvió a plantear otra vivienda social más acorde a la realidad social, pero una vez más no fue aceptada”. “No estamos, por tanto, ante una situación repentina, sino un procedimiento de más de doce años en los que se ha intentado encontrar alternativas”.

Finalmente, AVRA concluye que “siempre está a disposición de atender a las familias que atraviesan situaciones complicadas y eso ha hecho en este proceso. Pero, igualmente, debe gestionar su parque público con rigor y responsabilidad, prevaleciendo esa función social necesaria”.

Córdoba vuelve a mirar con preocupación a la evolución de los desahucios. Los últimos datos de ejecuciones hipotecarias, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, reflejan un repunte significativo de los lanzamientos judiciales por impago de hipotecas en la provincia, hasta situarse en cifras que recuerdan a las registradas hace una década.

En concreto, el año pasado se ejecutaron e inscribieron en los registros de la propiedad un total de 344 desahucios hipotecarios, un número que casi duplica los 193 del año 2024, y que supera ampliamente los 236 del año 2023, los 287 de 2022, y las cifras de los años 2019, 2018 y 2017, en los que las ejecuciones hipotecarias de vivienda fueron 74, 111 y 178, respectivamente.

En Córdoba, los desahucios alcanzaron su techo en el año 2015. Entonces, un total de 642 familias cordobesas tuvieron que abandonar sus viviendas para hacer frente a las deudas hipotecarias que mantenían con los bancos que no habían podido pagar.

En 2016 las ejecuciones hipotecarias se redujeron hasta las 495 y ya en 2017 bajaron a las 178. Ahora, tras una espectacular subida de un 78% en doce meses, se ha vuelto a superar la barrera de los 300 desahucios anuales, algo que no ocurría desde hace una década.

Lo peor es que, además de esta subida, falta por conocer la mayor parte de los desahucios que se ejecutan en la provincia, ya que dos de cada tres se derivan de impagos de alquiler, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los sucesivos informes trimestrales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta cuestión. Si ese ritmo se ha mantenido en 2025, significaría que 2025 se habría cerrado por encima de los mil deshacios, con más de 600 por alquiler.

Unos datos que, según colectivos sociales como Stop Desahucios, se estarían quedando cortos. Ellos estiman, de hecho, que las cifras serían bastante superiores, ya que, según indican, muchas familias abandonan sus pisos de alquiler ante la imposibilidad de pagar la renta para evitar estos procedimientos.

Lucía (nombre ficticio) y sus tres hijos no tendrán que abandonar la vivienda en la que viven, en el barrio de Huerta de la Reina, después de que el propietario del inmueble, Cajasur, haya remitido al juzgado un documento en el que aplaza el desahucio hasta el final del curso escolar.

Según ha podido saber este periódico, la joven y los menores podrán seguir en la casa, cumpliendo así con la petición de la progenitora, quien, en caso de no lograr un alquiler social, pidió que el aplazamiento del desahucio hasta final de curso para no interferir sobremanera en los menores.

Hay que recordar que el desahucio estaba programado para el pasado miércoles 4 de febrero. Con presencia de Stop Desahucios, que ha ayudado a esta familia, la comisión judicial decidió suspender el desahucio debido al temporal, aplazando el desalojo para este viernes. In extremis, el desahucio se ha vuelto a suspender hasta final de curso. “Ahora respiro, y me gustaría encontrar otra vivienda en el barrio porque no quiero cambiar a los niños de colegio”, ha declarado a este medio la madre.

Según la plataforma Stop Desahucios, la única alternativa que ofrecían los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba era un alojamiento temporal de emergencia, algo que no solucionaba a largo plazo la situación de esta familia.

Con la tranquilidad de saber que no tendrán que abandonar su hogar de inmediato, la madre ya proyecta los próximos pasos: que su hijo menor pueda asistir a la escuela infantil y, mientras tanto, encontrar un trabajo que le permita asegurar un futuro estable para la familia.

Lucía (nombre ficticio por petición propia) vive con sus tres hijos menores, uno de ellos un lactante, en una vivienda de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina de Córdoba. Cuenta que se metió en ese piso hace más de un año al no tener otra alternativa y hoy, este miércoles 4 de febrero con situación de alerta meteorológica y todos los escolares sin clase para evitar desplazamientos ante el temporal, tenía una orden de desahucio del juzgado.

“¿No pueden ir a clase por el temporal pero sí los pueden echar a la calle?”, se preguntaban junto a ello integrantes de la plataforma Stop Desahucios que han acudido en su apoyo a primera hora de la mañana. Finalmente, tras la visita de la comisión judicial a la hora prevista para ejecutar el desahucio, han determinado aplazarlo hasta el 13 de febrero.

“Al menos hemos conseguido paralizarlo, ganar algo de tiempo”, explican desde Stop Desahucios, con quienes Antía va a intentar ahora poner su caso en manos de los Servicios Sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, para buscar una solución y contar con una alternativa donde puedan vivir esta madre y sus tres hijos.

La mujer no cuenta con un empleo y vive con el Ingreso Mínimo Vital. Sin red familiar de apoyo para tener otro techo, cuando buscó dónde vivir con sus hijos se metió en esta vivienda, sobre la que pesa la orden judicial de desahucio dirigida a los anteriores inquilinos “pero también contra ignorados ocupantes”, es decir, toda persona que viviera allí ahora. La vivienda pertenece ahora a un fondo de inversión, según precisan desde Stop Desahucios, que es quien solicita la orden de lanzamiento.

A primera hora de este miércoles, Lucía recibía la llamada del gestor de servicios de la entidad para informarle de que seguía en marcha el desahucio. No había prosperado ninguno de los recursos interpuestos por su abogado de oficio en los juzgados ni, tampoco, el último intento de Stop Desahucios ante el juzgado de guardia para parar la orden. Por eso, todo estaba en juego hasta las 11:30 de este miércoles, cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda y, finalmente, se ha aplazado.

Lucía cuenta con dos informes de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad, al tener que hacerse cargo de los tres menores, informes que fueron puestos en conocimiento del juzgado. Y, ahora, con poco más de una semana más de plazo para el desahucio que hoy se ha conseguido aplazar, los esgrimirán para buscar una alternativa que la administración pueda proporcionarle para que ella y sus hijos no se vean en la calle.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a prorrogar la moratoria de desahucios y a la promoción de una ley que dote de estabilidad a estas medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, presentada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, fue desestimada al contar con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP, al que se sumó Vox.

Más allá del propósito de la moción, el debate se ha centrado en el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada y la garantía de los derechos constitucionales de las familias vulnerables, en un contexto marcado por la escasez de vivienda asequible (según los proponentes, Hacemos Córdoba y el PSOE) y el aumento de los conflictos habitacionales como la inquiocupación (según el PP y Vox).

Durante la sesión intervinieron representantes de la Plataforma 15M Stop Desahucios, Catalina Ortega y Leticia Aguilar, quienes defendieron la necesidad de mantener la moratoria. Han recordado que la plataforma, que cumple 15 años de trayectoria y fue distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, surgió al calor del movimiento 15M como respuesta a lo que califican como “la peor de las violencias” sufridas por miles de familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las portavoces señalaron que, en la actualidad, el principal adversario de la plataforma son los denominados fondos buitre, que adquirieron hipotecas y viviendas a precios muy inferiores a su valor real. Según expusieron, estos fondos concentran grandes volúmenes de capital y operan a través de sociedades instrumentales para ejecutar hipotecas o desalojar a inquilinos. Entre los responsables de estos grupos, han mencionado incluso a figuras de gran poder económico, entre ellas Steve Feinberg, actual subsecretario de Defensa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Desde Stop Desahucios se reconoció que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que dio origen a la moratoria, resulta insuficiente y no soluciona el problema estructural de acceso a la vivienda. No obstante, defendieron que su prórroga es “imprescindible” mientras no se adopten soluciones más eficaces y estables. De acuerdo con sus datos, la moratoria ha permitido paralizar en torno a 60.000 desahucios en todo el país, correspondientes a familias vulnerables sin alternativa habitacional que residen en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Vulnerabilidad y aplicación de la norma

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, agradeció a la plataforma su “trabajo incansable” en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y apeló a los grupos municipales a actuar con “altura de miras, responsabilidad y empatía”, evitando, a su juicio, los “tacticismos políticos”. Hidalgo dedicó buena parte de su intervención a rebatir los argumentos de PP y Vox, a los que acusó de mostrar un “desconocimiento” de la normativa vigente. Precisó que la moratoria no constituye un “coladero”, ya que solo se aplica cuando el propietario dispone de al menos diez inmuebles y siempre que la vivienda afectada no sea ni la primera ni la segunda residencia del titular.

Asimismo, subrayó que el acceso a este “escudo social” exige un informe de vulnerabilidad emitido de manera preceptiva por los servicios sociales municipales. En este sentido, cuestionó que el PP alegara ambigüedad en la definición de vulnerabilidad cuando es la propia delegación municipal la encargada de certificarla.

El Grupo Socialista (PSOE), por medio de su portavoz Ángel Ortiz, respaldó la moción y defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía. Ortiz recordó que el decreto fue impulsado por el Gobierno de España y sostuvo que, aunque la suspensión de desahucios debe tener carácter transitorio, ha de ir acompañada de políticas estructurales, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Amparo para 'inquiocupas'

Tanto el Grupo Popular como Vox votaron en contra de la iniciativa, coincidiendo en la defensa de la propiedad privada, si bien con matices en sus argumentos. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, afirmó que la propiedad privada debe ser “sagrada, sea de quien sea y tenga los pisos que tenga”, y advirtió de que cuestionarla podría convertir al país en un “país salvaje”. Vox sostuvo que la moción adolecía de falta de concreción en la definición de “familia vulnerable” y expresó su temor a que la moratoria sirviera para amparar a “ocupas e inquiocupas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, reconoció las buenas intenciones de la propuesta, pero discrepó del instrumento planteado. Consideró que la moratoria fue una medida “meramente coyuntural” vinculada a la pandemia de la Covid-19 y rechazó su consolidación como herramienta estructural. Torrico afirmó que el 92 % de los propietarios que sufren impagos son pequeños propietarios y no grandes tenedores, y citó datos municipales que apuntan a 184 viviendas ocupadas en 2024 y 113 en 2025 en Córdoba, asegurando que existen usos “torticeros” de la moratoria.

El portavoz popular defendió la gestión del gobierno municipal, destacando el incremento de las ayudas al alquiler para personas vulnerables, que —según indicó— se han multiplicado por seis, pasando de 254.000 euros en 2018 a 1.227.000 euros en 2025.

En su turno final de réplica, Juan Hidalgo insistió en que el voto en contra del PP suponía, a su juicio, “alinearse con los fondos buitre” y mostraba “indolencia” hacia las familias vulnerables que solo pueden acogerse a la moratoria tras cumplir estrictos requisitos avalados por los servicios sociales y siempre frente a propietarios con diez o más viviendas. Solicitó al menos la abstención del Grupo Popular, al tratarse de una declaración de intenciones para trasladar el debate al Congreso.

Finalmente, el voto contrario del PP tumbó la moción, lo que fue recibido con abucheos por parte del público y con un villancico cantado por la Plataforma Stop Desahucios.

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, ha presentado este viernes la moción que la formación elevará al Pleno ordinario del próximo, día martes 16 de diciembre, centrada en la “defensa del derecho a la vivienda y en la necesidad urgente de paralizar los desahucios que afectan a miles de familias en situación de vulnerabilidad”.

Según ha indicado la formación en una nota, Hidalgo ha recalcado que el acceso a una vivienda digna es “un derecho humano reconocido y plenamente protegido” por la Carta de Derechos Humanos y por el artículo 47 de la Constitución Española, aunque ha lamentado que, “pese al amplio marco legal, los poderes públicos siguen siendo incapaces de frenar esta sangría y de garantizar este derecho básico a la ciudadanía”.

El portavoz ha explicado que “en 2020 se creó una herramienta esencial para proteger a familias sin alternativa habitacional: una moratoria para suspender desahucios en casos de alta vulnerabilidad”, una “medida excepcional que ha sido prorrogada cada año y que, en la actualidad, protege a más de 60.000 familias en todo el Estado”.

Sin embargo, Hidalgo ha alertado de que “aún no se ha aprobado su renovación para este año, lo que pone en riesgo inmediato a todas esas familias”. Por ello, la moción de Hacemos Córdoba plantea dos líneas: por un lado, el grupo propone que el Ayuntamiento de Córdoba inste al Gobierno central y a todos los grupos parlamentarios a prorrogar un año más la moratoria, garantizando que “ninguna familia vulnerable quede expuesta a un desahucio inminente”.

Por otra parte, la moción solicita que la moratoria “evolucione hacia una proposición de ley estatal, que permita dotar a las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, de un instrumento más estable y duradero para proteger este derecho fundamental”.

Hidalgo ha anunciado, además, que la moción se ha trabajado de manera consensuada con la Plataforma Stop Desahucios, un colectivo que conoce de primera mano esta realidad y al que Hacemos Córdoba invitará a intervenir en el Pleno “para enriquecer el debate y hacer comprender a todos los grupos políticos la importancia de apoyar esta iniciativa”.

El portavoz ha subrayado que la responsabilidad institucional es “proteger a quienes más lo necesitan” y ha pedido “sensibilidad y empatía” al resto de grupos municipales ante una realidad que, ha afirmado, “no puede tener otra respuesta que un auténtico escudo social”. “Esperamos que todos los grupos estén a la altura y respalden una moción que busca algo tan básico como garantizar el derecho a la vivienda y evitar que miles de familias queden desamparadas”, ha concluido.

La plataforma 15M-Stop Desahucios Córdoba alerta de que la moratoria antidesahucios para familias vulnerables que expira el próximo 31 de diciembre puede acabar dejando a miles de hogares en una situación de riesgo extremo. La organización recuerda que, a nivel estatal, la moratoria ha evitado casi 60.000 lanzamientos durante los últimos años, convirtiéndose en la última protección efectiva para quienes se encuentran en vulnerabilidad económica y residencial. 

Así, desde 15M-Stop Desahucios estiman que la finalización de la moratoria podría afectar en Córdoba a entre 3.000 y 5.000 familias, atendiendo a la situación habitacional de la provincia y a los datos disponibles sobre desahucios y vulnerabilidad residencial. “Esto significa que, si la moratoria cae el 31 de diciembre, miles de familias vulnerables en Córdoba (muchas con menores, mujeres monomarentales, personas mayores o dependientes) quedarán expuestas a un desalojo inmediato sin alternativa habitacional”, advierten.

Desde 15M-Stop Desahucios Córdoba han señalado desde hace años las limitaciones de la moratoria, que, a su juicio, “no cubre a todas las familias que deberían estar protegidas, no garantiza alternativas habitacionales reales y depende de prórrogas temporales y no de un marco estable de derechos”.

Sin embargo, reconocen que, pese a sus insuficiencias, la moratoria ha evitado decenas de miles de desahucios y es hoy el último dique de contención frente a una emergencia habitacional que sigue creciendo. 

Por ello, la plataforma exige al Gobierno y al conjunto de grupos parlamentarios una prórroga urgente antes del 31 de diciembre, así como que amplíen su cobertura para que ningún hogar vulnerable quede excluido, se garanticen alternativas habitacionales dignas y no soluciones temporales inestables y transformen esta medida excepcional en un mecanismo permanente de protección, que impida desahuciar a familias vulnerables sin realojo seguro. 

“Recordamos que la vivienda es un derecho fundamental, no una mercancía al servicio de fondos buitre, grandes tenedores o intereses especulativos”, insisten, antes de advertir de que “si la moratoria no se prorroga, volveremos a estar en las calles, en los juzgados y en las puertas de las viviendas, defendiendo a las familias como llevamos más de una década haciendo”.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba (Sentencia Núm. 422/2025) ha ordenado la suspensión del desahucio previsto para el próximo 27 de enero de 2026, contra una madre, D.ª Montserrat, con dos hijos que viven en situación de vulnerabilidad social,. El lanzamiento y el proceso judicial ha sido instado por una sociedad que se subrogó en la posición inicial de un banco, descrita como un “fondo buitre”. La vivienda fue arrendada por la mujer el 15 de febrero de 2018, a través de un alquiler social tras la firma de un convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y una entidad financiera,, en un programa que luchaba contra los desahucios y la crisis inmobiliaria, destinado a facilitar alquileres a personas especialmente vulnerables,.

La mujer, defendida por la abogada Natalia Pérez Gálvez, ha logrado demostrar ante la jueza la inexistencia de los impagos del alquiler que les reclamaba el fondo buitre y que en total alcanzaba la cifra de 725,47 euros,. Por ese débito, esta madre y sus dos hijos, menores de edad, tenían fecha para abandonar la vivienda.

Tras la subrogación del fondo buitre, la inquilina acreditó que había continuado realizando pagos de la renta mediante transferencia bancaria. El contrato original establecía una renta de 90 euros mensuales.

La clave de la absolución se centró en la prueba del pago. La arrendataria acreditó documentalmente que había realizado transferencias desde agosto de 2022 hasta junio de 2023, y posteriormente, pagos desde julio de 2023 hasta febrero de 2024. La arrendataria actuó siempre con la intención de realizar los ingresos de las rentas e indicó el concepto debido, correspondiente a la mensualidad corriente.

La jueza determinó que, del examen de los documentos, no consta ningún recibo de rentas devuelto por impago durante el periodo en que la arrendataria domicilió el pago. La magistrada ha concluido en su fallo que los 725,47 euros reclamados por el fondo buitre no se correspondían con los meses reflejados en su liquidación, ya que los ingresos realizados por la demandada debieron ser descontados, aplicando el principio de favor debitoris.

Un aspecto adicional que desestimó la jueza fue la reclamación por las diferencias de rentas resultantes de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC), que ascendían a 101,40 euros mensuales en ciertos periodos. El tribunal declaró la improcedencia de la reclamación de estas actualizaciones porque la arrendadora no había acreditado la notificación previa y fehaciente de la actualización de la renta a la inquilina. La ausencia de esta notificación fehaciente de la subida del IPC invalidó las reclamaciones por las diferencias de rentas correspondientes a los meses de julio de 2023 a febrero de 2024 y agosto de 2024.

Toñi Morales, una trabajadora jubilada de 67 años y activista de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde hace más de una década, ha asistido este lunes a la vista que la ejecución hipotecaria que el fondo buitre Promontoria Lezama por impago del alquiler. Durante la sesión en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba, su abogado se ha puesto a la ejecución alegando que se trata de una cosa juzgada dado que un juzgado de lo Mercantil de la capital ya decretó en 2018 que el contrato estaba “plagado” de cláusulas abusivas.

Minutos antes de la celebración de la vista, Toñi ha contado su caso arropada por los miembros de la plataforma. El crédito hipotecario estaba “plagado de cláusulas abusivas”. Tras conseguir una sentencia a su favor en 2018 que declaró el préstamo como improcedente, el banco “vendió la deuda a fondos, una práctica común entre las entidades financieras”.

El fondo Promontoria Lezama es el actual propietario del crédito. Blázquez ha explicado que “Promontoria Lezama opera bajo la órbita de un fondo mayor llamado Cerberus”, el cual está “controlado, pues por la gente más poderosa del mundo, incluyendo personas vinculadas al entorno del gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump”.

Sobre la cantidad que Toñi adeuda, ni en sala ni en las declaraciones se ha dado a conocer. La abogada del fondo buitre sí ha establecido que el impago es de “185 cuotas”, pero tampco ha especificado las cantidades. En base a ello, el portavoz de la plataforma ha explicado que “el fondo buitre ni siquiera puede estimar claramente cuál es la deuda. Si esta no puede ser cuantificada de forma precisa, no puede ser reclamada. La expectativa tanto de la plataforma como de Toñi es que la jueza estime que el procedimiento no es procedente porque la cuestión ya fue juzgada, y que el préstamo sobre el que se basa la ejecución es improcedente.

Oposición a la ejecución hipoteca

El abogado de Toñi Morales ha comenzado la vista señalando que se ratificaba íntegramente en su escrito de conclusiones. Ha recordado que las causas de oposición presentadas -“cosa juzgada, existencia de cláusulas abusivas de carácter ejecutivo y falta de legitimación activa del fondo”- ya habían sido objeto de valoración judicial en un procedimiento ordinario previo. En aquel proceso, el banco no recurrió, adquiriendo firmeza la sentencia.

El letrado ha subrayado que dicha sentencia declaró la improcedencia del préstamo y, por tanto, resulta plenamente vinculante en este procedimiento de ejecución. Además, ha afirmado “que no puede pretenderse una nueva ejecución hipotecaria basada en un crédito que ya fue objeto de enjuiciamiento y resolución firme”, pues ello supondría volver a juzgar la misma cuestión.

Por su parte, la abogada de Promotoria Lezama, en relación con la alegación de cosa juzgada, afirmó que el procedimiento previo ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba se refería “exclusivamente al préstamo inicial suscrito entre la demandada y el banco”, pero que aquella resolución, “aunque declara la nulidad de determinadas cláusulas del contrato, no acuerda la cancelación ni la nulidad total del préstamo, por lo que no tendría efectos sobre la presente ejecución”. A su juicio, este procedimiento se circunscribe “únicamente a la ejecución hipotecaria, y solo podrían valorarse las cláusulas directamente relacionadas con dicha ejecución”.

La letrada ha sostenido, además, que su mandante “no participó en el momento inicial de constitución del préstamo, y que en esta ejecución no se han ampliado reclamaciones relativas a intereses de demora, cláusula suelo o gastos, sino únicamente las cuotas impagadas, junto con los intereses de demora legalmente exigibles”. Finalmente, respecto a la falta de legitimación activa, ha afirmado que esta cuestión ya ha sido analizada previamente por el juzgado, y que la titularidad del crédito se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba, por lo que el fondo estaría legitimado para reclamar las 185 cuotas impagadas

El origen del crédito

Toñi, que vive en el Sector Sur ha relatado que su necesidad de buscar una vivienda y pedir el crédito surgió alrededor de 2007 o 2008 tras un divorcio “traumático”, pues tuvo que vender su vivienda anterior para repartir los bienes. En ese momento, no estaba trabajando. Buscó ayuda en una empleada de banca que conocía. Toñi le comentó que quería buscar una vivienda para ella y sus hijos. La empleada, “supuestamente amiga”, le dijo que no se preocupara y que le ayudaría.

Esta mujer ha revelado que, para conseguir la hipoteca, esta empleada “me hizo un papel falso” en el que se declaraba que “yo trabajaba en su casa, lo cual no era cierto. La dirigió a otro banco donde la directora era amiga suya, asegurándole que me darían la hipoteca y que todo estaría bien”. Mientras Toñi tuvo el dinero de la venta de su anterior casa, estuvo pagando. “En el momento que se acabó, no pude”. Posteriormente, intentó llevar dinero directamente al director del banco, quien le daba un “papelito de recibo”. No obstante, ella afirma que “ese dinero había desaparecido” y no apareció en ninguna cuenta ni se descontó de la deuda.

Tras su divorcio, consiguió un empleo en una residencia y posteriormente ha estado trabajando en la ayuda a domicilio hasta que se jubiló.

Desaparición de la cuenta

Tras la sentencia de 2018 que declaró el crédito improcedente, Toñi acudió al banco con el fallo. Allí le informaron que la cuenta “había desaparecido” y que su deuda se había vendido a un fondo, pero no pudieron decirle “ni dónde ni cómo”. Durante al menos tres años, nadie se puso en contacto con ella. Luego, ha asegurado, comenzaron a llegarle cartas y llamadas telefónicas amenazantes. La mujer ha explicado que hasta fue “a Madrid” para hablar con este fondo, “pero fue imposible; aquello estaba acorazado”.

La plataforma confía en que el auto sea favorable a los planteamientos de Toñi. Si, por el contrario, el fallo judicial favoreciese al fondo buitre, el siguiente paso sería solicitar medidas de protección, como un alquiler social. No obstante, el objetivo primordial es que no tengan que llegar a ese punto.

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que la falta de políticas municipales de vivienda está dejando sin apoyo a familias vulnerables en Córdoba y han puesto sobre alerta un posible nuevo caso con una vecina del Sector Sur. Los socialistas consideran que esta situación vuelve a evidenciar la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno local del Partido Popular para garantizar el derecho a una vivienda digna.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha subrayado que “la política de vivienda del Partido Popular en Córdoba es un fracaso absoluto”, y ha lamentado que el Ayuntamiento continúe sin desplegar mecanismos de mediación y protección que deberían activarse ante cualquier riesgo de pérdida de vivienda. “La ciudadanía no puede afrontar sola procedimientos judiciales complejos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, ha criticado.

Ortiz ha recordado que la Oficina Municipal de la Vivienda es precisamente el instrumento que debería estar funcionando para asistir, informar, proteger y defender a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda frente a fondos buitre y especuladores que sólo buscan rentabilizar la vivienda como un activo económico. “Es un compromiso incumplido mientras crecen los casos de vulnerabilidad habitacional”, ha señalado.

Ortiz ha reclamado la puesta en marcha inmediata de dicha Oficina, dotada de personal especializado capaz de ofrecer asesoramiento jurídico, mediar con grandes tenedores y activar recursos de emergencia antes de que las familias lleguen a situaciones límite. Asimismo, el grupo socialista exige reactivar un protocolo municipal antidesahucios que integre a Servicios Sociales, Policía Local y Vimcorsa, con capacidad real de actuación preventiva.

En este sentido, el edil ha lamentado que Vimcorsa se desentienda de las dificultades que tienen las familias cordobesas para acceder a una vivienda digna y ha defendido que la empresa pública debe recuperar su papel como operador de vivienda social. Entre las medidas urgentes que propone destacan el impulso de alquileres sociales puente, la compra pública de viviendas afectadas por ejecuciones abusivas, la mediación activa con grandes tenedores y la creación de una bolsa municipal de viviendas asequibles, especialmente dirigida a personas mayores con ingresos reducidos. “Vimcorsa debe volver a ser una herramienta útil para quien más lo necesita y no una oficina paralizada sin políticas reales”, ha dicho.

El concejal socialista ha concluido que la situación que viven muchas familias del Sector Sur “no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática creciente ante la que el Ayuntamiento no puede seguir sin reaccionar”. Para Ortiz, la responsabilidad institucional es clara: “Cuando una familia cordobesa se ve amenazada por perder su vivienda, la respuesta no puede ser el silencio. Exigimos al alcalde que actúe ya y que garantice que ninguna persona en Córdoba vuelva a enfrentarse sola a una situación tan injusta”.

Toñi Morales, una vecina del Sector Sur de Córdoba de 67 años, se enfrentará el próximo lunes a un juicio contra el fondo buitre Promontoria Lezama, que podría culminar en su desahucio, pese a haber vivido toda su vida en la misma vivienda. La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba ha anunciado que la acompañará y apoyará durante el proceso.

Según ha comunicado la asociación, el fondo buitre compró la deuda que originalmente estaba en manos de CajaSur y ahora reclama la ejecución de la vivienda. Toñi, jubilada y con ingresos limitados, no dispone de alternativas habitacionales, por lo que un posible desalojo supondría un grave riesgo para su situación económica y personal.

Según la plataforma, Toñi sufre esta amenaza desde 2008 y el acoso se intensificó en 2009 con llamadas diarias, cartas y amenazas directas. “Le llegaron a decir —literalmente— que ”se tirara por el balcón. Hasta diez llamadas al día formaron parte de un acoso sistemático para expulsarla de su hogar“, ha asegurado la asociación. Aunque las llamadas cesaron en diciembre del año pasado, el fondo presentó ahora la denuncia judicial para ejecutar el desahucio.

El préstamo hipotecario que el fondo buitre pretende ejecutar ya fue declarado abusivo por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, que anuló la cláusula suelo y otras condiciones, lo que impide reabrir un caso ya resuelto. La plataforma denuncia que este intento constituye un “ataque directo a la seguridad jurídica y a los derechos de la ciudadanía”.

La asociación asegura que este no es un caso aislado y exige el archivo de la ejecución hipotecaria y el fin del acoso.

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha reclamado este miércoles al alcalde, José María Bellido, que “reactive de forma urgente la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, dotándola de personal, presupuesto y competencias reales, tras conocerse un nuevo intento de desahucio a una familia cordobesa con dos hijos menores, sin que el Consistorio haya intervenido en ningún momento para evitarlo”.

Desde Hacemos se considera “inaceptable que el Ayuntamiento siga mirando para otro lado mientras Córdoba ha registrado ya 52 desahucios en el primer trimestre de 2025, según datos oficiales”. En ese mismo período, “los lanzamientos en Andalucía han aumentado un 4,6%, lo que evidencia la urgencia de poner en marcha políticas públicas que protejan el derecho a la vivienda”, han advertido desde el grupo en una nota.

En el caso concreto de David y Nerea, la pareja afectada por este último intento de desahucio, han detallado que “se trata de una vivienda en régimen de alquiler social que forma parte de los convenios firmados entre la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y diversas entidades bancarias durante el mandato 2015-2019”, siendo “convenios que permitieron poner a disposición viviendas vacías de las entidades para destinarlas al alquiler social”.

“No es de recibo que quienes están cumpliendo con su alquiler social vivan bajo la amenaza constante de perder su hogar”, han criticado desde Hacemos. “Y menos aún que el Ayuntamiento, que en su día impulsó estos acuerdos, haya renunciado a intervenir, a mediar y a proteger a estas familias”, han apostillado.

En este sentido, la coalición ha valorado “el trabajo incansable de la plataforma Stop Desahucios, cuya intervención fue clave para paralizar el desahucio”. “Gracias a su compromiso, una familia pudo mantener su hogar”, han subrayado desde Hacemos.

El grupo municipal ha recordado que “la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda fue una herramienta clave para la mediación con entidades bancarias, el acompañamiento a familias en riesgo de desahucio y la defensa del derecho a un techo”. Sin embargo, han reprochado que “desde la llegada del actual alcalde del PP sólo queda el cartel, mientras la oficina ha sido vaciada de personal, recursos y funciones”.

Desde Hacemos han exigido “no sólo su reactivación inmediata, sino también una apuesta clara por una política municipal de vivienda que priorice la construcción de vivienda pública a precios asequibles y el alquiler social”. “No puede ser que se ofrezcan viviendas protegidas a más de 200.000 euros, lo que las convierte en inaccesibles para buena parte de la población, especialmente jóvenes y mayores con rentas bajas”, han lamentado.

Asimismo, han reclamado al equipo de gobierno que “deje de acumular millones de euros sin ejecutar en cada presupuesto y que destine esos recursos a garantizar derechos básicos como el acceso a la vivienda”. “Es hora de que el alcalde se tome en serio el sufrimiento de muchas familias cordobesas, que viven con la incertidumbre de si podrán seguir bajo un techo el mes que viene”, han manifestado.

Durante el primer trimestre de 2025, que comprende los días transcurridos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la provincia de Córdoba registró 52 desahucios o lanzamientos. Este dato la sitúa como la segunda provincia de Andalucía con un número menor de lanzamientos en ese periodo.

Así, en la lista que recoge todos los desahucios producidos en Andalucía durante el primer trimestre del año, Málaga se sitúa a la cabeza con un total de 340 desahucios, seguida por Sevilla (225), Almería (153), Cádiz, (137), Granada (114), Huelva (62), Córdoba (52) y Jaén (42).

Málaga también lidera la cifra de lanzamientos derivados de la LAU, con un total de 282. Le sigue Sevilla, con 152, Almería con 103, Cádiz con 102, Granada con 70, Huelva con 40, Córdoba con 32 y, por último, Jaén con 26. Estas cifras demuestran un crecimiento del 16,8% de los desahucios provocados por la LAU en Andalucía con respecto al primer trimestre del 2024.

En relación a los lanzamientos debidos a las ejecuciones hipotecarias, Sevilla se coloca en el primer puesto con 46 desahucios, seguida por Málaga con 44, Almería con 42, Granada con 31, Cádiz con 27, Huelva con 19, Córdoba con 16 y Jaén con 15. Comparando estos datos con los del primer cuatrimestre de 2024, esta clase de desahucios han descendido un 15,5%.

En cuanto a los desahucios producidos por otras causas, Sevilla vuele a capitanear la lista con un total de 27, sucedida por Málaga con catorce, Granada con trece, Almería y Cádiz con ocho cada una, Córdoba con cuatro, Huelva con tres y Jaén con uno.

En el conjunto de Andalucía se registraron un total de 1.125 desahucios o lanzamientos, lo que sitúa a la comunidad en el segundo puesto del ranking nacional. Cataluña lidera la clasificación, con una cifra que alcanza los 2.069 desalojos, mientras que el tercer puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 794.

Según los datos consultados por Europa Press en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayor parte de los lanzamientos producidos en la comunidad fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 807. Otros 240 derivaron directamente de las ejecuciones hipotecarias, y los 78 restantes se debieron a otras causas.

De este modo, se comprueba que Andalucía ha visto incrementada su cifra de desahucios en un 4,6% con respecto al primer trimestre de 2024. De otra manera, este primer trimestre de 2025 se han practicado 12,8 lanzamientos por cada 100.000 habitantes.

Andalucía es la comunidad que más solicitudes registra

En el primer trimestre de 2025 Andalucía recibió un total de 1.463 solicitudes de ejecuciones hipotecarias, tan solo cinco más que durante el mismo periodo del año anterior.

La provincia de Sevilla ha sido la que más solicitudes ha presentado, 287, seguida de Málaga con 272, Cádiz con 207, Almería con 193, Granada con 172, Córdoba con 129, Huelva con 113 y Jaén con 90. Estas cifras señalan un aumento de las solicitudes presentadas del 0,3% en cuanto al primer trimestre del 2024.

Además, la comunidad alcanza el primer puesto del ranking, con las 1.463 solicitudes ya mencionadas. Cataluña se sitúa en la segunda posición con 1.226 peticiones, y le sucede la Comunidad Valenciana con un total de 762.

De este manera, el CGPJ ha señalado que se han producido 16,6 solicitudes de desahucios por cada 100.000 habitantes en la comunidad andaluza.

“No tenemos descanso”. Estas sencillas palabras ilustran bien la situación que vivían en estos días Nerea y David que, junto a sus dos hijos de 9 y 4 años, se enfrentaban a una orden de desahucio en menos 24 horas -fechada para este 9 de julio-, del piso de un banco en el que viven desde 2018 pagando un alquiler social.

Este martes, acompañados por la Plataforma Stop Desahucios, intentaban gastar el último cartucho ante la sede central del banco -Cajasur- en Córdoba y, mientras David y un portavoz de la plataforma han acudido al interior de la oficina para pedir una vía de diálogo y que el lanzamiento se paralice, a las puertas Nerea ha recibido el apoyo de otros miembros de la plataforma en una protesta para visibilizar la situación que viven.

Y lo han conseguido. Tras la negociación en la oficina bancaria, han obtenido la notificación del procurador en su caso de que el desahucio de mañana miércoles está paralizado. Y, a la vez, el banco se ha comprometido a renovar por un año más el contrato de alquiler social que venía abonando la pareja desde 2018. La familia ha podido respirar, al fin, tranquila.

“Derecho a techo” ha sido el simple, pero directo y repetido lema que han utilizado en la protesta durante la mañana a las puertas del banco, mientras en el interior se intentaba abrir esa esperanza de que Cajasur echara marcha atrás en su decisión de desahuciar a esta familia de su piso. Sin trabajo actualmente y con el Ingreso Mínimo Vital como sustento, no cuentan con otra alternativa de techo.

Mientras ha durado la negociación con el banco, explicaban cómo querían “abrir esa negociación para que se renueve el contrato de alquiler. Porque esa es la solución para esta familia, que no han dejado de pagar. Estamos aquí hasta que se consiga negociar y se asegure que no los van a echar a la calle”, explicaba también a este periódico otra de las portavoces de la plataforma, Emma Lancha.

Recuerdan cómo, en este proceso, Nerea, David y sus dos hijos cuentan con un informe de los Servicios Sociales municipales que señalan su vulnerabilidad, pero este ha sido desestimado hasta el momento por el juez que lleva el caso, aunque la decisión está recurrida por el abogado de la familia.

Además, según anunció Cajasur el viernes a última hora, la entidad había presentado un escrito para solicitar la paralización del desahucio hasta que se resolviera los términos de la vulnerabilidad de la familia. Y esa notificación de paralización es la que finalmente les ha llegado esta mañana, a la vez que el compromiso del banco para renovar el contrato de alquiler.

Entretanto, durante la mañana, ha sido visible la protesta de Stop Desahucios en apoyo a la familia mientras, en el interior, se abría la esperanza de que la entidad aceptara mantener el alquiler para que la pareja y sus hijos puedan seguir viviendo bajo el techo de su piso.

Nerea y David viven con sus dos hijos, de 9 y 4 años, en un piso de un banco en Córdoba. Llegaron a él cuando estaba vacío y en junio de 2018 consiguieron que el banco -Cajasur-, les hiciera un contrato de alquiler social dada la vulnerabilidad de la familia. Pagaron primero 90 euros al mes y, en los últimos años, subió a 126,07 euros. El último pago que han hecho corresponde al mes de junio. Pero lo han hecho ante el juzgado, para que conste que no han dejado de pagar nunca, después de que el banco no les haya renovado el contrato y, a través de la Sociedad Andaluza de Gestión de Activos de la propia entidad, ahora pese sobre esta familia una orden de desahucio para el próximo 9 de julio.

“Con dos críos, no podemos irnos a la calle”, explica David sobre la falta de una alternativa habitacional. Esgrime, además, que cuentan con un informe de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales municipales. Pero, de momento, nada de eso ha hecho que se les aplique la moratoria contra los desahucios y la orden de desalojo de la vivienda sigue en pie para la próxima semana.

La pareja reclama que se les permita seguir viviendo en ese piso o en otro pagando un alquiler social, como han hecho hasta ahora. “Nunca nos hemos negado a pagar, siempre lo hemos hecho”, argumentan.

Sin trabajo, viven con el Ingreso Mínimo Vital y David recibe un jornal cuando echa una mano a su familia en puestos del mercadillo. Ahora, cuenta, las ventas están bajas y lleva un tiempo sin que pueda ayudar a montar el puesto o a vender y recibir una ayuda por ello. Por eso, viven con más angustia la situación que les aboca ahora a tener que dejar su vivienda y cuentan con el asesoramiento y apoyo de la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba.

Junto a ellos, Nerea y David han difundido un vídeo explicando la situación que atraviesan, para que se ponga el foco público sobre desahucios que siguen ocurriendo. En este caso, la entidad bancaria llevó su caso a los juzgados y, pese a aportar el informe de vulnerabilidad, se ha desestimado.

El abogado que lleva su defensa ha recurrido este punto y esperan ahora respuesta del juzgado con el objetivo de que el desahucio se pare, mientras piden ayuda también ante las administraciones para poder contar con una vivienda.

Desde Stop Desahucios acompañan a la familia en busca de una solución que, ante la falta de otro piso, en primera instancia pasa por que el juzgado decida parar el desalojo, o bien sea el banco quien se retracte de su decisión y renueve el contrato para que esta familia siga pagando un alquiler social y pueda mantener su vida bajo un techo como hasta ahora.

Cajasur ha informado en la tarde de este viernes que, tras la presentación del recurso por parte de la familia afectada, “por asegurar la rectitud en el proceso, hemos presentado un escrito en el juzgado, solicitando la suspensión del lanzamiento hasta que se resuelvan todas las cuestiones relativas a la declaración de vulnerabilidad y el cumplimiento de los requisitos legales para poder aplicar las medidas que la ley establece para familias vulnerables”. Ahora habrá que esperar la decisión del juzgado tras la presentación de ambos escritos.

Tras el subidón experimentado en 2002 y 2023, el año pasado se cerró con una bajada en el número de desahucios ejecutados en la provincia de Córdoba, según la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el año pasado se ejecutaron e inscribieron en los registros de la propiedad un total de 191 desahucios hipotecarios. Es una caída relevante, frente a los 236 del año 2023, y frente a los 287 de 2022. No obstante, la cifra sigue siendo muy alta, y está lejos de los años 2019 y 2018, en los que las ejecuciones hipotecarias de vivienda fueron 74 y 111, respectivamente.

En Córdoba, los desahucios alcanzaron su techo en el año 2015. Entonces, un total de 642 familias cordobesas tuvieron que abandonar sus viviendas para hacer frente a las deudas hipotecarias que mantenían con los bancos que no habían podido pagar. En 2016 las ejecuciones hipotecarias se redujeron hasta las 495 y ya en 2017 bajaron a las 178. Ahora, aunque se ha bajado de los 200 casos, se ha vuelto a superar esa cifra.

Datos nacionales

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 8.921 en 2024, cifra un 4,3% inferior a la de 2023 y la más baja desde 2020, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso, mucho más moderado que el que se registró en 2023 (-20,5%), las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales encadenan tres años de retrocesos después de que en 2021 y 2020 se dispararan un 60,3% y un 41,6%, respectivamente.

Pese al retroceso en el conjunto de 2024, durante el cuarto trimestre del año pasado se registraron 2.562 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, la cifra más elevada desde el primer trimestre de 2023. Estas 2.562 ejecuciones suponen un 49,1% más que en el trimestre anterior y un 11,5% más que en el cuarto trimestre de 2023, rompiendo así con una racha de descensos que ya duraba diez trimestres.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En 2024 se iniciaron 20.262 ejecuciones hipotecarias, un 4,8% más que en 2023. De ellas, 18.842 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.420 a fincas rústicas (+61,5%).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 2,1% en relación a 2023. Dentro de las fincas urbanas, 12.655 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 3,8% menos que en 2023, y de ellas 10.713 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 5,8% inferior a la de 2023.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas se incrementaron un 9% el año pasado, hasta las 1.942, mientras que las realizadas sobre solares cayeron un 16% y totalizaron 420.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 5.767 en 2024, un 20,2% más que en 2023.

Sonia, su marido y dos hijos viven desde hace diez años en una vivienda de alquiler social en Córdoba. Ella guarda celosamente todos los recibos pagados durante ese tiempo por el piso propiedad del fondo inmobiliario Building Center, participado por CaixaBank, que ahora le ha remitido un escrito anunciando un desahucio por un supuesto impago. Una situación similar arrastra Margarita, su hija y su nieto, que viven desde hace casi una década en un piso que pertenece al fondo buitre Global Pantelaria, por el que consiguieron un contrato de alquiler social. Pagaron siempre cada mes y lo demostraron así ante el juez cuando el fondo buitre les llevó a juicio para echarlos. Pero hace un año que el fondo no quiere renovar el contrato para que puedan seguir viviendo allí y una amenaza de desahucio pende sobre ellos para 2025.

Son las historias de dos familias, de dos alquileres sociales pagados, de dos pisos en manos de fondos buitre y de dos amenazas de desahucio, en la batalla en la que para gran parte de la población se ha convertido poder tener una vivienda.

La historia de Sonia, su marido y sus hijos de 21 y 15 años se remonta a hace diez años, desde cuando viven en alquiler social en un piso del distrito Sur de Córdoba. El fondo dueño del inmueble les ha subido en varias ocasiones el alquiler: primero pagaban 102 euros, luego 175. En agosto de este año el incremento llegó a 410 euros, explica Sonia a Cordópolis. Con el bono social pudieron rebajar esa cifra hasta 240 euros. Y una nueva subida hace un par de meses ha dejado la cuota en los 247 euros que pagan actualmente.

“Todo está pagado”

“Siempre he ido pagando. Y guardo todos mis recibos”, dice sobre tantos años de “sustos y miedo” porque pudieran echarla a ella y a su familia del piso. Explica que el pago del alquiler cada mes se convierte en una odisea: “Ellos (el fondo propietario de la vivienda) tienen mi número de cuenta, pero no se lo cobran. Tengo que reclamar yo el pago cada mes, esperar que me manden un correo con un enlace para poder hacer la transferencia. Ahora, aún estoy esperando que me envíen el del mes de noviembre”.

Pese a haber pagado sus mensualidades, a Sonia le ha llegado un escrito de inicios de los trámites para desahuciarla, denuncia. “Dicen que debo dos cantidades -mil y pico euros una y dos mil y pico otra-, pero yo he pagado todo”, asegura. “Todo está pagado y tengo guardados todos los recibos”, reitera.

Sonia trabaja como auxiliar del servicio de Ayuda a Domicilio y, con sus ingresos, sostiene a su familia y el pago del alquiler. “En diez años he tenido muchos sustos, siempre te quieren echar”, cuenta. En esa batalla está asesorada por Stop Desahucios, para hacer frente a la amenaza de desahucio y poder permanecer en la que es su vivienda desde hace una década. “Lo que quiero es tener tranquilidad y seguir pagando el alquiler”, pide.

Alquiler social, un juicio y una orden de desahucio

En el caso de Margarita, ella vive con su hija y un nieto en el piso del fondo buitre Global Pantelaria desde hace casi una década. La llevaron a juicio denunciando que había dejado de pagar y que debía un año del alquiler, pero ante el juez demostró con sus facturas que “nunca había dejado de pagar”, recuerda.

Pagó durante todo ese tiempo el alquiler con sus escasos ingresos de la pensión de viudedad. Pero al caducar el contrato, Margarita se tuvo que sentar en enero pasado en el banquillo de los acusados después de que iniciaran contra ella un procedimiento de desahucio. Tuvo orden de lanzamiento, pero el juez la paralizó al no contar con el informe de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad. 

De la pensión de viudedad de 613 euros que cobra Margarita y de lo que saca de vez en cuando limpiando casas cuando la llaman, viven ella, su hija y su nieto. Con ello pagó el alquiler hasta que el fondo se ha negado a renovarlo y de nuevo la amenaza del desahucio se cierne sobre Margarita y su familia.

“El 3 de febrero a las 11:30 tenemos orden de lanzamiento”, dice, afligida, aunque de nuevo también intentarán parar este desahucio y que pueda seguir pagando el alquiler social para mantenerse con su familia en la vivienda.

Si llega a producirse ese desahucio, engrosará las cifras de lanzamientos por alquiler, que ya duplican en Córdoba a las cifras de desahucio por impago de hipotecas. En Córdoba ciudad, en 2023 hubo 68 ejecuciones hipotecarias y en el primer semestre de 2024 se han registrado ya 47. Mientras, los desahucios por impago del alquiler sumaron en 2023 un total de 123 y en el primer semestre de este año 84.

Los desahucios por impago del alquiler en la provincia de Córdoba ya duplican a los motivados por no pagar la hipoteca. Así se desprende del último informe emitido esta semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la estadística de lanzamientos ejecutados en el segundo trimestre de este año 2024.

Así, en la provincia de Córdoba se practicaron un total de 81 lanzamientos en ese periodo de tres meses. La mayoría de ellos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con 53 desahucios relacionados con el alquiler.

Mientras tanto, se registraron 24 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, es decir, menos de la mitad que los practicados por no abonar el alquiler. El órgano judicial muestra que, durante los meses de abril, mayo y junio de este año, los juzgados ingresaron 95 casos de ejecuciones hipotecarias.

Aparte, el informe del CGPJ señala que hubo otros cuatro lanzamientos que no se acogen a estas dos tipologías.

Datos nacionales y Andalucía, segunda comunidad con más desahucios

A nivel nacional, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 fue de 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023, según se desprende del informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial. El 74,8% de esos lanzamientos, 5.874, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que otros 1.469 -el 18,7% del total- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 507 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9% respecto al segundo trimestre de 2023. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el aumento fue del 10,7% y para los 507 derivados de otras causas, del 6,5%.

Cataluña --con 2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional-- ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2024, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunidad Valenciana, con 1.006 y Madrid, con 831.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8% del total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunidad Valenciana, con 705. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunidad Valenciana, 253 y en Murcia, 129.

Ejecuciones hipotecarias

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 5.483 ejecuciones hipotecarias, un 6,2 % más que en el mismo periodo de 2023.

El mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, un 22,6% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.122; la Comunidad Valenciana, con 862; y Madrid, con 529. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunidad Valenciana, con 16,1 y Andalucía, con 14,1.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2024 ingresaron 639, un 19,1% menos que el año anterior. En Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (128), que representan el 20% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 120 y la Comunidad Valenciana, con 102.