El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a una entidad de crédito por establecer cláusulas abusivas en un préstamo hipotecario y le ordena el reintegro de las cantidades abonadas por una clienta por dichas cláusulas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estima la demanda que una clienta interpuso contra la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios SA EFC, con quien tenía contratado un préstamo hipotecario. Demandaba la nulidad de una cláusula de amortización del préstamo en lo referido al “pacto de anatocismo”, por el que se abonan intereses sobre intereses no pagados, y que según la demandante no superaba el control de transparencia. Asimismo, igualmente se requería la nulidad de otra cláusula sobre “comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas”, como defendía la abogada Fuensanta Cabrera, de Cabrera Abogados.

El juez recuerda que el pacto de anatocismo “no en todos los casos puede considerarse un pacto válido”, según la Ley Hipotecaria. Y, tras estudiar el caso, señala que “analizada la cláusula litigiosa vemos que se trata realmente de una 'sanción' ante el impago de los intereses ordinarios, pero que se camufla en la escritura al incluirse en la cláusula referente a la liquidación de intereses sin advertir que el impago de los mismos supone el incremento del principal para el cálculo de sucesivas cuotas”.

“Consideramos que la cláusula de anatocismo contenida en la estipulación segunda no supera el segundo control de transparencia que permite la comprensibilidad real de la misma, pues aparece enmascarada en un incremento del principal sobre el cual se calcula los intereses en lo referente a la liquidación ordinaria de los mismos, sin advertir que se está penalizando el impago, sin que conste de la prueba practicada y la documentación obrante en el procedimiento que se haya informado detalladamente al consumidor al efecto que hubiera permitido conocer su naturaleza y consecuencias de tal cláusula”, razona el juez.

En cuanto a la segunda cláusula, señala a la doctrina jurisprudencial y dicta que “la cláusula que fija una comisión por posiciones deudoras debe ser declarada nula”.

Así, en el fallo de la sentencia, se estima la demanda de la clienta contra Unión de Créditos Inmobiliarios SA EFC y se declara la “nulidad parcial por abusiva a través de control de transparencia de la cláusula segunda Amortización del préstamo, de la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las partes con fecha 10 de junio de 2008, en lo referido a pacto de anatocismo asociado a la amortización de la operación de préstamo hipotecario”.

Por ello se condena a la entidad demandada a “la devolución a los actores de las cantidades satisfechas por dicho concepto, más los intereses legales desde su abono”.

Asimismo, se declara la nulidad de la cláusula cuarta apartado 'Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas“. Y se condena a la entidad demandada al pago de las costas causadas en este procedimiento.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha firmado operaciones de crédito con Cajasur y Unicaja, por importe de 51 millones y 40 millones de euros, respectivamente, destinadas a la realización de anticipos a cuenta de la recaudación de los ayuntamientos de la provincia para el ejercicio 2025.

Las operaciones han sido suscritas por el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y el gerente del ICHL, Francisco Cabezas. En representación de Cajasur han estado su consejero delegado, Fernando Martínez-Jorcano, y su presidente no ejecutivo, Javier García Lurueña. Por parte de Unicaja han estado presentes el director de Banca de Empresas Córdoba, José Antonio Martín, y el director de Negocio Institucional, Joaquín Ruiz.

El máximo representante de la Diputación ha señalado que “estas operaciones son fundamentales para la institución, ya que se garantiza el poder inyectar esa liquidez a los municipios para que puedan acometer inversiones que redunden en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”.

La Diputación de Córdoba, a través del ICHL, transfiere todos los años a los ayuntamientos de la provincia un adelanto del 80% de la recaudación de los tributos del ejercicio económico. Con los anticipos acordados con ambas entidades, los entes locales dispondrán de liquidez para llevar a cabo sus políticas de inversión y garantizar la prestación de servicios públicos.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha firmado dos operaciones de crédito con las entidades bancarias Cajasur y Caja Rural, por un importe total de 85.124.800 euros, que será destinado a anticipos a cuenta de la recaudación de los ayuntamientos de la provincia para el ejercicio 2023.

Tal y como ha detallado la institución provincial, en concreto, para la financiación del importe a anticipar, se ha suscrito un crédito de 46 millones con Cajasur y otro por el mismo importe con Caja Rural; el resto procede de las Tesorerías de Diputación y del ICHL.

La vicepresidenta del ICHL y delegada de Hacienda y Gobierno Interior de la institución provincial, Felisa Cañete, ha adelantado que “la transferencia se realizará el próximo 31 de enero y con ello estaremos haciendo posible que los ayuntamientos puedan cumplir con sus compromisos de pago a proveedores y ejecutar sus obligaciones presupuestarias”.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número diez de Córdoba ha ordenado la anulación del contrato de una tarjeta revolving que afectaba a un cliente cordobés y que fue firmado en 1999. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, es novedosa, pues el tribunal anula el contrato, algo que hace que los hechos no se declaren prescritos. De hecho, condena a la entidad financiera que heredó la tarjeta Citibank al pago del dinero cobrado de más desde el año 2004.

Según destacan desde el despacho de abogados que ha defendido a la entidad Wizink, se trata de una sentencia relevante para los consumidores y las entidades que ofrecen productos de financiación al consumo (no solo tarjetas revolving, sino todo tipo de productos financieros) porque, de forma novedosa, distingue entre la acción de declaración de nulidad del contrato y la reclamación de devolución de cantidades: así, mientras la primera no prescribe, la segunda sí está sometida a los plazos de prescripción que establece del Código Civil para las acciones personales y que fueron modificados recientemente.

En concreto, el artículo 1964.2 del Código Civil dispone que el ejercicio de las acciones personales que no tengan señalado expresamente un plazo de prescripción específico para su ejercicio, prescribirá a los cinco años desde que se pudiera exigir el cumplimiento de la obligación. 

En este caso, el juez falla a favor de la nulidad del contrato y estima la prescripción a cinco años de la restitución de las cantidades cuando confirma la prescripción de las cantidades anteriores al 22 de julio de 2004.

Las tarjetas revolving son diferentes a las de crédito, pues el dinero dispuesto no se devuelve a mes vencido, sino a través de cuotas mensuales en las que se cobra un interés determinado. En este caso, el interés era superior al 24%.