Pese a que el calor obliga a no tener una excesiva carga física, sobre todo a la hora de exponer el cuerpo al sol, las pruebas deportivas continúan su curso. En la localidad de Algallarín se celebró en la jornada del sábado la quinta edición de su Carrera Popular Nocturna donde varios de los grandes deportistas de la provincia cordobesa recorrieron los ocho kilómetros del circuito de la categoría reina.

Por un lado, Jesús Alguacil, del Runner Pura Cepa, fue el gran ganador de la quinta edición de esta prueba. El experimentado corredor logró entrar en primer lugar con un margen lo suficientemente grande para saborear la victoria en los últimos metros. Álvaro de la Fuente, del Surco Lucena, logró el segundo escalón del podio a 25 segundos de Alguacil, mientras que Pedro Catena, del Trotasierra Hornachuelos, completó los tres primeros clasificados.

Asimismo, la categoría femenina estuvo decantada desde el primer momento gracias la ritmo impuesto por Lola Chiclana, del Club Nerja Atletismo, que consiguió la victoria por cerca de cuatro minutos de ventaja con respecto la segunda clasificada, Isabel García, del Trotasierra. Por su parte, Rocío Marqués, de Los Califas-UCO, se alzó con la medalla de bronce.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, acompañado de la alcaldesa de Algallarín, Encarnación Jiménez, ha visitado las obras que se están ejecutando para la agrupación de vertidos (AVV) y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en esta entidad local autónoma (ELA) dependiente del municipio de Adamuz.

La obra, adjudicada a la empresa Jiménez y Carmona SA (Jícar SA), cuenta con una inversión de la Junta de Andalucía de 4,17 millones de euros. El responsable territorial ha podido comprobar sobre el terreno la buena marcha de estas obras y ha destacado los beneficios que reportarán a “los más de 500 habitantes de Algallarín, que podrán disfrutar de un ciclo integral del agua”.

Acosta ha recordado que esta obra fue declarada de Interés de la Comunidad Autónoma por el Consejo de Gobierno, y se financia con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta ELA no dispone de ninguna instalación para realizar la depuración de sus aguas residuales, por lo que vierten en la actualidad directamente al cauce del río Guadalquivir.

“De ahí la importancia de esta solución --ha remarcado Acosta--, que comprende un sistema colector de la AVV del núcleo de Algallarín, así como la ejecución de una EDAR que las someta a un tratamiento adecuado, antes de su vertido”.

El delegado ha explicado que “la agrupación de los vertidos y la estación de bombeo se ubican a las afueras de la localidad, suficientemente alejada de la población residencial para evitar sus posibles afecciones, al igual que sucede con la ubicación de la EDAR”.

En este sentido, Acosta ha añadido que la parcela seleccionada para la ubicación de la EDAR “se ubica al sureste del casco urbano, a unos 500 metros de distancia, muy próxima al río”.

Infraestructuras hidráulicas

Como ha recordado el delegado del Agricultura, actualmente, con el horizonte puesto en 2027, la Junta está trabajando en 55 proyectos de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Córdoba por valor de 176,4 millones de euros.

“Se trata del 88% del total de la inversión que las distintas administraciones públicas están haciendo en Córdoba en materia de agua, muy por encima de la administración competente en las dos cuencas hidrográficas de nuestra provincia, el Gobierno de España, cuya inversión apenas supera el 3,5% del total”, según ha asegurado.

El Circuito Cordobés de Carreras Populares 2024 hizo parada este sábado en la comarca del Alto Guadalquivir para la celebración de la cuarta edición de la Carrera Nocturna de Algallarín, prueba que congregó a algunos de los mejores corredores de la provincia y donde se acabaron imponiendo Safouane Ouddajou y Dolores Chiclana como los dos más rápidos en cada una de las modalidades en liza de la prueba reina.

El atleta del Virgen de Belén se proclamó vencedor en la clasificación general con una ventaja de medio minuto (26:25) sobre su más inmediato perseguidor, que fue Pedro Catena, del Trotasierra, el cual paró el crono en 27:04. El bronce fue para Antonio García con 27:24.

Por su parte, la veterana corredora del Nerja Atletismo fue la mejor entre las féminas con un tiempo de 30:37, acompañada en lo más alto del podio por Maribel López (Trotacolonia) y Rocío Marqués (Los Califas-UCO), que hicieron 33:49 y 34:26 respectivamente.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar los recursos de casación presentados por el exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, Juan Molina, y su tesorero F.A.P. contra las condenas de prisión y de inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Córdoba en 2022 por malversación y prevaricación. El regidor estuvo en el cargo entre 1999 y 2011 y el segundo, entre 2007 y 2011. No obstante, sí ha exonerado al tesorero de la condena civil indemnizatoria a pagar. En esencia, tanto el exalcalde como el tesorero pagaron 81.200 euros sin factura alguna.

En febrero de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia condenó a Molina a dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por este mismo delito, fue también condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia, además, consideró al exalcalde de Algallarín autor de un delito continuado de prevaricación de funcionario público, con la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del año, y lo condenó a otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

Junto a ello, la Audiencia cordobesa condenó al que fuera tesorero de Algallarín a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de malversación continuada y lo absolvió del delito de prevaricación del que también se le acusaba. Además, ambos fueron condenados a indemnizar a Algalarrín con 6.960 euros. Sin embargo, el Supremo sí ha exonerado al tesorero del pago de esta condena civil al considerar que el único responsable es el exalcalde, por lo que será él quien la abone íntegramente.

Hechos probados

La sentencia considera probado que, desde 2007, el que fuera alcalde de Algallarín y su tesorero dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, “no existiendo correlación acreditada entre los presupuestados de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos ,sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, e incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (Alcalde, Tesorero e Interventor), y dejando de justificar salidas de fondos municipales”. 

Así, explica la sentencia, fueron múltiples “los pagos de facturas sin concepto alguno y sin constancia de estas, utilizando incluso, para realizar algunos pagos, una tarjeta de crédito a nombre del Alcalde Presidente a cargo de la cuenta de la titularidad de la ELA, ”sin control alguno“. Estas prácticas permitieron a los acusados ”emplear fondos públicos con la opacidad suficiente para destinarlos a finalidades injustificadas de acuerdo a su exclusiva voluntad“. 

También señala que en mayo de 2007 se llevó a cabo en la localidad un mitin electoral de la Agrupación Local PSOE- Algallarin, en cuyo seno se ofreció un espectáculo musical y en pago de sus servicios, “y con plena conciencia del uso fraudulento de los fondos municipales, y en beneficio de su Agrupación, el Alcalde Presidente abonó a dicho grupo 6.960 euros, mediante un cheque a cargo de la cuenta municipal”. 

Junto a ello, ambos acusados “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde el mes de enero de 2007, hasta al menos el mes de noviembre de 2009 expidieron, con cargo a la cuenta municipal un total 176 cheques bancarios, “sin consignar documentalmente, el objeto, y la justificación necesaria, con el consiguiente daño a las arcas municipales”. 

A partir de 2009, el exalcalde puso en marcha una actividad de ‘‘voluntariado“ para el pago a distintos ciudadanos por la prestación de una serie de servicios. En este sentido, la sentencia indica que ”se pagaron injustificadamente a diferentes ciudadanos, hasta un total de 69.650,25 euros, sin que conste documentalmente su efectiva realización, encubriendo prestaciones de servicios propias de relaciones laborales, y sin sometimiento a ninguna norma de contratación laboral o administrativa“. 

Por último, ambos acusados “actuando concertadamente y con plena conciencia de que lo hacían, vulnerando el ordenamiento jurídico y en perjuicio de los fondos públicos tenidos bajo su cargo”, los primeros días de junio de 2011, ante la inminencia de su salida de la corporación, ordenaron pagos por importe de 47.856,34 euros ,mediante transferencias bancarias sobre la cuenta municipal “sin la correspondiente consignación presupuestaria, sin estar refrendados por acuerdo municipal alguno, y sin la ineludible firma del Interventor asignado a la ELA, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales; siendo que, parte de dichos pagos, fueron dirigidos sin justificar, a los propios acusados”, en particular 5.689,80 para el exalcalde y 2.240 euros para el tesorero en concepto de nóminas y atrasos. 

Los acusados tuvieron que satisfacer las cantidades que, sin justificación, retiraron de las arcas municipales en concepto de responsabilidad civil por una sentencia del Tribunal de Cuentas. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Córdoba solo recogió los 6.960 euros que no fueron exigidos en la resolución del Tribunal de Cuentas.

La Junta de Andalucía ha adjudicado la dirección de obras de los proyectos de agrupación de vertidos (AVV) y estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) de los municipios cordobeses de El Guijo y Fuente Tójar, y de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, dependiente de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, durante la visita institucional que ha realizado al Ayuntamiento de El Guijo, donde ha explicado que el importe de la dirección de obra suma cerca de 850.000 euros y supone el paso previo a la adjudicación de la obra, que actualmente se encuentra en fase de evaluación y cuya inversión prevista, entre los tres proyectos, alcanzará los 9,6 millones de euros.

Molina ha señalado que “estamos trabajando para adecuar la depuración de todos los núcleos de Córdoba, sin importar su tamaño, porque el correcto tratamiento de los vertidos es fundamental para el medio ambiente y, en algunos casos, se puede convertir también en una fuente alternativa de recursos hídricos en tiempos de sequía como el actual”.

“Además de suponer un avance ambiental --ha subrayado--, contribuyen a impulsar la economía de los territorios, al generar puestos de trabajo, pues se estima que estos tres proyectos podrían generar más de 150 empleos ligados a la ejecución de las obras, y beneficiarán a unos 2.375 cordobeses”.

Molina ha indicado que, “gracias a iniciativas como ésta, en Córdoba estamos avanzando con paso firme hacia nuestro objetivo de cerrar el círculo de la depuración en todos los rincones de la provincia”.

El objetivo de la contratación relativa a infraestructuras hidráulicas en El Guijo, con una inversión que ronda los tres millones de euros, es ejecutar un sistema de colectores y una EDAR que dé servicio a los 355 habitantes de esta localidad cordobesa.

Por otro lado, en Fuente Tójar, donde se invertirán 2,1 millones, el proyecto contempla la agrupación de vertidos y la construcción de una depuradora para el correcto tratamiento de las aguas residuales de este municipio donde residen unas 1.100 personas.

Por último, la iniciativa de mejora de la depuración de aguas residuales del núcleo urbano de Algallarín conlleva la inversión de más de 4,5 millones para agrupar los vertidos de sus vecinos y construir una depuradora. Estas instalaciones beneficiarán a una población que ronda los 920 habitantes.

Alrededor de un centenar de piragüistas procedentes de toda Andalucía y también de otros puntos de España se darán cita el 3 de septiembre en el VII Descenso en Kayak Montoro, Algallarin y Pedro Abad, una de las pruebas más importantes que tienen lugar en el río Guadalquivir y que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba. El delegado de Deportes de la institución, Antonio Martín, ha destacado durante la presentación del cartel “la singularidad y belleza de esta prueba deportiva, que se inicia en Montoro, donde el río alcanza una belleza inigualable, y avanza en un recorrido de 19 kilómetros en el que se puede disfrutar de una gran variedad de flora y fauna”.

Además, los participantes harán unan parada de avituallamiento en la localidad de Algallarín, en su nuevo embarcadero, para coger fuerzas y continuar con el tramo que comprende desde Algallarín hasta Pedro Abad, donde concluirá la prueba. Una vez allí, los piragüistas disfrutarán de un final en otro embarcadero de reciente construcción y rodeado de una gran belleza paisajística.

La organización del evento corre a cargo de empresas de turismo activo de la comarca como son Sierra Morena Active, Quivirocio y Guadalquivir Activo. Las cuestiones de seguridad correrán a cargo de Protección Civil de Montoro y Pedro Abad, bomberos, Geas y Guardia Civil. De igual modo, la puesta en marcha de este VII Descenso en Kayak es posible gracias al apoyo de la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba, de los ayuntamientos de Montoro, Pedro Abad y Algallarín y de patrocinadores locales.

Un total de 120 participantes se darán cita el próximo 4 de septiembre en la sexta edición del Descenso en Kayak de Montoro-Algallarín-Pedro Abad, un evento que cuenta con el apoyo de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba. Su responsable, Ana Blasco, destaca que se encuentran “ante una de las pruebas más importantes de las que tienen como escenario el río Guadalquivir, contando con un gran atractivo para sus participantes y para todos aquellos que se acerquen a disfrutarla”.

Asimismo, ha añadido que “este año, como novedad, se celebra la I Competición Popular de Piragüismo, donde aficionados de este deporte podrán conseguir premios en metálico, todo ello con el apoyo del Club de Piragüismo de Córdoba”.

En su sexta edición, este Descenso en Kayak dará comienzo en Montoro, donde el Guadalquivir alcanza una incalculable belleza paisajística, sobresaliendo su meandro que fue declarado Monumento Natural en 2011. Los participantes avanzarán por debajo del puente de las Donadas de la localidad montoreña, una infraestructura datada en 1498. Por delante, 19 kilómetros de río, donde se podrá disfrutar de una gran variedad de flora y fauna.

Está prevista una parada de avituallamiento en Algallarín, municipio que recientemente ha puesto en servicio un embarcadero. Esta parada servirá a los participantes para coger fuerza y afrontar el tramo final que une Algallarín y Pedro Abad; localidad en la que termina la prueba y que también cuenta con un nuevo embarcadero.

En la organización de este evento participan las empresas Sierra Morena Active, Quivirocio y Guadalquivir Activo. La prueba contará también con la implicación, en las cuestiones de seguridad, de Protección Civil de Montoro y Pedro Abad, Bomberos, y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

El delegado de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba, Manuel Olmo, se ha desplazado hasta la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, donde ha invertido alrededor de 180.000 euros, para conocer de cerca el estado de las actuaciones que está acometiendo la institución provincial en caminos de la zona y para interesarse por otras que se van a poner en marcha, en concreto en el camino Norte.

Olmo ha hecho entrega a la alcaldesa, Encarnación Jiménez, de la intervención realizada en el camino 'De las Carretas', una actuación que ha supuesto una inversión de 20.900 euros y que se engloba en el Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de entidades locales 2020-2021.

Según ha explicado el diputado provincial, “la obra ha consistido en la reparación del firme y drenaje mediante saneo de deformaciones y terminación en capa de rodadura bituminosa, además de limpiezas puntuales en drenajes”.

Además, Olmo ha destacado que “en total pretendemos realizar una inversión total en Algallarín que supera los 180.000 euros y que engloba la conservación, mejora y reparación de caminos rurales y la mejora de la transitabilidad y la seguridad vial de los mismos”.

En este sentido, el diputado provincial se ha referido a futuras intervenciones en el camino Norte, con un presupuesto de 25.300 euros dentro del Plan de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales para el bienio 2020-2022, en fase de redacción de proyecto.

Por su parte, la regidora de Algallarín ha recalcado que “la Diputación ha invertido en la mejora de drenajes y firmes en caminos con el Plan 15, actuando en los caminos 6, 22, 28 y 30, siendo una de las actuaciones más importantes las realizadas en el camino del muro, mediante la adquisición de terrenos y la realización de un muro de contención”.

Aprovechando su visita a Algallarín, el delegado de Infraestructuras Rurales ha informado de las distintas vías de financiación con las que cuenta la institución, tanto a través de planes específicos como de otros planes provinciales. También se ha referido a otras vías de inversión, tanto municipales como supramunicipales, “que están dando resultados muy satisfactorios y están creando empleo y fijando a la población al territorio”.

Asimismo, ha trasladado a la alcaldesa la continuidad de la Convocatoria de Inventarios de Caminos Municipales para el próximo año, siendo la ELA beneficiaria este 2022 de una subvención de 23.600 euros.

La Sección tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a dos años de prisión al ex alcalde de la entidad local autónoma de Algallarín, dependiente del municipio de Adamuz, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por este mismo delito, ha sido también condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia, además, considera al ex alcalde de Algallarín autor de un delito continuado de prevaricación de funcionario público, con la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del año, y le condena a otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Junto a ello, la Audiencia cordobesa condena al que fuera tesorero de la entidad local de Algallarín a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de malversación continuada y le absuelve del delito de prevaricación del que también se le acusaba. Además, ambos condenados deberán indemnizar a la Entidad Local de Algallarín con 6.960 euros.

La sentencia considera probado que desde 2007 el que fuera alcalde de Algallarín y su tesorero dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones publicas para la ejecución de los gastos, “no existiendo correlación acreditada entre los presupuestados de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos ,sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, e incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos (Alcalde, Tesorero e Interventor), y dejando de justificar salidas de fondos municipales”.

Así, explica la sentencia, fueron múltiples “los pagos de facturas sin concepto alguno y sin constancia de esta”s, utilizando incluso ,para realizar algunos pagos, una tarjeta de crédito a nombre del Alcalde Presidente a cargo de la cuenta de la titularidad de la ELA , “sin control alguno”. Estas practicas permitieron a los acusados “emplear fondos públicos con la opacidad suficiente para destinarlos a finalidades injustificadas de acuerdo a su exclusiva voluntad”.

También señala que en mayo de 2007 se llevó a cabo en la localidad un mitin electoral de la Agrupación Local PSOE- Algallarin, en cuyo seno se ofreció un espectáculo musical y en pago de sus servicios, “y con plena conciencia del uso fraudulento de los fondos municipales,y en beneficio de su Agrupación, el alcalde – presidente, abonó a dicho grupo 6.960 euros, mediante un cheque a cargo de la cuenta municipal”.

Junto a ello, ambos acusados “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde el mes de enero de 2007, hasta al menos el mes de noviembre de 2009 expidieron, con cargo a la cuenta municipal un total 176 cheques bancarios, “sin consignar documentalmente, el objeto, y la justificaciones necesarias, con el consiguiente daño a las arcas municipales”.

A partir de 2009, el ex alcalde puso en marcha una actividad de ‘‘voluntariado“ para el pago a distintos ciudadanos por la prestación de una serie de servicios. En este sentido, la sentencia indica que ”se pagaron injustificadamente a diferentes ciudadanos, hasta un total de 69.650,25 euros, sin que conste documentalmente su efectiva realización, encubriendo prestaciones de servicios propias de relaciones laborales, y sin sometimiento a ninguna norma de contratación laboral o administrativa“.

Por último, ambos acusados “actuando concertadamente y con plena conciencia de que lo hacían, vulnerando el ordenamiento jurídico y en perjuicio de los fondos públicos tenidos bajo su cargo”, los primeros días de junio de 2011, ante la inminencia de su salida de la corporación, ordenaron pagos por importe de 47.856,34 euros ,mediante transferencias bancarias sobre la cuenta municipal “sin la correspondiente consignación presupuestaria, sin estar refrendados por acuerdo municipal alguno, y sin la ineludible firma del Interventor asignado a la ELA, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales; siendo que, parte de dichos pagos, fueron dirigidos sin justificar, a los propios acusados”, en particular 5.689,80 para el ex alcalde y 2.240 euros para el tesorero en concepto de nóminas y atrasos.

Los acusados tuvieron que satisfacer las cantidades que, sin justificación, retiraron de las arcas municipales en concepto de responsabilidad civil por una sentencia del Tribunal de Cuentas. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Córdoba sólo recoge los 6.960 euros que no fueron exigidos en la resolución del Tribunal de Cuentas.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha inaugurado este lunes, junto a la alcaldesa de Algallarín, Encarnación Jiménez, y la vicepresidenta primera de la institución provincial, Dolores Amo, las instalaciones del Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) de la localidad, “proyecto al que la Diputación ha aportado cerca de 400.000 euros entre Planes Provinciales y subvenciones”.

Así lo ha explicado Ruiz, quien ha añadido que “el CIE, ocupado actualmente en un 90 por ciento por empresas locales, se pone en marcha con el objetivo de convertirse en impulsor de la recuperación económica, a través de la cualificación profesional de los trabajadores de Algallarín y su comarca”.

“La puesta en marcha de estas instalaciones es un sueño cumplido que responde al compromiso de la Diputación de conseguir que los municipios más pequeños cuenten con las mismas infraestructuras y servicios públicos que los de mayor número de habitantes, en una apuesta por el desarrollo de nuestro mundo rural”, ha remarcado Ruiz.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que “desde el principio la alcaldesa de Algallarín tuvo clara la necesidad de poner en marcha la infraestructura que hoy inauguramos y, de mano del Ayuntamiento, hemos trabajado en su ejecución”.

Según Ruiz, “el desarrollo de un proyecto por administración ha repercutido, además en el tejido empresarial del municipio, habiendo conseguido unas instalaciones de primer orden, un resultado excepcional que dotado del uso correcto contribuirá sobremanera a la dinamización de la economía local y al fomento del espíritu empresarial para seguir peleando contra el despoblamiento”.

“Finalmente, quisiera poner de manifiesto que todo esto cobra una mayor importancia si hablamos de una entidad local autónoma como Algallarín, que viene luchando para conseguir que sus vecinos y vecinas tengan acceso a unos servicios y unas infraestructuras de calidad, al igual que en los municipios de mayor población”, ha concluido Ruiz.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Encarnación Jiménez, ha hecho referencia “al apoyo que supone la Diputación para localidades pequeñas como Algallarín en la puesta en marcha de proyectos de envergadura como este CIE”.

Jiménez ha mencionado que “hemos apostado por mano de obra municipal que nos han conseguido unos acabados inmejorables para estas instalaciones que cobran una especial importancia para el desarrollo económico social de nuestro pueblo pero también de toda nuestra comarca”.

El acto ha contado también con la presencia del delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba y alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

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La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba prevé acoger este miércoles y jueves el juicio al exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín Juan Molina Sánchez entre 1999 y 2011 y su tesorero F.A.P., que estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que se enfrentan a sendas penas de cinco años y medio de cárcel y 18 años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que detallan que los cargos están presuntamente relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del regidor con cargo al Ayuntamiento, al pago de 'voluntarios' sin quedar acreditado que ejercieran labores reales y el cargo a las arcas municipales de conciertos y actos del PSOE, entre otros pagos “sin control ni justificación”.

La Fiscalía considera en su calificación que el exalcalde en el período que tuvieron lugar los hechos ostentaba las atribuciones previstas para su cargo de “ordenador de gastos y pagos de su Corporación”. Mientras, el acusado F.A.P., en su condición de tesorero de la ELA, tenía las funciones de “manejo, realización de pagos, cobros y organización de la entidad”.

Según el Ministerio Público, los procesados --el alcalde desde 2006 y el tesorero desde 2007 hasta prácticamente un día antes de que fueron relevados por el nuevo equipo municipal el 11 de junio de 2011-- “dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, no existiendo correlación entre los presupuestos de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos --alcalde, tesorero e interventor-- y dejando de justificar salidas de fondos municipales”.

Entre algunas operaciones, la Fiscalía recoge cómo el exalcalde supuestamente percibió mediante ingreso en la cuenta del Consistorio 1.071.419,40 euros de la venta de una finca en camino del Soto, siendo el importe real 1.080.000 euros, de acuerdo con el expediente de enajenación, sin que conste apunte contable o ingreso en cuenta bancaria de titularidad pública que justifique el destino dado a los 8.580,60 euros que suponen de diferencia.

Además, el 25 de mayo de 2007 se llevó a cabo un mitin electoral de la Agrupación Local del PSOE con un espectáculo musical a cargo de un grupo al que el exregidor presuntamente entregó un cheque de 6.960 euros a cargo de la cuenta municipal, mientras que la factura presentada iba dirigida a la Agrupación Local PSOE.

Asimismo, los acusados, “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde enero de 2007 hasta noviembre de 2009 autorizaron el libramiento, a cargo de la cuenta municipal, de hasta 176 cheques bancarios sin consignar documentalmente el objeto, la justificación o el destinatario del pago, con el consecuente daño al Consistorio.

En esta causa, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas estimó el daño a Algallarín en 81.240,87 euros, declarando responsables directos solidarios a los dos procesados.

La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba acoge los días 2 y 3 de febrero el juicio al exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín Juan Molina Sánchez entre 1999 y 2011 y su tesorero F.A.P., que estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que se enfrentan a sendas penas de cinco años y medio de cárcel y nueve años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales y ha adelantado el diario 'ABC', que detalla que los cargos están presuntamente relacionados con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito a nombre del regidor con cargo al Ayuntamiento, al pago de 'voluntarios' sin quedar acreditado que ejercieran labores reales y el cargo a las arcas municipales de conciertos y actos del PSOE, entre otros pagos “sin control ni justificación”.

La Fiscalía considera en su calificación que el exalcalde en el período que tuvieron lugar los hechos ostentaba las atribuciones previstas para su cargo de “ordenador de gastos y pagos de su Corporación”. Mientras, el acusado F.A.P., en su condición de tesorero de la ELA, tenía las funciones de “manejo, realización de pagos, cobros y organización de la entidad”.

Según el Ministerio Público, los procesado --el alcalde desde 2006 y el tesorero desde 2007 hasta prácticamente un día antes de que fueron relevados por el nuevo equipo municipal el 11 de junio de 2011-- “dejaron de seguir el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos, no existiendo correlación entre los presupuestos de gastos y los realmente ejecutados, llevando a cabo gastos sin consignación presupuestaria y sin acuerdos municipales, incumpliendo la obligatoriedad de firma de los tres claveros para la autorización de pagos --alcalde, tesorero e interventor-- y dejando de jusitificar salidas de fondos municipales”.

Entre algunas operaciones, la Fiscalía recoge cómo el exalcalde supuestamente percibió mediante ingreso en la cuenta del Consistorio 1.071.419,40 euros de la venta de una finca en camino del Soto, siendo el importe real 1.080.000 euros, de acuerdo con el expediente de enajenación, sin que conste apunte contable o ingreso en cuenta bancaria de titularidad pública que justifique el destino dado a los 8.580,60 euros que suponen de diferencia.

Además, el 25 de mayo de 2007 se llevó a cabo un mitin electoral de la Agrupación Local del PSOE con un espectáculo musical a cargo de un grupo al que el exregidor presuntamente entregó un cheque de 6.960 euros a cargo de la cuenta municipal, mientras que la factura presentada iba dirigida a la Agrupación Local PSOE.

Asimismo, los acusados, “actuando concertadamente y con vulneración de sus obligaciones” desde enero de 2007 hasta noviembre de 2009 autorizaron el libramiento, a cargo de la cuenta municipal, de hasta 176 cheques bancarios sin consignar documentalmente el objeto, la justificación o el destinatario del pago, con el consecuente daño al Consistorio. En esta causa, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas estimó el daño a Algallarín en 81.240,87 euros, declarando responsables directos solidarios a los dos procesados.