En las paredes de la Carbonería Casa Ángel del barrio de San Lorenzo hay colgados extractos de reportajes y entrevistas de periódico. En uno de ellos, se puede leer un titular grandilocuente: “El penúltimo piconero”. El entrevistado Ángel, el padre de Rafael Guerrero, quien regenta desde finales de los 90 este negocio, la última carbonería histórica que queda en Córdoba, y una de las últimas de Andalucía.

Rafael es tercera generación de piconeros, aunque el mundo ha cambiado mucho desde que su abuelo comenzó el negocio, o desde que su padre lo estableció en el barrio de San Lorenzo, a principios de los años 50. En aquella Córdoba, el picón marcaba el ritmo del invierno en barrios como éste. El humo subía de los patios y corralas, mientras la ciudad miraba a la sierra como fuente de trabajo y sustento.

De hecho, la historia de la familia no empezó en el local de la calle Jesús del Calvario, sino en la sierra. “Mi abuelo ya era piconero, de los que iban al monte”, explica Rafael a Cordópolis. En su relato hay algo de fascinación por una práctica que está a punto de apagar las últimas brasas: su abuelo fabricaba el picón como se ha hecho siempre: desbrozar, cortar, apilar la leña, quemarla en un claro, cortar el fuego a tiempo y dejar enfriar. No tenía despacho. Vendía el producto por las calles, como era habitual entonces.

La carbonería

Fue su padre quien dio el siguiente paso y estableció el negocio de forma fija. Primero un pequeño punto de venta, después el local definitivo. La Carbonería Casa Ángel abrió en 1951, en un entorno donde el oficio era parte del paisaje urbano. “Aquí había piconerías por todos lados”, recuerda Rafael. “En Jesús Nazareno, en Alhóndiga, en Campo Madre de Dios, en el Campo de la Verdad”.

No es casual que Santa Marina fuera conocido como el barrio de los piconeros ni que Córdoba tenga una Avenida de los Piconeros. Desde allí se accedía directamente a la sierra. “Salías del barrio y ya tirabas para El Brillante, la ermita, el monte. Todo eso estaba lleno de gente trabajando”, relata Rafael sobre una ciudad y una historia de la que ya solo quedan rescoldos como el suyo.

“Carbonerías como esta, en Córdoba, no hay más. Y en Andalucía, otra en Sevilla, a la que además yo le vendo el picón”, explica sobre un negocio que ha ido desapareciendo devorado por la industrialización, la normativa, la pérdida de relevo generacional y el cambio de hábitos.

Del mostrador a la carretera

Rafael tomó las riendas del negocio a finales de los años noventa, aunque en realidad nunca se fue de él. “Yo iba con mi padre desde chico. Cuando me saqué el carné, con dieciocho o diecinueve años, ya empecé a repartir”. Muchos de aquellos clientes siguen hoy llamándolo por su nombre. El negocio, por supuesto, ha ido evolucionando y ya no vive del particular.

“Esto hoy es hostelería, sobre todo”, especifica. Restaurantes, asadores y cadenas de supermercados son ahora el núcleo de su trabajo. Rafael pasa gran parte del día en la furgoneta, cargando y repartiendo sacos por toda la ciudad. “Esto va mucho de confianza y de boca a boca. Los cocineros se mueven mucho, se cambian de sitio y se pasan el teléfono, y si eres serio y formal, te va a ir bien”, aclara.

El picón, sin embargo, ya no es lo que fue. Aunque se sigue fabricando prácticamente igual que hace décadas, su venta ha caído de forma drástica. “Tiene muchísimo trabajo y poco beneficio”, explica. A eso se suman las restricciones medioambientales y la burocracia: permisos, papeles y limitaciones que hacen casi imposible producirlo cerca. “Aquí ya no se puede quemar ni cortar como antes”, dice. El picón que vende hoy llega de otras zonas, especialmente de Extremadura, de productores que aún resisten en el monte, cada vez menos.

¿Habrá cuarta generación?

Por las mañanas, durante unas horas, levanta la persiana del histórico negocio. Allí vende también leña a los vecinos del barrio. En semanas como ésta, en la que las temperaturas han caído bajo cero, el stock se le agota. En zonas como San Lorenzo, Santa Marina o San Pedro, sigue habiendo casas unifamiliares con chimenea, y tener a mano un espacio donde comprar leña cerca es un plus.

Así que Rafael compagina aún picón, carbón y leña como negocio. Lo que no sabe es hasta cuando. Cuenta que su hijo estudia enfermería y emergencias sanitarias y no sabe si tendrá interés en seguir el negocio familiar. Rafael no idealiza el pasado ni dramatiza el presente. Asume que su oficio está en peligro de extinción, pero mientras haya parrillas encendidas y cocinas que necesiten carbón, seguirá levantando la persiana cada mañana.

“El carbón se va a seguir vendiendo. Lo que puede es que ya no queden carboneros”, concluye, antes de empezar el reparto diario.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), por medio de Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha impulsado la creación de la primera red de destinos turísticos del carbón en las zonas de transición justa de España, que incluye una inversión de casi 144.000 euros, según un comunicado.

El proyecto, que tiene como objetivo desarrollar experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero, arranca en las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas.

Este lunes se ha celebrado en la sede del ITJ el primer encuentro de trabajo con los socios de la red para avanzar en la puesta en marcha de esta iniciativa nacional, que se desarrollará a través de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en Ponferrada (León), que aporta un presupuesto de casi 144.000 euros y tendrá una duración inicial de 18 meses, hasta el primer semestre de 2027.

Esta iniciativa, abierta a la incorporación de nuevos actores y territorios, incluye la identificación de operadores clave y recursos turísticos en cada territorio, el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los actores locales y la puesta en marcha de experiencias piloto antes de activar su comunicación y comercialización.

Así, pone el foco en revalorizar el patrimonio industrial y minero como “motor de un desarrollo turístico sostenible”, creando una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo entre los territorios del carbón.

Asimismo, quiere contribuir a la diversificación de las economías locales mediante propuestas innovadoras, inclusivas y alineadas con la Estrategia de Transición Justa. La formación y capacitación en sostenibilidad, innovación y gestión turística será, además, un pilar esencial para dar visibilidad nacional e internacional a la identidad común de estos territorios.

Reunión con los socios estratégicos

La directora del ITJ, Judit Carreras, ha recibido hoy a representantes de las diputaciones de Córdoba, León y Teruel, así como de Hunosa y de las empresas Geocyl y Global, encargadas de las asistencias técnicas del proyecto. Todos ellos, junto con el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), conforman el grupo inicial de socios estratégicos.

Carreras ha subrayado que este “encuentro” responde al compromiso de Miteco, ITJ y Ciuden con un “enfoque participativo”, involucrando a actores clave “por su conocimiento del territorio y su capacidad para identificar alternativas turísticas que, de forma sostenible, generen riqueza en torno al patrimonio industrial y a la cultura minera”.

También ha destacado que el propósito del proyecto es “no solo impulsar nuevas oportunidades de turismo sostenible, sino hacerlo de manera conectada”. “Es relevante --ha señalado-- que territorios tan alejados como A Coruña y Córdoba, o como León y Teruel, trabajen unidos en un propósito común, generando sinergias y una identidad compartida”.

Un total de 20 proyectos de diversos municipios de la provincia de Córdoba se van a beneficiar de las ayudas a empresas en zonas de transición justa. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha publicado las propuestas de resolución provisional de las ayudas para proyectos empresariales y para pequeños proyectos de inversión en municipios incluidos en los convenios de Transición Justa.

En la provincia de Córdoba, los 20 proyectos que en la resolución provisional se benefician de las ayudas recibirán 9.223.940,48 euros repartidos entre seis proyectos empresariales y 14 pequeños proyectos de inversión. Esto implicará la creación de 147 puestos de trabajo.

En Andalucía, serán en total 30 los proyectos beneficiados según la resolución provisional, 9 proyectos empresariales y 21 para pequeños proyectos de inversión, lo que supondrá que se destinen más de 11.869.000 euros a dichas ayudas y la creación de 231 puestos de trabajo.

A nivel nacional se espera adjudicar la totalidad de los fondos de las dos líneas, dotadas con 50 millones de euros, y que beneficien a 167 proyectos que canalizarán una inversión total de 237 millones y crearán unos 1.200 empleos. Además, antes del 1 de enero se lanzará una nueva convocatoria para pequeños proyectos de inversión.

Las líneas tienen como finalidad apoyar desarrollo de actividades alternativas en municipios afectados por cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares cerradas. Aún pendiente de resolución definitiva, sus ayudas recalarán en proyectos industriales o de servicios, de todo tipo de empresas y de emprendedores. Las ayudas a proyectos empresariales, convocadas por un presupuesto total de 40 millones, apoyarán a 40 proyectos vinculados a una movilización de 209 millones de inversión y un compromiso de creación de más de 900 empleos.

Por su parte, las ayudas a pequeños proyectos de inversión, con una dotación de 10 millones, prevén apoyar 127 proyectos, con una inversión total de 28 millones y la creación de aproximadamente 280 puestos de trabajo. Estas son las primeras convocatorias en certificar proyectos con recursos del europeo Fondo de Transición Justa. Dotado con 868 millones de euros, la gestión del 96% le corresponde a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Baleares, mientras que al ITJ le corresponde el 4% restante.

El ITJ es la primera entidad en repartir este tipo de fondos, a los que se añaden otras líneas de ayuda financiadas con fondos nacionales y con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que ya están al servicio de las zonas de Transición Justa.

El 22 de octubre del año 2013, la Guardia Civil detenía a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo –capital de la cordobesa comarca minera del Valle del Guadiato–, Luisa Ruiz. Ruiz fue regidora del PSOE y ese año también era vocal en la Ejecutiva andaluza de los socialistas. Ese mismo día también era arrestado C. G., consejero delegado de la empresa Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, que tenía antecedentes penales, según el propio PSOE (pero el de Guadix, Granada). Los socialistas accitanos denunciaron, en una rocambolesca trama con una histórica locomotora de tren, que G. había sido condenado en los años 90 a cumplir una pena de ocho años de prisión por su participación en el grupo de extrema derecha Milicia Catalana. Este grupo realizó diversas acciones violentas, en 1985 y 1986, contra bares y saunas frecuentados por homosexuales, locales de top less y librerías y movimientos catalanistas, como la Crida a la Solidaritat. 

Nueve años después de su arresto, la exalcaldesa del PSOE y el empresario con un conocido pasado como militante de la extrema derecha se sentarán en el banquillo acusados de uno de los grandes fraudes de subvenciones públicas de la provincia de Córdoba: el destino de los fondos europeos para el famoso Tren del Carbón, un proyecto turístico financiado por los Miner con los que se pretendía compensar a las comarcas afectadas por el cierre de las minas en España. Junto a ellos están procesados otros tres empresarios más, acusados de desviar más de 12 millones de euros de fondos públicos en un proyecto que nunca vio la luz.

En concreto, la Fiscalía Provincial de Córdoba pide un total de 32 años y nueve meses de cárcel para la exalcaldesa del PSOE por una multitud de delitos (fraude y exacciones ilegales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, fraude de subvenciones y falsedad ideológica por funcionario público). También se enfrenta a 55 años de inhabilitación y a importantes multas. Una de ellas asciende a 1,7 millones de euros, según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico y ha avanzado ABC Córdoba. Junto a la exalcaldesa se sentarán en el banquillo cuatro empresarios. Uno es G.. Los empresarios se enfrentan a penas que van de los 12 años de cárcel a tan solo cuatro meses, pero también con multas mínimas de 100.000 euros.

Los presuntos hechos

La investigación arrancó tras una denuncia de la que entonces era alcaldesa del PP, María Gil, que había visto cómo se habían ejecutado partidas presupuestarias que se consideraban infladas. La investigación de la Guardia Civil sostuvo que el modus operandi de la cúpula municipal y los empresarios consistía supuestamente en beneficiarse de los fondos europeos Miner engordando facturas en proyectos como la rehabilitación del tren del carbón a las viejas instalaciones mineras, en un proceso de musealización que ha quedado varado.

La denuncia del PP tuvo un precedente precisamente en el PSOE, pero de Guadix. Dos concejales de este Ayuntamiento advirtieron que en el año 2009 este Consistorio también firmó un acuerdo con dos de los empresarios procesados (conocidos en Cataluña) para poner en marcha un proyecto turístico con una locomotora muy famosa en Granada, protagonista de rodajes al formar parte del famoso Tren de la fresa. En junio de este año, el PSOE de Guadix denunció que el Ayuntamiento había entregado esta locomotora a una empresa de Barcelona para su explotación privada, después de que la máquina fuese restaurada con fondos públicos en el año 1989. Esta locomotora es la famosa Baldwin, todo un emblema en esta comarca granadina, pues aparece filmada en innumerables películas algunas tan taquilleras como Indiana Jones y la última cruzada, El bueno, el feo y el malo, o Doctor Zhivago. La locomotora ha regresado a Guadix, con gran alborozo.

Estos dos mismos empresarios llegaron a Peñarroya–Pueblonuevo, al calor de los fondos del famoso plan Miner, que tenía que reconvertir económicamente las comarcas afectadas por el cierre de la minería. Uno de ellos es el que dio nombre a la operación de la Guardia Civil, la restauración de otra locomotora, la famosa Rocket, con la que se pretendía construir un tren turístico que surcara la comarca. La primera pieza de este supuesto caso de corrupción se llama, precisamente, “Tren Turístico del Guadiato, primera fase”. La segunda pieza se llama “redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas” en Peñarroya, la tercera “compra de vagón restaurante”, la cuarta “Museo del Ferrocarril” y la quinta “dotación de servicios urbanísticos al polígono de Vega Currillo”.

En la operación de la Guardia Civil se llegó a detener a 17 personas, pero solo cinco siguen procesadas y se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados. Se realizaron registros domiciliarios e industriales en las provincias de Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León.

Una investigación compleja

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya–Pueblonuevo ha investigado esta causa durante más de siete años haciendo frente a la falta de medios para un caso de estas dimensiones y que llevó a la petición de refuerzos a la Junta de Andalucía para digitalizar la investigación y hacerla manejable. En estos años, este juzgado ha tenido ocho titulares diferentes. De ellos, han sido los tres últimos los que consiguieron dar un impulso a la causa junto con la Fiscalía de Córdoba, concentrando además la declaración de empresarios, proveedores, testigos, peritos y los propios investigados para depurar posibles responsabilidades.

Los tomos se acumulaban en los juzgados y el temor a las dilaciones y a que los procesados acabasen libres por la prescripción de los delitos ha provocado que el caso se acelere en los últimos años.

La exalcaldesa fue expulsada del PSOE y creó su propio partido: Unión Demócrata Peñarriblense. Sigue estando en política, dentro de esta formación independiente, pero no ha vuelto a gobernar. En 2015 se convirtió en el principal partido de la oposición, pero fuertemente enfrentada al PSOE, que volvió a ganar las elecciones. Actualmente, lidera una formación que tiene cuatro escaños en un Pleno de un total de 17.

El juicio está ahora pendiente de fecha y se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba.