El presidente del Partido Animalista PACMA y parte del equipo de Córdoba se han trasladado hasta el pueblo de Pedro Abad, situado en la comarca del Alto Guadalquivir a 35 kilómetros de la capital, para documentar la situación que allí se vive con el matadero de pollos más grande de Andalucía. En un comunicado, el partido animalista informa de que el matadero está gestionado por la empresa INASUR (Industria Avícola Sureña) y mata a 16,5 millones de pollos cada año.

Según señalan, INASUR es un gigante que factura 60 millones de euros anuales y distribuye a supermercados como Mercadona y Deza. En 2020, fue adquirida en un 40% por el grupo catalán Vall Companys, lo que provocó que su planta de cría e incubación acabase situada en Selva del Camp, en Tarragona, desde donde llegan los animales a las instalaciones de Pedro Abad para morir.

Sin embargo, los vecinos afirman que eso no siempre es así. “Las altas temperaturas y el largo trayecto de un punto a o otro, con sus correspondientes paradas, provocan la muerte por estrés y sofoco a una parte los pollos antes de siquiera pisar el matadero”, afirman Pacma, que añade que los vecinos también denuncian que “los olores llegan a ser muy intensos” en determinados momentos.

“Sin embargo, todo el mundo parece tolerar y aceptar, de una forma u otra, que INASUR haya llegado para quedarse en el pueblo a pesar de sus inconvenientes. Esta empresa arroja sus vertidos directamente a las más que contaminadas aguas del Guadalquivir con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del río y de la Junta de Andalucía”, asegura el partido animalista.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Partido Animalista se ha desplazado hasta este pueblo para comprobar qué tan “agradable” puede ser la convivencia con un macromatadero, que además tuvo un considerable brote de covid-19 durante la pandemia por “falta de medidas preventivas”, según el sindicato de CCOO de Córdoba.

Pero los habitantes de Pedro Abad ya han sufrido antes las consecuencias de la contaminación en su pueblo y su río: en 2017, más de 46.000 peces, sobre todo los autóctonos barbos gitanos, murieron después de que dos trabajadores de la empresa El Tejar, arrojasen, sin las medidas de prevención y protección necesarias, un vertido de alperujo sobre las aguas del Guadalquivir. Estas atravesaron la provincia y acabaron en la presa de Peñaflor, en Sevilla. La multa fue de 623.000 euros para la empresa, y 900 euros y tres meses de prisión para los trabajadores, recuerdan.

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, instar al Gobierno de la Junta a establecer una moratoria en virtud de la cual se paralice la implantación de nuevas macrogranjas en Andalucía, así como la ampliación de las ya existentes.

Se trataba de una de las reivindicaciones de la proposición no de ley (PNL) que el grupo Unidas Podemos por Andalucía ha defendido este jueves ante el Pleno, y que, en su conjunto, ha sido parcialmente rechazada por la mayoría absoluta de la Cámara, pese a contar con el apoyo del PSOE-A y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

De igual modo, PP-A, Cs y Vox han rechazado que el Parlamento exprese su “apoyo a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar, que han sido las grandes perjudicadas en las estrategias agrícolas europeas y estatales, apostando con ello de forma clara por la agricultura tradicional y la ganadería extensiva del vacuno, ovino, caprino y porcino, respetuosa con el medio ambiente y que ha demostrado su sostenibilidad”.

En cambio, el Pleno del Parlamento sí ha acordado, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y los diputados no adscritos, la abstención de PP-A y Cs, y pese al voto en contra de Vox, instar a la Junta a que a su vez inste al Gobierno de España a desarrollar “un marco normativo que proteja a los ganaderos frente a las empresas integradoras, verificando de forma continua en las macroexplotaciones que los requisitos legales se siguen cumpliendo y se mantienen las normas de calidad, tanto para los trabajadores como para los animales que allí se producen”.

En defensa de la PNL, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido del “crecimiento exponencial de la ganadería industrial intensiva a gran escala” que en Andalucía “está dificultando la viabilidad, cuando no destruyendo, las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, la ganadería social y familiar”.

“La situación es especialmente grave ya que, a la destrucción de empleo y tejido económico y social tradicional, le sumamos los graves problemas medioambientales que generan esta producción hiperintensiva”, han continuado desde Unidas Podemos, desde donde se sostiene que “las macrogranjas arrasan con todo, maltratan a los animales y provocan despoblación en los municipios afectados por su implantación”.

Defensa de la ganadería extensiva

Frente al modelo del que las macrogranjas son su “baluarte más significativo”, desde Unidas Podemos han reivindicado el de la “ganadería extensiva, social y familiar, que es sostenible ecológicamente, conserva la biodiversidad, mejora el suelo, fija gases de efecto invernadero a través de las praderas, lo que contribuye a mitigar el cambio climático, y en la que el ganado, además, cumple con funciones de protección forestal frente a los incendios”.

“Esa ganadería crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad”, mientras que “las macrogranjas intensivas están caracterizadas por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva unos mayores costes ecológicos”, además de “peor calidad del producto y escasísima creación de empleo”, según han insistido desde Unidas Podemos por Andalucía.

La iniciativa defendía que, “para evitar la cronificación definitiva de esta situación hay que apostar por un modelo de producción ganadera prioritariamente extensivo y ligado al territorio, que vele por el mantenimiento del medio de vida de las y los ganaderos priorizando el desarrollo rural y la fijación de población, y al mismo tiempo, desarrollar una regulación del sector ganadero que establezca, por una parte, un tamaño máximo de las explotaciones en cada sector productivo, y la revisión de la carga ganadera admisible en función de las realidades de los ecosistemas y de las previsiones de cambio climático”.

Finalmente, Unidas Podemos han subrayado que “el establecimiento de una moratoria para la instalación y ampliación de las macrogranjas andaluzas no es una solución nueva, sino que ya ha sido incorporada en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra”.

El grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía tiene previsto defender este próximo jueves, 10 de febrero, en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a “establecer una moratoria en virtud de la cual se paralice la implantación de nuevas macrogranjas en Andalucía, así como la ampliación de las ya existentes”.

Así se recoge en la serie de reivindicaciones de esta iniciativa de la confluencia de IU y Podemos Andalucía, consultada por Europa Press, que comienza solicitando que el Parlamento exprese su “apoyo a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar”, que “han sido las grandes perjudicadas en las estrategias agrícolas europeas y estatales, apostando con ello de forma clara por la agricultura tradicional y la ganadería extensiva del vacuno, ovino, caprino y porcino, respetuosa con el medio ambiente y que ha demostrado su sostenibilidad”.

Además de la citada moratoria, Unidas Podemos también quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al Ejecutivo central a “desarrollar un marco normativo que proteja” a los ganaderos “frente a las empresas integradoras, verificando de forma continua en las macro explotaciones que los requisitos legales se siguen cumpliendo y se mantienen las normas de calidad”, tanto para los trabajadores como “para los animales que allí se producen”.

Otra propuesta de esta iniciativa es que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a “adoptar un paquete de medidas para mantener la competitividad del sector lácteo, así como del resto de los sectores ganaderos, fomentando su consolidación en formatos sostenibles”.

También, que la Cámara autonómica inste al Gobierno de la Junta a “poner en marcha todas las medidas necesarias para que la recientemente aprobada Ley de Cadena Alimentaria, que garantiza precios justos a los ganaderos y ganaderas, sea una herramienta útil y eficaz que permita acabar con los abusos que padece el sector”.

Finalmente, la iniciativa de Unidas Podemos por Andalucía plantea que el Parlamento andaluz inste “al Gobierno a poner a disposición del sector agrario y ganadero ayudas directas financieras para afrontar la subida excesiva de los precios de los costes de producción”.

Defensa del “modelo sostenible” de la ganadería extensiva

En la exposición de motivos de la PNL, desde Unidas Podemos advierten del “crecimiento exponencial de la ganadería industrial intensiva a gran escala” que en Andalucía “está dificultando la viabilidad, cuando no destruyendo, las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, la ganadería social y familiar”.

“La situación es especialmente grave ya que, a la destrucción de empleo y tejido económico y social tradicional, le sumamos los graves problemas medioambientales que generan esta producción hiperintensiva”, continúa la iniciativa de Unidas Podemos, que sostiene que “las macrogranjas arrasan con todo, maltratan a los animales y provocan despoblación en los municipios afectados por su implantación”.

Frente al modelo del que las macrogranjas son su “baluarte más significativo”, desde Unidas Podemos reivindican el de la “ganadería extensiva, social y familiar, que es sostenible ecológicamente, conserva la biodiversidad, mejora el suelo, fija gases de efecto invernadero a través de las praderas, lo que contribuye a mitigar el cambio climático, y en la que el ganado, además, cumple con funciones de protección forestal frente a los incendios”.

“Esa ganadería crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad”, mientras que “las macrogranjas intensivas están caracterizadas por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva unos mayores costes ecológicos”, además de “peor calidad del producto y escasísima creación de empleo”, según insisten desde Unidas Podemos por Andalucía.

La confluencia de izquierdas detalla que, “según los últimos datos disponibles para 2020 en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, en Andalucía existe un total de 231 complejos industriales dedicado a la actividad de la ganadería y acuicultura intensiva”.

“En este registro se reflejan la cuantía de las emisiones de los complejos industriales que superan una cantidad de toneladas de emisiones al día”, y “Andalucía es la quinta región en el ranking de emisiones, por detrás de Cataluña, Galicia, Castilla y León y Aragón”, según abunda la PNL, que destaca que “en la última década ha aumentado en 719.000 hectáreas la superficie considerada como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos (ZNV)”, por lo que, “actualmente, el 25,8% del territorio se encuentra afectado”.

Así las cosas, la iniciativa defiende que, “para evitar la cronificación definitiva de esta situación hay que apostar por un modelo de producción ganadera prioritariamente extensivo y ligado al territorio, que vele por el mantenimiento del medio de vida de las y los ganaderos priorizando el desarrollo rural y la fijación de población, y al mismo tiempo, desarrollar una regulación del sector ganadero que establezca, por una parte, un tamaño máximo de las explotaciones en cada sector productivo, y la revisión de la carga ganadera admisible en función de las realidades de los ecosistemas y de las previsiones de cambio climático”.

Finalmente, Unidas Podemos subraya que “el establecimiento de una moratoria para la instalación y ampliación de las macrogranjas andaluzas no es una solución nueva, sino que ya ha sido incorporada en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra”.

El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno provincial una moción en defensa de la ganadería “sostenible, familiar, tradicional y extensiva”, que ha sido “siempre una línea política prioritaria que se alinea, como no podía ser de otra manera, con las políticas que se desarrollan desde el Gobierno central del que Unidas Podemos forma parte y con los postulados de la Agenda 2030, una estrategia que debe ser común a todos los países del mundo para avanzar con criterios de sostenibilidad social y ambiental”, sostienen desde dicho grupo.

El portavoz de IU en la Diputación, Ramón Hernández, ha afirmado en un comunicado que, frente a este modelo, las 'macrogranjas' representan “un modelo de ganadería intensiva que busca el máximo beneficio con el mínimo coste posible, lo que redunda en un producto de baja calidad obtenido, además, a través de prácticas poco respetuosas con los animales”.

“Además de la escasa generación de empleo conllevan, esta actividad resulta altamente contaminante para el medio ambiente, tal y como alerta la comunidad científica”, según IU, que advierte de que en la provincia de Córdoba se han instalado ya seis explotaciones de estas características y se proyecta una séptima en Alcaracejos, “con la consiguiente amenaza” para la ganadería tradicional y sostenible, la que sí genera empleo y contribuye a fijar población al territorio“.

Desde IU ponen de relieve que comarcas como Los Pedroches o el Guadiato “son históricamente conocidas por su gran cabaña ganadera de ovino, de porcino ibérico, de vacuno de carne extensivo y en los últimos cincuenta años de producción de vacuno de leche”, hasta el punto de que “el 65% de la producción láctea de Andalucía se genera en la provincia, y más del 90% de la producción provincial en la comarca de Los Pedroches”.

Según ha afirmado Ramón Hernández, “es a estos ganaderos y ganaderas a los que IU pretende defender exigiendo medidas para controlar la proliferación de 'macrogranjas'”.

En concreto, en la proposición de IU se insta al Gobierno de España a “desarrollar un marco normativo que proteja a los ganaderos frente a este tipo de empresas, vigilando el cumplimiento estricto de los requisitos legales y de las normas de calidad”.

Además, la iniciativa de IU emplaza al Gobierno andaluz a “rechazar macro proyectos que afecten a la competitividad de las explotaciones familiares”, así como “la puesta en marcha de medidas para el desarrollo efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria, que garantiza precios justos para el sector” y “líneas de ayuda financiera para el sector agroganadero que ayude a afrontar la subida excesiva de los costes de producción”.

Una moción con la “reivindicación” de la Campiña Sur por un “área sanitaria propia”

El grupo también llevará al próximo pleno provincial la “reivindicación” de los municipios de la Campiña Sur de contar con un área sanitaria “propia” para atender “dignamente” a su población, a fin de “garantizar igualdad en el acceso a un derecho básico como es la salud”, un criterio “fundamental si queremos fijar población al territorio y combatir la despoblación en nuestros municipios”.

En línea con “lo que han manifestado los sindicatos sanitarios y los ayuntamientos de la zona afectada”, IU propone la constitución de dos áreas sanitarias en el sur de la provincia en lugar de la “macroárea” planteada por la Consejería de Salud de la Junta, que atendería “a un volumen de población muy superior al que establece la propia Ley General de Sanidad, con el consiguiente deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía y en un momento especialmente delicado para la salud pública”.

El portavoz de IU en la Diputación, Ramón Hernández, ha recordado que “las alcaldías de Montilla, La Rambla, Montalbán, Montemayor, Fernán Núñez y Aguilar de la Frontera, así como la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, han manifestado que el Hospital Comarcal de Montilla representa una oportunidad para la constitución de una nueva área hospitalaria del SAS --Servicio Andaluz de Salud--, que podría resultar muy beneficiosa para mejorar la atención que se presta a la población de esta zona”.

Sin embargo, lamentan que “los planes del Gobierno andaluz, que está volviendo a demostrar con creces su falta de compromiso con la sanidad pública, especialmente en zonas rurales, pasen por la creación de una macroárea de gestión sanitaria que abarcaría a una población de más de 250.000 habitantes”.

IU señala que “la existencia de una única área sanitaria en el sur de la provincia sería perjudicial tanto para la población como para los profesionales sanitarios”, ya que “generaría desequilibrio territorial e incrementaría la presión a medio plazo por el aumento de personas usuarias, al multiplicarse el número de población a atender en el centro sanitario de referencia”.

Con todo ello, “lejos de resolver la grave situación que afronta nuestra provincia en materia de recursos sanitarios públicos, la empeora”, según IU, que plantea en la proposición que elevará al Pleno de la Diputación la creación de “dos áreas sanitarias en el sur de Córdoba, una con sede en Cabra y el Hospital Infanta Margarita y otra con sede en Montilla y el Hospital Comarcal”, una fórmula “idéntica a la que se ha adoptado en otras provincias como Jaén con la creación de una nueva área sanitaria con sede en el Hospital de Andújar”.

Un particular ha presentado una solicitud ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para la construcción de una macrogranja de 85.000 pollos de engorde en la finca La Cigarra, a 1,3 kilómetros en línea recta del casco urbano de Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba.

El proyecto, que está ahora mismo sometido a información pública, es del año 2020, aunque ha sido ahora cuando ha superado todos los trámites necesarios para su ejecución.

Actualmente, el propietario ya dispone de una fábrica de pollos de engorde y la solicitud es para ampliar la actividad. Así, según se describe en la memoria, se pasaría de los 36.450 pollos como máximo que puede acoger en la actualidad a un total de 85.000. Se construirá, en este caso, una segunda nave agrícola para acoger a las aves.

El proyecto detalla que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Fuente Obejuna no prevé una distancia máxima de la población a este tipo de explotaciones agroganaderas. Además, detalla que el arroyo más cercano está a 105 metros de distancia, al igual que la carretera más próxima.

El plan prevé “medidas correctoras” como un sistema de ventilación que evite la concentración de malos olores. El plan prevé también medidas para la adecuada destrucción de cadáveres y, señala, un estercolero delimitado.

La producción anual se calcula en unos 360.000 pollos. La mayoría serán sacrificados cuando alcancen una vida media de 45 días, según la normativa.