El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba ha condenado a Cajasur por incluir dos cláusulas suelos en sendos préstamos firmados entre la entidad bancaria y un extrabajador de la misma, según la sentencia facilitada por la Red Abafi de la capital que reúne a abogados expertos en derecho bancario y financiero. En 2015, el exmpleado y el banco llegaron un acuerdo por el cual pactaban eliminar la cláusula suelo, renunciando a cobrar las cantidades cobradas de más así como a cualquier acción judicial relacionada con este asunto. Sin embargo, la viuda del hombre y sus hijos decidieron demandar a Cajasur y el juzgado les ha dado la razón.

Tanto en la contestación a la demanda como en el juicio, Cajasur quiso demostrar que su extrabajador tenía cierta cualificación para saber lo que firmaba, el juzgado ha sentenciado que ello “en nada modifica” los hechos dado que la labor de este exempleado “se concretaba a la prestación de servicios de cajero, pasando posteriormente por otras secciones, como el de la instalación de nuevas oficinas y, finalmente, en el departamento de nóminas. De ello no puede deducirse que tuviese conocimientos especiales para discernir de las consecuencias de la cláusula suelo”.

De las dos claúsulas abusivas demandadas, una de ellas no estaba ni siquiera pactada. La primera se produjo en un préstamo solicitado en 1998, reconociendo ahora la justica que el banco cobró un exceso de intereses como aplicación, sin contrato, de la cláusula suelo. La segunda se produjo en otro préstamo suscrito en 2009. Desde Red Abafi resaltan la importancia de esta sentencia, ya que supone una protección a los trabajadores de banca que se han visto afectados por estas claúsulas. Además, sobre el acuerdo firmado en 2015, el juzgado ha manifestado que “resulta ineficaz”, ya que, entre otras cuestiones, en él no consta que la entidad informara de las cantidades a las que estaba renunciando el exempleado.

De este modo, el juzgado ha declarado nulas las dos cláusulas suelo, así como el acuerdo suscrito en 2015, y ha condenado a Cajasur a devolver todas las cantidades cobradas como consecuencia de la aplicación de las mismas y a pagar las costas del juicio.

La sentencia todavía no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Córdoba ha fallado a favor de unos consumidores afectados por las cláusulas suelo, permitiendo a estos que ya obtuvieron sentencia favorable de devolución pero con limitación de lo cobrado solo desde mayo de 2013 -fecha en la que el Tribunal Supremo las declaró nulas-, que ahora recuperen todo lo pagado indebidamente desde el inicio del préstamo, con fecha anterior a la declaración de nulidad de dichas cláusulas. Es la primera sentencia en Córdoba que aplica el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recuperar también lo cobrado por el banco como cláusulas suelo con anterioridad a mayo de 2013.

Hay que recordar que el 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaraba la nulidad de la cláusula que establecía limitaciones a la variación del tipo de interés, permitiendo a miles de consumidores instar lo que hasta aquel entonces resultaba impensable: demandar a su banco por emplear cláusulas abusivas. Pero se limitó la restitución del dinero cobrado indebidamente dese mayo de 2013, fecha de dicho dictamen del Supremo, en adelante.

Un año y medio después, en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue tajante y señaló que la devolución debía ser desde el inicio del préstamo: “El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.

Desde entonces, se ha planteado qué ocurría con las sentencias que se dictaron antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que veían limitada la devolución de lo cobrado indebidamente a mayo de 2013. No ha sido hasta mayo de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, volvía a favorecer a los consumidores para poder reclamar la devolución íntegra de las cantidades que pagaron de más.

Bajo este escenario, el pasado 7 de septiembre de 2022, se dictó Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Córdoba, con participación de Cabrera Abogados bajo la dirección letrada de Fuensanta Cabrera Salinas, en la que se “condena a la entidad financiera a la devolución, desde la fecha de constitución del préstamo, hasta el 9 de mayo de 2013, y previo cálculo, de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de la cláusula suelo declarada nula en la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2.016 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, así como a los intereses legales devengados desde la fecha de cada abono, y hasta su efectiva restitución”, según ha confirmado el despacho de abogados a este periódico.

De este modo, casi seis años después, los consumidores afectados en este caso han conseguido que se condene al banco a devolverles todas las cantidades que pagaron de más por la aplicación de esta cláusula declarada nula.

5.555 asuntos pendientes. El Juzgado especial sobre cláusulas suelo en Córdoba (Primera Instancia número 11) ha sido desmantelado este 1 de enero, pero aún tiene pendiente de resolver una enorme cantidad de asuntos. Sus tres magistrados, que funcionaban en exclusiva en este tipo de asuntos, llegaron a resolver 1.667 casos durante el año pasado, un ejercicio en el que le entraron 1.561.

Es decir, con estos números en la mano y aún en el caso de no haber sido disuelto este juzgado dedicado en exclusiva a estos asuntos, algunos fallos no se llegarán a resolver antes del año 2025, un cálculo que coincide con el que realizaron en su día desde el Colegio de Abogados de Córdoba, cuando criticaron con dureza la clausura. El Consejo General del Poder Judicial solo decidió mantener operativos los juzgados especiales en Sevilla, Málaga y en Cádiz.

En su memoria anual, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a incidir sobre el asunto. “Por tercer año consecutivo llamamos la atención acerca del número de asuntos registrados, que evidencia que estos litigios responden en demasiadas ocasiones a factores o circunstancias ajenas al ámbito material del conflicto, como el beneficio que proporciona el factor tiempo y que se avienen mal con una actitud deontológica”, lamentan.

“Constatado el fracaso del sistema o procedimiento de reclamación previa introducido por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, ideado en principio para evitar la litigiosidad, se siguen observando con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos, dilatan el procedimiento y evitan soluciones consensuadas”, algo que se comenzó a detectar en el año 2018.

Por ello, la Sala de Gobierno del TSJA asegura que “sería importante, sumamente eficiente y operativo, contar con un procedimiento administrativo previo de reclamación”. “Estaremos muy atentos a la evolución del anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que resolverá las reclamaciones de los usuarios no satisfechos contra bancos, firmas de inversión y aseguradoras, entre otras entidades, y cuyas resoluciones o dictámenes serán vinculantes y de obligado cumplimiento para dichas entidades (no para los clientes) siempre que la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros”, exponen.

Esta norma creará un servicio de reclamaciones que “podrá sancionar a las entidades financieras que incumplan las resoluciones”, confían los jueces.

Aumenta la litigiosidad tras la pandemia

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha recuperado, durante el año 2021, los niveles de litigiosidad previos a la pandemia, con el ingreso de un 12 por ciento más de asuntos que en 2020. Los tribunales andaluces ingresaron 1.203.452 asuntos frente  a los 1.078.773 del pasado año, lo que revela que ha subido el nivel total de litigiosidad un 12%, aumentando en casi todos los órdenes jurisdiccionales.

Andalucía vuelve a estar en los niveles más altos de litigiosidad de España. Así, presenta una tasa de litigiosidad superior en un 8% a la media estatal: si en el conjunto del Estado ha sido de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2021, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 144,1 asuntos, la segunda más alta de España.

Aumentan los asuntos ingresados

Durante 2021 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones, excepto en la contencioso administrativa. La jurisdicción penal ingresó un 13% más de asuntos que en el año 2020 y su cifra final supone el 23% del total de asuntos ingresados a nivel nacional, lo que   sitúa a Andalucía en el segundo lugar de litigiosidad en esta jurisdicción.

La jurisdicción social ingresó un 10% más de asuntos que el año anterior y la jurisdicción contenciosa continuó con el descenso del año anterior, con un 3% menos, rompiendo la tendencia al alza tan inusual del año 2019, donde se produjo un desmesurado ingreso de asuntos en materia de extranjería.

Por su parte, la jurisdicción civil ingresó un 3% más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017, que obedecía, sin duda, a la litigiosidad derivada de las llamadas “cláusulas suelo”. En este sentido, nuestro territorio judicial asume más del 16% del registro a nivel nacional de este tipo de condiciones generales de contratación bancaria (Andalucía registró 18.573 asuntos y a nivel nacional 116.342 asuntos).

Se mantiene la delicada situación generada en esta materia, de forma que también la estadística ha subido en Andalucía con respecto al año pasado y se ha ingresado un 22% más de este tipo de asuntos; en concreto un total de 18.573 procedimientos durante 2021, con la siguiente distribución por provincias: Almería (1.809), Cádiz (3.858), Córdoba (1.561), Granada (1.725), Huelva (1.158), Jaén (1.649), Málaga (3.202) y Sevilla (3.611).

Resolución elevada

También aumentaron de forma significativa los asuntos resueltos, por lo que los órganos judiciales del territorio resuelven la totalidad de los asuntos ingresados anualmente y mantienen, en general, un nivel alto de laboriosidad.

Durante 2021 los órganos judiciales resolvieron 1.239.820 asuntos, un 20% más en relación con el año anterior, quedando pendientes al final del año un total de 625.681 asuntos. Esto supone un descenso del 4% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2020.

Pese a ello, la carga total de trabajo, es decir los asuntos registrados más los pendientes, siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide una valoración final satisfactoria ante la patente dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

Así, indica la memoria que es difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo. Para avanzar en la normalización de los tribunales, generalizar un rendimiento óptimo de la justicia y una reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible contar con nuevas plazas judiciales y mejorar los planes de refuerzo, sin olvidar la mejor optimización de ciertos órganos y recursos personales.

Sobrecarga de los Juzgados

También recoge la Memoria los problemas derivados de la gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, que no acude a métodos de resolución alternativos, lo que origina una sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados. Por ello, se reivindica la implantación de mecanismos de mediación para la solución de conflictos. Y se apuesta por una mejora sustancial de las herramientas procesales, simplificando los procesos y sus fases y, sobre todo, implantando soluciones que eviten un uso indebido del proceso, normalmente para dilatar en el tiempo una respuesta judicial definitiva.

Por este motivo, debe materializarse con urgencia el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, que introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales en aras a reducir la litigiosidad, impulsando un servicio público de Justicia sostenible, así como dotar de mayor agilidad la tramitación de los procedimientos judiciales.

De esta forma, se establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda.

Modernización de la Justicia

Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021 no reflejan una realidad de la justicia en Andalucía diferente a la apreciada en las Memorias de los últimos años y evidencian, de nuevo, conclusiones similares sobre tasa de litigiosidad muy significativa, lo que lastra la reducción de la excesiva pendencia de asuntos existente en nuestros Juzgados y Tribunales, pese a que la tasa de resolución de asuntos consigue prácticamente absorber los de nuevo ingreso durante estos últimos años.

Por este motivo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, apela “a la responsabilidad de los encargados de la gestión política, que ostentan la competencia y tienen la capacidad para invertir esta situación, pues nosotros cumplimos con la nuestra poniendo de manifiesto esas necesidades y ofreciendo soluciones que entendemos adecuadas para satisfacerlas”.

La falta de modernización del poder judicial, las deficiencias llamativas denunciadas año tras año, así como la necesidad de replantear la organización de la oficina judicial y sus recursos personales son reivindicaciones planteadas hace más de una década.

En este sentido, el presidente del TSJA señala que los diversos indicadores que elabora la Comisión Europea, alertan sobre nuestro defectuoso sistema organizativo y de distribución de la carga de trabajo, anclado en formas del siglo XIX. Así, “todos los análisis detectan problemas de institucionalidad y gobernanza, siendo necesario modificar radicalmente su organización para adaptarla a las nuevas realidades y conflictos, al tiempo que perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, mejorando los mecanismos e instrumentos de evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad”.

Por ello, apuesta por el llamado “Plan Justicia 2030” que quiere modernizar y transformar la Administración de Justicia en España en torno a tres ejes de actuación: organizativo, procesal y tecnológico. Y por el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que supondría contar con medidas de agilización, tecnológicas y de medios alternativos de solución de conflictos.

“El problema es acuciante y el tiempo pasa a una velocidad de vértigo”, apostilla, por lo que “las fuerzas políticas deben ser conscientes de su necesidad e importancia en nuestro ámbito de justicia”.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, en sesión celebrada el pasado 12 de enero, acordó manifestar públicamente su rechazo al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que pone fin al plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en la provincia de Córdoba, y que supone el cese del Juzgado de Primera Instancia número 11 como órgano con competencia exclusiva para tramitar y resolver estos procedimientos.

La Abogacía de Córdoba considera una decisión muy desacertada el cese de la competencia exclusiva del Juzgado de Córdoba bajo el argumento de una evolución positiva en lo que respecta al número de asuntos pendientes y a su capacidad de resolución. De hecho, el Juzgado de 1ª Instancia nº 11, antiguo 9 bis de Córdoba, acumula en enero de 2022, una pendencia de más de 5.700 asuntos, que necesariamente deberá tramitar por haber sido ingresados antes del cese de su competencia exclusiva el pasado 1 de enero de 2022.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba alerta de que la decisión del cese de competencia exclusiva de este órgano contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de estos procesos, provocando aún mayores dilaciones en el tiempo de respuesta judicial y graves perjuicios para la ciudadanía reclamante.

Actualmente la fecha prevista para nuevos señalamientos en el Juzgado de Primera Instancia nº 11 es, como mínimo, para abril de 2025; lo que supondrá un perjuicio para los asuntos civiles ordinarios que ingresen por reparto en este juzgado, y requieran de juicio, vista o tramitación de algún incidente procesal. Ello a pesar de que el juzgado celebra audiencias y juicios cuatro días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, hasta la referida fecha de 2025.

Por otro lado, la Junta de Gobierno sostiene que la distribución de los asuntos de condiciones generales de contratación bancaria entre el resto de juzgados de 1ª Instancia de Córdoba y provincia, podría provocar nuevas disfunciones procesales en perjuicio de los ciudadanos reclamantes, como es la disparidad de criterios a la hora de resolver la materia, dado que actualmente el juzgado único unifica resoluciones, contribuyendo a una mayor celeridad en la resolución de asuntos de esta materia tan especifica.

A todo ello se suma el hecho de que los juicios señalados ya para el año 2025, siendo procedimientos muy anteriores, van a tener una respuesta años después a los procedimientos que ingresen en este año 2022 y siguientes, que lo harán en juzgados menos saturados a raíz de la nueva competencia general. Ello provocará una disparidad en el tiempo de respuesta según la carga de trabajo de los distintos juzgados de 1ª instancia ahora competentes para resolver sin exclusividad, según los distintos partidos judiciales de la provincia.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar a partir del próximo 1 de enero el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas, en unos casos por seis meses y en otros por un año, en 24 órganos judiciales y ha decidido su finalización en otros 20, dada la positiva evolución experimentada por esos juzgados tanto en lo que respecta al número de asuntos pendientes como a su capacidad de resolución. Entre ellos está el juzgado especial que se habilitó en Córdoba, en la Ciudad de la Justicia.

El plan de especialización en cláusulas abusivas fue puesto en marcha por el CGPJ el 1 de junio de 2017 y, desde esa fecha hasta este jueves, se ha venido prorrogando de forma continuada, en el modo y por el tiempo estimado necesario para cada órgano judicial.

Este plan consiste en la especialización de determinados juzgados de primera instancia para la atribución, en el ámbito territorial que se establezca en cada caso, del conocimiento de los asuntos relativos a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En la actualidad, son 44 los órganos judiciales que se encargan de la tramitación de este tipo de asuntos. Tras cuatro años de aplicación del plan de especialización, se ha conseguido reducir notablemente la bolsa de asuntos pendientes en muchos de esos juzgados, un hecho que pone de manifiesto la eficacia de esta medida. Asimismo, se ha conseguido la homogeneización de criterios en la materia, circunstancia que ha ido en beneficio del principio de seguridad jurídica.

El plan se da por concluido en 20 juzgados

A propuesta de la Sección de Planta y Oficina Judicial, y de acuerdo con el criterio expresado por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la Comisión Permanente ha acordado dar por finalizado el plan de especialización en los Juzgados designados para ello en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Las Palmas -órganos judiciales de Arrecife, Las Palmas y Puerto del Rosario-, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Zamora, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña y Pontevedra; así como en el especializado en la isla de Ibiza.

Respecto de todos ellos, la Comisión Permanente considera necesario mantener las medidas de apoyo vigentes respecto de jueces y magistrados, letrados de la administración de Justicia y personal al servicio de la administración de Justicia; así como eximirlos de forma temporal (total o parcial) del reparto de asuntos de naturaleza civil por períodos de tres o seis meses que podrán prorrogarse, en su caso, según determine la Sala de Gobierno correspondiente, previa audiencia de la Junta de jueces de Primera Instancia.

Asimismo, dichos juzgados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos en materia de cláusulas abusivas hasta su definitiva conclusión.

Criterios para la prórroga

En otros 24 órganos judiciales, por el contrario, se ha acordado la continuación del plan de especialización en los siguientes términos:

-      Con carácter exclusivo y excluyente para la anualidad 2022 en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, San Cristóbal de La Laguna para la isla de Tenerife, León, Valladolid, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Bilbao y Murcia.

-      Con carácter exclusivo y excluyente durante seis meses (hasta el 30 de junio de 2022) en las provincias de Oviedo, Santander, Ciudad Real, Toledo, Burgos, Castellón, Pamplona, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián.

-      La especialización se prorrogará durante un periodo de seis meses (hasta el 30 de junio de 2022) con carácter exclusivo, pero no excluyente en materia civil, en la forma que determine la correspondiente Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura en las provincias de Cáceres y Mérida.

La decisión de prorrogar el plan de especialización se ha adoptado de acuerdo con dos criterios objetivos: una entrada de nuevos asuntos superior a 2.000 en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 20 de septiembre de 2021; y una pendencia superior a 1.500 asuntos en el último trimestre (desde el 30 de septiembre de 2021).