Las lluvias tanto de marzo de 2025 como de febrero de 2026 ha causado estragos en las campañas agrícolas de la provincia de Córdoba. Ahora, la naranja está en plena recolección y los agricultores están viendo ahora los daños. Según ha confirmado María Ángeles Herrero, presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, a Cordópolis, la previsión antes de dicha campaña era de un 30% menor que años anteriores y ahora se ha acrecentado con las intensas inundaciones que azotaron al territorio cordobés durante el pasado mes.

Como se ha mencionado anteriormente, la merma que está sufriendo esta campaña agrícola no es fruto de un solo evento, sino que de una concatenación de infortunios meteorológicos. El origen de la baja producción se remonta a las fuertes lluvias registradas en marzo del año pasado. Estas precipitaciones coincidieron con la época de floración de los cítricos, deteriorando la flor y provocando que el cuajado del fruto fuera muy inferior al de años anteriores.

Es por ello que la campaña partía inicialmente con una reducción estimada del 30% en la producción. Sin embargo, y a medida que avanza la recolección de las variedades más tardías, la realidad es que, en determinados tipos dicha merma ya alcanza el 40% o incluso el 50%. Esta tendencia se ha incrementado en las últimas semanas, después de que las inclemencias meteorológicas también acuciasen al campo cordobés en febrero.

El daño aumenta en 2026

El temporal de febrero y marzo ha aumentado las malas expectativas de muchos agricultores. Durante casi 40 días consecutivos de lluvia, la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir convirtió a Palma del Río en una zona intensa en cuanto a inundaciones se refiere. El desbordamiento de los cauces anegó numerosas huertas, provocando en algunos casos la pérdida del 100% de producción que aún quedaba por recoger. En estos momentos, la fase de recolección aún está por el 60%, principalmente e variedades tardías como las de Valencia.

Por tanto, el impacto económico para el agricultor es más que notable. A pesar de que los precios en el campo están siendo regulares con respecto a otros años, estos no compensan la falta de kilos. María Ángeles Mellado ha explicado que la rentabilidad se va a “hundir”, ya que los costes fijos -como la poda, los tratamientos fitosanitarios y las labores del día a día- siguen siendo los mismos independientemente si el árbol tiene mucha o poca fruta. “Si tienes que podar, tienes que podar; no aplicas menos dosis de tratamiento porque haya menos fruta”, explica la presidenta de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba.

Aunque ya no es solo la producción, sino que los daños que generan las inclemencias meteorológicas más allá del aumento de los cauces del río y las lluvias. El exceso de humedad y el tiempo que los árboles han pasado anegados por el barrio han provocado la aparición de enfermedades como la fitóftora o la antracnosis. Este hecho ya no supone una amenaza para esta producción, sino que ya también para más largo plazo porque los árboles están enfermando y algunos tendrán que ser sustituidos con el tiempo.

Por último, esta concatenación de problemas también debería reflejarse en el bolsillo del ciudadano, aunque desde Asaja han advertido que no se suele producir pese al incremento de los costes y la falta de producción. De hecho, los productores se consideran un “eslabón perdido” de la cadena. “Como siempre ha pasado”, ha explicado, ya que el consumidor final no suelen padecer una crisis de producción que se extiende a la naranja.

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está trayendo consecuencias negativas a todo el planeta. Y España no se está librando de la subida de los precios. Más concretamente, el sistema agrario está atravesando un momento crítico debido, entre otras cosas, al encarecimiento que está sufriendo el gasóleo B, un carburante básico para la producción que, de media, está alcanzando picos de hasta 1,60 euros en la provincia de Córdoba. Esta escalada en los precios coincide con un periodo de intensa actividad para las explotaciones, por lo que estas labores no pueden detenerse pese a la falta de rentabilidad.

Más concretamente y para los que no sepan la diferencia entre un carburante u otro, el diésel A se utiliza como combustible para automóviles, el gasóleo B se utiliza para uso agrícola y de calefacción, el C es industrial, pero también se utiliza para calderas. El B está bonificado por el Gobierno de España y tiene un coste más controlado, pero eso no significa que se haya disparado, como se está viendo en los últimos días.

Según los datos actuales de las estaciones de servicio en Córdoba que ha podido consultar este periódico, el precio del gasóleo B ha subido significativamente, encontrando puntos donde ya supera los 1,70 euros en localidades como Villaviciosa de Córdoba o Palma del Río. Si bien existen cooperativas con precios ligeramente inferiores, la tendencia general sitúa el carburante en una horquilla de entre 1,40 euros y 1,50 euros.

Los agricultores y la “especulación salvaje”

Cordópolis se ha puesto en contacto con dos de las asociaciones más relevantes en este sentido para el sector agrario. Por un lado, Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, ha calificado esta situación como una “auténtica barbaridad”. El dirigente ha destacado que este encarecimiento llega en el peor momento posible, cuando los agricultores están “preparando para sembrar, recogiendo todavía aceituna y echando productos”. Según el secretario de UPA, el campo no puede esperar. “Si tienes que sembrar, tienes que sembrar. No puedes decir: ”espero unos días a ver si esto cambia“”.

Desde COAG Córdoba, su secretaria principal, Carmen Quintero, ha explicado que esta situación supone un “abuso” y ha denunciado una “especulación salvaje” por parte de las petroleras. La representante de esta asociación ha señalado a este periódico que el precio ha pasado de los 80-85 céntimos a superar los 1,50 euros de forma casi instantánea. “El campo no entiende de guerra”, afirma Quintero, criticando que se trasladen estos sobrecostes a las espaldas de los productores a pesar de que las empresas cuentan con existencias para 92 días compradas a precios anteriores.

La rentabilidad de las explotaciones, según el secretario de UPA, está actualmente “cogida con alfileres”. A la subida del diésel se suma el incremento de los fertilizantes, mientras que los precios de los productos que ellos venden, como los cereales o el aceite de oliva, no suben en la misma proporción. Paco Moreno ha advertido de que, si no se toman medidas contundentes, “muchas explotaciones irán a la ruina”.

Las medidas del Gobierno de España

Por otro lado, y ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Ministros ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria para aprobar dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda.

En lo que respecta a los carburantes, el primer texto contará con el grueso de las medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, y un especial refuerzo a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También medidas de protección a colectivos vulnerables. Por tanto, comienzan las medidas del Ejecutivo ante una situación que genera mucha incertidumbre a los agricultores.

Las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han valorado en la mañana de este miércoles los posibles efectos en el campo andaluz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda relación comercial ante el rechazo del presidente de España, Pedro Sánchez, de que los estadounidenses utilizaran las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar a Irán. Al respecto, las asociaciones han reclamado acuerdos con terceros países “para evitar incertidumbres”.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha concretado que Estados Unidos es “el segundo país exportador más importante que tenemos”, motivo por el que ha reclamado que “en momentos así, echamos en falta acuerdos comerciales con terceros países que nos permitan abrir nuevos mercados”.

En esta línea, Cózar ha indicado que esperan “que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano” ante la ofensiva lanzada conjunta con Israel hacia Irán el pasado sábado, 28 de febrero, al tiempo que ha pedido “prudencia” hasta conocer “si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España”.

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, ha precisado a Europa Press que la postura del Gobierno español ante el “exabrupto” de Trump debería ser “la que conjuntamente tiene la Unión Europea”, así como ha pedido “no meterse innecesariamente en charcos que acaban causando grandes problemas”.

En cambio, COAG Andalucía ha comparado el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz con la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania y el consecuente aumento de los costes de producción, motivo por el que ha mostrado “su profunda preocupación” ante “un nuevo encarecimiento de la energía y de los insumos agrarios”, lo que supondría “un nuevo varapalo para la rentabilidad de agricultores y ganaderos andaluces”, según han emitido en una nota.

“Nos preocupa seriamente que la historia se repita”, ha declarado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, que ha apuntado que “cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos”, y los agricultores y ganaderos “no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones”.

Al hilo, la organización agraria ha apostillado que el encarecimiento del petróleo y del gas tendría un “efecto inmediato” en el gasóleo agrícola, el transporte, los fertilizantes nitrogenados y, en definitiva, en el conjunto de la cadena alimentaria, motivo por el que han reclamado a las administraciones “vigilancia, anticipación y medidas preventivas” para evitar que una nueva crisis internacional “vuelva a traducirse en pérdida de rentabilidad en el campo”.

También se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ante la amenaza de ruptura de relaciones económicas de Estados Unidos con España, y ha explicado que desde su organización les “llena de mucha incertidumbre” un conflicto con Estados Unidos, “sobre todo en sectores como el aceite o la aceituna de mesa”.

“El 17% de nuestra producción se exportó a Estados Unidos, por tanto nos preocupa que el sector agroalimentario pague las consecuencias de un conflicto en donde nuestro sector, como siempre, va a ser el pagano de las decisiones geopolíticas que ocurran en el caso de España”, ha criticado Torres.

Por este motivo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucia ha exigido al Ejecutivo en un vídeo remitido a los medios “retomar las relaciones diplomáticas con un país como Estados Unidos, para nosotros muy importante desde el punto de vista agroalimentario”, mientras que ha deseado que “no se impongan ni aranceles ni trabas comerciales al libre comercio como consecuencia de un conflicto geopolítico”.

En contexto, Sánchez ha trasladado este miércoles que la posición española frente al conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es 'No a la guerra' y ha asegurado no temer a las “represalias” por mantener esta postura. Asimismo, después de que Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición y ha señalado que no van a ser “cómplices” de algo que es “malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.

La gerente de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba (Acora), Macarena Sánchez, ha avanzado este viernes que prevé una subida del precio del aceite de oliva virgen extra, al considerar que “no hay producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades”.

En este sentido y en rueda de prensa, Sánchez ha señalado que la producción de aceite de oliva este año en la provincia será, al menos, un 15% inferior a la prevista, que era de casi 270.000 toneladas, cifra ésta que, además, ya era un 7,5% inferior la de la pasada campaña.

Así, ha precisado que, “según lo que nos trasladan nuestros asociados, estimamos que las previsiones de cosecha no se van a cumplir y que vamos a estar, por lo menos, más de un 15% por debajo de las previsiones de cosecha”, con una calidad que, en los aceites lampantes, en concreto, será peor que la de la pasada campaña.

La consecuencia, según ha señalado, es que “los lampantes están bajando de precio, y va a haber un gran diferencial o esperamos que se empiece a ver ese diferencial entre las categorías superiores, como el virgen extra y los lampantes”

En cualquier caso, la gerente de Acora entiende que “ahora mismo el mercado está muy parado” y “se están haciendo operaciones con cuentagotas”, y “del virgen extra creemos que no hay producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades”, con lo que opina Sánchez que su precio “debe de subir y que, sobre todo, el diferencial de precios entre la categoría lampante y virgen extra va a ser más acusada”.

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado este lunes de la activación en la provincia del Plan Andalucía Actúa, tras la publicación este mismo día en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los acuerdos del Consejo de Gobierno que declaran la situación excepcional por el temporal y el desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, de forma que el Plan Actúa ayudará a paliar parte de los daños, por valor de 331 millones de euros, que ha sufrido el campo cordobés.

El plan, según ha explicado Molina, “nace con una primera dotación de 1.780 millones de euros para toda la comunidad, con el objetivo de que las ayudas lleguen en tiempo y forma a quienes más lo necesitan. Se trata de una respuesta estructurada, con presupuesto, calendario y procedimientos definidos, que ya se está desplegando en Córdoba en los ámbitos agrario, productivo, de infraestructuras, sanidad, educación, sostenibilidad y de apoyo a los ayuntamientos”.

En concreto, según ha señalado el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, “las pérdidas en el campo cordobés ascienden ya a 331 millones de euros, con daños graves identificados en 125 kilómetros de caminos rurales cortados o con el tráfico interrumpido”.

Para dar respuesta inmediata, los agricultores y ganaderos “podrán solicitar las ayudas durante la primera quincena del próximo abril, y las primeras resoluciones comenzarán a notificarse a principios de junio”, según ha indicado el delegado, quién ha remarcado que “se han reducido plazos y simplificado trámites administrativos, porque el campo no puede esperar”.

El Plan reserva 1.000 millones de euros para el sector primario, de los que 700 millones serán para indemnizaciones directas a explotaciones agrarias afectadas, 170 millones para infraestructuras rurales (caminos, vías pecuarias y sistemas de regadío) y 136 millones adicionales para daños en infraestructuras hídricas. Estas ayudas serán compatibles con las que se dirigen a autónomos y pymes, de modo que se proteja de forma integral el potencial productivo de las zonas rurales.

Autónomos, pymes y carreteras

El tejido productivo cordobés también contará con respaldo específico. Las solicitudes de ayudas para autónomos y pymes podrán presentarse desde abril hasta el 30 de junio, con una primera resolución prevista ya en el mes de mayo. “El objetivo es inyectar liquidez y estabilidad a quienes sostienen el empleo y la actividad económica en los municipios afectados”, según ha destacado Molina.

En cuanto a la situación de las carreteras autonómicas en la provincia de Córdoba, 36 se han visto afectadas por el temporal y, por ello, la Junta ya ha movilizado 21 millones de euros en actuaciones de emergencia y recuperación en la red viaria cordobesa.

“El 85% de las obras de emergencia ya están en marcha y todas las actuaciones estarán activadas antes del 7 de marzo, y en junio se prevé que aproximadamente el 30% estén ya finalizadas”, según ha afirmado el delegado. Además, en abril se licitarán los contratos para el asfaltado definitivo, cuya ejecución comenzará en mayo, lo que permitirá consolidar la seguridad y la accesibilidad en estas vías.

Paralelamente, se están coordinando trabajos en caminos rurales y accesos agrarios para garantizar que el campo pueda seguir produciendo con normalidad, recordando Molina en este punto que “la reparación de los daños en infraestructuras hidráulicas de competencia estatal corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con la que se mantiene una coordinación constante”.

Centros sanitarios y educativos

En materia sanitaria, los daños estructurales derivados del temporal en la provincia se han cuantificado en 1.400.771 euros. Las actuaciones de mayor importe se localizan en infraestructuras hospitalarias y en daños en cubiertas y elementos estructurales.

El Centro de Salud de Montemayor (Córdoba) concentra 192.000 euros en desperfectos, fundamentalmente por filtraciones, y contará con intervenciones prioritarias para restablecer plenamente la seguridad y la calidad asistencial.

En el ámbito educativo, en Córdoba se han registrado 45 actuaciones en centros docentes, con siete más pendientes de valoración técnica, y una estimación económica de 3.652.000 euros. Ya se han autorizado intervenciones en varios centros y los trabajos avanzan conforme a la planificación establecida. A nivel andaluz, se prevé que en junio se hayan realizado alrededor de 500 reparaciones en centros educativos, asegurando el normal desarrollo del curso y la protección de alumnado y personal.

Caminos forestales y ayuntamientos

El Plan Andalucía Actúa contempla en la provincia una inversión de 4,1 millones de euros para la reparación de caminos forestales, infraestructuras asociadas, vías pecuarias, senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes. Estas actuaciones son esenciales para la protección del entorno natural, la prevención de riesgos y el mantenimiento de actividades ligadas al turismo rural y a la gestión forestal sostenible.

Por otro lado, los ayuntamientos “han sido la primera línea de respuesta ante el temporal y son también un pilar central del Plan”. Por eso, “con la publicación este lunes en el BOJA se activa el procedimiento regulado en el Decreto 277/2023, modificado por el Decreto-ley 4/2025, que incluso permite el anticipo presupuestario de las ayudas a corporaciones locales”.

Así, tras la publicación del acuerdo, los ayuntamientos dispondrán de diez días hábiles para presentar la solicitud formal de subvención. Se trata de un procedimiento reglado, con plazos tasados y garantías, y la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba se compromete a acompañar técnicamente a los municipios para que ninguna entidad local pierda la oportunidad de acceder a estas ayudas destinadas a infraestructuras de titularidad municipal.

Molina ha concluido señalando que “el Plan Andalucía Actúa son 1.780 millones de euros con plazos concretos, son contratos ya activados y son ayudas con calendario definido”, de forma que “este plan supone un respaldo efectivo a agricultores, autónomos, empresas, ayuntamientos y centros educativos de Córdoba y del conjunto de Andalucía”, añadiendo que “toda ayuda que pueda aportar el Gobierno de España será bienvenida, siempre que cumpla su objetivo y garantice que los recursos llegan a quienes los necesitan”.

Asaja Córdoba ha solicitado a todos los ayuntamientos de la provincia la aplicación de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, como medida urgente de apoyo al sector agrario ante los graves daños que está sufriendo el campo cordobés a causa de los últimos temporales.

En un comunicado, exponen que las intensas lluvias, acompañadas en muchos casos de fuertes rachas de viento, están provocando “importantes pérdidas en explotaciones agrícolas y ganaderas, con daños directos en cultivos, infraestructuras agrarias, caminos rurales y sistemas de riego”. A ello, se suma la dificultad para acceder a las fincas y realizar labores esenciales, lo que agrava aún más la situación económica de los productores.

En este sentido, pide también la implicación de la Diputación de Córdoba, a través de la puesta en marcha de acuerdos de colaboración y líneas de apoyo económico con los ayuntamientos, que permitan “acometer de manera urgente la reparación y acondicionamiento de los caminos públicos municipales”. El objetivo es garantizar el acceso de los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, actualmente muy dificultado o incluso imposible en numerosos puntos de la provincia tras los daños ocasionados por el temporal.

Declaración de catástrofe natural

Asimismo, Asaja solicita para toda la provincia de Córdoba la declaración de catástrofe natural ante “la magnitud y extensión de los daños provocados” por los temporales. La organización agraria considera que esta declaración es fundamental para activar ayudas extraordinarias, medidas fiscales y mecanismos de apoyo que “permitan a los agricultores y ganaderos hacer frente a las pérdidas sufridas y recuperar la normalidad en sus explotaciones”.

Desde la organización agraria se recuerda que los agricultores y ganaderos atraviesan un momento especialmente complicado, marcado por el incremento de los costes de producción, la inestabilidad de los mercados y la falta de rentabilidad en numerosas explotaciones. En este contexto, la organización agraria considera imprescindible que las administraciones locales adopten medidas fiscales que contribuyan a aliviar la carga económica del sector.

“La rebaja del IBI de rústica es una herramienta eficaz y directa que está en manos de los ayuntamientos y que puede suponer un importante alivio para los profesionales del campo en un año especialmente duro”, señalan desde Asaja Córdoba, que confía en la sensibilidad y el compromiso de los consistorios con un sector clave para la economía y el empleo en el medio rural.

La organización agraria insiste en que el campo cordobés necesita apoyo real y medidas concretas, y reitera su disposición a colaborar con las administraciones locales para articular soluciones que ayuden a los agricultores y ganaderos a superar las consecuencias de este temporal y garantizar la continuidad de sus explotaciones.

Comunicación de daños

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido este martes a los agricultores y ganaderos de la provincia que comuniquen los daños sufridos en sus explotaciones, tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, mediante la aplicación DCAL (Datos Climáticos Adversos Locales), impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Molina ha señalado que “estas borrascas han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, afectando a cultivos, infraestructuras, caminos rurales y sistemas de riego”, al tiempo que ha subrayado la necesidad de contar con información precisa para actuar con rapidez.

En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz ha explicado que “la comunicación de los daños a través de la app DCAL es fundamental para que la Administración tenga un conocimiento real y actualizado del impacto del temporal y pueda valorar las medidas de apoyo necesarias”.

Además, ha recordado la importancia de activar los seguros agrarios correspondientes. “Es imprescindible que los agricultores y ganaderos contacten con sus aseguradoras para tramitar los partes de siniestro y poder acogerse a las coberturas previstas ante este tipo de fenómenos meteorológicos extremos”, ha indicado.

Adolfo Molina ha querido trasladar un mensaje de apoyo al sector primario cordobés, destacando que “el Gobierno andaluz es plenamente consciente de las dificultades que está atravesando el campo tras este episodio de lluvias y está trabajando de manera coordinada para evaluar los daños y acompañar al sector en el proceso de recuperación”.

Por último, el delegado ha reiterado que “el campo cordobés es un pilar estratégico para la economía y el empleo de nuestra provincia, y desde la Junta de Andalucía vamos a seguir al lado de agricultores y ganaderos, ofreciendo información, apoyo y acompañamiento”, animando a los afectados a acudir a sus oficinas comarcales agrarias (OCA) para recibir asesoramiento.

El sector agrario de Córdoba ha anunciado una nueva jornada de movilizaciones para el próximo 29 de enero con el objetivo de protestar contra la firma del acuerdo con Mercosur y otros tratados comerciales con terceros países que utilizan al campo como moneda de cambio. Las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias denuncian que el sector ha llegado a una situación límite marcada por la reducción de activos, el cierre de explotaciones y el hundimiento de la ganadería, por lo que instan a agricultores, ganaderos y al resto de la ciudadanía a sumarse a estas protestas en defensa del mundo rural.

Los convocantes advierten que el acuerdo con Mercosur carece de reciprocidad y supone una competencia desleal que pone en peligro sectores clave para la provincia de Córdoba como los cítricos, la aceituna de mesa y la ganadería. Según detallan las organizaciones, se trata de un pacto desequilibrado donde incluso sectores como el aceite de oliva y el vino podrían verse perjudicados debido a los largos periodos de liberalización y a la ineficacia de las cláusulas de salvaguardia. Estas medidas de protección son consideradas insuficientes y difíciles de controlar en una Unión Europea que carece de un control de fronteras común y efectivo en origen.

La movilización también se dirige contra la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea, el cual plantea un recorte presupuestario que amenaza la arquitectura de la PAC. El sector agrario cordobés exige una política agraria robusta que no se convierta en un elemento residual, ya que de ella dependen la seguridad alimentaria y la estabilidad de las zonas rurales europeas. A esta preocupación se suma el incremento inasumible de los costes de producción, especialmente en energía y fertilizantes, junto a una carga burocrática creciente que dificulta el desarrollo eficiente de la actividad agraria.

En materia de agua, las organizaciones exigen garantías de acceso y un aumento de los regadíos en Córdoba a través de un Plan Hidrológico Nacional justo y una estrategia consensuada entre administraciones. Reclaman inversiones en infraestructuras que incluyan todas las fuentes disponibles, como aguas regeneradas o desaladas, para que el recurso hídrico deje de ser un arma política. Finalmente, el sector subraya la importancia de proteger la soberanía alimentaria aumentando los controles en las fronteras para asegurar que todos los alimentos importados cumplan las mismas exigencias sanitarias y de producción que se imponen a los productores europeos.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado la puesta en marcha de un proceso de movilización a nivel nacional que incluirá concentraciones, tractoradas y distintos actos reivindicativos en todo el territorio español. Las protestas culminarán con una jornada de movilización general para denunciar la situación que atraviesa el sector agrario.

Las organizaciones han acordado dar flexibilidad a los distintos territorios para que puedan decidir la fecha y el formato de las movilizaciones en función de sus particularidades, aunque han subrayado la importancia de concentrar el mayor número posible de acciones el próximo 29 de enero, con el objetivo de lanzar un mensaje “claro y unitario” desde el conjunto del campo español.

“El objetivo es que se vea la fuerza del sector agrario en todo el territorio, con una respuesta coordinada frente a decisiones que nos afectan directamente”, ha señalado el presidente de Asaja en una nota remitida a los medios de comunicación. Las diferentes manifestaciones comenzarán el 26 de enero y culminarán el 30.

El acuerdo UE-Mercosur, principal detonante

Uno de los principales motivos de las movilizaciones es el rechazo frontal de Asaja al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur en su formulación actual. La organización ha considerado que se trata de un acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad y generador de competencia desleal para los productores europeos. Además, ha advertido de que el acuerdo pone en riesgo a sectores estratégicos como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura.

Según datos de la Comisión Europea citados por la organización, solo el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la UE son inspeccionados físicamente, un nivel que consideran claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria. Asaja ha recordado, por otro lado, que el propio Gobierno de Brasil ha reconocido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne.

La organización agraria también ha querido matizar algunos de los argumentos utilizados para defender el acuerdo, especialmente en relación con productos como el aceite de oliva o el vino. Asaja ha sostenido que, incluso en estos sectores, no se obtendrán beneficios reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.

Asimismo, ha advertido de que presentar al aceite de oliva como uno de los grandes beneficiados del acuerdo “distorsiona la realidad” y oculta los desequilibrios que genera. En este contexto, Asaja ha recordado que la balanza comercial agroalimentaria con Mercosur es claramente deficitaria para España: en 2024 las importaciones superaron los 4.100 millones de euros, frente a exportaciones que apenas alcanzaron los 463 millones.

Preocupación por el presupuesto agrario europeo y los costes

Otro de los ejes de la protesta es el futuro presupuesto agrario de la Unión Europea. Asaja ha denunciado la falta de claridad en las cifras, la existencia de recortes encubiertos y el riesgo de que los fondos destinados a agricultura y ganadería se diluyan bajo conceptos genéricos vinculados al medio rural. “La solución es sencilla: completar el presupuesto agrario, mantener el primer y el segundo pilar y evitar recortes que pueden alcanzar el 22 %”, ha señalado el presidente de Asaja .

El aumento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que ha llevado al sector a movilizarse. Asaja ha alertado de que cultivos como los cereales podrían quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo.

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha hecho este martes un análisis general de la situación del sector agrario y ganadero de la provincia, en un año agrícola “marcado por la futura Política Agraria Común (PAC), la incertidumbre generada por los aranceles y la preocupación ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que vuelve a situar a los agricultores y ganaderos en una posición de clara desventaja”.

Según ha informado la organización agraria en una nota, Moreno ha señalado que “la reforma de la PAC sigue sin dar una respuesta adecuada a las necesidades reales de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, incrementando la burocracia y reduciendo la rentabilidad de muchas explotaciones”.

En este sentido, ha advertido de que “el sector primario no puede seguir siendo utilizado como moneda de cambio, poniendo en riesgo sectores estratégicos de nuestra provincia, para cerrar acuerdos comerciales que en nada tienen que ver con el campo”.

Respecto al olivar, Francisco Moreno ha destacado que la campaña ha sido especialmente compleja, ya que “hemos pasado de una cosecha media, con los precios más altos que se recuerdan, a tocar fondo con unos precios hundidos de forma injustificada, a pesar de una producción que, finalmente, será más baja de la esperada”.

De ahí que el secretario general de UPA Córdoba haya insistido en la necesidad de garantizar unos precios justos y “razonables, en el entorno de los cinco euros por kilo de aceite de oliva virgen extra, porque por debajo de ese umbral no se cubren los costes de producción”.

En cuanto a la modernización del olivar, Moreno Navajas no es contrario a la misma, pero con matices, argumentando que en UPA están “de acuerdo con la modernización, no vamos en contra de ella, pero hay que defender el olivar tradicional, que cumple una función social, económica y medioambiental fundamental, y que necesita un apoyo diferenciado”.

Respecto a los cítricos, Moreno ha explicado que la campaña ha estado marcada por una menor producción, lo que ha permitido una mejora de los precios. “Córdoba se mantiene como la tercera provincia productora de Andalucía y, en esta campaña, al tener menos producto, los precios han sido mejores, lo que ha dado un cierto respiro a los citricultores, aunque seguimos muy pendientes de la competencia de terceros países”.

En cuanto a la viña, 2025 se ha caracterizado por “una de las campañas más difíciles de los últimos años, debido al mildiu. La reducción de la cosecha ha sido de alrededor del 50% y, aun así, los precios no han alcanzado los valores que deberían, situándose en muchos casos en niveles muy ajustados”, ha lamentado el secretario general de UPA Córdoba.

Sobre los cereales, ha afirmado que “la producción ha sido buena, desde el punto de vista agronómico, pero los precios han vuelto a hundirse. Tenemos una buena cosecha, pero con precios de auténtica ruina, por los suelos, que hacen inviables muchas explotaciones”. En cuanto a los frutos secos, especialmente “el almendro ha presentado una situación más estable, con precios que se han mantenido y una cosecha media buena, lo que ha permitido cierta estabilidad en el sector”.

Ganadería

El principal problema sufrido en 2025, según ha asegurado, “ha sido para los ganaderos”, dado que “la lengua azul nos ha afectado de forma directa. Ya tenemos en la provincia todos los serotipos, por lo que sigue siendo fundamental vacunar, cuando corresponda, para evitar males mayores. Dentro de lo que cabe, estamos satisfechos con las ayudas aprobadas por la Administración, aunque deberían haber sido más elevadas, porque muchos ganaderos han tenido graves pérdidas de animales”.

En cuanto a la gripe aviar, “la incidencia ha sido limitada gracias a las medidas preventivas adoptadas, aunque el confinamiento ha afectado especialmente a pequeñas explotaciones de huevos ecológicos al aire libre”. En el lado positivo, “los precios han sido buenos para corderos, lechones y porcino ibérico, con una montanera favorable”. No obstante, el secretario general de UPA Córdoba ha expresado su preocupación por la peste porcina, reclamando un refuerzo de las medidas de bioseguridad.

Agua y precios

Por último, Francisco Moreno ha resaltado el agua como uno de los principales retos del campo cordobés y, por eso, desde UPA siguen pidiendo “la modernización de los regadíos, la utilización total de las aguas regeneradas y la construcción de más infraestructuras, que nos permitan asegurar el riego, porque el futuro de la agricultura pasa por el regadío”.

Junto a ello, ha señalado que los retos de futuro pasan por “la lucha por unos precios justos, el relevo generacional” y afrontar “la falta de mano de obra”, ya que, “si no garantizamos rentabilidad, no habrá jóvenes que se incorporen al campo, y sin agricultores y ganaderos no hay medio rural ni soberanía alimentaria”.

“Por eso UPA Córdoba seguirá siendo necesaria, porque estamos comprometidos con la defensa de los intereses de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de la provincia ante las administraciones y en todos los foros necesarios”, ha concluido.

Esfuerzo, compañerismo y superación han vuelto a ser los protagonistas en el incomparable marco de Cerro Muriano. Y es que las instalaciones de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X han acogido este sábado la XVIII edición del Trofeo Ciudad de Córdoba , una cita consolidada que este año ha sido organizada por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y que ha congregado a casi doscientos corredores. Miembros de la Comandancia de la Guardia Civil, Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias o la Universidad de Córdoba, entre otros , se han enfrentado a un exigente circuito de 2.500 metros por los senderos e instalaciones de la base militar.

La jornada ha incluido pruebas plenamente competitivas, con categorías tanto masculinas como femeninas, y una carrera de carácter institucional no competitiva en la que han participado representantes de todos los organismos. Más allá de la competición, el evento mantiene vivo el recuerdo del Cabo 1º Soria Toledo, fallecido en 2015 en el Líbano durante una misión internacional bajo mandato de Naciones Unidas. De hecho, tras la entrega de trofeos, presidida por el general jefe de la Brigada, Fernando Ruiz, la jornada ha finalizado con una tradicional comida de confraternización, el mejor ejemplo del espíritu de colaboración y amistad que caracteriza esta cita.

El campo de fútbol de la barriada de Alcolea Los Ángeles luce una cara completamente nueva. El Ayuntamiento de Córdoba ha reabierto este miércoles la instalación tras una profunda remodelación que ha supuesto una inversión de unos 200.000 euros, destinada a saldar lo que la delegada de Deportes, Marian Aguilar, ha calificado como “una deuda histórica con los campos de fútbol de la ciudad”.

El corazón de la intervención ha sido la sustitución completa del césped. No se trata de una superficie cualquiera, sino de una de última generación que cuenta con el certificado FIFA Pro Quality, el estándar más exigente a nivel internacional. “El alcalde, José María Bellido, tiene un modelo de ciudad que se basa en mejorar la calidad de vida de los cordobeses”, ha afirmado Aguilar, explicando que esta actuación responde a un compromiso del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) por modernizar las instalaciones de la capital.

De hecho, la calidad del nuevo tapete de Alcolea es tal que es el mismo que se utiliza en las ciudades deportivas de clubes de élite como el Real Betis y el CA Osasuna, o en la propia sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. El objetivo, según la delegada, es que tanto los vecinos como “el deporte base mejore a la hora de disfrutar del deporte”. Además de ello, la reforma ha ido más allá del terreno de juego, y también se ha modificado el sistema de riego y se ha intervenido en los vestuarios, marcando, según Aguilar, “un antes y un después” en la instalación.

Por su parte, el gerente de Imdeco, Sebastián del Rey, ha sido el encargado de desgranar los detalles técnicos. “Garantiza todas las características en cuanto a calidad, durabilidad y facilidad en el mantenimiento”, ha explicado. Según Del Rey, la alta densidad de las fibras evita la pérdida del sustrato de caucho, lo que “abarata mucho el mantenimiento”, cumpliendo así con una de las obligaciones de la administración. Finalmente, ha agradecido al Alcolea CF su colaboración durante las obras de este verano, deseando que “los chavales lo disfruten”.

Una producción que debe ser, al menos, positiva para paliar los daños que hubo en 2024 no solo en la provincia cordobesa sino que en toda Andalucía. Córdoba obtendrá 5.518 toneladas de algodón, un dato que refleja la recuperación del cultivo respecto al año pasado, marcado por la sequía y las plagas. La previsión forma parte del aforo regional, que en total calcula 131.442 toneladas en Andalucía, con un incremento medio de rendimientos del 37,2 %. Todo ello después de que la extensión superará las 2.200 hectáreas dedicadas a este producto, de las que 2.201 son de regadío y cinco de secano, según las proyecciones presentadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, destacó durante la presentación “el apoyo inequívoco de la administración regional con este cultivo, a través de ayudas específicas y de las reservas de fondos que se contemplarán en la futura PAC”. Además, subrayó la importancia del trabajo del sector cordobés y de las organizaciones agrarias “para consolidar una estructura productiva estable y mirar con confianza al futuro del algodón”.

En Córdoba, las estimaciones se han elaborado a partir de la información recogida por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de Alto Guadalquivir, Campiña Sur, Subbética y Vega del Guadalquivir, que han analizado tanto la superficie como los rendimientos esperados.

La recogida de la campaña 2025-26 llega después de que el curso pasado fue un auténtico drama para este sector. Los productores de algodón en Córdoba tuvieron una mala cosecha en 2024 debido a la plaga de earias que afectó al campo. Además, se unió a las chinches y la falta de herramientas suficientes para combatirlas. Por lo que este año se presentaba como crucial para el devenir a corto plazo del algodón.

El rendimiento medio previsto en Andalucía es de 2.811 kilos por hectárea, alcanzando los 3.030 kg/ha en regadío y los 837 kg/ha en secano, cifras que confirman la importancia del regadío en Córdoba, donde prácticamente la totalidad de la superficie cultivada se desarrolla bajo este sistema.

Finalmente, la Junta recordó que en 2024 las exportaciones nacionales de fibra de algodón ascendieron a 32.165 toneladas, con destinos destacados como Pakistán, Bangladesh, Grecia, India y Portugal.

Córdoba sigue siendo una provincia agrícola, pero con una inmensa variedad de terrenos cultivables. Así, desde un Valle del Guadalquivir muy fértil a una zona norte donde es muy complicado cultivar y grandes extensiones de terreno se dejan para que el ganado pastoree. Históricamente, la compra y venta de tierra ha generado enormes beneficios en la provincia.

La diversidad de cultivos en Córdoba provoca que también sea muy diferente su coste. No es lo mismo tener una hectárea con riego abundante donde sembrar cultivos hortícolas y tener varias cosechas al año que una zona de secano que depende, y mucho, de si llueve o no, de si hace frío o calor, y de si el cultivo agarra o no.

Esa diferencia es especialmente visible en los datos publicados por el Ministerio de Agricultura a partir de la última Encuesta sobre Precios de la Tierra, correspondiente a 2024. Según el informe, en Córdoba una hectárea de huerta alcanza los 75.473 euros, el precio más alto de toda la tipología agraria, mientras que una hectárea de pasto apenas supera los 3.000 euros. La brecha es enorme y da cuenta de cómo el tipo de cultivo, el acceso al agua y la rentabilidad de la tierra determinan su valor de mercado.

El olivar se revaloriza por el precio del aceite

Uno de los casos más llamativos es el del olivar, que en sus diferentes variantes —de regadío o secano— ha experimentado un alza considerable de precio, en paralelo al encarecimiento histórico del aceite de oliva, convertido en un producto de lujo para muchas familias. En Córdoba, una hectárea de olivar de regadío o secano se sitúa ya en los 30.548 euros, una cifra que representa un crecimiento notable respecto a años anteriores.

Este incremento tiene que ver con la alta demanda de aceite, la reducción de la oferta por las sequías sucesivas y el atractivo inversor que ha adquirido este cultivo. No es extraño que muchas explotaciones antes destinadas al cereal estén reconvirtiéndose para plantar olivos, especialmente si pueden disponer de riego.

El regadío, clave para la rentabilidad… y para el precio

El factor agua es determinante en el valor de la tierra. El informe señala que las tierras de cultivos arables de regadío (como maíz, algodón o girasol) alcanzan los 28.757 euros por hectárea, mientras que en secano apenas superan los 7.200 euros. Es decir, casi cuatro veces más, solo por el acceso al riego.

Lo mismo ocurre con los cítricos, muy dependientes del agua. Su precio medio en Córdoba es de 40.331 euros por hectárea, un valor elevado que se justifica por las buenas rentabilidades en años de cosecha favorable y la posibilidad de tener producción casi constante si se cuenta con buen sistema de riego.

Las zonas más pobres y de peor acceso bajan el precio

En el otro extremo del mercado están los suelos destinados a pasto para el ganado, muy abundantes en la comarca de Los Pedroches o el norte de Sierra Morena. Estas tierras tienen un precio medio de apenas 3.209 euros por hectárea, uno de los más bajos no solo de Córdoba, sino de todo el país.

Se trata en su mayoría de terrenos rústicos, con poca productividad agrícola, que solo resultan rentables para explotaciones extensivas de ganadería y donde el factor limitante es la propia naturaleza del terreno.

Por su parte, el viñedo mantiene un precio intermedio, con 24.859 euros por hectárea. Aunque su rentabilidad está sujeta a muchos factores —desde las denominaciones de origen hasta el tipo de uva o el mercado del vino—, Córdoba sigue conservando tradición vitivinícola en zonas como Montilla-Moriles, que sustenta ese valor de mercado.

Córdoba, segunda provincia de Andalucía donde más se encareció la tierra

Según datos recientes de la Junta de Andalucía, Córdoba fue en 2023 la segunda provincia andaluza donde más subió el precio de la tierra agrícola, con un crecimiento medio del 6,14 % respecto al año anterior. Las subidas fueron especialmente destacadas en tierras de huerta, olivar y arables de regadío.

Este movimiento al alza responde, en parte, a la presión inversora, la revalorización de ciertos cultivos y la propia escasez de tierra fértil con acceso a agua, en un contexto de cambio climático y transformaciones agrícolas.

Cada primavera desde hace una década los campos de la Campiña cordobesa transforman el paisaje. El florecer de los almendros con las primeras jornadas de temperaturas templadas convierten las suaves montañas de la zona en un espectáculo. Es la prueba más evidente de un cultivo, el almendro, que se puso de moda hace una década por sus excepcionales rentabilidades, superiores incluso a las del olivar. Pero que ahora es la “víctima silenciosa” de la guerra arancelaria destada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la situación de desprotección que sufre el sector de la almendra española como consecuencia directa de las decisiones tomadas en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. La situación, agravada especialmente durante el último año, se ha tornado insostenible tras el anuncio por parte de la UE de los “ridículos aranceles aplicados a la importación de almendra californiana el pasado martes, lo que ha convertido a la almendra española en la gran sacrificada dentro del contexto de intereses entorno a la guerra arancelaria protagonizada por ambos titanes geopolíticos”, indica Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG y responsable del sector de frutos secos de COAG.

En la provincia de Córdoba y según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, la superficie cultivada alcanzó las 17.118 hectáreas en 2024. Es prácticamente el doble de la superficie de almendra cultivada en Córdoba en 2016. Eso sí, el año pasado ya notó un descenso de este cultivo con respecto al anterior, cuando había 18.559 hectáreas de almendros en Córdoba. Muchos productores han vuelto a arrancar sus árboles y han regresado al olivar, con unas rentabilidades más estables.

El problema vuelve a estar en los precios. Y a una situación internacional que hace que la almendra europea haya dejado de ser competitiva a nivel mundial. Según COAG, la guerra arancelaria “es el golpe de gracia sobre el sector de los frutos secos españoles al verse obligado a competir ante el mercado americano, generador del 85% de la almendra mundial —principalmente en California—, que, además, es producida en explotaciones intensivas de regadío, con amplio acceso a recursos hídricos, suelos fértiles y un uso extensivo de fitosanitarios”. En este sentido, COAG lamenta que la Unión Europea haya perdido la oportunidad de establecer una igualdad arancelaria real que garantice unas condiciones justas de competencia. En su lugar, la UE continúa permitiendo que la almendra estadounidense entre con tarifas mínimas (entre el 2% y el 5,8%), mientras los productores europeos ven cómo se encarecen sus exportaciones y se degrada su posición en el mercado internacional.

Frente a esta situación, que dibuja una forma de cultivo voraz por parte de la almendra californiana, orientado al mercado y a entrar en el juego de la especulación; la producción española, se encuentra sometida a fuertes restricciones medioambientales, tanto en el uso del agua como en el empleo de productos fitosanitarios, lo que, a su vez, limita, de forma determinante, su capacidad competitiva; aunque, si bien por otro lado, aumenta su valor en términos de calidad de sabor y ambiental, llegando a ser muy superior respecto a la californiana.

Sin embargo, “esta ventaja en la calidad ha sido sacrificada por la UE en la negociación de la guerra arancelaria, convirtiendo a la almendra española” en la “moneda de cambio de estos intereses pues se está viendo obligada a pagar aranceles que, en el mejor de los casos, triplican los que soporta la americana al entrar en Europa”, explica Fatás, una clara desventaja comercial que está terminando de catapultar al sector hacia una competencia desleal difícil de sostener, victimizando el producto y dañando gravemente a sus productores.

Por todo ello, COAG exige al Ejecutivo español y a las instituciones comunitarias que, en caso de no corregirse esta desigualdad, se habiliten compensaciones directas al sector que permitan paliar los efectos de esta política comercial claramente perjudicial. “Si Europa opta por sacrificar al sector de la almendra, al menos debe asumir su responsabilidad y proteger a quienes sostienen nuestras zonas rurales”, ha añadido Fatás.

Por último, COAG expresa su preocupación ante las posibles consecuencias derivadas del conflicto comercial entre EE.UU., la UE y terceros países como China. Con un 10% de las exportaciones españolas de almendra dirigidas al mercado chino —frente al 7% de las estadounidenses—, existe el riesgo de que los flujos comerciales se desvíen o se utilicen de forma especulativa, afectando aún más a los productores europeos. “La especulación siempre encuentra su oportunidad en la incertidumbre. Y quienes más tenemos que perder somos quienes producimos con criterios sostenibles y cuidando el territorio. No queremos privilegios, sólo condiciones justas para competir”, ha concluido Fatás.

Por primera vez en más de una década, Bruselas ha puesto de acuerdo a todas las administraciones, a todos los agricultores, ganaderos y trabajadores del campo andaluz. La propuesta de presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034 que presentó hace una semana la Comisión Europea prevé quintuplicar el gasto militar. Pero aunque hay un leve incremento presupuestario, ese dinero tiene que salir de algún sitio. El equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decidido que el recorte será financiado a costa de la Política Agraria Común (PAC), uno de los pilares europeos que ha garantizado que el medio rural no se hundiera.

A pesar de que el campo ha sido uno de los quebraderos de cabeza de la UE en los últimos años, con movilizaciones que paralizaron varias capitales, el presupuesto recoge un recorte para la emblemática PAC, que hasta ahora tenía una cuantía total de 378.000 millones de euros que ahora se quedan en 300.000 millones de euros. El hachazo supone una caída de entre el 20 y el 22% de lo que perciben los agricultores y ganaderos europeos, y tendrá una especial incidencia en Andalucía.

Andalucía es la región que más depende de la PAC. El 25% de las ayudas que recibe España acaban en Andalucía, por un histórico sector agrícola y ganadero muy fuerte, que adquirió unos históricos derechos. En total, se calcula que hay 250.000 explotaciones agroganaderas en Andalucía que perciben una ayuda anual media de 6.050 euros (la media nacional es de 7.750 euros).

La subvención

La “subvención”, como popularmente se conoce a la PAC en el campo andaluz, es una ayuda que garantiza la viabilidad de las explotaciones y que ha sostenido a la población rural. Un recorte del 20 al 22% supone que a partir del año 2028 cada explotación perciba unos 1.210 euros menos. La ayuda quedaría, de media, en 4.840 euros, algo que convertiría en inviable a miles de explotaciones agroganaderas andaluzas.

La PAC ha garantizado, de forma histórica, que en Andalucía se siga cultivando el campo. El cereal, el algodón e incluso el olivar menos productivo (el de la sierra) ha dependido de las ayudas europeas para sobrevivir. Ahora se teme que ese recorte sea la puntilla definitiva a algo que ya está ocurriendo: el abandono masivo de explotaciones agroganaderas y, por tanto, un nuevo éxodo del campo a la ciudad.

El recorte de la PAC llega en un momento especialmente delicado para el sector. La inflación y la guerra en Ucrania ha disparado los gastos de producción. Cada vez es más caro sembrar, con unos productos fitosanitarios con precios por las nubes. Pero también es cada vez más difícil vender. La volatilidad de los precios afecta a un sector que para acudir al mercado sigue dependiendo de grandes fondos de inversión y está afectado por una especulación que siempre se ceba con el productor. Los precios que pagan los consumidores en los supermercados distan mucho a los que perciben los productores. En algunos casos se documentan diferencias superiores al 500%.

A esta falta de perspectivas se suma otro problema añadido: el relevo generacional. En pocos años, el campo perderá por edad a miles de agricultores y ganaderos que carecen de relevo. Sus hijos o herederos han optado por otras profesiones más rentables y prósperas, que una que depende en exceso de variables que no pueden controlar. El cambio climático también se está cebando con un sector en el que cuando no hay una sequía extrema que tumba las producciones está afectado por unas lluvias torrenciales o el pedrisco.

Éxodo rural

La PAC se creó en 1962 para garantizar la viabilidad de las explotaciones agroganaderas en Europa. Tras años de dependencia de Estados Unidos y la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, la PAC contribuyó eficazmente a que Europa lograse su soberanía agrícola. Este enorme gasto de fondos públicos logró que los agricultores y ganaderos europeos pudieran vender a precios de mercado sin tener que sufrir fuertes pérdidas en un contexto mundial en el que ya era más barato producir en países pobres.

España se incorporó a la UE en 1986 y la PAC llegó para salvar a un sector en crisis, que durante décadas se mantuvo con vida. En Andalucía, la PAC ha evitado un enorme éxodo rural y ha sostenido la población en las agrociudades de interior, muy azotadas por la crisis de los años setenta.

Ahora, la propuesta de la Comisión Europea ha logrado algo impensable hace poco tiempo: la unidad. El ministro de Agricultura, Luis Planas, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, las organizaciones agrarias y los sindicatos han anunciado un frente común para oponerse a un recorte que saben que ataca directamente a la línea de flotación del interior de Andalucía.

La propuesta ha llegado en pleno verano, en un periodo en el que finalizan muchas campañas agrícolas y los productores descansan tras un año de duro trabajo. Pero el sector ya ha anunciado que volverán las protestas y que en breve los tractores tomarán las carreteras, las ciudades y Bruselas.

Vecería, altas temperaturas y plagas como el prays o el algodoncillo. Son los tres factores que están marcando ya el pulso de la próxima campaña olivarera en Córdoba. Aunque aún queda la etapa decisiva del otoño, las previsiones no son especialmente optimistas. Lo que se vislumbra, por ahora, es una producción menor o, con suerte, similar a la de la campaña pasada.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Andalucía ha tomado el pulso al campo andaluz y, en el caso cordobés, las noticias no invitan al entusiasmo. El calor extremo registrado desde mayo, sumado a la presión de plagas, está comprometiendo seriamente la cosecha.

Desde el sur de la provincia, Mariano de la Rosa, olivarero de secano en Baena y Cañete de las Torres, apunta que “este año ya se ve algo menos de carga y, como mucho, se espera igualar la campaña pasada”. De la Rosa señala que será clave lo que ocurra en otoño, cuando las lluvias puedan ayudar a definir el volumen final de aceituna.

En el Alto Guadalquivir, Rafael Félix, productor de olivar tradicional, habla de una fuerte vecería respecto al año anterior. A eso se suma una primera ola de calor que, en primavera, se llevó buena parte de la floración. “Además, la incidencia de algodoncillo ha sido considerable y el prays, especialmente agresivo, ha causado pérdidas del 30% al 40% en el cuaje”, detalla.

El escenario no es homogéneo. En Fuente Palmera, Salvador Fernández explica que hay fincas donde el prays ha reducido la producción hasta un 50%, mientras que otras, con nuevas plantaciones, están “incluso algo mejor que el año pasado”. Fernández pone el foco en el manejo del olivar viejo, donde “ha faltado tratamiento y eso ha pasado factura”.

La situación, en cualquier caso, sigue abierta. COAG recuerda que todavía es pronto para cerrar una previsión definitiva. El olivar depende en buena medida de cómo evolucione el otoño, especialmente en lo que respecta a precipitaciones y temperaturas. La campaña aún no está escrita.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha llamado este lunes a proteger el suelo agrícola frente a “la proliferación de las macroinstalaciones de plantas fotovoltaicas”, lo cual ocurre, según ha señalado, “por una falta de regulación que es necesario abordar”.

Según ha explicado en rueda de prensa en Córdoba, de ello se tratará en este mismo lunes en Bujalance, donde responsables de IU analizarán la situación creada en ésta y en otras localidades cordobesas y de Andalucía por la instalación de plantas fotovoltaicas que, según ha asegurado Santiago, están suponiendo “una afectación muy importante a suelos agrícolas, lo cual, sin duda alguna, va a afectar a la soberanía alimentaria y a las perspectivas también de la industria agroalimentaria” en la provincia cordobesa y en Andalucía.

Por eso, según ha subrayado Santiago, “IU es contundente solicitando, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Navarra, una regulación estricta de protección del suelo agrícola. Hay suficiente suelo o otro tipo de instalaciones, incluso instalaciones industriales, adecuadas para soportar la instalación de plantas fotovoltaicas y lo que no parece nada adecuado es que se estén extendiendo de forma masiva en suelo agrícola”.

Esto, según ha indicado, “afecta en primer lugar a la biodiversidad, es decir, estas macroplantas afectan la biodiversidad, afectan a los ecosistemas previamente establecidos, y por supuesto también afectan a la calidad del suelo, pues producen contaminación, y no hay una regulación estricta de las obligaciones de cada una de las partes, de la parte instaladora, de si es arrendadora, si es arrendataria de la planta fotovoltaica”, en cuanto a “quién tiene que retirar estos recursos y en qué plazos cuando quedan ya desfasados o se convierten en residuos y esto es algo sumamente preocupante”.

También, según ha lamentado Santiago, “está afectando en buena medida la potencialidad de la industria turística”, en concreto al turismo rural, con lo que “queda la duda de si estas macroplantas fotovoltaicas realmente benefician a la comunidad o se convierten en un negocio del que, al final, quien se aprovecha son las grandes compañías eléctricas”.

Es más, según ha explicado el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, las plantas fotovoltaicas “no suelen ser precisamente instalaciones que permitan la extensión de cooperativas de generación de energía eléctrica para alto consumo, en muchos casos, sino que están vinculadas a grandes compañías productoras de energía eléctrica”.

Por eso, es necesario abordar “esta problemática, antes de que se vaya de las manos, y ante la falta de regulación clara en Andalucía”, según ha avisado Santiago, quien también ha anunciado que mantiene este lunes en Córdoba “una reunión con asociaciones de Memoria, ante una denuncia que hemos recibido de incumplimiento de las obligaciones de la legislación, en especial respecto a la apertura de fosas”, mientras que también se ha reunido con representantes sindicales, para analizar, especialmente, la situación de los trabajadores del campo, recordando Santiago la apuesta de IU por la reducción de la jornada laboral, de modo general.

Los apicultores temen un verano con un incremento notable del avispón oriental (Vespa orientalis) y sus efectos en Andalucía, ante el “preocupante incremento de avistamientos de reinas esta primavera, lo que anticipa una expansión sin precedentes de la especie durante los próximos meses”, según han advertido desde la organización agraria COAG. La alerta se proyecta sobre la amenaza que el avispón oriental supone para el sector apícola, ya que esta especie es capaz de destruir por completo las colmenas de abejas.

Hay que recordar que, durante el verano de 2024, ejemplares de avispón oriental fueron detectados e identificados en varios puntos de la provincia de Córdoba, como Montilla o la capital y sus barriadas de Trassierra y Villarrubia. Se considera una especie invasiva que destruye insectos autóctonos, como es el caso de las abejas, ya que el avispón oriental se alimenta de abejas, miel y néctar, arrasando en pocos días colmenas completas.

“Este año hemos detectado un número muy superior de reinas respecto a campañas anteriores. Esto indica que nos enfrentamos a un problema mucho mayor conforme avance el verano, especialmente en el pico de actividad previsto para finales de agosto”, ha advertido el responsable de Apicultura de COAG Andalucía, Antonio Vázquez.

Ahora, recuerda que el avispón oriental ya ha sido declarado oficialmente como Especie Exótica Invasora por parte del Estado, una medida que llegó tras la labor constante de denuncia, seguimiento e impulso de la organización agraria con informes y movilización institucional.

Exigen un plan contra su expansión

Por ello, reclaman a la Junta de Andalucía la puesta en marcha inmediata de un plan de control y lucha contra el avispón oriental. COAG Andalucía urge a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a que no demore más la puesta en marcha de un programa específico de actuación, con medios suficientes, coordinación con ayuntamientos y protocolos de detección y destrucción de nidos.

Vázquez insiste en que no se puede esperar a que la expansión alcance niveles críticos: “Es necesario actuar desde ya, con medidas preventivas y no reactivas, para proteger la biodiversidad, la apicultura y los cultivos andaluces, altamente expuestos a esta amenaza”.

Cómo proceder ante la detección de ejemplares

Además, COAG Andalucía reclama que se clarifique de forma urgente cómo debe procederse ante el avistamiento de nidos de avispón oriental, ya que actualmente no existe una vía clara y accesible de actuación para ciudadanos, agricultores ni técnicos municipales.

“Es una cuestión de seguridad ambiental, agraria y sanitaria. No puede ser que, con la especie ya catalogada como invasora, sigamos sin saber qué hacer cuando se detecta un nido. Necesitamos coordinación y una respuesta eficaz desde la administración”, concluye el responsable apícola.

La organización agraria denuncia que se quedó en convocar una mesa de trabajo para tratar estos temas y reitera su disposición a colaborar con la Junta de Andalucía para definir y desplegar una estrategia eficaz que frene la expansión de esta especie y evite daños irreversibles en el medio rural andaluz.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha informado de que, desde este domingo 1 de junio y hasta el 15 de octubre, época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía, queda prohibida la realización de barbacoas --aún en zonas habilitadas para tal fin (áreas recreativas)--, quemas agrícolas y forestales, así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, que son aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los forestales.

Según el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, Antonio Sanz, “la medida tiene como objetivo evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un siniestro forestal, así como proteger el medio natural andaluz durante el periodo de mayor riesgo de incendio”.

Estas restricciones están reguladas por la orden publicada en BOJA el 29 de mayo de 2009, que ya con carácter permanente establece las prohibiciones en el periodo de tiempo anteriormente indicado para todas las anualidades posteriores a su publicación, según ha informado la Junta en una nota.

En cuanto a las excepciones permitidas, siempre bajo autorización expresa y previa de la Delegación del Gobierno correspondiente, se permiten las barbacoas en el caso de establecimientos de alojamientos turísticos autorizados y en restaurantes rurales, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo.

En lo que respecta al tránsito de vehículos a motor, sólo es posible en algunos casos, como el uso de las servidumbres de paso, la utilización de vehículos para servicios de emergencia o extinción de incendios, los servicios ecoturísticos autorizados, o la celebración de romerías, entre otros.

Por otro lado, Sanz ha señalado que “la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía centrará todos sus esfuerzos en proteger la naturaleza, destinando los recursos y esfuerzos necesarios para hacer cumplir las restricciones que conlleva la época de peligro alto riesgo”.

Desde la Junta se hace un llamamiento a “la prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía durante su estancia en el medio natural y se le solicita una actitud responsable cuando se encuentren en contacto con la masa forestal”. De esta forma, según la Junta, podrán evitarse incendios que puedan poner en peligro a núcleos urbanos, a la naturaleza y a los propios equipos de extinción, y ha recordado que, ante cualquier avistamiento de humo o llama, debe alertarse a los servicios de emergencias llamando al teléfono 112.

El calor ya está en Córdoba desde el pasado fin de semana. Desde entonces, la provincia está experimentando una subida paulatina de las temperaturas que ya dejó este miércoles el primer aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa que, en principio se extenderá hasta este viernes, con máximas de hasta 40 ºC. Pese a ello, la jornada intensiva para los trabajadores que están expuestos de manera directa al sol y al calor no empezará hasta junio, dejando al albor del empresario que este respete la reciente normativa prevista para que los empleados trabajen sin poner en riesgo su vida

Los primeros en acogerse a la jornada intensiva serán los trabajadores del campo, que lo harán el próximo lunes 2 de junio. Por contra, los empleados de la construcción podrán trabajar de 7:00 a 14:15 —al sumar los 15 minutos del bocadillo— a partir del 16 de junio. En este caso, los albañiles tendrán una semana menos de jornada intensiva con respecto al año pasado, ya que volverán al horario habitual el 5 de septiembre, cuando en 2024 fue el 13 de dicho mes. CCOO ya denunció que este recorte de la jornada intensivo responde a una negativa de la patronal de la construcción.

Según ha informado este medio el sindicato CCOO, aunque la jornada intensiva no pueda aplicarse en la construcción hasta el 16 de junio, el Real Decreto-ley 4/2023 (RD), de 11 de mayo, establece la obligación al empresario de prever medidas adecuadas frente a los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos, ya sea por frío, viento, lluvia o calor. Entre esas medidas, CCOO enumera algunas, como proporcionar más descansos, realizar los trabajos físicos más fuertes a primera hora de la mañana y asegurar el acceso a agua fresca. Además, si la Agencia Estatal de Meteorología emite un aviso naranja o rojo, el Real Decreto señala que el empresario debe reducir o modificar las horas de desarrollo de la jornada prevista.

Independientemente de lo que se estipula en este RD, CCOO, recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece temperaturas máximas para el trabajador, y si estas se sobrepasan, este tiene derecho a no trabajar alegando que su seguridad y salud están en riesgo. En los casos en los que la empresa no pueda garantizar la seguridad y la salud de los empleadores a pesar de las adaptaciones, “debe enviar a los empleados a casa”, afirman de manera clara desde el sindicato.

Qué hacer si la empresa no cumple

¿Y si el empresario no cumple con la legislación que ampara al trabajador? Desde CCOO apuntan que el empleado no debe abandonar su puesto de trabajo sin comunicarlo, ya que esto podría considerarse abandono y ser causa de despido. Así, la acción recomendada es comunicar al superior directo o a la persona de la que se dependa estructuralmente que las condiciones de temperatura no son seguras para trabajar. Se debe solicitar la adaptación del puesto, la provisión de medios como aire acondicionado, ventilación o agua fresca. Si la empresa insiste en que se continúe trabajando a pesar de las condiciones inseguras, se aconseja solicitar esta directriz por escrito como prueba.

Si hay representación sindical en la empresa, ya sea por delegados o por Comité de Empresa, el empleado podrá dirigirse a ellos, que se encargarán de trasladar la situación, hablar con el empresario y, si es necesario, interponer la denuncia ante la Inspección de Trabajo. Si la entidad no tuviera esa representación sindical, el empleado puede dirigirse directamente a los sindicatos o denunciar los hechos directamente ante la Inspección de Trabajo. Para esto último, CCOO conseja documentar las condiciones de trabajo, principalmente, a través de fotografías.