Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Córdoba capital, convocadas por el sindicato CTA, han protagonizado este martes por la tarde una manifestación por el centro de la ciudad para protestar por el incumplimiento del convenio del sector por parte de la empresa adjudicataria de dicho servicio, Atende Servicios Integrados S.L.

Las empleadas han llevado a la calle las reivindicaciones que desde hace tiempo llevan exponiendo en los plenos municipales del Ayuntamiento -como administración responsable del servicio y el contrato con la empresa- y en otra serie de protestas ante los medios de comunicación, para señalar sus condiciones laborales que no se ajustan al convenio del sector.

Desde CTA, en representación de las trabajadoras, señalan que esta protesta “es fruto del sistemático incumplimiento del convenio del sector, ya que llevan prestando el servicio un año y medio y, por más que hemos intentado dialogar, no nos ha quedado más remedio que denunciar, y aun así han seguido con numerosos incumplimientos”.

Entre ellos, señalan descuentos indebidos en las nóminas, no otorgar permisos retribuidos, no respetar la desconexión digital incluyendo descansos y festivos, impagos por la rebaja de la jornada en 2025, además de soportar cuadrantes de trabajo de hasta 48 horas a la semana o partir jornadas parciales, entre otras cuestiones.

Ante ello, las trabajadoras se han manifestado en un recorrido desde las puertas del Ayuntamiento de Córdoba hasta la sede de la empresa adjudicataria del servicio ubicada en el Bulevar de Gran Capitán y anuncian una huelga para el mes de mayo.

Trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio ligado a la Dependencia en Córdoba han denunciado ante el Pleno del Ayuntamiento el recorte de derechos tanto a usuarios como a las propias empleadas de la empresa adjudicataria de este servicio municipal.

Como en otras ocasiones, las representantes de las trabajadoras han acudido al Pleno y esta vez han tomado la palabra, al abordar los grupos políticos una moción sobre este asunto que ha presentado Hacemos Córdoba. Como delegada sindical de CTA y en nombre de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, Mari Paz Ruiz, ha intervenido ante el plenario: “la empresa está quitando derechos a usuarios y trabajadoras, campando a su anchas sin que nadie les pare los pies”, ha denunciado.

En ese sentido, las trabajadoras han asegurado que “en otros ayuntamientos se fiscaliza el servicio y abren expediente sancionador a las empresas que no cumplen con los derechos de los usuarios ni de los trabajadores”. Por eso, ha reclamado que “este Ayuntamiento tiene el deber de velar por los derechos de los usuarios y fiscalizar a la empresa como correponde”.

Ruiz ha recordado que “el servicio se ha ido degradando en derechos laborales y lo digo con los 27 años de experiencia que tengo”, ha señalado sobre pérdida de derechos laborales, recortes salariales y cotizaciones, además de encontrarse con problemas ante bajas y sustituciones. “Los derechos se pierden a una velocidad pasmosa”.

“La plantilla está ya cansada y hemos dicho hasta aquí. No nos quedan más medidas legales que tomar. Y volvemos a solicitar una reunión con la concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, para que podamos trasladar todos los problemas que tenemos y los pasos que vamos a dar”, ha pedido. Y ha solicitado “al Ayuntamiento y al alcalde -José María Bellido- que medie ante esto y se nos escuche”.

Posiciones de los grupos políticos

Por parte del gobierno local, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, se ha comprometido a mantener una reunión con las representantes de las trabajadoras, si bien no ha entrado en el debate a ahondar sobre la situación que viven. Sobre el funcionamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia, ha defendido la gestión de la Junta de Andalucía sobre los pasos para la atención de este servicio para reducir la lista de espera, si bien ha admitido la lista de espera que existe actualmente. “Hemos hecho todo lo que hemos podido en estos siete años”, ha dicho sobre la acción del PP en la Junta.

Hacemos Córdoba ha llevado al Pleno una moción en la que se reclamaba del Ayuntamiento de Córdoba “la supervisión estricta del cumplimiento del convenio y pliego de condiciones. En caso de persistencia en los incumplimientos, proceder a la resolución del contrato y consideración de gestión pública directa del servicio, dando seguridad y dignidad al trabajo”. Y, junto a ello, “exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento estricto de los plazos legales en la valoración y concesión de prestaciones por dependencia, con envergadura de saneamiento urgente del sistema. Solicitar un plan de choque que reduzca drásticamente las listas de espera, con fechas límite concretas para cada expediente”, cuestiones que ha defendido en el debate la edil Irene Ruiz, que ha acusado a la adjudicataria de “pisotear” a las trabajadoras.

Por parte del PSOE, el edil Ángel Ortiz ha criticado a la Junta por la aplicación de la ley Dependencia, con “engaños y mentiras”, mientras los usuarios sufren la lista de espera. “En Córdoba 4.500 personas siguen esperando la atención y hay quienes han fallecido sin tenerla”. Sobre la situación de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, se ha hecho eco de sus denuncias de “situaciones de acoso y presión laboral, incumplimiento del convenio y contratos, jornadas fragmentadas, etc”. Y ha reclamado que, en esta situación, “el Ayuntamiento no es un actor neutral, debe vigilar el cumplimiento de la prestación de este servicio esencial”.

Por parte de Vox, su portavoz, Paula Badanelli, ha mostrado la posición de su grupo del lado de las reivindicaciones de las trabajadoras y ha criticado la acción de “marketing” de la Junta de Andalucía sobre la aplicación de ley de Dependencia.

El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, en su portal de transparencia, incluye por error una ayuda al Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba) que asciende a más de 22.000 millones de euros. La desorbitada cifra, que equivale a casi la mitad del presupuesto de toda la Junta de Andalucía para el próximo año o a 40 veces más que el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2026, se mantiene visible desde hace unas semanas en este portal de transparencia.

En una búsqueda de las mayores subvenciones concedidas a distintas instituciones, el Ayuntamiento de Fernán Núñez 'se corona' como el líder con esta subvención que por error se cifra en, en concreto, 22.025.016.570 euros, según ha podido constatar este periódico en el Portal de Subvenciones y avanzó The Objective.

Según lo publicado en el portal, el beneficiario de la subvención sería el Ayuntamiento de Fernán Núñez, se habría concedido el 22 de octubre pasado y la ayuda está vinculada a la convocatoria del Programa Provincial de Ayuda a Domicilio que establece el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación cordobesa. Este programa en su conjunto para toda la provincia tiene un presupuesto asignado de 'solo' 73 millones, muy lejos de los 22.000 millones que señala la subvención errónea.

De hecho, los 22.000 millones de esa hipotética subvención a Fernán Núñez sitúa al municipio cordobés como el mayor beneficiario de subvenciones de toda España en este año, por encima de todo tipo de instituciones, empresas y organismos. Pero, como avanzaba The Objetive, esto solo ha sido un error en la publicación del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas: no se ha concedido tal subvención ni el consistorio cordobés la recibirá.

No obstante, este martes 2 de diciembre la cifra permanecía aún publicada en el portal de subvenciones, asociada al Ayuntamiento de Fernán Núñez.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha informado del acuerdo alcanzado con la empresa encargada de prestar el servicio de ayuda a domicilio en la capital, Atende, tras haber interpuesto con anterioridad una demanda a la misma por no cumplir con el punto del convenio que estima la jornada completa en 38 horas y media y someter a las trabajadoras a jornadas semanales de 39 horas durante todo el presente año. Más de 1.800 trabajadoras llevan a cabo su labor en este servicio externalizado de la Junta de Andalucía para atender a personas dependientes.

En el acuerdo extrajudicial, la empresa reconocería la falta cometida con las trabajadoras, con las que se compromete a realizar un pago en este mes de noviembre con el importe de todas las horas acumuladas por este concepto desde el 1 de enero de este año y las que se sumarán hasta el próximo 31 de diciembre. El pago único llegará a las trabajadoras bajo la nomenclatura de “atrasos salarios” y con la referencia anual de las 1735 horas.

Del mismo modo, Atende se compromete a que, llegado el mes de enero, las trabajadoras asumirán las 38 horas y media de trabajo que les asigna el convenio, regularizándose definitivamente esta situación que UGT SP denunció y que estaba pendiente de juicio para el próximo 14 de noviembre.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Mari Carmen Heredia, destacó este logro sindical “por su especial significado para estas mujeres luchadoras que fácilmente pueden vivir una situación de engaño, trabajando más tiempo como este caso según lo que les corresponde por convenio y no recibiendo la recompensa en modo de compensatoria correspondiente y, si nos damos cuenta, cada año tiene algo más de 52 semanas, lo que se traduce en que, finalmente, aquellas que trabajaron 39 horas semanales todo el año cobrarán una compensatoria por más de 26 horas anuales, una suma que no es cualquier cosa y que les corresponde por Ley, y el resto la parte proporcional a las semanas trabajadas con una jornada de 39 horas”. Heredia mostró la satisfacción del sindicato por el logro obtenido y señaló que se llevará a cabo un seguimiento a la empresa para comprobar el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer una resolución tramitada ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba por la que insta a que “sin más dilación” se impulse la aprobación del nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios para una mujer gran dependiente de 93 años, para la que se propuso una mayor intensidad del servicio de ayuda a domicilio.

Según ha difundido la oficina del Defensor, la familia de la nonagenaria exponía que tenía reconocido el Grado III, de Gran Dependencia por el que ya disfrutaba del servicio de ayuda a domicilio, pero dada su situación, en noviembre de 2023 presentó solicitud para la revisión del programa individual de atención para adecuar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio a su estado. Tras no recibir resolución de la Junta, se dirigió al Defensor, que admitió a trámite su queja.

Esta institución requirió información a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que, casi un año después de la solicitud presentada por la familia de la anciana, respondió que las solicitudes de revisión del programa individual de atención a dependientes “se están tramitando por su orden de incoación”.

Pasado el tiempo y sin tener noticia de la resolución - “la interesada nos informa que no se ha producido avance alguno en la tramitación de expediente de esta mujer de 93 años de edad y condición de gran dependiente”-,  personal de la oficina del Defensor volvió a constatar en febrero de 2025 que la propuesta del plan individual de atención con el aumento de la ayuda a domicilio estaba aún pendiente del dictado de la correspondiente resolución.

“Aluvión de peticiones”

En la tramitación de esta queja, la Junta argumenta ante el Defensor que “la publicación del RD 675/2023, de 18 de julio, ha supuesto un verdadero aluvión de miles de peticiones de revisión para la adecuación de las horas, habiéndose atendido esta revisión de noviembre de 2023 por su orden de entrada, pasando ahora, tal como se ha dicho a la siguiente fase de elaboración de la Propuesta por los Servicios Sociales, los cuales también han visto incrementar enormemente su carga de trabajo”.

Con todo, el Defensor acuerda instar a la Junta a que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la correspondiente resolución por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso una mayor intensidad del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”, dice el escrito de esta institución.

Asimismo, traslada “una vez más, nuestra profunda preocupación por la demora que afecta a los expedientes de dependencia, sobre todo cuando la persona dependiente tiene edad avanzada y delicado estado de salud, como es este caso”.

“En estos supuestos, el tiempo en la tramitación es una cuenta atrás en sus vidas, de ahí que debamos insistir en la importancia de cumplir con los plazos establecidos en la normativa o con una demora prudencial, evitando así que la persona solicitante llegue al término de su vida sin disfrutar de un derecho que le corresponde”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado a conocer una resolución tramitada ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba por la que insta a que, “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante”, en referencia a una persona dependiente de 90 años y que, a la fecha de la resolución del Defensor ya llevaba un año esperando la atención de ayuda a domicilio.

Según ha difundido la oficina del Defensor, la mujer que hacía llegar su queja, de 90 años, tenía reconocido el Grado I, de dependencia moderada, elaborándose en el mes de febrero de 2024 la propuesta de plan de atención individual (PIA) en el que se proponía el servicio de ayuda a domicilio con una intensidad de 20 horas mensuales. Pasados los meses sin recibir esa prestación, elevó una queja al Defensor.

Esta institución requirió información de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, respondiendo esta que “el expediente está pendiente de estudio para poder determinar su capacidad económica” y la prioridad de la actuación.

Un año después de iniciada la tramitación de la queja, la familia de la mujer nonagenaria aseguraba al Defensor que seguía sin recibir la ayuda a domicilio propuesta por los profesionales. “Reitera la pretensión de la dependiente, además muestra su preocupación por la avanzada edad de la afectada y su poca esperanza de una pronta resolución”.

Ante ello, el Defensor dictó una resolución “por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso la nueva intensidad de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

Asimismo, en la exposición de los hechos y consideraciones sobre este caso, el Defensor traslada “una vez más, nuestra profunda preocupación por la demora que afecta a los expedientes de dependencia, sobre todo cuando la persona dependiente tiene edad avanzada y delicado estado de salud, como es este caso. En estos supuestos, el tiempo en la tramitación es una cuenta atrás en sus vidas, de ahí que debamos insistir en la importación de cumplir con los plazos establecidos en la normativa o con una demora prudencial, evitando así que la persona solicitante llegue al término de su vida sin disfrutar de un derecho que le corresponde”.

La Fundación Don Bosco Salesianos Social en Córdoba está desarrollando desde enero hasta agosto de 2025 un nuevo proyecto para facilitar ayudas ante la situación de vulnerabilidad de muchas familias del Distrito Sur.

Gracias a la firma de un convenio en colaboración con la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, se está realizando el proyecto “RESILIENCIAS: PROGRAMA DE APOYO Y AYUDA INTEGRAL A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO SUR”, cuyas actuaciones buscan dar respuesta a las problemáticas que presentan las unidades familiares en riesgo de exclusión que nos han sido derivadas por Servicios Sociales Comunitarios de la zona, y donde les ofrecemos un recurso integral que les facilite los mecanismos necesarios para la consecución de una mayor calidad de vida.

El proyecto está dotado por 20.000 euros, y busca garantizar una respuesta ajustada a las demandas actuales de estas familias, desarrollando actuaciones integrales que les permitan mejorar su situación actual de vulnerabilidad, y abriendo nuevas oportunidades a la población residente en la zona de transformación social del Distrito Sur, que sigue siendo uno de los barrios más pobres de España, según se reflejan en los últimos estudios.

Durante estos meses, las familias participantes han participado de lunes a viernes en diversas actuaciones grupales, y donde han desarrollado desde actividades para cubrir sus necesidades básicas como ha sido a través de la elaboración y reparto de alimentos a través de menús saludables, hasta talleres grupales formativos como la obtención del carnet de manipulador de alimentos, sesiones sobre la organización el presupuesto familiar, talleres para el desarrollo de competencias digitales y sesiones formativas sobre los recursos del entorno, entre otras. Además, se les ha facilitado actividades donde trabajar el desarrollo de las competencias personales, emocionales y sociales que favorezcan la convivencia familiar y la inclusión social, y se les ha orientado hacia la participación en recursos públicos de empleo para promover a su vez la inserción laboral.

Por otro lado, se ha trabajado también la participación social a través de la realización junto con otros recursos de la zona de acciones comunitarias, en las que se ha promovido principalmente la igualdad de género y la eliminación de estereotipos y prejuicios, y eliminando barreras para la convivencia positiva en la zona.

“Este proyecto es una gran ayuda para mi familia, ya que nos resulta complicado llegar a final de mes con los gastos. Además, me ha permitido conocerme a mí misma y saber que tengo capacidades para seguir adelante con todo, que si me lo propongo puedo conseguir un cambio en mi vida actual” comenta una de las participantes. “He conocido a otras familias de mi barrio, y siento que cuento con más apoyos. No me siento tan sola ni tan perdida, cuento con un espacio de confianza donde encontrar la ayuda que necesito ”

Hasta este momento, hemos contado con la participación de 53 familias, un total de 210 personas, muchos de ellos menores, que han sido atendidas en el proyecto, buscando ofrecerles la mejor respuesta ante cada situación familiar. Estas unidades familiares han sido derivadas al recurso por los propios Servicios Sociales de la zona tras detectar situaciones de vulnerabilidad, y de especial atención, manteniéndose en todo momento coordinaciones continuas entre ambos recursos para ofrecerles a las familias la mejor respuesta en base a las necesidades que se vayan detectando.

Más de 2.000 personas en situación de dependencia en la provincia de Córdoba están a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva su solicitud de revisión del Programa Individual de Atención (PIA), el documento que reconoce oficialmente el derecho a recibir ayuda a domicilio en mayor intensidad. Este retraso, que supera el plazo legal de tres meses establecido por el Decreto-ley 3/2024, ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a abrir una investigación de oficio por posible vulneración de derechos fundamentales.

La situación afecta especialmente a personas con grado I de dependencia (moderada), que a raíz del nuevo Real Decreto, tienen derecho a recibir un mínimo de 20 horas mensuales de ayuda, frente a las 10 que venían recibiendo. Sin embargo, la aplicación de esta mejora exige una revisión formal del PIA, y los retrasos generalizados en su tramitación han bloqueado el acceso efectivo al nuevo derecho.

Según los datos aportados por la Delegación Territorial de Inclusión Social en Córdoba al Defensor del Pueblo Andaluz, el volumen de solicitudes en tramitación es considerable: Más de 1.100 expedientes de personas con dependencia moderada (Grado I), aproximadamente 500 expedientes en revisión para dependencia severa (Grado II) y 417 expedientes pendientes para personas con gran dependencia (Grado III).

En total, 2.017 expedientes están sin resolver, a pesar de que muchas de estas personas iniciaron el procedimiento entre enero y marzo de este año. Según la normativa vigente, la administración autonómica tenía un plazo máximo de tres meses para resolver, algo que claramente no se está cumpliendo.

Posible vulneración de derechos

Ante el aluvión de quejas recibidas desde distintas provincias —con Córdoba entre las más afectadas—, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido abrir una investigación de oficio. El objetivo es valorar si los retrasos suponen una vulneración del derecho a una administración eficaz y a la atención social reconocida legalmente.

“Es inaceptable que cientos de personas sigan esperando una resolución que debe dictarse en tres meses por ley. En muchos casos, hablamos de personas mayores que han fallecido sin haber recibido nunca la ampliación de horas que les correspondía”, señala el informe del Defensor.

Además, se ha requerido a la Junta que aporte información precisa y detallada sobre: el número de solicitudes por tipo de dependencia, las fases de tramitación en las que se encuentran (valoración, informe, validación), los recursos presupuestarios y personales destinados a la resolución de los expedientes y las medidas correctoras o de refuerzo previstas.

Las familias, al límite

Organizaciones sociales y asociaciones de familiares denuncian que el retraso en la adecuación del servicio está dejando a muchas personas sin cobertura suficiente, obligando a las familias a asumir la atención directa o a contratar servicios privados.

La Junta de Andalucía admite que los retrasos existen, pero los atribuye a un “colapso administrativo sobrevenido” por la entrada en vigor del nuevo decreto, que ha generado una “avalancha” de solicitudes difícil de absorber con los recursos actuales.

Fuentes de la Delegación Territorial explican que la tramitación se realiza en varias fases —valoración técnica, propuesta municipal, validación final— y que la validación es el cuello de botella más crítico, debido a la falta de personal administrativo para revisar los expedientes.

Desde el Gobierno autonómico aseguran que se están tomando medidas para agilizar el procedimiento, entre ellas, el refuerzo de personal en las delegaciones territoriales, la digitalización de parte de los procesos de validación y la reducción de la documentación requerida para casos repetidos.

Un problema estructural

Esta situación no afecta solo a Córdoba, sino que tiene alcance regional, y pone de manifiesto una debilidad estructural en el sistema de atención a la dependencia en Andalucía. Según el Defensor del Pueblo, la administración debe revisar su capacidad de respuesta ante reformas normativas que generan derechos subjetivos inmediatos, como es el caso del aumento de horas mínimas para dependencia moderada.

Además, el informe alerta sobre la brecha de desigualdad territorial, ya que no todas las provincias están igual de afectadas, y algunos municipios —por falta de recursos o de coordinación— presentan tasas de tramitación mucho más bajas que otros.

La concejala de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Irene Ruiz y la representante sindical de CTA en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), Mari Paz Ruiz, han denunciado públicamente este viernes la “grave” situación que atraviesan las trabajadoras de dicho servicio municipal, gestionado por la empresa Atende, y han exigido al gobierno local del PP “que actúe con responsabilidad y rescinda el contrato con la adjudicataria”, por “vulnerar” los derechos laborales de estas trabajadoras.

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Irene Ruiz ha lamentado que, “a pesar de las denuncias realizadas ya el año pasado” por parte de su grupo municipal y de las propias trabajadoras, la situación “no haya mejorado en absoluto”, ya que la empresa adjudicataria “continúa incumpliendo de forma reiterada el convenio colectivo que regula las condiciones laborales del personal, vulnerando derechos fundamentales y obligando a prestar un servicio esencial en condiciones indignas”.

“Volvemos a estar ante una vulneración sistemática y estructural de los derechos laborales”, según ha asegurado Ruiz, quien ha exigido al gobierno municipal del PP “que actúe con firmeza y deje de mirar hacia otro lado. El incumplimiento reiterado del convenio colectivo y de los derechos laborales es causa suficiente para resolver el contrato”.

Por su parte, la representante de CTA en el SAD, Mari Paz Ruiz, ha criticado la negativa de la empresa “a reconocer permisos retribuidos, la falta de respeto a la desconexión digital, jornadas laborales que superan con creces el máximo legal, con trabajadoras obligadas a realizar hasta once horas al día, y cuadrantes de trabajo que se notifican por teléfono o correo desde las 7,00 horas hasta bien entrada la noche”.

“La empresa no cumple el convenio, ni el pliego de condiciones, ni siquiera el Estatuto de los Trabajadores”, ha afirmado Mari Paz Ruiz, quien ha calificado de “dantesca” la situación laboral a la que se ven sometidas sus compañeras, y ha lamentado también “el boicot sistemático de la empresa a los procesos de mediación abiertos en el Sercla, acudiendo a las reuniones sin intención alguna de llegar a acuerdos, solo para poder irse cuanto antes e ir ganando tiempo hasta que se celebren los juicios”.

La representante de CTA ha criticado, igualmente, “la actitud del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento”, por “no asumir su responsabilidad como administración contratante”, cuando “el pliego obliga al Ayuntamiento a velar por el cumplimiento de todos los aspectos del contrato, también los laborales, pero se desentienden y miran para otro lado”, ha advertido Mari Paz Ruiz.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha anunciado este miércoles la presentación de una demanda ante “los reiterados incumplimientos que la empresa Atende realiza respecto a la reducción de jornada a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la capital”.

Según ha informado el sindicato, tras haber mantenido un Sercla, las delegadas de UGT no han podido llegar a un acuerdo con la empresa sobre la reducción horaria que, señalan, “viene recogida en el convenio colectivo para este año 2025, estableciendo una jornada máxima anual de 1.735 horas sobre una media de 38,5 horas semanales consideradas en cómputo semestral”, algo que “a fecha de hoy todavía no se ha comenzado a computar, mientras que la empresa dice que no reducirá la jornada de momento”, han apuntado.

Ante esta situación, desde UGT SP han avanzado que van a proceder a poner una demanda judicial. La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de la federación ugetista, Mari Carmen Heredia, ha subrayado que “no se trata de la única irregularidad que está cometiendo la empresa, ya que tampoco aumenta la jornada de trabajo a aquellas trabajadoras que lo tienen solicitado mientras que conceden más horas en nuevos contratos despreciando con ello a las trabajadoras más antiguas, y siguen sin respetar el obligado preaviso de 48 horas para dar los servicios, llamando a las trabajadoras el día anterior o incluso momentos antes de que comience el mismo servicio para el que avisan”.

Otro asunto que Heredia ha remarcado es “el cambio de zona de los servicios por cercanía al domicilio de las trabajadoras, concediendo estos servicios a otras trabajadoras”, algo que “demuestra un absoluto desprecio al bienestar de estas trabajadoras esenciales y a sus derechos como tales”, ha enfatizado.

Además, la secretaria de UGT ha advertido de que “la judicialización de la situación que se vive en Atende se produce tras solicitar, por segunda vez, una reunión para tratar estos incumplimientos, sin tener respuesta por parte de la empresa, como viene siendo habitual”.

Así, ha defendido que “desde el diálogo y la negociación podemos llegar a acuerdos para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, pero no encontrarnos con actitudes como esta”, de modo que “no nos queda más remedio que acudir a la vía judicial, algo que debería ser innecesario, máxime cuando hablamos, una vez más, de un servicio público licitado en el que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, una vez más, se lavan las manos”, ha expuesto.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este viernes “los incumplimientos” de la empresa de la ayuda a domicilio que opera en la capital ante “la pasividad del gobierno local de Bellido, que se había comprometido a fiscalizar la gestión de este servicio sin que hasta la fecha las reuniones mensuales llevadas a cabo hayan supuesto una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras”. Por ello, el PSOE plantea recuperar la gestión directa del servicio a través de una encomienda a una empresa municipal.

En una rueda de prensa, Moya ha afirmado que “las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio siguen sufriendo muchos problemas a la hora de realizar su trabajo, como incumplimientos de convenio y condiciones laborales que hoy en día no se aceptarían en la inmensa mayoría de trabajos, pero que ellas se ven obligadas a tolerar”.

“Hablamos de una plantilla de más de 1.500 trabajadoras, que llegan a superar las 1.700 con las contrataciones temporales para las sustituciones en vacaciones, y donde es frecuente que vean cómo los permisos laborales recogidos en su convenio o el Estatuto de los Trabajadores se incumplen con demasiada frecuencia”, ha informado, aludiendo a que “disfrutar de un permiso por cuidado de familiar no puede estar supeditado a la valoración de la empresa de si la enfermedad que lo ha causado es más o menos grave, entrando en la valoración médica y no en la tramitación de un permiso justificado con la documentación pertinente”.

La edil ha reiterado que “siguen siendo muchas las dificultades laborales que estas mujeres encuentran todos los días”, y entre ellas ha citado “vejaciones verbales y agresiones que a veces han llegado a ser físicas, condiciones lamentables de salubridad en los domicilios que tienen que atender --como trabajar en una caravana insalubre en mitad de una parcela--, servicios sin supervisión de la coordinadora donde se especifique qué actuación es la que realmente hay que hacer, modificación de los servicios en el mismo día, desplazamientos controlados por Google Maps al minuto, y todo ello por un sueldo de 1.134 euros brutos si tienes contrato a jornada completa”.

Incluso ha comentado que “se han dado casos en los que a trabajadoras víctimas de violencia de género no se les ha cambiado el horario de trabajo para poder asistir a su necesaria terapia en el IAM”, al tiempo que ha reprochado que “la empresa tampoco cumple con la formación necesaria que debe ofrecer tanto a las trabajadoras que va incorporando como a las que llevan ya años”.

“Estas trabajadoras son las que atienden y cuidan de nuestros mayores, de nuestras personas dependientes, aquéllos que por circunstancias personales del entorno familiar o por las características de la ayuda necesaria no podemos atender en el núcleo familiar, y se encuentran con muchas dificultades planteadas por una empresa que se hace con un contrato de más de 200 millones de euros pero que gestiona como la frialdad de las grandes empresas que sólo miran los números”, ha criticado Moya.

Ejemplos en otros municipios

Desde el grupo del PSOE se ha planteado recuperar la gestión directa de este servicio ante “los incumplimientos, que redundan en una atención de peor calidad”, y ha citado varios ayuntamientos que han municipalizado el servicio, como San Fernando (Cádiz), o que están en camino de hacerlo, como Puerto Real, a través de una encomienda de gestión a una empresa municipal.

“El proceso no es fácil ni sencillo, pero llegado el momento en que este contrato ha adquirido tal dimensión, es necesario que nos planteemos buscar, en colaboración con la Junta de Andalucía que financia el servicio, cambiar el modelo de gestión para mejorar la calidad de su prestación, las condiciones de las trabajadoras y, por tanto, la vida de los ciudadanos que lo reciben”, ha defendido.

Según ha expuesto Moya, “es una prueba de que la eficiencia económica, como muchas veces vemos, no siempre viene de manos de la empresa privada, sobre todo cuando hablamos de derechos y no de productos”.

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya y la concejala de Hacemos Córdoba en el Consistorio Irene Ruiz han exigido este martes al gobierno local del PP que “ponga pie en pared, tome cartas en el asunto y no se escude en la contratación externa” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), “para que intervenga y dé garantías laborales a las trabajadoras que lo prestan, así como el cumplimiento de los derechos que les pertenecen y que están recogidos en convenio”.

Tanto Moya, como Ruiz, han recordado que “desde que la empresa Atende comenzó a prestar el servicio el 1 de septiembre de 2024, ha incumplido de manera sistemática el convenio colectivo” y, “pese a las reiteradas solicitudes a la delegada de Servicios Sociales para mediar y buscar soluciones, la situación no ha hecho más que empeorar”, por lo que ambas formaciones han instando al Ayuntamiento, “como garante de la correcta ejecución del contrato, que intervenga de forma inmediata y contundente para garantizar los derechos laborales de estas trabajadoras y la calidad del servicio que prestan”.

Alicia Moya ha insistido en que la moción que ambas formaciones llevan a Pleno para exigir al Ayuntamiento que intervenga es “perfectamente asumible, porque lo que estamos pidiendo en cada uno de los puntos es el cumplimiento simple y llano de los pliegos de condiciones del contrato, así como del convenio colectivo”, y que se sopese la posibilidad de “abrir un procedimiento de sanción por incumplimiento e incluso, si la empresa se enroca, abordar la resolución del contrato e iniciar los trámites para una nueva adjudicación del servicio”.

Por su parte, Irene Ruiz ha señalado que, desde Hacemos Córdoba, “siempre hemos defendido la municipalización del SAD, y las situaciones que estamos viviendo confirman la necesidad de que servicios esenciales sean gestionados de manera directa. Pedimos que se abra una mesa de trabajo para analizar la viabilidad de esta medida, porque si en otros municipios es posible, Córdoba no tiene ninguna traba legal más allá de la voluntad política”.

“No podemos seguir permitiendo que las administraciones externalicen servicios, paguen puntualmente con dinero público y luego miren hacia otro lado cuando las empresas adjudicatarias precarizan a las trabajadoras y empeoran la atención a los usuarios. La única manera de garantizar estabilidad laboral y un servicio digno es asumir la gestión pública”, según ha señalado Ruiz.

Por su parte, Mari Paz Ruiz ha expuesto el testimonio de las trabajadoras, y ha asegurado que Atende “ha incrementado el número de incumplimientos”, afectando gravemente la estabilidad laboral de unas trabajadoras, que perciben “salarios por debajo del SMI”.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha concentrado ante la Delegación del Ministerio de Trabajo y Economía Social como parte de una serie de movilizaciones reivindicativas por la situación que atraviesan las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la capital cordobesa, situación que han denunciado ante la Inspección de Trabajo.

Según han señalado desde el sindicato, “los continuos incumplimientos del convenio, recortes de derechos y las enormes dificultades y desprotección que sufren las trabajadoras de este servicio público, unido a su precariedad respecto a las retribuciones que reciben por todo su esfuerzo y dedicación, independientemente de cuál sea la empresa que termine por licitar los servicios, hace imprescindible que el Ayuntamiento que concede el servicio, así como la Junta de Andalucía, responsable última del servicio, se aseguren y exijan el cumplimiento de las normas que están firmadas en el documento de licitación, entre las que se encuentra el cumplimiento del convenio del sector”.

La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha advertido de que “la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo es solo una más de las acciones que nos disponemos a afrontar para conseguir que la empresa cumpla a rajatabla con el convenio colectivo y asuma responsabilidades respecto a la protección de las trabajadoras y a su bienestar laboral, ya que no entendemos cómo empresas que se encargan y responsabilizan del cuidado de personas dependientes pueden tener este grado de dejación y ejercer un deterioro de este calibre con las empleadas que se ocupan de ellos”.

La próxima semana, el sindicato tiene previstas “nuevas acciones de rechazo a la actitud de la empresa y de las instituciones públicas que están permitiendo que esto ocurra sin exigir que se cumpla la Ley con quiénes tienen una relación de prestación de servicios con dinero público, algo inconcebible”, ha expresado Heredia.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas e imputado a una cuarta como presuntas autoras de un delito de pertenencia a organización criminal, otro, contra los derechos trabajadores; y un tercero, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las detenciones se produjeron a finales de 2024, tras la autorización judicial de entrada y registro en una empresa situada en la zona centro de esta ciudad, en la que, además, se intervino diversa documentación y dinero en efectivo. 

La operación policial se inició tras tener conocimiento los investigadores de que una empresa dedicada a la asistencia a personas enfermas, de avanzada edad, con limitaciones de movilidad o personas con discapacidad física o psíquica, se estaría dedicando a la contratación de ciudadanos de origen extranjero en situación administrativa irregular para llevar a cabo estos servicios.

Durante la investigación se pudo determinar que la empresa investigada realizaba contrataciones laborales a ciudadanos extranjeros carentes de permisos de residencia y de trabajo, cuya situación administrativa en territorio nacional era irregular. Dichos contratos se realizaban de manera verbal, evitando así darles de alta en la Seguridad Social o eludir el derecho asociado a la prevención de riesgos laborales, quedando fuera de la cobertura del sistema sanitario en caso de accidente laboral.

De este modo, la empresa investigada conseguía un mayor beneficio, ya que los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de asistencia por parte de los trabajadores contratados era muy superior al pago que posteriormente realizaba a los empleados.

Finalmente, los agentes encargados de la investigación procedieron a la detención de tres personas y a la imputación de una cuarta, por su presunta participación en estos hechos.

Este lunes se ha llevado a cabo una concentración en el número 5 del bulevar del Gran Capitán de Córdoba, entre las 18:00 y las 20:00 horas. La protesta fue convocada para denunciar “los incumplimientos del convenio colectivo por parte de la empresa Atende, subcontrata del Ayuntamiento de Córdoba encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio”, según los convocantes.

El sindicato CTA convocó una rueda de prensa a las 18:30 en el mismo lugar para exponer los motivos de la protesta, que reunió a varias trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba se ha concentrado este miércoles ante las puertas del Ayuntamiento de la capital para exigir al gobierno municipal que “intervenga y obligue a la empresa con la que licitó el servicio de Ayuda a Domicilio, Atende, a cumplir con el pliego de condiciones firmadas y con el convenio del sector en vigor para las más de 1.700 trabajadoras que cubren este servicio en Córdoba”.

Según han advertido desde la federación ugetista, “la empresa estaría incumpliendo la jornada laboral, imponiendo jornadas de cinco horas en vez de siete horas, como es preceptivo, porque, según avisan desde Atende, no tiene suficientes usuarios”. Por otra parte, han indicado desde UGT SP Córdoba, “se estaría obligando a las trabajadoras a coger vacaciones sin el preceptivo previo aviso de dos meses de antelación recogidos en el convenio”.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP, Mari Carmen Heredia, ha señalado que “cuando se hizo el pliego de licitación, dentro de esas responsabilidades que tiene la empresa, quedó fijado que el Ayuntamiento tiene que garantizar el servicio de las personas trabajadoras, algo que no está ocurriendo en estos momentos”.

La secretaria ugetista, además, ha informado de que el sindicato habría comunicado ya al Consistorio, por medio de un escrito, “todos los incumplimientos que se estarían cometiendo”, sobre lo que, hasta el momento, no habrían tenido ningún tipo de respuesta.

Heredia ha responsabilizado al “Ayuntamiento de que se produzca esta situación” y le ha pedido que “no mire para otro lado, que las trabajadoras están sufriendo muchísimos problemas, porque no se cumple ni la jornada laboral, ni las vacaciones”, a lo que ha añadido que “esta situación pudo derivarse del fallecimiento de un 18% de los usuarios que atendían en 2024”.

No obstante, ha subrayado que “hay también nuevas listas de personas valoradas y queremos que el Ayuntamiento se reúna con la Junta de Andalucía, que es la que lleva este procedimiento, para que saque adelante a estas nuevas listas de usuarios para que puedan trabajar y esas personas puedan ser atendidas después de una larga espera de este servicio que es un derecho”.

“Muchos problemas”

Por su parte, la trabajadora de este servicio de Atende Chelo García ha asegurado que tienen “muchos problemas con esta empresa, que ya estuvo hace algunos años y ya teníamos los mismos, algo que el Ayuntamiento no tuvo en cuenta al concederles el contrato de este servicio público”.

Ha descrito una serie de situaciones sobre las que presentan sus protestas, como que “hay problemas con las trabajadoras en los desplazamientos, algo que denunciamos y no nos los modifican, perdiendo mucho tiempo, mientras que el kilometraje para las que trabajan en la periferia, con distancias distintas de las que plantea la empresa y que no tienen en cuenta el tráfico o el aparcamiento, lo ponen muy por debajo del coste real”.

García ha criticado, asimismo, que “las nóminas aparecen cada mes con un importe distinto y normalmente siempre falta dinero, algo que también ocurre con el tema de la subida salarial mientras que los cuadrantes vienen con exceso o falta de horas, sin pagarse las de exceso que van a una bolsa de horas, y que tampoco las dan en días de descanso, y a quiénes ponen defecto de horas suelen avisarlas para cubrir de urgencia un servicio sin el aviso previo de 48 horas, como aparece en el convenio, lo que genera mucha incertidumbre”.

“Otras quejas --ha señalado la trabajadora-- vendrían referidas a que la empresa no daría un día de descanso por un festivo trabajado, como indica el convenio, o la concesión de un domingo libre al mes para las trabajadoras de fin de semana”.

Entretanto, Heredia ha insistido en “la responsabilidad del Ayuntamiento en hacer cumplir a la empresa lo firmado” y ha reclamado a Atende que “se siente en una reunión con UGT SP para aclarar toda esta serie de incumplimientos”.

Una anciana dependiente de 85 años ha estado más de trece meses esperando que resolvieran el aumento de las horas de ayuda a domicilio que debe recibir, al empeorar su estado tras sufrir una fractura. Ante la espera, una familiar ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha emitido una resolución ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba para que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante”.

En la información proporcionada al Defensor, se explica que la mujer estaba calificada como dependiente moderada de grado I en mayo de 2022, cuando tenía 83 años y recibía por ello diez horas al mes de atención de ayuda a domicilio. Pero en agosto de 2023, la anciana sufrió una caída con fractura de cadera, necesitando un mayor número de horas del servicio.

Por ello, el 7 de septiembre de 2023 una sobrina de la mujer dependiente presentó la solicitud para la revisión del programa individual de atención a su tía, ya que en Grado I se recoge que podrá ser de 20 a 37 horas mensuales. Pero, pasado el tiempo, el Defensor recoge la “preocupación ante el tiempo que deberá esperar su tía para acceder al recurso, atendiendo a que es una persona octogenaria, soltera, sin hijos y que vive sola”.

Ante ello, el Defensor admitió a trámite la queja y requirió un informe a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que señala se procede a “incorporar en el sistema la revisión del PIA correspondiente, para que posteriormente se realice la visita del trabajador/a social en el domicilio, de manera que se proceda a valorar la situación de la persona dependiente nuevamente con el fin de reajustar, si así lo determina el personal técnico, el número de horas a prestar de Servicio de Atención Domiciliaria”.

“Atendiendo a las circunstancias expuestas por la promotora de la queja, esta Institución inició actuaciones ante la Diputación Provincial de Córdoba. En fecha 23 de septiembre de 2024 tiene entrada en esta Defensoría el informe solicitado de cuyo contenido destacamos que la dependiente tiene procedimiento para la revisión del grado de dependencia iniciado desde el mes de septiembre de 2023, habiéndose descargado el informe de condiciones de salud y pendiente de agendar para su valoración. En relación al procedimiento de revisión de PIA, nos informan que está elaborado el nuevo programa individual de atención y pendiente del dictado de la correspondiente resolución aprobatoria por parte de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba”, recoge el Defensor desgranando ya más de un año de espera de la anciana.

Y detalla que el pasado 13 de octubre de 2024, la familiar remitió “un nuevo escrito reiterando su pretensión y mostrándose desesperada ante la demora que afecta a los procedimientos relacionados con la dependencia, debido al empeoramiento del estado de salud de la dependiente y avanzada edad”. Asimismo, destaca que, en esos momentos, la anciana “disfruta de una intensidad inferior a la mínima establecida para las personas con condición de dependiente moderado en la normativa estatal”.

Por todo ello, el Defensor ha reclamado a la administración que “sin más dilación se impulse la solicitud de revisión del programa individual de atención instada por la persona solicitante, mediante el dictado de la correspondiente Resolución por la que se resuelva aprobar el nuevo programa individual de atención elaborado por los servicios sociales comunitarios y en el que se propuso la nueva intensidad de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, como modalidad de intervención más adecuada para la dependiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente”.

Las delegadas de CCOO en la empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Montemayor (Córdoba) han presentado una nueva denuncia contra la misma, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, “por incumplir reiteradamente la correcta aplicación de los derechos laborales recogidos en el Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pesar de haberlo demandado en varias ocasiones por escrito y verbalmente la representación legal de las personas trabajadoras”.

Así, según ha informado CCOO Córdoba en una nota, “el artículo 16 del Convenio Colectivo del SAD recoge el derecho a descanso semanal de 36 horas continuadas, además de las 12 horas correspondiente a descanso entre turnos, por lo que el derecho es de 48 horas ininterrumpidas, y así lo ratifican sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otras muchas de nuestro ordenamiento jurisdiccional español”. Además, en este mismo artículo del convenio se establece que dicho descanso deberá coincidir obligatoriamente en sábado y domingo, “al menos, una vez cada cuatro semanas”.

La responsable del Sector Sociosanitario de CCOO de Córdoba y delegada de personal de la empresa ADL SAD de Montemayor, Leonor Urbano, ha explicado que, “desde hace varios años, venimos denunciando ante la Inspección de Trabajo los reiterados incumplimientos de la empresa, en cuanto a la correcta aplicación del convenio colectivo, habiendo conseguido que hoy sea una realidad el reconocimiento como tiempo efectivo de trabajo los desplazamientos entre domicilios de personas usuarias del servicio SAD, además, de los abonos correspondientes con carácter retroactivo desde la denuncia”.

Igualmente, se ha conseguido, según ha señalado, “la correcta aplicación de otros derechos de conciliación laboral y familiar, en cuanto a adaptación de jornada de algunas trabajadoras, pero a fecha actual, la empresa no da respuesta a la demanda realizada por las delegadas sindicales de CCOO, en cuanto a reorganizar los cuadrantes de trabajo, para que se garantice semanalmente un descanso de 48 horas continuadas y, que uno de ellos, mínimo una vez al mes, sea en sábado y domingo, por lo que, hemos tenido que recurrir nuevamente a la Inspección de Trabajo”.

El Juzgado de lo Social 1 de Córdoba ha condenado a una empresa que gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio en la localidad de La Guijarrosa por vulnerar el derecho a la desconexión digital de las auxiliares. La sentencioa estima la demanda presentada por una trabajadora.

No obstante, según señala el auto, facilitado a este periódico por el sindicato CTA, el conflicto afecta a la totalidad de las trabajadoras subrogadas por la empresa desde el pasado 10 de julio de 2023, tras asumir esta compañía la gestión del servicio previamente adjudicado a otra empresa.

Según la demanda, la empresa contactaba reiteradamente con las auxiliares de ayuda a domicilio fuera de su horario laboral y durante sus periodos de descanso diario, semanal o anual, para ordenar la realización de servicios de sustitución o refuerzo. Siempre según el texto juidicial, si éstas no respondían a las llamadas, la empresa enviaba mensajes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y si no obtenía respuesta, se enviaba un nuevo mensaje informando que el servicio había sido cubierto de otro modo, pese a que se había intentado establecer contacto con ellas en repetidas ocasiones.

Estas prácticas fueron consideradas por el tribunal como una infracción del Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de Andalucía, así como del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

El fallo judicial declara que estas conductas lesionan tanto el derecho a la desconexión digital de las trabajadoras como su derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Asimismo, la sentencia condena a la empresa a cesar de manera inmediata las llamadas y mensajes fuera del horario laboral, prohibiendo cualquier comunicación relacionada con cambios en los servicios asignados si no se encuentra dentro del horario previamente programado.

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba ha instado al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, a “intervenir y mediar urgentemente en los conflictos que están surgiendo con empresas adjudicatarias de contratos municipales, que han generado impagos tanto a trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio como a empresas, principalmente cordobesas, que participaron en la remodelación del Centro de Emergencia Habitacional”.

En este sentido y en una nota, desde Hacemos Córdoba se ha recalcado que “el Ayuntamiento, como administración pública, tiene la responsabilidad de supervisar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente en lo que respecta al pago puntual a las trabajadoras y empresas implicadas”.

La situación actual es “insostenible”, con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio “enfrentando la incertidumbre de no recibir su nómina correspondiente al mes de agosto, así como las liquidaciones que incluyen la parte proporcional de las vacaciones, horas extras y otros complementos salariales”.

“No es aceptable que el alcalde permanezca de brazos cruzados ante esta situación. Estas trabajadoras, que diariamente demuestran su valía, esfuerzo y dedicación en el cuidado de personas mayores y dependientes, merecen que se les pague puntualmente por su trabajo. El alcalde debe mediar con la empresa adjudicataria para garantizar el pago inmediato de las nóminas”, han afirmado desde Hacemos Córdoba.

Además, han criticado “el impago a decenas de empresas cordobesas que participaron en la reforma del Centro de Emergencia Habitacional. Ya en el Pleno de julio, la formación puso en conocimiento del alcalde la deuda pendiente de más de 200.000 euros a estas empresas locales”. “Es inadmisible que el alcalde no haya tomado ninguna acción en estos meses para asegurar que estas empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, reciban el pago por los servicios prestados”, ha añadido la coalición de izquierdas.

El grupo municipal ha subrayado que el Ayuntamiento “debe velar por el cumplimiento de los pagos, incluso cuando se trata de empresas contratadas por la administración”. Asimismo, han señalado que “el tejido empresarial de Córdoba no puede quedar desprotegido. Es esencial que el alcalde actúe de inmediato para resolver esta situación”.