La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, (Córdoba, 1975), ha presentado su renuncia al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; un “cambio que estaba previsto y pactado”. Fuentes de la Consejería ha confirmado así la renuncia de Valle García, adelantada por la SER.

Valle García fue nombrada en diciembre de 2023 cuando era directora gerente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Sustituyó a Diego Vargas. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) desde 1998, hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía y es especialista en Aparato Digestivo desde 2003.

La ya ex directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, han comparecido como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus.

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se personó en el juzgado “con abogado propio” para “defenderse” de la querella presentada por los diputados del grupo socialista en el Parlamento andaluz por “posibles irregularidades” en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Representantes del Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía y de la Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica (Asaenpe) han mantenido una reunión de trabajo para abordar la situación actual y avanzar en la implantación efectiva de la Enfermera Especialista en Enfermería Pediátrica en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este encuentro se enmarca en la hoja de ruta conjunta iniciada el pasado año por ambas organizaciones y cuyo objetivo es impulsar en Andalucía el desarrollo de la Especialidad de Enfermería Pediátrica, regulada desde 2016, pero cuyo despliegue sigue siendo insuficiente.

Durante la reunión, ambas entidades han analizado la evolución en los distintos ámbitos asistenciales y han constatado que siguen sin materializarse medidas clave para su implantación, lo que repercute directamente en la calidad de la atención a la población infantil y adolescente. 

Asimismo, han señalado que Andalucía continúa rezagada respecto a la mayoría de las comunidades autónomas donde esta especialidad ya está implantada, favoreciendo además la fuga de profesionales altamente cualificados hacia otros territorios. 

Petición al nuevo Gobierno

Ante esta situación, Satse y Asaenpe han acordado continuar con su acción conjunta y dirigir sus demandas al nuevo Gobierno andaluz, al que instan a asumir como prioritaria la implantación de la Enfermería Pediátrica y a adoptar de forma inmediata decisiones que permitan desbloquear el desarrollo de esta especialidad en todos los niveles asistenciales.

Ambas organizaciones han subrayado que resulta imprescindible avanzar en la reconversión de puestos en ámbitos hospitalarios pediátricos, en la implantación en Atención Primaria, en la creación de plazas estructurales específicas y en el incremento de la formación especializada.

El Sindicato de Enfermería, SATSE Córdoba, ha denunciado públicamente la grave situación generada por la falta de adjudicación de contratos de Enfermería en distintos centros sanitarios de la provincia de Córdoba, tras la publicación del listados de inscritos en la convocatoria extraordinaria provincial del pasado 25 de junio y fue agotado ese mismo día, evidenciándose la ausencia de candidatos suficientes para cubrir las necesidades asistenciales, tal y como el propio sindicato ya había advertido en reiteradas ocasiones.

En el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS), la situación resulta especialmente preocupante. Del total de contratos previstos dentro del programa vacacional de Enfermería —incluyendo áreas específicas—, cifrados en torno a 250, cerca de 80 contratos de tres meses han quedado sin adjudicar, lo que supone aproximadamente un 30% del total, comprometiendo seriamente la cobertura asistencial durante el periodo estival, aseguran.

SATSE Córdoba también señala importantes carencias en otros centros de la provincia. En el Hospital Valle de los Pedroches, permanecen sin cubrir 4 contratos correspondientes al mes completo de agosto. Asimismo, en el Dispositivo de Apoyo Córdoba Norte, no se han adjudicado 2 contratos para el mes de agosto (uno en la zona de Pozoblanco y otro en Hinojosa del Duque), además de un contrato de 15 días en agosto en la zona de Villanueva de Córdoba.

La situación se repite en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, donde en el Hospital Infanta Margarita quedan sin cubrir 3 contratos de tres meses, a los que se suman otros 3 contratos de duración similar en Atención Primaria. Igualmente, en el hospital de Montilla permanecen pendientes de adjudicación 2 contratos de tres meses.

Desde SATSE Córdoba se insiste en que estos datos evidencian el fracaso de la planificación de recursos humanos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como la falta de medidas eficaces para atraer y fidelizar profesionales de Enfermería en la provincia.

“El resultado de esta convocatoria extraordinaria confirma lo que venimos denunciando: no hay profesionales disponibles porque las condiciones laborales no son atractivas, con contratos precarios, sobrecarga asistencial y una falta de estabilidad que empuja a muchos profesionales a optar por otros destinos o incluso abandonar el sistema público andaluz”, señalan desde la organización sindical.

El Sindicato advierte de que esta situación tendrá un impacto directo en la calidad asistencial, incrementando la presión sobre los profesionales en activo y poniendo en riesgo la atención sanitaria a la ciudadanía, especialmente durante el periodo estival, cuando aumenta la demanda en determinados servicios.

Por todo ello, SATSE Córdoba exige al SAS la adopción inmediata de medidas urgentes, que a día de hoy solo pueden pasar por la activación del Plan de Accesibilidad, instrumento previsto por el SAS que, ante la falta de profesionales, permite retribuir a aquellos que, de forma voluntaria, soliciten realizar actividad asistencial extraordinaria fuera de la jornada ordinaria para garantizar la atención sanitaria. 

Exigimos al SAS mantener las dotaciones habituales en las unidades asistenciales, aseverando SATSE que, ante el fracaso de la política de contrataciones estivales, el SAS tendrán que hacerlo gratificando de manera extraordinaria al personal que voluntariamente quiera realizar turnos adicionales, no vamos a permitir que primero no se pueda contratar por mala gestión y segundo, que afecte a los pacientes y profesionales que no son los culpables.

Finalmente, SATSE Córdoba reitera que sus delegados estarán pendientes en los centros y denunciarán todas aquellas situaciones que vulneren las condiciones de trabajo y asistenciales.

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha denunciado que el centro de salud Lucena II mantiene sin cubrir desde 2021 una de las plazas de Pediatría Comunitaria contempladas en la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una situación que, según sostiene, repercute en la atención sanitaria a la población infantil del municipio.

El sindicato señala que Lucena supera actualmente los 43.000 habitantes y cuenta con alrededor de 6.500 menores de 14 años. A su juicio, esa población justificaría la existencia de al menos siete cupos de Pediatría, de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que sitúa en 800 niños por pediatra la ratio óptima y establece un máximo de 1.000.

Sin embargo, el SMA afirma que el SAS contempla únicamente seis plazas de Pediatría para la localidad y mantiene una de ellas vacante desde hace cinco años, lo que obliga, según denuncia, a que la asistencia sea asumida por el resto de pediatras o por médicos de familia.

El sindicato sostiene que esta situación ha provocado un aumento del número de tarjetas sanitarias asignadas a cada profesional, una reducción del tiempo disponible por consulta, mayores dificultades para desarrollar actividades preventivas y de seguimiento, así como un incremento de la presión asistencial.

Por ello, considera que la cobertura de la plaza vacante y la creación de un séptimo cupo permitirían adecuar la ratio de población infantil por especialista, mejorar la accesibilidad y la continuidad asistencial, reforzar los programas de promoción de la salud infantil y el seguimiento de enfermedades crónicas, además de anticiparse al crecimiento de la demanda.

El SMA asegura que ha trasladado esta situación “en reiteradas ocasiones” a la Subdirección Médica del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, sin que, según afirma, se haya adoptado una solución hasta la fecha.

Asimismo, añade que el problema se agrava durante el periodo estival al denunciar que el SAS no sustituye al personal facultativo durante vacaciones y permisos, lo que, a su juicio, incrementa la sobrecarga asistencial en los centros de salud.

El Sindicato Médico de Córdoba ha interpuesto demandas de conflicto colectivo frente a todas las gerencias sanitarias de la provincia por considerar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) incurre en incumplimientos sistemáticos en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en la provincia de Córdoba, afectando de forma directa a la seguridad y salud de los profesionales médicos. 

Las primeras demandas se han presentado durante el mes de junio ante la Sección Social del Tribunal de Instancia de Córdoba, marcando un hito en la defensa de los derechos laborales de los facultativos. 

Entre los incumplimientos detectados, el Sindicato Médico de Córdoba destaca la ausencia o deficiente implantación de protocolos de desconexión digital, cuestión ya objeto de actuación por parte de la Inspección de Trabajo tras denuncia del propio Sindicato Médico de Córdoba, que ha obligado a iniciar su desarrollo en los servicios centrales del SAS y evaluaciones de riesgos psicosociales incompletas o claramente insuficientes, especialmente en el colectivo médico, en varias gerencias. 

También han denunciado el incumplimiento de los descansos semanales obligatorios, con especial incidencia en profesionales sometidos a sistemas de guardias; la falta de una evaluación real y específica de la fatiga física y mental, derivada tanto del número de guardias mensuales como de la carga asistencial, así como a una excesiva exposición a fragmentación del sueño, altamente variable entre servicios y centros; y el incumplimiento sistemático del pacto de agendas para Atención Primaria · Cribado insuficiente síndrome de Burnout - Desgaste profesional  

Asimismo, el sindicato advierte que esta situación no es una cuestión menor. “La degradación de las condiciones laborales de los médicos repercute directamente en la calidad y seguridad de la atención sanitaria. No se puede sostener un sistema sanitario público sobre la precariedad y el desgaste continuo de sus profesionales”, señalan. 

Además, alerta de que el actual modelo organizativo está contribuyendo a una auténtica epidemia de burnout médico y otras patologías mentales, cuyas cifras resultan cada vez más preocupantes y evidencian un problema estructural. En este contexto, el sindicato hace un llamamiento al resto de organizaciones sindicales con representación en las juntas de personal para que se adhieran a los conflictos colectivos planteados, en defensa de un sistema sanitario digno, seguro y sostenible. 

“El sistema sanitario no puede seguir funcionando como una trituradora de médicos. Proteger a los profesionales es proteger a los pacientes”, concluyen.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este martes en Córdoba sobre el nuevo modelo organizativo para la mejora de la atención sanitaria en centros residenciales de personas mayores puesto en marcha en Andalucía. Durante una visita junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, a la Residencia Vitalia San Rafael, uno de los centros donde ya se ha implantado este modelo, Antonio Sanz ha destacado que “esta reestructuración profunda en el modelo actual va a permitir garantizar una atención de calidad, mejorar las condiciones de seguridad clínica y ofrecer una organización homogénea en toda Andalucía”.

Así, ha detallado Antonio Sanz, este modelo, que arrancó en enero en Córdoba con un proyecto piloto y desde marzo se está extendiendo al resto de provincias, contará una vez implantado al cien por cien “con 647 Equipos Referentes de Residencias trabajando en 640 residencias para mejorar la atención sanitaria a aproximadamente 47.000 mayores”. Este trabajo, ha informado, “será coordinado por 34 Unidades de Residencia en cada uno de los distritos sanitarios”.

Tal y como ha explicado Antonio Sanz, con este modelo, que presenta importantes novedades respecto al actual y que empezó a pilotarse en el mes de enero, “vamos a superar las limitaciones históricas de la atención sanitaria en los Centros Sociosanitarios de Personas Mayores y para conseguirlo se articula en dos niveles asistenciales” diferenciados y complementarios“.

Equipos referentes de las residencias y Unidades del distrito

Por un lado, ha detallado Antonio Sanz, “los equipos referentes de residencias, que están integrados por 1 médico y 1 enfermera y que son los responsables de la atención en cada residencia”. Estos equipos trabajan en la primera línea, en la residencia, de forma estable, proactiva enfocados en prevención y en la atención personalizada. Por otro, las Unidades de Residencias de Distrito Sanitario, de nueva creación y que cuentan con médicos, enfermeras gestoras de casos y personal administrativo. Su misión “es aportar soporte clínico avanzado, asumir la coordinación logística y también labores de consultoría estratégica”.

En la actualidad, ha avanzado Antonio Sanz, “los equipos referentes de residencias están incorporados y trabajando en el 91% de los centros residenciales andaluces”. Por su parte, las Unidades de Residencias en cada de Distrito Sanitario ya están en marcha en los distritos Córdoba-Guadalquivir, Granada-Metropolitano, Jaén-Jaén Sur y Málaga-Valle del Guadalhorce y “estamos trabajando para implantarlos progresivamente en los 34 distritos sanitarios existentes en el sistema público de salud de Andalucía”.

Con este modelo, ha defendido el consejero en funciones, “queremos ofrecer un mejor servicio a las personas residentes, por supuesto, pero también a sus familias. Además, mejoramos las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo”. El objetivo, ha asegurado Antonio Sanz, “es mejorar la asistencia sanitaria que prestamos a nuestros mayores en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad”.

Reducir hospitalizaciones y traslados

Este trabajo coordinado, ha concluido Antonio Sanz, “nos va a permitir reducir hospitalizaciones y traslados a urgencias evitables y facilitar circuitos preferentes con especialistas de hospital”.

En la visita, el consejero ha estado acompañado por Nicolás Navarro, viceconsejero de Sanidad y Consumo; Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba; María Jesús Botella, delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Córdoba; Ana Leal, directora gerente del Distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir; Maria Luisa Zorrilla, directora Asistencial del distrito, y José Ángel Lázaro, director de Enfermería del distrito. Por parte de la residencia han estado presentes Antonio Morales; director de Operaciones; Noelia Ortega, directora Regional; Antonio Carrera, director de Calidad; y Ana Blanco, responsable del centro.

El Sindicato de Enfermería y Fisioterapia (Satse) ha calificado como “insuficiente” el plan de sustituciones vacacionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba, tanto por el número de contrataciones previstas como por su impacto en la cobertura asistencial.

Según los datos analizados por la organización sindical, el SAS contempla este verano la formalización de 3.477 contratos para cubrir las vacaciones de una plantilla que supera los 11.000 profesionales sanitarios en la provincia, lo que supone que, en el mejor de los casos, solo se sustituirá “una de cada tres ausencias”.

Aunque Satse reconoce un incremento del 9,8 % en las contrataciones respecto al año anterior, ha advertido de que este aumento está muy por debajo de la media andaluza, situada en el 15,63 %, lo que sitúa a Córdoba en una posición “rezagada” respecto a otras provincias como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada o Jaén.

El sindicato ha subrayado además que este crecimiento es “insuficiente” para hacer frente a una realidad estructural: el aumento progresivo de personal fijo tras los procesos selectivos ha incrementado el número de profesionales con derecho efectivo a vacaciones, elevando así las necesidades reales de sustitución.

Satse ha criticado que esta falta de cobertura se traduzca en decisiones como el “cierre de camas hospitalarias, quirófanos y consultas por las tardes”, una estrategia que considera “injustificada” en un contexto en el que debería aprovecharse la menor presión asistencial del verano para reducir listas de espera y mejorar la atención a pacientes vulnerables.

“Especial preocupación” genera la situación en Atención Primaria, donde el recorte de sustituciones es aún más acusado. En algunos distritos sanitarios, como Córdoba y Guadalquivir, no se han previsto sustituciones para categorías como Matronas o Fisioterapeutas, lo que implica un nivel de cobertura del 0 %. Asimismo, ha denunciado que tampoco se contempla la sustitución de Enfermeras Especialistas en Familia y Comunitaria en toda la provincia.

“El SAS está dejando sin cubrir la mayoría de las ausencias estivales, lo que sobrecarga a los profesionales en activo y deteriora la calidad asistencial. Es inaceptable que se priorice el ahorro frente a la salud de la población”, señalan desde Satse.

El sindicato ha insistido en que el plan vacacional debería dimensionarse en función de las necesidades reales del sistema sanitario y no de criterios economistas, y ha advertido de que la situación actual tendrá un impacto directo tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en la atención a los ciudadanos.

Por todo ello, Satse ha exigido al SAS “una revisión urgente del plan de sustituciones en Córdoba, con un incremento real de contrataciones que garantice la calidad asistencial y respete los derechos laborales de los profesionales sanitarios”.

Por otro lado, Satse ha añadido que al déficit del número de contrataciones autorizadas se tienen que sumar “la situación de la bolsa de empleo, que se encuentra agotada, ante le fugas de profesionales de enfermería a otras comunidades en las que se han ofertados contratos mas largos y con mejores condiciones”. “Esto ha obligado al SAS a realizar una convocatoria extraordinaria para que los profesionales de enfermería se inscriban. Por lo que el SAS está expectante del listado de inscritos que se publicará el 23 de junio”, culmina.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba critica que la Consejería de Salud presente como un éxito su Plan Vacacional para el verano de 2026 anunciando la realización de 3.477 contratos cuando ni explica la duración de los mismos ni el impacto real que tendrán sobre la cobertura de las vacaciones del personal sanitario.

Según los cálculos del sindicato, los 3.477 contratos previstos para cubrir las ausencias de los 10.900 profesionales que trabajan en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Córdoba supondrán una cobertura media de tan solo 9,4 días por trabajador, cuando cada profesional tiene derecho a disfrutar de un mes de vacaciones.

Por áreas sanitarias, las previsiones de sustitución son las siguientes:

Para CCOO, esta situación evidencia, una vez más, la escasa previsión y la falta de planificación por parte del SAS para garantizar una adecuada atención sanitaria durante el periodo estival. El sindicato considera que la Consejería pretende maquillar la realidad ocultando la insuficiente cobertura de las sustituciones y la persistente falta de personal.

El secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, señala que “la falta de sustituciones obliga a los y las profesionales que permanecen en activo a asumir la carga de trabajo de sus compañeros y compañeras ausentes, generando un importante desgaste en el sistema sanitario público y favoreciendo la fuga de profesionales hacia otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales”.

Además, el sindicato muestra su preocupación por la falta de realismo del plan presentado. “Aunque la Consejería anuncia una determinada previsión de contratación, la realidad es que actualmente no existen candidatos suficientes en las bolsas de empleo para cubrir las necesidades asistenciales previstas”, advierte Damas.

Según CCOO, esta situación es especialmente grave en categorías como medicina, donde resulta prácticamente imposible realizar nuevas contrataciones. De hecho, en las Áreas Sanitarias Norte y Sur ni siquiera se han previsto contratos para determinados perfiles médicos. En el caso de Enfermería, tampoco existe disponibilidad suficiente para cubrir más del 30 % de las contrataciones previstas, obligando a recurrir a ofertas específicas que tampoco están logrando cubrir las necesidades existentes.

La falta de profesionales comienza a afectar igualmente a categorías que tradicionalmente no presentaban problemas de cobertura, como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), personal de cocina, lavandería y planchado, mantenimiento o celadores, entre otras.

Para el responsable sindical, “la desastrosa planificación y la falta de voluntad de la Consejería de Salud para actualizar la bolsa de empleo están provocando que sigamos trabajando con listados que no se actualizan desde 2023”.

Como ejemplo de esta situación, CCOO recuerda que, en la última convocatoria para personal médico, realizada el pasado 13 de mayo, se ofertaron 44 plazas de medicina de familia para los distritos Córdoba y Guadalquivir, obteniéndose unos resultados muy preocupantes. En el Distrito de Atención Primaria de Córdoba, de las 22 plazas ofertadas únicamente pudo cubrirse una, quedando vacantes 21 puestos. En el Distrito de Atención Primaria Guadalquivir, de las 22 plazas disponibles solo se cubrieron tres. 

Asimismo, de las cinco plazas de Pediatría ofertadas, únicamente se logró cubrir una.

José Damas apunta que, además, “el cierre de servicios, la reducción de un 15 % de camas hospitalarias y la disminución de la actividad quirúrgica durante el verano provocarán un nuevo incremento de las listas de espera, cuyos datos llevan más de un año sin actualizarse”.

“Lo más grave es que detrás de estas cifras hay personas que ven cómo se agravan sus patologías mientras esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Paralelamente, nos encontramos con profesionales cada vez más sobrecargados, sometidos a contratos precarios, con retribuciones entre las más bajas del país y una creciente desmotivación que alimenta la marcha de trabajadores hacia opciones laborales más dignas”, señala el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba.

Por todo ello, CCOO considera inaceptable que se normalice el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública durante el periodo estival bajo el argumento de la falta de profesionales. Para el sindicato, uno de los problemas en este periodo estival radica en la inoperatividad de las bolsas de empleo y en una política de recortes en las sustituciones que incrementa la carga laboral de los profesionales y deteriora la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía.

La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha criticado “la calamitosa gestión de la Consejería de Sanidad para resolver, un año más, el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia”.

En este sentido y a través de una nota Heredia ha defendido la necesidad de “sacar una convocatoria extraordinaria y urgente de ámbito provincial para cubrir plazas de enfermería ante la falta de profesionales en los centros sanitarios de Córdoba”, y ha recordado que desde el sindicato llevan “años denunciando que la plantilla del Hospital Universitario Reina Sofía es deficitaria durante todo el año, situación que se vuelve crítica cuando llega el periodo de verano”.

La secretaria de Sanidad de UGT SP Córdoba ha señalado como responsable de esta situación a la Consejería de Sanidad, “ante la falta de previsión de la Administración autonómica, que agrava el problema debido a la inexistencia de candidatos disponibles en la bolsa única de empleo”.

Además, “pese al anuncio de la convocatoria, el número de propuestas y la duración de las mismas, son insuficientes y provocan que nuestros profesionales se vayan a otras comunidades autónomas, algo que también hemos ido denunciando año tras año, sobre todo en enfermeros y TCAE”, que se marchan a “comunidades donde les ofrecen contratos más largos, con periodos de tres a seis meses, mientras que aquí, como máximo, se les ofrecen tres”.

Heredia ha explicado que “las categorías con más dificultad y que están agotadas en bolsa son las de enfermería, TCAE, técnicos en farmacia, auxiliares administrativos y pinches, mientras que las que se necesitan cubrir con más urgencia son enfermeras, logopedas y matronas, que ya ni en listado adicional quedan personas disponibles para contratar, situación que dificulta y puede poner en riesgo la cobertura de las vacaciones de verano de distintas categorías profesionales”.

Además, “la situación se complica si la Atención Primaria no se refuerza por falta de médicos de Familia, ya que los usuarios se verán obligados a acudir a urgencias”, lamentando Herencia que “esta situación se ha convertido, año tras año, en un problema endémico”, pues la Junta “no es capaz de prever las verdaderas necesidades y retener a todos los profesionales que terminan cada año esperando ser contratados en nuestra provincia y que se ven, finalmente, obligados a emigrar a otras comunidades”.

Junto a ello, ha criticado la “manipulación de los datos” por parte de la Junta, ya que “indican que han aumentado el número de contratos, pero no la duración de cada uno de ellos, por lo que podrían darse contratos de uno, dos o cinco días, que contabilizasen lo mismo que contratos de tres meses”.

Frente a esto “están las cifras reales, como el hecho de que en verano sólo abrirán por la tarde un 25% de los Centros de Salud de Atención Primaria en Andalucía, y ninguno en Córdoba, o que el mismo porcentaje de los quirófanos van a estar cerrados, o que un 15% de las camas hospitalarias no van a estar operativas, o que con 1.800 contratos el SAS pretende cubrir a 21.000 médicos en este periodo, con 14.000 contratos cubrir a 33.000 enfermeras, o con 10.000 contratos pretenden cubrir a 21.000 TCAE”.

Facua Andalucía ha pedido adoptar medidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante “las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados por la huelga médica en relación a la gestión de citas, consultas, intervenciones, pruebas diagnósticas y renovaciones de medicación”.

La federación ha pedido que “toda cita, prueba, consulta o intervención suspendida por la huelga sea reprogramada de oficio por el SAS, sin obligar al usuario a iniciar de nuevo el proceso de solicitud de cita”. Además, ha expuesto que “se garantice la renovación de medicación y la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos o con patologías que no admitan interrupciones”.

En este sentido, Facua ha animado a los afectados por citas anuladas sin aviso, falta de reprogramación, intervenciones suspendidas o problemas para renovar medicación a trasladar sus casos a la asociación para recibir asesoramiento y documentar las incidencias. Además, ha explicado que “muchas veces los problemas que sufren los usuarios parecen situaciones individuales, pero al agruparse permiten detectar fallos de gestión que deben ser corregidos por la administración”.

Según ha informado Facua-A en una nota, la federación no cuestiona el legítimo derecho de huelga del personal facultativo, sino la obligación de la administración sanitaria andaluza de gestionar sus efectos sobre la ciudadanía. Así, ha destacado que “el SAS no puede dejar a los pacientes en una situación de incertidumbre, sin información suficiente o con la carga de averiguar por sus propios medios si su cita ha sido anulada o cuándo será reprogramada”.

En este sentido, Facua ha asegurado que está recibiendo, a través de sus asociaciones provinciales, quejas de usuarios que apuntan a deficiencias en la información y reprogramación de actos sanitarios suspendidos. Entre ellas, casos de pacientes que acuden al centro sanitario el día previsto y conocen allí mismo que no serán atendidos; citas necesarias para renovar medicación que se cancelan, con riesgo de interrupción de tratamientos; e intervenciones quirúrgicas anuladas sin que el afectado sepa cuándo volverán a programarse.

Situación de mayores y pacientes crónicos

Al hilo, la organización ha considerado “especialmente preocupante” la situación de personas mayores, pacientes crónicos, usuarios con dificultades de movilidad o personas que necesitan apoyo para gestionar sus citas. “La anulación de un acto sanitario no supone solo perder una consulta, también implica desplazamientos inútiles, necesidad de acompañamiento, organización familiar y un riesgo añadido cuando se trata de tratamientos o lesiones que pueden agravarse con la espera”, ha concretado.

Asimismo, Facua ha indicado que según informaciones publicadas a partir de datos atribuidos a la Consejería, la huelga médica habría provocado la suspensión de más de 767.000 actos médicos en Andalucía entre consultas de Atención Primaria, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias. Por tanto, “una afectación de esta magnitud exige una planificación clara, homogénea y verificable por parte del SAS”.

En su escrito, Facua ha solicitado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones y al SAS que informen sobre las instrucciones, protocolos o criterios dictados para gestionar las citas y actos sanitarios anulados por la huelga, especialmente en relación con la comunicación previa a los pacientes, la reprogramación automática y la prioridad que debe darse a personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones.

Con todo, la organización ha puesto sus canales a disposición de la ciudadanía para orientar a las personas afectadas, valorar posibles reclamaciones y exigir al SAS soluciones eficaces. “Contar con una asociación fuerte, activa y con implantación territorial resulta fundamental para defender los derechos de la ciudadanía ante problemas que afectan a servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por último, Facua ha recomendado a los usuarios a no resignarse ante la falta de información o la pérdida de citas y les ha animado a reclamar, organizarse y trasladar sus casos para que puedan convertirse en “una exigencia colectiva de mejora del sistema sanitario público”.redac

Usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han vuelto a recibir mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que les instan a renovar la tarjeta sanitaria a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas.

Fuentes del SAS han apuntado a Europa Press, como ya hiciera en febrero al detectarse esta campaña, que “nunca” solicita datos personales ni renovaciones de tarjeta sanitaria mediante mensajes de texto.

Los mensajes identificados incluyen textos como el siguiente: “Aviso oficial: su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de abril de 2026 conforme a la nueva normativa. Solicite su nueva tarjeta en..:” acompañado de un enlace para completar un trámite que incluye la solicitud de datos bancarios.

Estos SMS tratan de provocar una respuesta rápida en las personas que los reciben, utilizando direcciones de URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del SAS, aclaraba la Administración sanitaria en un comunicado en febrero.

Ante la recepción de un SMS de estas características, la Junta recomienda no acceder a ningún enlace, no facilitar información personal y eliminar el mensaje del dispositivo. Asimismo, se aconseja verificar siempre cualquier comunicación a través de los canales oficiales del SAS.

El Servicio Andaluz de Salud (SA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, activa a partir de este lunes y hasta el 20 de febrero los servicios mínimos con los que afrontar una semana de huelga a la que están llamados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos. Los servicios mínimos de esta primera semana se repetirán hasta junio, ya que los sindicatos médicos, entre ellos el Sindicato Médico Andaluz (SMA), van a convocar una semana de huelga todos los meses hasta el próximo junio para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio --marco normativo específico para los médicos--.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba este pasado viernes la orden para “garantizar el funcionamiento del sistema público” para las semanas del 16 al 20 de febrero; del 16 al 20 de marzo; del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo; y del 15 al 19 de junio. En el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA “no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos”.

En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio “se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria”. Los centros que sean consultorios auxiliares “no tendrán servicios mínimos asignados”. En atención hospitalaria, “se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo”. “En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo”. Los servicios “garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo”.

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, “en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes”. En caso de hospitalizaciones, “debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas”.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dejado claro el “apoyo” del Gobierno andaluz a las “reivindicaciones” de los médicos aunque ha reconocido la “preocupación” del Ejecutivo autonómico por las “graves consecuencias” que tendrá esta huelga “contra el Gobierno de España” en la asistencia sanitaria. De hecho, ha recordado que los últimos cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre tuvieron un coste de 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas.

Antonio Sanz ha lamentado que la “inacción” y “dejación de responsabilidades” del Ministerio de Sanidad “perjudica gravemente” a los andaluces por la “paralización y reducción de las posibilidades de asistencia sanitaria” en los días de huelga. “Reclamamos al Gobierno diálogo con el colectivo para llegar a un acuerdo” que evite el “freno a la asistencia”. “Andalucía sigue exigiendo diálogo con todos” porque “somos las comunidades y los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias”.

Ha recordado que la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 supuso la suspensión de 212.471 consultas en Atención Primaria; 4.044 intervenciones quirúrgicas afectadas; 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias. Para hacer frente a esta huelga, el Servicio Andaluz de Salud (SA) ha fijado los servicios mínimos a aplicar desde este próximo 16 de febrero que comienzan las semanas completas de huelga convocadas por los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio. Los paros terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. A dicha huelga están convocados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé implantar a finales de marzo la tarjeta sanitaria virtual, que se va a integrar en la carpeta ciudadana y que “nos va a permitir hacer gestiones sanitarias con el móvil”, según ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Esta medida se incluye dentro de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 (ESA 2030), que prevé aprobar este miércoles el Consejo de Gobierno.

Se trata, según el consejero, de “un documento de suma importancia que recoge la planificación sanitaria del Gobierno andaluz para los próximos cinco años”. Sanz ha realizado esta presentación ante profesionales y asociaciones de pacientes de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA), aprobada también recientemente y que, ha dicho el consejero, “está perfectamente alineada con los objetivos de la ESA 2030”.

Así, la nueva Estrategia que llegará este miércoles al Consejo de Gobierno se compone de cuatro líneas estratégicas, 14 objetivos, tres palancas de cambio y 203 acciones concretas. Contempla, ha explicado Antonio Sanz, “herramientas que permitirán culminar la transformación digital del Sistema Sanitario Público Andaluz y mejorar la accesibilidad, así como afrontar los retos que tenemos por delante, como la atención a la cronicidad o las enfermedades raras, y que nos permitirán avanzar en la humanización del sistema y, en definitiva, en la mejora de la asistencia a todos los andaluces”.

Respecto a la Estrategia de Salud Digital de Andalucía presentada y que acaba de echar a andar, en su elaboración han participado más de 1.000 personas y como ha asegurado Antonio Sanz “es una apuesta clara por un sistema sanitario más accesible, más inteligente en el uso del dato, más seguro y humano”. El titular del ramo ha detallado que esta estrategia, que cuenta con una inversión de al menos 316,5 millones de euros en estos primeros cinco años, ha arrancado ya con proyectos como la tarjeta sanitaria virtual, que se va a integrar en la carpeta ciudadana y que “nos va a permitir hacer gestiones sanitarias con el móvil desde final de marzo”.

Hospital Reina Sofía: Inteligencia artificial en los cribados

Otros ejemplos de los proyectos que se está desarrollando gracias a esta estrategia son las alertas de gestión, que van a comenzar por los cribados “para que no puedan darse retrasos superiores a lo aceptable”, ha incidido el consejero; así como el desarrollo de la inteligencia artificial para la detección precoz y un rápido diagnóstico, cuya aplicación ya ha comenzado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y se extenderá a las 32 unidades de mama de toda Andalucía. Como ha explicado el consejero, la IA es una herramienta que llegará también al trabajo diario de los profesionales.

Al respecto, ha anunciado que “en las próximas semanas ya estará operativo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y en el San Cecilio de Granada un asistente de consulta que se extenderá a todos los centros andaluces de forma progresiva y que, sin duda, supondrá un salto de calidad en la asistencia sanitaria”. La estrategia de salud digital contempla, igualmente, la opción de que las propias farmacias puedan renovar el tratamiento de pacientes crónicos sin necesidad de acudir a los centros de salud. “Este sistema ya se está pilotando en municipios cordobeses y se extenderá poco a poco por toda Andalucía”, ha recordado.

“Otra medida relevante en el marco de esta estrategia es dar un paso adelante en la experiencia digital de la ciudadanía”, ha añadido Antonio Sanz. En este sentido, se impulsará una mayor integración de las aplicaciones de uso ciudadano, de forma que Salud Responde, ClicSalud+ y Salud Andalucía confluyan en una única aplicación de referencia: Salud Responde+. Además, se ha incorporado la gestión de colas para prevenir impactos provocados por avalanchas de acceso. Por ejemplo, en la Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC) para los procesos selectivos y bolsas de empleo.

Las nuevas herramientas digitales, previstas en la ESDA, permitirán también el contacto directo con los profesionales por videollamadas y una mayor protección de datos y mayor seguridad en los procesos, “elementos estratégicos para mejorar la asistencia sanitaria, reforzar la toma de decisiones y garantizar la sostenibilidad del sistema”. El impacto de la estrategia en la investigación e innovación será especialmente relevante, ya que, en los próximos dos años, se implementarán en Andalucía los instrumentos necesarios para cumplir con el reglamento relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud y donde seremos pioneros.

“Vamos a convertir los datos en una fuente de conocimiento, innovación y desarrollo alineada con los centros de ciencia de datos e inteligencia artificial que venimos impulsando en el contexto de la nueva economía del dato”, ha subrayado el consejero. Todas estas acciones se encuadran en los cuatro objetivos concretos de la estrategia: mejorar los sistemas digitales de salud, facilitar la toma de decisiones aprovechando el valor y la calidad del dato y del conocimiento disponible; impulsar la transformación digital de la organización, reforzando la ciberseguridad, la interoperabilidad, la sostenibilidad tecnológica y la atracción del talento TIC en el sistema sanitario; y, por último, incorporar nuevas herramientas en el ámbito de la innovación para aplicar al sistema sanitario“, ha enumerado.

Formación en los Puntos Vuela

En cuanto a la integración de estas herramientas en el día a día de los andaluces, el consejero ha explicado que la ESDA tendrá “un gran aliado en los Puntos Vuela de Andalucía, que registra cada año más de 500.000 usuarios”. Así, ha anunciado que en los próximos dos meses se iniciará en estos Puntos Vuela formación específica en el manejo de las diferentes herramientas digitales del SAS. El objetivo es formarlos para que puedan gestionar sus citas, acceder a sus historias o consultar los resultados de sus pruebas.

En definitiva, ha valorado el titular de Sanidad, “damos un paso más en esa revolución digital que ha permitido que en apenas un mes hayamos activado 17 proyectos de digitalización”, que suponen “una transformación profunda del Sistema Sanitario Público Andaluz con el apoyo de la tecnología; una transformación sostenible, segura y centrada en las personas para construir un sistema sanitario más accesible, moderno y personalizado”.

Al acto de presentación de la ESDA 2030, han asistido, además, Nicolás Navarro, viceconsejero de Sanidad; Ricardo Sánchez Antúnez, delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla; Valle García, directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS); Áurea Morillo, secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital; Silvia Maraver, secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial; Manuel Fernández Zurbarán, director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica; Silvia Pozo, delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla; José Loaiza, director del Instituto Andaluz de Administración Pública, en cuya sede se ha celebrado esta presentación; Francisco José Sánchez, coordinador de la ESDA; y Antonio Manfredi, asesor de comunicación del Foro Español de Pacientes, entre otras autoridades.

El Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, contabilizó en 2025 que los profesionales de los centros sanitarios de la provincia de Córdoba sufrieron 173 agresiones, de las que 37 fueron físicas y 136 de carácter no físico.

En el conjunto de Andalucía hubo un total de 387 agresiones físicas (19,6% del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de la comunidad. Del total de agresiones registradas, 1.976, el 48,63% fueron en hospitales y el 51,37% en centros de Atención Primaria.

Estos datos muestran, en palabras de la Consejería en una nota de prensa, “una contención del crecimiento” que se había detectado en años anteriores, ya que en 2024 fueron 1.866 agresiones (362 físicas y 1.504 no físicas), un 19% más que en el año 2023, mientras que la subida de este año ha sido del 5,9%. El análisis de la evolución de las agresiones en el periodo 2020-2025, junto con la tasa de incidencia por cada 1.000 profesionales, “confirma la importancia de seguir trabajando en la prevención, la concienciación y el registro adecuado de todos los episodios, tanto físicos como no físicos”.

En este sentido, “la mejora del registro que explica también buena parte del aumento de las agresiones y responde, a la vez, a una mayor sensibilización de los profesionales y al impulso de la política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión”, ha asegurado la Junta.

Por provincias

Por provincias, Almería registró 184 agresiones (33 agresiones físicas y 151 no físicas); Cádiz 282 (45 físicas y 237 no físicas); Córdoba, 173 (37 físicas y 136 no físicas); Granada 201 (51 físicas y 150 no físicas); Huelva, 95 (19 físicas y 76 no físicas); Jaén, 162 (29 físicas y 133 no físicas); Málaga, 310 (66 físicas y 310 no físicas), y Sevilla, 569 (107 físicas y 462 no físicas).

Siguiendo lo establecido en el plan, recuerdan desde la Administración, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 21% (21,31%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 48,58% cuando se trata de agresiones físicas.

El SAS asegura que “refuerza su apuesta por la formación como una de las principales herramientas de prevención frente a las agresiones a profesionales sanitarios”. Sólo en el último año se han realizado un centenar de simulacros en centros sanitarios andaluces y se ha formado a 743 profesionales en técnicas de desescalada verbal, actuaciones orientadas a mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. En esta línea, el SAS continúa avanzando en el análisis y la prevención de las agresiones a partir de los datos correspondientes a 2025, presentados este jueves en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta evaluación permite profundizar no sólo en el número de episodios registrados, sino también en sus características, ámbitos asistenciales y perfiles profesionales, con el objetivo de reforzar las medidas de protección, anticipación y acompañamiento. En 2025, la mayoría de las agresiones registradas han sido de carácter no físico, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

En el caso de Atención Primaria, el 90,25% de los episodios fueron agresiones no físicas, mientras que en el ámbito hospitalario este porcentaje se situó en el 70,03%, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las medidas de prevención, especialmente en relación con insultos, amenazas y comportamientos intimidatorios. Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 74,04% del total); por perfil profesional, más del 82% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

El SAS ha subrayado la importancia de este enfoque diferenciado para mejorar la eficacia de las actuaciones preventivas. Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que incluye dispositivos de seguridad en los centros, formación específica para profesionales, la figura del profesional guía para el acompañamiento tras una agresión, atención psicológica y asesoramiento jurídico.

El SAS ha recordado que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado. El Servicio Andaluz de Salud ha reiterado su “compromiso firme” con la seguridad de sus profesionales y continuará trabajando de manera coordinada con los centros sanitarios, las organizaciones sindicales y los órganos técnicos de prevención para seguir mejorando la protección, la respuesta y el apoyo a quienes sufren este tipo de situaciones.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha activado una instrucción ante las lluvias intensas en la región, recordando que el sistema sanitario es un “servicio esencial” y que los profesionales deben acudir a sus puestos con normalidad. Según la dirección general, la ausencia solo se considerará justificada ante una “imposibilidad objetiva” debidamente acreditada, como cortes de carretera o suspensión del transporte público. No obstante, el Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha respondido con un comunicado advirtiendo que esta orden no puede estar por encima de la seguridad del trabajador.

Para la administración, cualquier falta de incorporación quedará sujeta a una valoración individualizada por parte de la dirección de cada centro sanitario. El SAS ha explicado que el personal debe adoptar las debidas precauciones pero manteniendo la operatividad del servicio. Ante esto, el SMC ha criticado que la instrucción parece exigir una “imposibilidad absoluta” para no acudir, cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) protege al trabajador ante cualquier “riesgo grave e inminente” que no requiere que la carretera esté físicamente cortada.

El sindicato ha aclarado que, si durante el trayecto la visibilidad es baja o las condiciones son peligrosas, el médico tiene derecho a parar en un lugar seguro, sin necesidad de esperar a que un árbol caído bloquee el paso o que la carretera esté cortada por inundaciones. Asimismo, el SMC ha recordado que el carácter de servicio esencial no obliga al personal sanitario a asumir riesgos personales graves derivados del temporal, ya que la Administración sigue obligada a garantizar su integridad física.

Un punto crítico que el sindicato ha añadido es el derecho a interrumpir la actividad si el profesional ya está en su centro. En caso de inundaciones, riesgo eléctrico o accesos inseguros en el propio hospital o centro de salud, el trabajador puede abandonar el lugar si existe un peligro serio, una decisión que, según la ley, no debe conllevar sanciones ni represalias si se basa en una valoración razonable.

Finalmente, el Sindicato Médico de Córdoba ha recomendado a los facultativos priorizar siempre la seguridad personal y documentar detalladamente cualquier incidencia. Sugieren guardar avisos de Protección Civil, fotos del estado de las vías o alertas oficiales para evitar que la “valoración individualizada” de los directores se convierta en una medida discrecional o penalizadora. El SMC ha anunciado un seguimiento activo para prestar apoyo jurídico a cualquier afiliado que reciba presiones indebidas durante estos episodios meteorológicos.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha convocado por primera vez un procedimiento específico de concurso de méritos para la cobertura de puestos de difícil cobertura, con un total de 187 plazas fijas destinadas a las categorías de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria.

En concreto, la convocatoria -que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)--, prevé 125 plazas de Medicina de Familia y 62 plazas de Pediatría de Atención Primaria, reservándose el 10% del total para personas con discapacidad, con un 1% específico para personas con enfermedad mental, en cumplimiento de la normativa vigente, según el texto consultado por Europa Press.

El procedimiento se desarrollará mediante concurso de méritos, sin fase de oposición, valorándose principalmente la experiencia profesional, que supondrá el 60% de la puntuación total, junto a otros méritos, que representarán el 40%, con especial reconocimiento a la experiencia previa en puestos declarados de difícil cobertura.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, del 17 de febrero al 2 de marzo de 2026, y la tramitación se realizará de forma íntegramente electrónica, a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC). La adjudicación de destinos se efectuará por orden de puntuación y preferencias manifestadas, estableciéndose una “permanencia mínima de dos años en el puesto adjudicado” con el objetivo de “favorecer la continuidad asistencial y la estabilidad de los equipos profesionales”.

Esta convocatoria es posible tras “haberse constatado” que determinadas plazas incluidas en las ofertas de empleo público y en los procedimientos ordinarios de provisión no han podido ser cubiertas, lo que ha permitido activar este sistema específico, regulado por el Decreto 203/2025, de 2 de diciembre, explica la Consejería. Con ello, el SAS “avanza en soluciones estructurales y ordenadas para dar respuesta a un reto compartido por los sistemas sanitarios públicos, como es la cobertura estable de determinadas plazas asistenciales”.

Esta medida se enmarca en la estrategia del sistema sanitario público andaluz para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria y reforzar la estabilidad de las plantillas en aquellos destinos con mayores dificultades para su cobertura. Según ha expresado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz este concurso “permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales”.

Con esta iniciativa, en palabras del titular de Sanidad, “el Gobierno andaluz avanza en una política de recursos humanos más ágil, eficaz y adaptada a las realidades del sistema sanitario público andaluz, reforzando la equidad en el acceso a la atención sanitaria y contribuyendo a que cualquier persona pueda recibir una atención de calidad independientemente de dónde viva”.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, recogió este pasado lunes 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal (con hasta un máximo de 900), tras animar a los ciudadanos a que realizaran donaciones para garantizar las reservas como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz.

Son los datos facilitados por el SAS, que ha insistido en que se done de manera “escalonada y ordenada” toda vez que las reservas están “garantizadas para los próximos días”. La Junta de Andalucía agradece el “aluvión” de solidaridad de los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia en la localidad cordobesa.

El SAS animó esta pasado lunes a seguir donando sangre de manera “escalonada” porque era “esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días” en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario. En una mensaje publicado en X, la Consejería aclaraba que “las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas” pero que “aun así, la donación de sangre es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días”.

El Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba, donde están ingresados y atendidos el grueso de los heridos, agradecía la “solidaridad” y pedía “seguir colaborando de forma organizada y responsable”. Hace tan sólo unos días, el SAS hacía un llamamiento a donar sangre y plaquetas para poder reponer tras las Navidades las reservas con las que contaba entonces el sistema público, a la mitad de lo que es necesario.

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas de 2025 han sido 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha la campaña navideña 'Comienza tu tradición navideña', una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma “como un gesto solidario más propio de estas fechas tan señaladas”.

En concreto, las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, “funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía”.

Bajo este contexto, la información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.

La tercera jornada de huelga de médicos en Andalucía ha vuelto a elevar ligeramente el seguimiento global, que este miércoles alcanza el 35,79%, según los datos difundidos por la Consejería de Salud de la Junta. La participación continúa por encima del primer día de paro (32%) y también mejora respecto al martes (34,1%), aunque la evolución no es homogénea en todas las provincias.

En Córdoba, el seguimiento llega este miércoles al 31,22%, un ligero aumento respecto al 29,29% registrado el miércoles y también por encima de la cifra del martes. Pese al incremento, la provincia se mantiene entre las que presentan menor adhesión de toda Andalucía.

Por territorios, la mayor participación se registra en Huelva (43,31%), seguida muy de cerca por Sevilla (43,28%). También superan la media autonómica Málaga (36,71%) y Cádiz (37,21%). En el extremo contrario se sitúan Jaén, que repite como la provincia con menor apoyo al paro (20,44%), y Almería, que se mantiene en cifras bajas (30,39%).

Los paros, convocados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad, concluirán este viernes 12 de diciembre. La Junta insiste en que los datos proceden del Servicio Andaluz de Salud y reflejan únicamente la participación en el turno de mañana.

Se desconoce, porque la Delegación provincial de Sanidad no los facilita, los datos de cuántas consultas, intervenciones u operaciones se han suspendido en Córdoba en los últimos tres días.

Para estos cuatro días de huelga --en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos “como mínimo” y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que “habitualmente se presten en un domingo o festivo” y que “debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo”.

Como “criterios comunes”, tanto en Atención Primaria como en hospitales, “debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial”. De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, “no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos”.

Un 34,1% de la plantilla de médicos --30.000 en total-- que están llamados a la huelga contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad están secundando este miércoles el segundo día de paro de los cuatro convocados --hasta el 12 de diciembre-- por el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Por provincias, en Almería el seguimiento es del 29,8%; en Cádiz, 35,77%; en Córdoba, 29,29%; en Granada, 35,11%; en Huelva, 41,46%; en Jaén, 20,83%; en Málaga, 33,39%; y en Sevilla 40,22%.

Son los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. El seguimiento de este miércoles es dos puntos superior al del primer día de huelga, con un 32%, según los datos que facilitó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El primer día de huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la propuesta del Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad obligó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) este pasado martes a cancelar 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas. Son los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios, en las que ha exigido al departamento de Mónica García que “se siente de una vez por todas a negociar” y que “retire el borrador del Estatuto Marco por ser inviable”.

Para Sanz, el “mayor conflicto sanitario de los últimos años” está teniendo ya “consecuencias” en la atención sanitaria que se presta en Andalucía. “Ésta no es una protesta contra las comunidades autónomas sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha abandonado a los profesionales sanitarios y ha presentado una propuesta de Estatuto Marco improvisada, sin financiación y sin diálogo con nadie”, ha apostillado.

Para estos cuatro días de huelga --en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos “como mínimo” y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que “habitualmente se presten en un domingo o festivo” y que “debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo”.

Como “criterios comunes”, tanto en Atención Primaria como en hospitales, “debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial”. De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, “no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos”.

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, “se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual” del ambulatorio. En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que “los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo”.

Se podrá incrementar la dotación “con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana” en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR “no se establece ningún tipo de refuerzo”. En el caso del 061, se fija un “90% en cada una de las franjas horarias de los turnos”, y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.

El consejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido este viernes al comunicado de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama (Amama), que rechazó entregar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) los datos de las mujeres que podrían verse afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama. La entidad argumentó que la Ley de Protección de Datos le impide facilitar nombres y situaciones sanitarias de las 4.000 afectadas que aseguran haber detectado.

Sanz, en una visita al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), ha negado que este argumento sea válido y ha subrayado que el SAS es el único garante legal de la protección de datos sanitarios en Andalucía, por lo que la asociación no incurriría en ninguna infracción si remitiera la información. “Nosotros no pedimos los datos para la Administración, sino para los profesionales sanitarios que tienen la obligación de atender a estas mujeres”, ha afirmado el consejero, que ha vuelto a insistir en que el sistema público cuenta ya con 2.317 casos identificados, todos ellos programados para ser atendidos antes del 30 de noviembre.

El titular de Sanidad insistió en que, si Amama asegura disponer de miles de casos adicionales, está obligada a compartir esa información. “Si se nos niegan los datos, ¿cómo vamos a atender a las personas?”, ha cuestionado Sanz, advirtiendo de que “hablar de 4.000 mujeres sin que el SAS tenga constancia supone generar una alarma social innecesaria”.

Para reforzar su posición, Sanz se ha referido a la Ley de Procedimiento Administrativo, que en su “artículo 1 impone el deber de colaboración de los ciudadanos con la administración”, aunque el consejero no ha señalado que así debe ser, “salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas”. Se ha referido, también, al artículo 2 de esta ley, que apunta que “los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Asimismo, ha asegurado que los ciudadanos ”están obligados“ a dar datos por motivos de salud en base a la Ley de Salud Pública.

al artículo 18 de la Ley de Salud Pública, “que obliga a ciudadanos y entidades a colaborar con la administración sanitaria”, así como el artículo 18 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, “que establece el deber de proporcionar información cuando afecta al interés general o a posibles situaciones de riesgo”.

El consejero ha asegurado que, pese a una reunión de cuatro horas con la asociación y otra posterior de dos horas con el responsable del programa de cáncer de mama -“elegido por la propia entidad” para recibir los datos-, “Amama no entregó ningún listado ni documentación”. También, ha afirmado “declinó una reunión con el director de hospitales”. “La administración sí tiene los datos de quienes están en el circuito, pero si alguien afirma tener miles de casos más, tiene la obligación de comunicarlo. Y el SAS, como garante de la protección de datos, es quien debe gestionarlos”, ha concluido Sanz.