La situación del colectivo de gruistas ha irrumpido este martes en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, generando un intenso debate político y social en torno a un conflicto laboral que ya está afectando al desarrollo de numerosas obras en la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, ha confirmado durante su intervención que ya mantuvo un encuentro previo con representantes del colectivo y que tiene prevista una nueva reunión a las 12:45 horas con la patronal del sector de la construcción. Este anuncio ha sido recibido con aplausos por parte de los gruistas presentes en el salón de plenos.

Desde la oposición, el concejal socialista Antonio Hurtado ha instado al alcalde a implicarse de manera más directa en la resolución del conflicto, subrayando el impacto que la huelga está teniendo en la paralización de promociones de vivienda. “Esto afecta a muchas obras que están paradas”, ha señalado, al tiempo que ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha rechazado cualquier tipo de presión o amenaza hacia los trabajadores.

Hurtado ha abogado por una negociación prolongada si es necesario, en la que ambas partes cedan para alcanzar un acuerdo. “Estas familias están sufriendo porque no les llega el sueldo a sus casas, y también los propios empresarios”, ha añadido, en una intervención que también ha sido respaldada con aplausos por los gruístas asistentes.

El edil ha ido más allá al pedir al alcalde que, de forma inmediata tras la finalización del pleno, se siente a dialogar con los trabajadores. “Con nuestro apoyo va a contar y, seguro, con el del resto de los representantes de Córdoba”, ha afirmado.

En la misma línea, Irene Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba, ha aprovechado su turno de palabra para solicitar al regidor que actúe como mediador en este conflicto laboral, tal y como ha hecho en otras situaciones similares. Su intervención también ha sido recibida con el respaldo del colectivo presente.

UGT FICA Córdoba y el Sindicato del Hábitat de CCOO en Córdoba han manifestado en un comunicado su “absoluto desacuerdo” con las declaraciones realizadas por la patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, en relación con el conflicto laboral que mantienen los operadores de grúa torre del sector.

Desde estas organizaciones sindical rechazan el tono y el contenido de la nota difundida por Construcor, “en la que se descalifica a estos profesionales calificándolos de 'privilegiados'”. “Los gruistas son trabajadores altamente cualificados que desempeñan una labor de enorme responsabilidad en materia de seguridad en las obras, tanto para ellos mismos como para el conjunto de trabajadores que operan en los tajos. Su trabajo requiere formación específica, habilitación profesional y una atención permanente que garantiza el desarrollo seguro de la actividad constructiva”, sostienen ambos sindicatos.

Sobre ello indican que que “resulta especialmente preocupante que Construcor intente trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de este colectivo, utilizando descalificaciones que solo buscan generar confusión y enfrentar a los propios trabajadores del sector”.

Ambos sindicatos consideran “absolutamente inaceptable que se intente desacreditar públicamente a este colectivo y trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de sus reivindicaciones legítimas. El conflicto actual no responde a ningún ”abuso“, como pretende hacer ver la patronal, sino a la necesidad de regular adecuadamente un complemento que compense la especial responsabilidad y condiciones del puesto de trabajo”.

En relación con la subida del plus mencionada por Construcor, desde CCOO y UGT recuerdan que se trató de una medida transitoria adoptada mientras se mantenía la mesa de negociación abierta hasta conseguir el acuerdo definitivo teniendo como objetivo el ya alcanzado en otras provincias andaluzas, para dejarlo regulado dentro del marco del convenio de manera definitiva.

Además, creen que resulta necesario aclarar que este asunto ya ha sido resuelto mediante el diálogo y la negociación en Sevilla, donde el sector de gruistas alcanzó recientemente un acuerdo que fija el plus en 38,50 euros diarios, fruto del entendimiento entre las partes. Los gruistas cordobeses no son distintos ni tienen menos responsabilidades, y se rigen por las mismas normas, exigencias de cualificación profesional y condiciones de habilitación que el resto de operadores de grúa torre en Andalucía. “Por tanto, resulta razonable que sus condiciones laborales puedan equipararse a las que ya se han acordado en otros territorios del mismo sector”, explican.

Asimismo, “resulta especialmente grave que la patronal intente enfrentar a los distintos trabajadores del sector, responsabilizando a los gruistas del parón de las obras o de los posibles retrasos en la entrega de viviendas. Los conflictos laborales se resuelven ediante negociación y diálogo, no mediante la descalificación de los trabajadores ni amenazas de medidas tan extremas como un cierre patronal. Es igualmente grave que la patronal intente responsabilizar a los gruistas del parón de las obras o de posibles retrasos en la entrega de viviendas, cuando conoce perfectamente que los conflictos laborales se resuelven mediante negociación y no mediante campañas de desprestigio”.

UGT y CCOO insisten en que la única vía para resolver esta situación pasa por retomar el diálogo con voluntad real de alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, fundamental para garantizar la paz social y el equilibrio entre empresas y trabajadores.

“Lamentamos profundamente que Construcor haya optado por la confrontación pública en lugar de asumir su responsabilidad y contribuir a una solución que permita normalizar la actividad del sector. Por ello, hacemos un llamamiento a Construcor para que abandone la confrontación pública, retire las descalificaciones hacia el colectivo de gruistas y se siente a negociar con responsabilidad para encontrar una solución que permita normalizar la actividad del sector en Córdoba”.

“Desde el Sindicato del Hábitat y UGT FICA de Córdoba continuaremos defendiendo los derechos y la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, incluyendo a los operadores de grúa torre, cuya profesionalidad y compromiso con la seguridad de las obras son incuestionables”, concluye el comunicado.

Más de veinte empresas afectadas por la huelga de gruistas se han reunido esta mañana en Construcor para seguir mostrando su rechazo al conflicto y tomar las medidas contundentes que sean necesarias. “Buscamos evitar el abuso de los trabajadores más privilegiados del sector”.

Según un comunicado enviado por Constructor a este periódico, las empresas ya atendieron la demanda que hicieron los gruistas en noviembre pasado de subida del plus, “a pesar de que no está incluido en el convenio general de la construcción”, y pasó de 13 a 26 euros diarios, un cien por cien más. Una subida temporal mientras se consultaba si esta medida era legal a la comisión paritaria del sector. 

“Los gruistas ya cobraban el plus más alto de toda Andalucía y el doble que en Málaga, Cádiz o Jaén. Tanto, que hoy ganan más que los encargados y capataces que los supervisan en la obra. Y hablan de una subida en Sevilla, como si no se hubiera hecho ya en Córdoba con ese cien por cien”, explican las empresas.

Por otro lado, las empresas también han expuesto que los trabajadores del sector, “engañados por los huelguistas”, sufren “las consecuencias por el parón de las obras; las familias en la entrega de viviendas y las empresas acumulan pérdidas superiores al millón de euros. Todo porque el pequeño colectivo más privilegiado del sector no tiene suficiente con una subida del cien por cien, después de haberlo aceptado hace cuatro meses y ahora quiere un 500”. 

Por ello, las empresas han acordado tomar todas las medidas a su alcance sin descartar hasta “un cierre patronal si los huelguistas persisten en su actitud, con lo que ello supondría para el conjunto del sector y para la sociedad”.

Más de un centenar de gruistas, según los sindicatos CCOO y UGT, se ha concentrado este lunes ante una obra en las inmediaciones de Miralbaida, en Córdoba capital, para protestar por “la actitud” de la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, en el marco de las negociaciones iniciadas tras la demanda de subida salarial planteada por los trabajadores, que la han reclamado con una huelga.

Según han informado los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba en un comunicado conjunto, en la patronal “se han enrocado en una cifra que ni siquiera compensaría las pérdidas generadas por los trabajadores en estos días de huelga y se han cerrado a negociar”, cuando “la huelga, que ha superado el mes desde su inicio, ha afectado a más de 60 obras en toda la provincia”.

El origen del conflicto está relacionado con la exigencia por parte de los trabajadores de una subida salarial, pues el pasado noviembre “se llegó a un acuerdo para una subida inicial transitoria que afectaría desde enero de 2025, pero que tendría su revisión en el presente año 2026”.

La negativa inicial de Construcor a revisar esta subida fue el origen de la convocatoria de huelga, negando la patronal el acuerdo de revisión y afirmando que la cifra solicitada por los trabajadores excede lo que el artículo 50 del convenio del sector establece.

Tras ello y respecto a la postura actual de la patronal, el responsable sindical Antonio Heredia (UGT) ha criticado el “chantaje” de Construcor al exigir que “debemos aceptar una subida transitoria de 13 euros y desconvocar la huelga para avanzar en las negociaciones”.

Por otra parte, Heredia ha asegurado que Constructor ha dado “órdenes, tras el inicio de la huelga, de posponer los pagos de los atrasos de 2024 y 2025 hasta que la huelga se desconvoque, lo que ha generado una enorme confusión en las empresas del sector, ya que algunas han procedido al pago, otras no, y muchas no conocen realmente el motivo de esta directiva de la patronal y muestran su desacuerdo con estas formas de actuar, por lo que han procedido a realizar los pagos correspondientes”.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, ha remarcado que “el convenio de aplicación en la construcción es un convenio estatal, y es el mismo para todas las provincias, pero en cada una se firman sus propias tablas salariales, y en Sevilla se ha revisado el salario de los gruistas. Si allí se ha conseguido significa que aquí tenemos margen”.

Sin embargo, según ha lamentao, “aquí lo que tenemos es una negativa tajante de la patronal, que lo que nos dice es esto es lo que hay, que si lo queremos, nos reunimos y que si no, pues no, y lo que nos ofrecen es lo que ya teníamos a 31 de diciembre de 2025”.

El mercado inmobiliario de la provincia de Córdoba ha iniciado 2026 con fuerza. El mes de enero ha cerrado con 882 compraventas de viviendas, un dato que no solo mejora con claridad el arranque del año anterior, sino que sitúa al sector en niveles que no se veían desde el ciclo expansivo previo a la crisis financiera. En concreto, se trata del mejor enero desde 2008, en plena resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según los datos disponibles, la actividad creció un 10,8% en comparación con enero de 2025, cuando se registraron 796 operaciones. Este incremento consolida la tendencia al alza que ha marcado el comportamiento del mercado durante los últimos años y confirma que la demanda sigue mostrando una notable resistencia, pese a un contexto económico más exigente en términos de financiación.

El dato cobra aún más relevancia si se contextualiza dentro de la serie histórica. Enero no suele ser un mes especialmente dinámico para el mercado de la vivienda, ya que acusa el parón estacional tras el cierre del ejercicio anterior. Sin embargo, el volumen registrado en este inicio de 2026 no solo rompe con esa tendencia, sino que se sitúa en la parte alta del ciclo actual y en cifras equiparables a las del periodo previo a la crisis de 2008.

Este buen arranque se produce, no obstante, tras un final de 2025 especialmente intenso, con varios meses consecutivos superando el millar de operaciones. En este sentido, aunque enero presenta una ligera caída respecto a diciembre (1.010 compraventas), la lectura no es negativa, sino más bien una normalización estacional dentro de un mercado que continúa en niveles elevados de actividad.

Menor dependencia de las hipotecas

Uno de los aspectos más relevantes que deja el inicio de año es la evolución desigual entre compraventas e hipotecas. En enero se firmaron 621 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un aumento mucho más moderado, del 3,3% interanual.

Esta diferencia de ritmos tiene una consecuencia directa: el peso de las operaciones financiadas mediante crédito hipotecario se reduce. En concreto, alrededor del 70,4% de las compraventas realizadas en enero contaron con hipoteca, un porcentaje significativo, pero inferior al que cabría esperar en un escenario de crecimiento paralelo.

Este dato apunta a un cambio progresivo en la estructura del mercado. Cada vez es mayor la presencia de compradores que no necesitan financiación bancaria para cerrar la operación, ya sea por disponer de ahorro previo, por la venta de una vivienda anterior o por tratarse de perfiles inversores.

Los operadores de grúa torre se han manifestando en la mañana de este martes frente a la sede de Constructor. Tras más de diez días de huelga ininterrumpida, este colectivo ha vuelto a exigir una mejora salarial, pero sobre todo instan a la patronal a reunirse y buscar un diálogo y un acuerdo entre ambas partes. En la concentración ha estado presente David Quintana, responsable de acción sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y David García, en representación de más de una decena de trabajadores que han estado presentes en la avenida Ronda de los Tejares, 32.

La huelga está teniendo un impacto directo en el sector, con un seguimiento del 100% por parte de los trabajadores. Según David Quintana, la inactividad de los gruistas ha provocado que más de 60 obras se encuentren prácticamente paradas tanto en Córdoba capital como en la provincia. “La grúa es quien mete el material para que el resto de trabajadores puedan hacer su trabajo; desde hace 12 días en las obras no puede entrar nada”, ha explicado Quintana.

Desde el CCOO han criticado en una comparecencia ante los medios de comunicación presentes que Construcor se escude en que las peticiones están fuera del convenio, algo que han calificado de “totalmente falso”. Han señalado que en otras provincias, como Sevilla, ya se han alcanzado acuerdos satisfactorios y reclaman el mismo trato para los trabajadores cordobeses. “En Córdoba no trabajan menos los gruistas, ni su trabajo tiene menos valor”, ha defendido el responsable sindical, quien ha asegurado que están dispuestos a negociar en cualquier momento y lugar, aunque de momento no hay ninguna reunión prevista.

Condiciones “insostenibles” y presión extrema

Por su parte, los trabajadores han denunciado que su situación es límite debido al aumento del ritmo de trabajo y la presión en las obras actuales en comparación con décadas pasadas. David García, operador de grúa con 20 años de experiencia, ha señalado que las obras en la actualidad “quieren hacer la misma cantidad de viviendas en bastante menos tiempo”, lo que conlleva un consiguiente peligro de accidente y una carga mental constante. “Esto es insostenible”, explica.

El conflicto amenaza con endurecerse tras las acusaciones del sindicato sobre posibles maniobras de “esquirolaje”. Quintana ha advertido que se están utilizando medios externos y desmontando grúas torre para sustituirlas por camiones grúa con el fin de sabotear la huelga. El colectivo ha anunciado que, de persistir estas prácticas, acudirán a la Inspección de Trabajo, asegurando que los gruistas “están todos a una” y no cederán ante las presiones.

El colectivo de operadores de grúa-torre que están en huelga en Córdoba ha hecho este martes un llamamiento a la patronal de la construcción en la provincia, Constructor, para que “escuche a sus asociados, que, en su mayoría, se muestran dispuestos a negociar una mejora salarial” para estos trabajadores, siendo la falta de acuerdo al respecto la que “ha provocado la convocatoria de huelga indefinida que cumple hoy su novena jornada”.

Según ha informado CCOO en una nota, así lo ha señalado el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, asegurando que “la postura de Constructor es bastante absurda y no representa a la de todo el sector, por lo que estamos viendo”, siendo “una postura de cabezonería por parte de la presidenta, María Dolores Jiménez, y del vicepresidente, Antonio Torres”.

A juicio de Quintana, “es incomprensible la postura de la patronal, porque no se está pidiendo nada desorbitado, se está pidiendo una equiparación de su salario con el resto de trabajadores de la construcción. Ellos han mostrado una disponibilidad permanente al diálogo y las peticiones están dentro de la legalidad, del marco que establece el convenio de la construcción”.

En este sentido, Antonio Herencia, en representación de los gruistas, ha afirmado que “la patronal ha intentado presentar este conflicto como una cuestión ajena a sus competencias, cuando en el último Sercla previo a la huelga se dejó claro” que lo que lo planteado por los representantes de los trabajadores “no es una modificación del plus de dedicación, sino una mejora salarial dentro del marco de la negociación provincial”.

Es decir, se trata de “una reivindicación plenamente encuadrada en el ámbito que corresponde y que puede abordarse sin necesidad de alterar ningún artículo del convenio general”, añadiendo Herencia que, “desde el punto de vista económico, la situación resulta difícil de justificar”, pues “las penalizaciones por retrasos en promociones de esta envergadura pueden suponer pérdidas diarias muy superiores al coste anual de la mejora salarial” que solicitan los gruistas en huelga.

Además, según ha señalado el responsable sindical, “la prolongación del conflicto tampoco beneficia al resto de empresas del sector, que están asumiendo retrasos y sobrecostes diarios por decisiones que no dependen de ellas. Mantener esta situación perjudica al conjunto de la construcción en Córdoba y retrasa proyectos que podrían avanzar con normalidad”.

En esta línea, el responsable de CCOO ha dicho no comprender que en Construcor “se estén dedicando a intoxicar a empresas y a la opinión pública contando cuestiones que no son reales”, porque “no se está pidiendo una subida desproporcionada. Ellos hablan de que los gruistas piden un aumento del 500%, cuando lo que están pidiendo es un aumento de 25 euros sobre una parte de su salario, sobre el plus de dedicación, que lo único que va a hacer es igualar su salario al del resto de sectores de la construcción”.

La “práctica totalidad” de las grúas de la construcción de la provincia de Córdoba “han vuelto a quedarse paradas hoy” en la segunda jornada de la huelga indefinida que han convocado los sindicatos CCOO y UGT, “ante la negativa de la patronal Construcor a negociar una subida para el plus de dedicación del colectivo de gruistas”.

A este respecto y según han informado CCOO y UGT en un comunicado conjunto, “el pasado noviembre”, sindicatos y patronal llegaron a un acuerdo para subir el mencionado plus para 2025, “un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026. Sin embargo, la patronal se niega ahora a volver a revisar este plus, como se había acordado”, lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida, “que está secundando el 100% del colectivo”.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha hecho una valoración “muy positiva” del seguimiento de la huelga en estos dos días y ha señalado que “el comportamiento del colectivo de los gruistas de la provincia de Córdoba está siendo ejemplar, reivindicando sus derechos y peticiones de la forma más cívica posible”.

Sin embargo, según ha lamentado, “algunas empresas que están usando subterfugios para intentar vulnerar nuestro derecho a huelga e incluso, y lo consideramos totalmente intolerable, algunas empresas han amenazado con represalias a los trabajadores en el futuro por esta acción que están llevando a cabo”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha explicado que el de los gruistas “es un colectivo un poco discriminado por el convenio, porque no puede subir su producción, como otros colectivos, que tienen la opción de ganar más dinero. Ellos tienen que estar 15 minutos antes todos los días para el mantenimiento de la grúa, que no lo cobran, y por eso pedimos una mejora del plus de dedicación”.

“En Sevilla --ha añadido-- ya han llegado a un acuerdo y nosotros hace cuatro meses decidimos que esto había que mejorarlo, porque llevábamos ya muchos años con el plus congelado y no puede ser que los gruistas siempre paguen el pato”.

La multa urbanística más alta jamás impuesta en España y una de las más grandes de toda Europa (solo superada recientemente por el beach club Principote de Mykonos, en Grecia) es bastante probable que no se cobre jamás. El Ayuntamiento de Córdoba ha incluido en un informe todas las deudas “de dudoso cobro” que viene arrastrando desde el año 2000. En total, son 55 millones de euros pendientes de cobro que el Área de Hacienda entiende que es muy difícil que algún día lleguen a liquidarse.

Dentro de esos 55 millones de euros destaca los 20 millones de multa que el Ayuntamiento de Córdoba impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. En el año 2005, el empresario amplió las instalaciones de una antigua cooperativa láctea de Córdoba (Colecor) junto a las ruinas de Medina Azahara. El suelo ya estaba catalogado como de especial protección y era no urbanizable. Aún así, Sandokán levantó 40.000 metros cuadrados de naves industriales con el objetivo de abrir una enorme superficie comercial en la que pretendía vender productos importados de China con una marca propia.

Las obras no se llegaron a precintar pero el Ayuntamiento sí que impuso una enorme sanción urbanística. La multa alcanzó los 24 millones de euros pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el importe a los 20 millones. Sandokán se negó a pagar la multa. No solo esta, sino el resto de sanciones que le impuso el Ayuntamiento por numerosas obras irregulares en toda la ciudad: Carrera del Caballo o Villarrubia, entre otros lugares. En total, se llegó a estimar que Rafael Gómez, a través de sus múltiples empresas, le debía al Ayuntamiento unos 40 millones de euros por multas urbanísticas. No consta que haya abonado euro alguno.

Empresario, constructor y político

Rafael Gómez Sánchez ha sido un empresario, constructor y joyero muy conocido. Su apodo se lo debe a su parecido físico con el actor Steve Reeves, protagonista de las dos películas sobre Sandokán, el personaje de Emilio Salgari, que se llevó al cine en los años sesenta. Gómez se llegó a presentar a las elecciones, después incluso de haber sido detenido en la operación Malaya y de saberse que le debía 40 millones en multas al Ayuntamiento y prácticamente otros 200 millones más a Hacienda por impagos a la Agencia Tributaria. Se convirtió en líder de la oposición y recibió más de 25.000 votos, superando incluso a Izquierda Unida, que hasta entonces gobernaba la ciudad.

Sandokán tuvo un imperio inmobiliario previo a la crisis del ladrillo en el que dio empleo a miles de trabajadores. Construyó en la Costa del Sol hasta que estalló el caso Malaya. Antes del estallido de la crisis del ladrillo y a causa de Malaya, vendió parte de su patrimonio inmobiliario al grupo Tremón, con quien sigue litigando por la titularidad de grandes bolsas de suelo, como las del famoso Tívoli. Fue condenado, pero no entró en prisión por esta sentencia, sino por otra instalada por la propia Agencia Tributaria, por un impago también de unos 20 millones de euros. La condena fue a cinco años de cárcel, de los que estuvo en prisión algo más de un año. El resto fue en libertad vigilada.

El grueso de las sanciones de “dudoso cobro” del Ayuntamiento de Córdoba son las que se incluyeron en el ejercicio fiscal de 2014. Ese año se declaró firme la multa de Colecor. En total, son 26 millones las pendientes de 2014. Sanciones urbanísticas, algo más de 21 millones.

Hasta el año 2012, las multas urbanísticas del Ayuntamiento de Córdoba iban a una caja común. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. El dinero recaudado se destinaba a financiar la compra de suelo. Pero desde ese cambio, se ha recaudado poco.

Según el informe de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, desde 2000 se han impuesto multas que han generado deudas “pendientes de cobro” por un importe total de 117 millones de euros. De ese total, se considera que son de “dudoso cobro” 55,5 millones de euros. El documento da por perdidos los pagos de todas las sanciones “pendientes de cobro” previas al ejercicio de 2019.

Con este documento, el equipo de gobierno tendrá que tomar una decisión. Si se considera que ese dinero no se va a poder cobrar, habrá que ajustar los presupuestos del Ayuntamiento, aunque probablemente para los próximos ejercicios fiscales.

La provincia de Córdoba ha cerrado el año 2025 comprando y vendiendo más viviendas que antes de la crisis inmobiliaria de 2008. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se cerró con la venta de 11.331 viviendas, una cifra incluso superior a la de 2007. No obstante, hay matices que hacen diferente la situación a entonces. Los precios son más bajos, se venden y compran más viviendas de segunda mano que nuevas y no se firman tantas hipotecas como entonces.

El análisis de la serie histórica desde 2007 hasta 2025 confirma que el pasado ejercicio ha marcado un hito sin precedentes en las últimas dos décadas. Las 11.331 compraventas registradas superan las 11.015 alcanzadas en pleno auge inmobiliario, lo que supone un incremento del 2,87% respecto a aquel año que simbolizó el techo de la burbuja. Nunca antes, al menos en el periodo analizado, se habían formalizado tantas operaciones en la provincia.

Un aspecto clave para entender esta dinámica es la evolución de los precios de la vivienda en Córdoba en los últimos años. Aunque el mercado ha registrado un volumen de compraventas similar o incluso superior al de 2007, los precios siguen estando por debajo de los máximos históricos de aquella época. Según datos recientes de idealista para enero de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en la provincia se sitúa alrededor de 1.283 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento interanual cercano al 7,9 % respecto a enero de 2025, pero sigue estando más de un 28 % por debajo del máximo histórico registrado en 2007.

La capital cordobesa, por su parte, muestra una evolución similar en términos relativos. En Córdoba ciudad el precio medio ronda los 1.682 euros por metro cuadrado en enero de 2026, con un incremento anual de más del 10 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos datos reflejan un mercado en ligero ascenso de precios, pero con niveles de coste aún contenidos si se comparan con los de hace casi veinte años, cuando los precios llegaron a superar los 2.100 euros por metro cuadrado en la ciudad.

La evolución del mercado refleja, además, una recuperación sólida tras el parón provocado por la pandemia. En 2020, el número de transacciones cayó hasta las 5.598, prácticamente la mitad de las registradas en 2025. Desde entonces, la actividad ha ido creciendo de manera sostenida: 7.678 operaciones en 2021, 8.462 en 2022, 8.068 en 2023 y un notable salto hasta 9.468 en 2024. El impulso definitivo llegó en 2025, cuando el mercado aceleró con fuerza hasta alcanzar el nuevo máximo histórico.

Sin embargo, aunque el volumen total es comparable al del periodo previo al estallido de la crisis financiera, la estructura del mercado ha cambiado de forma radical. En 2007, la vivienda nueva representaba casi la mitad de las operaciones, con 5.190 compraventas, lo que suponía un 47% del total. En 2025, la situación es muy distinta: la vivienda de segunda mano concentra 8.998 operaciones, el 79% del mercado, mientras que la obra nueva se queda en 2.333 transacciones, menos de la mitad de las que se firmaban en el punto álgido del boom.

Este desplazamiento hacia el mercado de segunda mano evidencia un modelo más apoyado en el parque ya existente que en la expansión urbanística. También influye la menor promoción de vivienda nueva en comparación con la etapa anterior a 2008, cuando el crecimiento inmobiliario estaba vinculado a una intensa actividad constructora. Hoy, la prudencia financiera, los costes de construcción y la planificación urbanística condicionan el ritmo de nuevos desarrollos.

Por régimen de protección, el grueso de las operaciones continúa concentrándose en la vivienda libre. En 2025 se registraron 9.980 compraventas de este tipo, frente a 1.351 viviendas protegidas. Aunque estas últimas muestran cierta estabilidad en los últimos años, siguen representando una parte minoritaria del conjunto del mercado residencial cordobés.

Otro elemento diferenciador respecto a 2007 es la financiación. Aunque 2025 ha sido también un año destacado en la firma de hipotecas —tal y como ha informado el diario local Cordópolis— el contexto es distinto. Si bien se trata del mayor volumen de constitución de préstamos hipotecarios en los últimos quince años, el acceso al crédito es hoy más exigente que en los años previos a la crisis financiera, cuando la concesión de financiación era más flexible y generalizada.

A ello se suma una diferencia clave: los precios. Aunque el mercado vive un momento de intensa actividad, el valor medio de la vivienda en Córdoba se sitúa por debajo de los niveles máximos alcanzados durante la burbuja, especialmente si se tiene en cuenta la inflación acumulada en estos años. Es decir, se venden más viviendas que en 2007, pero en términos reales son más baratas que entonces.

En conjunto, los datos dibujan un mercado inmobiliario dinámico, que ha dejado atrás tanto la profunda crisis posterior a 2008 como el frenazo de 2020, pero que funciona bajo parámetros distintos a los del pasado. Más protagonismo de la vivienda usada, menor peso de la obra nueva, financiación más prudente y precios contenidos en comparación con el pico de la burbuja configuran un escenario nuevo.

El mercado inmobiliario de Córdoba ha vuelto a demostrar que sigue a la alza en los últimos 15 años. Según el análisis de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el ejercicio ha cerrado con un total de 7.199 hipotecas firmadas específicamente para la adquisición de viviendas, lo que convierte a 2025 en el año con mayor actividad desde 2010, cuando se registraron 8.114 operaciones.

Esta cifra refleja una tendencia de crecimiento, superando ampliamente los registros de la última década. Para encontrar un volumen de contratos superior al de 2025, habría que retroceder quince años en la serie histórica. Si bien el mercado total de hipotecas -incluyendo fincas rústicas y urbanas- sumó 8.945 firmas -el mejor dato desde 2021-, es en el sector residencial donde la pujanza ha sido más evidente.

Uno de los datos más significativos de este balance anual es el volumen de capital inyectado por las entidades financieras. El importe total prestado para la compra de viviendas en la provincia ascendió a 799,1 millones de euros. Esto no solo supone un incremento del 11,3% respecto al año 2024, sino que representa el valor más alto movilizado para este fin en los últimos 15 años.

Mayor importe medio por hipoteca y lejos del 'boom' inmobiliario

Por otro lado, es digno de recalcar que en 2025 se haya prestado más dinero total para vivienda que en 2010 -799 millones frente a 776 millones de euros-, a pesar de que en aquel entonces se firmaron casi 1.000 hipotecas más. Lo que puede parecer una contradicción se explica por el encarecimiento de los préstamos: el importe medio por hipoteca en Córdoba se ha situado en 2025 en torno a los 111.000 euros por vivienda, una cifra significativamente superior a la de años anteriores.

En cuanto a los otros protagonistas en este tipo de operaciones, los bancos se mantienen como los líderes absolutos de la financiación en la provincia. Durante 2025, estas entidades financiaron 7.752 hipotecas sobre fincas urbanas -categoría que incluye las viviendas- por un valor total de 1.053 millones de euros. Por su parte, otras entidades financieras registraron una actividad menor, con 644 operaciones por un importe de 67,1 millones de euros. Las antiguas cajas de ahorro, debido a la transformación del sector, ya no figuran con operaciones bajo esa denominación jurídica específica.

Pese a los números a la alza que se presenta y la tendencia clara de crecimiento en los próximos años, Córdoba continúa lejos de las cifras alcanzadas durante el 'boom' inmobiliario. El récord histórico de la provincia se mantiene en el año 2006, cuando se llegaron a firmar 29.604 hipotecas totales y 18.871 específicamente para vivienda. El volumen actual de 2025 representa aproximadamente un 30% de aquella actividad frenética. Por lo que, por el momento, es difícil hablar de una posible ruptura del mercado.

Córdoba vive estos días una parálisis bastante inusual de su actividad económica y comercial a causa del persistente carrusel de borrascas que azota la provincia, con especial incidencia en sectores clave como la hostelería, el comercio, la agricultura y la construcción, que coinciden en señalar un desplome de la actividad, aunque ponen el acento en el impacto humano del temporal.

La hostelería es, lógicamente, uno de los ámbitos más afectados. Porque además, suma otro factor: la afección de los temporales y el trágico accidente de Adamuz en la red ferroviaria, principal sistema de transporte del turismo que acude a Córdoba. Por ello, el presidente de Hostecor, la patronal del sector en Córdoba, Jesús Guerrero, reconoce con resignación que esta semana se está ante la desaparición prácticamente total de las reservas, tanto de turistas como de clientes locales.

“La semana pasada se caían las reservas y ahora es que no hay reservas”, señala Guerrero, quien subraya la suma de clima adverso y cortes ferroviarios está dejando a los restaurantes de la ciudad sin clientes. Porque, según explica, las reservas de los cordobeses comenzaron a caer la pasada semana por la lluvia, pero ahora “lo que ha dejado de entrar son reservas nuevas, a un volumen muy grande”.

Como ejemplo, apunta a zonas eminentemente turísticas como el Mercado Victoria, donde “las cajas son como cuando estábamos confinados, como en el Covid”. “El problema no es solo ahora, sino el tiempo que vamos a tardar en recuperar los viajes, porque los turoperadores y las agencias están copando destinos al no saber cuándo vuelve la normalidad. Ahí sí hay un problema serio, tanto para hoteles como para reservas de grupos en restaurantes”, advierte.

Pese a todo, Guerrero trata de relativizar la situación al señalar que el temporal ha llegado en temporada baja. “Dentro de lo malo, tenemos que dar las gracias de que esto no nos pille en plena campaña fuerte, porque sería devastador. Saldremos, como hemos salido otras veces, pero hay que mirar con atención lo que viene porque puede ser preocupante”, afirma.

El campo y el andamio, parados

En una situación más compleja están otros sectores estos días. Uno de los que más sufre es el campo, que afronta con bastante tensión los efectos de las lluvias persistentes y los fuertes vientos. Desde ASAJA Córdoba advierten de daños generalizados en los principales sectores productivos de la provincia, como el cereal, el olivar, los cítricos y la ganadería.

El presidente de la organización agraria, Fernando Adell, señala que las consecuencias, aún pendientes de cuantificar en su totalidad, “comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones y la producción de esta campaña e incluso de las siguientes”. Las primeras estimaciones apuntan a pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y alrededor de un 30% en el olivar.

La construcción tampoco escapa al impacto del temporal. Desde la patronal Construcor indican que buena parte de las empresas han tenido que paralizar las obras y, en muchos casos, conceder días libres a los trabajadores ante la imposibilidad de avanzar en los trabajos.

Esta paralización forzosa supone “un aumento inevitable de los costes a todos los niveles”, tanto en vivienda como en obras de infraestructuras. No obstante, la patronal reconoce que todavía es imposible ofrecer cifras concretas del impacto económico. “No podemos dar datos con honestidad porque ahora mismo no son calculables. Hacer un supuesto riguroso es imposible, pero sí sabemos que las cifras van a ser altas”, concluyen.

Comercios resistiendo

Desde Comercio Córdoba, la patronal del sector que más empleo genera en la ciudad, señalan que, por el momento, no tienen constancia de daños estructurales graves en la actividad comercial, aunque sí reconocen “dificultades puntuales de acceso, incidencias logísticas y una reducción de la afluencia de clientes” como consecuencia directa del temporal.

La organización mantiene un seguimiento constante de la evolución meteorológica y recuerda la necesidad de que las empresas “sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes y extremen las medidas de seguridad y protección”, especialmente en las zonas más afectadas.

La actividad promotora en la provincia de Córdoba ha experimentado un notable retroceso a lo largo de 2025. Los datos de visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba confirman un descenso del 27% en el número de viviendas visadas para su construcción respecto al año anterior, una caída que se concentra casi exclusivamente en el segmento de la vivienda de renta libre.

En términos absolutos, durante 2025 se visaron 1.162 viviendas, frente a las 1.594 de 2024, lo que supone más de 430 viviendas menos proyectadas en un solo año. El dato refleja con claridad el enfriamiento del mercado residencial, en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes de construcción, la evolución de los tipos de interés y la cautela tanto de promotores como de compradores.

El análisis detallado de los visados muestra que el ajuste se ha producido casi en su totalidad en la vivienda de renta libre, que ha soportado el grueso del descenso interanual. Este comportamiento apunta a una ralentización de la iniciativa privada, especialmente en promociones de tamaño medio y grande, más sensibles a los cambios en la financiación y a la incertidumbre del mercado.

Frente a este escenario, la vivienda protegida (VPO) ha mostrado una evolución mucho más estable, actuando como un elemento amortiguador del desplome general. En 2025 se visaron 335 viviendas de VPO, frente a las 351 de 2024, lo que supone un descenso muy moderado del 4,55%.

La VPO resiste en un contexto adverso

Aunque la cifra de vivienda protegida también desciende ligeramente, su comportamiento contrasta con la fuerte caída de la vivienda libre. De hecho, la VPO gana peso relativo dentro del conjunto de la edificación residencial, evidenciando que la promoción vinculada a políticas públicas y a precios tasados mantiene una mayor estabilidad en momentos de desaceleración económica.

Este comportamiento sugiere que la demanda de vivienda asequible sigue siendo sólida en la provincia, al tiempo que pone de relieve las dificultades de acceso a la vivienda libre para amplias capas de la población, especialmente jóvenes y familias con rentas medias.

Impacto en el sector de la construcción

El descenso del número de visados no solo afecta al mercado inmobiliario, sino que tiene implicaciones directas para el sector de la construcción y el empleo asociado, así como para estudios de arquitectura, ingenierías y empresas auxiliares. Una menor carga de nuevos proyectos en cartera anticipa un ejercicio más contenido en términos de actividad, especialmente si la tendencia se mantiene en 2026.

Desde el ámbito profesional se observa con preocupación esta evolución, ya que los visados son un indicador adelantado de la actividad constructiva futura, y su caída suele trasladarse al mercado con varios meses de desfase.

La empresa municipal de vivienda de Córdoba (Vimcorsa) acaba de licitar un contrato para la construcción de treinta viviendas protegidas con trasteros y plazas de aparcamiento en régimen de venta.

El contrato para la construcción de estas treinta viviendas tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos de 3.884.750,48 euros, según reza en la plataforma de contratación del estado, consultada por este periódico. Las viviendas estarían ubicadas en la calle Acera de Granada nº 2, en el barrio del Campo de la Verdad.

En concreto, estas viviendas protegidas se ubicarán en un terreno con una superficie de 1.336 metros cuadrados, en las parcelas 1 y 2 del Estudio de Detalle RG-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. Las viviendas limitarán con los viales de avenida Campo de la Verdad, calle Escritora Concha Lagos, calle Acera de Granada y edificación colindante.

La edificación proyectada prevé una planta baja y tres alturas, con posibilidad de sótano, para el edificio que ocupen las treinta viviendas protegidas, trasteros y aparcamientos.

El sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha firmado con la patronal Construcor y UGT la jornada laboral de la construcción para el próximo año y las tablas salariales del sector, que supondrán un incremento del 6,9 %, con una subida del 0,4 % correspondiente a 2024, un 3,5 % del 2025 y un 3 % para el 2025.

Sin embargo, el aspecto más destacado es el incremento de días de jornada continua y jornada intensiva. La secretaria General del mencionado sindicato del Hábitat, Esperanza Sánchez, explica que “por un lado hemos ampliado el periodo de jornada intensiva de 7 horas, pasando de 60 a 64 días y, por otro, se han incrementado los días de jornada continuada de 8 horas hasta 9 días, de forma que el próximo año se trabajarán hasta 73 días en horario de mañana, de 7:00 a 15:00, en el caso de la jornada continuada y de 7:00 a 14:00 en el de la continua de verano”.

En concreto, la jornada continua se aplicará el 2 de enero, del lunes al miércoles de Feria y del 31 de agosto al 4 de septiembre, mientras que la jornada intensiva dará comienzo el 8 de junio y concluirá el 28 de agosto, de forma que prácticamente desde Feria hasta el 4 de septiembre solo se trabajará en horario de mañana.

“En una provincia como Córdoba, en donde los rigores del verano son tan intensos, mantener y mejorar la jornada continua e intensiva era un objetivo primordial para CCOO, y creemos que el calendario de 2026 da respuesta a esta necesidad. Además, la aplicación de la jornada intensiva en Semana Santa y en Feria es un paso hacia le mejora de la conciliación en el sector”, destacó Esperanza Sánchez.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este miércoles la Ley de Vivienda en Andalucía, que entrará en vigor el próximo 24 de enero. La Ley de Vivienda de Andalucía apuesta firmemente por la vivienda y por facilitar su acceso a los que más lo necesitan, con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible.

Según ha informado la Junta en una nota, la nueva norma se articula sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación.

De este modo, la Ley de Vivienda de Andalucía refuerza las políticas iniciadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler.

La ley crea la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación, según ha detallado el Gobierno andaluz.

Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

En ese sentido, el Ejecutivo andaluz ha destacado que se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos. También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente.

Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos.

La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.

Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables.

En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La norma establece, dentro del marco de sus competencias, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación.

La norma incorpora varias de las medidas urgentes del Decreto-ley ya en vigor, salvo aquellas de carácter temporal (cinco años) como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

Un Decreto-ley al que se han adherido ya cerca de 80 municipios andaluces que representan a más de la mitad de la población andaluza y que se localizan en las zonas donde se detecta una mayor demanda de viviendas.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor. Con esta ley, se busca corregir los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha tenido como efectos la subida de precios, la caída de la oferta, la incertidumbre jurídica del propietario o el aumento de la ocupación.

La Ley de Vivienda de Andalucía contribuye, por último, a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo Social de Córdoba a que imponía a dos empresas -una de ellas, adjudicataria de los trabajos y la otra, subcontratada por esta-un recargo del 40% en las prestaciones de la Seguridad Social derivadas del accidente laboral sufrido por un albañil en la barriada de Las Palmeras en 2018.

El tribunal ha desestimado así el recurso de la empresa adjudicataria de los trabajos y ha ratificado la responsabilidad empresarial “por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo”, imponiendo a ambas entidades el pago solidario del recargo.

El accidente ocurrió el 29 de enero de 2018, cuando el trabajador realizaba tareas de retirada de ventanales en la fachada de un edificio. La plataforma elevadora, prevista como medida de seguridad para estas tareas, “se había retirado del frontal exterior del bloque al producirse una avería” y, pese a ello, “no se dio ninguna indicación por parte de los encargados de que parasen los trabajos”.

Durante los trabajos, el albañil se precipitó por el hueco de una ventana “sin contar con ningún equipo de protección individual”, según quedó registrado en el parte de accidente y en los informes de la Inspección de Trabajo.

En su recurso ante el TSJA, la empresa adjudicataria alegó que el trabajador actuó por su cuenta y riesgo, argumentando que la caída se debió a “imprudencia temeraria”. Sin embargo, el TSJA ha consdierado que el operario “se limitó a realizar una tarea que no se puede considerar coyuntural, puntual o novedosa”, descartando cualquier imprudencia grave que exima de responsabilidad a las empresas.

El tribunal ha recordado que el deber de protección empresarial es “prácticamente ilimitado” e incluye prever “las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Asimismo, la sentencia ha subrayado “la evidente falta de coordinación entre los equipos de trabajo implicados”, ya que el accidente se produjo mientras el personal de ambas empresas operaba de manera conjunta sin contar con la plataforma elevadora ni con medidas de protección alternativas.

El recargo del 40% se aplicará sobre todas las prestaciones derivadas del accidente y lo cobrará el trabajador, mientras que las empresas serán solidariamente responsables del pago.

Los dos sindicatos más representativos del sector de la construcción en Córdoba, UGT-FICA y CCOO Habitar, han llegado a un acuerdo con la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), para desconvocar la huelga en el subsector de gruistas que estaba previsto que comenzara mañana miércoles 12 noviembre.

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, “el acuerdo es muy satisfactorio, ya que va a permitir que el plus de dedicación que se regula en el articulo 47 del convenio colectivo de la construcción de Córdoba, y que afecta a todos los gruistas de la provincia, pase a la cantidad de 25,40 euros, en lugar de los 12,23 euros que se venían percibiendo hasta la fecha”.

El acuerdo contempla, igualmente, “un periodo de consultas inmediato para actualizar las tablas salariales con los incrementos pactados, 3,9% para 2025 y 3% para 2026, en todos los conceptos retributivos del convenio, además del compromiso de acordar el calendario laboral para el próximo 2026 para todo el sector”.

También se incrementará el plan de pensiones, “en un 0,5% para el presente 2025 y un 0,25% para el próximo 2026, que en el caso de Córdoba lo disfrutan más de 10.000 trabajadores del sector que se encuentran de alta de dicho plan”. Además, “la cantidad para el plus de disponibilidad para 2026 también se pactará en dicha comisión, cobrándose, mientras tanto, los 25,40 euros más el 3% de subida de 2026”.

Sindicatos y patronal se han puesto como “fecha tope para tener todo acordado el 31 de diciembre de 2025, existiendo buena disposición por ambas partes para que lo antes posible de esa fecha tope esté todo acordado”. El acuerdo alcanzado en el marco del Sercla se trasladará en acta a la comisión negociadora del convenio, “para que en el menor tiempo posible se pueda registrar, para su posterior publicación en el BOP”, resaltando también los sindicatos que “ya se ha activado la petición de los coeficientes reductores para que los trabajadores del sector puedan anticipar su edad de jubilación sin penalización ninguna”.

Construcor ha reunido a sus asociados en una asamblea extraordinaria para analizar las cuestiones más importantes para el sector en la recta final de año y fijar actuaciones para el próximo. Entre ellas, el empleo ha ocupado el principal análisis, por la falta de profesionales, y la necesidad imperiosa de que se conozca la realidad de las condiciones laborales del sector, que ofrecen y favorecen el desarrollo de una carrera profesional de larga trayectoria.  

Para ello, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, y presidente de la Federación Andaluza de Contratistas, Rafael Sánchez, ha expuesto el trabajo que realiza la Fundación y los retos más inmediatos que está acometiendo.  

De la misma manera, los empresarios han dialogado sobre la situación general y el problema de la vivienda, mostrando su preocupación ante una deriva de costes que escapa a su actuación, especialmente en el ámbito fiscal y la disponibilidad de suelos, cuestiones que reclaman soluciones de calado reales para evitar que sigan subiendo.  

La asamblea, en la que participaron la práctica totalidad de las empresas asociadas, ha acordado un calendario de trabajo para proponer medidas en torno a estas cuestiones y concienciar a la sociedad de la auténtica realidad del sector.

La Junta de Andalucía ha publicado la bolsa de suelo disponible para vivienda asequible, que cuenta con parcelas para la construcción de más de 4.000 viviendas protegidas en Córdoba. En concreto, según la información facilitada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en Córdoba capital habría 40 parcelas con 178.071 metros cuadrados, donde se podrían construir 4.225 viviendas asequibles.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado hoy esta bolsa de suelo, con capacidad para 40.937 viviendas en Andalucía, que será “herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda” e “impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia”.

“Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia”, ha manifestado la consejera en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han asistido y también participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos.

Rocío Díaz ha indicado que lo esencial de esta bolsa de suelo para vivienda asequible es que “detrás de cada parcela, hay una posibilidad real de hogar”. Asimismo, ha destacado que “no solo es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía”.

Consultar el inventario de suelo

La bolsa de suelo es una de las medidas puestas en marcha dentro del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía en febrero y ha contado con la colaboración de los 13 municipios de más de 100.000 habitantes (Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Roquetas de Mar y Sevilla). Este inventario, que se puede consultar desde hoy mismo en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, dispone de 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074).

Estas parcelas se pueden identificar de manera fácil e intuitiva en la web ideada por técnicos de la Consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Así, se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, que ha contado con un incremento del número de viviendas del 15,07%.

También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Unos suelos que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes, se podrán utilizar también para vivienda protegida.

Por municipios

Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.

Rocío Díaz ha vuelto a agradecer “la colaboración y el diálogo” de todos los agentes y colectivos vinculados al sector de la vivienda por “trabajar juntos en este reto”. “Vuestra participación, vuestras aportaciones y vuestra implicación están siendo clave para dar una respuesta seria y efectiva en Andalucía a una de las primeras y más graves preocupaciones sociales”, ha añadido, recordando las reuniones mantenidas tanto para la aprobación del Decreto-ley aprobado en febrero, como en la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ya se está tramitando en el Parlamento.

Igualmente, ha defendido que la Junta de Andalucía “actúa para impulsar y garantizar más viviendas a precio asequible, con más suelo, más ayudas a promociones y más oportunidades a las familias andaluzas”.

La bolsa de suelo para vivienda protegida se ha presentado en una jornada que ha contado con la participación, además de la consejera, con el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado; la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María Cerezo; el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, y la presidenta del Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz.

Además, han asistido el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; la secretaria general Técnica, María del Rosario de Santiago; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, así como los delegados territoriales de Fomento de las provincias andaluzas.