Cáritas Diocesana de Córdoba y la Fundación Foessa han presentado este jueves los resultados del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, un análisis que revela que la provincia afronta “una situación de exclusión social especialmente intensa y marcada por la inestabilidad laboral, el acceso cada vez más difícil a la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos”, y la consecuencia es que Córdoba está a la cabeza de la exclusión en Andalucía, con más de un cuarto de la población afectada.

En Córdoba, la fragilidad del empleo sigue siendo uno de los principales núcleos de exclusión, pues “alrededor de 75.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando períodos de desempleo, múltiples contratos o pasando por varias empresas” tal y como ha señalado el coordinador del Informe Foessa de Andalucía, Daniel Rodríguez de Blas, quien ha resaltado que “el empleo reduce el riesgo, pero ya no evita la exclusión. Muchas personas trabajan y aun así no logran sostener una vida digna”.

La vivienda se ha convertido en el segundo gran eje de vulnerabilidad en la provincia. La evolución del precio del alquiler y los gastos asociados empujan a miles de familias a situaciones de pobreza severa. “Más de 90.000 personas en Córdoba caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda”, lo que convierte esta dimensión en un auténtico generador de exclusión, explicando Rodríguez de Blas que “la vivienda es hoy un 'derecho fake', pues, mientras no existan políticas estables que la garanticen, la recuperación económica no se traducirá en integración social”.

El tercer ámbito crítico es la salud. “Cerca de 127.000 personas en Córdoba han tenido que dejar de comprar medicamentos, dietas o tratamientos por falta de recursos, una renuncia que profundiza la desigualdad sanitaria y agrava la fragilidad de quienes ya viven en situaciones de exclusión”, según ha asegurado el coordinador del estudio, al tiempo que ha añadido que “cuando poder cuidarse depende del dinero que se tiene, la exclusión se vuelve más profunda y persistente”.

Durante la presentación, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha recordado que el Informe Foessa es una herramienta esencial para comprender la realidad social que Cáritas acompaña cada día. “No se puede amar lo que no se conoce, ni transformar lo que no se comprende. Este estudio nos ayuda a entender las causas reales de la pobreza en Córdoba y a no acostumbrarnos a ella”, ha sentenciado.

Además, Reina ha subrayado que el informe es un servicio para toda la sociedad, porque “la lucha contra la pobreza no puede quedarse en acciones puntuales, exige políticas justas, estructuras inclusivas y una mirada ética que ponga a la persona en el centro”.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha comentado que “este estudio nos habla de situaciones de insuficiencia económica en términos de pobreza, de carencias materiales, de relaciones frágiles e incapaces de sostener un nivel deseable de integración social”, al tiempo que ha destacado que “este informe no se conforma con ofrecer una serie de datos estadísticos objetivos, sino que también pretende ser una herramienta ética, social y pastoral”.

Por último, Jesús Fernández ha señalado que, tal y como dice el Papa León XIV ,“la condición de los pobres nos interpela, ya que en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo”.

Los resultados del informe muestran que Córdoba refleja con especial intensidad una tendencia andaluza sostenida, la de “un modelo social que no consigue integrar a quienes viven con más fragilidad, incluso en fases de crecimiento económico”. Ante este escenario, Cáritas y la Fundación Foessa insisten en “la necesidad de un nuevo pacto social que sitúe la vivienda, la salud, la protección social y el empleo digno como pilares esenciales de cohesión y justicia social en la provincia”.

La Asamblea de Obispos del Sur de España, que integra a los prelados de las diez diócesis andaluzas, ha acusado a la Junta de “perjudicar la labor” que desarrolla Cáritas en atención a las personas más necesitadas por los criterios que aplica en el reparto de las ayudas provenientes del IRPF.

En un comunicado difundido tras la asamblea celebrada este lunes 26 de enero en Córdoba, los obispos expresan su “preocupación por los criterios utilizados por la Junta de Andalucía en la adjudicación de las ayudas provenientes del IRPF, que están provocando que las Cáritas Diocesanas en Andalucía tengan que replantear algunos de los proyectos de atención a los más necesitados”.

“Los pobres que Cáritas atiende quedan discriminados con este reparto”, subrayan los prelados a la “espera de seguir dialogando” con la Junta de Andalucía sobre este asunto.

Por su parte, la Secretaría Técnica de Enseñanza ha informado a los obispos de las últimas gestiones realizadas con la administración educativa estatal y andaluz, así como de los avances en la renovación del acuerdo en materia educativa entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y los Obispos del Sur de España.

Acceso de los profesores de religión al Máster de Secundaria

En este sentido, los obispos andaluces han expresado su confianza en que “el profesorado de Religión Católica pueda acceder de manera normalizada al Máster de Educación Secundaria en las universidades públicas de cada provincia andaluza”.

También ha abordado durante la reunión la próxima visita del Papa León XIV a España, con fecha aún por determinar, y que están convencidos de que “supondrá un momento de comunión eclesial y un renovado impulso para la misión evangelizadora” y animan a los fieles a “prepararse para esta visita y participar activamente en los actos que se programen”.

Por último, la Asamblea ha nombrado obispo delegado para los seminarios al obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico. Además los obispos han felicitado a la Diócesis de Almería y a su obispo por la beatificación del venerable Salvador Valera Parra, conocido como el 'Cura Valera', que será el próximo 7 de febrero en su localidad natal, Huércal-Overa.

“En los días de frío, no ponía el brasero y me echaba una manta. De igual modo, a la hora de dormir, les decía a mis hijas, hoy nos acostamos juntas, para evitar tener que calentar dos habitaciones”. Es el testimonio de Pilar, una cordobesa que ilustra con sus palabras la dura realidad que sufren muchas familias de la provincia cuando bajan las temperaturas.

Una realidad que tiene nombre y apellido, pobreza energética, que no es sino una cara más de la vulnerabilidad económica, que impide a muchas familias satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

“Hay muchas familias que, aunque trabajen, tienen verdaderos problemas para afrontar los pagos básicos, como son los suministros de luz o gas”, explica Rafael Cobos, trabajador social del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja.

Para hacer frente a esta situación, la entidad desarrolla diversos programas de emergencia social -tanto en la capital como en municipios de la provincia tales como Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil o Villanueva de Córdoba- que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la institución humanitaria ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 71 familias de la provincia –en el marco del proyecto ‘Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad’-, a las que se les abonaron 130 recibos de luz, agua o gas.

Es el caso de Pilar, cuya situación varió tras acercarse a Cruz Roja en busca de ayuda social. Allí, entre otras cosas, encontró apoyo para el pago de un par de facturas de luz y orientación para solicitar el bono social, al que tenía derecho y del que, por desconocimiento, no se beneficiaba hasta entonces.

Ahorro doméstico y eficiencia energética

Asimismo, el enfoque integral que despliega la entidad frente a esta realidad contempla formaciones de ahorro doméstico y la entrega de kits de eficiencia energética, con el objetivo de conservar el calor en el hogar y reducir el consumo.

En esta línea, y para hacer frente a la ‘cuesta de enero’, desde la organización se recomienda optimizar el consumo energético para ahorrar en la factura de la luz y promover el cuidado medioambiental. Así, Cruz Roja insiste en la importancia de gestos tan sencillos como estos:

1. Mejora el aislamiento térmico: cierra persianas y cortinas, instala doble cristal.

2. Ajusta la calefacción: cada grado extra implica un 7 % más de consumo. Recomienda entre 19 °C y 21 °C durante el día, y 15 °C-17 °C por la noche.

3. Usa termostatos y válvulas termostáticas para reducir entre un 8 % y 13 % del consumo.

4. Opta por métodos de cocción eficiente: olla exprés, tapas en sartenes, descongelación en nevera.

5. Mantén electrodomésticos eficientes (clase A) y evita el consumo en stand-by. Apaga completamente equipos como televisores.

6. Instala lámparas LED y aprovecha la luz natural.

El impacto de la pobreza energética

- El 27 % de las personas atendidas por Cruz Roja no puede mantener la temperatura adecuada en su vivienda durante todo el año, y el 44 % no puede hacerlo ni en invierno ni en verano.

- Los retrasos en las facturas afectan al 10 % de la población, subiendo al 21,8 % entre quienes alquilan.

- Las consecuencias repercuten especialmente en la salud de menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

La pobreza energética no entiende de perfiles ni patrones. Los casos son variopintos, pero todos comparten la dificultad de mantener un hogar cálido y confortable, la incertidumbre frente a las facturas y la necesidad de apoyo para gestionar su energía de manera eficiente. Combatir la vulnerabilidad energética es, en última instancia, garantizar dignidad y bienestar para quienes más lo necesitan.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se ha referido a la situación de la pobreza en la provincia y a cómo se está actuando ante la misma, desde la Iglesia Católica y desde otras instituciones y entidades que colaboran con ella en esta labor, y ha dicho que le preocupan las que ha denominado como las “nuevas pobrezas”, que tienen que ver con las dificultades para acceder a una vivienda, con las personas mayores que sufren “soledad” y con los jóvenes que viven “aislados”.

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, el obispo ha recordado que el lema elegido por Cáritas para este año es el de 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte“, considerando Jesús Fernández que ”es muy acertado, porque cada ser humano debe tener garantizada su dignidad, con independencia del lugar donde nazca y el entorno con que cuente“.

De hecho, según ha argumentado, “cada persona es importante para Dios y debemos trabajar para que la pobreza no acabe destruyendo la capacidad única e inigualable por la que viene al mundo cada ser humano”, y ha añadido que le preocupan, “especialmente, las nuevas pobrezas, que tienen que ver con la soledad no deseada, el difícil acceso a la vivienda, las adicciones, o el aislamiento de jóvenes con muchos amigos virtuales, pero ausentes de su necesidad de relación real”.

A esto se suma también, según ha señalado Jesús Fernández, que “cada vez las necesidades son mayores y los recursos de las institucionales públicas no se incrementan proporcionalmente”, aludiendo en este contexto el obispo, respecto a las relaciones entre la Diócesis y las instituciones públicas, a que la coordinación, que ya existe, es clave.

Así, ha recordado como, poco después de su llegada a Córdoba, “una responsable municipal dedicada a los servicios sociales me dijo que ellos son las manos, pero la Iglesia es el corazón de muchos de los proyectos que compartimos para ayudar a las personas”, y “realmente es así, tengo una visión complementaria y creo en lo mucho que se avanza en atención social si instituciones e Iglesia tienen una buena coordinación. Creo que en un clima de entendimiento, estamos llamados a unirnos para el bien común”.

Precisamente, según ha resaltado, en los seis meses que lleva el frente de la Diócesis, ha sido recibido “por todos los representantes de instituciones y tengo que decir que han sido encuentros muy interesantes, en los que me he sentido muy bien acogido, por lo que estoy muy agradecido. Hay muy buena sintonía y espero seguir contando con esa generosidad para construir proyectos que beneficien a quienes menos tienen”.

“En cuanto a la pobreza material”, según ha asegurado, “Cáritas Diocesana de Córdoba sigue trabajando con los mismos recursos para erradicarla”, es decir, “las Cáritas parroquiales, que son la puerta de entrada de las miles de personas que cada año acompaña Cáritas Diocesana”, y “también se cuenta con el Programa de Empleo, que es el canal para que muchas personas puedan transformar su vida de una forma digna, gracias a la formación y al empleo”.

No se puede olvidar, según ha indicado, “el Programa de Mayores en Situación de Exclusión, que cuenta con una residencia de mayores y el programa 'Tejiendo Redes', para acompañar a personas mayores que viven en una situación de soledad no deseada”.

A ello se añade “el Programa de Personas sin Hogar, con la Casa de Acogida 'Madre del Redentor', el dispositivo nocturno, donde se acompañan a entre 50 y 70 personas cada lunes, miércoles y viernes, y el Ala de Baja Exigencia”, subrayando el obispo, igualmente, la labor de “la empresa de inserción de Cáritas Diocesana”, Solemccor, “que ofrece una oportunidad laboral a unas 100 personas cada año”.

Además, “como refuerzo a toda esa actividad y gracias a la colaboración del Cabildo, el Ala de Baja Exigencia está abierta los 365 días del año, y no sólo los meses de más frío, sirviendo de refugio a 20 personas más en situación de calle; así como la implementación del programa 'Territorios' en la provincia, de la mano de la Diputación de Córdoba”.

En este capítulo ha destacado, por último, que “el compromiso caritativo y social de nuestra Diócesis, con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, es colaborar económicamente para ampliar y mejorar la capacidad de acogida de personas sin hogar en nuestro centro 'Madre del Redentor'. De ahí que las colectas que se han hecho y se van a hacer serán dedicadas íntegramente a esta obra”.

Plan pastoral

Al margen de ello y en el marco del balance de sus primeros seis meses como obispo de Córdoba, ha señalado que ha puesto en marcha “un período de escucha con vistas a elaborar un Plan Pastoral para los próximos años”, con vigencia hasta 2030, habiendo constituido para ello “336 grupos, en los que se han integrado 2.600 personas, que ya han comenzado la tarea”.

De este modo, según ha precisado, “se ha puesto en marcha una estructura destinada a la participación sinodal, que implica la reflexión por grupos en torno a cuatro itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública”.

Los trabajos de estos grupos “estarán centrados en la lectura y comprensión de cada ponencia, una por itinerario, para analizar la situación en que se encuentra nuestra Iglesia en ese camino, y emitir sus consideraciones y propuestas para avanzar en la vivencia de la fe y en la misión evangelizadora”.

Todo ello llevará a celebrar el año próximo “una Asamblea Diocesana, para la presentación de las conclusiones, evaluación y revisión del proceso” y, “con el material recogido, se elaborará el Plan Pastoral Diocesano”, mientras que “el mes de septiembre de 2026 estará dedicado a la elaboración y presentación del Plan y comenzará su implementación”.

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, volverá a abrir por décimo año consecutivo una campaña de recogida de juguetes para repartir entre las familias más vulnerables y que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad en Córdoba.

Bajo el lema 'Regala sonrisas. Dona juguetes', la campaña recogerá juegues y juegos en buen estado entre el 10 y el 18 de diciembre, de lunes a sábado, entre las 16:30 y las 20:30, en distintos puntos de la ciudad que pueden consultarse en la página web de Sadeco. Así, se recogerán en puntos como la Plaza del Zoco, Arroyo del Moro, Santa Rosa, La Viñuela, Cañero, Avenida del Cairo, avenida de Granada y Glorieta del Hipercor, además de los mercados municipales del Marrubial, La Corredera y Ciudad Jardín. De igual forma, también se recogerán juguetes en las barriadas periféricas de Villarrubia, Cerro Muriano, Trassierra, Alcolea, santa cruz y El Higuerón, en los centros cívicos.

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha explicado que el año pasado se recogieron en la campaña navideña más de 20.000 juguetes y, como cada año, la empresa municipal los repartirá entre asociaciones y entidades que trabajan directamente a lo largo del año con las familias más vulnerables, a quienes llegarán esos juguetes para que en Navidad todos los niños tengan un regalo.

Por eso, la empresa municipal hace un llamamiento a la “generosidad y el compromiso” de todos los cordobeses para donar juguetes y juegos que puedan llegar a los pequeños de las familias más necesitadas de Córdoba.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba han reclamado este viernes una mesa por el barrio de Moreras y acciones “urgentes” ante “los altos índices de pobreza” en la zona.

Al respecto, el Consejo ha vuelto a remitir, tras medio año de silencio, la resolución de abril en la que solicitaba una mesa de trabajo “entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Noroeste para abordar propuestas de iniciativas” en el barrio.

Cuenta con el apoyo de la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales, que ha hecho suyas también las reivindicaciones que recientemente ha dado a conocer la AV federada del barrio, La Voz de Las Moreras, denunciando “la degradación bestial” de la zona y la necesidad “urgente” de la puesta en marcha de “un plan intregral de rehabilitación, ya que nos vamos a convertir en el gueto de Córdoba.

También Al-Zahara coincide con la AV en “la necesidad de acciones inmediatas de higiene y salubridad en el barrio y de una intervención eficaz de la Agencia de la Vivienda de Andalucía (AVRA) para el control del parque inmobiliario de la zona y arreglo de desperfectos como la limpieza y desatoro de sanieamientos, arreglo de fachadas, mejoras en contadores o reparación de bajantes y tuberías”.

Volviendo a la petición del CMC, en el escrito se recuerda que “también Palmeras y el Distrito Sur están incluidas en la negra lista de los barrios más pobres de España, aunque Palmeras cuenta con un plan integral y se han activado iniciativas como la Cocina de la Foggara, el primer centro de la Red Impulsa o los trabajos que realizan las dos universidades en la zona”, mientras que “en el Distrito Sur se cuenta al menos con el proyecto Edelquivir”. En Moreras, por el contrario, “no logramos descifrar con qué iniciativas cuenta, más allá de las que se desarrollan de forma habitual desde hace años sin resultados posivos”, han avisado.

El recordatorio del CMC ha sido remitido a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, a la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta en la provincia, a la Alcaldía y a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. En el mismo, además de constituir la mesa de trabajo de Moreras entre la Junta, el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Noroeste, se considera “necesario que participen activamente las entidades del barrio y las que trabajan socialmente, además de que haya un compromiso a disponer de fondos de las distintas administraciones a tal fin”.

La provincia de Córdoba sigue contando con un grupo de personas incapaz de escapar de la pobreza, a pesar de las reiteradas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, de la mejora de los índices de desempleo y el aumento del PIB. Ese es el titular que ha querido dejar la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Córdoba, que ha presentado este viernes los datos provinciales del 'Informe sobre el Estado de la Pobreza'.

Un informe que, aunque se basa en la extrapolación de los datos andaluces y en el examen de unos marcadores concretos -brecha salarial de género, fracaso escolar, acceso a la vivienda-, sí que deja claro que, a nivel provincial, hay muchas cuestiones en las que tanto las administraciones como la propia población tiene que implicarse.

Con una tasa de paro del 16,59% en el segundo trimestre de 2025 —por encima de la media nacional y regional—, la provincia continúa marcada por la desigualdad de género en el empleo, la feminización de la precariedad laboral y la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. Aunque se observan ciertos avances, como la reducción del desempleo y la mejora en los indicadores educativos, las desigualdades sociales persisten y mantienen a miles de familias cordobesas en riesgo de pobreza o exclusión, lo que subraya la urgencia de políticas públicas sostenidas, con enfoque social y territorial.

Un ejemplo especialmente significativo se encuentra en la propia capital, donde tres barrios —Azahara-Palmeras, Polígono del Guadalquivir y Sector Sur— figuran entre los quince más pobres de España, con rentas medias anuales que apenas alcanzan los 8.491, 8.432 y 9.197 euros, respectivamente, según los últimos datos del INE (2022).

Sadia Ur-Rehman, coordinadora de la Red provincial de EAPN Andalucía en Córdoba, ha destacado la importancia de la información plasmada la cual nos sirve a las entidades y administraciones como herramienta de diagnóstico para la mejora de políticas públicas, el fortalecimiento de la acción comunitaria y la defensa de los derechos sociales, ya que en muchos indicadores se aprecia un estancamiento de décadas y ningún avance significativo. Por ello, el Tercer Sector de acción social ve necesario poner en marcha el Pacto Andaluz contra la Pobreza.

La vivienda

El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales retos en la provincia. Aunque Córdoba mantiene uno de los precios por metro cuadrado más bajos de Andalucía (1.162 euros/m² en 2025), la presión residencial crece por la alta demanda y la expansión del mercado turístico. Las solicitudes de vivienda protegida se han más que duplicado en apenas dos años, pasando de 29.965 en 2022 a 67.426 en 2024, siendo las mujeres las principales demandantes.

Los lanzamientos por hipoteca y alquiler presentan una tendencia descendente —81 y 137 casos respectivamente en 2024 frente a 112 y 220 en 2021—, lo que refleja cierta mejoría en la protección de los hogares más vulnerables. Sin embargo, el incremento de viviendas turísticas (de 8.303 plazas en 2021 a 17.195 en 2024) comienza a tensionar el mercado urbano, dificultando el acceso a vivienda asequible para sectores de rentas medias y bajas. Aunque el crecimiento es notable, sigue siendo una de las provincias con menor impacto turístico.

Desde EAPN han reiterado la urgencia de poner en marcha Planes de Vivienda efectivos y coordinados entre todas las administraciones públicas, con el objetivo de dar respuesta al problema habitacional que atraviesa Córdoba. Es imprescindible incrementar la oferta de vivienda protegida, especialmente vivienda social destinada a las personas y familias en riesgo de pobreza y exclusión social.

La brecha de género más alta de Andalucía en la tasa de desempleo

La desigualdad de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en la provincia. En 2023, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanzó el 19,2%, con los hombres ganando de media 19.243 euros frente a los 15.555 de las mujeres. Más de 85.900 mujeres perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que representa más de la mitad de las trabajadoras ocupadas y el 54,8% del colectivo mileurista. La feminización de la precariedad también se refleja en el empleo doméstico: el 96% de las personas empleadas en este sector durante el primer semestre de 2025 fueron mujeres. Además, las mujeres mayores de 44 años sin empleo anterior se consolidan como el grupo con mayores dificultades de inserción laboral.

En términos generales, Córdoba mantiene una tasa de paro del 16,59%, por encima de la media nacional (10,29%) y la tercera más alta de Andalucía, solo por detrás de Granada y Cádiz. La tasa masculina fue del 12% mientras que la femenina alcanzó el 21,64%, lo que supone una brecha de género de 9,64 puntos, siendo la más alta de la comunidad, lo que refleja una desigual inserción laboral y una persistente feminización de la precariedad. La tasa de empleo provincial se sitúa en el 46,95%, seis puntos por debajo del promedio estatal. Aunque el desempleo se ha reducido, la calidad del empleo, la estabilidad contractual y la desigualdad de género siguen siendo retos fundamentales para la inclusión social en la provincia.

Por otra parte, la violencia de género continúa siendo una emergencia social. Durante el 2024 se registraron 2.810 denuncias y entre el año 2020 hasta lo que llevamos de año se han contabilizado tres víctimas mortales. Estas cifras, junto con las 179 autorizaciones de residencia a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en los últimos cinco años, evidencian la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección para las mujeres. 

Saldo migratorio

Según el informe, Córdoba muestra avances notables en materia educativa, con una tasa de abandono escolar temprano del 10,8% en 2023, más de seis puntos por debajo de la media andaluza (16,9%) y casi tres puntos por debajo de la media nacional (13,7%). Este dato, junto al incremento de becas y ayudas al estudio - en el curso 2023-2024 se concedieron becas a 30.92 estudiantes y 22.567 ayudas para comedor- consolida la educación como herramienta clave para la equidad y la inclusión.

El informe señala, además, que Córdoba mantiene una dinámica demográfica estable, con un saldo migratorio positivo (1.843 personas en 2023) y una población extranjera de 28.190 personas, principalmente de origen americano. Aunque los delitos de odio registrados son limitados en comparación con otras provincias andaluzas, su concentración en casos de racismo y xenofobia (15 casos) pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de convivencia y sensibilización social.

Por todo ello, desde la Red provincial de EAPN Andalucía en Córdoba han considerado que es imprescindible mantener e incrementar las políticas de protección social, con especial atención a la igualdad de género, el empleo y la vivienda. “Los planes de acción deben estar coordinados entre las distintas administraciones públicas, incorporando medidas que fomenten la inclusión social, la educación equitativa y el acceso a servicios básicos, garantizando así la cohesión y sostenibilidad de la provincia a medio y largo plazo. Acabar con la pobreza no es una opción, es una obligación de justicia y de derechos para todas las personas”, indican.

La presentación de los datos del informe se ha llevado a cabo en el marco de la I Jornada sobre Pobreza, “Del Asistencialismo a la Justicia Social: Compromiso Colectivo”, organizada por el grupo provincial de EAPN Andalucía en Córdoba. En este encuentro, profesionales de distintos ámbitos de la inclusión social, como la periodista Azahara Palomeque; Rosa Blanco, miembro de la Plataforma de la Renta Básica Universal de Córdoba; y el genetista y humanista José Esquinas, analizaron los resultados del informe y reflexionaron sobre la necesidad de avanzar desde un modelo asistencial hacia un enfoque basado en los derechos ciudadanos y la justicia social.

La Red Provincial de Córdoba de EAPN Andalucía celebrará el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con unas jornadas coordinadas bajo el lema Del Asistencialismo a la Justicia Social: Compromiso Colectivo.

Será este viernes 17 de octubre en la Biblioteca Pública Grupo Cántico, y con ellas se busca abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales desafíos que afronta el ámbito social en la actualidad. El encuentro dará comienzo a las 10:00 con el acto de acreditaciones y una rueda de prensa de bienvenida.

A las 10:30 se celebrará una mesa redonda titulada Comunidad y autonomía en tiempos de cambio, en la que participarán Azahara Palomeque, periodista y escritora; Rosa Blanco, representante de la Plataforma Renta Básica Universal Córdoba; y José Esquinas, doctor ingeniero agrónomo, genetista y humanista.

Tras un desayuno, la jornada continuará a partir de las 13:00 horas con varios grupos de trabajo temáticos que abordarán cuestiones clave como:

El evento concluirá a las 14:30 horas con la presentación de conclusiones, poniendo el foco en la necesidad de avanzar “del asistencialismo a la justicia social” mediante la implicación activa de toda la comunidad.

Las inscripciones ya están abiertas, rellenando el siguiente formulario (https://forms.gle/LUmLV7csok5CipAa6), y están pensadas para ciudadanía, profesionales del sector y entidades sociales, según la organización.

Córdoba tiene dos de los diez distritos urbanos más pobres de las principales ciudades de España, según los datos que ha hecho públicos la Agencia Tributaria este miércoles. Esta estadística, recogida a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2023, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual.

En el caso de Córdoba, los distritos por código postal no se corresponden con los barrios organizados por el Ayuntamiento. Son zonas de población mucho más amplias y también más diversas. En el caso de los barrios, en la estadística suelen destacar el Sector Sur, Moreras y Palmeras, como tres de los más pobres de toda España.

Ahora, la estadística apunta al Sector Sur-Polígono Guadalquivir y a la zona de El Higuerón y el Cortijo El Rubio. En la zona sur de la ciudad, la renta bruta disponible por persona es de 19.440 euros, la séptima más baja de toda España. En El Higuerón es de 19.835 euros, la décima más baja de España.

La zona más pobre del país está en Torreblanca, en Sevilla, con una renta bruta de 11.354 euros. La más alta, en el madrileño barrio de La Moraleja, con una renta bruta disponible de 196.429 euros por persona. La diferencia entre estos dos puntos es abismal.

En el caso de Córdoba, la renta bruta ha crecido en un 21,7% desde el año 2013 en el Sector Sur. En la zona de El Higuerón ha aumentado en un 10,7%, según señala la estadística.

En la propia ciudad, hay casos galopantes de desigualdad. Es el caso de El Brillante, donde la renta bruta disponible es de 49.050 euros por persona. Su aumento ha sido del 37,5% desde el año 2013. En la zona Centro-Avenida de América, la renta bruta es de 44.789 euros. Por encima de 40.000 también está en la zona de Ollerías, Santa Marina y San Lorenzo (41.581 euros, un 45% más desde 2013).

El siguiente distrito postal con la renta más alta es la zona de la Judería y la Medina, con 36.517 euros por persona. Seguida de Las Jaras, las Ermitas y Trassierra, con 34.062 euros. Más baja es la renta en San Basilio y el Parque Cruz Conde, con 32.713 euros por persona. En El Tablero, una zona de expansión de la ciudad, la renta baja a 31.265 euros por persona.

En el otro extremo está Villarrubia, con una renta bruta de apenas 22.000 euros. Poco más tienen en Fray Albino y en la zona de la Fuensanta. En Alcolea se van a los 23.400 euros por persona y en Fátima, Fidiana y Cañero a los 24.010 euros. Por encima de 24.000 euros están también en Encinarejo.

Las 10 zonas con más renta de España se encuentran entre Madrid y Barcelona. Hay que tener en cuenta que estos datos no incluyen al País Vasco y Navarra donde las competencias de hacienda las tienen las diputaciones forales. 

La distribución territorial de la población en España se caracteriza (como en muchos otros países) por la coexistencia de una elevada concentración en unos pocos grandes núcleos urbanos y una diseminación en núcleos rurales muy numerosos de grupos reducidos de habitantes. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de disponer para los primeros de información con mayor definición territorial, ya que la renta media puede ser muy distinta entre los diferentes barrios de un gran municipio.

La selección de los municipios se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el Censo de Población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.

Si bien no se han definido variables de explotación distintas de las incluidas en la Estadística de declarantes de IRPF por municipios, sí que cambia la forma de presentación de algunas tablas, en particular de las dos primeras tablas. La primera incorpora el porcentaje de participación (representatividad) de las variables de cada uno de los mayores municipios en relación al total en TRFC, y en la segunda la comparación de los mayores municipios se establece respecto a su propia Comunidad Autónoma para las variables de explotación más significativas (índice declarativo, población, renta bruta media y renta disponible media).

En la pantalla, la cámara se adentra por la calle Torremolinos. La voz del reportero se escucha en un tono casi conspirativo, pidiendo “permiso” para entrar en la zona. El interlocutor, fuera de plano -no reconociéndole-, responde: “Si tienes algún problema, vienes, que estamos aquí”. La escena pertenece a un reportaje de Espejo Público emitido esta semana en Antena 3 bajo el nombre El barrio de los Vikingos, como popularmente se conoce a una zona del Distrito Sur de Córdoba. Durante poco más de un minuto, en el reportaje aparecen vecinos del barrio que aseguran “vivir del Estado” y ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta pieza sirvió para que, este viernes, e lprograma generara un “debate” sobre las “polémicas paguitas”, asegurando que todo un barrio “vive” de esta prestación.

La realidad es que, según los datos oficiales, no se pueden conocer cómo se reparte el IMV por los distintos barrios de Córdoba. En la provincia de Córdoba, el IMV alcanza a 23.310 hogares, con más de 73.200 beneficiarios. Solo en junio de 2025, el Gobierno destinó 11,5 millones de euros a esta prestación en Córdoba. La ayuda media es de 451 euros por hogar, destinada a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros. Los menores son protagonistas: 21.094 niños y niñas, el 42% de los beneficiarios en Córdoba.

El presidente de la Asociación de Vecinos Puente Romano, Juan Moreno Matas, ha lamentado el reportaje, “ofensivo e irresponsable”, y se ha mostrado “muy molesto por que se utilice el Ingreso Mínimo Vital como una forma de degradación. Gracias a esa ayuda, muchas familias pueden garantizar que algunos niños coman una y dos veces al día. Hablar de esa forma tan alegremente es, como mínimo, reprobable”, ha explicado a este medio.

Tal y como apunta Moreno, el reportaje fue grabado sin contar con el Consejo de Distrito ni con las asociaciones vecinales. “Nadie contactó con nosotros. Esta gente vino con todo premeditado, sabiendo ya con quién tenían que hablar para sacar el reportaje. Eso no es periodismo, es estigmatizar aún más a uno de los barrios más pobres de España”.

El dirigente vecinal ha lamentado también que el reportaje no reflejara “las movilizaciones y concentraciones” que el Distrito Sur lleva realizando desde finales de agosto y durante todos los jueves hasta la fecha; marchas que continuarán durante el mes de octubre. “Nosotros somos un barrio vivo, con gente trabajadora que reclama buenos servicios públicos, y no una zona que vive de las paguitas”, ha apuntado. Semana tras semana, las demandas son las mismas: más limpieza, seguridad en las calles, cumplimiento de las ordenanzas, inversiones en infraestructuras y la reapertura de la comisaría cerrada desde la pandemia.

Entre tanto, y aunque Moreno lamenta que “nadie del Ayuntamiento” haya contactado con él o con la asociación, los vecinos notan pequeños cambios. “Al menos hay más limpieza en las calles. Es poco, pero significa que algo se mueve gracias a la movilización”, reconoce este presidente, aunque la sensación predominante es la de “abandono institucional”.

Quien también se ha pronunciado sobre esto ha sido el diputado socialista cordobés y portavoz en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso, Alberto Mayoral, quien lleva desde los 15 años militando y conoce de primera mano las calles del distrito. “Me niego a que señalen a los pobres, a que enfrenten a los barrios entre sí. En esta zona de Córdoba hay niñas y niños que pueden comer gracias al Ingreso Mínimo Vital. No se trata de un privilegio, sino de un derecho y de una herramienta que puede detener situaciones de exclusión”, ha reivindicado a este medio.

Más de 300 personas sin hogar han sido atendidas en el primer semestre de 2025 en Córdoba por la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja, un dispositivo conformado íntegramente por voluntariado que recorre tres noches a la semana las calles de la capital para ofrecer a este colectivo comida y bebida reparadora y apoyo humano, entre otras cosas.

Durante el verano, en los lotes de comida repartidos por la institución humanitaria se incluyen productos frescos como gazpacho, leche, agua y fruta para combatir las altas temperaturas.

De igual modo, desde junio se han retomado las salidas los miércoles por la mañana, en las que el voluntariado de la entidad reparte un pequeño desayuno a las personas sin hogar.

“Al igual que hacemos en los periodos de más frío, en los momentos de calor intenso tratamos de ofrecer un apoyo especial a este colectivo. Porque, si bien todo el año resulta muy duro no tener un techo bajo el que cobijarse, sabemos que hay épocas en las que vivir a la intemperie resulta especialmente difícil”, recuerda Emilia Valera, responsable técnica de la UES.

En estos últimos días, el voluntariado de Cruz Roja ha atendido en cada una de sus salidas a unas 70 personas que viven en la calle. El perfil habitual, a juzgar por las atenciones que realiza el personal de la organización humanitaria, es el de un hombre de entre 45 y 59 años (38% del total) de nacionalidad española (2 de cada 3 asistencias) al que la fragilidad económica, la falta de una red de apoyo y otras circunstancias han conducido a esta situación de extrema vulnerabilidad. Y en un buen número de casos, tienen problemas de salud mental añadidos.

En lo que va de año, han sido más de medio centenar las personas que han participado como voluntarias en este proyecto, que se realiza en coordinación con el resto de entidades que integran la Red CO-HABITA de atención a personas sin hogar, de la que también forman parte Adeat, Fundación Prolibertas, Cáritas, Fundación Don Bosco, Hogar Sí y el propio Ayuntamiento de Córdoba.

La UES –que cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía- busca servir de enlace para intentar, en la medida de lo posible, integrar al colectivo de personas sin hogar en la red de asistencia normalizada, con objeto de favorecerr de este modo su inclusión en la sociedad.

Es media tarde en Córdoba en un día cualquiera del sofocante verano en esta ciudad, donde un año sí y otro también se baten récords por altas temperaturas. Las calles están prácticamente vacías, porque la vida se resguarda en el interior de las casas a esas horas, para pasar lo peor del día refugiados con el aire acondicionado o el ventilador. Pero hay unos vecinos que prefieren pasar la tarde precisamente fuera, en el exterior, porque el calor de la calle es 'mejor' que estar bajo los techos y las paredes de las infraviviendas que pueblan los asentamientos chabolistas de la ciudad.

Ginel y Luminita llevan veinte años en Córdoba y viven en uno de los asentamientos junto al Camino de la Barca, en el extrarradio de la ciudad. Él tiene que llevar “día y noche” -cuenta- un dispositivo que le suministra oxígeno. Está sentado fuera de su chabola, en una silla bajo una destartalada sombrilla que han recogido para proporcionar algo de sombra.

Tras él, su vivienda, hecha de maderas, chapas y con plásticos en el tejado contra la lluvia, pero que ahora convierten la chabola en un auténtico invernadero donde el calor es insoportable. “No se puede estar”.

Luminita se ha acercado, como muchos otros vecinos del asentamiento, a recoger garrafas de agua que les suministra Cruz Roja, además de productos de higiene. Acarrean las garrafas como pueden para llevarlas a sus viviendas, donde el suministro de agua potable es un sueño inalcanzable, al igual que la electricidad. El aire acondicionado y el ventilador que es indispensable para sobrevivir para el resto de los cordobeses en el verano, aquí son una quimera.

Infraviviendas sin medios para refrigerarse

Niños, adultos y personas mayores, junto con algún perro, conviven en este asentamiento, uno de los trece que tiene Córdoba y donde Cruz Roja contabiliza unas 700 personas, que pasan el verano sufriendo las altas temperaturas de la ciudad sin ningún medio para refrigerarse y con unas infraviviendas que no les protegen del calor. “Sacamos los colchones fuera” y así pasan parte del día y también muchas noches al raso, a la espera de que la madrugada traiga algo de fresco, explican a este periódico.

Lo peor es el día y las tardes eternas del verano cordobés, dice Luminita con la frente llena de gotas de sudor que manan sin descanso ante el sol. Como ella, Constantine y también Olimpia junto a su marido, recogen las garrafas de agua con las que beber y cocinar. Otros dos vecinos del asentamiento esperan su turno sentados también fuera de sus viviendas. Nadie está bajo techo por la tarde porque las chabolas se convierten en auténticos hornos donde ni siquiera entra el poco aire que corre.

Gorgiana y su marido llenan un carro con las garrafas de agua. Cuentan que viven en un asentamiento cercano, junto a otras decenas de vecinos. La mayoría son personas rumanas, de etnia gitana, pero también viven aquí algunos españoles. Todos ellos presentan su documentación en regla, con la que Cruz Roja registra la ayuda que dispensa, para que el reparto de agua y otros productos se realice equitativamente. Reciben agradecidos y necesitados esa ayuda, sin la que la vida se les haría aún más difícil.

Menores vulnerables ante el calor

La estampa de las infraviviendas es un continuo de chabolas hechas con maderas, plásticos y chapas, dispuestas unas junto a otras dejando una especie de 'plaza' común central, desierta bajo el sol cordobés, a donde solo asoman los vecinos cuando llega el reparto de la ayuda de Cruz Roja con sus vehículos.

Cochecitos de niños aparcados a un lado de las chabolas dan una pista de los menores que también pueblan este asentamiento y que, como tales, sufren especialmente las altas temperaturas. Pero, como el resto de las familias, no tienen dónde refugiarse, salvo buscar una sombra entre vivienda y vivienda -donde se les ve jugar- o bajo algún árbol.

Las familias de este poblado muestran su realidad, quieren que la sociedad vea cómo tienen que vivir, en medio de una extrema pobreza que en el sofocante verano cordobés acarrea para ellos otro peligro más por las altas temperaturas, a las que se enfrentan sin ninguna defensa.

Pero en sus palabras no se detecta esperanza alguna de que el futuro cercano vaya a ser mejor para ellos. Veinte años y veinte veranos han visto pasar en estas condiciones Luminita y Ginel. “Muchos años”, dicen con resignación. “Y mucho calor. Mucho”.

Alamin tiene diez años. Nació en el campo de refugiados de Tinduf, donde vive junto a su familia. Desde hace tres años participa en el programa Vacaciones en paz, que permite que menores que viven en esta zona de Argelia pasen el verano en Córdoba, alejados de la realidad tan dura que afrontan día a día. Hoy, sus madres de acogida -Beatriz y Rocío- sobrellevan su ausencia mientras que el resto de familias disfrutan de los niños a los que han acogido. Pese a su temprana edad, Alamin comunicó a esta pareja cordobesa que no viajaría este año a Córdoba para intentar ser de apoyo a su familia tras los repentinos fallecimientos de su madre y de su hermano recién nacido.

La historia de Alamin es la de la pobreza; la de miles de niños que nacen en los márgenes del mundo, donde la pobreza no solo significa la falta de recursos, sino también la negación de derechos como la salud. Lo que para muchos es rutina —como tener una revisión médica, una incubadora para cuando tu hijo nace en condiciones desfavorables o una red de apoyo—, para su familia es inalcanzable.

No fue hasta un día antes de partir de Tinduf a España cuando Alamin comunicó a sus madres de acogida que no viajaría a España. La tragedia sacudió a su familia el pasado mes de enero. Mientras estaban en los campamentos, su madre -embarazada de más de ocho meses- sufrió una subida de tensión y fue trasladada al hospital. Allí entró en coma, falleciendo una semana después. El bebé, nacido muy pequeño y sin los recursos necesarios para una atención médica adecuada, murió a los pocos días en la jaima familiar, ya de vuelta en el campamento.

“Nos enteramos la misma noche de lo ocurrido. La madre falleció en el hospital de Tinduf y el bebé, tras pasar dos días en una incubadora casera, murió poco después. Todo fue desgarrador”, relata con emoción Beatriz, la madre de acogida de Alamin. “Desde entonces, él se ha hecho cargo de su otro hermano pequeño. La vida le ha quitado la niñez de golpe”.

Beatriz y Rocío llevan siete años vinculadas a la familia de Alamin. Antes que él, Rocío acogió durante cuatro años a su hermano mayor, Mohamed, que hoy tiene 18 años. Ahora, esta familia de acogida ha tenido que afrontar un verano sin él. “Siempre ha sido un niño risueño, agradecido, disfrutón… Representaba todo lo bonito que es Vacaciones en Paz. Y todo el mundo ha sentido que este verano le han arrebatado la infancia”. Alamin tiene dos hermanos mayores y uno más pequeño. Su madre nunca pasó reconocimientos médicos debido a esa falta de recursos. Jamás pasó nada, pero la pobreza hace a cualquier persona vivir siempre al límite.

Con su padre en el frente, tal y como explica Beatriz, el menor ha optado este año por no viajar a Córdoba para cuidar de su hermano pequeño. Su hermana mayor, con 28 años, ha dado a luz recientemente y su hermano mayor se busca la vida para poder ayudar económicamente a la familia. Aunque la decisión ha dolido sobremanera a la pareja, que tiene una niña de dos años llamada Sahara, la ha entendido y respetado. “Sabemos que ahora lo importante es que estén juntos y sobrevivan este duelo

“Anímicamente estamos regular”, reconoce Beatriz, “pero entendemos y respetamos su decisión. Lo importante ahora es que estén juntos y sobrevivan a este duelo. Volveremos a abrazarnos pronto porque nuestra intención es viajar hasta los campamentos”, afirma esperanzaba quien es también una de las principales caras de la Asociación Cordobesa de Amistad con los niños y niñas saharauis (Acansa), que hace posible este proyecto.

El nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante la evidencia que representa que la capital cordobesa cuente con tres de los 15 barrios más pobres de España, ha señalado que es preciso “crear redes”, desde Cáritas, “para ver cómo podemos afrontarlo, pero también con las instituciones públicas”, considerando que “es un reto responder a esa realidad” de una forma coordinada, pues “no nos podemos mover en burbujas aisladas” y “hacer discursos alejados de la realidad”.

Así lo ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que se trata de trabajar “con instituciones públicas, políticas, económicas y sociales” y “dialogar para ver cómo podemos responder los problemas. Nosotros desde nuestras posibilidades y ellos desde las suyas. Yo creo que juntos es la forma de llegar a afrontar estos problemas. Solos podemos poner remiendos, pero no crear un vestido adecuado, una solución adecuada a los problemas”.

Por eso, hay que buscar salida a quienes “están en situación de pobreza” y “tenemos esos tres barrios, a los que a mí me parece que tenemos que plantear algo. Es decir, está bien estar en el ranking en primera posición, pero no en esto. En esto hay que estar en la última, y no estamos en la última”.

En este contexto y respecto a cómo quiere que sea su relación con las instituciones públicas, el nuevo responsable de la Diócesis de Córdoba ha dicho que espera “que sea buena, porque, de hecho, está siendo buena”, e impera “un ambiente cordial” y, lo cierto, es que “mirando por el bien común, tenemos tarea por delante”, especialmente “en los barrios pobres”. La cuestión, según ha subrayado, es que “tenemos problemas en los que podemos colaborar, y yo espero que lo hagamos”.

Cáritas y Solemccor

En cuanto a la labor concreta que ya hace y que puede hacer Cáritas, Jesús Fernández ha recordado que él ya conoció de primera mano la institución caritativa de la Iglesia Católica, “hace unos años, por la condición de ser el obispo responsable de Caritas Española”, y ya conoce Solemcor, la herramienta de solidaridad y empleo de Cáritas en Córdoba“, y parece ”fenomenal, porque en Cáritas defendemos que, más que dar soluciones hechas, tenemos que intentar que la persona también crezca, y la persona crece en la medida en que tiene trabajo, y se siente digna en la medida en que tiene trabajo“.

“Por lo tanto --ha resaltado--, nuestro compromiso con el empleo es firme, aunque, evidentemente, nosotros no somos una empresa, no podemos hacer de Caritas una empresa, pero sí crear elementos como Solemccor, que son significativos de que una economía diferente es posible”.

Se trata, según ha aclarado el obispo de Córdoba, de “una economía que no busca hacer negocio, aunque busque ser sostenible, porque si no es sostenible, pues se acabó. Pero que no busca hacer negocio, sino sencillamente dar trabajo, dar dignidad a las personas, porque el trabajo es fundamental para que esa persona crezca, pierda sus complejos y advierta que es autosuficiente, que no está dependiendo de que alguien le sostenga en pie”.

Llegada a Córdoba

En cuanto a llegada a Córdoba, tras ser nombrado por el Papa Francisco y hacerse cargo de la Diócesis ya bajo el papado de León XIV, Jesús Fernández ha dicho que lo que conoce del nuevo Santo Padre es “su biografía”, y ha opinado que “es muy interesante, por los ambientes tan diversos que ha frecuentado y las actividades tan diversas” que ha ejercido, siendo un estadounidense “con alma hispanoamericana”, por “la misión que ha tenido en Perú”, sin olvidar que ha sido “general de los Agustinos”, y que “tiene mucha experiencia misionera y de gobierno”, y también “mucho conocimiento de España”, que ha visitado.

A juicio del nuevo obispo de Córdoba, León XIV es “un hombre inteligente, perspicaz, bueno, comprometido con la causa de los pobres, de los sencillos, de los frágiles, y con personalidad”, concluyendo que tiene “un perfil muy interesante y muy adecuado para la Iglesia y para el mundo de hoy. Me gustó mucho que comenzara, precisamente, deseando paz, porque ha captado muy bien que en este momento necesitamos recuperar el espíritu de concordia, tender puentes y trabajar por la paz, como don de Dios, pero como tarea nuestra, también”.

Jesús Fernández ha afirmado que él se ha “sentido muy en comunión” con los “pensamientos” del Papa Francisco, y “sus escritos han inspirado, tanto mis programas pastorales, como mi magisterio en la Diócesis de Astorga, y ahora el Papa León también creo que sigue en esa línea, con personalidad propia, porque se le nota que hay detalles en los que muestra que tiene su propia personalidad, quizás más integradora, cogiendo un poco lo bueno de los demás, pero también siendo él mismo”.

Respecto a lo que conoce de Córdoba y lo que le ha contado el ya obispo emérito de la Diócesis, Demetrio Fernández, el nuevo obispo ha asegurado que le ha “contado muchas cosas buenas” y que “la diferencia fundamental” con la Diócesis de Astorga, de la que procede, “es la dimensión de toda la actividad, que aquí es mucho mayor”, pues “aquí hay 820.000 habitantes y allí son 220.000, mientras que tenemos en Córdoba casi 50 seminaristas y allí son dos. En lo único que gana Astorca es en que tiene más parroquias, tiene casi 1.000”, por las 232 de Córdoba, que cuenta con unos 300 sacerdotes, por el centenar de Astorga.

Sin embargo, “en cuanto a la vivencia de la fe supongo que en eso es muy similar” Astorga a Córdoba, porque “es la misma fe que compartimos, el mismo credo y, en ese sentido, no puedo todavía matizar demasiado, porque no conozco bien esta Diócesis de Córdoba”, razón por la que entiende, por ahora, “lo inteligente y prudente es escuchar y ver”, y “empaparme de lo que es esta iglesia, esta sociedad y esta cultura”.

Por eso Jesús Fernández tiene “mucho interés en estar cerca de la gente” y conocer “las situaciones reales de las personas. Por eso, insistiré mucho en la visita pastoral, en el acompañamiento de instituciones como Cáritas, que atienden a los frágiles y a los excluidos. Quiero estar cerca de las personas para transmitirles lo que es el tesoro único que puedo entregarles, que es el Evangelio y Jesucristo, ese que nos da esperanza, que alimenta nuestro amor y nuestra solidaridad. Eso quiero acercarles”.

El Ingreso Mínimo vital ha llegado en mes de abril a más de 22.700 hogares cordobeses. El número de personas que han recibido este ingreso en la provincia de Córdoba es de cerca de 71.700 durante el mismo mes. La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha destacado que gracias a esta política pública del Gobierno de España “muchas cordobesas y cordobeses han podido esquivar el umbral de la pobreza y acceder a unas condiciones dignas de vida”.

En la provincia de Córdoba el número de niños, niñas y adolescentes acogidos a este programa es del 40,9% lo que supone que hay más de 29.000 menores como preceptores el Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a la nacionalidad de perceptores en la provincia, más de 69.000 son de origen español, y cerca de 2.700 son de otras nacionalidades, lo que supone que menos del cuatro por ciento es destinado a inmigrantes.

Durante el mes de abril, la Seguridad Social ha destinado más de 10 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación en Córdoba. En total y desde la entrada en vigor de esta política, sólo en Andalucía se han dedicado más de 4.300 millones de euros.

El Ingreso Mínimo vital tiene cara de mujer, casi 38.000 mujeres han sido beneficiarias de esta ayuda del Gobierno de España en Córdoba, lo que significa que son casi el 53 por ciento de los usuarios.

Una política social que también beneficia a colectivos femeninos como a las víctimas de violencia de género, permitiendo que se alejen de la violencia económica ejercida por sus parejas o exparejas, y a las mujeres víctimas de trata de personas que pueden tener ingresos que aseguren su calidad de vida tras alejarse de sus captores.

Hay que recordar que la puesta en marcha de este programa del Gobierno de España se produjo en junio de 2020 en plena pandemia de Covid y desde entonces ha llegado a más de 314.000 hogares (314.046) en Andalucía. El número de beneficiarios de la región protegidos supera desde entonces los 957.000 personas (975.032), de los cuales 405.952 son niños, niñas y adolescentes, el 42,4% del total.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital también tiene un marcado perfil femenino en la Comunidad Autónoma. En abril, el 73,4% de los titulares (166.970) y, al igual que en Córdoba, alrededor del 53% de los beneficiarios son mujeres, en concreto 375.045 en toda la comunidad.

Estas cifras se han alcanzado en Andalucía tras el abono de la nómina del Ingreso Mínimo Vital en abril, que ha llegado a 227.277 hogares en los que viven 706.760 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 476,98 € al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 120,14 M€.

En abril, hay 40.698 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 21,8% regional. En estos hogares conviven 130.138 beneficiarios más que los registrados en ese mismo mes de 2024 (+22,5%).

El 20 de febrero es “El Día Mundial de la Justicia Social” y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007. En su fundamentación teórica se sostiene que “la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera” y que constituye “el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana”. Para ello, las actividades que se desarrollen con esta finalidad han de ir enfocadas,según la ONU, a la erradicación de la pobreza, a promover el pleno empleo y el trabajo decente, a la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y a la justicia social para todas las personas.

Desde la Plataforma por la Renta Básica Universal (RBU) de Córdoba, consideramos que para que haya justicia social tiene que haber una justa redistribución de los recursos, un reparto equitativo de la riqueza; un reconocimiento de las diferencias entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, desde la igualdad y el respeto; y todo ello, sobre la base de una participación democrática activa, que permita tomar decisiones colectivamente en beneficio de toda la sociedad. Los Estados deberían ser los garantes de que estos aspectos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, Los Derechos Humanos Emergentes, en La Carta de la Tierra y en otros Pactos Internacionales, se cumplan y los desarrollemos plenamente para todas las personas.

La erradicación de la pobreza es también uno de los objetivos de la agenda 2030, que, como veremos a continuación, está muy lejos de conseguirse, si no se cambia el sistema neoliberal que perpetúa la pobreza constantemente.

El informe publicado por OPHI (Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford) en colaboración con el PNUD (Agencia de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la contención del cambio climático), nos proporcionan datos que hablan por sí solos.

Según este informe de 2024 – IPM- (Índice de Pobreza Multidimensional), 1.100 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema. De ellas, el 40% (455 millones) vive en “situaciones de guerra, fragilidad o escasa paz”, con lo que aumenta la gravedad de la situación. Más de la mitad son menores de 18 años, 828 millones no pueden acceder a servicios sanitarios; 886 millones carecen de vivienda; 998 millones no tienen combustible para cocinar.

En otro orden de cosas, asistimos al genocidio de Gaza, de forma televisada, dónde, además de otras armas, se ha utilizado el hambre como instrumento de guerra. 

Amnistía Internacional, de acuerdo con los datos de pobreza de la ONU, nos traslada que dos tercios de la población mundial, en situación de pobreza, son mujeres y que sus condiciones de vida perpetúan este estado sine díe. Sostiene que más de 340 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza en 2030; que, debido al cambio climático, casi el 25% pasará hambre o deficiencia alimentaria (236 millones de mujeres y niñas, el doble de hombres y niños -131 millones), que las mujeres en zona de conflicto tienen 7,7 veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema.

La pobreza en general produce exclusión y aislamiento porque las personas se tienen que enfrentar a la supervivencia con escasos recursos, con salarios por debajo del umbral de la pobreza y en muchos casos malviviendo en la calle. Las mujeres, las personas trans y todas aquellas que viven en los márgenes por su condición de clase, sexo-género, etnia, raza, etc., tienen que enfrentarse, además de a la violencia estructural del sistema, a la violencia de género y a la violencia económica; al racismo y a la xenofobia. Todos estos datos son sólo una pequeña muestra de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, fruto de unas políticas neoliberales que privilegian los beneficios de unos pocos (milmillonarios), sin importarles las carencias y necesidades de la mayor parte de la población; o se privilegia a los hombres por el hecho de ser hombres y se excluye a las mujeres por el hecho de ser mujeres como en Afganistán.

En España, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social publicados por el EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) el 13 de febrero de 2025 asciende al 25,8% de la población española, a 12,5 millones de personas, a 2,8 millones de niñas, niños, niñes y adolescentes, al 50,3% de las familias monoparentales, a casi un 16% de las personas jubiladas y a un 55,4% de las personas desempleadas. Y si hablamos de la población migrante, nos encontramos con que las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión, el 31,1% son de origen europeo y el 54,1% proceden de otros países no europeos. Lo que subyace a estos datos es la dificultad de acceso a la vivienda, la pobreza energética que impide calentar suficientemente los hogares, la carencia de recursos para una alimentación sana y saludable, el acceso a internet, la eternización de los procesos de regulación migratoria, etc. Estas son algunas de las necesidades básicas. 

Y mientras todo esto ocurre, las grandes empresas financieras siguen acumulando beneficios desorbitados. Oxfam publicó en su informe de febrero, 2025: “El saqueo continúa” que: “En 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó en dos billones de dólares estadounidenses y surgieron 204 nuevos milmillonarios, lo cual supone un promedio de casi cuatro nuevos milmillonarios a la semana; que en 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó tres veces más rápido que en 2023; que la fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”. En este informe se desmonta la idea, muy extendida socialmente, de que la riqueza se debe al trabajo realizado. Está comprobado que la super riqueza no se debe al mérito, sino que se transmite vía herencias o por clientelismo sometido al poder de los grandes monopolios y porque evitan el pago de impuestos o buscan las triquiñuelas legales para pagar lo menos posible en los paraísos fiscales.

Hace falta un cambio de paradigma y poner freno a esta oligarquía financiera que pretende gobernar el mundo imponiendo sus criterios económicos frente a los derechos universales ya acordados: derechos políticos, económicos, sociales, culturales, acuerdos medioambientales, etc. Hay que trabajar para conseguir un cambio social desde una perspectiva eco-feminista, que ponga el desarrollo de la vida de todas las personas y del planeta en primer lugar, y, además, en el centro de todas las políticas. 

La implantación de una Renta Básica Universal podría ser, entre otras, una medida económica importante para eliminar la pobreza y restablecer la capacidad de agencia de las personas para hacer su proyecto de vida y participar activamente sintiéndose parte de la comunidad. Sería considerada como un Derecho de Ciudadanía, igual que la educación y la sanidad. Entendemos por RBU una asignación monetaria otorgada por el Estado a todas las personas residentes y de forma proporcional, también a menores de 18 años, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas para vivir dignamente. Su cuantía estaría por encima del umbral de la pobreza y se otorgaría con independencia de disponer de otras rentas de capital o patrimonio. Su financiación es posible si se elimina el fraude fiscal, si se modifica el IRPF y otros impuestos para que haya una redistribución justa de la riqueza de los que más tienen a quienes no tienen o tienen muy poco. Sugerimos que se vean las investigaciones realizadas por economistas versados en esta materia, tales como Daniel Raventós, Lluis Torrens, Julén Bollaín, etc.

Por supuesto, esta sería una medida más, que debería ir acompañada de la ampliación y desarrollo de unos servicios públicos de calidad enfocados al cuidado de las personas y del planeta (sanidad, educación, vivienda, dependencia, servicios sociales, cuidados); y de una educación cívica para el pleno desarrollo individual, en consonancia con la vida en comunidad, el freno al consumismo y al deterioro mediambiental.

Materiales consultados:

• Publicación de EAPN España, 13 de febrero 2025: “15º Informe del Estado de la Pobreza”

• Informe de OXFAM 20 de enero 2025 “El saqueo continúa”

• Informe de Pobreza Multidimensional, OPHI y PNUD, marzo, 2024: El IPM global explora los vínculos entre pobreza multidimensional y conflicto

• Declaración, 8M de ONU mujeres, 2024, International Science Council

• Carta de la Tierra

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio en la que pide conocer los recursos que implementan los servicios sociales de los distintos municipios de Córdoba para atender a la población más frágil y vulnerable.

El Defensor envía su requerimiento a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños. Así, pide conocer los recursos de estas administraciones en cuanto a los servicios sociales que amparan y dan respuesta a la población más vulnerable, dirigiéndose en concreto a la Diputación Provincial de Córdoba y a los consistorios de Córdoba, Puente Genil, Montilla, Palma del Río, Priego, Lucena y Cabra.

A estas administraciones locales requiere información “acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria”.

En su exposición, el Defensor recuerda que el sistema público de servicios sociales tiene como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social”.

Y, a nivel local, precisa que los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio son un recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, con la finalidad de “prevenir, atender o cubrir las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar”.

Pobreza, acceso al empleo y vivienda

En ese sentido, los últimos informes sobre Andalucía que señala el Defensor indican “cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes”.

Y recuerda la misión de dicha Defensoría de contribuir al conocimiento de estas desigualdades, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.

“Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar sus necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de estos recursos para alcanzar su ciudadanía”, constata.

Y, junto a ello, el Defensor también recuerdas “los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos (de servicios sociales comunitarios), que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo”.

Por todo esto, se ha dirigido a los ayuntamientos de Córdoba citados y a la Diputación Provincial, para requerir la información completa acerca de los recursos de los servicios sociales para atender a la población más vulnerable.

Se trata, además, de una actuación en consonancia con la Agenda 20230, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha lamentado que “el número de los pobres crece cada vez más”, lo que le ha llevado a advertir que “no hay progreso cuando sólo crecen algunos, mientras otros no tienen oportunidad de crecer”, recordando, en este sentido, que “el Papa Francisco propone continuamente una economía de crecimiento del bien común”.

Así lo ha destacado en su carta semanal, recogida por Europa Press y en la que, tras aludir a la importante labor de Manos Unidas en su lucha contra el hambre en el mundo, ha señalado que tampoco “hay verdadero progreso cuando el enriquecimiento viene a costa de destruir la naturaleza, el aire, el agua, el ambiente, etcétera. Todo ello es creación de Dios para el hombre, y en este sentido el hombre debe cuidar, no destruir la naturaleza dada por Dios”.

Junto a ello, ha resaltado en su carta que “sigue habiendo hambre en el mundo, cuando se desperdicia la comida en cantidades industriales. Sigue habiendo necesidad de escuelas y de formación para los jóvenes, porque esta es la mejor garantía de dignidad en el futuro”, y “a muchos les ha llegado todavía la buena noticia del Evangelio, y no hay mayor pobreza que la ausencia de Dios. Los pobres están más dispuestos a recibir ese Evangelio, cuando los misioneros los llevan a Dios”.

A este respecto y tras argumentar que “la humanidad se deshumaniza y se empobrece cuando no es capaz de respetar y promover la vida de los niños, ya desde el seno materno”, el obispo ha aludido a que Manos Unidas “es una ONG de la Iglesia Católica para el desarrollo de los países más pobres”, que “se nutre principalmente de las aportaciones de los católicos, fruto de su ayuno voluntario en favor de los más pobres de la tierra”.

En este sentido, ha resaltado que “las campañas contra el hambre, que año tras año promueve, son una contribución importante en un doble sentido: en el de concienciarnos de que tenemos que abrir nuestro corazón y nuestras manos para salir de nosotros mismos y ser solidarios con los demás, y en el sentido de ayudar de hecho a tantas personas a través de tantos programas, que dignifican a la persona”.

En cualquier caso, Demetrio Fernández ha aclarado que Manos Unidas “no puede confundirse con cualesquier otra ONG”, de las que “no tienen sentido religioso ni sobrenatural”, pues “la fuerza más potente que mueve a Manos Unidas es la fe de sus colaboradores” y, de hecho, “la colecta para Manos Unidas se realiza en el contexto litúrgico de la Eucaristía, donde Jesucristo comparte su vida con nosotros y nos hace hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a compartir nosotros con los demás lo que hemos recibido de Dios, desde la riqueza de la fe hasta los bienes materiales de todo tipo?”.

Por eso, según ha concluido, “podremos coincidir en los destinatarios, pero las motivaciones en Manos Unidas son más hondas y provienen de la fe y de la caridad cristiana, e incluso de los destinatarios nos interesa, no sólo su prosperidad material, sino su prosperidad integral y su prosperidad personal, que no termina en la etapa de este mundo, sino que camina hacia su plenitud en el cielo”.

Más de 200 familias cordobesas recibieron durante el pasado año 2024 el apoyo de Cruz Roja para hacer frente al pago de una o varias facturas de luz, gas o agua. Y es que son muchas las personas atendidas por la institución humanitaria que se enfrentan este invierno a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Tal y como ha indicado la institución humanitaria en una nota, Rafael Cobos, trabajador social del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja, afirma que “nos encontramos con muchas familias con apuros para hacer frente a los gastos más básicos”.

“Incluso familias en las que no falta el empleo, pero solo uno de los dos miembros de la pareja trabaja o lo hacen los dos, pero con medias jornadas o jornadas y sueldos precarios, lo que les genera problemas para afrontar los pagos de luz, agua o la vivienda, y más teniendo en cuenta los precios a los que se encuentran hoy día hipotecas y alquileres”, ha comentado.

Para hacer frente a esta situación, la entidad desarrolla diversos programas de emergencia social --tanto en la capital como en municipios de la provincia tales como Puente Genil, Montilla, Lucena, Rute, Pozoblanco o Priego de Córdoba-- que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la institución humanitaria ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 203 familias de la provincia de Córdoba --en el marco del proyecto 'Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad' y de su Plan 'Cruz Roja Reacciona'--, de las cuales 147 recibieron ayudas para abonar recibos de luz, 52 para facturas de agua y tan solo cuatro para pagar el gas.

Asimismo, la entidad ha mantenido una cifra de facturas abonadas (741) similar a la de 2023 --cuando se cuadriplicó el dato del año anterior--, algo que ha sido posible merced a la financiación adicional con la que ha dispuesto del mencionado Plan 'Cruz Roja Reacciona', para el que contó con financiación de la empresa BP (con fondos de BP).

De cara a mejorar esta realidad, y para hacer frente a la 'cuesta de enero', desde la organización se recomienda optimizar el consumo energético para ahorrar en la factura de la luz y promover el cuidado medioambiental.

Más de 2.000 personas recibirán durante las próximas semanas en la provincia de Córdoba el apoyo de Cruz Roja ante la ola de frío que azota estos días casi toda España. Personas sin hogar, mayores -en especial quienes están en situación de soledad- y familias que sufren ‘pobreza energética’ constituyen el principal foco de la intervención de la institución humanitaria para combatir los efectos del intenso frío.

Desde ayudas para el pago de suministros básicos como luz o agua hasta el asesoramiento para el ahorro doméstico, pasando por el seguimiento telefónico de personas mayores o la atención a quienes no tienen un hogar en el que refugiarse del frío, las acciones que Cruz Roja impulsa en Córdoba para hacer frente a la bajada de las temperaturas son variadas, pero todas tienen un denominador común: estar dirigidas a colectivos especialmente vulnerables ante las consecuencias del frío.

En ese sentido, cobra especial importancia estos días la labor que la entidad realiza con personas sin hogar a través de su Unidad de Emergencia Social (UES), que recorre las calles de la capital martes, jueves y sábado para ofrecer comida caliente, ropa de abrigo y apoyo humano a unos ciudadanos que, con este clima gélido, ven cómo se acrecienta su situación de extrema vulnerabilidad.

“Si vivir en la calle ya es de por sí una situación, extrema, en esta época del año y con la bajada de las temperaturas se vuelve mucho más complicado. Por eso tratamos de estar a su lado reforzando nuestras atenciones con comida y bebida reparadora y ropa de abrigo. Y, sobre todo, con el calor humano que tanto necesitan las personas que se encuentran en esta situación”, explica Emi Valera, la técnica de Cruz Roja que, a escala provincial, coordina la atención a personas sin hogar.

Concretamente las prendas de abrigo que está repartiendo el voluntariado de la entidad estos días son mantas, cuellos y gorros facilitadas por la asociación de labores solidarias La IAIA, un grupo de mujeres que teje con fines benéficos.

Asimismo, la institución humanitaria ha iniciado estas semanas la campaña ‘Ola de frío’, por la que llama a los domicilios de personas mayores de toda la provincia para hacer seguimiento de su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos para prevenir los efectos de la bajada de las temperaturas.

El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa, llamado ‘Ola de frío’, cuenta con agendas personales de los usuarios y usuarias, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.

De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las bajas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas por el frío y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia.

A esto hay que añadir, por último, las ayudas que Cruz Roja ofrece a familias que se enfrentan este invierno a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.