Miembros de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) han leído este jueves frente al Ayuntamiento de Córdoba, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el próximo 17 de octubre, el comunicado 'El barrio sigue a la espera', en el que critican “la insuficiencia de los resultados de las políticas públicas dirigidas a los barrios más desfavorecidos” y piden “respuestas efectivas contra la pobreza”.

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha reclamado un “cambio de enfoque en las actuaciones públicas, una mayor coordinación entre las administraciones y la creación de una mesa inter administrativa con objetivos compartidos, planificación a largo plazo y evaluación continua”.

Asimismo, ha invitado a los responsables políticos a “abrir espacios de diálogo y consenso para ofrecer respuestas reales a los problemas de los barrios”.

En la convocatoria han participado también numerosos militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Córdoba junto con simpatizantes comprometidos con esta realidad a través de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados.

Bajo el lema 'Colgamos el teléfono, llamamos a la puerta', la AABI ha subrayado que “los barrios tienen solución” y ha exigido que las políticas públicas “se midan no sólo por sus planes y presupuestos, sino también por su impacto en la dignidad y la vida de las personas”.

Más de 260 cordobeses en situación de vulnerabilidad están recibiendo estos días vales de alimentos por parte del voluntariado de Cruz Roja, fruto del convenio suscrito entre la institución humanitaria y el Ayuntamiento de Córdoba.

Dicha colaboración, renovada anualmente y que se canaliza a través de un proyecto titulado ‘Cobertura de necesidades básicas a personas en situación de extrema vulnerabilidad’, contempla que las familias beneficiarias de esta ayuda son seleccionadas por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que es quien financia el proyecto.

Asimismo, el acuerdo -por el que Cruz Roja percibirá 50.000 euros en el presente ejercicio- incluye la distribución de agua para higiene y limpieza de un asentamiento de inmigrantes de la capital. 

“Ojalá no fueran necesarias acciones de este tipo, porque el objetivo último de nuestra intervención es que las personas dejen de estar en riesgo de exclusión”, destaca María José Ávila, trabajadora social del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja, pero puntualiza: “Pero mientras sigan haciendo falta, es fundamental para nuestra entidad contar con colaboraciones estables como esta para poder ofrecer una mejor respuesta ante las necesidades que las familias nos siguen planteando”.

La organización humanitaria y el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba trabajan conjuntamente en esta línea desde hace años, a través de distintos proyectos y convenios orientados a atender las necesidades de aquellas familias de la ciudad que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Dichas acciones se enmarcan dentro del programa con el que Cruz Roja trata de dar respuesta a las demandas y preocupaciones de todas aquellas personas y familias de la provincia de Córdoba en situación de extrema vulnerabilidad.

Uno de los principales problemas que vive la sociedad actual pese a que la economía aumente con el paso de los años. El salón de actos del Palacio de la Merced ha acogido este martes la inauguración de las II Jornadas Provinciales sobre Pobreza y Exclusión Social, donde, además, se ha presentado el informe provincial del año 2026. El encuentro ha dejado claro que la tasa de personas en riesgo de exclusión en Andalucía permanece estancada en un 37% pese al crecimiento económico que se ha registrado en las últimas décatas.

La primera en tomar la palabra ante los medios de comunicación ha sido la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, quien ha subrayado que la lucha contra la exclusión exige ir mucho más allá del mero auxilio económico. La dirigente ha hecho hincapié en que la pobreza implica una falta de derechos reales y de posibilidades de desarrollo, por lo que ha instado a consolidar la cooperación estrecha con los ayuntamientos cordobeses y el tejido asociativo para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los municipios de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Andalucía, Juan Reyes, ha expuesto las líneas del informe autonómico y provincial, advirtiendo de que las cifras de vulnerabilidad llevan más de dos décadas atrapadas en una meseta. Reyes ha señalado que la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene estable. En su intervención, el presidente de la EAPN ha calificado de profunda paradoja que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se haya casi triplicado en los últimos 25 años mientras la pobreza apenas ha variado, lo que demuestra que “algo no se está haciendo bien” en la redistribución de la riqueza.

La brecha de género y combatir con el individualismo

Asimismo, la coordinadora de la red provincial de EAPN Córdoba, Sonia Pintor, ha aterrizado el análisis en la realidad cordobesa, calificando el panorama en la capital y los pueblos como “bastante aplastante”. Además, ha alertado de tres indicadores con una evolución especialmente preocupante a nivel provincial: el incremento de la brecha de género, la proliferación de los delitos de odio y el repunte de las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos vinculados a la vivienda.

La coordinadora provincial ha profundizado en cómo la precariedad laboral femenina y la dificultad de acceso a la vivienda alimentan un círculo vicioso de exclusión. Pintor ha expuesto factores desencadenantes como las rupturas familiares o la inestabilidad en el empleo derivan habitualmente en la pérdida del hogar, un problema estructural que genera graves secuelas en la salud mental de las familias afectadas y que afecta tanto a la capital como a los municipios del interior.

Durante la presentación se ha apelado asimismo a la responsabilidad del conjunto de la sociedad civil para evitar que la ciudadanía mantenga una actitud pasiva. Bajo el lema 'No mires a otro lado', las entidades participantes han hecho un llamamiento explícito a combatir el individualismo y recuperar el sentido de comunidad y apoyo entre vecinos ante una crisis que, según han recordado, puede llegar a golpear a cualquier hogar.

La dificultad para acceder y mantener una vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en la provincia de Córdoba. Así lo puso de manifiesto este jueves Cáritas Diocesana de Córdoba durante la presentación de su memoria de actividades de 2025. Ha sido en un acto en el que participaron el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el delegado diocesano de Cáritas, Antonio J. Reyes; el director de la entidad, Darío Reina; y Alexandre Rivas, participante y voluntario de la organización.

Aunque la actividad global de Cáritas durante el último año se ha mantenido en cifras muy similares a las registradas en 2024, la entidad alertó del fuerte incremento de las demandas relacionadas con la vivienda. Según explicó Darío Reina, la demanda de ayudas destinadas a afrontar gastos de alquiler, hipoteca, suministros o alojamientos alternativos han subido bastante respecto al ejercicio anterior y representan ya la mitad del presupuesto destinado a necesidades básicas de Cáritas Diocesana de Córdoba.

“La vivienda no puede ser un privilegio, sino un derecho”, subrayó el director de Cáritas Córdoba, quien advirtió de que el acceso a una casa se ha convertido en “un auténtico generador de exclusión”. Reina señaló que se está cronificando el número de personas que acuden a la entidad buscando una solución habitacional y que la situación se está agravando año tras año. De hecho, desde Cáritas alertan de que la falta de vivienda está empujando a un número creciente de personas a vivir en la calle o a depender de recursos temporales de alojamiento.

En este sentido, explicó que cada vez son más las familias que, pese a contar con ingresos e incluso con empleo, no logran asumir el coste de la vivienda. “Pagar la vivienda les lleva a una situación de exclusión”, afirmó. La organización detecta que el incremento de los precios del alquiler, junto con el encarecimiento de los suministros básicos, está expulsando a muchas familias de una situación de estabilidad económica, a veces incluso con sus miembros en disposición de un salario y un empleo.

La memoria refleja que el programa de necesidades básicas y vivienda atendió a 1.558 personas durante 2025. Además, dentro del programa de personas sin hogar fueron acogidas 1.179 personas en distintos recursos, de las que 473 fueron atendidas en la UVI Social. Cáritas destacó también que cerca de 500 personas no pudieron acceder a la casa de acogida por falta de plazas. Y eso que el Área de Residencia de la entidad permaneció abierta durante todo el año para dar respuesta a esta realidad.

Más de 19.000 personas acompañadas

Durante 2025, Cáritas Diocesana de Córdoba acompañó y ayudó a 19.103 personas en situación de vulnerabilidad, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. La organización destinó a sus distintos programas una inversión total de 3.405.469,44 euros. Las principales demandas atendidas estuvieron relacionadas con la alimentación (37,32%), cuestiones vinculadas a la vivienda (27,90%), suministros básicos (21,01%), salud (7,32%), educación (2,29%) y otros conceptos (4,22%).

La entidad cuenta con el apoyo de los 167 grupos parroquiales de Cáritas presentes en la diócesis y de alrededor de 1.500 voluntarios, cuya labor permitió sostener la atención a las personas más vulnerables durante todo el año.

Otro de los aspectos destacados de la memoria fue la situación laboral de las personas atendidas. Cáritas acompañó a 778 personas a través de sus programas de empleo e inserción laboral. De ellas, 88 participaron en cursos de formación y talleres ocupacionales y 123 lograron un puesto de trabajo gracias a la colaboración de la empresa de inserción Solemccor y de otras 40 empresas colaboradoras. Sin embargo, Darío Reina insistió en que disponer de un empleo ya no garantiza abandonar una situación de vulnerabilidad. E

En cuanto a la financiación de la entidad, el 35% de los recursos procedieron de subvenciones públicas, mientras que el 65% restante tuvo origen en aportaciones de particulares, instituciones y empresas. Cáritas destacó además que durante el último año las contribuciones de particulares aumentaron un 12%.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, agradeció el compromiso de voluntarios, socios y colaboradores, y realizó un llamamiento a la participación ciudadana para seguir sosteniendo la labor de la organización. El prelado recordó además que la celebración del Día de la Caridad coincide este año con la visita del Papa a España, una circunstancia que consideró especialmente significativa para reforzar el compromiso social y la solidaridad con las personas más vulnerables.

Son las 12.30 de la mañana en el Barrio del Guadalquivir. Es sábado y apenas se ve un alma por la calle. A vista de pájaro, el distrito está trazado a escuadra y cartabón. Vías anchas y manzanas cuadradas con un patio central. Si acercas el foco, las cifras de desempleo, absentismo escolar y exclusión social saltan a la vista. En el número 6 de la calle Libertador José Gervasio Artigas un centenar de representantes vecinales de Granada, Sevilla, Jaén y Córdoba intentan romper el círculo vicioso que condena a decenas de barrios andaluces al ostracismo.

Son las IX Jornadas Andaluzas de Barrios Ignorados. En los sesenta, recibían la noble consideración de barrios obreros. Medio siglo después, todos sus males se han cronificado y la literatura sociológica les reserva un nuevo catálogo de denominaciones: barrios vulnerables, periféricos, excluidos, ignorados y todo ese campo semántico que no presagia nada bueno. La ponencia marco la pronuncia un sociólogo catalán, Óscar Rebollo, titular de una larga trayectoria investigadora y responsable de alguno de los proyectos de intervención social más innovadores de los últimos veinte años.

El capitalismo tiene mecanismos de exclusión muy potentes

PREGUNTA (P). ¿Hay luz al final del túnel?

RESPUESTA (R). Tiene que haberla.

P. Usted es el sociólogo.

R. La luz al final del túnel no la pone un electricista. La ponemos nosotros. Ojalá hubiese un electricista que viniese de Júpiter, pero ese electricista no existe. Por lo tanto, tiene que haber luz.

Óscar Rebollo sabe de lo que habla. No únicamente porque haya dedicado media vida a estudiar los mecanismos de participación comunitaria e intervención social. Sino porque nació y se crio en el corazón de un barrio vulnerable de Barcelona. “Yo nací en El Besós y a los seis meses me fui a Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris, toda una zona construida de vivienda pública”, explica en uno de los despachos del Centro Sur, donde tiene lugar el encuentro ciudadano.

Muchos de sus vecinos provenían del chabolismo. “Yo nací en el 63 y me crié en la calle”, asegura. Eran otros tiempos. Los años del desarrollismo, la expansión urbana y la inmigración interior en aquella España de las postrimerías del franquismo. Su padre era obrero de la Hispano Olivetti y su madre trabajó como educadora familiar en una cooperativa proveedora de Cáritas. Los dos estaban vinculados a movimientos cristianos de base muy comprometidos en la lucha social.

P. Y usted estudia sociología para comprender su propio origen.

R. Esa es una pregunta casi freudiana. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando bachillerato, la tutora del curso nos hizo una pregunta: “¿Y vosotros qué vais a querer estudiar?”. Los chavales respondían lo típico de entonces: médico, maestro, etc. Pero yo le dije: “Quiero estudiar sociología”. La tutora me preguntó: “¿Sociología? ¿Y eso qué es?”. Yo lo había escuchado a un cura sociólogo que venía por casa y me fascinaba las cosas que contaba. En Barcelona no había entonces especialidad y me matriculé en Económicas, que tenía en el segundo ciclo un departamento de Sociología.

P. La universidad fue un salvoconducto para burlar a su destino.

R. La universidad fue y sigue siendo una oportunidad fantástica. Es una infraestructura social que te da la oportunidad de relacionarte en la diversidad. Tú vas a la escuela y la gente que hay allí se parece a ti. Pero en la universidad todo el mundo nos relacionamos con gente con la que ni antes ni después nos vamos a volver a relacionar. Yo, por ejemplo, era la primera vez que veía un moreno de nieve.

La democracia es una promesa de justicia social. Y está fracasando

P. ¿Un moreno de nieve?

R. Los que estudiaban Económicas venían de esquiar en Semana Santa con el moreno de nieve. Yo no había visto un moreno de nieve en mi vida y lo vi por primera vez en la universidad.

P. O sea, un pijo.

R. Claro. Nunca había visto un moreno de nieve. La universidad te da eso. Pero no fiaría todo mi destino a la universidad porque sería traicionar a mi familia por toda esta trayectoria de compromiso social y político.

P. Usted ha dirigido su línea de investigación dentro de la sociología hacia el análisis sobre los barrios vulnerables.

R. No. Yo empecé en el ámbito de la Sociología del Trabajo y seguramente alguna relación debe de haber con el hecho de que mi padre fuese un obrero de la industria. Empecé estudiando el mundo de la precariedad laboral, el sindicalismo y la participación sindical. Y un accidente biográfico hizo que pasase de la participación sindical a la vecinal. En el año 96, cuando nació mi hijo, en el barrio de la Trinitat Nova se detectó aluminosis y mi padre, que estaba en la asociación de vecinos, se vio superado por la situación. Mi madre me llamó muy preocupada porque mi padre no dormía y estaba muy tenso. Y dijo: “Oye, ¿por qué no te metes en la asociación y le ayudas un poco?”. Me metí por echar una mano y me quedé atrapado.

Dejé la Sociología del Trabajo y monté un posgrado de Metodologías Participativas y Comunitarias. También he trabajado en políticas públicas, para ayuntamientos y diputaciones. En 2002 empiezo a trabajar con las administraciones y en 2016 voy en una comisión de servicios durante seis años al Ayuntamiento de Barcelona con el Gobierno de Ada Colau.

P. ¿Por qué ignoramos a los barrios ignorados?

R. Hay un debate sobre qué nombre ponerle a los barrios: ignorados, vulnerables, olvidados. Los nombres significan cosas. Ya no se habla de barrios obreros, seguramente porque barrio obrero hablaba de dinámicas comunitarias. Cada centro necesita su periferia. Los procesos de urbanización son imparables desde la modernidad. Más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades.

El nivel de concentración urbana es brutal y no deja de crecer. Mucha gente vive en estas ciudades ocupando posiciones muy diversas. Algunos son los que están abajo del todo, pero son funcionales. El sistema los necesita. Es lo que Galbraith llamaba subclase funcional. En algún sitio tienen que vivir.

P. Hoy estamos en el Barrio Guadalquivir: 50% de desempleo; 8.433 euros de renta media; alto índice de absentismo escolar; bajo índice de estudios superiores; economía sumergida. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso?

R. La clave es esa: el círculo vicioso. Porque no siempre se entienden así los problemas. Todos estos problemas no están uno al lado del otro, sino que se retroalimentan. Como hay pobreza, no hay recursos para actividades culturales. Como no hay actividades culturales, no hay servicios culturales. Entonces, la escuela se degrada. Al degradarse la escuela hay mucha gente que queda fuera y eso genera delincuencia. La pregunta es cómo reconvertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Eso es un reto enorme.

Y no tendríamos que hacernos trampas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el barrio en el que yo viví, el principal hándicap histórico era la infraestructura escolar. Tenía una escuela que era un desastre a la que ninguna familia quería ir y ningún maestro quería trabajar. Una de las cosas que hizo el Plan de Barrios de Barcelona fue hacer una escuela potentísima. Muy buena. ¿Eso incorpora un elemento como círculo virtuoso? Claramente sí. Ahora bien: ¿eso va a hacer que ese barrio sea homologable el resto de la ciudad? No. Hemos mejorado esta realidad porque hemos mandado gente a otro sitio. Entonces, ¿cómo mejoramos la realidad de este barrio conservando a la gente que vive en este barrio? Eso es un reto.

P. ¿Pero colocar un colegio de buena calidad es un elemento transformador?

R. Es un elemento transformador y cambia la vida de mucha gente. ¿Lo transforma todo? No. ¿Lo cambia todo? No. ¿Cambia a toda la gente? No. Por mucho que tú hagas en la política de barrios, ¿vas a conseguir acabar con el 40% de paro?

P. Pero, a lo mejor, una escuela sí permite que la gente instruida tenga más capacidad de encontrar un trabajo.

R. Una escuela buena ofrece más oportunidades de capacitación, y también más capacidades de relación, más seguridad y más oportunidades de entenderte a ti y a tu posición en el mundo. No solamente aprendo cosas que me van a servir para encontrar un trabajo, sino para moverme en el mundo. Y gano una seguridad que necesito para salir de aquí, porque dentro de ese círculo vicioso también está la estigmatización.

P. ¿Lo peor de todo es el estigma?

R. El título más disputado es el del peor.

El urbanismo puede hacer mucho por la integración de los olvidados

P. ¿Perdón?

R. El título más disputado es el del peor. ¿Cuál es el mejor futbolista? Nos pelearíamos entre dos o tres, pero seríamos incapaces de encontrar al peor futbolista. Entonces, ¿qué es lo peor? Es muy difícil de identificar. La estigmatización es un límite autoaprendido. Estos barrios generan identidad en negativo y una incapacidad autoaprendida. Y dices: “¿A dónde voy yo saliendo de aquí?”. Y eso juega en una frontera que para mí es estratégica. Si hay algo que le pasa al 80% de la gente en un barrio vulnerable, quedará un 20%. Ahí es donde más me preocupa el tema de la estigmatización. En el efecto que tiene sobre la población más normalizada que vive en ese barrio. Quitándose ese estigma ganaría muchas oportunidades.

P. ¿La exclusión social tiene arreglo?

R. Yo llevo una asignatura de gestión de proyectos sociales y les digo a mis alumnos que los grandes problemas (pobreza, exclusión social) no tienen solución. Pero las intervenciones sociales tienen que solucionar problemas. Si me dices: “¿La exclusión social tiene arreglo?”. Yo te digo: No. Entonces, ¿no hay que hacer nada? No. Tenemos que hacer políticas públicas que tengan capacidad de intervenir sobre la exclusión social. La exclusión social es la derivada del sistema. Tiene muchas dimensiones. Hace 70 años, el problema de la educación era hacer una escuela. Ahora es mucho más complejo.

P. ¿La exclusión social es inherente al capitalismo o inherente al ser humano?

R. Los seres humanos somos territoriales, pero no forma parte de nuestra naturaleza ser excluyentes. El problema de la ideología neoliberal es que ha diluido el concepto de los “nuestros”. Ahora soy yo. No son los nuestros. El neoliberalismo lo que nos dice es que la sociedad no existe. Existes tú como individuo que tienes que emprender, competir y ganarte la vida. Si triunfas es gracias a tu esfuerzo. Si fracasas es porque no te has esforzado lo suficiente.

Falta el concepto “nuestros” y ese proceso excluye a mucha gente. El capitalismo tiene unos mecanismos de exclusión muy particulares y muy potentes. Otros modelos tendrán otros mecanismos de exclusión. Las formas de exclusión del capitalismo tienen que ver con cómo se distribuyen derechos, recursos y oportunidades.

P. 12 de los 15 barrios más pobres de España son andaluces. ¿Qué estamos haciendo mal aquí?

R. Esa pregunta se puede escalar. Andalucía es una de las regiones más pobres de España o de Europa. Entonces, diría: ¿qué estamos haciendo mal en España o en Europa? Los procesos de integración no acaban con la polarización. Es cierto que llevamos suficiente tiempo como para que las políticas públicas hubiesen tenido una mayor incidencia. Esa pregunta tiene sentido. Hoy en día un factor determinante es la política de vivienda. En otros momentos ha sido la política de empleo.

P. ¿Y la exclusión social es el gran fracaso de la democracia?

R. La exclusión permanece y se ha enquistado. Hay niveles de exclusión. De hecho, ahora no hay dos bloques: los integrados y los que están excluidos. Hay un bloque que está plenamente integrado y un montón de gente que está en riesgo: hoy estás integrado, pero mañana una enfermedad, un accidente o un problema de vivienda te pone en riesgo. A los servicios sociales en los 90 empiezan a llegar clases medias. Eso nos indica que hay un gran nivel de vulnerabilidad. ¿Eso es un fracaso de la democracia? Sí. ¿Por qué? Porque la democracia no es un mecanismo, no es un instrumento, no es una aritmética. La democracia es una promesa. La promesa de la justicia social. Si no se cumple esa promesa de justicia social, hay un fracaso de la democracia.

P. ¿El Estado ha hecho todo lo que está en su mano?

R. El Estado tiene poderes dentro que defienden intereses. Está el poder judicial, por ejemplo, que no oye las grabaciones de Cospedal y no sabe quién es M. Rajoy, pero condena al fiscal general. Ese Estado ha hecho lo que tenía que hacer para defender los intereses que está defendiendo. ¿Se han hecho unas políticas públicas sociales en España? Sí. Era la única forma de estar en Europa. El ministro Ernest Lluch universalizó la sanidad. Nosotros hemos crecido en un país que ha tenido más escuelas y más hospitales, pero en los últimos 15 años ha aumentado mucho la población y se ha recortado el presupuesto de los servicios. En Cataluña, Artur Más hizo un recorte de 12.000 millones de euros en la sanidad y hoy hay un millón de personas más.

Colocar un buen colegio en un barrio es un elemento transformador

P. Dígame tres medidas urgentes.

R. Construir infraestructura social, apostar por servicios públicos e impulsar una política de rentas. Lo que ahora me parece más estratégico es la política de rentas.

P. Y dígame un modelo de éxito que hay que copiar en toda España.

R. Si por modelo de éxito quiere decir que el barrio ha dejado de ser vulnerable, no sabría decir ninguno. Si por ejemplo de éxito decimos que las cosas que se han hecho han tenido sentido, un impacto positivo y han contribuido a un círculo más beneficioso, yo creo que se pueden aprender cosas del Plan de Barrios de Barcelona. Si por éxito hablamos de un barrio vulnerable que ahora está plenamente integrado, corremos el riesgo de ir a políticas de gentrificación. Es decir, aquí antes había un montón de pobreza y ahora hay hoteles de lujo. Ya. ¿Y dónde están los que vivían aquí?

P. ¿El chabolismo es cosa del pasado?

R. No. Y ahora con la crisis de vivienda menos. En Barcelona, por ejemplo, sí que hubo una gran transformación y mucho chabolismo fue a parar a política social. Pero ahora sigue habiendo. Detrás de los penúltimos están los últimos y con los procesos migratorios y de urbanización el chabolismo no tiene el impacto, la importancia y la presencia que ha tenido históricamente, pero sigue existiendo.

P. Los barrios vulnerables se están descolgando de la democracia. El 70% de su población no vota.

R. Cuando hablamos del círculo vicioso, hay que poner también la abstención electoral. Eso forma parte del problema. No sé qué pasaría si un día una asociación de vecinos dijese: “Vecinos, votad a quien sea, pero votad”. Hay diferencias del 30% y del 40% de porcentaje de voto entre estos barrios y los más integrados. Y eso es un factor de vulnerabilidad.

P. Además del germen del autoritarismo.

R. Un germen de autoritarismo, de populismo y de las nuevas ultraderechas. Claro que lo es. El germen de estos nuevos populismos es el enfrentamiento entre los penúltimos y los últimos. Al penúltimo no le enfrentan con el que está arriba: le enfrentan con el que está abajo.

P. Y esta alta abstención en los barrios obreros vulnerables es un agujero en la izquierda.

R. Se supone que la izquierda es la defensora de la justicia social, mientras que la derecha es la defensora de la libertad y de que cada uno se espabile. Por tanto, es un reto para la izquierda. Sí. Es un agujero negro. La izquierda no sabe, no puede o no tiene la capacidad. Imagine que se enfrenta el Real Madrid contra el Córdoba y le decimos al Córdoba que no sabe jugar al fútbol. Hombre. Hay algo más. Es verdad que no tienes la fuerza del Real Madrid pero es que te estás metiendo cantidad de goles en tu propia portería.

P. ¿La participación ciudadana es una quimera, un mito o un camelo?

R. La participación ciudadana puede tener distintas visiones. Es el ejercicio de tus derechos políticos como ciudadano en una sociedad democrática. Marshall nos habla de que hay una ciudadanía civil, una ciudadanía social y una ciudadanía política. Ser ciudadano significa tener derechos políticos, como el derecho a votar, el derecho a reunirte o el derecho a participar. Hay una parte de la participación ciudadana que fracasa cuando fracasa la democracia. En una democracia fuerte la ciudadanía participa. Cuando parece que están reconocidos por ley, el 70% de la ciudadanía de estos barrios no lo ejerce.

P. ¿Qué puede hacer el urbanismo por la integración de los olvidados?

R. No lo puede hacer todo, pero puede hacer mucho. En algunos foros pregunto: “¿Habéis estado alguna vez en un entorno urbano que está pensado para que nadie se pueda sentar?”. Es que están pensados para que sea así.

Hay que robar muchos móviles para robar tanto como los de arriba

P. ¿Hay arquitectos que son malas personas?

R. No. Hay encargos funcionales que están pensados para que la gente entre en el Corte Inglés y no se quede en la plaza. Ponen unos pinchos para que no te puedas sentar. Yo voy a comprar a una tienda que tenía un banco delante. Era un banco estratégico. Se ponía un hombre pidiendo y la gente que salía le dejaba un bollo, una Coca-Cola o una moneda. Han quitado el banco. ¿El que ha quitado ese banco es una mala persona? No. Es un trabajador al que le han dicho: “Quita ese banco”. Seguramente el dueño de la empresa llamó al ayuntamiento para que lo quitara. Hay un libro muy interesante que se llama Ciudad Feliz, que habla de cómo el urbanismo puede construir una ciudad basada en que la gente se encuentre y se relacione.

P. Habitamos en ciudades inhabitables.

R. La ciudad es la ciudad. Es mixtura, conflicto, relación. Y si no te gusta, vete a vivir tú solo al campo. Somos seres sociales y nuestras ciudades comparadas con el resto del mundo son ciudades bastante buenas. Yo no he visto ninguna ciudad que tenga la calidad del transporte público que tiene Barcelona.

P. Hay un modelo de ciudad hostil y agresiva que nace en el desarrollismo industrial en los años 50.

R. Sí. Pero yo no quiero tirar al niño con el agua sucia. No vayamos a pensar en esa ciudad en la que todo está a mi medida y nadie me molesta. La ciudad es convivencia, conflicto, roce, oportunidad. Ahora mismo hay unas presiones sobre la ciudad que están haciendo la vida insoportable para muchos colectivos y para mucha gente. Mis hijos no encuentran un sitio para vivir. La movilidad es una fuente de estrés. Hay barrios olvidados y un nivel de contaminación.

Algo se está haciendo mal, pero no quiero tirar al niño con el agua sucia. Hay una lógica desastrosa cuando la ciudad se ha convertido en un producto. Eso es lo que nos está matando. La ciudad está en venta. Cuando la ciudad se convierte en un producto, entonces se convierte en inhabitable para los que no venden ni compran ese producto.

P. ¿Qué es peor: la segregación de los pobres o la segregación de los ricos?

R. La segregación de los pobres es una consecuencia no deseada y la segregación de los ricos es una estrategia deseada. Los ricos se segregan voluntariamente y van buscando sitios donde nadie les moleste. El problema es la polarización: cuando esas dos cosas se dan a la vez. Esas fotografías de las ciudades brasileñas, donde a un lado de la valla hay piscinas y pistas de tenis; y al otro lado barraquismo. Eso es lo peor.

P. ¿La privatización de los servicios públicos redoblará la exclusión?

R. Sí. Claramente. La privatización de los servicios públicos es ir a buscar servicios con el monedero. No llevas nada: no tienes servicios.

P. ¿Estamos en eso?

R. Llevamos tiempo en esa dirección. La calidad del Estado del bienestar se mide con un término que es su nivel de mercantilización. Para Esping-Andersen los buenos Estados del bienestar son Estados desmercantilizados. Lo que tú recibes no depende de lo que tienes en la cartera. Estamos en Estados del bienestar cada vez más mercantilizados.

P. ¿La pobreza mata?

R. Claro. Hay una expresión que utilizaban en Barcelona: “El código postal mata más que el código genético”. Cada parada de metro son 3 años menos de esperanza de vida. La pobreza mata porque tiene que ver con pobreza en términos de salud, de oportunidades, de calidad de la alimentación, de calidad del aire, de condiciones de salubridad.

P. Los cascos históricos están transitando del abandono a la turistificación. ¿Vamos bien?

R. Realmente no. Es el ejemplo claro del concepto de gentrificación. Sacamos a los que estaban y vamos a construir un producto. El casco histórico se ha convertido en una mercancía. Vendo casco histórico. La gente que somos de la ciudad no estamos invitados a esa fiesta. Vamos fatal. En ese casco histórico ni los que ganan, ni los que trabajan, ni los que consumen son de la ciudad. Porque los que invierten ahí están en un yate en no sé dónde. Son los dueños de los pisos y de los apartamentos. Los que consumen son turistas que vienen de no se sabe dónde y los que trabajan no se pueden permitir el lujo de vivir en esa ciudad. No tiene ninguna lógica. Se vende ese producto para que los ricos sean más ricos.

Los barrios ignorados generan identidad en negativo

P. Exclusión y delincuencia son dos caras de la misma moneda.

R. No. Para nada. La delincuencia más salvaje está en el mundo de la inclusión. ¿Delinquir es robar? Pues anda que no hay que robar teléfonos móviles para robar todo lo que están robando los de arriba. Hay que tener cuidado con esas automatizaciones. El mundo de la exclusión cuando se territorializa genera inseguridad. Eso es cierto y no se puede negar. Uno de los goles en propia puerta de la izquierda es el que tiene que ver con las políticas de seguridad. Parece que el servicio público de educación y el servicio público de sanidad está bien, pero el servicio público de seguridad no. Pues hay un montón de funcionarios que se dedican a ese servicio público. Entonces, ¿por qué no hablamos de seguridad? Porque en esos barrios hay inseguridad. Claro: si a esa inseguridad le pones dos o tres horas diarias de Ana Rosa, entonces ya se convierte en una bomba explosiva.

Cáritas Diocesana de Córdoba y la Fundación Foessa han presentado este jueves los resultados del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, un análisis que revela que la provincia afronta “una situación de exclusión social especialmente intensa y marcada por la inestabilidad laboral, el acceso cada vez más difícil a la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos”, y la consecuencia es que Córdoba está a la cabeza de la exclusión en Andalucía, con más de un cuarto de la población afectada.

En Córdoba, la fragilidad del empleo sigue siendo uno de los principales núcleos de exclusión, pues “alrededor de 75.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando períodos de desempleo, múltiples contratos o pasando por varias empresas” tal y como ha señalado el coordinador del Informe Foessa de Andalucía, Daniel Rodríguez de Blas, quien ha resaltado que “el empleo reduce el riesgo, pero ya no evita la exclusión. Muchas personas trabajan y aun así no logran sostener una vida digna”.

La vivienda se ha convertido en el segundo gran eje de vulnerabilidad en la provincia. La evolución del precio del alquiler y los gastos asociados empujan a miles de familias a situaciones de pobreza severa. “Más de 90.000 personas en Córdoba caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda”, lo que convierte esta dimensión en un auténtico generador de exclusión, explicando Rodríguez de Blas que “la vivienda es hoy un 'derecho fake', pues, mientras no existan políticas estables que la garanticen, la recuperación económica no se traducirá en integración social”.

El tercer ámbito crítico es la salud. “Cerca de 127.000 personas en Córdoba han tenido que dejar de comprar medicamentos, dietas o tratamientos por falta de recursos, una renuncia que profundiza la desigualdad sanitaria y agrava la fragilidad de quienes ya viven en situaciones de exclusión”, según ha asegurado el coordinador del estudio, al tiempo que ha añadido que “cuando poder cuidarse depende del dinero que se tiene, la exclusión se vuelve más profunda y persistente”.

Durante la presentación, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha recordado que el Informe Foessa es una herramienta esencial para comprender la realidad social que Cáritas acompaña cada día. “No se puede amar lo que no se conoce, ni transformar lo que no se comprende. Este estudio nos ayuda a entender las causas reales de la pobreza en Córdoba y a no acostumbrarnos a ella”, ha sentenciado.

Además, Reina ha subrayado que el informe es un servicio para toda la sociedad, porque “la lucha contra la pobreza no puede quedarse en acciones puntuales, exige políticas justas, estructuras inclusivas y una mirada ética que ponga a la persona en el centro”.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha comentado que “este estudio nos habla de situaciones de insuficiencia económica en términos de pobreza, de carencias materiales, de relaciones frágiles e incapaces de sostener un nivel deseable de integración social”, al tiempo que ha destacado que “este informe no se conforma con ofrecer una serie de datos estadísticos objetivos, sino que también pretende ser una herramienta ética, social y pastoral”.

Por último, Jesús Fernández ha señalado que, tal y como dice el Papa León XIV ,“la condición de los pobres nos interpela, ya que en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo”.

Los resultados del informe muestran que Córdoba refleja con especial intensidad una tendencia andaluza sostenida, la de “un modelo social que no consigue integrar a quienes viven con más fragilidad, incluso en fases de crecimiento económico”. Ante este escenario, Cáritas y la Fundación Foessa insisten en “la necesidad de un nuevo pacto social que sitúe la vivienda, la salud, la protección social y el empleo digno como pilares esenciales de cohesión y justicia social en la provincia”.

La Asamblea de Obispos del Sur de España, que integra a los prelados de las diez diócesis andaluzas, ha acusado a la Junta de “perjudicar la labor” que desarrolla Cáritas en atención a las personas más necesitadas por los criterios que aplica en el reparto de las ayudas provenientes del IRPF.

En un comunicado difundido tras la asamblea celebrada este lunes 26 de enero en Córdoba, los obispos expresan su “preocupación por los criterios utilizados por la Junta de Andalucía en la adjudicación de las ayudas provenientes del IRPF, que están provocando que las Cáritas Diocesanas en Andalucía tengan que replantear algunos de los proyectos de atención a los más necesitados”.

“Los pobres que Cáritas atiende quedan discriminados con este reparto”, subrayan los prelados a la “espera de seguir dialogando” con la Junta de Andalucía sobre este asunto.

Por su parte, la Secretaría Técnica de Enseñanza ha informado a los obispos de las últimas gestiones realizadas con la administración educativa estatal y andaluz, así como de los avances en la renovación del acuerdo en materia educativa entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y los Obispos del Sur de España.

Acceso de los profesores de religión al Máster de Secundaria

En este sentido, los obispos andaluces han expresado su confianza en que “el profesorado de Religión Católica pueda acceder de manera normalizada al Máster de Educación Secundaria en las universidades públicas de cada provincia andaluza”.

También ha abordado durante la reunión la próxima visita del Papa León XIV a España, con fecha aún por determinar, y que están convencidos de que “supondrá un momento de comunión eclesial y un renovado impulso para la misión evangelizadora” y animan a los fieles a “prepararse para esta visita y participar activamente en los actos que se programen”.

Por último, la Asamblea ha nombrado obispo delegado para los seminarios al obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico. Además los obispos han felicitado a la Diócesis de Almería y a su obispo por la beatificación del venerable Salvador Valera Parra, conocido como el 'Cura Valera', que será el próximo 7 de febrero en su localidad natal, Huércal-Overa.

“En los días de frío, no ponía el brasero y me echaba una manta. De igual modo, a la hora de dormir, les decía a mis hijas, hoy nos acostamos juntas, para evitar tener que calentar dos habitaciones”. Es el testimonio de Pilar, una cordobesa que ilustra con sus palabras la dura realidad que sufren muchas familias de la provincia cuando bajan las temperaturas.

Una realidad que tiene nombre y apellido, pobreza energética, que no es sino una cara más de la vulnerabilidad económica, que impide a muchas familias satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

“Hay muchas familias que, aunque trabajen, tienen verdaderos problemas para afrontar los pagos básicos, como son los suministros de luz o gas”, explica Rafael Cobos, trabajador social del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja.

Para hacer frente a esta situación, la entidad desarrolla diversos programas de emergencia social -tanto en la capital como en municipios de la provincia tales como Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil o Villanueva de Córdoba- que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la institución humanitaria ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 71 familias de la provincia –en el marco del proyecto ‘Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad’-, a las que se les abonaron 130 recibos de luz, agua o gas.

Es el caso de Pilar, cuya situación varió tras acercarse a Cruz Roja en busca de ayuda social. Allí, entre otras cosas, encontró apoyo para el pago de un par de facturas de luz y orientación para solicitar el bono social, al que tenía derecho y del que, por desconocimiento, no se beneficiaba hasta entonces.

Ahorro doméstico y eficiencia energética

Asimismo, el enfoque integral que despliega la entidad frente a esta realidad contempla formaciones de ahorro doméstico y la entrega de kits de eficiencia energética, con el objetivo de conservar el calor en el hogar y reducir el consumo.

En esta línea, y para hacer frente a la ‘cuesta de enero’, desde la organización se recomienda optimizar el consumo energético para ahorrar en la factura de la luz y promover el cuidado medioambiental. Así, Cruz Roja insiste en la importancia de gestos tan sencillos como estos:

1. Mejora el aislamiento térmico: cierra persianas y cortinas, instala doble cristal.

2. Ajusta la calefacción: cada grado extra implica un 7 % más de consumo. Recomienda entre 19 °C y 21 °C durante el día, y 15 °C-17 °C por la noche.

3. Usa termostatos y válvulas termostáticas para reducir entre un 8 % y 13 % del consumo.

4. Opta por métodos de cocción eficiente: olla exprés, tapas en sartenes, descongelación en nevera.

5. Mantén electrodomésticos eficientes (clase A) y evita el consumo en stand-by. Apaga completamente equipos como televisores.

6. Instala lámparas LED y aprovecha la luz natural.

El impacto de la pobreza energética

- El 27 % de las personas atendidas por Cruz Roja no puede mantener la temperatura adecuada en su vivienda durante todo el año, y el 44 % no puede hacerlo ni en invierno ni en verano.

- Los retrasos en las facturas afectan al 10 % de la población, subiendo al 21,8 % entre quienes alquilan.

- Las consecuencias repercuten especialmente en la salud de menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

La pobreza energética no entiende de perfiles ni patrones. Los casos son variopintos, pero todos comparten la dificultad de mantener un hogar cálido y confortable, la incertidumbre frente a las facturas y la necesidad de apoyo para gestionar su energía de manera eficiente. Combatir la vulnerabilidad energética es, en última instancia, garantizar dignidad y bienestar para quienes más lo necesitan.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se ha referido a la situación de la pobreza en la provincia y a cómo se está actuando ante la misma, desde la Iglesia Católica y desde otras instituciones y entidades que colaboran con ella en esta labor, y ha dicho que le preocupan las que ha denominado como las “nuevas pobrezas”, que tienen que ver con las dificultades para acceder a una vivienda, con las personas mayores que sufren “soledad” y con los jóvenes que viven “aislados”.

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, el obispo ha recordado que el lema elegido por Cáritas para este año es el de 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte“, considerando Jesús Fernández que ”es muy acertado, porque cada ser humano debe tener garantizada su dignidad, con independencia del lugar donde nazca y el entorno con que cuente“.

De hecho, según ha argumentado, “cada persona es importante para Dios y debemos trabajar para que la pobreza no acabe destruyendo la capacidad única e inigualable por la que viene al mundo cada ser humano”, y ha añadido que le preocupan, “especialmente, las nuevas pobrezas, que tienen que ver con la soledad no deseada, el difícil acceso a la vivienda, las adicciones, o el aislamiento de jóvenes con muchos amigos virtuales, pero ausentes de su necesidad de relación real”.

A esto se suma también, según ha señalado Jesús Fernández, que “cada vez las necesidades son mayores y los recursos de las institucionales públicas no se incrementan proporcionalmente”, aludiendo en este contexto el obispo, respecto a las relaciones entre la Diócesis y las instituciones públicas, a que la coordinación, que ya existe, es clave.

Así, ha recordado como, poco después de su llegada a Córdoba, “una responsable municipal dedicada a los servicios sociales me dijo que ellos son las manos, pero la Iglesia es el corazón de muchos de los proyectos que compartimos para ayudar a las personas”, y “realmente es así, tengo una visión complementaria y creo en lo mucho que se avanza en atención social si instituciones e Iglesia tienen una buena coordinación. Creo que en un clima de entendimiento, estamos llamados a unirnos para el bien común”.

Precisamente, según ha resaltado, en los seis meses que lleva el frente de la Diócesis, ha sido recibido “por todos los representantes de instituciones y tengo que decir que han sido encuentros muy interesantes, en los que me he sentido muy bien acogido, por lo que estoy muy agradecido. Hay muy buena sintonía y espero seguir contando con esa generosidad para construir proyectos que beneficien a quienes menos tienen”.

“En cuanto a la pobreza material”, según ha asegurado, “Cáritas Diocesana de Córdoba sigue trabajando con los mismos recursos para erradicarla”, es decir, “las Cáritas parroquiales, que son la puerta de entrada de las miles de personas que cada año acompaña Cáritas Diocesana”, y “también se cuenta con el Programa de Empleo, que es el canal para que muchas personas puedan transformar su vida de una forma digna, gracias a la formación y al empleo”.

No se puede olvidar, según ha indicado, “el Programa de Mayores en Situación de Exclusión, que cuenta con una residencia de mayores y el programa 'Tejiendo Redes', para acompañar a personas mayores que viven en una situación de soledad no deseada”.

A ello se añade “el Programa de Personas sin Hogar, con la Casa de Acogida 'Madre del Redentor', el dispositivo nocturno, donde se acompañan a entre 50 y 70 personas cada lunes, miércoles y viernes, y el Ala de Baja Exigencia”, subrayando el obispo, igualmente, la labor de “la empresa de inserción de Cáritas Diocesana”, Solemccor, “que ofrece una oportunidad laboral a unas 100 personas cada año”.

Además, “como refuerzo a toda esa actividad y gracias a la colaboración del Cabildo, el Ala de Baja Exigencia está abierta los 365 días del año, y no sólo los meses de más frío, sirviendo de refugio a 20 personas más en situación de calle; así como la implementación del programa 'Territorios' en la provincia, de la mano de la Diputación de Córdoba”.

En este capítulo ha destacado, por último, que “el compromiso caritativo y social de nuestra Diócesis, con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, es colaborar económicamente para ampliar y mejorar la capacidad de acogida de personas sin hogar en nuestro centro 'Madre del Redentor'. De ahí que las colectas que se han hecho y se van a hacer serán dedicadas íntegramente a esta obra”.

Plan pastoral

Al margen de ello y en el marco del balance de sus primeros seis meses como obispo de Córdoba, ha señalado que ha puesto en marcha “un período de escucha con vistas a elaborar un Plan Pastoral para los próximos años”, con vigencia hasta 2030, habiendo constituido para ello “336 grupos, en los que se han integrado 2.600 personas, que ya han comenzado la tarea”.

De este modo, según ha precisado, “se ha puesto en marcha una estructura destinada a la participación sinodal, que implica la reflexión por grupos en torno a cuatro itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública”.

Los trabajos de estos grupos “estarán centrados en la lectura y comprensión de cada ponencia, una por itinerario, para analizar la situación en que se encuentra nuestra Iglesia en ese camino, y emitir sus consideraciones y propuestas para avanzar en la vivencia de la fe y en la misión evangelizadora”.

Todo ello llevará a celebrar el año próximo “una Asamblea Diocesana, para la presentación de las conclusiones, evaluación y revisión del proceso” y, “con el material recogido, se elaborará el Plan Pastoral Diocesano”, mientras que “el mes de septiembre de 2026 estará dedicado a la elaboración y presentación del Plan y comenzará su implementación”.

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, volverá a abrir por décimo año consecutivo una campaña de recogida de juguetes para repartir entre las familias más vulnerables y que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad en Córdoba.

Bajo el lema 'Regala sonrisas. Dona juguetes', la campaña recogerá juegues y juegos en buen estado entre el 10 y el 18 de diciembre, de lunes a sábado, entre las 16:30 y las 20:30, en distintos puntos de la ciudad que pueden consultarse en la página web de Sadeco. Así, se recogerán en puntos como la Plaza del Zoco, Arroyo del Moro, Santa Rosa, La Viñuela, Cañero, Avenida del Cairo, avenida de Granada y Glorieta del Hipercor, además de los mercados municipales del Marrubial, La Corredera y Ciudad Jardín. De igual forma, también se recogerán juguetes en las barriadas periféricas de Villarrubia, Cerro Muriano, Trassierra, Alcolea, santa cruz y El Higuerón, en los centros cívicos.

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha explicado que el año pasado se recogieron en la campaña navideña más de 20.000 juguetes y, como cada año, la empresa municipal los repartirá entre asociaciones y entidades que trabajan directamente a lo largo del año con las familias más vulnerables, a quienes llegarán esos juguetes para que en Navidad todos los niños tengan un regalo.

Por eso, la empresa municipal hace un llamamiento a la “generosidad y el compromiso” de todos los cordobeses para donar juguetes y juegos que puedan llegar a los pequeños de las familias más necesitadas de Córdoba.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba han reclamado este viernes una mesa por el barrio de Moreras y acciones “urgentes” ante “los altos índices de pobreza” en la zona.

Al respecto, el Consejo ha vuelto a remitir, tras medio año de silencio, la resolución de abril en la que solicitaba una mesa de trabajo “entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Noroeste para abordar propuestas de iniciativas” en el barrio.

Cuenta con el apoyo de la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales, que ha hecho suyas también las reivindicaciones que recientemente ha dado a conocer la AV federada del barrio, La Voz de Las Moreras, denunciando “la degradación bestial” de la zona y la necesidad “urgente” de la puesta en marcha de “un plan intregral de rehabilitación, ya que nos vamos a convertir en el gueto de Córdoba.

También Al-Zahara coincide con la AV en “la necesidad de acciones inmediatas de higiene y salubridad en el barrio y de una intervención eficaz de la Agencia de la Vivienda de Andalucía (AVRA) para el control del parque inmobiliario de la zona y arreglo de desperfectos como la limpieza y desatoro de sanieamientos, arreglo de fachadas, mejoras en contadores o reparación de bajantes y tuberías”.

Volviendo a la petición del CMC, en el escrito se recuerda que “también Palmeras y el Distrito Sur están incluidas en la negra lista de los barrios más pobres de España, aunque Palmeras cuenta con un plan integral y se han activado iniciativas como la Cocina de la Foggara, el primer centro de la Red Impulsa o los trabajos que realizan las dos universidades en la zona”, mientras que “en el Distrito Sur se cuenta al menos con el proyecto Edelquivir”. En Moreras, por el contrario, “no logramos descifrar con qué iniciativas cuenta, más allá de las que se desarrollan de forma habitual desde hace años sin resultados posivos”, han avisado.

El recordatorio del CMC ha sido remitido a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, a la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta en la provincia, a la Alcaldía y a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. En el mismo, además de constituir la mesa de trabajo de Moreras entre la Junta, el Ayuntamiento y el Consejo de Distrito Noroeste, se considera “necesario que participen activamente las entidades del barrio y las que trabajan socialmente, además de que haya un compromiso a disponer de fondos de las distintas administraciones a tal fin”.

La provincia de Córdoba sigue contando con un grupo de personas incapaz de escapar de la pobreza, a pesar de las reiteradas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, de la mejora de los índices de desempleo y el aumento del PIB. Ese es el titular que ha querido dejar la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Córdoba, que ha presentado este viernes los datos provinciales del 'Informe sobre el Estado de la Pobreza'.

Un informe que, aunque se basa en la extrapolación de los datos andaluces y en el examen de unos marcadores concretos -brecha salarial de género, fracaso escolar, acceso a la vivienda-, sí que deja claro que, a nivel provincial, hay muchas cuestiones en las que tanto las administraciones como la propia población tiene que implicarse.

Con una tasa de paro del 16,59% en el segundo trimestre de 2025 —por encima de la media nacional y regional—, la provincia continúa marcada por la desigualdad de género en el empleo, la feminización de la precariedad laboral y la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. Aunque se observan ciertos avances, como la reducción del desempleo y la mejora en los indicadores educativos, las desigualdades sociales persisten y mantienen a miles de familias cordobesas en riesgo de pobreza o exclusión, lo que subraya la urgencia de políticas públicas sostenidas, con enfoque social y territorial.

Un ejemplo especialmente significativo se encuentra en la propia capital, donde tres barrios —Azahara-Palmeras, Polígono del Guadalquivir y Sector Sur— figuran entre los quince más pobres de España, con rentas medias anuales que apenas alcanzan los 8.491, 8.432 y 9.197 euros, respectivamente, según los últimos datos del INE (2022).

Sadia Ur-Rehman, coordinadora de la Red provincial de EAPN Andalucía en Córdoba, ha destacado la importancia de la información plasmada la cual nos sirve a las entidades y administraciones como herramienta de diagnóstico para la mejora de políticas públicas, el fortalecimiento de la acción comunitaria y la defensa de los derechos sociales, ya que en muchos indicadores se aprecia un estancamiento de décadas y ningún avance significativo. Por ello, el Tercer Sector de acción social ve necesario poner en marcha el Pacto Andaluz contra la Pobreza.

La vivienda

El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales retos en la provincia. Aunque Córdoba mantiene uno de los precios por metro cuadrado más bajos de Andalucía (1.162 euros/m² en 2025), la presión residencial crece por la alta demanda y la expansión del mercado turístico. Las solicitudes de vivienda protegida se han más que duplicado en apenas dos años, pasando de 29.965 en 2022 a 67.426 en 2024, siendo las mujeres las principales demandantes.

Los lanzamientos por hipoteca y alquiler presentan una tendencia descendente —81 y 137 casos respectivamente en 2024 frente a 112 y 220 en 2021—, lo que refleja cierta mejoría en la protección de los hogares más vulnerables. Sin embargo, el incremento de viviendas turísticas (de 8.303 plazas en 2021 a 17.195 en 2024) comienza a tensionar el mercado urbano, dificultando el acceso a vivienda asequible para sectores de rentas medias y bajas. Aunque el crecimiento es notable, sigue siendo una de las provincias con menor impacto turístico.

Desde EAPN han reiterado la urgencia de poner en marcha Planes de Vivienda efectivos y coordinados entre todas las administraciones públicas, con el objetivo de dar respuesta al problema habitacional que atraviesa Córdoba. Es imprescindible incrementar la oferta de vivienda protegida, especialmente vivienda social destinada a las personas y familias en riesgo de pobreza y exclusión social.

La brecha de género más alta de Andalucía en la tasa de desempleo

La desigualdad de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en la provincia. En 2023, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanzó el 19,2%, con los hombres ganando de media 19.243 euros frente a los 15.555 de las mujeres. Más de 85.900 mujeres perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que representa más de la mitad de las trabajadoras ocupadas y el 54,8% del colectivo mileurista. La feminización de la precariedad también se refleja en el empleo doméstico: el 96% de las personas empleadas en este sector durante el primer semestre de 2025 fueron mujeres. Además, las mujeres mayores de 44 años sin empleo anterior se consolidan como el grupo con mayores dificultades de inserción laboral.

En términos generales, Córdoba mantiene una tasa de paro del 16,59%, por encima de la media nacional (10,29%) y la tercera más alta de Andalucía, solo por detrás de Granada y Cádiz. La tasa masculina fue del 12% mientras que la femenina alcanzó el 21,64%, lo que supone una brecha de género de 9,64 puntos, siendo la más alta de la comunidad, lo que refleja una desigual inserción laboral y una persistente feminización de la precariedad. La tasa de empleo provincial se sitúa en el 46,95%, seis puntos por debajo del promedio estatal. Aunque el desempleo se ha reducido, la calidad del empleo, la estabilidad contractual y la desigualdad de género siguen siendo retos fundamentales para la inclusión social en la provincia.

Por otra parte, la violencia de género continúa siendo una emergencia social. Durante el 2024 se registraron 2.810 denuncias y entre el año 2020 hasta lo que llevamos de año se han contabilizado tres víctimas mortales. Estas cifras, junto con las 179 autorizaciones de residencia a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en los últimos cinco años, evidencian la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección para las mujeres. 

Saldo migratorio

Según el informe, Córdoba muestra avances notables en materia educativa, con una tasa de abandono escolar temprano del 10,8% en 2023, más de seis puntos por debajo de la media andaluza (16,9%) y casi tres puntos por debajo de la media nacional (13,7%). Este dato, junto al incremento de becas y ayudas al estudio - en el curso 2023-2024 se concedieron becas a 30.92 estudiantes y 22.567 ayudas para comedor- consolida la educación como herramienta clave para la equidad y la inclusión.

El informe señala, además, que Córdoba mantiene una dinámica demográfica estable, con un saldo migratorio positivo (1.843 personas en 2023) y una población extranjera de 28.190 personas, principalmente de origen americano. Aunque los delitos de odio registrados son limitados en comparación con otras provincias andaluzas, su concentración en casos de racismo y xenofobia (15 casos) pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de convivencia y sensibilización social.

Por todo ello, desde la Red provincial de EAPN Andalucía en Córdoba han considerado que es imprescindible mantener e incrementar las políticas de protección social, con especial atención a la igualdad de género, el empleo y la vivienda. “Los planes de acción deben estar coordinados entre las distintas administraciones públicas, incorporando medidas que fomenten la inclusión social, la educación equitativa y el acceso a servicios básicos, garantizando así la cohesión y sostenibilidad de la provincia a medio y largo plazo. Acabar con la pobreza no es una opción, es una obligación de justicia y de derechos para todas las personas”, indican.

La presentación de los datos del informe se ha llevado a cabo en el marco de la I Jornada sobre Pobreza, “Del Asistencialismo a la Justicia Social: Compromiso Colectivo”, organizada por el grupo provincial de EAPN Andalucía en Córdoba. En este encuentro, profesionales de distintos ámbitos de la inclusión social, como la periodista Azahara Palomeque; Rosa Blanco, miembro de la Plataforma de la Renta Básica Universal de Córdoba; y el genetista y humanista José Esquinas, analizaron los resultados del informe y reflexionaron sobre la necesidad de avanzar desde un modelo asistencial hacia un enfoque basado en los derechos ciudadanos y la justicia social.

La Red Provincial de Córdoba de EAPN Andalucía celebrará el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con unas jornadas coordinadas bajo el lema Del Asistencialismo a la Justicia Social: Compromiso Colectivo.

Será este viernes 17 de octubre en la Biblioteca Pública Grupo Cántico, y con ellas se busca abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales desafíos que afronta el ámbito social en la actualidad. El encuentro dará comienzo a las 10:00 con el acto de acreditaciones y una rueda de prensa de bienvenida.

A las 10:30 se celebrará una mesa redonda titulada Comunidad y autonomía en tiempos de cambio, en la que participarán Azahara Palomeque, periodista y escritora; Rosa Blanco, representante de la Plataforma Renta Básica Universal Córdoba; y José Esquinas, doctor ingeniero agrónomo, genetista y humanista.

Tras un desayuno, la jornada continuará a partir de las 13:00 horas con varios grupos de trabajo temáticos que abordarán cuestiones clave como:

El evento concluirá a las 14:30 horas con la presentación de conclusiones, poniendo el foco en la necesidad de avanzar “del asistencialismo a la justicia social” mediante la implicación activa de toda la comunidad.

Las inscripciones ya están abiertas, rellenando el siguiente formulario (https://forms.gle/LUmLV7csok5CipAa6), y están pensadas para ciudadanía, profesionales del sector y entidades sociales, según la organización.

Córdoba tiene dos de los diez distritos urbanos más pobres de las principales ciudades de España, según los datos que ha hecho públicos la Agencia Tributaria este miércoles. Esta estadística, recogida a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2023, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual.

En el caso de Córdoba, los distritos por código postal no se corresponden con los barrios organizados por el Ayuntamiento. Son zonas de población mucho más amplias y también más diversas. En el caso de los barrios, en la estadística suelen destacar el Sector Sur, Moreras y Palmeras, como tres de los más pobres de toda España.

Ahora, la estadística apunta al Sector Sur-Polígono Guadalquivir y a la zona de El Higuerón y el Cortijo El Rubio. En la zona sur de la ciudad, la renta bruta disponible por persona es de 19.440 euros, la séptima más baja de toda España. En El Higuerón es de 19.835 euros, la décima más baja de España.

La zona más pobre del país está en Torreblanca, en Sevilla, con una renta bruta de 11.354 euros. La más alta, en el madrileño barrio de La Moraleja, con una renta bruta disponible de 196.429 euros por persona. La diferencia entre estos dos puntos es abismal.

En el caso de Córdoba, la renta bruta ha crecido en un 21,7% desde el año 2013 en el Sector Sur. En la zona de El Higuerón ha aumentado en un 10,7%, según señala la estadística.

En la propia ciudad, hay casos galopantes de desigualdad. Es el caso de El Brillante, donde la renta bruta disponible es de 49.050 euros por persona. Su aumento ha sido del 37,5% desde el año 2013. En la zona Centro-Avenida de América, la renta bruta es de 44.789 euros. Por encima de 40.000 también está en la zona de Ollerías, Santa Marina y San Lorenzo (41.581 euros, un 45% más desde 2013).

El siguiente distrito postal con la renta más alta es la zona de la Judería y la Medina, con 36.517 euros por persona. Seguida de Las Jaras, las Ermitas y Trassierra, con 34.062 euros. Más baja es la renta en San Basilio y el Parque Cruz Conde, con 32.713 euros por persona. En El Tablero, una zona de expansión de la ciudad, la renta baja a 31.265 euros por persona.

En el otro extremo está Villarrubia, con una renta bruta de apenas 22.000 euros. Poco más tienen en Fray Albino y en la zona de la Fuensanta. En Alcolea se van a los 23.400 euros por persona y en Fátima, Fidiana y Cañero a los 24.010 euros. Por encima de 24.000 euros están también en Encinarejo.

Las 10 zonas con más renta de España se encuentran entre Madrid y Barcelona. Hay que tener en cuenta que estos datos no incluyen al País Vasco y Navarra donde las competencias de hacienda las tienen las diputaciones forales. 

La distribución territorial de la población en España se caracteriza (como en muchos otros países) por la coexistencia de una elevada concentración en unos pocos grandes núcleos urbanos y una diseminación en núcleos rurales muy numerosos de grupos reducidos de habitantes. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de disponer para los primeros de información con mayor definición territorial, ya que la renta media puede ser muy distinta entre los diferentes barrios de un gran municipio.

La selección de los municipios se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el Censo de Población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.

Si bien no se han definido variables de explotación distintas de las incluidas en la Estadística de declarantes de IRPF por municipios, sí que cambia la forma de presentación de algunas tablas, en particular de las dos primeras tablas. La primera incorpora el porcentaje de participación (representatividad) de las variables de cada uno de los mayores municipios en relación al total en TRFC, y en la segunda la comparación de los mayores municipios se establece respecto a su propia Comunidad Autónoma para las variables de explotación más significativas (índice declarativo, población, renta bruta media y renta disponible media).

En la pantalla, la cámara se adentra por la calle Torremolinos. La voz del reportero se escucha en un tono casi conspirativo, pidiendo “permiso” para entrar en la zona. El interlocutor, fuera de plano -no reconociéndole-, responde: “Si tienes algún problema, vienes, que estamos aquí”. La escena pertenece a un reportaje de Espejo Público emitido esta semana en Antena 3 bajo el nombre El barrio de los Vikingos, como popularmente se conoce a una zona del Distrito Sur de Córdoba. Durante poco más de un minuto, en el reportaje aparecen vecinos del barrio que aseguran “vivir del Estado” y ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta pieza sirvió para que, este viernes, e lprograma generara un “debate” sobre las “polémicas paguitas”, asegurando que todo un barrio “vive” de esta prestación.

La realidad es que, según los datos oficiales, no se pueden conocer cómo se reparte el IMV por los distintos barrios de Córdoba. En la provincia de Córdoba, el IMV alcanza a 23.310 hogares, con más de 73.200 beneficiarios. Solo en junio de 2025, el Gobierno destinó 11,5 millones de euros a esta prestación en Córdoba. La ayuda media es de 451 euros por hogar, destinada a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros. Los menores son protagonistas: 21.094 niños y niñas, el 42% de los beneficiarios en Córdoba.

El presidente de la Asociación de Vecinos Puente Romano, Juan Moreno Matas, ha lamentado el reportaje, “ofensivo e irresponsable”, y se ha mostrado “muy molesto por que se utilice el Ingreso Mínimo Vital como una forma de degradación. Gracias a esa ayuda, muchas familias pueden garantizar que algunos niños coman una y dos veces al día. Hablar de esa forma tan alegremente es, como mínimo, reprobable”, ha explicado a este medio.

Tal y como apunta Moreno, el reportaje fue grabado sin contar con el Consejo de Distrito ni con las asociaciones vecinales. “Nadie contactó con nosotros. Esta gente vino con todo premeditado, sabiendo ya con quién tenían que hablar para sacar el reportaje. Eso no es periodismo, es estigmatizar aún más a uno de los barrios más pobres de España”.

El dirigente vecinal ha lamentado también que el reportaje no reflejara “las movilizaciones y concentraciones” que el Distrito Sur lleva realizando desde finales de agosto y durante todos los jueves hasta la fecha; marchas que continuarán durante el mes de octubre. “Nosotros somos un barrio vivo, con gente trabajadora que reclama buenos servicios públicos, y no una zona que vive de las paguitas”, ha apuntado. Semana tras semana, las demandas son las mismas: más limpieza, seguridad en las calles, cumplimiento de las ordenanzas, inversiones en infraestructuras y la reapertura de la comisaría cerrada desde la pandemia.

Entre tanto, y aunque Moreno lamenta que “nadie del Ayuntamiento” haya contactado con él o con la asociación, los vecinos notan pequeños cambios. “Al menos hay más limpieza en las calles. Es poco, pero significa que algo se mueve gracias a la movilización”, reconoce este presidente, aunque la sensación predominante es la de “abandono institucional”.

Quien también se ha pronunciado sobre esto ha sido el diputado socialista cordobés y portavoz en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso, Alberto Mayoral, quien lleva desde los 15 años militando y conoce de primera mano las calles del distrito. “Me niego a que señalen a los pobres, a que enfrenten a los barrios entre sí. En esta zona de Córdoba hay niñas y niños que pueden comer gracias al Ingreso Mínimo Vital. No se trata de un privilegio, sino de un derecho y de una herramienta que puede detener situaciones de exclusión”, ha reivindicado a este medio.

Más de 300 personas sin hogar han sido atendidas en el primer semestre de 2025 en Córdoba por la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja, un dispositivo conformado íntegramente por voluntariado que recorre tres noches a la semana las calles de la capital para ofrecer a este colectivo comida y bebida reparadora y apoyo humano, entre otras cosas.

Durante el verano, en los lotes de comida repartidos por la institución humanitaria se incluyen productos frescos como gazpacho, leche, agua y fruta para combatir las altas temperaturas.

De igual modo, desde junio se han retomado las salidas los miércoles por la mañana, en las que el voluntariado de la entidad reparte un pequeño desayuno a las personas sin hogar.

“Al igual que hacemos en los periodos de más frío, en los momentos de calor intenso tratamos de ofrecer un apoyo especial a este colectivo. Porque, si bien todo el año resulta muy duro no tener un techo bajo el que cobijarse, sabemos que hay épocas en las que vivir a la intemperie resulta especialmente difícil”, recuerda Emilia Valera, responsable técnica de la UES.

En estos últimos días, el voluntariado de Cruz Roja ha atendido en cada una de sus salidas a unas 70 personas que viven en la calle. El perfil habitual, a juzgar por las atenciones que realiza el personal de la organización humanitaria, es el de un hombre de entre 45 y 59 años (38% del total) de nacionalidad española (2 de cada 3 asistencias) al que la fragilidad económica, la falta de una red de apoyo y otras circunstancias han conducido a esta situación de extrema vulnerabilidad. Y en un buen número de casos, tienen problemas de salud mental añadidos.

En lo que va de año, han sido más de medio centenar las personas que han participado como voluntarias en este proyecto, que se realiza en coordinación con el resto de entidades que integran la Red CO-HABITA de atención a personas sin hogar, de la que también forman parte Adeat, Fundación Prolibertas, Cáritas, Fundación Don Bosco, Hogar Sí y el propio Ayuntamiento de Córdoba.

La UES –que cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía- busca servir de enlace para intentar, en la medida de lo posible, integrar al colectivo de personas sin hogar en la red de asistencia normalizada, con objeto de favorecerr de este modo su inclusión en la sociedad.

Es media tarde en Córdoba en un día cualquiera del sofocante verano en esta ciudad, donde un año sí y otro también se baten récords por altas temperaturas. Las calles están prácticamente vacías, porque la vida se resguarda en el interior de las casas a esas horas, para pasar lo peor del día refugiados con el aire acondicionado o el ventilador. Pero hay unos vecinos que prefieren pasar la tarde precisamente fuera, en el exterior, porque el calor de la calle es 'mejor' que estar bajo los techos y las paredes de las infraviviendas que pueblan los asentamientos chabolistas de la ciudad.

Ginel y Luminita llevan veinte años en Córdoba y viven en uno de los asentamientos junto al Camino de la Barca, en el extrarradio de la ciudad. Él tiene que llevar “día y noche” -cuenta- un dispositivo que le suministra oxígeno. Está sentado fuera de su chabola, en una silla bajo una destartalada sombrilla que han recogido para proporcionar algo de sombra.

Tras él, su vivienda, hecha de maderas, chapas y con plásticos en el tejado contra la lluvia, pero que ahora convierten la chabola en un auténtico invernadero donde el calor es insoportable. “No se puede estar”.

Luminita se ha acercado, como muchos otros vecinos del asentamiento, a recoger garrafas de agua que les suministra Cruz Roja, además de productos de higiene. Acarrean las garrafas como pueden para llevarlas a sus viviendas, donde el suministro de agua potable es un sueño inalcanzable, al igual que la electricidad. El aire acondicionado y el ventilador que es indispensable para sobrevivir para el resto de los cordobeses en el verano, aquí son una quimera.

Infraviviendas sin medios para refrigerarse

Niños, adultos y personas mayores, junto con algún perro, conviven en este asentamiento, uno de los trece que tiene Córdoba y donde Cruz Roja contabiliza unas 700 personas, que pasan el verano sufriendo las altas temperaturas de la ciudad sin ningún medio para refrigerarse y con unas infraviviendas que no les protegen del calor. “Sacamos los colchones fuera” y así pasan parte del día y también muchas noches al raso, a la espera de que la madrugada traiga algo de fresco, explican a este periódico.

Lo peor es el día y las tardes eternas del verano cordobés, dice Luminita con la frente llena de gotas de sudor que manan sin descanso ante el sol. Como ella, Constantine y también Olimpia junto a su marido, recogen las garrafas de agua con las que beber y cocinar. Otros dos vecinos del asentamiento esperan su turno sentados también fuera de sus viviendas. Nadie está bajo techo por la tarde porque las chabolas se convierten en auténticos hornos donde ni siquiera entra el poco aire que corre.

Gorgiana y su marido llenan un carro con las garrafas de agua. Cuentan que viven en un asentamiento cercano, junto a otras decenas de vecinos. La mayoría son personas rumanas, de etnia gitana, pero también viven aquí algunos españoles. Todos ellos presentan su documentación en regla, con la que Cruz Roja registra la ayuda que dispensa, para que el reparto de agua y otros productos se realice equitativamente. Reciben agradecidos y necesitados esa ayuda, sin la que la vida se les haría aún más difícil.

Menores vulnerables ante el calor

La estampa de las infraviviendas es un continuo de chabolas hechas con maderas, plásticos y chapas, dispuestas unas junto a otras dejando una especie de 'plaza' común central, desierta bajo el sol cordobés, a donde solo asoman los vecinos cuando llega el reparto de la ayuda de Cruz Roja con sus vehículos.

Cochecitos de niños aparcados a un lado de las chabolas dan una pista de los menores que también pueblan este asentamiento y que, como tales, sufren especialmente las altas temperaturas. Pero, como el resto de las familias, no tienen dónde refugiarse, salvo buscar una sombra entre vivienda y vivienda -donde se les ve jugar- o bajo algún árbol.

Las familias de este poblado muestran su realidad, quieren que la sociedad vea cómo tienen que vivir, en medio de una extrema pobreza que en el sofocante verano cordobés acarrea para ellos otro peligro más por las altas temperaturas, a las que se enfrentan sin ninguna defensa.

Pero en sus palabras no se detecta esperanza alguna de que el futuro cercano vaya a ser mejor para ellos. Veinte años y veinte veranos han visto pasar en estas condiciones Luminita y Ginel. “Muchos años”, dicen con resignación. “Y mucho calor. Mucho”.

Alamin tiene diez años. Nació en el campo de refugiados de Tinduf, donde vive junto a su familia. Desde hace tres años participa en el programa Vacaciones en paz, que permite que menores que viven en esta zona de Argelia pasen el verano en Córdoba, alejados de la realidad tan dura que afrontan día a día. Hoy, sus madres de acogida -Beatriz y Rocío- sobrellevan su ausencia mientras que el resto de familias disfrutan de los niños a los que han acogido. Pese a su temprana edad, Alamin comunicó a esta pareja cordobesa que no viajaría este año a Córdoba para intentar ser de apoyo a su familia tras los repentinos fallecimientos de su madre y de su hermano recién nacido.

La historia de Alamin es la de la pobreza; la de miles de niños que nacen en los márgenes del mundo, donde la pobreza no solo significa la falta de recursos, sino también la negación de derechos como la salud. Lo que para muchos es rutina —como tener una revisión médica, una incubadora para cuando tu hijo nace en condiciones desfavorables o una red de apoyo—, para su familia es inalcanzable.

No fue hasta un día antes de partir de Tinduf a España cuando Alamin comunicó a sus madres de acogida que no viajaría a España. La tragedia sacudió a su familia el pasado mes de enero. Mientras estaban en los campamentos, su madre -embarazada de más de ocho meses- sufrió una subida de tensión y fue trasladada al hospital. Allí entró en coma, falleciendo una semana después. El bebé, nacido muy pequeño y sin los recursos necesarios para una atención médica adecuada, murió a los pocos días en la jaima familiar, ya de vuelta en el campamento.

“Nos enteramos la misma noche de lo ocurrido. La madre falleció en el hospital de Tinduf y el bebé, tras pasar dos días en una incubadora casera, murió poco después. Todo fue desgarrador”, relata con emoción Beatriz, la madre de acogida de Alamin. “Desde entonces, él se ha hecho cargo de su otro hermano pequeño. La vida le ha quitado la niñez de golpe”.

Beatriz y Rocío llevan siete años vinculadas a la familia de Alamin. Antes que él, Rocío acogió durante cuatro años a su hermano mayor, Mohamed, que hoy tiene 18 años. Ahora, esta familia de acogida ha tenido que afrontar un verano sin él. “Siempre ha sido un niño risueño, agradecido, disfrutón… Representaba todo lo bonito que es Vacaciones en Paz. Y todo el mundo ha sentido que este verano le han arrebatado la infancia”. Alamin tiene dos hermanos mayores y uno más pequeño. Su madre nunca pasó reconocimientos médicos debido a esa falta de recursos. Jamás pasó nada, pero la pobreza hace a cualquier persona vivir siempre al límite.

Con su padre en el frente, tal y como explica Beatriz, el menor ha optado este año por no viajar a Córdoba para cuidar de su hermano pequeño. Su hermana mayor, con 28 años, ha dado a luz recientemente y su hermano mayor se busca la vida para poder ayudar económicamente a la familia. Aunque la decisión ha dolido sobremanera a la pareja, que tiene una niña de dos años llamada Sahara, la ha entendido y respetado. “Sabemos que ahora lo importante es que estén juntos y sobrevivan este duelo

“Anímicamente estamos regular”, reconoce Beatriz, “pero entendemos y respetamos su decisión. Lo importante ahora es que estén juntos y sobrevivan a este duelo. Volveremos a abrazarnos pronto porque nuestra intención es viajar hasta los campamentos”, afirma esperanzaba quien es también una de las principales caras de la Asociación Cordobesa de Amistad con los niños y niñas saharauis (Acansa), que hace posible este proyecto.

El nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante la evidencia que representa que la capital cordobesa cuente con tres de los 15 barrios más pobres de España, ha señalado que es preciso “crear redes”, desde Cáritas, “para ver cómo podemos afrontarlo, pero también con las instituciones públicas”, considerando que “es un reto responder a esa realidad” de una forma coordinada, pues “no nos podemos mover en burbujas aisladas” y “hacer discursos alejados de la realidad”.

Así lo ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que se trata de trabajar “con instituciones públicas, políticas, económicas y sociales” y “dialogar para ver cómo podemos responder los problemas. Nosotros desde nuestras posibilidades y ellos desde las suyas. Yo creo que juntos es la forma de llegar a afrontar estos problemas. Solos podemos poner remiendos, pero no crear un vestido adecuado, una solución adecuada a los problemas”.

Por eso, hay que buscar salida a quienes “están en situación de pobreza” y “tenemos esos tres barrios, a los que a mí me parece que tenemos que plantear algo. Es decir, está bien estar en el ranking en primera posición, pero no en esto. En esto hay que estar en la última, y no estamos en la última”.

En este contexto y respecto a cómo quiere que sea su relación con las instituciones públicas, el nuevo responsable de la Diócesis de Córdoba ha dicho que espera “que sea buena, porque, de hecho, está siendo buena”, e impera “un ambiente cordial” y, lo cierto, es que “mirando por el bien común, tenemos tarea por delante”, especialmente “en los barrios pobres”. La cuestión, según ha subrayado, es que “tenemos problemas en los que podemos colaborar, y yo espero que lo hagamos”.

Cáritas y Solemccor

En cuanto a la labor concreta que ya hace y que puede hacer Cáritas, Jesús Fernández ha recordado que él ya conoció de primera mano la institución caritativa de la Iglesia Católica, “hace unos años, por la condición de ser el obispo responsable de Caritas Española”, y ya conoce Solemcor, la herramienta de solidaridad y empleo de Cáritas en Córdoba“, y parece ”fenomenal, porque en Cáritas defendemos que, más que dar soluciones hechas, tenemos que intentar que la persona también crezca, y la persona crece en la medida en que tiene trabajo, y se siente digna en la medida en que tiene trabajo“.

“Por lo tanto --ha resaltado--, nuestro compromiso con el empleo es firme, aunque, evidentemente, nosotros no somos una empresa, no podemos hacer de Caritas una empresa, pero sí crear elementos como Solemccor, que son significativos de que una economía diferente es posible”.

Se trata, según ha aclarado el obispo de Córdoba, de “una economía que no busca hacer negocio, aunque busque ser sostenible, porque si no es sostenible, pues se acabó. Pero que no busca hacer negocio, sino sencillamente dar trabajo, dar dignidad a las personas, porque el trabajo es fundamental para que esa persona crezca, pierda sus complejos y advierta que es autosuficiente, que no está dependiendo de que alguien le sostenga en pie”.

Llegada a Córdoba

En cuanto a llegada a Córdoba, tras ser nombrado por el Papa Francisco y hacerse cargo de la Diócesis ya bajo el papado de León XIV, Jesús Fernández ha dicho que lo que conoce del nuevo Santo Padre es “su biografía”, y ha opinado que “es muy interesante, por los ambientes tan diversos que ha frecuentado y las actividades tan diversas” que ha ejercido, siendo un estadounidense “con alma hispanoamericana”, por “la misión que ha tenido en Perú”, sin olvidar que ha sido “general de los Agustinos”, y que “tiene mucha experiencia misionera y de gobierno”, y también “mucho conocimiento de España”, que ha visitado.

A juicio del nuevo obispo de Córdoba, León XIV es “un hombre inteligente, perspicaz, bueno, comprometido con la causa de los pobres, de los sencillos, de los frágiles, y con personalidad”, concluyendo que tiene “un perfil muy interesante y muy adecuado para la Iglesia y para el mundo de hoy. Me gustó mucho que comenzara, precisamente, deseando paz, porque ha captado muy bien que en este momento necesitamos recuperar el espíritu de concordia, tender puentes y trabajar por la paz, como don de Dios, pero como tarea nuestra, también”.

Jesús Fernández ha afirmado que él se ha “sentido muy en comunión” con los “pensamientos” del Papa Francisco, y “sus escritos han inspirado, tanto mis programas pastorales, como mi magisterio en la Diócesis de Astorga, y ahora el Papa León también creo que sigue en esa línea, con personalidad propia, porque se le nota que hay detalles en los que muestra que tiene su propia personalidad, quizás más integradora, cogiendo un poco lo bueno de los demás, pero también siendo él mismo”.

Respecto a lo que conoce de Córdoba y lo que le ha contado el ya obispo emérito de la Diócesis, Demetrio Fernández, el nuevo obispo ha asegurado que le ha “contado muchas cosas buenas” y que “la diferencia fundamental” con la Diócesis de Astorga, de la que procede, “es la dimensión de toda la actividad, que aquí es mucho mayor”, pues “aquí hay 820.000 habitantes y allí son 220.000, mientras que tenemos en Córdoba casi 50 seminaristas y allí son dos. En lo único que gana Astorca es en que tiene más parroquias, tiene casi 1.000”, por las 232 de Córdoba, que cuenta con unos 300 sacerdotes, por el centenar de Astorga.

Sin embargo, “en cuanto a la vivencia de la fe supongo que en eso es muy similar” Astorga a Córdoba, porque “es la misma fe que compartimos, el mismo credo y, en ese sentido, no puedo todavía matizar demasiado, porque no conozco bien esta Diócesis de Córdoba”, razón por la que entiende, por ahora, “lo inteligente y prudente es escuchar y ver”, y “empaparme de lo que es esta iglesia, esta sociedad y esta cultura”.

Por eso Jesús Fernández tiene “mucho interés en estar cerca de la gente” y conocer “las situaciones reales de las personas. Por eso, insistiré mucho en la visita pastoral, en el acompañamiento de instituciones como Cáritas, que atienden a los frágiles y a los excluidos. Quiero estar cerca de las personas para transmitirles lo que es el tesoro único que puedo entregarles, que es el Evangelio y Jesucristo, ese que nos da esperanza, que alimenta nuestro amor y nuestra solidaridad. Eso quiero acercarles”.

El Ingreso Mínimo vital ha llegado en mes de abril a más de 22.700 hogares cordobeses. El número de personas que han recibido este ingreso en la provincia de Córdoba es de cerca de 71.700 durante el mismo mes. La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha destacado que gracias a esta política pública del Gobierno de España “muchas cordobesas y cordobeses han podido esquivar el umbral de la pobreza y acceder a unas condiciones dignas de vida”.

En la provincia de Córdoba el número de niños, niñas y adolescentes acogidos a este programa es del 40,9% lo que supone que hay más de 29.000 menores como preceptores el Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a la nacionalidad de perceptores en la provincia, más de 69.000 son de origen español, y cerca de 2.700 son de otras nacionalidades, lo que supone que menos del cuatro por ciento es destinado a inmigrantes.

Durante el mes de abril, la Seguridad Social ha destinado más de 10 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación en Córdoba. En total y desde la entrada en vigor de esta política, sólo en Andalucía se han dedicado más de 4.300 millones de euros.

El Ingreso Mínimo vital tiene cara de mujer, casi 38.000 mujeres han sido beneficiarias de esta ayuda del Gobierno de España en Córdoba, lo que significa que son casi el 53 por ciento de los usuarios.

Una política social que también beneficia a colectivos femeninos como a las víctimas de violencia de género, permitiendo que se alejen de la violencia económica ejercida por sus parejas o exparejas, y a las mujeres víctimas de trata de personas que pueden tener ingresos que aseguren su calidad de vida tras alejarse de sus captores.

Hay que recordar que la puesta en marcha de este programa del Gobierno de España se produjo en junio de 2020 en plena pandemia de Covid y desde entonces ha llegado a más de 314.000 hogares (314.046) en Andalucía. El número de beneficiarios de la región protegidos supera desde entonces los 957.000 personas (975.032), de los cuales 405.952 son niños, niñas y adolescentes, el 42,4% del total.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital también tiene un marcado perfil femenino en la Comunidad Autónoma. En abril, el 73,4% de los titulares (166.970) y, al igual que en Córdoba, alrededor del 53% de los beneficiarios son mujeres, en concreto 375.045 en toda la comunidad.

Estas cifras se han alcanzado en Andalucía tras el abono de la nómina del Ingreso Mínimo Vital en abril, que ha llegado a 227.277 hogares en los que viven 706.760 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 476,98 € al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 120,14 M€.

En abril, hay 40.698 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 21,8% regional. En estos hogares conviven 130.138 beneficiarios más que los registrados en ese mismo mes de 2024 (+22,5%).