Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero han lamentado que, cinco meses después, siguen “sufriendo en silencio y sin el apoyo y el sostén de las administraciones” no solo secuelas físicas, sino también psicológicas. Además, han vuelto a pedir que la modificación del Real Decreto asociado a los seguros de viaje debe modificarse para “garantizar la protección de las víctimas”.

En un vídeo remitido a los medios de comunicación narrado en primera persona por una de las víctimas y médica de profesión, esta ha señalado que esa noche gestionó y organizó por “primera vez” en su vida la atención inmediata de los heridos en un accidente. “Lo que esa noche aconteció hasta pasadas las doce de la noche, momento en el que ya se habían trasladado numerosos operativos y entendí que mi actuación improvisada había finalizado, se quedó guardado y grabado en mi cabeza para siempre. Pero esa historia no va de mí. Esta historia va de todos los pasajeros que, como yo, presenciaron escenas para las que nadie está preparado”, narra la protagonista.

Asimismo, ha señalado que, cinco meses después de la tragedia, “aún con secuelas físicas irrecuperables que limitan la movilidad, la autonomía e independencia de los heridos”, también “permanecen las secuelas psicológicas en forma de imágenes recurrentes que nos impiden conciliar el sueño, miedo manifestado de múltiples formas, ansiedad y depresión, ataques de pánico o incluso el desarrollo de fobias”.

Por ello, según recuerda en el material audiovisual, a la llegada a Atocha en la mañana del 19 de enero se desplazaron equipos de psicólogos de emergencia “formados expresamente para abordar con nosotros lo vivenciado y que nos atendieron los días y semanas posteriores para gestionar emociones, reorganizar recuerdos, resignificarlos”. “Es que no se puede negar la potencial afectación de la esfera emocional en todos los que lo vivenciamos. Tampoco se puede negar que el proceso no se pueda recrudecer en las semanas o meses después del accidente”, señala.

Además, ha indicado que la recuperación tras un trauma “no son procesos lineales” y “no se puede negar que existe un duelo en todos los viajeros que vivenciaron el último aliento de su familiar o compañero de viaje y a todos, en definitiva, a los que se les rompió algo en el interior esa noche”. “Sin embargo, aún habiendo sido ampliamente descrita, esta herida emocional en ocasiones es irreparable y que menoscaba el desempeño en nuestro día a día, no está reconocida de ninguna forma, como si no existiera, ni siquiera habiendo documentado visitas a psiquiatras o habiendo tomado medicación a consecuencia del impacto psicológico”.

Asimismo, en el vídeo se insiste en que las ayudas prometidas “no llegan a quienes han necesitado e incluso siguen necesitando una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas”.

Gracias a esto, ha apuntado a que el Real Decreto 627/2014, que trae causa del Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, “debe modificarse para garantizar la protección de las víctimas, cuya herida emocional impacta en nuestra vida día tras día”. “Porque cinco meses después del accidente seguimos sufriendo en silencio, sin el apoyo y el sostén de las administraciones”, finaliza la narradora en el vídeo.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos, “manteniendo íntegramente todo su contenido”, toda vez que el fiscal también ha pedido desestimar el recurso y confirmar la resolución.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en las presentes diligencias, seguidas por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario entre los trenes Iryo y Alvia, se denegó la práctica de las diligencias interesadas por la representación procesal de Renfe Viajeros, consistente en requerir al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía las grabaciones, informe final del despliegue de emergencias e información sobre “si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

Contra la citada resolución se interpuso por dicha representación, en tiempo y forma, recurso de reforma, para que en su virtud se revocara la resolución impugnada y se acordara la práctica de la diligencia de prueba solicitada. Mientras, el Ministerio Público ha solicitado la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, a la vez que distintas partes personadas han formulado escritos de impugnación y oposición al recurso de Renfe.

Dos son los argumentos fundamentales que emplea el letrado de Renfe para “atacar la providencia recurrida”, a saber, uno de forma, “la falta de motivación de la resolución impugnada”, y otro de fondo, “al entender que la diligencia de prueba solicitada es necesaria y pertinente”.

Por lo que se refiere al primer argumento, la jueza explica que “la resolución impugnada se encuentra mínimamente motivada y cumple suficientemente los requisitos exigidos al efecto por el artículo 248.2 de la LOPJ, pues en la misma se expresan meridianamente los argumentos en base a los cuales se dicta, pues lo cierto es que el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución no exige una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, pues ello conduciría a dictar resoluciones sumamente extensas que nada añadirían a los argumentos de fondo que, en definitiva, les sirven de fundamento”. En cualquier caso, asegura que “dicho defecto queda subsanado con la presente resolución”.

Tiempo de asistencia a los trenes

En cuanto al fondo del asunto, en el recurso se alega que la diligencia cuya práctica se interesa por Renfe tiene como objeto “aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, tomando como base la información contenida en el informe de la Guardia Civil del día 20 de abril”.

Pues bien, la jueza detalla que “la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción constituye una facultad exclusiva del juez instructor como 'director' del procedimiento en esta fase, actividad jurisdiccional que sin embargo no es ajena a las propias partes del proceso, a cuya instancia pueden ser ordenadas diligencias de prueba o para el esclarecimiento de los hechos tal y como dispone el artículo 311 LECrim”.

En este caso, apunta que “el referido derecho de las partes a solicitar diligencias de investigación no es ilimitado, fijando el precepto citado como único límite, que el juez no las considere inútiles o perjudiciales para la investigación”.

Así, la jueza remarca que “en la fase de instrucción del procedimiento penal --sea abreviado o procedimiento ordinario--, la necesidad y/o pertinencia de las diligencias de investigación habrá de guardar relación directa con la finalidad esencial que la ley procesal penal atribuye a dicha fase, de modo que estén encaminadas a preparar el juicio y averiguar y hacer constar la perpetración del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los delincuentes, o encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.

La magistrada advierte de “investigación prospectiva”

En el caso de autos, la jueza argumenta que “la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos, e incluso podría considerarse perjudicial sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento, además de que es reproducción de la pedida anteriormente, no por el recurrente, sino por la CIAF y denegadas por providencia del día 7 de abril”.

En efecto, la presente instrucción se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes consecuencia del accidente ferroviario, “siendo como es de entender el objeto del procedimiento determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales y, en ningún caso, y por ahora, aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, como expone expresamente en su escrito el recurrente”, subraya la jueza en el auto.

“Ello, a la vista notoria, de que en ese caso la instrucción se seguiría por delitos distintos a los que están siendo objeto de instrucción, asimismo extender el objeto del procedimiento a las incidencias en la prestación de los servicios de salvamento y rescate, sería dar comienzo a una investigación prospectiva y no procedente, teniendo en cuenta, que por el momento y a la vista del resultado de las actuaciones tanto policiales como judiciales no existen mínimos indicios de ilicitud penal en dicho sentido, visión ésta compartida por el Ministerio Fiscal, y sin que valga para sostener la petición de prueba del recurrente las manifestaciones hechas por la Guardia Civil en su informe en el estadio en el que se encuentra la instrucción”, declara la jueza.

Por tanto, mantiene que la prueba propuesta por Renfe es “impertinente e inútil, de tal manera que no se encuentra relacionada con el objeto de la instrucción ni ayudarían a clarificar la causa, únicamente a su dilación indebida, sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente hayan desvirtuado el contenido de la resolución impugnada”, de ahí que desestime el recurso de reforma interpuesto por Renfe.

En relación con ello, el fiscal de caso asegura que las diligencias pedidas por Renfe “no son pertinentes”, porque se trata de “un procedimiento penal y la causa busca dirimir posibles responsabilidades penales individuales”.

Al hilo, añade que “extender el objeto del procedimiento a las incidencias del rescate posterior, que es lo que parece inferirse de la finalidad de las diligencias propuestas, por el momento, no parece procedente a la vista de las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo de los que no resultan por el momento unos mínimos indicios de ilícito penal”.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la mayor brevedad” informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que “han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados”.

Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”.

En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe “si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto”.

Ante ello, el documento lo formula la entidad “con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados”.

Al hilo, la empresa explica que es “el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas”. Por ello, asevera que dispone del “conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica”.

En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero “dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente”, indican desde la entidad.

El perito designado

Sobre los conocimientos del perito designado para la instalación de la licencia o software. A juicio de la empresa, “debe distinguirse entre la instalación, configuración o uso básico de una licencia o herramienta de software, y la interpretación técnica-operativa de los datos contenidos en los registradores jurídicos”.

En este sentido, expone que “un perito o técnico designado para la instalación de la licencia o software puede disponer de conocimientos suficientes para instalar la herramienta, abrir los ficheros, visualizar gráficas, ordenar señales y consultar eventos, siempre que reciba el soporte técnico necesario del fabricante del registrador”.

No obstante, aclaran que “esa no equivale, por sí sola, a disponer de los conocimientos necesarios para interpretar de forma completa y causal los datos registrados por los trenes Iryo y Alvia”, de modo que “la interpretación y sincronización materialmente útil de los datos, entendida como correlación de señales y eventos para explicar el comportamiento de las unidades ferroviarias y las circunstancias del accidente, requiere la intervención de los actores que conocen la arquitectura, configuración, lógica funcional, operación y mantenimiento de cada tren”.

Por tanto, para que la diligencia pueda realizarse “con rigor técnico y para evitar que la visualización de datos sea confundida con una interpretación causal completa”, la empresa considera conveniente que participen, al menos, la propia empresa, como fabricante del registrador jurídico, para prestar soporte en la carga, visualización, identificación de señales y explicación técnica de la herramienta y del sistema de registro; el fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas, por ser quien conoce la arquitectura integrada del tren, las interfaces entre subsistemas y la lógica funcional del vehículo.

Asimismo, el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, por disponer del historial de mantenimiento, configuración real, intervenciones y estado material de las unidades --solicitud que realiza el juzgado ahora--; el operador ferroviario correspondiente, en la medida en que pueda aportar el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación, y los peritos judiciales o técnicos designados por el órgano judicial, que deberán valorar la información aportada por los distintos actores y emitir las conclusiones que procedan dentro de su mandato.

En particular, explican que “el informe interpretativo destinado a explicar qué sucedió en el tren mediante la correlación de señales y eventos debería ser elaborado por el fabricante/integrador del tren y por el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, con el auxilio de la empresa únicamente en lo relativo al correcto acceso, visualización y comprensión técnica de los registros desde la perspectiva del registrador jurídico”.

En definitiva, la empresa reitera “su plena disposición a colaborar con el órgano judicial dentro de su ámbito de competencia técnica como fabricante del registrador jurídico”. En ese ámbito, la entidad puede “facilitar la carga y visualización de los datos, explicar el funcionamiento del sistema de registro, identificar las señales disponibles y configurar vistas o cronologías que permitan una consulta estructurada de la información almacenada”.

No obstante, subrayan que “la interpretación de los datos para determinar el comportamiento global de las unidades ferroviarias, reconstruir la secuencia causal del accidente, valorar la normalidad o anormalidad de la interacción entre subsistemas y emitir conclusiones sobre causas raíz, factores contribuyentes o responsabilidades no corresponde al fabricante del registrador jurídico”. Así, puntualizan que “dicha interpretación exige un conocimiento completo del tren como sistema integrado, de su configuración real, de su historial de mantenimiento y de su operación”.

En consecuencia, la empresa de las cajas negras considera que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante/integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”. La entidad debería actuar como “facilitador técnico del acceso, carga, visualización y comprensión funcional de los registros, pero no como responsable del análisis causal o interpretativo del accidente”.

En este caso, aseveran que “esta delimitación protege la fiabilidad técnica de la diligencia, evita atribuir a cada actor conocimientos o responsabilidades que no le corresponden y permite que el órgano judicial reciba una interpretación fundada por quienes están en mejor posición técnica para correlacionar los datos registrados con el comportamiento integral de las unidades ferroviarias”.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que determina el municipio de Córdoba como sede física de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Se establece el plazo de un año para que el Ayuntamiento de la ciudad designada proponga un inmueble adecuado para albergar la Autoridad Administrativa y, de conformidad con su Estatuto Orgánico, hasta la determinación de la sede principal, esta permanecerá provisionalmente en Madrid

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) fue creada por la Ley 2/2024, como organismo único para reforzar la independencia de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos ferroviario, marítimo y de aviación civil, asumiendo funciones que ejercían hasta ahora tres comisiones de investigación según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil) adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Elección de la sede de la Autoridad AdministrativaEl Real Decreto 209/2022 establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, de forma que la elección se realice siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo.

El Consejo de Ministros, el 10 de marzo de 2026, aprobó, a propuesta de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y de Transportes y Movilidad Sostenible, el acuerdo de inicio del procedimiento para la determinación de la sede física. La Comisión consultiva para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal adoptó posteriormente, el 23 de marzo de 2026, el informe con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de la Autoridad, elevándolo al Consejo de Ministros.

El 2 de abril de 2026 se inició el plazo de un mes para que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, presentaran sus candidaturas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, recibiéndose dos candidaturas procedentes de los ayuntamientos de Córdoba y Málaga.

En base al análisis efectuado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la propuesta de la Comisión Consultiva, el Consejo de Ministros ha acordado que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil tenga su sede principal en el municipio de Córdoba (Consejo de la Autoridad, Secretaría General y Unidad de asistencia familiar)

No obstante, atendiendo a los principios de responsabilidad por la gestión pública y mejora en el funcionamiento del servicio público que presta la Autoridad, así como a los principios de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, se propone establecer el plazo de un año para que el Ayuntamiento de Córdoba proponga un inmueble adecuado al carácter institucional de la Autoridad y que requiera una reducción de costes para su puesta en funcionamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se logra consensuar una opción, se podrá iniciar de nuevo el procedimiento de desconcentración de sedes.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Autoridad, hasta la determinación de la sede principal, esta permanecerá provisionalmente en Madrid.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido este lunes con el comisionado para la atención a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Jaime Mora, tras la convocatoria de las ayudas de la Junta para las personas heridas en el siniestro residentes en Andalucía y las familias de los fallecidos.

Estas ayudas, compatibles con las estatales, se convocaron la semana pasada y el plazo para solicitarlas es de tres meses, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, ambos han coincidido en que las víctimas “necesitan un apoyo económico” para afrontar gastos destinados a la adaptación de sus viviendas a los problemas de movilidad que sufren algunos heridos, terapias psicológicas o de rehabilitación complementarias a las que reciben en el sistema sanitario público o los desplazamientos al juzgado de Montoro que instruye la causa, ya que muchas de las víctimas eran de provincias como Huelva.

De esta manera, la Junta “mantiene su compromiso de estar al lado de las víctimas del grave accidente en el que fallecieron 46 personas y que reveló la coordinación y capacidad de actuación de los servicios de emergencias andaluces y la solidaridad del pueblo cordobés de Adamuz”.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press y trasladado al Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de las pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y, por lo tanto, alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

Las labores

Por este motivo y con las premisas expuestas, el contrato licitado ha sido dividido en dos lotes para su ejecución, de forma que el Lote 1, del primer laboratorio, incluirá la realización de pruebas no destructivas sobre las muestras de carril, “sin alterarlas”, para lo cual estará presente como observador un representante del segundo laboratorio, “al que se hará entrega de una copia de las imágenes o lecturas obtenidas”.

También, se encuentra la extracción de probetas a partir de las muestras para la realización de ensayos, en lo que estará presente como observador un representante del laboratorio y se extraerán dos lotes probetas para los siguientes ensayos, y uno de esos lotes será entregado al segundo laboratorio. Asimismo, la realización de pruebas sobre las probetas extraídas y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores.

Y en el Lote 2, del segundo laboratorio, se incluye la supervisión de las pruebas no destructivas realizadas por el primer laboratorio sobre las muestras de carril, ante lo cual se recibirá copia de las imágenes o lecturas obtenidas por el primer laboratorio, para su estudio e interpretación.

La supervisión de extracción de probetas por parte del primer laboratorio, de modo que se recibirá uno de los lotes para la realización de los siguientes ensayos. La realización de pruebas sobre las probetas --recibidas del primer laboratorio--, y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores. La parte referente a los ensayos no destructivos de la primera fase se realizará a partir de la información entregada por el primer laboratorio.

“Solvencia y capacidad”

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha elaborado el expediente de contratación con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público --incluyendo las correspondientes memorias justificativa y económica, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas--.

En este caso, desde la CIAF se subraya que “acreditada y validada la plena solvencia y capacidad técnica de ambos laboratorios para la realización de todos los trabajos requeridos”, la Junta de Contratación ha valorado las ofertas y en ambos lotes la mayor puntuación, según las fórmulas aplicadas, ha sido obtenida por Aimen. De acuerdo con las cláusulas del expediente de contratación, “no es posible adjudicar al mismo licitador los dos lotes --para cumplir el objetivo de que ambos sean realizados por laboratorios diferentes--”.

En previsión de dicha eventualidad se requirió, al inicio del procedimiento, que los licitadores expresasen un orden de preferencia sobre los lotes, resultando que ambos --Aimen y Cenim-- manifestaron su preferencia por el primer lote. En consecuencia, en aplicación de las cláusulas de contratación y la legislación establecida, correspondería la adjudicación del Lote 1 a Aimen y del Lote 2 a Cenim.

Se pone todo esto en conocimiento del Tribunal --a través del presente oficio a la Policía Judicial-- con el objeto de que “pueda valorar la idoneidad de la adjudicación y conceder, si así lo considera, su visto bueno para la adjudicación definitiva del contrato”. En caso de que el Tribunal lo considere necesario para hacer su valoración, se le podrá facilitar la documentación pertinente del expediente de contratación.

Al hilo de ello, desde la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado se ha acordado enviar a la pieza separada dicho oficio del día 22 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita para que la jueza acuerde lo procedente.

La Junta de Andalucía ha resuelto aprobar por un total de 1.980 euros más IVA, el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado mes enero, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

Según se recoge en la resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un software de cuya licencia de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail, de manera que la “pericia solo puede realizarse por esta”.

El escrito detalla que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.

En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.

Por otro parte, la letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del pasado 22 de mayo, por el que se proponen medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

Asimismo, a acordado enviar a la pieza separada el oficio del pasado 21 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, adjuntando oficio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) informando sobre la contratación de los laboratorios para la práctica de los análisis metalúrgicos, para que la jueza acuerde lo procedente.

Efectivos del plan Infoca han logrado extinguir un incendio forestal que se ha producido en Adamuz el pasado sábado, más concretamente en el paraje La Sierrezuela.

El Infoca ha congregado a un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

Este incendio forestal no es el primero, después del ocurrido en Montoro el pasado 14 de mayo, pero sí que llega antes incluso de la temporada que el propio Infoca ha determinado que empieza el 1 de junio.

Amplian medios

Dos horas después de declararse el incendio, el plan Infoca ha actualizado los medios que están desplegando en Adamuz. Se ha unido a los que ya estaban presentes un helicoptero semipesado y un avión de carga.

Además, este fuego es especialmente peligroso por su zona, ya que está considerada como crítica por la presencia del lince ibérico.

Aun así, el Infoca ha logrado extinguir el incendio este domingo después de anunciarlo a través de sus redes sociales.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este viernes, con los votos a favor de los cinco grupos con representación -PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-, el decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno para conceder ayudas a las víctimas andaluzas directas e indirectas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba).

A solicitud del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, la Diputación Permanente ha votado también una petición para que el decreto, una vez convalidado, se tramite como proyecto de ley, si bien esta iniciativa ha sido rechazada por los votos de PP-A y Vox, y pese a haber sido respaldada por los diputados del PSOE-A y Por Andalucía.

Las cuantías de las ayudas previstas en este decreto para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, ha sido el encargado de defender ante la Diputación Permanente este decreto, con ayudas cuya concesión fue propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario, al considerar “necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado con las que no son incompatibles”.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes, según aclaró el Consejo de Gobierno tras la aprobación de esta norma que fija que estas ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde que se presente la solicitud.

Ésta se podrá presentar tanto por Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía como de forma presencial. El plazo para solicitarlas será de tres meses desde que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria, algo que el Decreto establece que debe hacerse “en los 15 días siguientes a su entrada en vigor”.

Desde el Gobierno andaluz consideran que, transcurridos cuatro meses desde el accidente, las víctimas “se siguen enfrentando a multitud de gastos necesarios para intentar adaptarse a su situación”, como “la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad que necesitan tras las secuelas del accidente, tratamientos psicológicos, rehabilitación”.

Además, algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, no cobran prestaciones, y “por la gravedad de las lesiones pueden tener dificultad de acceder al mercado laboral a corto y medio plazo”, advierten desde la Junta, desde donde también han llamado la atención acerca de que víctimas y familiares, la mayoría de ellos de la provincia de Huelva, deben también afrontar gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) encargado del caso.

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges --o relación análoga-- e hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos. En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.

Posicionamiento de los grupos

En el turno de posicionamiento de los grupos, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha dado la enhorabuena al consejero de Justicia por este decreto en el que “las ayudas llegan hasta 16.828 euros para algunos afectados”, y ha justificado que “los daños psicológicos no se incluyen” en esta iniciativa porque no van “en el decreto del Estado” que serviría de “normativa básica” con el que quiere alinearse.

No obstante, ha puntualizado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “tiene una línea preferente para la atención a víctimas”, incluidas quienes “tengan daño psicológico”. Además, ha acusado al PSOE-A de haber realizado una “utilización partidista” del accidente valiéndose para ello del alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Moreno Reyes, durante la campaña electoral de los comicios del pasado 17 de mayo, según ha denunciado.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Rafael Recio ha defendido que su grupo ha apoyado la convalidación de este decreto “por responsabilidad, porque las víctimas lo merecen todo”, pero ha opinado que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, “llega tarde”. “Estamos prácticamente a finales de mayo”, y el Gobierno de España tardó “poco más de 15 días” para abrir, “el 3 de febrero”, la posibilidad de que “las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz pudieran presentar sus solicitudes” de ayudas, de las que “ya hay 136 canalizadas”, según ha puesto de relieve.

De igual modo, ha señalado que el accidente de Adamuz “tiene que servir para poner ya el foco” en “la inexistencia de un servicio público de salud mental fuerte en Andalucía”, así como ha animado a Vox a aprovechar el papel que pueda tener en el “futuro Gobierno” andaluz de la nueva legislatura --en la que el PP-A no tendrá mayoría absoluta-- para “obligar a que haya una comisión de investigación para saber lo que ocurrió con la gestión del 112” en el marco de este siniestro.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha avisado de que su grupo no va a “parar hasta que se sepa toda la verdad y que los culpables de este desgraciado accidente paguen por todo el daño que han causado”, y en esa línea ha sostenido que “esta tragedia tiene culpables”, y “el principal foco de atención está en un Gobierno --en referencia al de Pedro Sánchez-- que decidió colocar amigos enchufados y prostitutas en la empresa que debía garantizar la seguridad de las vías”, algo que “tiene consecuencias nefastas y trágicas”, según ha apostillado.

Dicho esto, ha opinado que las ayudas que contempla el decreto son “insuficientes”, y “tiempo habrá de mejorarlo”, ha avisado antes de trasladar que “hubiese sido más conveniente indemnizar de una manera más digna y no manosear tanto la tragedia”.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha mostrado su apoyo a la propuesta de ayudas, aunque se ha hecho eco de los “problemas” que vivieron los trabajadores de emergencias que acudieron al accidente, entre ellas “un bloqueo de información” ante el nivel de llamadas, y ha pedido medidas para “corregir” dichas incidencias de cara a futuros siniestros.

“Junto a las ayudas, las víctimas necesitan que les cuenten lo que ha pasado y garantizar que a futuro no nos vemos envueltos en una situación en la que estemos mal pertrechados para afrontarlas”, ha señalado, a la par que ha calificado de “insuficiente” el decreto, y ha criticado “el uso electoral” de las víctimas por parte del Gobierno andaluz.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también ha mostrado su apoyo al decreto a pesar de señalar que “se queda corto y que llega tarde”. En este sentido, ha lamentado que “quedan fuera” las personas con “afecciones psicológicas” a consecuencia del siniestro, y ha invitado a la Junta a poder modificar las ayudas para incluir a los afectados.

Por otro lado, García ha pedido una investigación “sin ningún tipo de control partidista” para saber las causas del accidente.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado a la titular del juzgado de Instancia número dos de Montoro personarse “en calidad de actor civil” en la causa que instruye el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas 155.

El escrito, firmado por la Abogacía del Estado, sostiene que la solicitud de personación se hace al amparo del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). El decreto anticipón las eindemnizaciones por responsabilidad civil. La norma contempla que “el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que en su caso se declaren en favor de los beneficiarios previstos” en el decreto.

La personación tendrá ahora que ser admitida por la jueza, Cristina Recover, que instruye una causa que acumula ya varios tomos y que avanza muy lentamente por su complejidad. También por la gran cantidad de personaciones que ha tenido que resolver.

Un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han sido ya aprobadas desde que el 3 de febrero el Gobierno central abriera el plazo de solicitud de ayudas destinadas a ofrecer un respaldo económico no reembolsable e inmediato a las víctimas y a familiares de fallecidos. De las 136 peticiones aprobadas, 18 ya han sido abonadas y 118 están aprobadas provisionalmente -72 corresponden a familiares de fallecidos y 46 a heridos-, pendiente de que finalice el plazo de diez días otorgado a los solicitantes para que presenten alegaciones a las mismas, según datos oficiales.

Los beneficiarios son personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo (maquinistas, personal de a bordo o en formación) y que resultaron heridos; y los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable. El procedimiento prevé una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Representantes de los distintos servicios y entidades que participaron en las labores de auxilio y atención tras el accidente ferroviario de Adamuz serán los encargados de encender esta noche, a las 22:00, el alumbrado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Con esta decisión, “el Ayuntamiento de Córdoba quiere reconocer públicamente la profesionalidad, coordinación y entrega demostradas por los efectivos que intervinieron en las tareas de rescate, asistencia y acompañamiento a las víctimas y familiares durante unos días especialmente complejos y difíciles”, ha informado el Consistorio.

Al acto acudirán miembros de los diferentes cuerpos y dispositivos que formaron parte del operativo de emergencias activado tras el siniestro, entre ellos efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de Cruz Roja Española, de los Servicios Sociales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, de Emergencias 112 Andalucía y GREA, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local de Córdoba y Adamuz, Protección Civil, ADIF, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba y la Audiencia Provincial.

El homenaje pretende poner en valor la importancia de la coordinación entre administraciones, servicios públicos y profesionales de distintos ámbitos ante situaciones de emergencia, así como destacar el compromiso, la capacidad de respuesta y la vocación de servicio demostrados por todos los efectivos implicados.

Entre las entidades representadas estará también el Hospital Universitario Reina Sofía, que este año conmemora su 50 aniversario, una efeméride que coincide con este reconocimiento y que permite poner en valor a uno de los grandes referentes sanitarios y de investigación a nivel nacional, pieza clave en la atención hospitalaria en Córdoba durante las últimas cinco décadas.

Una bola de fuego ha sido detectada en la noche de este jueves 21 de mayo a las 22:27 cruzando el cielo de las provincias de Jaén y de Córdoba. La bola de fuego fue producida por una roca procedente de un cometa, que entró en la atmósfera a 85 mil km/hora, según ha difundido el astrofísico José María Madiedo.

El fenómeno, que ha iluminado el cielo, ha sido identificado por el proyecto SMART, que lleva a cabo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El bólido sobrevoló las provincias de Jaén y de Córdoba, pero debido a su gran luminosidad pudo verse desde más de 600 kilómetros de distancia.

Fue vista por multitud de testigos, sobre todo en la zona centro y sur del país, que se hicieron eco del fenómeno en redes sociales. La bola de fuego comenzó a 89 kilómetros de altitud sobre la localidad de Zocueca (Jaén) y finalizó a 42 kilómetros de altura sobre Adamuz (Córdoba). La roca se desintegró completamente en la atmósfera, sin que ningún fragmento pudiese alcanzar el suelo.

Esta bola de fuego ha sido grabada por los detectores que el proyecto SMART tiene en distintos observatorios de la Península. SMART es un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas coordinado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Los detectores de SMART operan en el marco de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa.

Este jueves, en la Caseta Municipal de Adamuz (Córdoba), el alcalde del pueblo, Rafael Moreno, le estrechaba la mano y saludaba afectuosamente a Mario Samper. Él viajaba en el coche 4 del tren Alvia que, junto al Iryo, protagonizó el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en esta localidad cordobesa. Samper preside ahora la asociación que representa a víctimas y familiares afectados por aquella tragedia y, hoy, su voz ha vuelto a Adamuz y a estar junto a los vecinos que les socorrieron el día de la tragedia.

Adamuz ha acogido una edición muy especial de ‘Imbatibles’, un evento creado por el periodista Fernando Díaz de la Guardia sobre historias personales de superación que, en esta ocasión, ha querido homenajear a los vecinos de este pueblo cordobés que atendieron a las víctimas del accidente ferroviario. Y para ello, Mario Samper ha trasladado su testimonio en primera persona, junto a los mensajes que han enviado a través de vídeos otros afectados que, de esa manera han querido dar las gracias y volver a reunirse -de alguna manera-, con los vecinos que les atendieron aquel trágico día.

“Este es el momento de poder daros las gracias, de daros mil veces las gracias”. Samper ha contado que, hace un mes, estuvo en Adamuz. “Estuve en la zona cero, lo necesitaba”. Y hoy, de nuevo aquí, ha recordado cómo la noche del accidente “nos sorprendió vuestra solidaridad, vuestra humanidad, nos disteis de comer, nos disteis mantas...”. Y, más allá de las heridas físicas, el presidente de la asociación de víctimas ha puesto el foco en la ayuda psicológica que aún necesitan las personas afectadas.

A los vecinos de Adamuz también les ha llegado el agradecimiento de Ana, junto a su padre y su perro Boro -que en aquellos días se rescató tras perderse después del accidente-. Mientras, su hermana sigue aún hospitalizada, la única víctima que permanece ingresada actualmente. Su agradecimiento, emocionado, ha llegado hasta los vecinos que les ayudaron.

Y también el de María Eugenia que, en vídeo, contaba cómo aquel 18 de enero viajaba en uno de los trenes con su marido, que murió mientras ella salió malherida. “Quiero mandar un mensaje a quienes me ayudaron y me sacaron del vagón”. Y ahí, había un nombre propio en su recuerdo: “Sebastián, de Protección Civil me dio su mano y le dije que no lo soltaba. Muchas gracias al pueblo de Adamuz por cómo se volcaron con todos nosotros”. Y Sebastián, ese vecino, estaba hoy en el acto, emocionado, escuchando por sorpresa su nombre en boca de aquella mujer a la que ayudó a salir del tren.

O el mensaje de Cristina, que viajaba junto a su madre aquel día: “Dentro de ese caos aparecisteis vosotros, el pueblo de Adamuz con vuestra solidaridad y humanidad”. A ella, el alcalde de este pueblo la “llevó en peso desde el Alvia hasta el Iryo”, recuerda de aquella noche del accidente y para darle las gracias personalmente a Rafael Moreno.

Como José María. que también iba en el Alvia y destaca cómo “entre los equipos de rescate y vosotros nos disteis el aporte de humanidad que necesitábamos”. O cómo Pablo e Irene, familiares de una víctima mortal del accidente, se unían para dar las gracias a todos los efectivos que trabajaron aquel día y destacaban “la solidaridad de ese pueblo que llenó su pabellón de mantas o el caldo que nos dieron en el hogar del pensionista.” “A nosotros nos salvó el pueblo, gracias Adamuz”.

Reencuentro en la Caseta Municipal que fue hospital de campaña

Precisamente, el reencuentro de este jueves se ha producido en la Caseta Municipal de Adamuz, el mismo lugar que los vecinos habilitaron rápidamente y surtieron de mantas, agua y comida para atender a los viajeros de los trenes siniestrados aquella fría noche de enero. Y esa ayuda la prestaron quienes hoy llenaban este pabellón municipal.

Sobre el escenario, como protagonistas homenajeados, una representación de quienes socorrieron a los heridos de los trenes: desde el alcalde, Rafael Moreno, a otros vecinos como José Moreno, los jóvenes amigos Julio y José, y Raquel y Julia, integrantes de Protección Civil en el municipio.

Han recordado lo que sintieron y vivieron en aquellos días, como José Moreno, que socorrió a algunas víctimas de los trenes. “Dolor y tristeza, lloraba”, le inundaron esos días. O el alcalde, que rememoraba cómo “fue muy duro todo” pero, “ante una situación tan grave, la reacción del pueblo fue primordial”.

Julio, a sus 16 años, volvía a repetir que “lo que hicimos fue ayudar, todo lo que pudimos”. También contaban su experiencia Raquel y Julia, de Protección Civil, que recibieron a los heridos que llegaban a esta misma caseta municipal y hoy recordaban aquella noche y la labor de los vecinos. “Todo el pueblo estaba aquí volcado”, descargando mantas, comida, colchones, agua...“. ”El pueblo fue uno“. O Sandra, enfermera, que se retrotraía a la noche del accidente y aseguraba que ”se ha demostrado que cuando la gente se une, se hacen cosas muy grandes“.

Sobre ‘Imbatibles’: ejemplos de superación

‘Imbatibles’, el evento de charlas motivacionales que ideó el periodista Fernando Díaz de la Guardia al sufrir en primera persona una enfermedad, donde se comparten experiencias, se aportan herramientas para salir adelante y se entrevista a personas que son un ejemplo de superación. Como dos de esos ejemplos, en Adamuz han estado este miércoles Pedro García Aguado y José Peña.

García Aguado fue campeón olímpico con el equipo español de waterpolo en los juegos de 1996 y campeón mundial en 1998. Cayó en la adicción al alcohol y otro tipo de drogas y resurgió como orientador de jóvenes con problemas de integración en el popular programa de televisión ‘Hermano mayor’. Acumula éxitos notables en la televisión como su victoria en el concurso de superación de Telecinco, ‘Supervivientes’, en su edición de 2024. García Aguado es Educador Parental y experto en intervención en violencia filioparental por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es uno de los conferenciantes más demandados de España como símbolo contra el acoso escolar entre otras lacras sociales.

José Peña es el único boxeador totalmente ciego del mundo. Natural de Isla Cristina, su testimonio y sus exhibiciones pugilísticas expresan la capacidad humana para afrontar los golpes de la vida. Peña ya ha encabezado el cartel de Imbatibles en Huelva y Sevilla y realizará junto a su hija y preparadora una exhibición de boxeo adaptado, es decir, boxeará ‘de oído’. Perdió la visión mientras opositaba a policía nacional debido a una enfermedad hereditaria y degenerativa. Sus intervenciones públicas son un ejemplo de presentismo y apego a la vida así como la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad en una sociedad que con frecuencia no quiere ver, nunca mejor traído, realidades que pueden sucederle a cualquiera.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (Córdoba) ha difundido un vídeo en el que refleja los “miedos” y secuelas emocionales que siguen sufriendo algunos afectados cuatro meses después del accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero, en el que fallecieron 46 personas. La entidad insiste en que, transcurrido este tiempo, las víctimas y sus familias continúan “sin saber exactamente qué pasó ni quién fue el responsable”.

En el vídeo, consultado por Europa Press, la asociación señala que para muchas víctimas “viajar en tren puede significar muchas cosas, pero ya no vuelve a ser lo que era”. Una de las afectadas relata que, desde hace cuatro meses, “la sola idea de permanecer entre estos asientos despertaba en mí el miedo más primitivo”.

“Al acercarme a Adamuz, ese miedo se ha hecho tan intenso que no he podido soltar la mano de quien me acompañaba”, relata la afectada, que también lamenta que en la zona del siniestro solo queden ahora materiales de obra, “como si restablecer el funcionamiento fuera suficiente”. Asimismo, recuerda que “hoy hemos llegado a destino, pero es inevitable pensar que aquella noche eterna y trágica 46 personas no llegaron, ni llegarán nunca”.

Por último, la asociación incide en que, tras el accidente, algunas personas han optado por aplazar sus viajes, recurrir al coche pese a la mayor duración de los trayectos o, incluso, renunciar por completo a volver a viajar. “Sí, viajo con miedo, porque si me ocurrió una vez, ¿quién me garantiza que no vuelva a pasar?”, concluye el testimonio.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparecerá el próximo 25 de mayo a las 10,30 horas en la Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado, e impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones.

Tras varias solicitudes cursadas, el Senado ha acordado citar a su presidente, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la Asociación, para comparecer en la Comisión de Investigación que analiza ambos accidentes de ferroviarios.

Adamuz se convirtió en el protagonista inesperado en los últimos días de campaña de las elecciones andaluzas de este 17 de mayo. El candidato a la reelección por parte del Partido Popular (PP), Juanma Moreno, sacó a la palestra en el debate de Canal Sur el accidente ferroviario que dejó 46 víctimas mortales durante el pasado mes de enero. Eso provocó la reacción de su alcalde, Rafael Moreno, que defendió a su partido (PSOE) y criticó que el servicio de emergencias no funcionase como es debido. Esto ha provocado una reacción en sus ciudadanos que se ha convertido en una respuesta en las urnas.

El PP ha conseguido el 53,64% de los votos en la localidad de Adamuz, o lo que es lo mismo: 1.272 votos y una diferencia positiva de 6,18% con respecto a los comicios celebrados en 2022. Además, estos números duplican a los que han conseguido el PSOE, que pierde más de un 6% en votos y se queda muy lejos de que todos los partidos sumen más que el bloque de derechas. Por Andalucía se convierte en tercera fuerza, seguida muy de cerca de Vox y de Adelante Andalucía.

Un resultado muy diferente a las municipales de 2023

El PSOE se ha llevado un auténtico jarro de agua fría en este municipio en tan solo tres años. En 2023, el partido dirigido por Rafael Moreno logró mantener la alcaldía después de la moción de censura realizada en 2021 y consiguió pactar con Izquierda Unida para mantener el poder de cara a los próximos cuatro años. Por aquel entonces, el grupo socialista logró más de 1.200 votos, el doble de lo que tienen ahora.

Un resultado que, además, viene precedido de lo que ha ocurrido en los últimos días de campaña. Como se ha mencionado anteriormente, el presidente Juanma Moreno sacó a relucir el trabajo realizado por la Junta de Andalucía en la catástrofe ferroviaria donde murieron 46 personas. Es por ello que, como reacción, Rafael Moreno, actual alcalde de Adamuz, rompió el pacto de silencio para criticar arduamente a la poca coordinación de los servicios de emergencia desde el minuto uno.

Esta reacción provocó un nuevo debate a las puertas del Parlamento de Andalucía, donde unos reivindicaban el trabajo de los vecinos de Adamuz y de los pueblos aledaños, mientras que Juanma Moreno ponía el foco en una posible presión por parte del PSOE a Rafael Moreno. Finalmente, ha resultado una victoria notable del PP en la localidad cordobesa.

Un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han sido ya aprobadas desde que el 3 de febrero el Gobierno central abriera el plazo de solicitud de ayudas destinadas a ofrecer un respaldo económico no reembolsable e inmediato a las víctimas y a familiares de fallecidos. De las 136 peticiones aprobadas, 18 ya han sido abonadas y 118 están aprobadas provisionalmente -72 corresponden a familiares de fallecidos y 46 a heridos-, pendiente de que finalice el plazo de diez días otorgado a los solicitantes para que presenten alegaciones a las mismas, según datos oficiales consultados por Europa Press. Tras ello, se resolverán y se procederá al pago de las mismas.

El 3 de febrero el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abrió el plazo de solicitud de estas ayudas destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en el marco de lo previsto en el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, aprobado por el Consejo de Ministros, con el objetivo de respaldar económicamente a los afectados, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Los beneficiarios son personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo (maquinistas, personal de a bordo o en formación) y que resultaron heridos; y los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable. El procedimiento prevé una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Estas ayudas son compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros, con las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil y con otras ayudas o seguros públicos o privados que pudieran corresponder. El trámite para presentar la solicitud se estableció inicialmente hasta el 4 de mayo, si bien posteriormente el Ministerio de Transportes amplió un mes más para dos supuestos: personas que resultaran heridas como consecuencia de los accidentes ferroviarios; personas que reúnan la condición de víctimas indirectas de las personas fallecidas en los accidentes ferroviarios siempre y cuando para la misma persona fallecida no se hubiera presentado en plazo alguna solicitud por parte de otro beneficiario.

Así, los potenciales beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas en la resolución de ampliación podrán presentar las solicitudes hasta el 4 de junio de 2026. Las personas que ya hayan presentado su solicitud no deben realizar ninguna acción adicional. La tramitación de las solicitudes podrá continuar realizándose, tanto de forma presencial como en la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde está disponible toda la información relativa a las ayudas, una guía y los formularios para realizar la solicitud, así como un documento de preguntas y respuestas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en plena campaña y después de las declaraciones del alcalde del municipio Rafael Moreno un decreto ley para conceder ayudas a las víctimas directas e indirectas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba). Las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 euros y 481 euros, mientras que las familias de cada uno de los 46 fallecidos percibirán 14.424 euros.

La concesión de estas ayudas ha sido propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario, al considerar necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado con las que no son incompatibles. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes.

La norma aprobada fija que estas ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde que se presente la solicitud. Ésta se podrá presentar tanto por Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía como de forma presencial. El plazo para solicitarlas será de tres meses desde que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria, algo que el Decreto establece que debe hacerse en los 15 días siguientes a su entrada en vigor.

Transcurridos más de tres meses desde el accidente, las víctimas se siguen enfrentando a multitud de gastos necesarios para intentar adaptarse a su situación: la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad que necesitan tras las secuelas del accidente, tratamientos psicológicos, rehabilitación e incluso algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, no cobran prestaciones, y por la gravedad de las lesiones pueden tener dificultad de acceder al mercado laboral a corto y medio plazo. Víctimas y familiares, la mayoría de ellos de la provincia de Huelva, deben también afrontar gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro encargado del caso.

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges (o relación análoga) e hijos (con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos). En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.

Un decreto que llega tras una mañana de polémica

Tras el debate electoral celebrado durante el pasado lunes, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, rompió su silencio para denunciar lo que considera una “utilización política” del accidente ferroviario del pasado 18 de enero después de que el presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, sacara el tema a colación para pedir explicaciones al Gobierno central.

A través de un comunicado en su perfil oficial en Facebook, Moreno expresó su malestar, señalando que “no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso”. El alcalde ha decidido relatar su vivencia en primera persona para evidenciar los fallos que, según su testimonio, se produjeron la noche del siniestro.

Tras ello, Óscar Puente pidió explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, mientras que el consejero Antonio Sanz alegó que “no todo vale” en una campaña electoral que también ha servido de escenario para aprobar el decreto-ley para las ayudas de las víctimas del accidente ferroviario.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este martes que “ningún gobierno autonómico ni ningún partido político ha sido más prudente” que el suyo en relación al accidente de tren que se registró el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, y ha vinculado las declaraciones críticas con la administración autonómica que en las últimas horas ha trasladado el alcalde de dicho municipio, el socialista Rafael Moreno Reyes, a “presiones” que habría recibido por parte de su propia formación política, el PSOE.

Son ideas que el también candidato a la reelección como presidente de la Junta en las elecciones del 17 de mayo ha trasladado en un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla al hilo de los comentarios que sobre el accidente de Adamuz se realizaron este pasado lunes por la noche durante el debate a cinco entre candidatos a la presidencia del Gobierno andaluz que organizó Canal Sur.

Después de que Juanma Moreno pidiera a la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, información sobre lo que ocurrió en dicho siniestro, el alcalde de Adamuz ha criticado por redes sociales a Juanma Moreno por la “utilización política” de dicho accidente, y ha señalado que “la ayuda llegó tarde” y la mayoría de los heridos estuvieron “sin atención sanitaria organizada” durante las primeras horas.

Este martes, el presidente de la Junta ha defendido que su gobierno ha sido “prudente” en relación a este siniestro, porque “durante más de 100 días” no ha dicho “absolutamente nada”, y se ha mantenido “esperando y expectante” a que por parte del Gobierno de España, por un lado, les “dieran información de lo que ha pasado allí, más allá de lo que sabemos por la Guardia Civil”, que tiene “indicios” de que en el lugar del accidente hubo “un problema en la vía”, y que “incluso 22 horas antes ya había un problema allí”.

“Eso es lo que nos dice el informe de la Guardia Civil” que investiga lo sucedido, pero “lo debería decir” el Gobierno, según ha añadido Juanma Moreno, quien ha reclamado además una “asunción de responsabilidades” por parte del Ejecutivo central.

Al alcalde de Adamuz “hay que comprenderlo”

Respecto a la reacción del alcalde de Adamuz, que este martes ha convocado una comparecencia ante la prensa en los exteriores del Parlamento andaluz, Moreno ha opinado que “hay que comprenderlo”. “Imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista habrán sido enormes”, por lo que “no le queda más remedio que salir”, ha comentado el presidente de la Junta, para quien “el Gobierno de España se equivoca”, porque desde el Ejecutivo andaluz han sido “prudentes” con este asunto, según ha insistido en defender.

En esa línea, Moreno ha sostenido que “si hubiera sido al revés”, si se hubiera producido un accidente de tren con “46 muertos y hubiera estado gobernando el PP, tendríamos las calles incendiadas desde el minuto uno”. “A mí me han acusado de ser demasiado débil”, e “incluso algunas víctimas me han dicho, 'el Gobierno de Andalucía está también para defendernos, ¿eh?'”, ha continuado relatando el candidato 'popular' antes de apostillar que se ha sentido “interpelado” con esos comentarios.

Por eso, según ha defendido, cuando se lo “trasladaron las víctimas”, él “no tenía más remedio que trasladarlo en un debate y preguntarle” a la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, “porque era la vicepresidenta” primera del Gobierno en el momento del accidente, “y por tanto tiene más información que nosotros”, ha añadido.

De igual modo, el líder del PP-A ha criticado que se ponga “en tela de juicio” la actuación de los servicios de urgencias gestionadas por la administración andaluza tras el accidente, porque aglutinan a “decenas de profesionales perfectamente preparados”. Ha añadido que hubo “una ambulancia por minuto”, así como que “no falleció nadie allí en el terreno”.

“Por tanto, atacar a nuestros grandes profesionales de la sanidad, especializados en emergencias, creo que es muy desesperado por su parte”, ha comentado Moreno antes de lamentar que “llevan dos meses intentando incorporar a la Junta de Andalucía a un problema que no es” suyo, y, “ya de hecho le pidieron a la propia jueza” que mantiene abierta una investigación por el siniestro que “pidiera información, y la jueza declinó” hacerlo “porque no lo vio relevante”, ha subrayado.

Dicho esto, Moreno ha sostenido que lo que hay que “saber aquí es por qué se ha producido ese accidente, si ha sido por falta de mantenimiento de las vías, por falta de recursos”. “Eso se tiene que saber y se va a saber”, ha avisado antes de agregar que “las propias víctimas y el propio Gobierno andaluz va a ejercer, como no puede ser de otra manera”, presión hasta tener “el conocimiento exacto de lo que ha sucedido y quién es el responsable”, si bien ha puntualizado antes de concluir que “el responsable máximo” ya se sabe “quién es, el Ministerio de Fomento”, ha zanjado Moreno.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha exigido este martes explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la gestión de la emergencia sanitaria tras el accidente ferroviario en Adamuz que causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos.

Así lo ha reclamado el ministro en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que se ha hecho eco de la denuncia del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, que ha criticado la “utilización partidista” del siniestro por parte del presidente andaluz en el segundo debate electoral de Canal Sur, al mismo tiempo que ha señalado que “la ayuda llegó tarde” y la mayoría de los heridos estuvieron “sin atención sanitaria organizada” durante las primeras horas.

“Hago mías las palabras del Alcalde de Adamuz. Y vuelvo a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto”, ha reclamado Puente en las redes sociales, donde también ha apuntado que hay “graves interrogantes sobre el dispositivo de emergencias que las víctimas han denunciado”. “¿Va a aclarar algo?”, ha preguntado al candidato del PP andaluz.

El alcalde de Adamuz se ha pronunciado así en redes sociales poco después de que Moreno reprochase en el segundo debate electoral a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, la falta de explicaciones y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno cuando han pasado más de 100 días desde el siniestro ferroviario de Adamuz.

“Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso”, ha asegurado el alcalde de Adamuz, que ha explicado que no se había pronunciado hasta ahora públicamente porque prefiere “guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. ”Y espero que eso suceda pronto“, ha deseado.

Acto seguido ha relatado lo que vivió “en primera persona aquella noche en el lugar del accidente”. “Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21.30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada. Durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello”, ha detallado.

Antonio Sanz: “¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral”

El consejero de Sanidad, Emergencias y Presidencia, Antonio Sanz, también ha reaccionado a las palabras del alcalde de Adamuz. En sus redes sociales, el dirigente ha explicado que hace apenas unos días, Rafael Moreno entregó un reconocimiento a los servicios de emergencias tras el día del accidente ferroviario. Ahora, “¿qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral”.

Antonio Sanz ha calificado como “inaceptable” lo que él considera como un “ataque a la labor de los profesionales”. “Llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos. Y más de 130 sanitarios de urgencias y un despliegue de 800 personas en todos los dispositivos”, explica el consejero. Por tanto, Sanz ha culminado su escrito diciendo que se ha faltado “a la verdad”. “No todo vale por intentar ganar votos”.

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes, ha reaccionado con dureza tras el debate de los candidatos a las elecciones de Andalucía celebrado este lunes en Canal Sur. El regidor -lejos de la que ha sido su actitud desde el suceso que ha sacudido para siempre la historia de esta localidad cordobesa- ha roto su silencio para denunciar lo que considera una “utilización política” del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas, después de que el presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, sacara el tema a colación para pedir explicaciones al Gobierno central.

A través de un comunicado en su perfil oficial en Facebook, Moreno ha expresado su malestar, señalando que “no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso”. El alcalde ha decidido relatar su vivencia en primera persona para evidenciar los fallos que, según su testimonio, se produjeron la noche del siniestro.

La principal denuncia del alcalde se centra en la tardanza de los servicios de emergencia. Según explica, aunque el accidente ocurrió mucho antes, pasadas las 21:30 la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada. Moreno ha asegurado que durante cerca de dos horas fueron los vecinos y vecinas de Adamuz, personas sin formación específica, quienes atendieron a los viajeros.

“Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias”, ha afirmado el regidor, añadiendo que el dispositivo de emergencias no tomó el control real ni montó el hospital de campaña hasta pasadas las 22:00. Durante ese tiempo de incertidumbre, el alcalde sostiene que “allí nadie había al mando” y tuvieron que apañarse como pudieron.

El relato del alcalde describe una situación similar en la Caseta Municipal, donde asegura que no se movilizó ningún dispositivo sanitario oficial hasta las 23:30. Durante ese intervalo, los únicos profesionales presentes fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz que acudieron de manera voluntaria.

Para Moreno, la coordinación posterior fue excelente, pero recalca que esta no llegó hasta dos horas después del impacto. “Si no llega a ser por la gente de Adamuz... no sé qué habría pasado”, ha sentenciado. “Si el pueblo no se hubiera movilizado, hoy se estarían pidiendo responsabilidades y alguna cabeza” por la falta de atención a los heridos durante las primeras horas“, ha dicho el regidor.

El alcalde ha concluido su mensaje afirmando que no permitirá que se utilice el accidente con fines electorales, especialmente por parte de quienes, según él, saben perfectamente dónde se falló aquella noche. “El pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar”, ha finalizado, reivindicando la entrega humanitaria de sus vecinos tras la tragedia.