Dos laboratorios verificarán si “cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso” el balasto y traviesas de las vías de la zona de Adamuz (Córdoba) donde el domingo 18 de enero la fractura del carril provocó el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un tren Alvia causando la muerte de 46 personas y más de 120 heridos. Para ello realizarán ensayos estudio.

Según recoge el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de las labores de investigación en relación al siniestro ferroviario, se encuentra la de comprobación del estado real en el que se encontraba diverso material de la superestructura ferroviaria, como es la práctica de pruebas en laboratorio, tanto del balasto como de las traviesas existentes en la zona del accidente, al objeto de verificar “si, en el momento de producirse este siniestro, ambos elementos cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso”.

Al respecto, desde la Benemérita han consultado a los laboratorios Cetex, Cedex e Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja si disponen de capacidades de estudio y emisión de informes periciales relativos a balasto -ensayos geométricos (granulometría, contenido de finos, etc), ensayos mecánicos (desgaste y fragmentación) y composición- y a traviesas de hormigón -flexión, fatiga-estructural, composición, etc.-.

Ante ello, desde Cetex han contestado que su laboratorio no dispone del conocimiento ni los medios adecuados para ese tipo de mediciones e informes, dado que su enfoque de ensayos es “en los trenes y no en la infraestructura en sí”.

Sin embargo, desde Cedex han contestado que sí pueden efectuar “todos los ensayos que se indican, tanto en el balasto como en las traviesas”.

Y desde el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja han comunicado que sí tienen “capacidad para realizar estudios y ensayos sobre material ferroviario y emitir informes con los resultados, informes que pueden tener carácter pericial en procesos judiciales”, a lo que han añadido que cuentan con “un laboratorio acreditado por ENAC para hacer los ensayos”.

Vox, persona como acusación popular en la causa que investiga el accidente de Adamuz, ha pedido a la jueza de Montoro que instruye la causa que cite a declarar como testigo a Isabel López López, investigadora encargada del caso en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en alusión a las “incongruencias” en los informes de Adif y a los que ella se habría referido.

Según consta en el escrito presentado ante el Juzgado de Montoro y al que ha tenido acceso Cordópolis, las dudas no se refieren al expediente de la obra en general, sino a la coherencia de la documentación técnica entregada por Adif. En concreto, la investigación pone la lupa sobre los partes de soldaduras, las actas de neutralizaciones y homogeneizaciones, el informe final de soldaduras aluminotérmicas y sus notas aclaratorias posteriores.

Las sospechas se originan en una comunicación oficial remitida el 6 de febrero de 2026 por la propia investigadora al presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti. Posteriormente, esta presidencia remitió un oficio de ampliación de información a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba en el que se detallaban dudas concretas sobre tres cuestiones.

En primer lugar, se detectaron desfases entre la versión inicial del informe técnico (fechada a 25 de junio de 2025) y diversos documentos anexos firmados con fecha posterior (28 de junio de 2025), sin que las notas aclaratorias explicaran con claridad qué se modificó y cuándo.

En segundo lugar, Vox duda sobre las firmas insertadas y, en tercer lugar, el partido político hace referencia a contradicciones directas entre una nota aclaratoria -elaborada tras el accidente- y la documentación técnica preexistente, incluyendo la rectificación de puntos kilométricos (como los PK 318+681 y 318+479) y datos sobre las cargas del carril (R260 y R350).

En este escrito de petición de interrogatorio, Vox ha aclarado que “estas observaciones justifican su aclaración judicial”, pero que esta solicitud no presupone “la existencia de falsedad documental” ni atribución de “responsabilidad penal a persona alguna”.

En el interrogatorio que el mismo partido ha propuesto en su escrito, la acusación popular pretende que la investigadora aclare qué comprobaciones realizó de forma directa sobre los originales e informes de ADIF, la razón por la que las notas aclaratorias no permitían auditar los cambios en las versiones y si las discrepancias detectadas afectan a la trazabilidad de las soldaduras investigadas.

Por último, el escrito solicita que, si aún no figura en la causa, se incorporen tanto la comunicación de la investigadora de febrero de 2026 como el oficio de ampliación remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha señalado este jueves en el Parlamento que la Junta “avanza” en la tramitación de las ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ya que, “de las 191 solicitudes, 23 expedientes se han resuelto y otros 77 se encuentran casi finalizados”.

En Comisión parlamentaria, el consejero, a pregunta de Vox, ha empezado su intervención “recordando a quienes perdieron la vida en Adamuz, a su familia y a todas esas personas que todavía sufren las consecuencias de aquella tragedia”.

Seguidamente, Gavira ha señalado que la Junta “avanza” en la tramitación. Así, ha explicado que se han presentado 191 solicitudes, 125 de víctimas directas y 66 de familiares de personas fallecidas. Además, hasta el momento “se han resuelto 23 expedientes y otros 77 se encuentran en una fase ya casi de remate de tramitación”.

Además, de estos 77 en vía de resolución, “58 ya están en una fase contable previa al pago, que es la fase final”, mientras que los 19 restantes están “pendientes de la firma de resolución”. Además, ha señalado que cuentan con “un crédito suficiente con las previsiones actuales”. No obstante, Gavira ha remarcado que hay otros 71 expedientes “pendientes de documentación o informes necesarios para continuar su tramitación”, ya que “la amplia mayoría está esperando la baremación que tiene que hacer el Gobierno de España”.

“Desde luego nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y no vamos a buscar excusas. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Pero no vamos a esconder ni vamos a tapar a quienes también tienen que hacer su trabajo para que estas familias puedan recibir cuanto antes las ayudas que les corresponden”, ha aseverado.

Al respecto, ha enfatizado que mientras que su consejería trabaja “para atender a las víctimas”, pues “otros tendrán que responder de cómo gestionaron las infraestructuras ferroviarias que ocasionaron esa catástrofe”. “Nosotros vamos a estar con las víctimas, vamos a cumplir con nuestra promesa, vamos a gestionar, vamos a resolver y vamos a pagar. Pero, evidentemente, el Gobierno de España tendrá que dar explicaciones sobre lo que pasó y darnos la información necesaria para poder cerrar los expedientes que quedan pendientes”, ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Ricardo López Olea, durante su intervención, ha remarcado que la tragedia de Adamuz es “una de esas cuestiones graves que nunca se van a olvidar”, ya que “las víctimas merecen verdad, justicia y sobre todo buscar a los responsables”.

Al respecto, el parlamentario ha apuntado que el tren “no descarrila por arte de magia” cuando llevan “años denunciando averías, incidencias y unas infraestructuras que se caen a pedazos”. “Y la indignación que comparte toda España mientras los andaluces se jugaban la vida en vías sin mantenimiento, en el Ministerio de Transporte se estaba montando una trama de corrupción”.

“Pero ahora Vox está en el Gobierno de Andalucía, y gobernar significa que mientras en Madrid están tuiteando, a nosotros nos toca dar la cara, ser escudo de esta familia”, ha finalizado.

El acto en Córdoba por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ha estado profundamente marcado este año por el recuerdo, el respeto y la emoción al rememorar el episodio más dramático de este año -y, sin duda, de la historia reciente- en la provincia: el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Tanto el jefe de la Comandancia, el coronel Ramón María Clemente, como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, han situado esta catástrofe en el centro de sus discursos institucionales, ensalzando el espíritu de servicio y la entrega incondicional de los agentes desplegados en la zona cero.

El relato de los hechos, expuesto por el coronel, ha devuelto a los asistentes a una fría noche de domingo de mediados del pasado mes de enero. A esa hora se recibía en la central una noticia “difusa” sobre el posible descarrilamiento de un tren en Adamuz con la existencia de personas heridas. Según ha explicado este mando, el “sentido común” dictó el envío inmediato de la patrulla más cercana -la de El Carpio- para localizar el punto exacto y evaluar el alcance del siniestro.

Sin embargo, guiados por “un trágico presentimiento o por nuestra patrona”, la Comandancia decidió ir un paso más allá prealertando y posicionando de inmediato a las patrullas más próximas. Mientras las unidades se desplazaban a toda velocidad, los agentes de El Carpio confirmaron la peor de las realidades: la aparición de los primeros fallecidos y decenas de pasajeros atrapados entre los restos de los trenes Alvia e Iryo. A partir de ese momento, tal como ha descrito Clemente visiblemente emocionado, se vivieron “horas de angustia, incertidumbre y trabajo intenso” en un camino oscuro rodeado de personas desorientadas.

El jefe de la Comandancia ha rememorado la extrema dureza de aquellos instantes, subrayando que “la situación que allí nos encontramos al llegar, lo que vieron nuestros ojos y escucharon nuestros oídos, desgraciadamente quedará en nuestra memoria para siempre”. Asimismo, ha querido poner en valor el esfuerzo de los primeros guardias civiles que pisaron el lugar de los hechos: “Hicimos todo lo que pudimos con los medios que estaban a nuestro alcance, realizando el acarreo de heridos a mano al no tener habilitado aún un acceso para vehículos”, ha insistido.

Una vez concluida la urgente evacuación de las personas con vida, los efectivos no tuvieron descanso y enlazaron la noche con la madrugada del día siguiente para abordar la dolorosa tarea de rescate y recuperación de los cadáveres. A las 5:00 ya se habían completado 31 levantamientos con el objetivo prioritario de acelerar la identificación legal y mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento de los familiares. Las labores de rastreo entre el amasijo de hierros se prolongaron durante casi cinco días de trabajo ininterrumpido, hasta que el mediodía del jueves 22 de enero se logró recuperar el cuerpo de la última persona desaparecida. Por todo ello, el coronel ha elogiado la “impecable coordinación entre nuestros equipos de Policía Judicial y el Servicio de Medicina Legal, que sin descanso y sin perder la rigurosidad científica, consiguieron mitigar el sufrimiento de las familias”.

Con las víctimas mortales también en la memoria, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ensalzado la respuesta rápida y la constante presencia del cuerpo en los momentos más complicados. “Allí estuvo la Guardia Civil una vez más, llegando la primera y marchándose la última, abriendo paso a los servicios de emergencia, auxiliando a los heridos, garantizando la seguridad de la zona y, después, acompañando y apoyando a las familias en los momentos más difíciles”, ha descrito la subdelegada

Por último, Clemente ha destacado que gracias “a una impecable” coordinación entre las patrullas de tráfico, los servicios sanitarios, los bomberos, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Instituto de Medicina Legal, se logró abrir vía hasta el tren Alvia afectado, excarcelar a los heridos y completar su evacuación hacia los distintos centros de salud antes de las 23:30 de esa misma noche.

Una investigadora de la tragedia ferroviaria de Adamuz en la que fallecieron 46 personas ha denunciado este jueves en el Congreso que “en muchas ocasiones” los informes técnicos realizados para descubrir las causas del accidente se modifican cuando llegan a instancias “superiores”. Actualmente, la tragedia está siendo investigada principalmente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a la espera de que se constituya un nuevo organismo de investigación de accidentes que congregue a las comisiones encargadas de investigar accidentes de trenes, marítimos y de aviación. El presidente de esta comisión, Julián Guillén Espejo Saavedra, ha negado las acusaciones.

Durante un encuentro en el Congreso de las asociaciones de víctimas y familias en los modos de transporte, donde se han congregado víctimas de Adamuz, el accidente de Angrois, el del YAK-42 o el de Spanair, una investigadora adscrita a la CIAF, Isabel López López, ha querido comparecer en público y en nombre del resto de investigadores del accidente para denunciar falta de “transparencia” en la investigación de Adamuz.

López ha lamentado que, pese a tragedias anteriores como el caso del Alvia en Angrois (Galicia) en 2013, la investigación de Adamuz se ha hecho desde la “falta” de “transparencia” e “independencia” y ha denunciado “opacidad” en los informes técnicos que se van elaborando.

A renglón seguido, la investigadora ha aseverado que “en muchas ocasiones” esos informes se modifican cuando llegan a instancias “superiores”, por lo que ha reclamado que “se respete” el criterio técnico de los investigadores.

“Por eso desde aquí yo quiero hacer una petición para que se respete completamente el criterio técnico de los investigadores. Es la única garantía de que nuestro trabajo no está al servicio de nadie, al servicio de ninguna entidad”, ha dicho López desde la Cámara Baja.

El presidente de la comisión lo niega

En el encuentro, celebrado en el Congreso, el presidente de la nueva comisión de investigación de accidentes de trenes, aviones y barcos ha negado la falta de “independencia” que denuncia la investigadora ferroviaria. “Por supuesto que somos independientes y el consejo es independiente; también son independientes los investigadores. Lo que dijo Isabel no tiene razón”, ha dicho Guillén Espejo, quien se ha enfrentado a diferentes reproches de las asociaciones de víctimas.

Asimismo, el presidente de la nueva comisión que estará adscrita al Ministerio de Transportes ha recalcado que las investigaciones también tienen que mantener la independencia de las víctimas. “Aunque las víctimas participen de las investigaciones, también tenemos que ser independientes”, ha dicho.

Críticas a gobiernos de PSOE y PP

El presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, Mario Semper, ha explicado que la idea del encuentro de las diferentes asociaciones pasa por compartir las diferentes experiencias y detectar qué situaciones es necesario corregir, especialmente desde las administraciones centrales, que durante la jornada han sido criticadas bien sea a gobiernos del PSOE o del PP.

“Nosotros ya lo hemos sufrido y nosotros, de las lecciones aprendidas, queremos ponerlas a favor del bien común y queremos, sobre todo, a los próximos que vendrán que los traten de una manera diferente que nos trataron a nosotros”, ha dicho Semper en referencia al futuro Gobierno que resulte de las elecciones generales.

Durante las jornadas han comparecido las diferentes asociaciones de víctimas de las diferentes tragedias en medios de transportes. El representante de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, ha lamentado que por no haber hecho “bien las cosas” en la investigación de ese accidente ha ocurrido después lo acontecido en Adamuz. “Es una consecuencia”, ha apostillado.

También han denunciado el trato recibido y la falta de transparencia los portavoces de la asociación YAK 42, Miguel Ángel Sencianes; de la asociación A3 Julio Metro Valencia, Rosa Garrote; la asociación de afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera; la de víctimas del vuelo 5017 de Swiftair, Águeda Rueda; y la del tren Bejis-Valencia, Isabel Irlandés.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado levantar un monolito en la zona del Paisaje de la Luz -ubicada entre el Museo Nacional de Antropología y la estación de Atocha- en recuerdo de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero.

Este monumento se erigirá como “muestra de recuerdo y respeto a las víctimas y de apoyo a sus familiares”, entre los que se encontraban nueve madrileños fallecidos. La iniciativa surge a través de un informe oral de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructura de la Comunidad de Madrid. La previsión es que esté instalado en enero de 2027, coincidiendo con el primer aniversario del accidente, según ha precisado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno.

El emplazamiento elegido está estrechamente vinculado al transporte ferroviario y se encuentra en “uno de los principales ejes de entrada y salida de la capital, por el que transitan diariamente miles de personas”. Sin embargo, García Martín ha reconocido que Comunidad y Ayuntamiento deberán coordinarse para buscar una ubicación que esté “acorde” con el paisaje, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno madrileño ha avanzado que “lógicamente” se abrirá concurso para recibir propuestas para el diseño del monolito y que finalmente se escogerá la que “mejor se adapte” a lo que la Comunidad y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz consideran “adecuado” para el monumento. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha comunicado por carta con la citada asociación de víctimas para trasladar su “cercanía, profundo afecto y reconocimiento” por la labor que realizan, al tiempo que les ha garantizado que el monolito será “testimonio perdurable” del “compromiso” con su memoria.

“La presidenta, el Consejo de Transportes y todo el Gobierno estamos siempre a la disposición de esta asociación y de todos aquellos familiares de las víctimas a reunirnos o que quieran trasladarnos cualquier inquitud sobre esta cuestión”, ha remachado el consejero portavoz del Ejecutivo madrileño.

El accidente se produjo en la tarde del 18 de enero de 2026 en el término municipal de Adamuz tras el descarrilamiento de un tren que realizaba el trayecto Málaga-Madrid y que invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia Madrid-Huelva. El siniestro dejó 46 fallecidos.

Víctimas de Adamuz ven un “gesto bonito” el monolito pero demandan “ayuda logística y económica”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha calificado de “gesto bonito” el monumento en Atocha anunciado por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero han subrayado que lo que necesitan es “más ayuda logística y económica”.

Samper se ha reunido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después de conocerse que el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado levantar un monolito en la zona del Paisaje de la Luz --en la zona entre el Museo Nacional de Antropología y la estación de Atocha-- en recuerdo de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

“Ayer recibimos un correo de la señora Ayuso donde nos informaba que tenía intención de hacer este monumento. Yo, como presidente, le he dado traslado a las víctimas esta situación y comentan que realmente lo que necesitamos es ayuda porque los seguros ya han dejado de atendernos, el Gobierno nos tiene bastante abandonados y realmente necesitamos más ayuda logística y económica hacia las víctimas en indemnizaciones que en un monumento”, ha trasladado a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

Las víctimas y sus familias “no ven mal” el monumento, les parece “un gesto bonito”. “Pero hay otras cosas que necesitamos que son muy importantes”, ha remarcado. La asociación solicitará una reunión con Ayuso, ha anunciado.

El presidente de la asociación ha explicado que la entidad se está dirigiendo a todos los ayuntamientos donde ha habido víctimas del accidente “para, en definitiva, solicitar ayuda, ayuda que, por otro lado, no se ha tenido como se esperaba de otras administraciones”.

Samper ha detallado que las fianzas que les piden en la demanda es elevada mientras que sus recursos son limitados. “En materia económica necesitamos ayuda y luego también en materia logística. Vamos a tener una asamblea general de víctimas en breve en Madrid y necesitamos un local, necesitamos ayudas de mucho tipo, de desplazamientos y todo esto es lo que venimos a pedir al alcalde, que se ha comprometido a estudiarlo”, ha expuesto. La asociación ha destacado la “buena sintonía” que se da en los ayuntamientos, además del “apoyo y cariño” que necesitan.

Volviendo al monumento, Almeida ha trasladado que están en conversaciones con la Comunidad para participar en el proceso de colocación y creación de ese monumento. “Los recuerdos conmemorativos son necesarios. Nosotros apoyamos la iniciativa de la Comunidad de Madrid, sin lugar a dudas”, ha declarado el alcalde, que también se ha abierto a estudiar apoyo económico, psicológico y logístico.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representadas por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha comparecido formalmente ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir una “intervención urgente” tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

Transcurridos prácticamente ocho meses desde el siniestro, la Asociación ha presentado una denuncia administrativa ante las autoridades europeas. Este incluye diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que “acreditan cómo el carril siniestrado presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del impacto”. La Asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunciando una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía.

El escrito elevado a Europa advierte de que el sistema ferroviario español acumula “más de cien roturas de vía al año”. Asimismo, se aportan “advertencias técnicas previas emitidas públicamente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), donde ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras”, según consta en la nota. Entre las advertencias se señala la inestabilidad en la rodadura con oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora. También, fatiga de materiales y botes, con baches y deformaciones geométricas. El sobrepeso en las vías por la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados y críticas al uso excesivo de “marchas a la vista” (circulaciones lentas en tramos dañados) “en lugar de acometer cierres y reparaciones definitivas”.

La denuncia subraya además “carencias incomprensibles en la seguridad del material rodante y la asistencia: la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento, e insuficiencias en los portaequipajes que provocan la caída de bultos sobre los viajeros”, exponen. Asimismo, censuran que los servicios autonómicos de emergencias (061 y 112) sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España, denuncian.

El letrado Antonio Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha manifestado su “absoluta preocupación” ante el hecho de que, en poco más de una década, España haya sufrido los dos peores accidentes ferroviarios de su democracia (Angrois en 2013 y Adamuz en 2026), “pudiendo presuntamente evidenciar que las medidas actuales son del todo insuficientes para garantizar la seguridad de las personas viajeras”.

La Agencia Ferroviaria Europea ya intervino en el caso Alvia y en su documento de asesoramiento ERA/ADV/2015-6 consideró que la investigación del siniestro llevada a cabo por la CIAF “no fue independiente, además de presentar graves irregularidades como no haber tenido en cuenta a las víctimas, ni haberles informado de sus derechos en el procedimiento de investigación”, señala la asociación.

La expresidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y ex secretaria general de Transporte Terrestre Rocío Báguena Rodríguez ha afirmado que el ministro Óscar Puente no le dio ninguna explicación sobre su cese reciente, ha negado tener responsabilidad sobre el accidente de Adamuz y ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español.

Además, ha compartido que Adif invertirá 8.000 millones de euros en mantenimiento durante el periodo 2026-2030, mientras que ha apuntado a un “déficit importante de conservación” en el sistema catalán de Rodalies.

“Evidentemente algo tuvo que fallar para que se produjese ese accidente” de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, pero ese fallo no se produjo por parte de la AESF “porque no intervino” en ese asunto ni pudo hacer nada más para evitarlo, ha defendido ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España. “Yo creo que he realizado las funciones que tenía que hacer conforme están establecidas en el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”, ha declarado.

Rocío Báguena ha explicado que, como secretaria general de Transporte Terrestre, sus funciones fundamentales eran de tipo estratégico y ligadas a la planificación ferroviaria y a la normativa y que, como presidenta de la AESF, no tenía “ninguna competencia ejecutiva” sobre las decisiones que se tomaban en la agencia.

Asimismo, ha dicho no haber participado en los expedientes, las inspecciones ni las auditorías; no haber tenido acceso al acta de soldadura ni haberla manipulado --ante la pregunta acusatoria del representante del PP, José Ramón Díez de Revenga-- y no haber recibido advertencias previas ni trasladado cuestiones relacionadas con los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona).

En ese sentido, ha rechazado que la supervisión de la AESF haya sido insuficiente --ha destacado que se realizaron 900 acciones de supervisión en 2025 y unas 5.500 en los últimos diez años-- y ha hecho referencia a la responsabilidad de Adif.

“No se puede trasladar la responsabilidad del administrador de la infraestructura sobre la vigilancia interna de todos sus procesos y de todas sus actividades a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Cada uno aquí tiene su responsabilidad”, ha aclarado.

La de la agencia es supervisar, “pero la inspección y el control primero lo tiene el que es el responsable de la explotación segura del sistema ferroviario, que es el administrador. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias, así como el control de riesgos que estén asociados, también es responsabilidad de ellos y cada uno, lógicamente, en la parte que le corresponda”, indica.

También ha matizado que la AESF no realiza intervenciones “postaccidente”, sino que se encarga de “cuestiones previas de seguridad”, y ha admitido que se reunió “algunas veces” con el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en los días posteriores al accidente de Adamuz y previos a sus comparecencias públicas.

Báguena fue cesada el pasado 1 de septiembre de 2026 tras un año y cuatro meses en el cargo sin recibir “ninguna explicación” sobre el motivo del mismo por parte de Puente.

“Yo soy funcionaria de Ingeniería de Caminos desde hace más de 25 años y del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado y he visto ya muchos nombramientos y muchos ceses. Un día confían en ti, otro día deciden, por el motivo que sea, prescindir de tus servicios y ya está, pues no me lo tomo de otra manera”, expone

La número tres del Ministerio de Transportes hasta hace unas semanas ha compartido que Adif ha destinado unos 5.000 millones de euros a mantenimiento entre 2021 y 2026.

Además, ha señalado que los nuevos convenios de Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo 2026-2030, en cuyo “impulso” ha participado y que estima que están “muy cerquita de aprobarse”, aumentan esa cantidad hasta alcanzar en torno a 8.000 millones de euros para conservación.

“Por parte del Ministerio yo creo que no ha habido cortapisas a las necesidades de financiación que estaba solicitando Adif, por lo cual entiendo que Adif considera que esas cantidades a destinar a mantenimiento son suficientes”, afirma

Finalmente, ha sido preguntada por el representante del Grupo Popular si quería “pedir perdón a las víctimas” de Adamuz y Gelida. “Yo lo que quiero decirle a las víctimas es que entiendo profundamente el pesar que tienen y que, por supuesto, tienen todo el derecho a que se haga una investigación profunda sobre las causas del accidente --investigación que servirá para prevenir accidentes en el futuro-- y, por supuesto, tienen todo el derecho a que se depuren todas las responsabilidades que correspondan”, ha respondido.

Vox ha registrado la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras una reciente información de la Guardia Civil que ratificó que la vía tenía una rotura en el tramo de Adamuz donde se produjo un accidente que causó la muerte de 46 personas.

Aunque el ministro dijo que ese supuesto informe que ratificaba la rotura de la vía era tan solo una “inspección ocular”, el partido de Santiago Abascal ha optado por registrar una batería de iniciativas parlamentarias para que el ministro rinda cuentas.

En concreto, ha pedido la solicitud de comparecencia del ministro y ha registrado unas preguntas al Gobierno con respuesta por escrito. Entre otras cuestiones, Vox quiere que el Ejecutivo aclare los motivos por los que las obras de renovación de la infraestructura, con una inversión de 180 millones de euros, no evitaron el accidente.

También pregunta por los datos recogidos en el Informe Técnico de Inspección Ocular de la Guardia Civil que, entre otras cosas, señala la existencia de indicios de una grieta previa por fatiga que habría ido creciendo antes de la fractura definitiva.

Así, la formación pregunta específicamente cómo explica el Gobierno que la grieta previa por fatiga detectada por la Guardia Civil en el carril de Adamuz “pasara inadvertida” pese a las inspecciones y controles realizados en ese tramo antes del accidente.

A su vez, Vox quiere saber si la soldadura situada en el punto kilométrico donde ocurrió el accidente formaba parte de las 114 soldaduras inspeccionadas antes del accidente y, de ser así, qué resultados arrojaron las inspecciones realizadas sobre ella.

La rapera y poeta cordobesa Gata Cattana es la protagonista del primer grafiti del nuevo decorado de La Revuelta, el programa de David Broncano que se graba en el Teatro Albéniz de Madrid, y en el que este miércoles se rindió un homenaje a la artista, fallecida en 2017 con solo 25 años.

Gata Cattana, nombre artístico de Ana Isabel García Llorente (Adamuz, Córdoba, 1991 - Madrid, 2017), fue rapera, poeta y escritora y dejó una huella profunda en toda una generación. Casi una década después de su fallecimiento, su figura sigue un espacio destacado en el mundo de la cultura española y, desde este miércoles, tendrá un espacio fijo en la televisión española, como parte bastante visible del por otra parte caótico decordado de La Revuelta.

De hecho, según explica RTVE, el nuevo decorado del espacio en el Teatro Albéniz de Madrid ha estrenado su primer grafiti y la elegida es precisamente la de Gata Cattana. Un reconocimiento que sitúa a la artista cordobesa en el escenario de uno de los programas de mayor repercusión de la televisión pública.

La presencia de Gata Cattana en La Revuelta surgió además durante la conversación de Broncano con la actriz Candela Peña. La intérprete confesó que no conocía a la artista cordobesa, ante lo que el presentador aprovechó para reivindicar su obra.

“Gata Cattana es una rapera increíble que murió con 25 años”, explicó Broncano, antes de recomendar tanto al público presente como a los espectadores que se acercasen a su producción artística. “Para mí, de las mejores raperas que ha habido en décadas en cualquier sitio”, afirmó el presentador. Peña recogió la recomendación y se comprometió a descubrir su obra. “Me voy a poner todo de ella en cuanto llegue a casa”, aseguró la actriz.

El homenaje adquiere especial significado por la dimensión que ha alcanzado la figura de Gata Cattana desde su muerte en 2017. Nacida en Adamuz y vinculada posteriormente a Córdoba, Ana García Llorente desarrolló una propuesta artística que cruzaba el rap, la poesía, la filosofía y la reivindicación feminista.

Su muerte inesperada, truncó una trayectoria que apenas comenzaba a alcanzar una mayor repercusión. Tenía 25 años y había publicado trabajos como Anclas, Los siete contra Tebas y Banzai, además de desarrollar una obra poética que posteriormente sería recogida en La escala de Mohs. Su influencia, sin embargo, no dejó de crecer tras su fallecimiento. La combinación de referencias clásicas, pensamiento político, literatura y cultura popular convirtió sus canciones y poemas en una obra singular dentro del hip-hop español.

Adif ha asegurado que el bache que se detectó en octubre de 2025 en las vías donde tres meses después ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) no superó en ningún momento los niveles marcados por la normativa europea, por lo que defiende que estuvo siempre dentro de los niveles de tolerancia de seguridad.

Así lo ha trasladado el director general de Operaciones y Explotación de Adif, Ángel García de la Bandera, en declaraciones a los medios, después de trascender una notas remitidas por los peritos judiciales a la investigación en las que se apuntaba a la detección de esta anomalía desde octubre de 2025.

En primer lugar, el directivo de la empresa pública ha aclarado que no se trata de ningún informe judicial, sino de una serie de respuestas que los peritos han contestado ante los requerimientos de la Guardia Civil.

De esta forma, Adif ha confirmado que una auscultación geométrica --que mide los puntos del trazado de la línea y su evolución-- detectó en octubre una anomalía de 6,4 milímetros en el carril, pero dentro de los límites marcados por la normativa.

En concreto, García de la Bandera ha explicado que ese número está “muy lejos” de los 16 milímetros mínimos para que se considere que hay un problema, aunque ni siquiera de seguridad, sino solo de confort. Por eso, la normativa establece que tiene que haber un seguimiento, pero no una actuación.

Posteriormente, en noviembre se llevó a cabo una auscultación dinámica --que comprueba las aceleraciones de trenes-- y los resultados también estaban por debajo de los niveles que hubiesen requerido realizar alguna actuación, concretamente en 40 metros por segundo al cuadrado (m/s2), frente a 70 m/s2.

También hubo un tercer elemento estudiado, que es la diferencia de altura de un carril con otro en un tramo de un metro, y los datos arrojaban una diferencia de 0,14 milímetros, por debajo de los 0,15 milímetros que hubiesen hecho falta para saltar alguna alarma.

“Los umbrales los marcan las directivas europeas, no Adif, y han estado por debajo en todos los seguimientos realizados desde octubre. Adif está totalmente implicada en aclarar las causas del accidente con la máxima colaboración con la Justicia y los investigadores”, ha añadido García de la Bandera.

Teoría de los peritos

Los investigadores han señalado que cuando “una rueda cae en el 'bache' de 6,4 mm del carril derecho de vía 1, punto kilométrico 318+682 --por donde circularía el Iryo--, el eje entero se inclina hacia ese lado” y al “recuperar la posición horizontal, milisegundos después, la rueda derecha golpea en el carril izquierdo (efecto balancín)”.

En este contexto, remarcan que “la interacción entre ambos carriles es constante debido a la rigidez de los ejes de este tipo de trenes y a la transferencia de cargas a través de las traviesas, produciendo amplificación del daño por fatiga” y afectando a la “zona más débil, como puede ser la unión soldada”.

De este modo, los peritos creen que la evolución de este defecto pudo acelerar o provocar la fractura de la soldadura aluminotérmica del raíl, ya que “las soldaduras son la parte más débil de la estructura mixta que forman los carriles y las traviesas”.

A este respecto, explican que “las soldaduras ferroviarias modifican la estructura metalúrgica del acero del carril”, de modo que si “en el carril izquierdo existiera un microdefecto interno invisible (como un poro, una falta de fusión o incluso un descenso de la vía), las cargas dinámicas no previstas y causadas por el descenso del otro carril aceleran la fatiga del material”, lo que “puede provocar que las microgrietas se propaguen mucho más rápido hasta incluso poder fracturar la unión de los carriles”.

Los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, han señalado que un “defecto de nivelación” detectado en “octubre de 2025”, un 'bache' de 6,4 mm en el carril derecho de vía 1, por donde circulaba el Iryo, pudo contribuir a la rotura de la vía.

Según un informe pericial en respuesta a una providencia de la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores han señalado que cuando “una rueda cae en el 'bache' de -6,4 mm del carril derecho de vía 1, punto kilométrico 318+682, el eje entero se inclina hacia ese lado” y al “recuperar la posición horizontal, milisegundos después, la rueda derecha golpea en el carril izquierdo (efecto balancín)”.

En este contexto, remarcan que “la interacción entre ambos carriles es constante debido a la rigidez de los ejes de este tipo de trenes y a la transferencia de cargas, a través de las traviesas, produciendo amplificación del daño por fatiga”, afectando a la “zona más débil, como puede ser la unión soldada”.

Así las cosas, los peritos creen que la evolución de este defecto pudo acelerar o provocar la fractura de la soldadura aluminotérmica del raíl, ya que “las soldaduras son la parte más débil de la estructura mixta que forman los carriles y las traviesas”, explicando que “las soldaduras ferroviarias modifican la estructura metalúrgica del acero del carril”, de modo que si “en el carril izquierdo existiera un microdefecto interno invisible (como un poro, una falta de fusión o incluso un descenso de la vía), las cargas dinámicas no previstas y causadas por el descenso del otro carril aceleran la fatiga del material”, lo que “puede provocar que las microgrietas se propaguen mucho más rápido hasta incluso poder fracturar la unión de los carriles”.

En su escrito, los investigadores también han señalado que es “necesario intentar conseguir el registrador de datos Deuta, y que Renfe confirme cuantos, dónde estaban alojados, y qué tipo de información registraban redundante y no redundante” con los registradores jurídicos JRU Haslerrail.

Igualmente, han advertido de que no pueden dar un diagnóstico al hecho de que se produjera un “fallo castastrófico total” a pesar de que las 114 soldaduras del sector fueran declaradas 'aptas' menos de un año antes del accidente, pues “son varios los factores que han podido influir” en el siniestro, al igual que “a día de hoy no se puede determinar” la posibilidad de que el ensayo de ultrasonidos no detectara un defecto interno.

Al respecto, los peritos han detallado que “la técnica de ultrasonidos tiene una fiabilidad del 95% para una fisura media”, pero “a medida que disminuye el tamaño de ésta, disminuye su fiabilidad”. Además, “existen varios factores que afectan al ensayo, como el modelo de maquinaria usada o la experiencia y capacitación del analista”.

Traslado de los vagones

Por otro lado, en el documento remitido a la jueza, los peritos señalan, con respecto a la petición de Iryo para el desprecinto y revisión previa para el traslado de los coches del 1 al 5 hasta la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo), que “no existe ningún impedimento para las labores de verificación de su estado para el traslado”, aunque creen “importante hacer una inspección visual de los mismos antes de que se realicen esas operaciones”.

Al hilo de ello, han añadido que estando los vagones “en su ubicación actual es probable que la capacidad de ver ejes y ruedas esté muy limitada”, por lo que proponen ser avisados “del día en que se iniciarán esas labores de verificación para que, bien horas o el día antes”, puedan “verlos e incluso puedan ser desplazados para mejorar el acceso a ruedas y ejes”.

En cualquier caso han subrayado la importancia de que “una vez realizadas las verificaciones para el transporte, se deberá presentar el programa de marcha detallado y acreditarse que no se va a alterar ningún dato importante para la investigación”.

La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instancia nº2 de Montoro (Córdoba) un total de ocho archivos de vídeo editados y anonimizados procedentes de las cámaras de seguridad del tren Iryo implicado en el accidente ferroviario con un tren Alvia en Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, en el marco de la investigación judicial abierta por el suceso ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según consta en el oficio remitido a la juez, al que ha tenido acceso Europa Press, dada la “imposibilidad” de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba para dar cumplimiento a la providencia dictada por la autoridad judicial para la anonimización y pixelado de los rostros, se envió copia de las grabaciones al Servicio de Criminalística, “donde sí disponen de los conocimientos técnicos y medios necesarios” para ello.

Así las cosas, los especialistas de Criminalística han sido los encargados de proceder al pixelado de los rostros y de cualquier otro elemento identificativo de las personas que aparecen en las imágenes para preservar su intimidad y cumplir con la legislación de protección de datos.

Las imágenes analizadas corresponden al módulo de registro de imágenes (marca Leonardo) que llevaba instalado el tren Iryo. El requerimiento judicial solicitaba acotar el fragmento correspondiente “al intervalo horario comprendido entre las 19:42 y las 19:44” del pasado 18 de enero, o “hasta el momento en que dejaron de funcionar”.

Tratamiento de imágenes

Así las cosas, los archivos recibidos se encontraban integrados en un “sistema de reproducción específico y únicamente podían ser visualizados mediante un entorno propio, sin que fuera posible acceder directamente a las secuencias mediante programas convencionales de edición audiovisual”, motivo por el que se procedió a “reproducir el contenido mediante la aplicación facilitada y a localizar los intervalos temporales de interés”.

Una vez identificados, “dichos intervalos fueron registrados mediante la función de grabación de pantalla integrada en la herramienta Recortes de Microsoft Windows, obteniéndose de forma local archivos de video independientes correspondientes exclusivamente a los tramos necesarios para la realización del trabajo solicitado”.

Para la realización de los trabajos se utilizó el programa de edición y tratamiento audiovisual Adobe Premiere Pro. “Los archivos de video fueron incorporados al proyecto de edición, procediéndose a la localización de los rostros y demás elementos identificativos presentes en cada una de las secuencias”. Además, “sobre las zonas seleccionadas se aplicaron máscaras de ocultación y efectos de mosaico o pixelado con intensidad suficiente para impedir la apreciación de sus detalles identificativos”.

El documento señala que “el desplazamiento de las máscaras a lo largo de las grabaciones se realizó mediante técnicas de seguimiento de movimiento, complementadas, cuando resultó necesario, con el ajuste manual de su posición, tamaño y forma mediante fotogramas clave”, un procedimiento que permitió “adaptar el área pixelada a los movimientos, variaciones de perspectiva, cambios de tamaño y desplazamientos de los elementos dentro del encuadre”.

Finalizado el tratamiento, se efectuó una revisión visual de las secuencias para comprobar la continuidad del pixelado y corregir posibles pérdidas de seguimiento, apariciones parciales o momentos en los que los elementos identificativos pudieran quedar visibles.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que la investigación independiente del accidente de Adamuz sigue sin avanzar, tras no haberse practicado aún las periciales ni llevado los carriles para su estudio en laboratorio.

Así lo ha manifestado en un mensaje en las redes sociales, en el que alude a informaciones que apuntan a un nuevo informe de la Guardia Civil, pero que el ministro tacha de bulo, al solo tratarse de un acta de inspección ocular que no añade nuevas conclusiones. “Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, nueve meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles, que siguen sin ir al laboratorio”, ha señalado.

El ministro ya ha trasladado en varias ocasiones la importancia de estudiar en laboratorio la rotura del carril, ya que desde que ocurriese el accidente el pasado 18 de enero se han barajado distintas causas, pero todas ellas basadas solo en especulaciones.

Los retrasos judiciales, junto con el hecho de que la autoridad que investiga los accidentes ferroviarios es totalmente independiente, han hecho que los carriles aún no hayan pasado a laboratorio y no se puedan sacar todavía conclusiones definitivas sobre las causas reales del accidente.

No fue hasta el pasado 20 de julio cuando la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario, autorizó el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Por ahora, los informes provisionales de la CIAF y la Guardia Civil apuntan a una rotura previa del carril, cuyo origen físico se investiga como un defecto de fábrica o un fallo en la soldadura.

Acta de inspección técnico ocular

La Guardia Civil ha remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, que documenta de forma pormenorizada una “fractura transversal completa” en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según recoge dicho acta, al que ha tenido acceso Europa Press y adelanta ABC, la fractura se localiza en la zona de unión soldada entre dos cupones de carril, los cuales presentan distintas marcas de fabricación, uno del año 1989 y otro del 2023, y observando los investigadores que el carril que mantiene su posición original en la vía (anterior a la fractura) tiene la inscripción 'Ensidesa 89', y en el otro (posterior a la fractura), coincidente con el fragmento de carril separado del conjunto estructural presenta el sello 'Ensidesa 23 60 E1'.

La mencionada rotura provocó “la pérdida de continuidad estructural del perfil ferroviario, la separación de los extremos fracturados y el desprendimiento de un fragmento” de vía que quedó en el lado derecho sobre el balasto. Además, mientras que la parte del carril anterior a la fractura mantuvo su posición original en la vía, “el posterior se encuentra rotado en su totalidad hacia la derecha, en el sentido de la marcha, al desprenderse de las fijaciones”.

En lo que respecta a las traviesas ubicadas en la zona del accidente, en las situadas en la parte inmediatamente posterior a la fractura del carril “se aprecia pérdida de integridad estructural debido a la rotura y fragmentación del hormigón”, mientras que los elementos de fijación “se encuentran desajustados y desplazados”, a lo que se suma que el cableado no presentaba “una correcta disposición” en la zona.

El documento de los investigadores también señala que el plano de fractura en el carril anterior, con el sello 'Ensidesa 89', es “sensiblemente perpendicular al sentido longitudinal de la pieza”, remarcando que la fractura presenta “dos tonalidades y texturas diferenciadas”. Los inspectores dan cuenta de que “se observa una tonalidad grisácea mate, de aspecto rugoso, tanto en el patín como en la cabeza del perfil, si bien en parte del alma se puede encontrar un fragmento de la misma que presenta una textura brillante y sensiblemente lisa con la anchura total del alma y una longitud de aproximadamente 3,5 cm”.

En esta zona brillante, detallan los expertos, se encuentran “puntos con pequeños irisados del material”, mientras que en la parte en que el patín se encuentra con el alma, hay “una zona con forma de gajo de una tonalidad más oscura que el resto de la sección, cuya textura y color no corresponden con el resto de la sección fracturada”.

El extremo opuesto fracturado que constituye la continuación de la vía 1, con la inscripción 'Ensidesa 23-60 E1' y que se encuentra girado hacia la derecha, muestra una rotura en “una forma aproximada de medio arco, encontrándose la parte alta del arco en la cabeza del perfil, y la parte baja del mismo en el patín”.

La inspección constata importantes desperfectos en el entorno inmediato del punto de fractura. Concretamente, las primeras diez traviesas posteriores al punto de rotura presentaban grietas longitudinales y roturas en el hormigón, extendiéndose los daños de menor consideración hasta la traviesa número 16 (a lo largo de 9,38 metros).

A partir de la traviesa 50, se aprecia “una variación en la configuración, dimensiones y características estructurales del durmiente de hormigón, así como en las suelas aislantes, placas de asiento, tirafondos y fijaciones (clips), cambiando estas últimas en su forma y color”.

Metros más adelante, tras un tramo de carril girado de 29,53 metros, constataron la ausencia de unos seis metros, aproximadamente, del carril derecho. Además, en las traviesas de este tramo en adelante, se observan marcas longitudinales en el sentido de la marcha. En el entorno de la traviesa 100 localizaron un fragmento de cupón de 2,43 metros de longitud, apoyado sobre el muro de contención.

Asociación de víctimas

Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que este nuevo documento es “un acta visual objetivo” por parte de la Guardia Civil, pero que “no aporta nada nuevo a la investigación ni al resultado de lo que ocurrió”.

No obstante, Samper ha puesto el acento en que este mismo mes de septiembre o en octubre se comience a analizar la vía. “Hay un laboratorio de Madrid que está ya designado para hacer esta prueba y parece que va a ser inminente la analítica del carril, y eso sí que va a ser determinante”.

“No sé cuanto tiempo se precisa para este análisis, pero ya está todo dispuesto para que sea ese laboratorio el que lo haga y sea, seguramente, en este mes de septiembre cuando se dé traslado de las piezas a ese laboratorio. Por ello, ya no falta nada, porque los peritos están designados, así como la orden de la jueza, por lo que no falta nada ya para realizar esta analítica”, ha abundado.

Por otra parte, desde el punto de vista de la asociación, Samper ha explicado que el 17 de septiembre se reunirán con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, “la encargada de decirle a las infraestructuras y a los trenes qué tienen que implementar en materia de seguridad”, para conocer “si hay avances, si se ha trabajado y si se ha hecho algo en ese sentido”.

Además, ha avanzado que van a solicitar una nueva reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para “analizar todos los puntos solicitados en la primera reunión a los que se comprometieron”, porque “a día de hoy no se ha cumplido ninguno de ellos”.

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano (PSOE), ha confirmado que, “pese a no compartir la forma” en la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta, participará este miércoles en la misma, pues discrepa “sobre las formas, pero no sobre la necesidad de acompañar a quienes sufren”.

En una publicación en su cuenta de 'X', antes Twitter, consultada por Europa Press, Serrano ha asegurado que “Ceuta está viviendo una situación muy difícil, marcada por la crisis migratoria, y necesita apoyo, serenidad y soluciones”, remarcando que su solidaridad “está con los ceutíes”, pero “también con las personas migrantes que viven situaciones de enorme vulnerabilidad”.

“Hay momentos en los que la política debe estar a la altura de las circunstancias”, ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que no compartir que “la FEMP haya tomado de forma unilateral esta decisión”, pues “una institución que representa a todos los municipios debe buscar el consenso y la concordia, no la confrontación”.

Sin embargo, ha proseguido, desde sus “convicciones” y desde su “fe cristiana”, cree que “ante el sufrimiento debemos poner a las personas por encima de las siglas” políticas, de modo que “pese a no compartir la forma en la que se ha tomado esta decisión”, acudirá el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, a la concentración, y guardará un minuto de silencio por las personas fallecidas. “Desde Baena, Ceuta no está sola”, ha apostillado.

Adamuz y Villafranca de Córdoba

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, también gobernado por el PSOE, ha invitado “a toda la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá lugar con motivo del Día de Ceuta, como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus vecinos”.

En una publicación en su página de Facebook, consultada por Europa Press, se detalla que a las puertas del Ayuntamiento, a las 20,00 horas, tendrá lugar el acto de lectura de un manifiesto. Con esta concentración, el Ayuntamiento quiere expresar “su cercanía y solidaridad con Ceuta y sus vecinos, poniendo en valor la convivencia, la unidad y el apoyo entre todos los territorios de España”.

Entretanto, el Ayuntamiento de Adamuz, igualmente encabezado por el PSOE, ha convocado a sus vecinos, a las 12,00 horas frente al propio Ayuntamiento, a “un acto de apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta y con su ciudadanía ante las difíciles circunstancias que está atravesando”.

En sus redes sociales, el Consistorio ha detallado que durante el acto se guardará “también un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas que han perdido la vida como consecuencia de esta crisis humanitaria”. La solidaridad entre territorios se demuestra “no solo con palabras, sino también con cooperación, corresponsabilidad, respeto a los derechos humanos y compromiso para afrontar juntos los problemas”.

Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.

El Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba desdobló el sábado su calendario con dos pruebas en puntos opuestos de la provincia: la 24ª Carrera Villa de Adamuz, sobre cinco kilómetros, y la 14ª edición de la Nocturna 'Kilómetros de Historia por Monturque', en la Campiña Sur y sobre seis kilómetros. Mientras que el Trotasierra Hornachuelos impuso su ley en lo más alto de Adamuz, las victorias se repartieron en Monturque.

Y es que, en categoría masculina, Jesús Alguacil se quitó en Adamuz la espina de Hinojosa del Duque, donde hace dos semanas se quedó a las puertas. Esta vez ganó en 15:49 tras un pulso sostenido hasta la meta con Andrés Santiago, del Indea, que repitió segundo puesto -ya lo fue en Belalcázar- y se quedó a solo seis segundos, con 15:55. Antonio Javier Fernández, de Los Califas, completó el podio con 16:12.

La carrera femenina tuvo menos discusión. Lisa Esquivel confirmó el gran momento que arrastra desde Belalcázar y venció con 20:15, más de un minuto por delante de la independiente Mercedes Delgado (21:17). Rafi Mengual, compañera de la ganadora en el Trotasierra, cerró los puestos de honor con 21:54.

Samuel Ruiz y Anara Moreno, vencedores en Monturque

La nocturna de Monturque, 'Kilómetros de historia - Memorial Raúl A. Llamas López', esta sobre seis kilómetros, dejó otra victoria de Samuel Ruiz, del Trops-Cueva de Nerja, que ya había ganado también anteriormente en Belalcázar y en Hinojosa. Firmó 21:04 y dejó a más de cuarenta segundos a Raúl Parra, del Club Maratón Lucena (21:47), con Ismael Sánchez, del Córdoba Patrimonio CAC, tercero con 22:03.

Más apretada fue la prueba femenina, el duelo más ajustado de la noche. Anara Moreno, del Indea, se impuso con 26:54 por apenas ocho segundos sobre Sigrid Averland, del Trotasierra, segunda con 27:02. Gloria Montori, con un 29:47, cerró el podio en tercera posición.

El segundo premio de la Lotería Nacional del sorteo de este sábado 15 de agosto ha dejado parte de su suerte en la provincia de Córdoba. Según informa la web de Loterías y Apuestas del Estado, el segundo premio se ha vendido en la administración de loterías Virgen del Sol, ubicada en la plaza de la Constitución de Adamuz.

Es la segunda vez que esta administración da premios de la Lotería Nacional, ya que en abril de 2018 entregó el primero. El de este sábado ha sido el segundo galardón, que ha recaído en el número 45289, agraciado con 12.000 euros al décimo. Además de en Córdoba, también se ha vendido en las provincias de Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, el primer premio ha sido para el número 97617, con 60.000 euros al décimo, que se ha repartido en las provincias de Ávila, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Girona, La Rioja, Las Palmas, Madrid y Murcia.

Los reintegros han sido el 2, 4 y 1.

Diana Navarro, en Adamuz por las víctimas del accidente ferroviario

La cantante Diana Navarro ofrecerá este domingo, a las 22:00, un concierto solidario en la plaza de la Iglesia de San Andrés de Adamuz; una actuación muy especial con la que la artista quiere rendir homenaje al municipio y mostrar su cariño y apoyo las víctimas de la tragedia ferroviaria del pasado mes de enero.

El concierto tendrá un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, contribuyendo así a una causa solidaria de gran significado para la localidad. La artista ha querido participar de manera totalmente desinteresada, poniendo su voz y su talento al servicio de esta iniciativa.

'Marsupilami' en El Coliseo de San Andrés

Y para este finde, el cine de verano de El Coliseo de San Andrés proyectará, a partir de las 22:00, la película Marsupilami, de Philipp Lacheau. Para salvar su trabajo en el zoo, David acepta una arriesgada misión en Sudamérica: recuperar un misterioso paquete. Durante un crucero junto a su ex, su hijo y Stéphane, su compañero torpe, la situación se descontrola cuando este último abre el paquete por accidente y libera a un adorable bebé marsupilami. La criatura convertirá el viaje en un caos absoluto, obligando a David y a su familia a estar más unidos que nunca para poder recuperarlo.

Además, en este enlace puedes consultar la cartelera de los cines de Córdoba.

Flamenco

El ciclo Al calor del flamenco traerá este sábado en concierto, a partir de las 22:00 en la Posada del Potro, a la cantaora Alba Martos, formada en el Conservatorio Superior de Córdoba y la Fundación Cristina Heeren de Sevilla con maestros como José de la Tomasa. Su proyección internacional la ha llevado a festivales y teatros de España, Italia, Bélgica, Francia y Portugal. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Fernando Medina de tarantas, la IX Bienal Flamenca ONCE Andalucía (2024) y su condición de semifinalista en el prestigio Concurso Cante de las Minas.

Fin de la verbena de la Federación de Peñas Cordobesas

La Federación de Peñas Cordobesas despedirá este finde su trigésima séptima verbena con actuaciones en la Plaza del Triunfo tanto el viernes, a las 22:00, como el sábado, a las 22:30.

Sanguijuelas del Guadiana, en la feria de Belalcázar

Sanguijuelas del Guadiana actuarán este sábado en la caseta municipal de Belalcázar, encabezando así la programación de la Feria y Fiestas en honor a San Roque.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a un joven por un delito de lesiones con instrumento peligroso tras agredir a otra persona con un vaso de cristal en el exterior de una discoteca de Adamuz. No obstante, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de tres años, de manera que el condenado evitará ingresar en la cárcel siempre que no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la indemnización fijada a favor de la víctima.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, declara probado que los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 17 de diciembre de 2023 en el exterior de la caseta-discoteca El Tozzo, en la localidad cordobesa de Adamuz. Según recoge la resolución judicial, el acusado, que carecía de antecedentes penales, se abalanzó sobre la víctima sin mediar palabra y sin que ambos se conocieran previamente. Acto seguido, la golpeó de forma repetida con un vaso de cristal en la cara, provocándole múltiples heridas incisas.

Las lesiones afectaron a distintas zonas del rostro, entre ellas la nariz, la frente, el párpado derecho, el mentón y la oreja derecha. La víctima tuvo que ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico, incluyendo la limpieza y sutura de las heridas, valoración por cirugía plástica, seguimiento por el servicio de otorrinolaringología y tratamiento farmacológico con analgésicos, antiinflamatorios, protectores gástricos y antibióticos.

La sentencia señala que las lesiones ocasionaron inicialmente un perjuicio estético medio, valorado en 16 puntos de secuela, además de una pérdida moderada de calidad de vida durante 34 días. No obstante, tras el tratamiento recibido, las secuelas resultan actualmente imperceptibles.

Conformidad antes del juicio

El procedimiento concluyó mediante una sentencia de conformidad. Tras el inicio de la vista oral, el acusado reconoció los hechos y las acusaciones —el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por la víctima— modificaron sus conclusiones, que fueron aceptadas por la defensa. Al no existir controversia sobre los hechos ni sobre la calificación jurídica, no fue necesario practicar más pruebas.

La Audiencia consideró que los hechos constituían un delito de lesiones, al haberse utilizado un instrumento peligroso como fue el vaso de cristal con el que se produjo la agresión. El tribunal condenó al acusado a dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización de 20.000 euros por las lesiones y las secuelas sufridas por la víctima, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales, además de imponer al condenado el pago de las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Aunque la pena de prisión quedó fijada en dos años, la Audiencia acordó suspender su ejecución durante tres años. Para mantener ese beneficio, el condenado deberá abstenerse de cometer cualquier nuevo delito durante ese periodo y cumplir con el pago de la responsabilidad civil.

La resolución establece expresamente que la indemnización deberá abonarse a razón de 400 euros mensuales. Asimismo, advierte de que el impago de dos mensualidades consecutivas o de tres no consecutivas supondrá la revocación de la suspensión de la pena, lo que conllevaría su ingreso en prisión.

Con una indemnización principal de 20.000 euros y una cuota de 400 euros al mes, el calendario de pagos se prolongaría aproximadamente durante cincuenta meses —algo más de cuatro años— si no se realizan abonos extraordinarios y sin perjuicio de los intereses legales fijados en la sentencia.