Adif ha asegurado que el bache que se detectó en octubre de 2025 en las vías donde tres meses después ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) no superó en ningún momento los niveles marcados por la normativa europea, por lo que defiende que estuvo siempre dentro de los niveles de tolerancia de seguridad.

Así lo ha trasladado el director general de Operaciones y Explotación de Adif, Ángel García de la Bandera, en declaraciones a los medios, después de trascender una notas remitidas por los peritos judiciales a la investigación en las que se apuntaba a la detección de esta anomalía desde octubre de 2025.

En primer lugar, el directivo de la empresa pública ha aclarado que no se trata de ningún informe judicial, sino de una serie de respuestas que los peritos han contestado ante los requerimientos de la Guardia Civil.

De esta forma, Adif ha confirmado que una auscultación geométrica --que mide los puntos del trazado de la línea y su evolución-- detectó en octubre una anomalía de 6,4 milímetros en el carril, pero dentro de los límites marcados por la normativa.

En concreto, García de la Bandera ha explicado que ese número está “muy lejos” de los 16 milímetros mínimos para que se considere que hay un problema, aunque ni siquiera de seguridad, sino solo de confort. Por eso, la normativa establece que tiene que haber un seguimiento, pero no una actuación.

Posteriormente, en noviembre se llevó a cabo una auscultación dinámica --que comprueba las aceleraciones de trenes-- y los resultados también estaban por debajo de los niveles que hubiesen requerido realizar alguna actuación, concretamente en 40 metros por segundo al cuadrado (m/s2), frente a 70 m/s2.

También hubo un tercer elemento estudiado, que es la diferencia de altura de un carril con otro en un tramo de un metro, y los datos arrojaban una diferencia de 0,14 milímetros, por debajo de los 0,15 milímetros que hubiesen hecho falta para saltar alguna alarma.

“Los umbrales los marcan las directivas europeas, no Adif, y han estado por debajo en todos los seguimientos realizados desde octubre. Adif está totalmente implicada en aclarar las causas del accidente con la máxima colaboración con la Justicia y los investigadores”, ha añadido García de la Bandera.

Teoría de los peritos

Los investigadores han señalado que cuando “una rueda cae en el 'bache' de 6,4 mm del carril derecho de vía 1, punto kilométrico 318+682 --por donde circularía el Iryo--, el eje entero se inclina hacia ese lado” y al “recuperar la posición horizontal, milisegundos después, la rueda derecha golpea en el carril izquierdo (efecto balancín)”.

En este contexto, remarcan que “la interacción entre ambos carriles es constante debido a la rigidez de los ejes de este tipo de trenes y a la transferencia de cargas a través de las traviesas, produciendo amplificación del daño por fatiga” y afectando a la “zona más débil, como puede ser la unión soldada”.

De este modo, los peritos creen que la evolución de este defecto pudo acelerar o provocar la fractura de la soldadura aluminotérmica del raíl, ya que “las soldaduras son la parte más débil de la estructura mixta que forman los carriles y las traviesas”.

A este respecto, explican que “las soldaduras ferroviarias modifican la estructura metalúrgica del acero del carril”, de modo que si “en el carril izquierdo existiera un microdefecto interno invisible (como un poro, una falta de fusión o incluso un descenso de la vía), las cargas dinámicas no previstas y causadas por el descenso del otro carril aceleran la fatiga del material”, lo que “puede provocar que las microgrietas se propaguen mucho más rápido hasta incluso poder fracturar la unión de los carriles”.

Los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, han señalado que un “defecto de nivelación” detectado en “octubre de 2025”, un 'bache' de 6,4 mm en el carril derecho de vía 1, por donde circulaba el Iryo, pudo contribuir a la rotura de la vía.

Según un informe pericial en respuesta a una providencia de la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores han señalado que cuando “una rueda cae en el 'bache' de -6,4 mm del carril derecho de vía 1, punto kilométrico 318+682, el eje entero se inclina hacia ese lado” y al “recuperar la posición horizontal, milisegundos después, la rueda derecha golpea en el carril izquierdo (efecto balancín)”.

En este contexto, remarcan que “la interacción entre ambos carriles es constante debido a la rigidez de los ejes de este tipo de trenes y a la transferencia de cargas, a través de las traviesas, produciendo amplificación del daño por fatiga”, afectando a la “zona más débil, como puede ser la unión soldada”.

Así las cosas, los peritos creen que la evolución de este defecto pudo acelerar o provocar la fractura de la soldadura aluminotérmica del raíl, ya que “las soldaduras son la parte más débil de la estructura mixta que forman los carriles y las traviesas”, explicando que “las soldaduras ferroviarias modifican la estructura metalúrgica del acero del carril”, de modo que si “en el carril izquierdo existiera un microdefecto interno invisible (como un poro, una falta de fusión o incluso un descenso de la vía), las cargas dinámicas no previstas y causadas por el descenso del otro carril aceleran la fatiga del material”, lo que “puede provocar que las microgrietas se propaguen mucho más rápido hasta incluso poder fracturar la unión de los carriles”.

En su escrito, los investigadores también han señalado que es “necesario intentar conseguir el registrador de datos Deuta, y que Renfe confirme cuantos, dónde estaban alojados, y qué tipo de información registraban redundante y no redundante” con los registradores jurídicos JRU Haslerrail.

Igualmente, han advertido de que no pueden dar un diagnóstico al hecho de que se produjera un “fallo castastrófico total” a pesar de que las 114 soldaduras del sector fueran declaradas 'aptas' menos de un año antes del accidente, pues “son varios los factores que han podido influir” en el siniestro, al igual que “a día de hoy no se puede determinar” la posibilidad de que el ensayo de ultrasonidos no detectara un defecto interno.

Al respecto, los peritos han detallado que “la técnica de ultrasonidos tiene una fiabilidad del 95% para una fisura media”, pero “a medida que disminuye el tamaño de ésta, disminuye su fiabilidad”. Además, “existen varios factores que afectan al ensayo, como el modelo de maquinaria usada o la experiencia y capacitación del analista”.

Traslado de los vagones

Por otro lado, en el documento remitido a la jueza, los peritos señalan, con respecto a la petición de Iryo para el desprecinto y revisión previa para el traslado de los coches del 1 al 5 hasta la base de mantenimiento de La Sagra (Toledo), que “no existe ningún impedimento para las labores de verificación de su estado para el traslado”, aunque creen “importante hacer una inspección visual de los mismos antes de que se realicen esas operaciones”.

Al hilo de ello, han añadido que estando los vagones “en su ubicación actual es probable que la capacidad de ver ejes y ruedas esté muy limitada”, por lo que proponen ser avisados “del día en que se iniciarán esas labores de verificación para que, bien horas o el día antes”, puedan “verlos e incluso puedan ser desplazados para mejorar el acceso a ruedas y ejes”.

En cualquier caso han subrayado la importancia de que “una vez realizadas las verificaciones para el transporte, se deberá presentar el programa de marcha detallado y acreditarse que no se va a alterar ningún dato importante para la investigación”.

La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instancia nº2 de Montoro (Córdoba) un total de ocho archivos de vídeo editados y anonimizados procedentes de las cámaras de seguridad del tren Iryo implicado en el accidente ferroviario con un tren Alvia en Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, en el marco de la investigación judicial abierta por el suceso ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según consta en el oficio remitido a la juez, al que ha tenido acceso Europa Press, dada la “imposibilidad” de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba para dar cumplimiento a la providencia dictada por la autoridad judicial para la anonimización y pixelado de los rostros, se envió copia de las grabaciones al Servicio de Criminalística, “donde sí disponen de los conocimientos técnicos y medios necesarios” para ello.

Así las cosas, los especialistas de Criminalística han sido los encargados de proceder al pixelado de los rostros y de cualquier otro elemento identificativo de las personas que aparecen en las imágenes para preservar su intimidad y cumplir con la legislación de protección de datos.

Las imágenes analizadas corresponden al módulo de registro de imágenes (marca Leonardo) que llevaba instalado el tren Iryo. El requerimiento judicial solicitaba acotar el fragmento correspondiente “al intervalo horario comprendido entre las 19:42 y las 19:44” del pasado 18 de enero, o “hasta el momento en que dejaron de funcionar”.

Tratamiento de imágenes

Así las cosas, los archivos recibidos se encontraban integrados en un “sistema de reproducción específico y únicamente podían ser visualizados mediante un entorno propio, sin que fuera posible acceder directamente a las secuencias mediante programas convencionales de edición audiovisual”, motivo por el que se procedió a “reproducir el contenido mediante la aplicación facilitada y a localizar los intervalos temporales de interés”.

Una vez identificados, “dichos intervalos fueron registrados mediante la función de grabación de pantalla integrada en la herramienta Recortes de Microsoft Windows, obteniéndose de forma local archivos de video independientes correspondientes exclusivamente a los tramos necesarios para la realización del trabajo solicitado”.

Para la realización de los trabajos se utilizó el programa de edición y tratamiento audiovisual Adobe Premiere Pro. “Los archivos de video fueron incorporados al proyecto de edición, procediéndose a la localización de los rostros y demás elementos identificativos presentes en cada una de las secuencias”. Además, “sobre las zonas seleccionadas se aplicaron máscaras de ocultación y efectos de mosaico o pixelado con intensidad suficiente para impedir la apreciación de sus detalles identificativos”.

El documento señala que “el desplazamiento de las máscaras a lo largo de las grabaciones se realizó mediante técnicas de seguimiento de movimiento, complementadas, cuando resultó necesario, con el ajuste manual de su posición, tamaño y forma mediante fotogramas clave”, un procedimiento que permitió “adaptar el área pixelada a los movimientos, variaciones de perspectiva, cambios de tamaño y desplazamientos de los elementos dentro del encuadre”.

Finalizado el tratamiento, se efectuó una revisión visual de las secuencias para comprobar la continuidad del pixelado y corregir posibles pérdidas de seguimiento, apariciones parciales o momentos en los que los elementos identificativos pudieran quedar visibles.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado que la investigación independiente del accidente de Adamuz sigue sin avanzar, tras no haberse practicado aún las periciales ni llevado los carriles para su estudio en laboratorio.

Así lo ha manifestado en un mensaje en las redes sociales, en el que alude a informaciones que apuntan a un nuevo informe de la Guardia Civil, pero que el ministro tacha de bulo, al solo tratarse de un acta de inspección ocular que no añade nuevas conclusiones. “Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, nueve meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles, que siguen sin ir al laboratorio”, ha señalado.

El ministro ya ha trasladado en varias ocasiones la importancia de estudiar en laboratorio la rotura del carril, ya que desde que ocurriese el accidente el pasado 18 de enero se han barajado distintas causas, pero todas ellas basadas solo en especulaciones.

Los retrasos judiciales, junto con el hecho de que la autoridad que investiga los accidentes ferroviarios es totalmente independiente, han hecho que los carriles aún no hayan pasado a laboratorio y no se puedan sacar todavía conclusiones definitivas sobre las causas reales del accidente.

No fue hasta el pasado 20 de julio cuando la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario, autorizó el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Por ahora, los informes provisionales de la CIAF y la Guardia Civil apuntan a una rotura previa del carril, cuyo origen físico se investiga como un defecto de fábrica o un fallo en la soldadura.

Acta de inspección técnico ocular

La Guardia Civil ha remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, que documenta de forma pormenorizada una “fractura transversal completa” en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según recoge dicho acta, al que ha tenido acceso Europa Press y adelanta ABC, la fractura se localiza en la zona de unión soldada entre dos cupones de carril, los cuales presentan distintas marcas de fabricación, uno del año 1989 y otro del 2023, y observando los investigadores que el carril que mantiene su posición original en la vía (anterior a la fractura) tiene la inscripción 'Ensidesa 89', y en el otro (posterior a la fractura), coincidente con el fragmento de carril separado del conjunto estructural presenta el sello 'Ensidesa 23 60 E1'.

La mencionada rotura provocó “la pérdida de continuidad estructural del perfil ferroviario, la separación de los extremos fracturados y el desprendimiento de un fragmento” de vía que quedó en el lado derecho sobre el balasto. Además, mientras que la parte del carril anterior a la fractura mantuvo su posición original en la vía, “el posterior se encuentra rotado en su totalidad hacia la derecha, en el sentido de la marcha, al desprenderse de las fijaciones”.

En lo que respecta a las traviesas ubicadas en la zona del accidente, en las situadas en la parte inmediatamente posterior a la fractura del carril “se aprecia pérdida de integridad estructural debido a la rotura y fragmentación del hormigón”, mientras que los elementos de fijación “se encuentran desajustados y desplazados”, a lo que se suma que el cableado no presentaba “una correcta disposición” en la zona.

El documento de los investigadores también señala que el plano de fractura en el carril anterior, con el sello 'Ensidesa 89', es “sensiblemente perpendicular al sentido longitudinal de la pieza”, remarcando que la fractura presenta “dos tonalidades y texturas diferenciadas”. Los inspectores dan cuenta de que “se observa una tonalidad grisácea mate, de aspecto rugoso, tanto en el patín como en la cabeza del perfil, si bien en parte del alma se puede encontrar un fragmento de la misma que presenta una textura brillante y sensiblemente lisa con la anchura total del alma y una longitud de aproximadamente 3,5 cm”.

En esta zona brillante, detallan los expertos, se encuentran “puntos con pequeños irisados del material”, mientras que en la parte en que el patín se encuentra con el alma, hay “una zona con forma de gajo de una tonalidad más oscura que el resto de la sección, cuya textura y color no corresponden con el resto de la sección fracturada”.

El extremo opuesto fracturado que constituye la continuación de la vía 1, con la inscripción 'Ensidesa 23-60 E1' y que se encuentra girado hacia la derecha, muestra una rotura en “una forma aproximada de medio arco, encontrándose la parte alta del arco en la cabeza del perfil, y la parte baja del mismo en el patín”.

La inspección constata importantes desperfectos en el entorno inmediato del punto de fractura. Concretamente, las primeras diez traviesas posteriores al punto de rotura presentaban grietas longitudinales y roturas en el hormigón, extendiéndose los daños de menor consideración hasta la traviesa número 16 (a lo largo de 9,38 metros).

A partir de la traviesa 50, se aprecia “una variación en la configuración, dimensiones y características estructurales del durmiente de hormigón, así como en las suelas aislantes, placas de asiento, tirafondos y fijaciones (clips), cambiando estas últimas en su forma y color”.

Metros más adelante, tras un tramo de carril girado de 29,53 metros, constataron la ausencia de unos seis metros, aproximadamente, del carril derecho. Además, en las traviesas de este tramo en adelante, se observan marcas longitudinales en el sentido de la marcha. En el entorno de la traviesa 100 localizaron un fragmento de cupón de 2,43 metros de longitud, apoyado sobre el muro de contención.

Asociación de víctimas

Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que este nuevo documento es “un acta visual objetivo” por parte de la Guardia Civil, pero que “no aporta nada nuevo a la investigación ni al resultado de lo que ocurrió”.

No obstante, Samper ha puesto el acento en que este mismo mes de septiembre o en octubre se comience a analizar la vía. “Hay un laboratorio de Madrid que está ya designado para hacer esta prueba y parece que va a ser inminente la analítica del carril, y eso sí que va a ser determinante”.

“No sé cuanto tiempo se precisa para este análisis, pero ya está todo dispuesto para que sea ese laboratorio el que lo haga y sea, seguramente, en este mes de septiembre cuando se dé traslado de las piezas a ese laboratorio. Por ello, ya no falta nada, porque los peritos están designados, así como la orden de la jueza, por lo que no falta nada ya para realizar esta analítica”, ha abundado.

Por otra parte, desde el punto de vista de la asociación, Samper ha explicado que el 17 de septiembre se reunirán con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, “la encargada de decirle a las infraestructuras y a los trenes qué tienen que implementar en materia de seguridad”, para conocer “si hay avances, si se ha trabajado y si se ha hecho algo en ese sentido”.

Además, ha avanzado que van a solicitar una nueva reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para “analizar todos los puntos solicitados en la primera reunión a los que se comprometieron”, porque “a día de hoy no se ha cumplido ninguno de ellos”.

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano (PSOE), ha confirmado que, “pese a no compartir la forma” en la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta, participará este miércoles en la misma, pues discrepa “sobre las formas, pero no sobre la necesidad de acompañar a quienes sufren”.

En una publicación en su cuenta de 'X', antes Twitter, consultada por Europa Press, Serrano ha asegurado que “Ceuta está viviendo una situación muy difícil, marcada por la crisis migratoria, y necesita apoyo, serenidad y soluciones”, remarcando que su solidaridad “está con los ceutíes”, pero “también con las personas migrantes que viven situaciones de enorme vulnerabilidad”.

“Hay momentos en los que la política debe estar a la altura de las circunstancias”, ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que no compartir que “la FEMP haya tomado de forma unilateral esta decisión”, pues “una institución que representa a todos los municipios debe buscar el consenso y la concordia, no la confrontación”.

Sin embargo, ha proseguido, desde sus “convicciones” y desde su “fe cristiana”, cree que “ante el sufrimiento debemos poner a las personas por encima de las siglas” políticas, de modo que “pese a no compartir la forma en la que se ha tomado esta decisión”, acudirá el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, a la concentración, y guardará un minuto de silencio por las personas fallecidas. “Desde Baena, Ceuta no está sola”, ha apostillado.

Adamuz y Villafranca de Córdoba

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, también gobernado por el PSOE, ha invitado “a toda la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá lugar con motivo del Día de Ceuta, como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus vecinos”.

En una publicación en su página de Facebook, consultada por Europa Press, se detalla que a las puertas del Ayuntamiento, a las 20,00 horas, tendrá lugar el acto de lectura de un manifiesto. Con esta concentración, el Ayuntamiento quiere expresar “su cercanía y solidaridad con Ceuta y sus vecinos, poniendo en valor la convivencia, la unidad y el apoyo entre todos los territorios de España”.

Entretanto, el Ayuntamiento de Adamuz, igualmente encabezado por el PSOE, ha convocado a sus vecinos, a las 12,00 horas frente al propio Ayuntamiento, a “un acto de apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta y con su ciudadanía ante las difíciles circunstancias que está atravesando”.

En sus redes sociales, el Consistorio ha detallado que durante el acto se guardará “también un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas que han perdido la vida como consecuencia de esta crisis humanitaria”. La solidaridad entre territorios se demuestra “no solo con palabras, sino también con cooperación, corresponsabilidad, respeto a los derechos humanos y compromiso para afrontar juntos los problemas”.

Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.

El Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba desdobló el sábado su calendario con dos pruebas en puntos opuestos de la provincia: la 24ª Carrera Villa de Adamuz, sobre cinco kilómetros, y la 14ª edición de la Nocturna 'Kilómetros de Historia por Monturque', en la Campiña Sur y sobre seis kilómetros. Mientras que el Trotasierra Hornachuelos impuso su ley en lo más alto de Adamuz, las victorias se repartieron en Monturque.

Y es que, en categoría masculina, Jesús Alguacil se quitó en Adamuz la espina de Hinojosa del Duque, donde hace dos semanas se quedó a las puertas. Esta vez ganó en 15:49 tras un pulso sostenido hasta la meta con Andrés Santiago, del Indea, que repitió segundo puesto -ya lo fue en Belalcázar- y se quedó a solo seis segundos, con 15:55. Antonio Javier Fernández, de Los Califas, completó el podio con 16:12.

La carrera femenina tuvo menos discusión. Lisa Esquivel confirmó el gran momento que arrastra desde Belalcázar y venció con 20:15, más de un minuto por delante de la independiente Mercedes Delgado (21:17). Rafi Mengual, compañera de la ganadora en el Trotasierra, cerró los puestos de honor con 21:54.

Samuel Ruiz y Anara Moreno, vencedores en Monturque

La nocturna de Monturque, 'Kilómetros de historia - Memorial Raúl A. Llamas López', esta sobre seis kilómetros, dejó otra victoria de Samuel Ruiz, del Trops-Cueva de Nerja, que ya había ganado también anteriormente en Belalcázar y en Hinojosa. Firmó 21:04 y dejó a más de cuarenta segundos a Raúl Parra, del Club Maratón Lucena (21:47), con Ismael Sánchez, del Córdoba Patrimonio CAC, tercero con 22:03.

Más apretada fue la prueba femenina, el duelo más ajustado de la noche. Anara Moreno, del Indea, se impuso con 26:54 por apenas ocho segundos sobre Sigrid Averland, del Trotasierra, segunda con 27:02. Gloria Montori, con un 29:47, cerró el podio en tercera posición.

El segundo premio de la Lotería Nacional del sorteo de este sábado 15 de agosto ha dejado parte de su suerte en la provincia de Córdoba. Según informa la web de Loterías y Apuestas del Estado, el segundo premio se ha vendido en la administración de loterías Virgen del Sol, ubicada en la plaza de la Constitución de Adamuz.

Es la segunda vez que esta administración da premios de la Lotería Nacional, ya que en abril de 2018 entregó el primero. El de este sábado ha sido el segundo galardón, que ha recaído en el número 45289, agraciado con 12.000 euros al décimo. Además de en Córdoba, también se ha vendido en las provincias de Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, el primer premio ha sido para el número 97617, con 60.000 euros al décimo, que se ha repartido en las provincias de Ávila, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Girona, La Rioja, Las Palmas, Madrid y Murcia.

Los reintegros han sido el 2, 4 y 1.

Diana Navarro, en Adamuz por las víctimas del accidente ferroviario

La cantante Diana Navarro ofrecerá este domingo, a las 22:00, un concierto solidario en la plaza de la Iglesia de San Andrés de Adamuz; una actuación muy especial con la que la artista quiere rendir homenaje al municipio y mostrar su cariño y apoyo las víctimas de la tragedia ferroviaria del pasado mes de enero.

El concierto tendrá un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, contribuyendo así a una causa solidaria de gran significado para la localidad. La artista ha querido participar de manera totalmente desinteresada, poniendo su voz y su talento al servicio de esta iniciativa.

'Marsupilami' en El Coliseo de San Andrés

Y para este finde, el cine de verano de El Coliseo de San Andrés proyectará, a partir de las 22:00, la película Marsupilami, de Philipp Lacheau. Para salvar su trabajo en el zoo, David acepta una arriesgada misión en Sudamérica: recuperar un misterioso paquete. Durante un crucero junto a su ex, su hijo y Stéphane, su compañero torpe, la situación se descontrola cuando este último abre el paquete por accidente y libera a un adorable bebé marsupilami. La criatura convertirá el viaje en un caos absoluto, obligando a David y a su familia a estar más unidos que nunca para poder recuperarlo.

Además, en este enlace puedes consultar la cartelera de los cines de Córdoba.

Flamenco

El ciclo Al calor del flamenco traerá este sábado en concierto, a partir de las 22:00 en la Posada del Potro, a la cantaora Alba Martos, formada en el Conservatorio Superior de Córdoba y la Fundación Cristina Heeren de Sevilla con maestros como José de la Tomasa. Su proyección internacional la ha llevado a festivales y teatros de España, Italia, Bélgica, Francia y Portugal. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Fernando Medina de tarantas, la IX Bienal Flamenca ONCE Andalucía (2024) y su condición de semifinalista en el prestigio Concurso Cante de las Minas.

Fin de la verbena de la Federación de Peñas Cordobesas

La Federación de Peñas Cordobesas despedirá este finde su trigésima séptima verbena con actuaciones en la Plaza del Triunfo tanto el viernes, a las 22:00, como el sábado, a las 22:30.

Sanguijuelas del Guadiana, en la feria de Belalcázar

Sanguijuelas del Guadiana actuarán este sábado en la caseta municipal de Belalcázar, encabezando así la programación de la Feria y Fiestas en honor a San Roque.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a un joven por un delito de lesiones con instrumento peligroso tras agredir a otra persona con un vaso de cristal en el exterior de una discoteca de Adamuz. No obstante, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de tres años, de manera que el condenado evitará ingresar en la cárcel siempre que no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la indemnización fijada a favor de la víctima.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, declara probado que los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 17 de diciembre de 2023 en el exterior de la caseta-discoteca El Tozzo, en la localidad cordobesa de Adamuz. Según recoge la resolución judicial, el acusado, que carecía de antecedentes penales, se abalanzó sobre la víctima sin mediar palabra y sin que ambos se conocieran previamente. Acto seguido, la golpeó de forma repetida con un vaso de cristal en la cara, provocándole múltiples heridas incisas.

Las lesiones afectaron a distintas zonas del rostro, entre ellas la nariz, la frente, el párpado derecho, el mentón y la oreja derecha. La víctima tuvo que ser sometida a tratamiento médico y quirúrgico, incluyendo la limpieza y sutura de las heridas, valoración por cirugía plástica, seguimiento por el servicio de otorrinolaringología y tratamiento farmacológico con analgésicos, antiinflamatorios, protectores gástricos y antibióticos.

La sentencia señala que las lesiones ocasionaron inicialmente un perjuicio estético medio, valorado en 16 puntos de secuela, además de una pérdida moderada de calidad de vida durante 34 días. No obstante, tras el tratamiento recibido, las secuelas resultan actualmente imperceptibles.

Conformidad antes del juicio

El procedimiento concluyó mediante una sentencia de conformidad. Tras el inicio de la vista oral, el acusado reconoció los hechos y las acusaciones —el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por la víctima— modificaron sus conclusiones, que fueron aceptadas por la defensa. Al no existir controversia sobre los hechos ni sobre la calificación jurídica, no fue necesario practicar más pruebas.

La Audiencia consideró que los hechos constituían un delito de lesiones, al haberse utilizado un instrumento peligroso como fue el vaso de cristal con el que se produjo la agresión. El tribunal condenó al acusado a dos años de prisión.

En materia de responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización de 20.000 euros por las lesiones y las secuelas sufridas por la víctima, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales, además de imponer al condenado el pago de las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Aunque la pena de prisión quedó fijada en dos años, la Audiencia acordó suspender su ejecución durante tres años. Para mantener ese beneficio, el condenado deberá abstenerse de cometer cualquier nuevo delito durante ese periodo y cumplir con el pago de la responsabilidad civil.

La resolución establece expresamente que la indemnización deberá abonarse a razón de 400 euros mensuales. Asimismo, advierte de que el impago de dos mensualidades consecutivas o de tres no consecutivas supondrá la revocación de la suspensión de la pena, lo que conllevaría su ingreso en prisión.

Con una indemnización principal de 20.000 euros y una cuota de 400 euros al mes, el calendario de pagos se prolongaría aproximadamente durante cincuenta meses —algo más de cuatro años— si no se realizan abonos extraordinarios y sin perjuicio de los intereses legales fijados en la sentencia.

El Plan Infoca se encuentra trabajando en el término municipal de Adamuz, dentro de la provincia de Córdoba, para extinguir un incendio forestal tras considerarlo controlado en los últimos minutos.

El aviso ha sido recibido por el servicio de Emergencias 112 alrededor de las 13:30.

Actualmente, un medio aéreo, cuatro grupos especialistas, un vehículo y tres técnicos trabajan para terminar de extinguir las llamas.

Todo ello surge en un contexto donde los incendios están siendo la tónica predominante, incluso con efectivos de bomberos cordobeses que han acudido a Madrid y a Ávila para ayudar en las labores de extinción del que es considerado como el fuego más grande de la historia de España.

Además, Córdoba ha sufrido un episodio complicado con el incendio de Cerro Muriano, que ha calcinado cerca de 200 hectáreas.

El cantaor adamuceño Paco Ocón se ha alzado con el Melón de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, uno de los concursos más prestigiosos del panorama flamenco nacional. El artista cordobés conquistó al jurado con una actuación en la que interpretó una soleá, unas alegrías de Córdoba y una petenera, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión.

Con este triunfo, Francisco Ocón Cuadrado, conocido artísticamente como Paco Ocón, recibe un premio de 17.000 euros, considerado el de mayor dotación económica del circuito de festivales flamencos, además de la placa 'Sebastián Escudero', que distingue al ganador del certamen.

Por su parte, el premio 'Fosforito' a la mejor ferreña, dotado con 6.000 euros, fue para la cantaora jienense Julia Moreno Herrador, acompañada por el guitarrista Paco González. Además, Emilio Chaparro Serrano obtuvo el galardón al 'Cante Aflamencado', María González García fue reconocida en la categoría de 'Cantes Básicos' y Susana Romero Alonso recibió el premio de 'Cantes de Ritmo'.

Paco Ocón nació en Adamuz el 29 de marzo de 1972 y comenzó su trayectoria profesional en solitario en el año 2000, tras formar parte de distintos grupos flamencos con los que recorrió festivales, recitales y concursos por toda España.

A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos la prestigiosa Silla de Oro de Leganés. En 2010 publicó su primer trabajo discográfico, El tiempo viene y se va, un álbum compuesto por diez cantes que recorren distintos palos del flamenco, desde colombianas y fandangos hasta malagueñas y guajiras, con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Patrocinio 'Patrocinio Hijo'.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se autoriza la práctica de las diligencias periciales e investigaciones técnicas propuestas consistentes en los ensayos metalúrgicos sobre los vestigios y muestras obrantes en las presentes actuaciones.

Atendiendo a “la especial complejidad técnica y trascendencia de las actuaciones” comprendidas en el lote I, se encomienda la ejecución de dicho lote al laboratorio propuesto de naturaleza pública Cenim, “por apreciarse, 'prima facie', una mayor solvencia técnica y capacidad operativa, haber ofrecido una propuesta de trabajo más clara y estructurada, y al resultar un laboratorio de naturaleza pública encontrándose adscrito al CSIC, ello para realizar los análisis, ensayos, actuaciones y/o pruebas previstos, sin perjuicio de las restantes actuaciones que corresponden al otro laboratorio interviniente, Aimen, al que le corresponderán los trabajos incluidos en el lote II conforme a su propuesta”.

De este modo, la jueza acuerda que el traslado de las muestras, piezas y/o probetas entre el lugar de depósito y los distintos laboratorios se efectuará bajo el control y supervisión de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, levantándose la correspondiente diligencia en la que se hará constar la identificación completa de las personas que entregan y reciben las muestras, piezas y/o probetas, fecha, hora y lugar de cada entrega y recepción, identificación individualizada de cada muestra, pieza y/o probeta, finalidad concreta del traslado, así como cualquier otro dato que resulte de relevancia y necesidad para garantizar la cadena de custodia, las actas que se extiendan deberán de ser remitidas al juzgado.

Peritos y Guardia Civil

Tanto la UOPJ como los peritos designados judicialmente deberán de estar presentes en todas las operaciones de apertura de embalajes, toma de muestras, extracción/identificación de probetas, corte de piezas o cualquier otra actuación que implique alteración, división o destrucción parcial o total de las muestras originales, levantándose acta por la Policía Judicial que deberá ser remitida al órgano judicial.

Con ocasión de dichas actuaciones, se procederá a la apertura de nuevas hojas o registros individualizados de cadena de custodia para cada uno de los fragmentos, porciones o probetas obtenidos, manteniendo en cada momento la plena trazabilidad respecto de la muestra de origen.

Las reuniones de seguimiento técnico que se celebren por los laboratorios designados, así como cualquier actuación de especial relevancia pericial, incluyendo, entre otras, la apertura de embalajes, selección/toma de muestras, extracción/identificación de probetas, trabajos de corte, realización de ensayos destructivos, transferencia entre laboratorios, interpretación conjunta de resultados o decisiones metodológicas relevantes, deberán ser comunicadas al juzgado con una antelación mínima de 15 días a ser practicada/s.

A dichas actuaciones serán convocados los peritos judiciales designados en la causa, al objeto de posibilitar su asistencia y garantizar los principios de contradicción, inmediación técnica y plena transparencia en la práctica de las diligencias periciales.

Cualquier desplazamiento de muestras o probetas entre los laboratorios deberá ser ejecutado bajo control de la Policía Judicial, dejándose constancia documental de la continuidad de la cadena de custodia, extendiéndose acta que deberá de ser remitida al juzgado.

Los laboratorios intervinientes adquieren la condición de depositarios judiciales de las muestras, probetas, efectos y/o vestigios que les sean entregados, quedando sujetos a las responsabilidades legales inherentes a dicha condición y debiendo de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar su estado de conservación e integridad, su protección frente a pérdidas, alteraciones, contaminaciones o accesos no autorizados, así como la custodia en instalaciones seguras de todas aquellas muestras o probetas que no se encuentren en uso.

Sistema de control

Además, la jueza subraya que “los laboratorios deberán implantar sistemas de control de acceso que permita identificar de forma precisa: la persona que accede a la muestra o probeta, la fecha y hora de acceso, la actuación realizada, la finalidad o propósito del acceso”. El registro quedará a disposición del juzgado cuando fuere requerido.

Toda la información relativa al traslado, manipulación, análisis y custodia de las muestras tendrá carácter reservado y confidencial, debiendo de adoptarse por los laboratorios las medidas necesarias para impedir la divulgación de datos o resultados fuera del ámbito de la presente instrucción.

Los informes, dictámenes, resultados analíticos, cuadernos de laboratorio, registros instrumentales y demás documentación técnica que se genere deberá remitirse por los laboratorios al juzgado a través de la UOPJ, sin perjuicio de la remisión de los mismos informes a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Debiéndose de hacerse la remisión de manera simultánea.

Igualmente, deberán de preservarse a disposición del órgano judicial, en la medida en el que la técnica y materialmente resulte posible, cantidades suficientes de muestra original y de las probetas obtenidas, a fin de permitir la práctica de análisis complementarios o de contradicción pericial que pudieran interesarse en el curso de la instrucción.

PRUEBAS ANALÍTICAS Y TÉCNICAS

Por lo que respecta a las pruebas analíticas, ensayos y trabajos descritos en la propuesta de contratación del Cenim, deberá de añadirse a los 12 procesos descritos la práctica del peso por metro lineal de cada uno de los tramos de vía a ensayar previstos en el estudio.

Por lo que respecta a las técnicas para medir el hidrógeno cuya realización se prevé/aconseja por el Cenim en su propuesta, deberán practicarse, y dado que, según la documentación obrante en las actuaciones, la concreta entidad o empresa ejecutante de los mencionados ensayos no ha resultado aún determinada, se acuerda que cualquier subcontratación de dichos análisis estará condicionada a la previa autorización judicial.

La comunicación previa a la Sección deberá incluir la identificación de la empresa, entidad, organismo y/o laboratorio que se propone para realizar los trabajos, detallando su solvencia técnica, instalaciones y concretas pruebas o actuaciones a desarrollar, y demás datos que se consideren de utilidad a efectos de valoración y resolver la propuesta. Dicha comunicación deberá de hacerse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha prevista para el inicio de tales trabajos.

Ambos laboratorios, Cenim y Aimen, deberán acreditar la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada. Asimismo, disponen de un plazo de seis meses a contar desde la fecha de la recepción de las muestras para emitir su informe y/o dictamen final, que “deberán de ponerlos inmediatamente a disposición del órgano judicial y de la CIAF, la remisión deberá de hacerse de forma simultánea”.

La cantante Diana Navarro ofrecerá el 16 de agosto, a las 22:00, un concierto solidario en la plaza de la Iglesia de San Andrés de Adamuz, en una actuación muy especial con la que la artista quiere rendir homenaje al municipio y mostrar su cariño y apoyo las víctimas de la tragedia..

El concierto tendrá además un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, contribuyendo así a una causa solidaria de gran significado para la localidad. La artista ha querido participar de manera totalmente desinteresada, poniendo su voz y su talento al servicio de esta iniciativa.

Desde el Ayuntamiento de Adamuz han agradecido públicamente el gesto de Navarro, destacando su generosidad, compromiso y sensibilidad al sumarse a este homenaje. Las entradas tendrán un precio simbólico y se pondrán a la venta en los próximos días en los puntos que el Consistorio dará a conocer próximamente.

Además de este evento, la plaza de las Artes -en La Antilla- acogerá el próximo 23 de jjulio una gala musical benéfica que contará con las actuaciones de DJ Manu, Rosam, Marabuja, Yapale, Alana & Rohi Studio, Aníbal Domínguez, la comparsa Los Mariposas, Antonio Jaraque, Rocío Orta, Ángel Barroso y Nono Orti, entre otros. Las entradas tienen coste de diez euros, que se destinarán íntegramente a la asociación. Pueden adquirirse en el restaurante La Parada, buciado en la avenida de la Antilla. Además, se ha establecido una fila 0 para donaciones, cuyo IBAN es ES8021008688730200181410.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado 18 “verdad, transparencia y justicia” para las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según ha concretado el presidente a través de su perfil oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, “aquellos dramáticos días quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva” de la comunidad andaluza.

“Fue desgarrador y la herida sigue abierta”, ha abundado Moreno, al tiempo de pedir justicia para familiares y allegados de las víctimas ante tal suceso.

En contexto, los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el incendio registrado en el paraje Cañada del Madroñal, en el término municipal de Adamuz, el pasado mes de mayo

La investigación desarrollada por el Seprona de Montoro ha permitido determinar que el incendio se originó durante una quema de restos de poda y plásticos realizada en un bidón metálico, sin contar su responsable con la preceptiva autorización administrativa para el uso del fuego en zona de influencia forestal.

Las pesquisas realizadas permitieron comprobar que, tras efectuar la quema, el investigado abandonó el lugar sin asegurarse de la completa extinción del fuego, circunstancia que favoreció la propagación de las llamas al medio natural. La inspección ocular practicada en el lugar del incendio, junto con el análisis de las evidencias obtenidas, el material gráfico recogido y las manifestaciones de los testigos, permitió determinar el punto de inicio del fuego y reconstruir su evolución, concluyendo que la proyección de pavesas favoreció la propagación del incendio.

Como consecuencia del siniestro resultaron calcinadas aproximadamente cinco hectáreas de terreno, generándose un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, la Guardia Civil ha dado cuenta de las correspondientes infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la tramitación del oportuno expediente sancionador.

La Guardia Civil ha remitido a la jueza que investiga el accidente de Adamuz, Cristina Pastor Recover, una batería de 20 preguntas que considera “de interés” que sean respondidas por los peritos judiciales designados en la causa. El oficio, al que ha tenido acceso este periódico, recoge los interrogantes que los investigadores consideran fundamentales para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallos de mantenimiento, defectos en la infraestructura o carencias en los sistemas de seguridad.

El documento, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, explica que las cuestiones han sido formuladas a partir de los informes técnicos, actas de inspección y estudios de seguridad incorporados a la investigación. En él, solicita a la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil e Instrucción Tribunal de Instancia de Montoro que estas preguntas sean trasladadas a los peritos por considerar que sus respuestas pueden resultar determinantes para el avance de la instrucción.

La mayor parte de las preguntas se centra en el estado de la vía y en la evolución de los defectos detectados meses antes del accidente. Los investigadores quieren saber si un defecto geométrico localizado en octubre de 2025 en el mismo punto donde posteriormente se produjo la rotura del carril pudo acelerar la fractura de la soldadura aluminotérmica y si la falta de reparación de esa anomalía pudo influir de forma directa en el siniestro. También plantean si los defectos dinámicos registrados en las auscultaciones fueron aumentando hasta alcanzar niveles que hubieran requerido una intervención inmediata y si esa evolución pudo contribuir al descarrilamiento.

El oficio también pide a los peritos que analicen si la coincidencia de defectos geométricos y dinámicos en la misma zona pudo alterar las fuerzas que soportaba la infraestructura, si la antigüedad de los materiales -algunos con más de tres décadas de servicio- pudo favorecer la pérdida de geometría de la vía y si resulta normal que una infraestructura renovada pocos meses antes presentara ese tipo de anomalías.

Otro bloque de cuestiones está dedicado a las soldaduras ejecutadas durante las obras de renovación de la línea. La Guardia Civil pregunta si una soldadura que presentaba una planitud muy próxima al límite máximo permitido podía considerarse técnicamente óptima y cómo fue posible que una unión declarada apta tras superar los ensayos de ultrasonidos y líquidos penetrantes sufriera un fallo catastrófico en menos de un año. Los investigadores también cuestionan la fiabilidad de esos sistemas de inspección y el hecho de que los resultados de las auscultaciones por ultrasonidos no quedaran registrados.

Las preguntas alcanzan igualmente a los sistemas de seguridad implantados en la línea. En concreto, los agentes piden a los peritos que valoren si era adecuado que el nuevo sistema de señalización no contemplara la detección de roturas de carril como una funcionalidad exigible y si los registros del sistema de mantenimiento pudieron haber detectado indicios de una pérdida de continuidad del carril antes del accidente.

Por último, el oficio pone el foco en la documentación de seguridad del proyecto de renovación de la línea. Según recoge la Guardia Civil, uno de los estudios previos calificó como “catastrófico”, “ocasional” e “intolerable” el riesgo de que el sistema no detectara una rotura de carril, aunque posteriormente ese mismo riesgo apareciera como “no aplicable” o “cancelado”. Los investigadores quieren que los peritos determinen si esa decisión se ajusta al Reglamento europeo 402/2013 sobre evaluación y gestión de riesgos en el sistema ferroviario y si resulta técnicamente correcto considerar mitigado un riesgo simplemente cancelándolo. Estas cuestiones propuestas por la Guardia Civil deberán ser ahora valoradas por la jueza instructora, que decidirá si las trasladas o no a los peritos judiciales.

El Colegio de Abogados de Huelva ha sancionado al abogado que promovió, pocos días después del accidente de Adamuz, una plataforma de afectados, lo que conllevó una “captación desleal de clientes” que lo situó “en ventaja” frente a sus compañeros, además “de atentar contra la dignidad de las víctimas”. La sanción supone cuatro meses de suspensión del ejercicio profesional o, alternativamente, una multa de 2.000 euros al cometer una infracción grave de las normas deontológicas y legales.

Según la resolución del expediente disciplinario al que ha tenido acceso este periódico, este procedimiento sancionador contra José Luis Orta Prieto se inició después de que dos abogados -ambos, familiares de víctimas de la tragedia- formularan sendas quejas ante el Colegio de Abogados de Huelva. Para uno de ellos, que es hermano de una víctima, la actuación de Orta fue “un intento de lucrarse de la desgracia general” en un momento de “máxima vulnerabilidad”. Desde el punto de vista humano, este letrado asegura que la actuación del abogado estuvo “carente de ética y moral”, acusándole de una “catadura moral reprobable”. Mientras, el segundo letrado que formuló una queja, hermano de un fallecido, lamenta la “poca delicadeza o empatía” de su compañero de profesión, denunciando que la publicidad de su plataforma comenzó cuando él “ni siquiera tenía aún el cuerpo de su hermano”.

La instrucción del expediente ha determinado que el sancionado utilizó televisión, radio, internet y redes sociales para difundir la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz apenas seis o siete días después de la tragedia. Esta conducta supone una “vulneración flagrante” del artículo ocho de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que prohíbe expresamente a los abogados dirigirse a víctimas de grandes catástrofes para ofrecer servicios antes de que transcurran 45 días.

Según el colegio, el objetivo real de la plataforma era el asesoramiento legal y la “canalización de acciones judiciales”, creando un “efecto llamada” publicitario que situó al letrado en una ventaja injusta frente a sus compañeros y atentó contra la dignidad de las víctimas. Hay que señalar que, semanas después del anuncio de esta plataforma, la Junta de Gobierno de este colegio informó de que “la captación de clientes por parte de abogados en casos de tragedia como la que se ha vivido días atrás está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”.

Frente a este análisis que realizó el colegio con relación al inicio del expepediente disciplinario, antes de su resolución, Orta solicitó el archivo del mismo alegando que actuó de buena fe y sin ánimo de lucro, buscando únicamente prestar un “asesoramiento profesional desinteresado” y preventivo. En su defensa, esgrimió su trayectoria de 12 años de trabajo gratuito al frente de la asociación Huelva bebés robados para demostrar su carácter altruista. Asimismo, argumentó que la plataforma fue una “idea primigenia” que retiró en cuanto conoció el malestar generado.

Aunque inicialmente la infracción se tipificó como muy grave -lo que podría haber conllevado la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio profesional durante un periodo de entre uno y dos años-, la Junta de Gobierno ha optado por calificarla como grave al considerar la inexistencia de antecedentes previos y factores de reincidencia, pero “atendiendo al malestar generado en las víctimas y la falta de respeto al periodo de luto. Contra este acuerdo, el letrado ha señalado a este periódio que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la exclusión del Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en la causa del accidente ferroviario de Adamuz en un auto reciente, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra una decisión previa del juzgado de Montoro.

El tribunal ha seguido exactamente la misma línea que el auto dictado anteriormente para el Ayuntamiento de Punta Umbría, que también solicitó personarse en la causa. Fue el pasado mes de marzo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro dictó un auto denegando la personación del consistorio onubense. El Ayuntamiento de Huelva interpuso un recurso de reforma y, posteriormente, un recurso de apelación, alegando su interés en la causa y basándose en informes de Servicios Sociales sobre la asistencia prestada a las víctimas de los hechos investigados

Sin embargo, los magistrados han confirmado el auto de Montoro, fundamentado su decisión en una doctrina jurisprudencial consolidada que observa con cautela cómo las administraciones locales intentan intervenir en procesos donde no son víctimas directas. En el texto, los magistrados señalan que “en los últimos tiempos se ha visto en la doctrina, con preocupación, que las personas jurídicas públicas parecen haber desarrollado una creciente vocación participativa en los procesos penales en los que no tienen la condición de ofendidos ni de perjudicados”. Esto llevaría a lo que se conoce como “hipertrofia acusatoria” y a que el proceso sea más lento y afecte a los derechos del acusado, quien “debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública”, las cuales “no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares”. Para la Audiencia, es imperativo garantizar que “ninguna persona pueda verse acusada por una parte que carece de condiciones para ello”, asegurando así el principio de igualdad de armas.

El Ayuntamiento de Huelva había intentado justificar su presencia en la causa basándose en la asistencia prestada a los vecinos afectados a través de los Servicios Sociales. Sin embargo, el tribunal ha afirmado que dicha labor, aunque positiva, no otorga derechos procesales automáticos: “La prestación de asistencia por parte del Consistorio a los vecinos y familias afectados por los hechos no hace desplazar la ausencia del presupuesto legitimador por más encomiable y así lo es que sea dicho apoyo”. El auto aclara que la legitimación de una entidad local “no nace per se por la afectación de vecinos del municipio”.

Finalmente, la Audiencia concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que “los perjudicados están personados en la causa en defensa de sus derechos y, aunque huelgue decirlo, el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses que constitucionalmente le están encomendados”. Con esta resolución, se confirma que el Consistorio onubense carece de legitimación para ejercer la acción popular en este caso concreto, sin que se hayan impuesto costas procesales por esta apelación.

Así las cosas, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría quedan definitivamente fuera de la causa como acusación popular. Asimismo, también fueron rechazadas las solicitudes de personación del sindicato Alferro y de Iustitia Europea. Por el contrario, la jueza de Montoro sí ha admitido las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, además de la personación de la Junta de Andalucía como actor civil.

Mire uno hacia donde mire, 'La Roja' está de moda. Y es que la Selección española, que firmó ante Bélgica el pase a unas seminifales de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia, se está viendo secundada por las categorías inferiores. Concretamente por las plantillas sub-19. En categoría femenina y masculina. Y, por suerte para el deporte cordobés, en ambos casos con presencia de la tierra: ayer el éxito era para Alba Cerrato y, esta noche, para Andrés Cuenca, que ha alzado al cielo de Gales el cetro continental de su categoría.

El adamuceño ha sido parte más que importante para el técnico Paco Gallardo, que le ha dado los noventa minutos en el triunfo por 2-0 ante Alemania. Cuenca formó parte de un once compuesto por Fran González bajo palos; Fortea, Rivas y Salinas acompañándole en defensa; Espart, Thiago Pitarch y Junyent en el centro del campo; y Yáñez, Morante y Hugo López arriba. El delantero del Celta, precisamente, fue el que abrió la lata al filo del descanso (44'). La clásica diana 'psicológica' ante la que los teutones no encontraron respuesta. De hecho, el golpe fue tan duro que, nada más salir del vestuario, Mario Rivas, el acompañante de Andrés Cuenca en el eje de la zaga, hacía el segundo y definitivo en el 48'.

El de Adamuz, de esta forma, logra por fin consagrarse como una de las más firmes promesas del fútbol español. Y no solo por su pase al Como de Cesc Fábregas (aunque se especula con una nueva cesión para la 26/27), sino porque, junto a una generación que apunta altísimo, ha conseguido desquitarse del subcampeonato en Rumanía del año pasado (0-1 ante Países Bajos). Su aportación, actuando en el perfil zurdo de la defensa y, en ocasiones, como lateral izquierdo, ha sido clave para que la selección sub-19 se hiciera con el título por décima vez en su historia.

El dominio de los de Paco Gallardo ha sido incontestable: cinco victorias, 19 goles a favor y ninguno en contra. Una auténtica 'salvajada' que habla del talento que viene achuchando con fuerza desde las categorías inferiores de la selección española. Andrés Cuenca fue titular en el 7-0 a Gales y el 4-0 sobre Alemania de la fase de grupos, siendo suplente solo en el segundo encuentro ante Dinamarca (salió en el 61' sustituyendo a Aguado en un partido que acabó 3-0). En semis, de nuevo en el perfil zurdo de la zaga, 'La Rojita' destrozó por idéntico marcador a Croacia y esta noche, con bastante solvencia, contó también con la aportación del adamuceño para un nuevo hito continental.