El Plan Infoca se encuentra trabajando en el término municipal de Adamuz, dentro de la provincia de Córdoba, para extinguir un incendio forestal tras considerarlo controlado en los últimos minutos.

El aviso ha sido recibido por el servicio de Emergencias 112 alrededor de las 13:30.

Actualmente, un medio aéreo, cuatro grupos especialistas, un vehículo y tres técnicos trabajan para terminar de extinguir las llamas.

Todo ello surge en un contexto donde los incendios están siendo la tónica predominante, incluso con efectivos de bomberos cordobeses que han acudido a Madrid y a Ávila para ayudar en las labores de extinción del que es considerado como el fuego más grande de la historia de España.

Además, Córdoba ha sufrido un episodio complicado con el incendio de Cerro Muriano, que ha calcinado cerca de 200 hectáreas.

El cantaor adamuceño Paco Ocón se ha alzado con el Melón de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, uno de los concursos más prestigiosos del panorama flamenco nacional. El artista cordobés conquistó al jurado con una actuación en la que interpretó una soleá, unas alegrías de Córdoba y una petenera, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión.

Con este triunfo, Francisco Ocón Cuadrado, conocido artísticamente como Paco Ocón, recibe un premio de 17.000 euros, considerado el de mayor dotación económica del circuito de festivales flamencos, además de la placa 'Sebastián Escudero', que distingue al ganador del certamen.

Por su parte, el premio 'Fosforito' a la mejor ferreña, dotado con 6.000 euros, fue para la cantaora jienense Julia Moreno Herrador, acompañada por el guitarrista Paco González. Además, Emilio Chaparro Serrano obtuvo el galardón al 'Cante Aflamencado', María González García fue reconocida en la categoría de 'Cantes Básicos' y Susana Romero Alonso recibió el premio de 'Cantes de Ritmo'.

Paco Ocón nació en Adamuz el 29 de marzo de 1972 y comenzó su trayectoria profesional en solitario en el año 2000, tras formar parte de distintos grupos flamencos con los que recorrió festivales, recitales y concursos por toda España.

A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos la prestigiosa Silla de Oro de Leganés. En 2010 publicó su primer trabajo discográfico, El tiempo viene y se va, un álbum compuesto por diez cantes que recorren distintos palos del flamenco, desde colombianas y fandangos hasta malagueñas y guajiras, con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Patrocinio 'Patrocinio Hijo'.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se autoriza la práctica de las diligencias periciales e investigaciones técnicas propuestas consistentes en los ensayos metalúrgicos sobre los vestigios y muestras obrantes en las presentes actuaciones.

Atendiendo a “la especial complejidad técnica y trascendencia de las actuaciones” comprendidas en el lote I, se encomienda la ejecución de dicho lote al laboratorio propuesto de naturaleza pública Cenim, “por apreciarse, 'prima facie', una mayor solvencia técnica y capacidad operativa, haber ofrecido una propuesta de trabajo más clara y estructurada, y al resultar un laboratorio de naturaleza pública encontrándose adscrito al CSIC, ello para realizar los análisis, ensayos, actuaciones y/o pruebas previstos, sin perjuicio de las restantes actuaciones que corresponden al otro laboratorio interviniente, Aimen, al que le corresponderán los trabajos incluidos en el lote II conforme a su propuesta”.

De este modo, la jueza acuerda que el traslado de las muestras, piezas y/o probetas entre el lugar de depósito y los distintos laboratorios se efectuará bajo el control y supervisión de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, levantándose la correspondiente diligencia en la que se hará constar la identificación completa de las personas que entregan y reciben las muestras, piezas y/o probetas, fecha, hora y lugar de cada entrega y recepción, identificación individualizada de cada muestra, pieza y/o probeta, finalidad concreta del traslado, así como cualquier otro dato que resulte de relevancia y necesidad para garantizar la cadena de custodia, las actas que se extiendan deberán de ser remitidas al juzgado.

Peritos y Guardia Civil

Tanto la UOPJ como los peritos designados judicialmente deberán de estar presentes en todas las operaciones de apertura de embalajes, toma de muestras, extracción/identificación de probetas, corte de piezas o cualquier otra actuación que implique alteración, división o destrucción parcial o total de las muestras originales, levantándose acta por la Policía Judicial que deberá ser remitida al órgano judicial.

Con ocasión de dichas actuaciones, se procederá a la apertura de nuevas hojas o registros individualizados de cadena de custodia para cada uno de los fragmentos, porciones o probetas obtenidos, manteniendo en cada momento la plena trazabilidad respecto de la muestra de origen.

Las reuniones de seguimiento técnico que se celebren por los laboratorios designados, así como cualquier actuación de especial relevancia pericial, incluyendo, entre otras, la apertura de embalajes, selección/toma de muestras, extracción/identificación de probetas, trabajos de corte, realización de ensayos destructivos, transferencia entre laboratorios, interpretación conjunta de resultados o decisiones metodológicas relevantes, deberán ser comunicadas al juzgado con una antelación mínima de 15 días a ser practicada/s.

A dichas actuaciones serán convocados los peritos judiciales designados en la causa, al objeto de posibilitar su asistencia y garantizar los principios de contradicción, inmediación técnica y plena transparencia en la práctica de las diligencias periciales.

Cualquier desplazamiento de muestras o probetas entre los laboratorios deberá ser ejecutado bajo control de la Policía Judicial, dejándose constancia documental de la continuidad de la cadena de custodia, extendiéndose acta que deberá de ser remitida al juzgado.

Los laboratorios intervinientes adquieren la condición de depositarios judiciales de las muestras, probetas, efectos y/o vestigios que les sean entregados, quedando sujetos a las responsabilidades legales inherentes a dicha condición y debiendo de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar su estado de conservación e integridad, su protección frente a pérdidas, alteraciones, contaminaciones o accesos no autorizados, así como la custodia en instalaciones seguras de todas aquellas muestras o probetas que no se encuentren en uso.

Sistema de control

Además, la jueza subraya que “los laboratorios deberán implantar sistemas de control de acceso que permita identificar de forma precisa: la persona que accede a la muestra o probeta, la fecha y hora de acceso, la actuación realizada, la finalidad o propósito del acceso”. El registro quedará a disposición del juzgado cuando fuere requerido.

Toda la información relativa al traslado, manipulación, análisis y custodia de las muestras tendrá carácter reservado y confidencial, debiendo de adoptarse por los laboratorios las medidas necesarias para impedir la divulgación de datos o resultados fuera del ámbito de la presente instrucción.

Los informes, dictámenes, resultados analíticos, cuadernos de laboratorio, registros instrumentales y demás documentación técnica que se genere deberá remitirse por los laboratorios al juzgado a través de la UOPJ, sin perjuicio de la remisión de los mismos informes a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Debiéndose de hacerse la remisión de manera simultánea.

Igualmente, deberán de preservarse a disposición del órgano judicial, en la medida en el que la técnica y materialmente resulte posible, cantidades suficientes de muestra original y de las probetas obtenidas, a fin de permitir la práctica de análisis complementarios o de contradicción pericial que pudieran interesarse en el curso de la instrucción.

PRUEBAS ANALÍTICAS Y TÉCNICAS

Por lo que respecta a las pruebas analíticas, ensayos y trabajos descritos en la propuesta de contratación del Cenim, deberá de añadirse a los 12 procesos descritos la práctica del peso por metro lineal de cada uno de los tramos de vía a ensayar previstos en el estudio.

Por lo que respecta a las técnicas para medir el hidrógeno cuya realización se prevé/aconseja por el Cenim en su propuesta, deberán practicarse, y dado que, según la documentación obrante en las actuaciones, la concreta entidad o empresa ejecutante de los mencionados ensayos no ha resultado aún determinada, se acuerda que cualquier subcontratación de dichos análisis estará condicionada a la previa autorización judicial.

La comunicación previa a la Sección deberá incluir la identificación de la empresa, entidad, organismo y/o laboratorio que se propone para realizar los trabajos, detallando su solvencia técnica, instalaciones y concretas pruebas o actuaciones a desarrollar, y demás datos que se consideren de utilidad a efectos de valoración y resolver la propuesta. Dicha comunicación deberá de hacerse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha prevista para el inicio de tales trabajos.

Ambos laboratorios, Cenim y Aimen, deberán acreditar la calibración y homologación exacta de los procesos y maquinaria empleada. Asimismo, disponen de un plazo de seis meses a contar desde la fecha de la recepción de las muestras para emitir su informe y/o dictamen final, que “deberán de ponerlos inmediatamente a disposición del órgano judicial y de la CIAF, la remisión deberá de hacerse de forma simultánea”.

La cantante Diana Navarro ofrecerá el 16 de agosto, a las 22:00, un concierto solidario en la plaza de la Iglesia de San Andrés de Adamuz, en una actuación muy especial con la que la artista quiere rendir homenaje al municipio y mostrar su cariño y apoyo las víctimas de la tragedia..

El concierto tendrá además un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, contribuyendo así a una causa solidaria de gran significado para la localidad. La artista ha querido participar de manera totalmente desinteresada, poniendo su voz y su talento al servicio de esta iniciativa.

Desde el Ayuntamiento de Adamuz han agradecido públicamente el gesto de Navarro, destacando su generosidad, compromiso y sensibilidad al sumarse a este homenaje. Las entradas tendrán un precio simbólico y se pondrán a la venta en los próximos días en los puntos que el Consistorio dará a conocer próximamente.

Además de este evento, la plaza de las Artes -en La Antilla- acogerá el próximo 23 de jjulio una gala musical benéfica que contará con las actuaciones de DJ Manu, Rosam, Marabuja, Yapale, Alana & Rohi Studio, Aníbal Domínguez, la comparsa Los Mariposas, Antonio Jaraque, Rocío Orta, Ángel Barroso y Nono Orti, entre otros. Las entradas tienen coste de diez euros, que se destinarán íntegramente a la asociación. Pueden adquirirse en el restaurante La Parada, buciado en la avenida de la Antilla. Además, se ha establecido una fila 0 para donaciones, cuyo IBAN es ES8021008688730200181410.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado 18 “verdad, transparencia y justicia” para las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según ha concretado el presidente a través de su perfil oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, “aquellos dramáticos días quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva” de la comunidad andaluza.

“Fue desgarrador y la herida sigue abierta”, ha abundado Moreno, al tiempo de pedir justicia para familiares y allegados de las víctimas ante tal suceso.

En contexto, los tres peritos judiciales designados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, han solicitado la participación de un especialista en telecomunicaciones para comprender “por qué nadie advirtió la ubicación del tren Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se cruzaba con el tren Iryo o una vez descarrilado éste”.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el incendio registrado en el paraje Cañada del Madroñal, en el término municipal de Adamuz, el pasado mes de mayo

La investigación desarrollada por el Seprona de Montoro ha permitido determinar que el incendio se originó durante una quema de restos de poda y plásticos realizada en un bidón metálico, sin contar su responsable con la preceptiva autorización administrativa para el uso del fuego en zona de influencia forestal.

Las pesquisas realizadas permitieron comprobar que, tras efectuar la quema, el investigado abandonó el lugar sin asegurarse de la completa extinción del fuego, circunstancia que favoreció la propagación de las llamas al medio natural. La inspección ocular practicada en el lugar del incendio, junto con el análisis de las evidencias obtenidas, el material gráfico recogido y las manifestaciones de los testigos, permitió determinar el punto de inicio del fuego y reconstruir su evolución, concluyendo que la proyección de pavesas favoreció la propagación del incendio.

Como consecuencia del siniestro resultaron calcinadas aproximadamente cinco hectáreas de terreno, generándose un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, la Guardia Civil ha dado cuenta de las correspondientes infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la tramitación del oportuno expediente sancionador.

La Guardia Civil ha remitido a la jueza que investiga el accidente de Adamuz, Cristina Pastor Recover, una batería de 20 preguntas que considera “de interés” que sean respondidas por los peritos judiciales designados en la causa. El oficio, al que ha tenido acceso este periódico, recoge los interrogantes que los investigadores consideran fundamentales para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallos de mantenimiento, defectos en la infraestructura o carencias en los sistemas de seguridad.

El documento, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, explica que las cuestiones han sido formuladas a partir de los informes técnicos, actas de inspección y estudios de seguridad incorporados a la investigación. En él, solicita a la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil e Instrucción Tribunal de Instancia de Montoro que estas preguntas sean trasladadas a los peritos por considerar que sus respuestas pueden resultar determinantes para el avance de la instrucción.

La mayor parte de las preguntas se centra en el estado de la vía y en la evolución de los defectos detectados meses antes del accidente. Los investigadores quieren saber si un defecto geométrico localizado en octubre de 2025 en el mismo punto donde posteriormente se produjo la rotura del carril pudo acelerar la fractura de la soldadura aluminotérmica y si la falta de reparación de esa anomalía pudo influir de forma directa en el siniestro. También plantean si los defectos dinámicos registrados en las auscultaciones fueron aumentando hasta alcanzar niveles que hubieran requerido una intervención inmediata y si esa evolución pudo contribuir al descarrilamiento.

El oficio también pide a los peritos que analicen si la coincidencia de defectos geométricos y dinámicos en la misma zona pudo alterar las fuerzas que soportaba la infraestructura, si la antigüedad de los materiales -algunos con más de tres décadas de servicio- pudo favorecer la pérdida de geometría de la vía y si resulta normal que una infraestructura renovada pocos meses antes presentara ese tipo de anomalías.

Otro bloque de cuestiones está dedicado a las soldaduras ejecutadas durante las obras de renovación de la línea. La Guardia Civil pregunta si una soldadura que presentaba una planitud muy próxima al límite máximo permitido podía considerarse técnicamente óptima y cómo fue posible que una unión declarada apta tras superar los ensayos de ultrasonidos y líquidos penetrantes sufriera un fallo catastrófico en menos de un año. Los investigadores también cuestionan la fiabilidad de esos sistemas de inspección y el hecho de que los resultados de las auscultaciones por ultrasonidos no quedaran registrados.

Las preguntas alcanzan igualmente a los sistemas de seguridad implantados en la línea. En concreto, los agentes piden a los peritos que valoren si era adecuado que el nuevo sistema de señalización no contemplara la detección de roturas de carril como una funcionalidad exigible y si los registros del sistema de mantenimiento pudieron haber detectado indicios de una pérdida de continuidad del carril antes del accidente.

Por último, el oficio pone el foco en la documentación de seguridad del proyecto de renovación de la línea. Según recoge la Guardia Civil, uno de los estudios previos calificó como “catastrófico”, “ocasional” e “intolerable” el riesgo de que el sistema no detectara una rotura de carril, aunque posteriormente ese mismo riesgo apareciera como “no aplicable” o “cancelado”. Los investigadores quieren que los peritos determinen si esa decisión se ajusta al Reglamento europeo 402/2013 sobre evaluación y gestión de riesgos en el sistema ferroviario y si resulta técnicamente correcto considerar mitigado un riesgo simplemente cancelándolo. Estas cuestiones propuestas por la Guardia Civil deberán ser ahora valoradas por la jueza instructora, que decidirá si las trasladas o no a los peritos judiciales.

El Colegio de Abogados de Huelva ha sancionado al abogado que promovió, pocos días después del accidente de Adamuz, una plataforma de afectados, lo que conllevó una “captación desleal de clientes” que lo situó “en ventaja” frente a sus compañeros, además “de atentar contra la dignidad de las víctimas”. La sanción supone cuatro meses de suspensión del ejercicio profesional o, alternativamente, una multa de 2.000 euros al cometer una infracción grave de las normas deontológicas y legales.

Según la resolución del expediente disciplinario al que ha tenido acceso este periódico, este procedimiento sancionador contra José Luis Orta Prieto se inició después de que dos abogados -ambos, familiares de víctimas de la tragedia- formularan sendas quejas ante el Colegio de Abogados de Huelva. Para uno de ellos, que es hermano de una víctima, la actuación de Orta fue “un intento de lucrarse de la desgracia general” en un momento de “máxima vulnerabilidad”. Desde el punto de vista humano, este letrado asegura que la actuación del abogado estuvo “carente de ética y moral”, acusándole de una “catadura moral reprobable”. Mientras, el segundo letrado que formuló una queja, hermano de un fallecido, lamenta la “poca delicadeza o empatía” de su compañero de profesión, denunciando que la publicidad de su plataforma comenzó cuando él “ni siquiera tenía aún el cuerpo de su hermano”.

La instrucción del expediente ha determinado que el sancionado utilizó televisión, radio, internet y redes sociales para difundir la Plataforma de Afectados por el Accidente Ferroviario de Adamuz apenas seis o siete días después de la tragedia. Esta conducta supone una “vulneración flagrante” del artículo ocho de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que prohíbe expresamente a los abogados dirigirse a víctimas de grandes catástrofes para ofrecer servicios antes de que transcurran 45 días.

Según el colegio, el objetivo real de la plataforma era el asesoramiento legal y la “canalización de acciones judiciales”, creando un “efecto llamada” publicitario que situó al letrado en una ventaja injusta frente a sus compañeros y atentó contra la dignidad de las víctimas. Hay que señalar que, semanas después del anuncio de esta plataforma, la Junta de Gobierno de este colegio informó de que “la captación de clientes por parte de abogados en casos de tragedia como la que se ha vivido días atrás está expresamente prohibida por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional”.

Frente a este análisis que realizó el colegio con relación al inicio del expepediente disciplinario, antes de su resolución, Orta solicitó el archivo del mismo alegando que actuó de buena fe y sin ánimo de lucro, buscando únicamente prestar un “asesoramiento profesional desinteresado” y preventivo. En su defensa, esgrimió su trayectoria de 12 años de trabajo gratuito al frente de la asociación Huelva bebés robados para demostrar su carácter altruista. Asimismo, argumentó que la plataforma fue una “idea primigenia” que retiró en cuanto conoció el malestar generado.

Aunque inicialmente la infracción se tipificó como muy grave -lo que podría haber conllevado la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio profesional durante un periodo de entre uno y dos años-, la Junta de Gobierno ha optado por calificarla como grave al considerar la inexistencia de antecedentes previos y factores de reincidencia, pero “atendiendo al malestar generado en las víctimas y la falta de respeto al periodo de luto. Contra este acuerdo, el letrado ha señalado a este periódio que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la exclusión del Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en la causa del accidente ferroviario de Adamuz en un auto reciente, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra una decisión previa del juzgado de Montoro.

El tribunal ha seguido exactamente la misma línea que el auto dictado anteriormente para el Ayuntamiento de Punta Umbría, que también solicitó personarse en la causa. Fue el pasado mes de marzo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro dictó un auto denegando la personación del consistorio onubense. El Ayuntamiento de Huelva interpuso un recurso de reforma y, posteriormente, un recurso de apelación, alegando su interés en la causa y basándose en informes de Servicios Sociales sobre la asistencia prestada a las víctimas de los hechos investigados

Sin embargo, los magistrados han confirmado el auto de Montoro, fundamentado su decisión en una doctrina jurisprudencial consolidada que observa con cautela cómo las administraciones locales intentan intervenir en procesos donde no son víctimas directas. En el texto, los magistrados señalan que “en los últimos tiempos se ha visto en la doctrina, con preocupación, que las personas jurídicas públicas parecen haber desarrollado una creciente vocación participativa en los procesos penales en los que no tienen la condición de ofendidos ni de perjudicados”. Esto llevaría a lo que se conoce como “hipertrofia acusatoria” y a que el proceso sea más lento y afecte a los derechos del acusado, quien “debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública”, las cuales “no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares”. Para la Audiencia, es imperativo garantizar que “ninguna persona pueda verse acusada por una parte que carece de condiciones para ello”, asegurando así el principio de igualdad de armas.

El Ayuntamiento de Huelva había intentado justificar su presencia en la causa basándose en la asistencia prestada a los vecinos afectados a través de los Servicios Sociales. Sin embargo, el tribunal ha afirmado que dicha labor, aunque positiva, no otorga derechos procesales automáticos: “La prestación de asistencia por parte del Consistorio a los vecinos y familias afectados por los hechos no hace desplazar la ausencia del presupuesto legitimador por más encomiable y así lo es que sea dicho apoyo”. El auto aclara que la legitimación de una entidad local “no nace per se por la afectación de vecinos del municipio”.

Finalmente, la Audiencia concluye que no existe vulneración de derechos fundamentales, puesto que “los perjudicados están personados en la causa en defensa de sus derechos y, aunque huelgue decirlo, el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses que constitucionalmente le están encomendados”. Con esta resolución, se confirma que el Consistorio onubense carece de legitimación para ejercer la acción popular en este caso concreto, sin que se hayan impuesto costas procesales por esta apelación.

Así las cosas, los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría quedan definitivamente fuera de la causa como acusación popular. Asimismo, también fueron rechazadas las solicitudes de personación del sindicato Alferro y de Iustitia Europea. Por el contrario, la jueza de Montoro sí ha admitido las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, además de la personación de la Junta de Andalucía como actor civil.

Mire uno hacia donde mire, 'La Roja' está de moda. Y es que la Selección española, que firmó ante Bélgica el pase a unas seminifales de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia, se está viendo secundada por las categorías inferiores. Concretamente por las plantillas sub-19. En categoría femenina y masculina. Y, por suerte para el deporte cordobés, en ambos casos con presencia de la tierra: ayer el éxito era para Alba Cerrato y, esta noche, para Andrés Cuenca, que ha alzado al cielo de Gales el cetro continental de su categoría.

El adamuceño ha sido parte más que importante para el técnico Paco Gallardo, que le ha dado los noventa minutos en el triunfo por 2-0 ante Alemania. Cuenca formó parte de un once compuesto por Fran González bajo palos; Fortea, Rivas y Salinas acompañándole en defensa; Espart, Thiago Pitarch y Junyent en el centro del campo; y Yáñez, Morante y Hugo López arriba. El delantero del Celta, precisamente, fue el que abrió la lata al filo del descanso (44'). La clásica diana 'psicológica' ante la que los teutones no encontraron respuesta. De hecho, el golpe fue tan duro que, nada más salir del vestuario, Mario Rivas, el acompañante de Andrés Cuenca en el eje de la zaga, hacía el segundo y definitivo en el 48'.

El de Adamuz, de esta forma, logra por fin consagrarse como una de las más firmes promesas del fútbol español. Y no solo por su pase al Como de Cesc Fábregas (aunque se especula con una nueva cesión para la 26/27), sino porque, junto a una generación que apunta altísimo, ha conseguido desquitarse del subcampeonato en Rumanía del año pasado (0-1 ante Países Bajos). Su aportación, actuando en el perfil zurdo de la defensa y, en ocasiones, como lateral izquierdo, ha sido clave para que la selección sub-19 se hiciera con el título por décima vez en su historia.

El dominio de los de Paco Gallardo ha sido incontestable: cinco victorias, 19 goles a favor y ninguno en contra. Una auténtica 'salvajada' que habla del talento que viene achuchando con fuerza desde las categorías inferiores de la selección española. Andrés Cuenca fue titular en el 7-0 a Gales y el 4-0 sobre Alemania de la fase de grupos, siendo suplente solo en el segundo encuentro ante Dinamarca (salió en el 61' sustituyendo a Aguado en un partido que acabó 3-0). En semis, de nuevo en el perfil zurdo de la zaga, 'La Rojita' destrozó por idéntico marcador a Croacia y esta noche, con bastante solvencia, contó también con la aportación del adamuceño para un nuevo hito continental.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha pedido al Gobierno y a Adif que interrumpan temporalmente el tráfico ferroviario en España hasta que se emita la certificación técnica “pertinente” que garantice “la plena seguridad y fiabilidad del sistema” después de la advertencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a Adif de que “no se contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril”.

En un comunicado, la asociación ha informado del envío de un requerimiento formal, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Rocío Báguena; y al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que decreten de “manera inmediata” la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España.

Así, exigen que esta medida excepcional se mantenga en vigor hasta que se emita la certificación técnica “pertinente” que garantice “la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose de adoptar la totalidad de actuaciones necesarias a tal fin”.

Esta actuación ha sido adoptada por la asociación, tras conocer que el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha enviado una comunicación al presidente de Adif, en el que le advierte que “el procedimiento específico sobre la gestión de defectos en la infraestructura ferroviaria, no contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril”, sino que establece “procedimientos de inspección y auscultación de la vía para la prevención de las roturas, pero no se considera específicamente la detección de roturas de carril una vez producidas”.

“Ello permite concluir que las medidas mitigadoras preventivas no son suficientes para eliminar completamente el riesgo de una rotura”, han señalado desde la entidad.

Por ello, la CIAF, según ha indicado la asociación, conmina a la adopción “inmediata” de todas las medidas posibles para la prevención y detección temprana de roturas de carril, así como todas aquellas medidas mitigadoras, que reduzcan el riesgo asociado a las mismas, con el fin de que “puedan ser detectadas antes de que puedan provocar daños de importancia”.

“Esta circunstancia que pone de manifiesto la CIAF, unida a otras deficiencias técnicas que conocemos y que han sido indicadas en el escrito que hemos presentado telemáticamente nos llevan a considerar que la infraestructura ferroviaria actual adolece de deficiencias estructurales que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa y que, por ende, es necesario suspender temporalmente y de forma inmediata el tráfico ferroviario en España”, han explicado desde la asociación.

“Las medidas actuales no bastan para eliminar el riesgo”

Asimismo, en dicho escrito, la asociación señala que la exigencia se fundamenta en una “ineficacia preventiva”, ya que la CIAF determina que el procedimiento específico de Adif “inspecciona la vía para prevenir fallos, pero no contempla un sistema para detectar una rotura una vez producida”. “Esta circunstancia nos resulta gravísima y supone un riesgo alto en la seguridad de nuestro sistema ferroviario. Tanto más cuando se ha hecho público que la rotura de vías es una situación que sucede con cierta frecuencia”.

Por otro lado, la asociación señala que las inspecciones técnicas preliminares indican que el carril del accidente de Adamuz “presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del siniestro”, lo que demuestra, a su juicio, que “las medidas actuales no bastan para eliminar el riesgo”.

Además, la entidad pone el acento sobre la “falta de herramientas de alarma”, puesto que el sistema actual registra parámetros para el mantenimiento planificado, pero “no funciona como una herramienta de alerta inmediata para el tráfico ferroviario”.

Por todo ello, la comisión requiere a la dirección de Adif a “reforzar los mecanismos de control e instalar métodos rápidos de identificación de fallos graves en la vía antes de que se emita el informe de conclusiones definitivo del accidente”.

Asimismo, en el escrito, la asociación señala que, a punto de cumplirse seis meses desde el fatídico accidente, que se saldó con 46 víctimas y 432 personas lesionadas, “sindicatos del sector denuncian que la frecuencia y el alcance de las auscultaciones en la vía -que evalúan el estado y el rendimiento de la infraestructura detectando posibles riesgos- son del todo insuficientes”.

En este sentido, la entidad asegura que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria alerta de “la necesidad de modernizar la tecnología de detección temprana para aquellas fisuras internas críticas que el ojo humano o las revisiones convencionales a pie no logran ver a tiempo”.

Por otro lado, en el escrito se incluye que, “inexplicablemente” en España “se carece de un sistema de alerta en tiempo real que avise instantáneamente una vez que el raíl ya se ha quebrado de forma imprevista”. “Ello, pese a que se ha declarado que existen más de cien roturas al año”.

Asimismo, la entidad también subraya que “no existe una geolocalización y aviso exacto, inmediato y autónomo de los trenes al puesto de mando cuando se produce un descarrilamiento”, toda vez que “muchos de los trenes en circulación carecen en su interior de cámaras de videovigilancia y ninguno en su exterior está dotado de ellas” y que los componentes físicos diseñados para evitar que el equipaje se desplace o caiga de los portaequipajes superiores de los trenes resultan ser insuficientes y poco eficaces“.

Además, la entidad indica que cualquier usuario “puede detectar las vibraciones o traqueteos excesivos en los trenes” que “revelan problemas críticos como desgaste en las ruedas, vías deterioradas y fallas de suspensión, fatiga del material y la rotura de componentes.

Por otro lado, advierten del “número de incidencias en la infraestructura” y “los constantes retrasos resultan ser periódicos y alarmantes”, además de que los sistemas de emergencia del 061 y 112 autonómicos “no se encuentran plenamente coordinados con unos protocolos de actuación homogéneos en toda España”.

Igualmente, recogen que el sindicato de maquinistas SEMAF (el mayoritario del sector) es la entidad que ha trasladado las “mayores advertencias técnicas” como “inestabilidad de rodadura, ya que los conductores reportan continuas oscilaciones y vibraciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 km/h; botes e irregularidades en la vía; desgaste ondulatorio del carril; alteraciones milimétricas repetidas en los parámetros esenciales de la vía; o fatiga de materiales.

También este sindicato ha advertido sobre “exceso de peso por eje; que Adif recurra excesivamente a ordenar circulaciones lentas con precaución visual en tramos dañados, en lugar de clausurarlos provisionalmente.

A todo ello, la asociación añade que, desde el accidente, “no se ha llevado a cabo ningún tipo de medida urgente y efectiva tendente” y concluye que la infraestructura ferroviaria actual “adolece de deficiencias estructurales que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa”.

Cuando todo el escenario mediático giraba alrededor de la previa del España-Austria de esta noche (21:00 horas), las categorías inferiores de la selección masculina y femenina se batían el cobre en la segunda jornada de la fase de grupos del europeo sub-19.  En ambos combinados existe representación cordobesa con la aportación ofrecida por Andrés Cuenca (jugador del Como italiano) y Alba Cerrato (goleadora del Sevilla FC).

La tarde de miércoles fue redonda para ambos. Especialmente para la jugadora sevillista que, después de quedarse sin minutos en el choque inaugural del certamen (acabó 2-2 frente a Suiza), apareció frente a Islandia para ser pieza clave en el engranaje de David Aznar. ‘La Rojita’ venció con autoridad (4-0) y la aportación de Alba destacó con una asistencia a Celia Segura y la diana que cerraba la abultada victoria en el 43’.

Ese marcador aporta tranquilidad a la selección antes de afrontar el duelo decisivo del próximo sábado frente a Austria (17:00 horas). Con una victoria serían líderes de ese grupo B y se medirían en la penúltima ronda del certamen a Alemania o Suecia, dos rivales muy potentes en el marco del fútbol femenino. Ahora mismo, de acabar así la fase de grupos, las de David Aznar se verían las caras frente al combinado sueco debido a su condición de segundo clasificado.

En el lado masculino, la España de Andrés Cuenca se jugará también el sábado ser líder en el choque que le enfrentará a Alemania desde las 15:00 horas. Los de Paco Gallardo, como la Mannschaft, han ganado sus dos partidos con holgura a Gales (7-0) y Dinamarca (3-0). En este último, el central adamuceño no fue titular, aunque entró pasada la hora de juego para sustituir en el lateral zurdo al madridista David Aguado.

Además, los tres puntos obtenidos ante los daneses tienen premio añadido para la Selección, que ya está clasificada para el Mundial sub-20 que se celebrará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. Ahora, la pelea está definida, con Alba Cerrato y Andrés Cuenca con todas sus aspiraciones intactas por volver a conquistar un cetro continental.

La realidad de un juzgado suele verse sacudida cuando una tragedia de gran magnitud llama a sus puertas. Es lo que ha ocurrido en el partido judicial de Montoro, compuesto por dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Tras un cierre de año 2025 que invitaba al optimismo, la compleja y minuciosa investigación del accidente de Adamuz el pasado mes de enero ha cambiado drásticamente el panorama. La tramitación del caso ha provocado un inmediato “efecto embudo” que ha disparado el atasco judicial.

Así se desprende de la última actualización de los datos estadísticos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de 2026, analizados en comparación con el último trimestre de 2025. Los dos juzgados de Montoro completaron un cierre de año extraordinariamente resolutivo en materia penal. Entre los meses de octubre y diciembre, ambos órganos lograron dar salida a 681 asuntos penales resueltos entre los dos (una media de 340,5 por órgano). Aquel esfuerzo permitió rebajar el volumen de causas pendientes al mínimo, cerrando el año con 1.555 expedientes en trámite y una tasa de congestión penal en un óptimo 3,28.

Sin embargo, la tragedia de Adamuz rompió por completo esta dinámica de desatasco. La causa recayó sobre la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro y el ritmo ordinario de ambos juzgados se ha visto totalmente condicionado por la masiva absorción de tiempo que requiere un caso de estas características.

Los datos son los siguientes. Pese a que el flujo de entrada de nuevas causas penales se ha mantenido en niveles similares (se ingresaron 519 asuntos en el primer trimestre de 2026 frente a los 446 del último trimestre de 2025), la capacidad de respuesta global se ha desplomado. Los asuntos resueltos han caído en picado desde los 681 que se consiguieron a finales de año hasta apenas 379 resueltos en el arranque de 2026. Al no poder mantener el ritmo de salida, las causas acumuladas han vuelto a subir de 1.555 a 1.703 asuntos pendientes (dejando una media de 851,50 casos parados por juzgado), provocando que la tasa de congestión penal escalara en solo 90 días del 3,28 al 5,47.

La Sección Civil y de Violencia sobre la Mujer, con mejores datos

Por otro lado, al tratarse de juzgados mixtos, los mismos jueces que instruyen los delitos penales deben resolver también los litigios civiles. Así, entre enero y marzo de 2026 ingresaron 284 nuevos asuntos civiles y resolvió 385. Sobre los asuntos pendientes, Montoro ha cerrado el primer trimestre de 2026 con 2.275 demandas civiles atascadas en trámite. Aunque es una cifra ligeramente inferior a los 2.303 casos acumulados en el último trimestre de 2025, sitúa la media por juzgado en unos 1.151,5 expedientes civiles parados. Debido a esta acumulación, la tasa de congestión de la sección civil se ha situado en un 6,98, pero este dato es inferior a la que ambos juzgados tenía en el último trimestre de 2025, que era un 8,42.

En relación con la Sección de Violencia sobre la Mujer, el partido judicial de Montoro ofrece una realidad más desahogada. Entre octubre y diciembre de 2025 se resolvieron 35 asuntos penales de violencia machista. En el arranque de 2026, la cifra apenas se ha resentido, logrando sacar adelante 29 casos. Durante el primer trimestre de 2026 se han ingresado 30 nuevos asuntos penales, lo que significa que el juzgado resolvió prácticamente lo mismo que le entró (29 frente a 30).

Al término de marzo de 2026, la lista de espera penal en violencia de género se situaba en 52 expedientes en trámite frente a los 49 casos con los que se cerró el año 2025. Por tanto, la congestión de esta sección se situó a finales del primer trimestre en un 2,72, una subida de apenas tres puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero han lamentado que, cinco meses después, siguen “sufriendo en silencio y sin el apoyo y el sostén de las administraciones” no solo secuelas físicas, sino también psicológicas. Además, han vuelto a pedir que la modificación del Real Decreto asociado a los seguros de viaje debe modificarse para “garantizar la protección de las víctimas”.

En un vídeo remitido a los medios de comunicación narrado en primera persona por una de las víctimas y médica de profesión, esta ha señalado que esa noche gestionó y organizó por “primera vez” en su vida la atención inmediata de los heridos en un accidente. “Lo que esa noche aconteció hasta pasadas las doce de la noche, momento en el que ya se habían trasladado numerosos operativos y entendí que mi actuación improvisada había finalizado, se quedó guardado y grabado en mi cabeza para siempre. Pero esa historia no va de mí. Esta historia va de todos los pasajeros que, como yo, presenciaron escenas para las que nadie está preparado”, narra la protagonista.

Asimismo, ha señalado que, cinco meses después de la tragedia, “aún con secuelas físicas irrecuperables que limitan la movilidad, la autonomía e independencia de los heridos”, también “permanecen las secuelas psicológicas en forma de imágenes recurrentes que nos impiden conciliar el sueño, miedo manifestado de múltiples formas, ansiedad y depresión, ataques de pánico o incluso el desarrollo de fobias”.

Por ello, según recuerda en el material audiovisual, a la llegada a Atocha en la mañana del 19 de enero se desplazaron equipos de psicólogos de emergencia “formados expresamente para abordar con nosotros lo vivenciado y que nos atendieron los días y semanas posteriores para gestionar emociones, reorganizar recuerdos, resignificarlos”. “Es que no se puede negar la potencial afectación de la esfera emocional en todos los que lo vivenciamos. Tampoco se puede negar que el proceso no se pueda recrudecer en las semanas o meses después del accidente”, señala.

Además, ha indicado que la recuperación tras un trauma “no son procesos lineales” y “no se puede negar que existe un duelo en todos los viajeros que vivenciaron el último aliento de su familiar o compañero de viaje y a todos, en definitiva, a los que se les rompió algo en el interior esa noche”. “Sin embargo, aún habiendo sido ampliamente descrita, esta herida emocional en ocasiones es irreparable y que menoscaba el desempeño en nuestro día a día, no está reconocida de ninguna forma, como si no existiera, ni siquiera habiendo documentado visitas a psiquiatras o habiendo tomado medicación a consecuencia del impacto psicológico”.

Asimismo, en el vídeo se insiste en que las ayudas prometidas “no llegan a quienes han necesitado e incluso siguen necesitando una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas”.

Gracias a esto, ha apuntado a que el Real Decreto 627/2014, que trae causa del Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, “debe modificarse para garantizar la protección de las víctimas, cuya herida emocional impacta en nuestra vida día tras día”. “Porque cinco meses después del accidente seguimos sufriendo en silencio, sin el apoyo y el sostén de las administraciones”, finaliza la narradora en el vídeo.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos, “manteniendo íntegramente todo su contenido”, toda vez que el fiscal también ha pedido desestimar el recurso y confirmar la resolución.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en las presentes diligencias, seguidas por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario entre los trenes Iryo y Alvia, se denegó la práctica de las diligencias interesadas por la representación procesal de Renfe Viajeros, consistente en requerir al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía las grabaciones, informe final del despliegue de emergencias e información sobre “si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

Contra la citada resolución se interpuso por dicha representación, en tiempo y forma, recurso de reforma, para que en su virtud se revocara la resolución impugnada y se acordara la práctica de la diligencia de prueba solicitada. Mientras, el Ministerio Público ha solicitado la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, a la vez que distintas partes personadas han formulado escritos de impugnación y oposición al recurso de Renfe.

Dos son los argumentos fundamentales que emplea el letrado de Renfe para “atacar la providencia recurrida”, a saber, uno de forma, “la falta de motivación de la resolución impugnada”, y otro de fondo, “al entender que la diligencia de prueba solicitada es necesaria y pertinente”.

Por lo que se refiere al primer argumento, la jueza explica que “la resolución impugnada se encuentra mínimamente motivada y cumple suficientemente los requisitos exigidos al efecto por el artículo 248.2 de la LOPJ, pues en la misma se expresan meridianamente los argumentos en base a los cuales se dicta, pues lo cierto es que el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución no exige una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, pues ello conduciría a dictar resoluciones sumamente extensas que nada añadirían a los argumentos de fondo que, en definitiva, les sirven de fundamento”. En cualquier caso, asegura que “dicho defecto queda subsanado con la presente resolución”.

Tiempo de asistencia a los trenes

En cuanto al fondo del asunto, en el recurso se alega que la diligencia cuya práctica se interesa por Renfe tiene como objeto “aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, tomando como base la información contenida en el informe de la Guardia Civil del día 20 de abril”.

Pues bien, la jueza detalla que “la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción constituye una facultad exclusiva del juez instructor como 'director' del procedimiento en esta fase, actividad jurisdiccional que sin embargo no es ajena a las propias partes del proceso, a cuya instancia pueden ser ordenadas diligencias de prueba o para el esclarecimiento de los hechos tal y como dispone el artículo 311 LECrim”.

En este caso, apunta que “el referido derecho de las partes a solicitar diligencias de investigación no es ilimitado, fijando el precepto citado como único límite, que el juez no las considere inútiles o perjudiciales para la investigación”.

Así, la jueza remarca que “en la fase de instrucción del procedimiento penal --sea abreviado o procedimiento ordinario--, la necesidad y/o pertinencia de las diligencias de investigación habrá de guardar relación directa con la finalidad esencial que la ley procesal penal atribuye a dicha fase, de modo que estén encaminadas a preparar el juicio y averiguar y hacer constar la perpetración del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los delincuentes, o encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.

La magistrada advierte de “investigación prospectiva”

En el caso de autos, la jueza argumenta que “la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos, e incluso podría considerarse perjudicial sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento, además de que es reproducción de la pedida anteriormente, no por el recurrente, sino por la CIAF y denegadas por providencia del día 7 de abril”.

En efecto, la presente instrucción se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes consecuencia del accidente ferroviario, “siendo como es de entender el objeto del procedimiento determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales y, en ningún caso, y por ahora, aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, como expone expresamente en su escrito el recurrente”, subraya la jueza en el auto.

“Ello, a la vista notoria, de que en ese caso la instrucción se seguiría por delitos distintos a los que están siendo objeto de instrucción, asimismo extender el objeto del procedimiento a las incidencias en la prestación de los servicios de salvamento y rescate, sería dar comienzo a una investigación prospectiva y no procedente, teniendo en cuenta, que por el momento y a la vista del resultado de las actuaciones tanto policiales como judiciales no existen mínimos indicios de ilicitud penal en dicho sentido, visión ésta compartida por el Ministerio Fiscal, y sin que valga para sostener la petición de prueba del recurrente las manifestaciones hechas por la Guardia Civil en su informe en el estadio en el que se encuentra la instrucción”, declara la jueza.

Por tanto, mantiene que la prueba propuesta por Renfe es “impertinente e inútil, de tal manera que no se encuentra relacionada con el objeto de la instrucción ni ayudarían a clarificar la causa, únicamente a su dilación indebida, sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente hayan desvirtuado el contenido de la resolución impugnada”, de ahí que desestime el recurso de reforma interpuesto por Renfe.

En relación con ello, el fiscal de caso asegura que las diligencias pedidas por Renfe “no son pertinentes”, porque se trata de “un procedimiento penal y la causa busca dirimir posibles responsabilidades penales individuales”.

Al hilo, añade que “extender el objeto del procedimiento a las incidencias del rescate posterior, que es lo que parece inferirse de la finalidad de las diligencias propuestas, por el momento, no parece procedente a la vista de las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo de los que no resultan por el momento unos mínimos indicios de ilícito penal”.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la mayor brevedad” informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que “han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados”.

Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”.

En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe “si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto”.

Ante ello, el documento lo formula la entidad “con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados”.

Al hilo, la empresa explica que es “el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas”. Por ello, asevera que dispone del “conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica”.

En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero “dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente”, indican desde la entidad.

El perito designado

Sobre los conocimientos del perito designado para la instalación de la licencia o software. A juicio de la empresa, “debe distinguirse entre la instalación, configuración o uso básico de una licencia o herramienta de software, y la interpretación técnica-operativa de los datos contenidos en los registradores jurídicos”.

En este sentido, expone que “un perito o técnico designado para la instalación de la licencia o software puede disponer de conocimientos suficientes para instalar la herramienta, abrir los ficheros, visualizar gráficas, ordenar señales y consultar eventos, siempre que reciba el soporte técnico necesario del fabricante del registrador”.

No obstante, aclaran que “esa no equivale, por sí sola, a disponer de los conocimientos necesarios para interpretar de forma completa y causal los datos registrados por los trenes Iryo y Alvia”, de modo que “la interpretación y sincronización materialmente útil de los datos, entendida como correlación de señales y eventos para explicar el comportamiento de las unidades ferroviarias y las circunstancias del accidente, requiere la intervención de los actores que conocen la arquitectura, configuración, lógica funcional, operación y mantenimiento de cada tren”.

Por tanto, para que la diligencia pueda realizarse “con rigor técnico y para evitar que la visualización de datos sea confundida con una interpretación causal completa”, la empresa considera conveniente que participen, al menos, la propia empresa, como fabricante del registrador jurídico, para prestar soporte en la carga, visualización, identificación de señales y explicación técnica de la herramienta y del sistema de registro; el fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas, por ser quien conoce la arquitectura integrada del tren, las interfaces entre subsistemas y la lógica funcional del vehículo.

Asimismo, el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, por disponer del historial de mantenimiento, configuración real, intervenciones y estado material de las unidades --solicitud que realiza el juzgado ahora--; el operador ferroviario correspondiente, en la medida en que pueda aportar el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación, y los peritos judiciales o técnicos designados por el órgano judicial, que deberán valorar la información aportada por los distintos actores y emitir las conclusiones que procedan dentro de su mandato.

En particular, explican que “el informe interpretativo destinado a explicar qué sucedió en el tren mediante la correlación de señales y eventos debería ser elaborado por el fabricante/integrador del tren y por el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, con el auxilio de la empresa únicamente en lo relativo al correcto acceso, visualización y comprensión técnica de los registros desde la perspectiva del registrador jurídico”.

En definitiva, la empresa reitera “su plena disposición a colaborar con el órgano judicial dentro de su ámbito de competencia técnica como fabricante del registrador jurídico”. En ese ámbito, la entidad puede “facilitar la carga y visualización de los datos, explicar el funcionamiento del sistema de registro, identificar las señales disponibles y configurar vistas o cronologías que permitan una consulta estructurada de la información almacenada”.

No obstante, subrayan que “la interpretación de los datos para determinar el comportamiento global de las unidades ferroviarias, reconstruir la secuencia causal del accidente, valorar la normalidad o anormalidad de la interacción entre subsistemas y emitir conclusiones sobre causas raíz, factores contribuyentes o responsabilidades no corresponde al fabricante del registrador jurídico”. Así, puntualizan que “dicha interpretación exige un conocimiento completo del tren como sistema integrado, de su configuración real, de su historial de mantenimiento y de su operación”.

En consecuencia, la empresa de las cajas negras considera que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante/integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”. La entidad debería actuar como “facilitador técnico del acceso, carga, visualización y comprensión funcional de los registros, pero no como responsable del análisis causal o interpretativo del accidente”.

En este caso, aseveran que “esta delimitación protege la fiabilidad técnica de la diligencia, evita atribuir a cada actor conocimientos o responsabilidades que no le corresponden y permite que el órgano judicial reciba una interpretación fundada por quienes están en mejor posición técnica para correlacionar los datos registrados con el comportamiento integral de las unidades ferroviarias”.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que determina el municipio de Córdoba como sede física de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Se establece el plazo de un año para que el Ayuntamiento de la ciudad designada proponga un inmueble adecuado para albergar la Autoridad Administrativa y, de conformidad con su Estatuto Orgánico, hasta la determinación de la sede principal, esta permanecerá provisionalmente en Madrid

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) fue creada por la Ley 2/2024, como organismo único para reforzar la independencia de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos ferroviario, marítimo y de aviación civil, asumiendo funciones que ejercían hasta ahora tres comisiones de investigación según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil) adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Elección de la sede de la Autoridad AdministrativaEl Real Decreto 209/2022 establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, de forma que la elección se realice siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo.

El Consejo de Ministros, el 10 de marzo de 2026, aprobó, a propuesta de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y de Transportes y Movilidad Sostenible, el acuerdo de inicio del procedimiento para la determinación de la sede física. La Comisión consultiva para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal adoptó posteriormente, el 23 de marzo de 2026, el informe con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de la Autoridad, elevándolo al Consejo de Ministros.

El 2 de abril de 2026 se inició el plazo de un mes para que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, presentaran sus candidaturas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, recibiéndose dos candidaturas procedentes de los ayuntamientos de Córdoba y Málaga.

En base al análisis efectuado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la propuesta de la Comisión Consultiva, el Consejo de Ministros ha acordado que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil tenga su sede principal en el municipio de Córdoba (Consejo de la Autoridad, Secretaría General y Unidad de asistencia familiar)

No obstante, atendiendo a los principios de responsabilidad por la gestión pública y mejora en el funcionamiento del servicio público que presta la Autoridad, así como a los principios de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, se propone establecer el plazo de un año para que el Ayuntamiento de Córdoba proponga un inmueble adecuado al carácter institucional de la Autoridad y que requiera una reducción de costes para su puesta en funcionamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se logra consensuar una opción, se podrá iniciar de nuevo el procedimiento de desconcentración de sedes.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Autoridad, hasta la determinación de la sede principal, esta permanecerá provisionalmente en Madrid.

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido este lunes con el comisionado para la atención a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Jaime Mora, tras la convocatoria de las ayudas de la Junta para las personas heridas en el siniestro residentes en Andalucía y las familias de los fallecidos.

Estas ayudas, compatibles con las estatales, se convocaron la semana pasada y el plazo para solicitarlas es de tres meses, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, ambos han coincidido en que las víctimas “necesitan un apoyo económico” para afrontar gastos destinados a la adaptación de sus viviendas a los problemas de movilidad que sufren algunos heridos, terapias psicológicas o de rehabilitación complementarias a las que reciben en el sistema sanitario público o los desplazamientos al juzgado de Montoro que instruye la causa, ya que muchas de las víctimas eran de provincias como Huelva.

De esta manera, la Junta “mantiene su compromiso de estar al lado de las víctimas del grave accidente en el que fallecieron 46 personas y que reveló la coordinación y capacidad de actuación de los servicios de emergencias andaluces y la solidaridad del pueblo cordobés de Adamuz”.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press y trasladado al Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de las pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y, por lo tanto, alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

Las labores

Por este motivo y con las premisas expuestas, el contrato licitado ha sido dividido en dos lotes para su ejecución, de forma que el Lote 1, del primer laboratorio, incluirá la realización de pruebas no destructivas sobre las muestras de carril, “sin alterarlas”, para lo cual estará presente como observador un representante del segundo laboratorio, “al que se hará entrega de una copia de las imágenes o lecturas obtenidas”.

También, se encuentra la extracción de probetas a partir de las muestras para la realización de ensayos, en lo que estará presente como observador un representante del laboratorio y se extraerán dos lotes probetas para los siguientes ensayos, y uno de esos lotes será entregado al segundo laboratorio. Asimismo, la realización de pruebas sobre las probetas extraídas y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores.

Y en el Lote 2, del segundo laboratorio, se incluye la supervisión de las pruebas no destructivas realizadas por el primer laboratorio sobre las muestras de carril, ante lo cual se recibirá copia de las imágenes o lecturas obtenidas por el primer laboratorio, para su estudio e interpretación.

La supervisión de extracción de probetas por parte del primer laboratorio, de modo que se recibirá uno de los lotes para la realización de los siguientes ensayos. La realización de pruebas sobre las probetas --recibidas del primer laboratorio--, y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores. La parte referente a los ensayos no destructivos de la primera fase se realizará a partir de la información entregada por el primer laboratorio.

“Solvencia y capacidad”

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha elaborado el expediente de contratación con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público --incluyendo las correspondientes memorias justificativa y económica, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas--.

En este caso, desde la CIAF se subraya que “acreditada y validada la plena solvencia y capacidad técnica de ambos laboratorios para la realización de todos los trabajos requeridos”, la Junta de Contratación ha valorado las ofertas y en ambos lotes la mayor puntuación, según las fórmulas aplicadas, ha sido obtenida por Aimen. De acuerdo con las cláusulas del expediente de contratación, “no es posible adjudicar al mismo licitador los dos lotes --para cumplir el objetivo de que ambos sean realizados por laboratorios diferentes--”.

En previsión de dicha eventualidad se requirió, al inicio del procedimiento, que los licitadores expresasen un orden de preferencia sobre los lotes, resultando que ambos --Aimen y Cenim-- manifestaron su preferencia por el primer lote. En consecuencia, en aplicación de las cláusulas de contratación y la legislación establecida, correspondería la adjudicación del Lote 1 a Aimen y del Lote 2 a Cenim.

Se pone todo esto en conocimiento del Tribunal --a través del presente oficio a la Policía Judicial-- con el objeto de que “pueda valorar la idoneidad de la adjudicación y conceder, si así lo considera, su visto bueno para la adjudicación definitiva del contrato”. En caso de que el Tribunal lo considere necesario para hacer su valoración, se le podrá facilitar la documentación pertinente del expediente de contratación.

Al hilo de ello, desde la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado se ha acordado enviar a la pieza separada dicho oficio del día 22 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita para que la jueza acuerde lo procedente.

La Junta de Andalucía ha resuelto aprobar por un total de 1.980 euros más IVA, el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado mes enero, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

Según se recoge en la resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un software de cuya licencia de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail, de manera que la “pericia solo puede realizarse por esta”.

El escrito detalla que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.

En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.

Por otro parte, la letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del pasado 22 de mayo, por el que se proponen medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

Asimismo, a acordado enviar a la pieza separada el oficio del pasado 21 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, adjuntando oficio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) informando sobre la contratación de los laboratorios para la práctica de los análisis metalúrgicos, para que la jueza acuerde lo procedente.