La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que en el anteproyecto de ley de violencia vicaria -aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer- se han incorporado medidas anticipatorias de tipo penal para impedir un “conflicto de intereses” como se produjo en el caso del libro 'El Odio', escrito por Luisgé Martin, en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, ocurrido en el año 2011.

“No hay que llegar a ese conflicto y si algo nos enseña el libro 'El odio' es que debemos poner medidas anticipatorias y eso es lo que también incorporamos en el anteproyecto de ley”, ha detallado la ministra de Igualdad durante la inauguración del curso 'Violencia vicaria: situación actual y retos' organizado por la Universidad Complutense de Madrid en el marco de sus cursos de verano en San Lorenzo de El Escorial.

En su intervención, también ha precisado que el anteproyecto de ley de violencia vicaria se encuentra actualmente en fase de estudio en el Ministerio de Justicia y que, desde su departamento, se pretende llevar al Consejo de Ministros en septiembre.

Sobre las medidas que se incorporarán, ha indicado que serán “medidas penales que anticipen la respuesta y anticipen la solución, e impidan que se produzca ese conflicto de intereses”. Así, ha señalado que se propone “una pena accesoria que valorará el juez por la que el asesino no pueda tener contacto con medios de comunicación o no pueda influir o tener acceso a medios o a periodistas que compren su discurso y además, con ello, vulnere todavía más el dolor y la situación de la víctima”.

“Es un anteproyecto ambicioso. La atención se enfocará en el interés superior del menor, algo que en buena parte es contenido esencial del proyecto de ley. El interés superior del menor hay que actualizarlo, y esa actualización pasa por distintos elementos”, ha señalado Redondo, quien ha traído a colación como ejemplos los casos de Juana Rivas y de Ruth Ortiz.

A su juicio, hay que “aprender de las circunstancias y de la realidad” por lo que ha insistido en la importancia de ser “muy ágiles y plantear soluciones” pues, como ha argumentado, la legislación debe dar “respuesta antes de que se plantee un conflicto de derechos fundamentales y constitucionales que tienen que ponerse”.

Ruth Ortiz, “una madre que sigue sufriendo”

“La libertad de creación artística es una de las libertades que más garantías constitucionales y legales tiene reconocida en nuestro ordenamiento político. Por lo tanto, esa libertad, cuando se limita, hay que razonar muy bien y ser muy proporcionales (...) Pero aquí tenemos también una madre (Ruth Ortiz) que ha sufrido violencia de género y violencia vicaria, que está y sigue sufriendo, porque esa es la característica de la violencia vicaria, que no concluye, que pretende la muerte en vida de esa mujer, a pesar de que el maltratador, el marido, el asesino está en la cárcel”, ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que hay “que proteger” el derecho de la víctima “a no ser revictimizada, a no seguir padeciendo un sufrimiento mayor, que lógicamente es un interés constitucional y un bien jurídico que hay que proteger”, lo que conlleva un “conflicto de intereses” con la libertad de expresión artística.

“Sabemos que hay una metodología jurídica y esa metodología la aplicamos, pero la respuesta no siempre es satisfactoria”, ha subrayado.

Además, a lo largo de su intervención, Redondo ha mostrado su satisfacción por el pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en febrero de este año y ha destacado la “incorporación de nuevas violencias” como por ejemplo la violencia digital “salvaje” en las redes sociales. Sobre este aspecto la ministra ha culpabilizado directamente a “un movimiento sobre todo de hombres jóvenes que rechazan los avances feministas”.

“Era prioritario renovar ese pacto de Estado, incorporar nuevas violencias que están surgiendo y ser conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Cada generación es imprescindible para avanzar en una sociedad mejor, y por lo tanto avanzar hacia esa sociedad libre de violencias hacia las mujeres”, ha sentenciado Redondo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha asegurado que tienen “muy avanzado” un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria --aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer--, que definirá y castigará esta violencia y prohibirá que los asesinos difundan información en medios de comunicación o por otros canales para hacer daño a la víctima, como en el caso del libro sobre José Bretón.

Así lo ha revelado Carmen Martínez este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso.

“En esta ley que estamos trabajando y que tenemos muy avanzada, pues se trata en primer lugar de reconocer legalmente, de ponerle nombre a la violencia vicaria, de definirla, de recoger esta definición en aquellos textos legales donde se recoge la violencia de género, como mínimo en esos. ¿Cuáles son? La Ley orgánica de garantía integral contra la violencia de género y el Código Penal. La violencia vicaria tiene que castigarse y tiene que definirse bien”, ha explicado Martínez.

Además, desde Igualdad quieren que la violencia vicaria “se castigue más fuerte cuando es más grave el daño que se le hace a la víctima”, por ejemplo, en los casos de violencia vicaria “más extrema” en la que el agresor llega a asesinar a los niños para dañar a sus madres.

Asimismo, según ha añadido la delegada del Gobierno, quieren que la ley recoja la prohibición de la difusión o publicación de contenidos que vayan dirigidos a hacer daño a la víctima.

“Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, queremos recoger que se pueda incorporar a las penas, medidas recogidas en el Código Penal. Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizar. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón”, ha puntualizado Martínez.

En todo caso, ha matizado que no es que se pueda imponer siempre esta medida o esta pena pero la intención es “que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación, la difusión de contenidos, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víctima o desde luego esté causando un daño añadido”.

Igualmente, quieren que se pueda sancionar la utilización “en contra de la ley” de figuras como el falso síndrome de alienación parental u otras similares “a las que se cambia el nombre”.

“Se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, equipos multidisciplinares de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar qué servicios, pero se sigue usando esta figura y similares y también se siguen dictando resoluciones judiciales basadas, amparadas en informes que han usado, en contra de la ley, esta figura”, ha detallado.

Al mismo tiempo, con esta norma quieren que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles los mismos derechos y que se garantice el derecho de los menores de edad a ser oídos siempre que las decisiones judiciales o administrativas afecten a su vida.

“Terribles” asesinatos machistas

Durante su comparecencia en el Congreso, la delegada del Gobierno, ha comenzado asegurando que están “destrozadas” por los “terribles asesinatos” machistas de los últimos días --dos confirmados en apenas 24 horas en Getafe y Valencia, y otros tres en investigación-- y ha hecho un llamamiento a “ir de la mano” a todas las instituciones, grupos parlamentarios y a la sociedad.

Además, ha avanzado que van a “procurar” convocar los comités de crisis “haya o no cinco asesinatos en un mes” para “analizar todos los casos”. El próximo comité de crisis se celebrará el próximo 10 de julio, tal y como han indicado este jueves fuentes del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha desgranado algunas de las 461 medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de las cuales, según ha precisado, 256 son nuevas y 128 actualizadas, ofreciendo así “un marco más preciso y más exigente”.

En el marco de este pacto, ha detallado algunas actuaciones. Entre otras, ha comentado que están impulsando la protección de las víctimas de violencia machista ante catástrofes --para que estas no afecten al funcionamiento de servicios como el 016--; trabajando en la mejora de los dispositivos tecnológicos; diseñando campañas contra la violencia machista digital o contra la violencia vicaria; ofreciendo formaciones o integrando la Inteligencia Artificial.

Martínez también ha insistido en la importancia de trabajar de forma coordinada y del papel “fundamental” de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas públicas que protejan a las víctimas; y ha advertido del peligro del negacionismo.

“El negacionismo pone en peligro vidas”

“Toda actuación que no suponga un posicionamiento sin flaquezas contra la violencia machista, todo posicionamiento político que no enfrente de manera valiente el negacionismo y las posiciones reaccionarias, que ponga en duda la transformación social de hombres y mujeres por la igualdad y la no violencia, pone en peligro vidas”, ha subrayado.

En el turno de portavoces, la diputada del PSOE María Sainz ha comenzado su intervención expresando el “horror, indignación y desasosiego” por “el goteo continuo de asesinatos machistas” y ha mostrado su preocupación por “el activismo negacionista” de Vox.

Por su parte, la diputada del PP María de las Mercedes Cantalapiedra ha declarado que España está “ante un verano negro” y ha instado al Ministerio de Igualdad a no esperar a julio para convocar el comité de crisis ante el repunte de asesinatos machistas; al tiempo que ha denunciado los “escándalos de prostitución pagados con dinero público”.

También ha criticado estos casos la diputada de Vox Rocío Aguirre, mientras que, en referencia a la violencia machista, ha acusado al Ministerio de Igualdad de “estafar a los españoles” porque, a su juicio, el Pacto de Estado “no ha conseguido nada” y le ha afeado que presenten una ley contra la violencia vicaria mientras han aprobado “una ley trans que mutila y destroza”.

Mientras, desde Sumar, la diputada Júlia Boada se ha referido a la “semana totalmente negra” por los últimos asesinatos machistas y ha subrayado que “la sensación de urgencia es total y absoluta”. En cuanto a la ley contra la violencia vicaria, ha celebrado este anuncio y frente a la “deriva un poco punitivista”, ha subrayado la importancia de poner el foco en “los protocolos de ámbito sanitario y educativo” y en “la formación” para todos los profesionales que tienen contacto habitual con niños.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado este lunes la última de las sesiones de las jornadas dedicadas a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha venido desarrollando desde el pasado mes de febrero, para difundir entre sus colegiados las principales reformas organizativas y procesales que supone la implantación de esta norma.

Esta última sesión, dedicada a las reformas que esta ley orgánica ha operado en materia penal y procesal, ha hecho especial referencia a las novedades en materia de violencia de género. En dicha jornada, Isabel Mª Moreno Almagro, Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, quien ha calificado la ley como una norma muy ambiciosa, ha realizado un recorrido por las principales modificaciones en el ámbito del proceso penal que pueden suponer una agilización del procedimiento. 

Ha intervenido también el abogado Francisco Javier Pérez Hinojosa, profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, quien se ha detenido en cómo afecta la norma al trabajo del profesional de la abogacía.

Las jornadas han abarcado de forma específica las principales materias que han sido objeto de reforma en las distintas jurisdicciones, brindando así a los profesionales de la Abogacía de Córdoba la oportunidad de actualizar sus conocimientos.

En las distintas sesiones, se ha abordado la implantación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los llamadas MASC, como acceso válido a la Justicia, jornada en la que intervino la Magistrada de la AP de las Palmas, Rosalía Fernández Alaya; los aspectos procesales y orgánicos de la Ley 1/2025 en materia laboral con Antonio Jesús Rodríguez, Magistrado del Juzgado de los social 3 de Córdoba, y Luis Rabasa- Aguilar Tablada, Juez del Juzgado de Menores nº 1 de Córdoba, analizó el impacto de la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en el Derecho de Menores.

Más de 500 profesionales de la Abogacía de Córdoba han participado en estas jornadas que forman parte del programa de formación continua que desarrolla el Colegio para sus colegiados durante todo el año a fin de facilitarles la actualización constante que requieren los cambios normativos que se vienen produciendo.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba, a través de su Comisión de Formación, ha organizado unas jornadas con el objetivo de difundir las reformas organizativas y procesales en el sistema judicial que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y ayudar así a los colegiados en su aplicación.

La responsable de Formación del ICA-Córdoba, Lourdes Capdevila, ha destacado la trascendencia de acciones formativas como esta, “ante las importantes novedades que supone la implantación de la ley de Eficiencia tanto a nivel procesal como organizativo. Estas jornadas abarcarán de forma específica las principales materias que han sido objeto de reforma en las distintas jurisdicciones, brindando así a nuestros colegiados la oportunidad de actualizar sus conocimientos”.

Las jornadas son gratuitas para todos los profesionales de la Abogacía colegiados en el Colegio de la Abogacía de Córdoba y se extenderán durante los meses de febrero y marzo. Las distintas sesiones se celebrarán en la sede colegial y a ellas podrá asistirse tanto de forma presencial como seguirse en streaming.

La primera de las sesiones, prevista el próximo 17 de febrero, se centrará en la implantación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC). No en vano, explica Capdevila, “esta Ley se presenta como una actualización integral de la normativa sobre mediación en España. Su objetivo es introducir en el ordenamiento jurídico como acceso válido a la Justicia, además de la jurisdicción, otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional”.

Esta sesión, titulada “Los MASC como requisito de procedibilidad tras la reforma operada por la nueva Ley 1/2025. Efectos procesales y relación con las costas” contará con la intervención de Rosalía Fernández Alaya, Magistrada de la AP de las Palmas y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de GEMME España.

El 24 de febrero, está prevista la sesión centrada en los aspectos procesales y orgánicos de la Ley 1/2025 en materia laboral, en la que participará Antonio Jesús Rodríguez, Magistrado del Juzgado de lo social 3 de Córdoba. Ya en marzo, los días 10 y 25, se celebrarán las sesiones dedicadas a las novedades prácticas en el proceso civil y de menores respectivamente. En los próximos días se agendará la sesión dedicada al ámbito penal. 

El PP ha instado al Gobierno de España a desarrollar la Ley del Voluntariado “para regular, proteger y reconocer la gran labor que lleva a cabo el voluntariado en nuestro país”, tal y como ha defendido el diputado cordobés Bartolomé Madrid en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados.

Según ha indicado el PP en una nota, Madrid ha sido el encargado de defender la Proposición no de Ley (PNL) pidiendo al Ejecutivo que apruebe el reglamento que desarrolla esta ley, aprobada en 2015, y, “por lo tanto, regular y constituir tanto el Observatorio Estatal de Voluntariado como la Comisión Interministerial de Voluntariado. Esta iniciativa fue aprobada”.

“Es de justicia desarrollar esta Ley por la generosidad de las personas que contribuyen a tener una sociedad mejor, más justa, solidaria y empática con las personas y las causas que merecen la pena”, ha dicho Madrid, quien ha señalado que “esta ley se aprobó en 2015 por el Gobierno del PP con el respaldo de la Plataforma del Voluntariado de España que representa a 80 entidades de voluntariado”.

El Gobierno del PP, ha dicho el diputado, “dejó redactado y presentado el Proyecto de Real Decreto por el se aprueba el Reglamento de Ejecución de esta ley y lo hizo público en enero de 2018, contó con la colaboración de las entidades más representativas y supuso un esfuerzo notable de consenso”.

“Seis años después todavía no se ha desarrollado la Ley ni se ha avanzado en nada relacionado con ella, es decir, esta ley duerme en el sueño de los justos en el arca del mantra progresista, ahogando sus valores por un Gobierno que cimenta su acción política en la desigualdad entre españoles”, ha afirmado Madrid.

El diputado popular ha censurado “la voluntad política del Gobierno socialista en estos seis años, un Gobierno que hace aguas en temas de especial trascendencia social, como el incremento de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, o la tasa de jóvenes desempleados”.

Madrid ha reconocido la “sensibilidad” del anterior Gobierno del PP que quiso abordar esta ley para crear un marco jurídico para responder adecuadamente a la configuración del voluntariado en el siglo XXI. “Es una ley que apuesta por un voluntariado abierto, participativo, interclasista e intergeneracional, que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración que es la de transformar la sociedad”, ha dicho.

En este sentido, ha continuado, es “una ley que regula un voluntariado sin adjetivos, abierto a todos los ámbitos de actuación, desde el social, al deportivo, cultural, medioambiental, protección civil o el ocio y tiempo libre, por lo que favorece que pueda promoverse no sólo en el Tercer Sector sino en otros espacios más novedosos como son las empresas, las universidades o las propias administraciones públicas”.

Además, según Madrid, “es una ley que alude al interés general como uno de sus pilares fundamentales, referenciado a la mejora de la calidad de vida de las personas beneficiarias o destinatarias de la acción voluntaria y de la sociedad en general. Algo que también ha dejado aparcado un Gobierno centrado en los intereses particulares que demandan los votos necesarios para mantenerse en el poder”, ha argumentado.

El diputado cordobés espera que el Gobierno de España atienda el dictado del Congreso de los Diputados y lleve a cabo la aprobación del Reglamento de la Ley, así como el Observatorio Estatal de Voluntariado y la Comisión Interministerial, en el plazo de 12 meses como se recoge en la enmienda transaccional.

“La Plataforma del Voluntariado de España define que su misión es visibilizar, impulsar, promover y proteger la acción voluntaria transformadora, así como consolidar y fortalecer la red de organizaciones que la componen como espacios de participación y representación del voluntariado en el conjunto de la sociedad. Nuestra misión como diputados es hacérselo más fácil, y en eso ha estado siempre el PP”, ha concluido.

Nos acercamos a la época estival y las personas trabajadoras hacen planes para disfrutar de sus días de vacaciones. Sin embargo, un derecho tan asumido como es el derecho a vacaciones genera no pocas dudas y conflictos. De hecho, CCOO detecta un incremento de las consultas de personas trabajadores sobre una cuestión que tiene un enorme impacto en la salud física, mental y emocional de las personas trabajadoras, de ahí la importancia de que, ante cualquier duda, se consulte a los delegados y delegadas sindicales de la empresa o directamente al sindicato. 

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, recuerda que “el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET) regula el derecho a las vacaciones y establece las normas básicas pero las vacaciones también se regulan en los convenios colectivos, por lo que es importante que la persona trabajadora conozca qué dice su convenio al respecto, que nunca podrá ser más restrictivo que lo marcado por el ET”, explica Martín.

“El conjunto de las personas trabajadoras tiene algunas nociones básicas sobre las vacaciones, como que duran 30 días naturales, pero hay otras muchas cuestiones que presentan dudas”, indica Martín que pone como ejemplo que “la creencia común es que las vacaciones son sustituibles por compensación económica, cuando no lo son. Los dos únicos casos en los que las vacaciones no disfrutadas se abonan monetariamente es en el caso de que el trabajador o trabajadora se encuentre en un periodo de incapacidad temporal que posteriormente derive en un reconocimiento de una incapacidad permanente o cuando la persona trabajadora es jubilada debido a la incapacidad permanente”.

En cualquier caso, las vacaciones deben pactarse en convenio colectivo o contrato individual y el periodo o periodos de disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora, de conformidad con lo establecido, en su caso, en los convenios colectivos. De esta forma, el calendario de vacaciones se fijará en cada empresa y el trabajador conocerá las fechas que le correspondan con al menos dos meses de antelación al comienzo del disfrute de las mismas.

Así mismo, en el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal que imposibilite a la persona trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que corresponden, el trabajador o trabajadora podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad. “En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente”, apunta el responsable de CCOO.

Entre las preguntas más frecuentes que trasladan las personas trabajadoras al sindicato relacionadas con las vacaciones cabe mencionar si la persona que está contratada a tiempo parcial tiene derecho a los mismos días de vacaciones que si trabajara a jornada completa. “Una persona que trabaja a tiempo parcial tiene derecho a 30 días naturales de vacaciones mientras que las personas que tienen contratos eventuales por tiempo determinado generarán 2,5 días por mes trabajado y tienen derecho a disfrutarlos antes de la finalización de su contrato”, remarca Aurelio Martín quien recuerda que “las vacaciones se deben disfrutar entre el 1 y el 31 diciembre del año, salvo que el convenio colectivo de aplicación indique otra cosa”.

“Una situación que nos encontramos con cierta frecuencia es la de trabajadores o trabajadoras a las que su empresa les dice que no hay bastante trabajo y los manda a casa de vacaciones. Ni te pueden dar vacaciones de un día para otro, ni te las pueden cambiar unilateralmente”, indica el responsable de CCOO quien apunta que “si se termina la semana el viernes y se comienzan las vacaciones, el fin de semana no cuenta como vacaciones. El periodo de vacaciones no se puede iniciar en día festivo o inhábil”.

Otra pregunta frecuente es si hay que coger las vacaciones todas a la vez. “Las vacaciones se pueden disfrutar en periodos diferentes, aunque uno de ellos debe abarcar un periodo mínimo de dos semanas”, puntualiza Martín.

Junto a estas, uno de los ámbitos que más dudas genera respecto a las vacaciones es el de las situaciones en las que las vacaciones coinciden con bajas temporales. “En el caso de que el periodo de incapacidad se derive de embarazo, parto o lactancia natural, existe la posibilidad de disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya finalizado el año natural al que correspondan. Para el caso de las incapacidades temporales derivadas de otras contingencias, la persona trabajadora podrá disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en el que estas se hayan originado. Y si se sufre un accidente durante las vacaciones, el trabajador o trabajadora puede solicitar una baja laboral IT debido a una enfermedad común. Aunque el accidente no ocurra en el contexto del trabajo, la persona trabajadora tiene derecho a recibir prestaciones económicas durante la baja, así como a posponer los días de vacaciones que no vas a poder disfrutar”, apostilla.

La nueva Ley de Bienestar Animal, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entra en vigor este viernes 29 de septiembre, pero no todas sus medidas se aplicarán desde entonces, puesto que necesitan un decreto que las desarrolle. Y esto, al menos hasta que no haya nuevo Gobierno central, no será posible. Entre dichas medidas se encuentra el seguro obligatorio para todos los perros, que aún no cuenta con un decreto que establezca los detalles de esta norma para su aplicación.

Cientes de veterinarios están mostrando sus dudas a estos sobre cómo les afectará la nueva ley y hay quien, como Valentín Fernández, de Veterinaria Alfaros, ha optado por divulgar las respuestas a esas dudas. “El tema del seguro o si van a poder seguir teniendo su mascota, son las consultas que más nos llegan”, dice a este periódico. Pero, de otros asuntos como la esterilización obligatoria de gatos o del curso que los dueños de perros deben hacer, “la gente no sabe nada”.

Ante la gran cantidad de preguntas que reciben en la clínica veterinaria por parte sus clientes referente a la Ley de Bienestar Animal que es efectiva a partir del próximo viernes, muestran en sus redes sociales “los cambios más importantes que traerá y cuáles serán efectivos desde el 29 y cuáles no”, para solventar dudas.

Así -explican-, habrá que comunicar la pérdida o sustracción del animal en un plazo máximo de 48 horas y está prohibido dejar al animal sin supervisión durante un plazo superior a tres días, siendo de no más de 24 horas en el caso de los perros.

Curso de formación y seguro, aún no

Todos los propietarios de perros deberán hacer un curso de formación, que será gratuito y probablemente se realizará online. “De momento no hay que hacerlo, ya que deben sacar un decreto que lo desarrolle”, apuntan.

Igualmente, “el seguro de responsabilidad civil será obligatorio solo para perros y de momento no hay que tenerlo hasta que salga el decreto que lo desarrolle”. Eso sí, sigue siendo obligatorio para perros potencialmente peligrosos como hasta ahora.

Otra novedad es que hay que poner los medios necesarios para que nuestros animales no se reproduzcan, sólo los criadores autorizados podrán criar. En el caso de los gatos será obligatoria la esterilización quirúrgica antes de los seis meses.

Otros animales de compañía

Además de perros, gatos y hurones, se podrán tener como animales de compañía, animales de producción (vacas, cabras, ovejas...) que se tengan sin fin productivo y que se inscriban en un registro; también animales de especies silvestres que aparezcan en el listado positivo (que de momento no está publicado) y las aves de cetrería y animales de acuariofilia

“En cuanto a los animales exóticos, de momento no hay lista de los que se pueden tener”. Esa lista también saldrá más adelante y lo normal es que prohíba las nuevas adquisiciones de esas mascotas, pero no habrá que entregar los animales que se posean. De momento sólo está prohibido tener animales que se incluían en la anterior ley (animales venenosos o con mordedura peligrosa para las personas, reptiles que de adultos pesen más de 2 Kg, excepto en el caso de las tortugas; mamíferos salvajes de más de 5 Kg y primates).

Una vez se desarrolle este punto, sólo se podrán adquirir de manera legal animales de centros de control animal, protectoras y criadores autorizados.

Ante cualquier duda, piden que los dueños de mascotas consulten con su veterinario.

La nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo, recoge que todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos tienen que contar con un sistema interno de información o canal de denuncias en el seno de sus entidades. La nueva norma impuso los plazos otorgados a las compañías dependiendo del número de trabajadores y, en Córdoba, hay 43 grandes empresas -tienen más de 249 empleados- que deberán tener esta nueva herramienta antes del 13 de junio, ateniéndose a multas millonarias si no cumplen con la legislación.

Según el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, Córdoba contaba a 1 de enero de 2022 -es la última fecha actualizada- con 43 grandes empresas y 228 pymes, que tienen entre 50 y 249 empleados. Para estas compañías, el Gobierno ha dado de plazo hasta el 1 de diciembre. El objetivo de la Ley del Informante no es otro que proteger a quienes detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen.

El Ejecutivo afirma que la obligación de este canal de denuncias es fruto de la necesidad de que la ciudadanía confíe en estas organizaciones, ya sean empresas, sindicatos o grupos políticos, dado que “la existencia de casos de corrupción que han afectado a algunas de estas organizaciones ha incrementado la preocupación entre la ciudadanía por el recto funcionamiento de las instituciones”.

Este canal de denuncias deberá permitir la comunicación anónima, además de reunir requisitos como un uso asequible, las garantías de confidencialidad y las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante.

Dado que el Gobierno es consciente del coste que este nuevo canal puede tener en las pequeñas y medianas empresas, ha permitido que puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada entidad.

Además de las multas millonarias a las que se podrían enfrentar las empresas -de 100.000 euros a un millón-, si las infracciones son muy graves, el régimen sancionador incluye la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante cuatro años; y la prohibición de contratar con el sector público durante tres años.

Prohibición de represalias

La norma también recoge expresamente la prohibición de represalias, incluidas las amenazas o tentativas, contra las personas que hagan uso de este canal de denuncias. Así, se consideran represalias la suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios; imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el empleado tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido.

También se incluyen como represalias daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas; coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo; las referencias negativas respecto al desempeño laboral, la inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios, la denegación o anulación de una licencia o permiso, la denegación de formación, y la discriminación, o trato desfavorable o injusto.

Además, las empresas estarán obligadas a ofrecer medidas de apoyo a quienes comuniquen o revelen infracciones previstas en esta ley, como asistencia afectiva y jurídica si fuera necesaria, e información y asesoramiento.

Por otro lado, durante la tramitación del expediente las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos regulados en esta ley, así como a la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que ha rechazado el recurso de revisión aprobado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que, tras la ley del solo sí es sí, rebajó la condenado a un violador en Córdoba. El TSJA considera que la nueva norma no se puede aplicar en este caso, por lo que la pena ha aumentado de cuatro a seis años, volviendo a la condena que le impuso la Audiencia.

Según los autos dados a conocer por el tribunal andaluz, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a un hombre, en enero de 2017, a seis años de prisión por un delito de agresión sexual. Tras la reforma de la ley del solo sí es sí, los hechos enjuiciados integrarían un delito de violación de los art. 178.1 y 2 y 179 de dicho texto legal, castigado con una pena de cuatro a 12 años de prisión.

Ante ello, el tribunal cordobés entendió que tras la reforma debe seguirse el mismo criterio, por lo que oscilando ahora la pena imponible de cuatro a 12 años, decidió imponer la mínima actual. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se opuso, presentando un recurso ante el TSJA, quien ha fundamentado su escrito en que la Audiencia ya estableció en este caso el mínimo legal.

En su argumentación, el tribunal con sede en Granada alega que el hombre fue condenado a la pena mínima, valorando la entidad de los hechos, que consistieron, resumidamente expuestos, en que el acusado abordó por la espalda a la víctima cuando caminaba por la acera junto a unos jardines, y tras inmovilizarla, agarrándola fuertemente, metió su mano por debajo de la falda, le desplazó las bragas y le introdujo dos dedos en la vagina, huyendo acto seguido.

Se trató, continúa el TSJA, de una agresión sexual, aun de breve duración, por lo que no puede afirmarse que con la actual normativa le hubiera correspondido una pena inferior a la impuesta, que se sitúa, con arreglo a la misma, justo en el medio de la mitad inferior, y que debe mantenerse por resultar proporcionada a la gravedad de los hechos.

Rebaja dos condenas por agresiones sexuales a menores

Por otro lado, el TSJA ha rebajado dos penas de prisión por sendas agresiones sexuales a menores. En el primer caso, la Audiencia no acordó una reducción de la pena de prisión para un condenado a ocho años de prisión por abusos sexuales a un menor de 16 años con acceso carnal. En la imposición de esta pena influyó notablemente la atenuante de reconocimiento de los hechos y aceptación de la condena por parte del acusado.

Sin embargo, el TSJA sí ha tenido en cuenta el recurso del condenado y ha reducido la pena a siete años, dos meses y trece días, situándose el grado superior de la actual pena entre seis años, nueve meses y un día, y nueve años de prisión.

En este caso, el tribunal entiende que ha de tenerse en cuenta que el reconocimiento de los hechos y la aceptación de la condena por el acusado, la modificación de conclusiones provisionales por el Ministerio Fiscal y adhesión de la defensa a las mismas, evidencia de se trató de un supuesto de conformidad subyacente o implícita en la imposición de la pena asignada al delito, que se fijó en la mitad superior de la horquilla correspondiente, una vez rebajado en un grado la pena por la aplicación de una atenuante muy cualificada, lo que permite aventurar que si los límites mínimo y máximo aplicables hubieran sido inferiores, quizá se habría fijado una pena más baja, o tal vez la defensa no habría aceptado conformarse con la petición del Ministerio Fiscal si éste no efectuaba una oferta menos gravosa para su defendido. Además le ha impuesto la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad durante cuatro años.

Asimismo, el TSJA ha confirmado la reducción de un año de prisión a otro agresor sexual a un menor de 16 años, cuya condena ha quedado en nueve años y un día, siendo la anterior de diez años. Además, el tribunal le ha impuesto la inhabilitación durante cuatro años para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, ha expresado este jueves que la postura de Unidas Podemos “hasta el último minuto es buscar el acuerdo con el PSOE” a días del debate en el pleno del Congreso sobre la proposición de ley que los socialistas registraron en solitario para reformar la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como Ley del solo sí es sí, y que ha generado tensión con los morados.

En declaraciones a los periodistas, la ministra ha manifestado que “el tema es lo suficientemente importante como para mostrar una postura unitaria por parte del Gobierno”, de manera que “es en lo que estamos trabajando y en lo que está trabajando la ministra de Igualdad, Irene Montero”, ha aseverado.

Y es que, a su juicio, “no nos podemos permitir volver al Código Penal de La Manada, contra el que se manifestaron cientos de miles de mujeres en todo el país, y que se haga además de la mano entre el PSOE y el PP”.

Por otro lado, ha pedido la dimisión del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, tras conocerse que aconsejó con una serie de mensajes al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el anterior Gobierno del PP durante la investigación del caso 'Kitchen'.Antes de participar en Córdoba en una jornada sobre servicios sociales, la ministra ha manifestado que “igual que se pide que cuando se demuestra que un político es corrupto tiene que dimitir”, considera que “los jueces corruptos tienen también que dimitir”.

En este caso, ha calificado los hechos como “muy graves, porque mientras estaban intercambiando esos mensajes, el presidente de la Audiencia Nacional fue renovado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado”.

De este modo, Belarra ha subrayado que “no hay mayor ataque a la democracia que la corrupción”, a lo que ha añadido que “nunca hubiera sido posible la corrupción del PP sin su brazo togado, sin ese apoyo de parte de la judicatura que le ha favorecido y ha impedido condenas más altas o que se juzgue a algunos de ellos”.

La exvicepresidenta del Gobierno, la diputada socialista Carmen Calvo, ha pedido este lunes afrontar con “realismo” la necesidad de “buscar fórmulas” que permitan aplicar “ajustes” a la ley de solo sí es sí, pues su entrada en vigor ha conllevado “algunas dificultades que provocan desasosiego en la sociedad”, por la excarcelación de violadores o la rebaja de sus penas de prisión.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la también presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados ha reaccionado así después de que el Ministerio de Igualdad ha manifestado no creer que una reforma penal sea la solución para frenar las revisiones de penas a violadores que está provocando la ley de solo sí es sí y considere que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley.

Ante ello, Carmen Calvo, que ha respaldado este lunes al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, poco antes de pronunciar una conferencia en un instituto de la capital cordobesa, ha dicho creer que “la obligación de todos en la política es tratar de responder a lo que una parte de la población siente, que es que el objetivo de esta ley no era, evidentemente, recortar penas, ni aliviar las vidas de quienes han cometido gravísimos delitos” contra mujeres.

Por el contrario, “el objetivo fundamental de esta ley es preservar la libertad de las mujeres en sus relaciones sexuales y en la integridad de su libertad”, pero “hay problemas que hay que afrontar” y “no querer afrontarlos no es la salida. Hay que buscar las fórmulas para que, de ahora en adelante, la sociedad sepa que esta ley viene para que nadie, absolutamente nadie se quede sin el castigo correspondiente después de la situación, absolutamente inaceptable en democracia, que es la violación absoluta de la libertad de las mujeres en el modelo de relaciones sexuales”.

En consecuencia, para Calvo “es realista responder” y también “encontrar algunas modificaciones que permitan a los operadores jurídicos, que son los tribunales, en las horquillas que tienen de trabajo”, poder “condenar como corresponde” los delitos sexuales contra las mujeres, de modo que mantener otra postura “no es realista y no es operativo”, pues “hay una alarma importante en la gente y yo creo que la obligación es responder” entre todos.

La diputada socialista ha argumentado que “las leyes, cuando entran en vigor, tienen caminos complicados y no pasa nada, esta lo ha tenido y habrá que buscar algunas vías de respuesta mejores”, confiando Calvo

“mucho en el conjunto del Gobierno y en los ministerios que están implicados para que lo hagan, porque ahí fuera hay mucha gente alarmada y muchas mujeres que no podemos entender que una ley que tiene un objetivo extraordinariamente importante”, que es “la libertad, el consentimiento y la seguridad de la vida sexual de las mujeres, tenga consecuencias que no queríamos”.

Recuperar penas

En cuanto a la propuesta concreta del Ministerio de Justicia de recuperar las penas que se aplicaban antes de la aplicación de la ley de solo sí es sí respecto a los delitos perpetrados con violencia o intimidación, Carmen Calvo, ha dicho que eso es algo que “técnicamente tenemos que hacer”, porque la cuestión “es ver los grados de la situación de cada delito que se comete, y ahí es donde está también la graduación de las penas”.

Calvo, quien ha asegurado que existe un “cierre de filas” en el PSOE para “mantener el consentimiento” en la ley y “no ceder en la protección de la libertad de las mujeres” en el ámbito de sus relaciones sexuales, ha defendido la necesidad de “abandonar el binomio de dos delitos diferentes”, como ya se ha hecho, “porque con uno, en términos coloquiales, se iban de rositas muchos agresores, pero yo creo que ahí es donde está el tajo”.

Eso significa que “hay que hundir la cabeza ahí, porque es verdad que el operador jurídico, el juez o la jueza que aplica, puede tener diferentes grados para graduar la pena con arreglo a las circunstancias, no con dos delitos distintos, sino con arreglo a las circunstancias, y en ese sentido yo creo que técnicamente hay meter cabeza”, considerando Calvo que su partido “siempre demuestra realismo y fortaleza con las cosas, y no pasa nada” por tener que “modificar” la que es “una ley necesaria”, para “bien del avance de las mujeres” y de su “libertad, pero que requiere ajustes, y hay que hacerlos y no pasa nada, se hacen”.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el 21 de febrero un jornadas formativas en las que responsables públicos municipales de toda la provincia reflexionarán sobre la participación infantil en la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Tal y como ha indicado la institución provincial, las jornadas, impulsadas por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), buscan “crear un espacio de encuentro de responsables municipales con el fin de sensibilizar y fomentar el desarrollo de Planes Locales de Infancia y Adolescencia desde una perspectiva de derechos de infancia y adolescencia”.

Así se ha expresado el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, quien ha destacado que “buscamos dar mayor protagonismo a los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia mediante la articulación de sus propuestas canalizadas mediante órganos de participación”.

En definitiva, según ha continuado Sánchez, “perseguimos con estas jornadas incorporar el enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño a las políticas municipales, canalizar los recursos existentes en el ámbito de la infancia, fortalecer la coordinación entre administraciones para aplicar medidas destinadas a la promoción de los derechos del niño y adoptar criterios basados en dichos derechos en los presupuestos públicos”.

Las jornadas contarán con la ponencia titulada '¿Por qué diseñar un Plan Local de Infancia y Adolescencia? Razones para actuar' y se presentará la guía 'La participación infantil en la provincia de Córdoba'. Además, habrá una mesa redonda sobre 'La aportación de la infancia al bienestar social de los municipios'.

Podrán participar alcaldes de la provincia de Córdoba, concejales de Servicios Sociales, Educación, Infancia y Familia y Juventud, técnicos municipales de todas las áreas mencionadas y entidades sociales que desarrollen su labor en el ámbito de los derechos de la infancia. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 17 de febrero en 'https://forms.gle/rAuUwAKjYCqK3EQY9'.

La diputada socialista en el Congreso y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este lunes que las enmiendas del PSOE a la 'ley Trans' persigue garantizar la “plena constitucionalidad” del texto frente a un posible recurso del PP en el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, ha recordado que su partido, el PSOE, “es el autor de todas las leyes de igualdad de este país,; todas han pasado por el TC porque el PP las ha recurrido y todas han recibido el visto bueno de la constitucionalidad”.

En este sentido, con las enmiendas planteadas a la 'ley Trans', se perdigue, según Calvo, “hacer una ley plenamente constitucional, protectora de la infancia como valor superior de la Constitución y naturalmente sacar adelante una legislación que sí tiene que ser sometida al escrutinio del TC, que todo apunta a que sí, vuelva a ser absolutamente validada sin que el PSOE tenga en esto ningún tipo de mácula como no la ha tenido hasta ahora”.

Ha insistido en que persiguen que salga adelante una ley “rigurosa, garantista que entre en el tráfico jurídico con otras leyes sin evidentemente alterar derechos que ya existen, y sobre todo garantista de los derechos de los menores”. Ha apuntado que España se incorpora ahora a una legislación que ya está presente en otros países europeos.

Según ha expuesto Carmen Calvo, las enmiendas planteadas por el PSOE al proyecto de ley van a en dos direcciones: Experiencia de derecho comparado y constitucionalidad de la norma, que será recurrida por el PP“. Se trata, según ha dicho, de que cuando llegue al TC, ”tiene que ser plenamente constitucional porque estamos hablando de derechos y cuando se habla de derechos no se pueden cometer errores jurídicos porque el daño que se puede hacer en las personas es muy grande“.

“Estamos tocando los artículos 14 y 15 de la Constitución y por lo tanto tenemos que ir con mucha seguridad y equilibrio en las decisiones que se van a tomar en el Congreso”, ha indicado la diputada nacional, quien ha mostrado su preocupación porque hay discursos “de la extrema derecha que están alentando la homofobia y actitudes violentas y de odio contra estos colectivos y la sociedad tiene que preservar a las minorías de estas situaciones”.

Asimismo, ha añadido que la protección de la infancia está por encima de todo y no se pueden poner en tela de juicio los conceptos sobre los que se están fundamentado ahora mismo varias leyes y sentencias de los tribunales, como el de violencia de género.

Los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba llevarán al próximo Pleno, que se celebra esta semana, una moción conjunta cuyo objetivo es instar al Gobierno de la Nación “a acelerar los trámites parlamentarios para aprobar la Ley Trans y Lgtbi”.

Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa la portavoz municipal de Podemos, Cristina Pedrajas, y la viceportavoz de IU en el Consistorio, Alba Doblas, señalando que dicha Ley, “como ya ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconocerá que las personas trans no sufren ninguna patología”.

Igualmente, la futura Ley “recogerá lo expresado en la Resolución del Consejo de Europa en 2015, en la que se pide a los estados que desarrollen procedimientos rápidos, transparentes y accesibles basados en la autodeterminación de género, y se recomienda eliminar la obligatoriedad de los tratamientos médicos o de diagnósticos de salud mental para poder acceder al cambio de nombre y sexo en el registro”.

Además, la nueva norma “prohibirá en todo el territorio las llamadas 'terapias de conversión', que no son más que torturas ideológicas, y que están proscritas por todas las organizaciones profesionales de referencia, por los daños que pueden provocar”, permitiendo también la nueva Ley dotar de “plena igualdad de derechos a las mujeres lesbianas y bisexuales en el acceso a las técnicas de reproducción asistida y en la filiación de sus hijos, sin que tengan que recurrir al matrimonio”.

Pedrajas y Doblas han señalado que la futura norma, además, “incluirá un currículo inclusivo para el alumnado y el profesorado, y promoverá valores de igualdad y de no discriminación por orientación sexual o identidad de género”, y “avanzará en las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera Estrategia de Igualdad Lgtbiq 2020-2025”, a la vez que “garantizará la libre determinación de la identidad de género para todas las infancias trans”.

Por último, Doblas y Pedrajas han destacado que la nueva norma “garantizará los derechos de las personas Lgtbi inmigrantes o en situación administrativa irregular”, y “protegerá los derechos de las personas no binarias, otorgando la posibilidad de que la casilla referida al sexo quede en blanco en los documentos oficiales”.

La delegada de Recursos Humanos de la Diputación de Córdoba, Inmaculada Silas, acompañada por el delegado de Cohesión Territorial de la institución provincial, Juan Díaz, ha inaugurado este miércoles la Jornada sobre la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), en la que se han dado cita más de 200 responsables municipales y técnicos.

En el acto de inauguración, en el que también ha participado la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Cristina Casanueva, Silas ha hecho referencia durante su intervención “a la importancia de este encuentro en el que participan más de 200 representantes institucionales y técnicos de nuestros ayuntamientos”.

“El objeto de esta jornada es poner sobre la mesa los aspectos más relevantes de una norma, la Lista, que tiene un especial incidencia en nuestro territorio”, ha matizado Silas, quien ha incidido en “el importante elenco de expertos que nos acompañará durante este martes y que nos permitirán analizar el régimen del suelo y las clases de suelo, con la intervención de José Andrés Moreno, jefe del Servicio de Órganos Urbanísticos y Seguimiento Normativo en la Junta de Andalucía”.

Según Silas, “la siguiente de las ponencias, a cargo de Hilario Hernández, jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Alcalá de Guadaira, versará sobre el régimen de las actuaciones de transformación urbanística y de actuaciones urbanísticas”.

“El programa se completa con 'La ordenación territorial y urbanística', 'La ejecución urbanística', ' La actividad de edificación' y 'La disciplina territorial y urbanística y la situación de las edificaciones irregulares', todas ellas ponencias de profesionales de reconocido prestigio”, ha concluido Silas.

Por su parte, el delegado de Cohesión Territorial de la Diputación, Juan Díaz, ha mencionado que “con la entrada en vigor de esta Ley se contempla una mayor agilización de los procesos urbanísticos y la implantación de actividades económicas en Andalucía, por lo que se plantea un escenario de nuevas oportunidades para nuestra comunidad autónoma”.

Díaz ha explicado que “la nueva norma introduce un nuevo esquema de instrumentos de ordenación urbanística, además de ampliar y agilizar los instrumentos y procedimientos para emprender actuaciones de transformación en suelo urbano”.

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado este miércoles que el nuevo borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) presentado esta semana por el ministro de Universidades, Joan Subirats, creará “problemas dentro de la gestión de cada universidad”.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Gómez Villamandos ha señalado que “el actual texto de la LOSU es un texto menos farragoso que el que nos habían presentado con anterioridad”, pues ahora es “bastante más claro y más concreto, pero, sin embargo, desde mi punto de vista adolece de que no regula suficientemente algunos temas, y eso va a llevar a problemas dentro de la gestión de cada universidad”.

Por ello, en opinión del rector de la UCO, “sería aconsejable tener marcos a nivel estatal que nos permitieran una gestión mucho más eficaz de la propia universidad”, la cual, en cualquier caso, cuando se apruebe la nueva Ley, tendrá que adaptar sus estatutos respecto a varias cuestiones, entre ellas la de que los rectores tengan mandatos de seis años improrrogables y no renovables, como recoge el nuevo borrador de la LOSU.

Precisamente y sobre este asunto, Gómez Villamandos ha recordado que ello responde a “una petición hecha desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)”, al entender que esa es “la duración adecuada para el desarrollo de un programa y, por lo tanto, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo”.

En cambio, en lo que están en desacuerdo los rectores, a juicio de Gómez Villamandos, es “en no poner requisitos para la figura de rector o rectora, como, en un principio, también se pidió desde la CRUE”, según ha recordado.

El grupo provida que “reza” a las puertas de la clínica abortiva Gynetrisur lo seguirá haciendo pese a la nueva ley aprobada ya en el Senado que penaliza el acoso en este tipo de centros médicos. Bajo el paraguas de 40 días por la vida, grupos provida de toda España se llevan organizando durante meses para acudir a las puertas de estas clínicas a, lo que ellos consideran, “rezar”. Sin embargo, tanto las clínicas como las propias mujeres que acuden a interrumpir su embarazo se sienten acosadas e intimidadas.

Es este el término, acoso, al que se agarra el grupo provida para seguir continuando con esta actividad ya que sus “rezos” no van unidos a ningún acto de hostigamento, afirman. Cabe recordar que con la excusa de lanzar proclamas católicas a favor “del no nacido”, que atenta ya con la libertad de esas mujeres a acudir estas clínicas, antes de la iniciativa 40 días por la vida, voluntarios provida se colocaban a las puertas de Gynetrisur, donde repartían folletos con fotografías y fetos de juguete, lo que supone una actitud de intimidación hacia los profesionales de las clínicas y hacia las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. Por lo motivos que sea.

Sin embargo, para los organizadores de 40 días por la vida, las acciones que realizan no se enmarcan dentro de “lo que la RAE define” como acoso, según ha podido saber este periódico. Es más, se jactan y aseguran que “la nueva redacción [de la ley] es más favorable a rezar delante de los abortorios [así catalogan a las clínicas abortivas] que la anterior”.

Según la ley, el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 80 días.

Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo. Además, la Policía podrá actuar sin necesidad de una denuncia previa.

Así, apuntan que “con las prácticas habituales” que realizan “es casi imposible” demostrar que cometen acoso “por la falta de interacción de los orantes”. Por tanto, los organizadores siguen sin reconocer que, aunque no interactúan con las mujeres que acuden a estas clínicas, sus actuaciones no suponen ningún tipo de acoso. “La recomendación de nuestros abogados es la de seguir con nuestro comportamiento habitual. Esta ley no va con nosotros”, sentencian.

La campaña 40 días por la vida comenzó en Córdoba el 22 de septiembre y hasta el 31 de octubre, mañana y tarde, 182 personas estuvieron a las puertas de la clínica Gynetrisur. Por el momento, el grupo provida no ha anunciado cuando comenzará otra campaña como la que inició el pasado mes de septiembre.

El Colegio de Abogados de Córdoba, a través de su Comisión de Discapacidad, organiza unas jornadas los días 7 y 8 de abril donde profesionales del ámbito jurídico, sanitario y social abordarán cuestiones de actualidad relacionadas con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad para promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Según informa la institución en una nota, las jornadas están dirigidas a profesionales del ámbito jurídico, sanitario y social, y tendrán lugar en Real Círculo de la Amistad de Córdoba. El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de abril.

La responsable de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados, Cristina López, explicad que “la Ley 8/2021, de 2 de junio, ha supuesto la adecuación del ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde se determina que las mismas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones y, por tanto, se deben adoptar las medidas de apoyo necesarias para el ejercicio de dicha capacidad jurídica”.

Al respecto, apunta que “el objetivo de estas jornadas es conocer en profundidad esta reforma legislativa y otras cuestiones que afectan a la defensa y protección de las personas con discapacidad, así como a esas medidas de apoyo más que necesarias”.

El programa está dividido en una conferencia de apertura y siete mesas redondas, donde profesionales de distintos ámbitos debatirán sobre la reforma de la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica; sistema voluntario: los poderes preventivos; la guarda de hecho: experiencias prácticas; internamientos psiquiátricos y otras restricciones de derechos, las contenciones; internamientos en residencias de mayores y otras restricciones de derechos: vacunas, contenciones, privaciones de visitas y salidas.

Además, se analizarán cuestiones como las autorizaciones para realizar determinados actos y medidas provisionales; la curatela y accesibilidad a la Administración de Justicia, revisión de las sentencias, y competencias y responsabilidades del ámbito sanitario y de los servicios sociales.

Este lunes 21 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Tráfico, aprobada sin votos en contra en el Congreso de los Diputados en diciembre pasado y cuyas normas afectan al carnet de puntos, la velocidad de adelantamiento, el sistema de las autoescuelas e, incluso, a los patinetes eléctricos.

Sobre estos últimos, a partir de este lunes, la nueva Ley retira los patinetes eléctricos de las aceras y de las zonas peatonales y establece como obligatorio el uso del casco. Otra parte de la normativa prohíbe que un menor de edad conduzca cualquier tipo de vehículo tras haber consumido alcohol, una prohibición que también afecta a bicicletas y patinetes. Las sanciones quedan en manos de las autoridades locales.

La Ley refleja los cambios que se están produciendo en la movilidad, incorporando a la norma los vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos y dotando de mayor seguridad a los usuarios de las bicicletas, según ha informado el Gobierno en una nota. Pero la Ley también incide sobre los elementos esenciales de la seguridad vial como son las distracciones, la velocidad, el alcohol y el no uso del cinturón de seguridad. Con esta nueva Ley se incrementan el número de puntos a detraer en determinados preceptos, sin aumentar la cuantía económica.

Las principales novedades son las siguientes:

Distracciones. Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales.

Cinturón de seguridad y elementos de protección. Aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios. 1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Velocidad. Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Dos de cada tres siniestros mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019, año de referencia, se produjeron 239 fallecidos en colisión frontal en este tipo de vía. Esta supresión va en consonancia con el principio de Sistema Seguro de eliminar o reducir los riesgos y los adelantamientos son uno de ellos.

Alcohol. Los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0, tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no cambia, sigue tipificada como muy grave: 500 euros de multa.

Ciclistas. Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 m. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

Recuperación de los puntos del carnet. Se unifica en 2 años el plazo que tiene que transcurrir sin cometer infracciones que detraen puntos para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos.

Hasta la aprobación de la reforma de la Ley, este periodo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida. Se ha simplificado, de modo que sea de más fácil su comprensión y comunicación.

Cursos de conducción segura y eficiente. Se podrán recuperar 2 puntos del carnet por la realización de cursos de conducción segura y eficiente. Una Orden Ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben de cumplir.

Estos cursos se están consolidando como una buena práctica y suponen una formación adicional para los conductores.

Objetos a la vía. Pasa de infracción grave a muy grave arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o incendios. Esta infracción supone la pérdida de 6 puntos y la sanción de 500 euros.

Motoristas. Se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en la conducción.

Zonas de Bajas Emisiones. Se introduce una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía por no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de las bajas emisiones.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones antes del 1 enero de 2023.

Fraude en las pruebas de obtención del permiso de conducir: Se introduce, como infracción muy grave sancionada con 500 euros, utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos. Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del permiso en el plazo de 6 meses.

Alcoholímetro antiarranque (alcoholock) Desde el 6 de julio de 2022,  los conductores de los vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera que dispongan de interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque, estarán obligados a utilizar estos dispositivos. La normativa europea, Reglamento (UE) 2019/2144, establece la obligación de que lleven este interfaz los vehículos homologados a partir del 06/07/2022 y matriculados nuevos a partir del 06/07/2024.

Todos estos cambios normativos se están dando a conocer en la campaña informativa #NuevosTiemposNuevasNormas que la DGT está realizando desde el 15 de febrero hasta el 21 de marzo en radio, prensa, digital, redes sociales y en el side creado en www.dgt.es.

Una veintena de entidades de protección animal han suscrito una petición al Gobierno para que dé continuidad a la Ley de Protección y Derechos de los Animales, ante la paralización de la tramitación de dicho anteproyecto de ley.

En un comunicado enviado a los medios, sostienen que es una evidencia que la sociedad española actual está progresando en materia de derechos sociales y en su conexión con la naturaleza. Respecto a los animales, estamos avanzando de forma ejemplar y sin precedentes para convertir la relación el ser humano con ellos en una fuente de bienestar para ambos. Esta idea fundamenta el paso dado desde más de 20 agrupaciones profesionales y civiles, que han decidido mostrar su apoyo de a la tramitación de la ley de protección y derechos de los animales e instar al gobierno de España a que retome el procedimiento para su aprobación“, invitando a todo colectivo que realice su actividad con animales y a la sociedad completa a apoyar la tramitación de esta ley para convertirla en el punto de inflexión que necesitamos para afianzar la sostenibilidad de estas actividades y garantizar una sociedad más dinámica y comprometida con el bienestar animal”

El Gobierno español acaba de poner en marcha el anteproyecto de Ley de protección y derechos de los animales al objeto de crear una norma de ámbito nacional, hasta ahora inexistente, que regule la relación entre las personas y los animales con los que conviven, para una mejor protección y bienestar tanto de los propios animales como de la sociedad en su conjunto. Esta ley, tan esperada por necesaria en los momentos que vivimos, ha sido recientemente frenada por ciertas disparidades de sectores determinados, en desacuerdo con algunos mecanismos de mejora de las condiciones de sanidad y requisitos veterinarios, etc, por ejemplo, de perros y de gatos, que recoge el anteproyecto.

Es necesario que trascienda a la sociedad que es vital que la normativa cambie, avanzando para un mejor control de la tenencia responsable de animales domésticos, así como de las actividades que se realizan con ellos. La sociedad española será la primera beneficiaria por la mejora de la normativa sobre las condiciones para la tenencia y el ejercicio de cada actividad con animales, sin mermar su bienestar: cuidados, alimentación, sanidad, sociabilidad, ocio, etc.

Para ello, algunos sectores de actividad deberán modernizar y adecuar su actividad conforme a las mejores prácticas y los más avanzados conocimientos científicos independientes de que disponemos en España, tanto en etología animal, zoología, medicina veterinaria, etc.. y aplicando la mejor experiencia española ajustada a Derecho, para dotar de mayor seguridad jurídica a la protección de estos animales y así su influencia en nuestra forma de vida y nuestra salud.

Este grupo de más de 20 colectivos, que reúne a varios cientos de abogados, veterinarios, juristas, fuerzas de seguridad y docentes, así como entidades de protección, entre otros, invitan a los sectores que utilizan alguna especie animal para determinadas actividades, como en el caso de los perros utilizados para la caza, pastoreo, vigilancia, etc. a que se sumen a instar al Gobierno a legislar para darles igualdad de condiciones de vida sin influir que sean utilizadas para un fin u otro por las personas. Las habilidades de los animales, que en determinados sectores se incrementan mediante entrenamiento desde su nacimiento, deben dejar de marginar a estos animales a la hora de protegerlos para que su vida sea digna, y así proteger a la propia sociedad.

Este grupo de colectivos invita igualmente a todos los ciudadanos y a otras entidades preocupadas por la protección de los animales y la relación de las personas con ellos, a apoyar la ley bajo el lema #lavozdelosanimales e instar al Gobierno de España a continuar en el camino de la protección animal integral. Así mismo, muestran su apoyo a la iniciativa “Unión por los animales”, formada por más de 300 entidades, que ha sido presentada recientemente, pues consideran que sólo con la unión de la sociedad, técnicos y expertos independientes y todos los sectores preocupados por la protección animal se puede lograr garantizar una defensa integral de los animales de compañía en España

Ante la posible percepción social de que existe una dualidad enfrentada entre las posiciones animalistas y las cinegéticas y de otros sectores, son los científicos y técnicos independientes, preocupados por la protección animal y el avance conjunto con las políticas europeas, quienes constituyen la mejor garantía para que la sociedad y el Gobierno alcancen el logro de la aprobación de esta ley sin precedentes en Europa. Por ello, estamos elaborando un documento que recogerá las evidencias científicas y legales con las que se justifique el desbloqueo definitivo de la Ley de Protección y Derechos de los Animales. Ofrecemos nuestra colaboración para conseguir una Ley que incluya a todos los animales y sea útil en la defensa de sus derechos por igual y garantizar con ello un mejor bienestar de toda la sociedad española.

*Suscriben Asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal AADA, Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales ABADA, Asociación Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales AGMADA, Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias APADEVI, Asociación de Abogados por la Protección Animal y del Medio Ambiente APAMA-CV, Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales APDDA, Asociación de Abogados Valencianos en Defensa Animal AVADA, Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal AVATMA, Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente DAMAC JURISTAS, Asociación Defensa Animal Professional DAP, Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales FAADA, FUNDACION Franz Weber FFW, Grupo de Especialistas en Medicina del Comportamiento y Bienestar Animal-Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales GEMCA-AVEPA, Asociación Operadores Jurídicos por los Animales INTERCIDS, Plataforma NO A LA CAZA, Observatorio Justicia y Derecho Animal OJDA, Asociación Profesionales para la Defensa Animal PRODA, Asociación Abogados Pro Defensa de los Animales PROTA, Asociación Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente RED CABAMA y Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local UNIJEPOL.