El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este lunes que respeta, pero no comparte que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenga que declarar como investigado el 29 de enero, citado por el Tribunal Supremo (TS) en la causa por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el ministro ha expresado su respeto a la resolución judicial, pero “hay veces en que no se comparten y esto es también propio de un Estado de Derecho”, de manera que ha señalado que no lo comparte porque “desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar en su caso a un bulo, a una noticia absolutamente errónea”.

“No creo que haya existido ninguna revelación de secreto a no ser aquella que desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde su director de gabinete, haciendo referencia y filtrando que existía una causa por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de Madrid”, ha expuesto.

En este sentido, Grande-Marlaska ha manifestado que “la Fiscalía únicamente se limitó a referir que no había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa de la persona investigada”.

“¿Cuál era realmente la revelación?”, ha cuestionado, para apuntar a “la existencia de una causa por supuestos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental”. “¿Quién hizo esa filtración?”, ha preguntado, para remarcar que “eso está claro y lo ha reconocido él mismo, el señor Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“¿Podemos decir que si hay un acuerdo o no? ¿Quién propone eso es secreto o forma parte del núcleo duro de la intimidad?”, ha lanzado el ministro, quien cree que “el núcleo duro de la intimidad es si existe o no una causa contra la hacienda pública y eso quien lo filtró fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

La citación

En concreto, el Tribunal Supremo (TS) ha citado al fiscal general del Estado el día 29 de este mes y para el día 30 a la otra investigada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha imputado al 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, al que llama para el 5 de febrero.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Ángel Hurtado, explica que da este paso al considerar que las diligencias practicadas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vienen a “apuntalar” la presunta participación García Ortiz y Rodríguez en la filtración investigada.

El juez también considera que “hay base indiciaria” para abrir la investigación contra Villafañe, “pues los tres, de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”.

“Relevante participación”

Sobre García Ortiz, el instructor destaca el informe donde la UCO le atribuyó una “participación preeminente” para añadir que, “con un elevado grado de verosimilitud”, “hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición”.

Para Hurtado, “el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21,59 horas, en que García Ortiz recibe en su 'gmail' particular” el correo electrónico del 2 de febrero donde la defensa de González Amador ofrece reconocer dos delitos fiscales a Julián Salto --el fiscal que le investigaba-- a cambio de llegar a un acuerdo, y las 23,51, cuando el 'email' se publica en la Cadena SER, son “reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta”.

A ello, el magistrado suma que la intervención de García Ortiz en “la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14”, a las 10.20 horas, para dar cuenta de ese cruce de 'emails', “es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe Díez”, expone el auto.

Además, se refiere a los testimonios prestados por dos periodistas, que declararon que tuvieron acceso al 'email' del 2 de febrero antes de que García Ortiz lo recibiera a las 21:59 del 13 de marzo en su cuenta personal de gmail, para concluir que “se trata de testimonios que no aportan datos objetivos”. Apunta asimismo que “contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido”.

Con todo, el magistrado afirma que “los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado”.

Otros dos imputados

En cuanto a Pilar Rodríguez, indica que “circunstancias como el ponerse a disposición de Álvaro García Ortiz, ser la persona que facilita a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador, que acaba filtrándose el día 12 de marzo en eldiario.es y prestarse a hacer llegar el correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto a la Fiscalía General del Estado, conocedora de la finalidad que se perseguía con ello, también son elementos suficientes para mantener su imputación”.

Respecto a Villafañe, Hurtado cree que cabe presumir que “tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del fiscal general del Estado, está en contacto con la fiscal Pilar Rodríguez, a quien pide que le remita la denuncia, expediente administrativo y demás documentación relativa a González Amador que se filtraría en eldiario.es el día 12 de marzo”.

Más de setenta internos de la prisión de Córdoba han recogido este lunes sus certificados de Formación Profesional que les capacita en oficios para buscar un empleo cuando recuperen la libertad. Los ministros Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz han presidido el acto de entrega de diplomas celebrado en el centro penitenciario.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este viernes en Córdoba “la importancia” de los programas de tratamiento penitenciarios que se realizan en España para lograr la reinserción de los internos.

“Son un referente internacional, clave para que los reclusos regresen a la sociedad en mejores condiciones que cuando entraron en prisión”, ha explicado el ministro en el Centro Penitenciario de Alcolea, durante el acto con motivo de la Merced, la patrona de Instituciones Penitenciaras.

En palabras de Grande-Marlaska, “la reinserción es el fin último de la institución, pero sabemos que no es un camino fácil el que reintegra a un recluso en la sociedad de hoy”.

El ministro se ha referido, entre otros ejemplos, al programa Pideco, centrado en los condenados por delitos económicos, “que ha merecido el reconocimiento internacional y que ha tenido eco, por su carácter innovador, en medios de Estados Unidos, Alemania y Argentina”.

Ha incidido también en la apuesta del Ministerio por “acercar las nuevas tecnologías a los reclusos para facilitar su acceso a talleres y a programas de tratamiento”. “Estas modernas tecnologías permiten además utilizar recursos de realidad virtual como estrategia de intervención en programas de violencia de género y delitos de odio, actuaciones que se enmarcan dentro de programas de rehabilitación psicosocial que ya están en marcha en los centros de Tenerife, A Coruña, Vigo y Madrid”, ha dicho.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ensalzado por su parte el desempeño profesional del personal penitenciario y de las entidades que colaboran en el día a día con la Administración y ha esbozado los retos de futuro, que pasan por “seguir adaptando la intervención en las prisiones a los perfiles cambiantes de la población reclusa”.

Ortiz ha recordado, además, el proceso selectivo que se celebrará este año para incorporar 2.324 nuevos funcionarios, la suma de las ofertas de empleo público de 2021 y 2022. “Desde junio de 2018, se han aprobado 5.545 plazas en un esfuerzo por recuperar el ritmo de la oferta pública y atender las necesidades de la Administración Penitenciaria”, ha subrayado.

Al acto celebrado en Córdoba han asistido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, entre otros representantes institucionales, políticos, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agentes sociales.

Medallas de oro

En el acto se ha hecho entrega de buena parte de las medallas que ha concedido este año Instituciones Penitenciarias. La Secretaría General ha reconocido con la de Oro al Mérito Penitenciario la dilatada trayectoria y destreza organizativa y de gestión del administrador del Centro Penitenciario Puerto III, Trifón Martín, a la vez que se ha distinguido con la máxima condecoración al médico especialista del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla Pedro Massé por su dedicación y ser un referente en la Unidad de Agudos del establecimiento.

La medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario la ha recogido el vicepresidente de Plena Inclusión España, una entidad que colabora con la Administración desde 2005 en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual condenadas a penas privativas de libertad.

Medallas de plata

Además, las medallas de Plata al Mérito Penitenciario han puesto en valor la labor desempeñada por la coordinadora del Área de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General, Lourdes Gil; las directoras de los centros penitenciarios de León y Castellón I, Henar García y Celia Bautista; el director del Centro de Inserción Social de Huelva, Áyax Murillo; los administradores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y del Centro de Inserción Social de la capital andaluza, Amalia Quesada y Miguel Ángel Gordillo, y la coordinadora Territorial de Andalucía Occidental de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, Noelia Ortega.

Por otro lado, se han concedido las medallas de Plata al Mérito Social Penitenciario al consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García; al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Raúl Pesquera, y a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés.

Con la misma condecoración se ha reconocido el trabajo del delegado de Protección de Datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, Carlos Manuel Fernández, y el del inspector jefe de la Comisaría Especial del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, Rafael Varas.

También han recibido la medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario el director gerente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Modoaldo Garrido; el director gerente, el director de Cuidados de Enfermería y la enfermera del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, Javier Fonseca del Pozo, José Ángel Lázaro y Concepción Moyano, y la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Cristina Rodríguez Yagüe.

Igualmente, el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Juan Carretero, ha recogido la medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario otorgada en 2021.

Dentro de los actos conmemorativos de la Merced, se condecoró este jueves en Madrid con la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario a Félix Benito, subdirector de Régimen del Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero). Funcionario de Instituciones Penitenciarias desde 1986, se le ha otorgado la máxima distinción por la capacidad de liderazgo, la lealtad institucional y compromiso desplegado en una amplia trayectoria.

“Solidaridad” con los funcionarios de prisiones

Por otra parte, ante las protestas de los funcionarios de prisiones en las puertas del centro penitenciario cordobés para reclamar mejoras salariales y el reconocimiento como agentes de autoridad, Grande-Marlaska ha trasladado toda su “solidaridad y compromiso” con los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Al respecto, ha recordado que ahora hay en el Congreso “una proposición de ley instada por el Grupo Parlamentario Socialista para el reconocimiento de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad y también para que se les garantice el principio de indemnidad”, de modo que “si sufren una agresión en el ejercicio de sus funciones, inmediatamente el Estado esté obligado de oficio a la indemnización correspondiente, lo que no ocurre ahora”.

Ante ello, el ministro espera que “el PP y la derecha no sea reacia a apoyar en la sesión del Congreso dicha proposición de ley y que pueda ser efectiva a la mayor brevedad posible”, puesto que “se trabaja y se estudian todas las posibilidades para mejorar todas las condiciones laborales de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias”, ha aseverado.

Así, ha defendido que se ha hecho “una oferta de empleo público en estos años”, mientras que “en infraestructuras se invierten más de 300 millones de euros”, aunque ha asegurado que “se seguirán implementando, dentro de las posibilidades reales y ciertas, las demandas siempre legítimas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, evidentemente representados por sus sindicatos, con los cuales la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantiene un nivel de comunicación continua en todos los ámbitos competencia”.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha restado importancia este lunes a los abucheos registrados este domingo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los actos centrales de la celebración en Córdoba de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, manifestando que eran “una minoría que no le importa enturbiar los actos de la Guardia Civil”.

En una rueda de prensa en Córdoba, Gámez ha declarado que “la valoración más relevante es que la sociedad cordobesa ha disfrutado y ha participado muy activamente, ya no sólo en el acto de este domingo, que fue numeroso, sino a lo largo de todos estos días y de los que quedan, porque todavía queda alguna parte de la celebración”.

En este sentido, la directora general de la Guardia Civil ha manifestado que “la sociedad cordobesa ha sido absolutamente no sólo respetuosa, sino que ha disfrutado y se ha compenetrado con su Guardia Civil”, por lo que “no merece mi atención ni mis comentarios una minoría que no le importa enturbiar los actos de la Benemérita”, ha apostillado.

Precisamente, el propio ministro ya calificó este domingo la situación como “la pequeña anécdota del día” y subrayó que “lo importante es el conjunto de cordobeses que están rindiendo el reconocimiento al trabajo de la Guardia Civil”. “Yo me quedo con eso, que es realmente lo importante”, expresó Grande-Marlaska, quien agregó que “lo demás son pequeñas anécdotas”.

Cabe señalar que el acto consistió en una parada militar y desfile con más de 500 guardias civiles de diferentes unidades y especialidades, a pie, a caballo y motorizadas, incluso aéreas, con motivo de la Semana Institucional del Instituto Armado que se festeja en dicha ciudad desde el miércoles de esta semana hasta el día 9 de octubre.

En el mismo se dieron cita miles de ciudadanos en la avenida de República Argentina y calles aledañas, que arroparon el acto y vitorearon con vivas a la Guardia Civil y España desde la calle y balcones de edificios de la avenida, engalanados con la bandera de España.