Se disparan las agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, que es la provincia andaluza en la que se han producido más casos durante los últimos cinco años, según los datos oficiales obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Durante el período de 2020 a 2024 se produjeron 340 agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, muy por encima de todas las demás provincias andaluzas: 263 en Almería, 223 en Cádiz, 157 en Málaga y Jaén, 149 en Sevilla, 116 en Granada y 49 en Huelva.

De hecho, excepto en 2023, la provincia cordobesa es la que registra más casos en todos esos años, y ello a pesar de que es la que cuenta con menos guardias civiles desde hace mucho tiempo, como AUGC viene denunciando continuamente.

Pero además, el problema se va agravando progresivamente, porque las agresiones a guardias civiles no han dejado de crecer durante los últimos cinco años en la provincia de Córdoba, pasando de 59 en 2020 a 105 en 2024, lo cual supone un escandaloso incremento del 78%, superior al crecimiento total en Andalucía, que ya de por sí es también muy preocupante, al haber subido un 63% estos casos.

Las agresiones registradas en esta provincia durante esos cinco años han conllevado que 134 agentes sufran lesiones, de los cuales 43 han causado baja médica como consecuencia de ello. El número de guardias civiles lesionados por agresión se cuadruplicó en 2024 respecto al año anterior, pasando de 13 a 51 en la provincia de Córdoba.

A pesar de estos datos tan contundentes, la AUGC considera “indignante” que el ministerio del Interior y el Gobierno sigan sin reconocer a los guardias civiles y a los policías nacionales como profesión de riesgo, condición que tienen los ertzainas desde 2009, los policías locales desde 2019 y los mossos y policías forales desde 2022, por no hablar de muchas otras profesiones que también se consideran de riesgo. Los guardias civiles y policías nacionales están hartos ya de que les discriminen, no solo en este aspecto, sino también salarialmente.

“Además, para atajar esta situación es necesario que se agraven las penas para esos delitos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y que se incremente mucho la plantilla de la Guardia Civil en esta provincia, porque ya se acumulan más de 200 vacantes sin cubrir, con patrullas desbordadas que deben atender a varias poblaciones a la vez y que carecen de apoyos cercanos. La situación en la calle evoluciona continuamente a peor y los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredirles, amenazarles e insultarles, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores”, señala el sindicato.

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba va a presentar al Pleno este próximo jueves una proposición que reclama más guardias civiles para la capital y también para la provincia, de acuerdo al informe de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Federación AUGC Andalucía) para mejorar la dotación de recursos humanos y materiales en el conjunto de Andalucía y, también, en Córdoba.

La moción pone de manifiesto “la problemática de seguridad ciudadana que se describe en el informe de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que afecta de modo especial al ámbito rural y a los pequeños municipios, con solicitud expresa de que por las instituciones competentes se busquen soluciones urgentes y específicas en lo que se refiere a la mejora de dotación de recursos, tanto humanos como materiales, a Guardia Civil, como actor clave del mantenimiento de la seguridad ciudadana en los pueblos y ciudades de nuestra Comunidad Autónoma”.

En ese sentido y, sobre la provincia de Córdoba, el informe de AUGC indica que hay un déficit de 149 agentes. La moción propone, en referencia a la capital, “instar al Ministerio del Interior a que provea de manera inmediata las vacantes que den un adecuado servicio a la protección del Acuartelamiento Central, el Centro Penitenciario y el Aeropuerto de Córdoba”.

Y, junto a ello, se pide trasladar la resolución que solicita que Interior “articule lo necesario para dar cumplimiento a las propuestas y medidas descritas”, dando también traslado a la Consejería competentes en materia de seguridad pública de la Junta de Andalucía y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitando su apoyo y, en su caso, tratamiento en su ámbito de la cuestión planteada.

Conversión de la N-432 en autovía

Por otra parte, el PP también llevará al Pleno una moción que, de nuevo, pone en el foco la conversión en autovía de la carretera N-432. En concreto, los acuerdos de esta propuestas pasan por instar al Gobierno de España a que adquiera un firme compromiso para la conversión de la N-432 en autovía y que constate que está entre sus prioridades inmediatas.

Y, asimismo, en este mismo asunto, instar al Ejecutivo central a buscar una solución urgente que de agilidad al proyecto y que no se quede en mejoras puntuales en la vía.

Por otra parte, una tercera moción del PP llevará al Pleno la petición de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para que estos trabajadores y pequeñas empresas tengan un régimen del IVA especial. Así, la moción quiere instar al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la trasposición completa de la normativa europea que permite la aplicación de un régimen especial del IVA para trabajadores autónomos y pequeñas empresas.

Junto a ello, reclama que dicha trasposición tenga como finalidad real la reducción de cargas administrativas y la mejora de la liquidez de los autónomos, evitando que deban adelantar impuestos por ingresos no percibidos. Y solicitar seguridad jurídica y equidad fiscal para los autónomos cordobeses, garantizando que no se encuentren en desventaja frente a los profesionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba han obtenido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se reconoce el derecho de una cabo primera destinada en el Puesto de El Carpio, que además es la vocal de Cabos de AUGC en la provincia de Córdoba, a que se le paguen los complementos retributivos correspondientes a varios periodos entre los años 2020 y 2023 durante los que tuvo que ejercer como Comandante de Puesto de El Carpio en ausencia del titular de ese cargo.

Según informa la AUGC, la dirección general de la Guardia Civil desestimó la solicitud tramitada por la cabo. Y ,asesorada por los servicios jurídicos de AUGC, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, el cual establece en su fallo que se le abonen las cuantías de los complementos de destino y específico singular que debería haber percibido durante diferentes periodos de sucesión en el mando que suman casi dos años, cantidades a las que se han añadido los intereses legales generados desde que se reclamó en vía administrativa, por lo que la recurrente ya ha recibido 2.010 euros en concepto de liquidación de la sentencia.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha declarado que “el tribunal ha coincidido con nosotros en que los guardias civiles que desempeñen las funciones de un puesto superior tienen derecho a percibir las retribuciones asignadas al mismo, y quienes realicen funciones de mando durante más de un mes pueden reclamar las diferencias retributivas en los complementos de destino y específico singular”, añadiendo que “es injustificable que la dirección general de la Guardia Civil siga denegando sistemáticamente este derecho, obligando a los afectados a recurrir, cuando el propio Tribunal Supremo fijó hace años este criterio”.

Por otro lado, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos en esta provincia, ha expuesto que “a diferencia de otras asociaciones, AUGC es una organización transversal que defiende los intereses de todos los guardias civiles, independientemente de su escala, situación o especialidad, como ha hecho en este caso con una cabo primera, y por ello un elevado porcentaje de los cabos destinados en la provincia de Córdoba están afiliados a nuestra asociación. Desde AUGC vamos a seguir intentando poner coto a las injusticias relacionadas con todo lo relativo a las sustituciones y sucesiones en el mando que tienen que afrontar los cabos y guardias civiles en peores condiciones que los titulares de esos puestos de trabajo, y sin recibir las compensaciones que les corresponden”.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a dos guardias civiles destinados en Posadas y Palma del Río -municipios de la provincia de Córdoba-, uno de ellos el secretario general de esta asociación en la provincia, Gustavo Pérez, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba mediante la que se condena a un hombre como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y otros dos de lesiones, imponiéndole penas que suman dieciséis meses de prisión, así como a indemnizar a los agentes con cuantías que suman 3.770 euros.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2023, cuando dos patrullas de los Puestos de Palma del Río y de Posadas se personaron en el domicilio del condenado, ubicado en la localidad de La Ventilla, en el término municipal de Fuente Palmera, requiriéndole que reingresara voluntariamente en el centro penitenciario de Córdoba tras haber finalizado su permiso, o que les acompañara en el vehículo oficial.

Ante su negativa reiterada, los agentes procedieron a su detención, pero se revolvió contra ellos forcejeando, por lo que tuvo que ser reducido aplicando la fuerza mínima indispensable, y lo trasladaron al centro penitenciario, donde quedó ingresado. Como consecuencia del forcejeo, dos de los guardias civiles sufrieron diversos daños en manos, rodilla y cadera, lesiones por las que el agresor ha sido condenado a indemnizarles.

El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a los agentes agredidos, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, y además de las indemnizaciones a mis representados, se le ha condenado a pagar las costas procesales. El agresor tiene numerosos antecedentes, y es reincidente en delitos contra agentes de la autoridad”.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha recordado que “durante el periodo de 2020 a 2024 se registraron en Andalucía 1.455 agresiones a guardias civiles y 1.536 agentes lesionados por ese motivo, y parece que 2025 no va a ser un año mejor en ese aspecto”.

Y ha añadido que “las agresiones a guardias civiles son cada vez más habituales en nuestra provincia, pero Interior y el gobierno siguen sin reconocernos a nosotros y a los policías nacionales como profesión de riesgo. Además, es necesario que se agraven las penas por este tipo de hechos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, y que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ve “insuficiente” el refuerzo del puesto principal de Puente Genil (Córoba) con siete agentes durante seis meses que la jefatura de la Benemérita en Andalucía ha publicado este miércoles, tal y como adelantó la asociación la semana pasada, al tiempo que ha apuntado al desplazamiento de otros agentes desde distintas zonas de Andalucía al citado municipio, algo que, según AUGC, “nunca había ocurrido”.

En una nota, la asociación ha comentado que los refuerzos se realizan ante “la pérdida de numerosos efectivos que se han ido a otros destinos y la preocupante situación en Puente Genil, con varios tiroteos y homicidios”, a lo que ha agregado que “se trata de una comisión de servicio para siete guardias civiles, de carácter indemnizable y con una duración inicial de seis meses, desde octubre hasta marzo de 2026, motivada por las necesidades de personal existentes en el puesto principal de Puente Genil”. Dicha convocatoria se tramita con urgencia, teniendo en cuenta que los componentes seleccionados deberán incorporarse el día 1 de octubre.

AUGC lleva tiempo avisando de que, “a pesar de tratarse de uno de los puestos más grandes de la provincia, la plantilla de Puente Genil es claramente insuficiente para las actuales necesidades de seguridad de esa localidad, sobre todo teniendo en cuenta que el 19% de los efectivos no están disponibles por encontrarse agregados en otras unidades y equipos especializados o con bajas médicas de larga duración”.

Al respecto, han advertido de que “la comisión de servicio que ahora se ha convocado no deja de ser una medida de parcheo, porque no va a solventar el problema, al tratarse de refuerzos insuficientes y temporales que apenas pueden cubrir las necesidades más perentorias, como ya ha ocurrido en otras unidades de esta provincia, por ejemplo los puestos de Peñarroya y Villa del Río”.

Pero es que además, han añadido, “conlleva un elevado coste para las arcas públicas, porque comisionar a siete efectivos durante seis meses en las condiciones anunciadas supone un gasto de más de 77.000 euros, al tener que abonar a cada uno de los guardias civiles el 80% de la indemnización de residencia eventual”.

Datos

Al hilo, han recordado que “los delitos han aumentado un 3,7% en Puente Genil durante el primer semestre del año, mientras que la criminalidad convencional se ha incrementado un 12,6% durante el mismo período, con un preocupante crecimiento del 100% en los homicidios dolosos y los asesinatos, así como una subida del 900% en los delitos por tráfico de drogas, gracias sobre todo al gran trabajo coordinado de guardias civiles y policías locales, pero revelando también un considerable incremento en ese tipo de criminalidad”.

“Datos que se suman a los registrados en el período de 2019 a 2024, cuando los delitos aumentaron un 25% en Puente Genil, con crecimientos tan escandalosos como un 700% en las sustracciones de vehículos, un 316% en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 8,6% en los robos con fuerza en domicilios y un 505% en la cibercriminalidad”, han indicado.

A la vista de esos datos de criminalidad y de plantilla, AUGC considera que “no es de extrañar que Puente Genil sea desde hace mucho tiempo el municipio de la provincia en el que se producen más agresiones a guardias civiles”, al tiempo que han advertido de que “por si todo ello fuera poco, también es preocupante la situación del parque móvil del puesto principal de Puente Genil, porque el 70% de los vehículos se encuentran en mal estado, son muy viejos y tienen muchos kilómetros acumulados”.

Desde otras ciudades

Asimismo, AUGC ha comentado que “en las últimas semanas están desplazándose hasta Puente Genil para reforzar la seguridad en dicha localidad las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic) de las comandancias de Sevilla, Jaén, Cádiz, Algeciras, Málaga y Granada”.

Por lo tanto, “contrariamente a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno restando importancia a la grave situación de criminalidad en Puente Genil, y presumiendo de tener una buena cobertura de la plantilla de la Guardia Civil en la provincia, la cruda realidad es la que AUGC lleva años denunciando”, han apostillado.

En este caso, han señalado que “la plantilla del puesto principal de Puente Genil y de toda la provincia es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años se ha perdido casi un 6% de efectivos y queda patente una vez más la discriminación a la que someten a esta provincia el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil a la hora de publicar vacantes y asignar más guardias civiles”.

Según han remarcado desde la asociación, “nunca había ocurrido lo que se está produciendo ahora, que tuvieran que venir efectivos desde toda Andalucía para garantizar la seguridad de un municipio tan relevante como el de Puente Genil, que es el tercero de la provincia en número de habitantes y el primero en demarcación competencial de la Guardia Civil”.

La Guardia Civil ha lanzado una convocatoria interna para reforzar de manera temporal la plantilla del Puesto Principal de Puente Genil a partir del próximo 1 de octubre, algo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera un reconocimiento implícito de la falta de efectivos que desde hace años viene denunciando.

Y es que la medida llega apenas unos días después del último tiroteo registrado en la localidad, y tras las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, a quien la AUGC acusa de haber intentado minimizar la situación. Hace unos días, la representante del Ejecutivo acusó a la asociación y al alcalde de Puente Genil de generar una alarma innecesaria sobre la seguridad en la localidad, pese a la sucesión de tiroteos y homicidios ocurridos en el último año.

Ahora, según la convocatoria, a la que ha accedido este periódico, la Comandancia de Córdoba justifica la necesidad de comisionar guardias civiles en Puente Genil por “las necesidades de personal existentes y al objeto de reforzar la plantilla”. La comisión de servicio será no indemnizable, con una duración inicial de tres meses prorrogables, y con el inicio de actividad para el 1 de octubre.

La AUGC aclara que el caso de Puente Genil no es aislado. En los últimos meses, la Comandancia ya se había visto obligada a pedir refuerzos temporales en Villa del Río y Peñarroya, igualmente con comisiones de servicio no indemnizables. La AUGC critica que estas medidas son meros “parches” que no resuelven un problema estructural: el déficit crónico de personal en la provincia.

“De nada sirve desvestir un santo para vestir a otro”, señalan desde la asociación, recordando que muchas de estas convocatorias apenas reciben voluntarios y en ocasiones se han tenido que ampliar a guardias civiles de otras provincias para cubrir las vacantes.

Los datos de Puente Genil

La situación es especialmente preocupante en Puente Genil, para la AUGC. Sostienen que es el tercer municipio de la provincia por número de habitantes y el mayor dentro del ámbito competencial de la Guardia Civil, que el puesto principal ha perdido varios efectivos en los últimos años y que actualmente alrededor del 19% de la plantilla está fuera de servicio, bien por bajas de larga duración, comisión en otras unidades o paso a la reserva.

A la falta de personal se suma el mal estado del parque móvil: según denuncia la AUGC, el 70% de los vehículos están en condiciones deficientes, con muchos kilómetros acumulados.

Mientras tanto, los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan un aumento significativo de la criminalidad en el municipio. Solo en el primer semestre de 2025 los delitos crecieron un 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior, con un repunte del 12,6% en la criminalidad convencional. Los homicidios dolosos y asesinatos subieron un 100%, el tráfico de drogas un 900% y los delitos contra la libertad sexual otro 100%.

“Estos datos evidencian que la falta de guardias civiles en Puente Genil está teniendo un impacto directo en la seguridad ciudadana”, subraya la AUGC, que reclama un plan integral de refuerzo de la plantilla en toda la provincia y no simples medidas temporales que “llegan siempre tarde y mal”.

La Asociación Unificada de Guardias civiles ha registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la dirección general de la Guardia Civil por incumplir la obligación legal de realizar mediciones de los niveles de gas radón en 710 acuartelamientos ubicados en áreas afectadas, quince de los cuales se encuentran en la provincia de Córdoba.

En junio de 2024 entró en vigor la obligación fijada por el Real Decreto 1029/2022 para que los titulares de todos los lugares de trabajo ubicados en términos municipales de actuación prioritaria estimen el promedio anual de concentración de radón en aire en todas las zonas de los centros de trabajo en las que los trabajadores deban permanecer o acceder.

La dirección general de la Guardia Civil ha tenido tiempo más que suficiente para convocar y aprobar las licitaciones necesarias para contratar empresas que, a la entrada en vigor de la norma, pudieran realizar las mediciones necesarias, y así lo advirtió AUGC con antelación en el Consejo de la Guardia Civil.

Pero ante la inacción de la Guardia Civil, AUGC ha tenido que presentar la denuncia al considerar que se pueden estar cometiendo diversas infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, que ponen en peligro la salud de los guardias civiles, al no realizarse las mediciones a que obliga la ley, lo cual a su vez impide adoptar las medidas preventivas necesarias, ni haber informado del riesgo al que pueden estar expuestos quienes trabajan en las zonas afectadas, especialmente a las agentes embarazadas.

Debe tenerse en cuenta que en inmuebles las mediciones de gas radón son cruciales para evaluar la seguridad de los espacios habitables, ya que el radón es un gas radiactivo natural y una de las principales causas de cáncer de pulmón, según la Organización Mundial de la Salud, la cual advierte que el radón puede entrañar riesgos para la salud incluso en concentraciones bajas.

Según los datos oficiales obtenidos por AUGC, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con más cuarteles de la Guardia Civil ubicados en zonas con mayor riesgo de exposición a dicho gas, 112, por detrás de Galicia con 196 y Extremadura con 162. En la provincia de Córdoba son quince los acuartelamientos incluidos en ese listado, concretamente los de Córdoba, Pozoblanco, Almodóvar del Río, Hinojosa del Duque, Posadas, Villanueva de Córdoba, El Viso, Dos Torres, Villanueva del Duque, Alcaracejos, Cardeña, Fuente Obejuna, Santa Eufemia, Villanueva del Rey y Torrecampo.

Si la Guardia Civil no contrata a una empresa para realizar las mediciones, no se conoce el nivel de gas radón existente en las instalaciones y no se pueden adoptar las medidas preventivas necesarias. Y ello a pesar de que se trata de una obligación fijada por la Unión Europea a través de la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, por lo que AUGC no descarta denunciar ante la Unión Europea los incumplimientos en esta materia.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tras analizar “detalladamente la estadística del Ministerio del Interior”, ha alertado este lunes de que en los últimos cinco años se han “disparado” los delitos en la provincia de Córdoba, todo ello mientras que el “déficit” de agentes “se va agravando cada vez más”.

Según ha indicado la asociación en una nota, los datos son “muy reveladores” y ha detallado que “se ha estudiado la evolución de la criminalidad en la provincia de Córdoba desde 2019 hasta 2024, porque antes de ese periodo solo se publicaba la información de tres municipios --Córdoba, Lucena y Puente Genil--, y desde 2019 se añadieron Cabra, Montilla, Palma del Río y Priego de Córdoba”.

“Lamentablemente --han agregado-- Interior no publica los datos de muchas poblaciones como las de Baena, Peñarroya, Pozoblanco, La Carlota, Bujalance, Montoro y otras, que sin duda incrementarían en gran medida el número de delitos, pero la estadística disponible refleja claramente la situación actual”.

Así, “en los municipios competencia de la Guardia Civil, la criminalidad entre 2019 y 2024 ha crecido nada menos que un 39,4%, muy por encima del 23,9% provincial, el 20,7% autonómico y el 11,6% nacional. En esos porcentajes influye mucho la evolución de la cibercriminalidad, que se ha disparado en los últimos años, pero también ha aumentado mucho más en el ámbito de la Guardia Civil, un 349%, mientras que ha subido en la provincia el 242%, en Andalucía el 184% y en toda España el 113%”, ha señalado la AUGC.

En lo que respecta a la criminalidad convencional, que está más relacionada con la presencia policial en las calles y con el número de agentes disponibles en cada localidad, “preocupa mucho que en ese mismo periodo de 2019 a 2024 el número de delitos se haya incrementado un 11% en el ámbito provincial de la Guardia Civil, mientras que en la provincia de Córdoba ha subido un 3,2%, en la comunidad autónoma un 5,6% y en todo el país un 0,4%”.

Dentro de los municipios competencia de la Guardia Civil, la AUGC ha destacado Montilla, “con un aumento del 98,7% en el total de delitos registrados, seguido de Palma del Río con un crecimiento del 41,7%, Puente Genil con el 25,4% y Priego de Córdoba un 17,5%”. Además, han detallado que “el incremento de la cibercriminalidad es del 500% en Puente Genil y cercano al 300% en las otras tres localidades”. “La evolución de la criminalidad convencional es muy dispar: mientras que disminuye un 13,6% en Priego y un 5,4% en Puente Genil, en Montilla sube hasta el 73,4% y en Palma del Río aumenta un 41,7%”, han avisado.

Atendiendo a los tipos delictivos, la asociación ha asegurado que “en el ámbito provincial de la Guardia Civil despuntan los delitos de lesiones y riña tumultuaria con un aumento del 88%, mientras que las sustracciones de vehículos han crecido un 40%, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos un 20%, y los delitos contra la libertad sexual un 23%”.

“Y analizando los municipios competencia de la Guardia Civil durante esos cinco años, sobresale negativamente Montilla, donde solo han disminuido los robos con violencia y las sustracciones de vehículos, mientras que se han incrementado un 233% los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 150% los delitos contra la libertad sexual, un 100% el tráfico de drogas, un 96% los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, y un 55% los hurtos”, según informa la AUGC.

Igualmente, han proseguido, “negativos son también los datos de Palma del Río, localidad en la que se han duplicado los delitos contra la libertad sexual, con una subida del 100% en las agresiones sexuales con penetración, y han aumentado un 68% los robos con fuerza en domicilios y un 55% los robos con violencia e intimidación”.

“En Puente Genil han crecido un 700% las sustracciones de vehículos, un 316% de los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 8,6% los robos con fuerza en domicilios y un 5,6% los hurtos. El municipio que ha registrado una evolución más positiva es Priego de Córdoba, en el que durante ese período solo se han incrementado los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 25%”, según los datos aportados por AUGC.

Además, cabe destacar que “la cibercriminalidad se ha disparado en todas las poblaciones entre 2019 y 2024, destacando la subida del 505% en Puente Genil, seguida del 300% registrado en Priego, 298% en Palma del Río y 259% en Montilla”.

Ratio de criminalidad

“El número de delitos por cada 1.000 habitantes durante 2024 en la demarcación provincial de la Guardia Civil estuvo por debajo de la media provincial, autonómica y nacional. Mientras que en el ámbito de la Guardia Civil se registraron 32,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, en toda la provincia fueron 40,5, en Andalucía 47,3 y a nivel nacional 50,5”.

“De esos cuatro municipios es Palma del Río el que presenta una ratio mayor, 42,5 delitos por cada 1.000 habitantes, superando así el dato provincial. Le siguen Puente Genil con 36,8, Montilla con 28,7 y Priego de Córdoba con 20,6”. En cuanto a la criminalidad convencional, “también Palma del Río registra 33 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, por encima de las 30,8 de la provincia”. Y en lo referente a la cibercriminalidad, Puente Genil tiene 10,8 delitos por cada 1.000 habitantes, superando los datos provincial, autonómico y nacional“, han detallado.

Así las cosas, la AUGC asegura que “aunque la ratio de delitos por número de habitantes no sea tan elevada en algunos de esos municipios, no se debe restar importancia al problema existente, como parecen querer transmitir algunos regidores durante los últimos meses, porque las estadísticas son contundentes y la realidad es que la criminalidad no ha parado de crecer durante los últimos años en la demarcación provincial de la Guardia Civil, muy por encima del incremento provincial, autonómico y nacional, como ya se ha visto”.

“Endémico déficit”

Para la AUGC, estos “datos tan negativos están directamente relacionados con el endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, y que se va agravando cada vez más, con unas 165 vacantes sin cubrir, por lo que falta el 13% de la plantilla, y habiendo perdido un 5,8% de efectivos en los tres últimos años”.

Para concluir, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha recalcado que lleva “mucho tiempo denunciando que esa falta de guardias civiles afecta gravemente a la seguridad ciudadana, al tener la mayoría de las dependencias cerradas y con las escasas patrullas disponibles teniendo que asumir la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente”.

“La situación empeora mucho más ahora durante el verano, al reducirse la plantilla en un tercio por las vacaciones estivales y por las comisiones de servicio en otras provincias, quedando muchas unidades bajo mínimos”, han lamentado.

En julio se incorporarán a unidades de la Guardia Civil en todas las provincias quienes están acabando su periodo formativo en la Academia de Baeza (Jaén) y en el Colegio de Valdemoro (Madrid). Se trata de guardias civiles en prácticas que ocuparán dichas vacantes durante un año, tras el cual obtendrán sus destinos definitivos.

La llegada de este personal supone un pequeño respiro, aunque temporal, para aquellas unidades que necesitan refuerzos de plantilla, y siendo Córdoba la provincia de Andalucía con menos efectivos y unas 165 vacantes sin cubrir, era de suponer que se vería beneficiada por la llegada de un mayor número de guardias en prácticas.

Sin embargo, sólo se han asignado a esta provincia 48 de las 2.733 vacantes publicadas, apenas un 1,7% del total, y una vez más Córdoba está entre las provincias andaluzas más perjudicadas en el reparto de refuerzos, solo por encima de Jaén con 40, mientras que a Granada llegan 143, a Sevilla 114, a Cádiz 124, a Almería 100, a Huelva 95, a Málaga 88 y a Cádiz 49. Por lo tanto, los agentes en prácticas que se incorporan a la provincia de Córdoba solo suponen el 7% de los 677 asignados a la comunidad autónoma andaluza.

En esta provincia son los Puestos más grandes los que reciben mayores refuerzos: 5 a Puente Genil, 4 a Montilla y Baena, 3 a Palma del Río y Pozoblanco. Mientras que el resto se distribuyen con cuentagotas entre diversas poblaciones: Peñarroya, Almodóvar del Río, Villafranca, Villa del Río, Posadas, Adamuz, El Carpio, Fernán Núñez, Bujalance, Santaella, Priego de Córdoba, Belmez, Dos Torres, Aguilar, Benamejí, Luque, Rute, Villanueva de Córdoba, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, El Viso. Pero además, a lo largo del año de prácticas algunos de ellos se trasladarán a otras unidades y especialidades.

No debe olvidarse que esta provincia ha perdido un 5,8% de guardias civiles en los tres últimos años, y la mayoría de unidades apenas pueden abrir sus dependencias para atender a los ciudadanos, teniendo que formar las escasas patrullas disponibles con efectivos de distintos puestos para encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto de Moriles, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de dicha localidad como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones, imponiéndole la pena de seis meses de prisión, así como a indemnizar al agente con 1.365 euros por las lesiones causadas.

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2023, cuando los guardias civiles intentaban detener a un individuo implicado en varios robos en viviendas y establecimientos de Moriles, el cual intentó huir y al ver que no podría conseguirlo atacó a los agentes, lanzándoles patadas y puñetazos, y propinando un codazo en la cara a uno de ellos, al cual además mordió en una mano cuando le estaba colocando los grilletes.

El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a los dos guardias civiles, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, habiendo concurrido la atenuante de ser consumidor habitual de sustancias estupefacientes, y deberá indemnizar a mi representado por las lesiones causadas. El agresor tiene múltiples antecedentes, la mayoría de ellos por robos con fuerza en las cosas, pero también por conducción superando las tasas de bebidas alcohólicas y por apropiación indebida”.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “mientras las agresiones a guardias civiles y policías nacionales van en aumento, el Gobierno y el Ministerio del Interior siguen sin reconocerles como profesión de riesgo, y el PSOE está bloqueando en el Congreso e impidiendo el desarrollo que pondría fin a esa injusticia. Pero además debe incrementarse la protección jurídica de los agentes, agravando las penas por este tipo de hechos, y dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Córdoba ha afirmado este lunes que los datos oficiales que ha recabado “revelan que la precaria situación del parque móvil de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba ha empeorado en el último año, porque durante 2024 se ha reducido un 4% el número de vehículos disponibles”.

En concreto, según ha informado la AUGC en una nota, “han caído en picado las adjudicaciones, pasando de 40 nuevos vehículos en 2022 a solo diez en 2024, a lo cual se añade que en ese mismo año han sido dados de baja otros 18 vehículos”, en el conjunto de una flota que “es demasiado vieja y está deteriorada”, porque “presenta una media superior a los once años de antigüedad. De hecho el 41% de los vehículos tienen más de diez años, un 34% superan los 15 años e incluso hay 43 vehículos que acumulan más de 20 años”, y “más de un tercio de ellos tienen más de 200.000 kilómetros recorridos, mientras que el 17% superan los 300.000”.

Para AUGC, “ese excesivo envejecimiento y kilometraje conlleva un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías”, de tal forma que “en 2024 se han gastado más de 322.000 euros en reparación y mantenimiento de los vehículos asignados a esta provincia, por lo que en los últimos cinco años se acumulan ya dos millones de euros invertidos por ese concepto”.

Esos datos de la Comandancia de Córdoba, según han señalado desde AUGC, “contrastan con los del Subsector de Tráfico, en el que se encuadran los destacamentos de Córdoba, Lucena y Peñarroya-Pueblonuevo”. En este caso, “los vehículos asignados a dicha especialidad en la provincia, de los que casi la mitad son motocicletas, presentan una media superior a los seis años de antigüedad, con un 11% por encima de los diez años”.

De ellos, “el 26% acumulan más de 200.000 kilómetros recorridos, y el 10% superan los 300.000 kilómetros” y, sin embargo, “en 2024 se asignaron solo dos nuevos vehículos al Subsector, mientras que se dieron de baja tres, habiéndose reducido un 10% dicha flota durante los últimos dos años”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que, de los más de 2.300 destinos de guardias civiles publicados, sólo 17 corresponden a la provincia de Córdoba, lo que no llega al uno por ciento del total, y que, una vez asignados esos destinos, “en la práctica no aumenta la plantilla, ya que llegan trece efectivos mientras que se van doce a otras provincias, y cuatro de las vacantes se han cubierto con traslados internos entre poblaciones de esta provincia”.

A todo ello, dice la AUGC, deben añadirse quienes han ido pasando a las situaciones de reserva y retiro. Tras ver que una vez más que en noviembre del año pasado Córdoba fue la provincia andaluza con menos vacantes convocadas, ahora al publicarse los destinos no se aminora el problema, porque hay más de 150 vacantes sin cubrir y esta provincia ha perdido más de un 5% de guardias civiles en los tres últimos años. Es incomprensible que no se haya destinado a nadie a muchas unidades que necesitan refuerzos, como ocurre con la mayoría de los Puestos de seguridad ciudadana en los municipios de la provincia, y el Núcleo de Servicios en la capital, que no puede desempeñar sus cometidos por falta de personal y necesita continuamente el apoyo de otras unidades.

Pero es que además, algunas unidades incluso ven reducidas sus plantillas tras la publicación de los destinos, como ocurre con los Puestos de Baena, Lucena, Pozoblanco, Villafranca e Iznájar, que pierden un efectivo cada uno. Tan solo se incrementan en dos efectivos las plantillas del Destacamento de Tráfico de Peñarroya y del Puesto de Rute, mientras que el Destacamento de Tráfico de Lucena aumenta en tres componentes. Y otras unidades solo se incrementan con un componente: Puesto de Dos Torres, Puesto de Adamuz, USECIC, SEPRONA, Policía Judicial, Información y Tráfico de Córdoba.

El resultado es que la plantilla de la Guardia Civil en esta provincia sigue siendo tan deficitaria como antes de publicarse los destinos, y nuevamente Córdoba es una de las provincias más perjudicadas en el reparto, por debajo de otras con menor población y extensión geográfica. Y ello a pesar del grave déficit de plantilla que arrastra desde hace muchos años.

La situación es ya tan insostenible que no queda más remedio que acometer la reorganización del despliegue territorial de la Guardia Civil que AUGC lleva mucho tiempo reclamando, o se agravará el colapso de la seguridad ciudadana en el medio rural que ya se está produciendo, con la mayoría de las dependencias cerradas y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente. Esa falta de guardias civiles redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana, como demuestran continuamente las estadísticas del Ministerio del Interior.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido este lunes de que “durante 2024 se han triplicado los expedientes disciplinarios instruidos a personal de la Benemérita en la provincia de Córdoba, alcanzando el número más alto de los últimos diez años y superando incluso los registrados en 2022, que hasta ahora era el año más negro de la última década”.

En una nota, en base a datos oficiales, AUGC ha manifestado que “mientras que los expedientes por falta leve se han mantenido estables respecto a 2023, sin embargo los instruidos por falta grave se han multiplicado por cuatro, y los de falta muy grave se han quintuplicado”. “Desde 2007 --año a partir del que esta asociación dispone de datos-- nunca se había alcanzado ese número de expedientes muy graves, y los graves sólo alcanzaron un número similar en 2022 durante ese mismo período”, han agregado.

Según han expuesto, “los datos confirman una vez más que el rigor disciplinario se aplica únicamente a los guardias, cabos y suboficiales, mientras que los oficiales no se han visto inmersos en ningún procedimiento de ese tipo, como es habitual”, de manera que “el 64% de los expedientes disciplinarios se han instruido a guardias, el 9% a cabos y el 27% a suboficiales”.

En cuanto a los expedientes por falta grave, que son “los más numerosos”, ven “muy preocupante que se hayan multiplicado por nueve los instruidos a guardias, mientras que los de suboficiales se han triplicado y los de cabos han aumentado el doble”.

“Una vez más se confirma que en la Guardia Civil de Córdoba cuanto menor sea la graduación mayor es la posibilidad de ser expedientado y sancionado”, han remarcado desde AUGC, “a pesar de que la mayoría de situaciones conflictivas se puede solucionar por métodos menos traumáticos, y no abusando del uso de la vía disciplinaria, como demuestra el hecho de que en 2024 sólo el 45% de los expedientes instruidos en esta provincia acabaron con sanción disciplinaria, en muchas ocasiones gracias al trabajo de los servicios jurídicos de AUGC”.

Y también en las sanciones impuestas existen “diferencias, porque la mitad de los expedientes incoados a cabos y guardias acaban con sanción, mientras que los suboficiales son sancionados en un tercio de los expedientes que se les instruyen”. En ese sentido, consideran “muy revelador que, a pesar de que el 60% de los expedientes muy graves corresponden a los suboficiales, ninguno de ellos finalizó en sanción, mientras que todos los guardias sometidos a dichos expedientes fueron sancionados”.

Sin embargo, han apuntado que “ocurre lo contrario con los expedientes graves, porque dos tercios de los instruidos a suboficiales han conllevado sanción, mientras que en el caso de los cabos y guardias son un tercio”. En lo que respecta a las faltas leves, “todas han sido sancionadas y se han impuesto exclusivamente a guardias”, han señalado.

Ante ello, desde AUGC han subrayado que “en la Guardia Civil de la provincia se hace un uso excesivo e innecesario del régimen disciplinario, y que ese rigor se aplica con mayor dureza a las escalas más bajas”, a la vez que han recordado que “el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa, se hizo eco en un informe del elevadísimo número de sanciones disciplinarias impuestas en la Guardia Civil, y recomendó revisar su régimen disciplinario para reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad”.

Varios guardias civiles de Córdoba se han desplazado este domingo hasta la localidad de Barbate (Cádiz), en cuyo puerto ha tenido lugar una ofrenda floral en memoria de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, “asesinados hace un año en ese mismo lugar cuando la embarcación en la que prestaban servicio fue arrollada por una narcolancha, mientras intentaban combatir el narcotráfico”, recuerda en una nota la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). 

A este homenaje, que ha sido convocado por la asociación ‘Nuestro corazón por bandera’, han asistido representantes de la AUGC llegados desde diferentes provincias, y entre los participantes se ha encontrado el secretario de organización de AUGC en Córdoba, José Ángel Zafra, quien ha declarado que “estamos hoy aquí vistiendo el uniforme para mostrar el apoyo de nuestra asociación y de toda la Guardia Civil a las familias de nuestros compañeros asesinados y heridos por narcotraficantes sin escrúpulos que siguen campando a sus anchas por el litoral andaluz, llegando incluso hasta Sevilla, ante la inacción del gobierno y del ministerio del Interior”. 

Y ha añadido que “es necesario atajar la impunidad con la que actúa el narcotráfico en esta región y en buena parte de Andalucía, y para ello reclamamos el incremento de los medios materiales y humanos, la reactivación de unidades especializadas, las modificaciones legislativas necesarias, y por supuesto que de una vez por todas se reconozca a los guardias civiles y policías nacionales como profesión de riesgo”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado instalaciones dignas para la Guardia Civil en La Carlota (Córdoba), donde denuncian que se utilizan unas “provisionales” desde 2011.

En un comunicado, recuerda que la Subdelegación del Gobierno y la jefatura de la Guardia Civil en Córdoba “anunciaron a bombo y platillo la construcción de un nuevo acuartelamiento en La Carlota, después de muchos años esperando que se produjera esta noticia. Pero esas nuevas instalaciones no estarán acabadas hasta mediados de 2026, y eso si no se producen retrasos, como ya ha ocurrido en muchas otras obras anteriormente”. 

Y, mientras tanto -dicen-, los guardias civiles de ese Puesto siguen trabajando en “unas dependencias indignas e inseguras”, como llevan haciendo desde 2011, hace ya trece años, cuando se trasladaron a las instalaciones “provisionales” cedidas por el Ayuntamiento, las cuales por cierto dejó de usar la Policía Local por no reunir las condiciones mínimas. 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva muchos años reclamando que, hasta que se haya construido un nuevo acuartelamiento en ese municipio, se habiliten unas dependencias provisionales más adecuadas, pero todas las instituciones implicadas hacen oídos sordos y no asumen sus responsabilidades, a pesar de que el Gobierno en 2022 y 2023 respondió a preguntas parlamentarias que “la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba está realizando gestiones al objeto de encontrar unas dependencias provisionales”. 

Que las actuales instalaciones no cumplen los requisitos mínimos no es una opinión subjetiva de AUGC, porque el propio Servicio de Prevención de la Guardia Civil ya avisó en 2017 que dicha edificación no cumple lo establecido en el Real Decreto 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y comunicó que o bien se llevaba a cabo una reforma integral para ajustarse a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, o bien se habilitaban otras dependencias que cumplieran con dicha normativa.  

Pero a día de hoy no se ha llevado a cabo ninguna de las dos alternativas, y los guardias civiles siguen en un edificio que presenta características incompatibles con los requisitos mínimos en materia de riesgos laborales en centros de trabajo, a lo cual se añaden las goteras y humedades, las dimensiones reducidas e insuficientes, y la carencia de las medidas de seguridad que debe tener un Puesto de la Guardia Civil, como también expuso el servicio de prevención de la Guardia Civil. Además, no se dispone de sala de espera para los ciudadanos que acuden a presentar denuncias o realizar otros trámites, por lo que se ven obligados a esperar en la calle soportando las inclemencias meteorológicas o climatológicas. 

Por otro lado, en la unidad que tiene el mayor porcentaje de mujeres de toda la provincia, un 40% de la plantilla, el vestuario femenino es una dependencia que se utiliza como archivador y que no cumple las condiciones mínimas establecidas por la normativa reguladora, así como tampoco disponen de aseo específicamente femenino. Además, al carecer dicho edificio de garaje los vehículos oficiales deben estacionarse en otras instalaciones muy distantes que se encuentran en pésimo y que carecen de medidas de seguridad. 

Carencias en el nuevo acuartelamiento 

La mesa de contratación ha propuesto que se adjudique la construcción del nuevo cuartel a la empresa ‘Zima Desarrollos Integrales’, de Murcia, que ha hecho la oferta más baja, 1.548.429 euros más el IVA correspondiente. La previsión es que se inicien las obras en marzo de 2025 y se ejecute en catorce meses.  

Pero a la vista del proyecto AUGC considera que presenta algunas carencias, como es el hecho de que solo se incluyan tres viviendas, una para el jefe de la unidad y dos para cabos o guardias, cuando ese Puesto tiene una plantilla de diez efectivos actualmente, la cual deberá incrementarse en un futuro próximo para poder atender adecuadamente las necesidades de dicha demarcación. Además, no se ha previsto un área de custodia de detenidos, dependencia muy necesaria en los acuartelamientos que tienen un volumen de trabajo como el de La Carlota.

El guardia civil retirado, doctor especialista en Ciencias Forenses y profesor de Policía Científica en la Universidad Loyola en los campus de Córdoba y Sevilla y presidente de la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia, Manuel Moreno Lopera, recién nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, ha publicado el libro Análisis morfológico de los patrones de manchas de sangre y su importancia en la reconstrucción de la escena del crimen.

Según destacan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el director académico de numerosas acciones formativas organizadas por AUGC reflexiona en su obra sobre la prueba científica comúnmente hallada en la escena del crimen y asociada a los delitos violentos, la sangre. “En ella se analiza el conjunto de técnicas de investigación del delito llevadas a efecto por las fuerzas y cuerpos de seguridad, incorporando numerosa terminología, gráficos descriptivos y esquemas sobre patrones de manchas de sangre (PMS) que facilitan su comprensión y visualizan su contenido”, transmite el autor.

Pero además, “se revisa y se propone una actualización y ampliación de la clasificación de estos sistemas, ampliando estudios sobre PMS en textiles y asociados con armas de fuego, así como terminología para las distintas manchas generadas por el resultado de la actividad de los insectos, entre otras cuestiones”, señala.

El libro está escrito desde una perspectiva teórico-práctica, “fruto de la experiencia profesional y la trayectoria docente”, y “tanto la profundidad como la extensión de esta obra la convierten en una herramienta muy útil y de referencia ineludible para un amplio espectro de profesionales, por supuesto para los cuerpos policiales, especialmente quienes trabajan en unidades especializadas, pero también para jueces, fiscales, abogados y periodistas, así como personal docente y alumnado universitario”.

Al respecto, se aborda la metodología de trabajo para el análisis de los PMS, las pruebas químicas presuntivas, la documentación y la elaboración de informes, materias que tienen una gran aplicación práctica en el trabajo de campo, precisa el especialista.

“Herramienta muy útil”

Además, expone que “el análisis de patrones de manchas de sangre es una herramienta muy útil que se utiliza en Estados Unidos desde hace muchos años, hasta el punto de haberse creado en 2002 un grupo de trabajo científico en el FBI”, pero “en España aún no se ha implantado esta disciplina como rama independiente, si bien ”la evolución de las técnicas y tecnologías relacionadas con la investigación de PMS ha llevado a que en la actualidad exista un grupo de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se ocupan de la embrionaria implementación de esta disciplina“.

Concretamente, comenta que “estos grupos se encuentran integrados dentro de una de las secciones o departamentos de Criminalística de la Guardia Civil, así como de la Unidad Central de Coordinación Operativa y de algunas brigadas de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía”.

“Es tal la importancia del estudio de los PMS respecto a su tamaño, forma, distribución y otros aspectos, que puede ayudar en la investigación a responder, entre otras, a preguntas como: ”¿qué ocurrió?, ¿cuándo y en qué secuencia ocurrieron los hechos?, ¿quién estaba presente?, ¿qué número de golpes o disparos tuvieron lugar?, ¿qué posición ocupaban víctima y victimario?“, añade el autor.

Interés para los guardias civiles

Mientras, Manuel Moreno Lopera considera que estas cuestiones interesan a los guardias civiles, “buena prueba de ello es el número de asistentes” a la jornada formativa sobre 'Análisis de patrones de manchas de sangre y su importancia en la reconstrucción de la escena del crimen' que el año pasado organizó AUGC en Córdoba, en la que participaron guardias civiles y policías nacionales de toda la provincia y pertenecientes a distintas especialidades.

Entretanto, explica que lleva “muchos años” colaborando con AUGC con “muy buenos resultados”. Este mismo año se ha organizado un taller sobre 'Huellas lofoscópicas y otros métodos de identificación hallados en la inspección técnico policial', y unos meses antes otra acción formativa de la que se siente “especialmente orgulloso”, el 'Curso de investigación y reconstrucción de la escena del crimen en muertes violentas o sospechosas de criminalidad', porque “además de guardias civiles y policías nacionales asistieron alumnos del Grado de Criminología de la Universidad Loyola, quienes de ese modo pudieron poner en práctica, junto a profesionales, lo aprendido en la asignatura de Policía Científica durante sus estudios”.

Así, añade que “todas esas acciones formativas se orientan en una vertiente teórico-práctica, lo cual hace que revistan mayor interés para los asistentes”. Para ello, cuentan con “ponentes de reconocido prestigio y amplia experiencia en la materia, por ejemplo en el último curso de investigación y reconstrucción de la escena del crimen participaron un comandante de la Guardia Civil, un profesor de la Universidad de Córdoba, dos médicos forenses, un oficial de la Policía Nacional y otros expertos”, precisa Moreno Lopera.

Asimismo, señala que utilizan “herramientas didácticas que otorgan pleno realismo a la parte práctica, siendo todo ello posible gracias a que AUGC no escatima en recursos, lo cual contribuye finalmente a mejorar la formación policial que, en definitiva, se traduce en una mejora del servicio que se presta a la ciudadanía”. “Lo cierto es que tanto los ponentes como los alumnos expresan habitualmente que AUGC ofrece una formación de calidad sobre investigación de la escena del crimen y materias aledañas”, valora el autor.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha informado de que la Dirección General de la Guardia Civil ha publicado 3.177 vacantes para guardias civiles en todo el país, de las cuales sólo 17 corresponden a la provincia de Córdoba.

Se trata, según explican, de “apenas un 0,5% del total, a pesar de que hay unas 150 vacantes sin cubrir, y que la práctica totalidad de unidades necesitan refuerzos”. Además, a su juicio, “supone una considerable reducción respecto a las 43 vacantes publicadas en abril de este año, las cuales ya de por sí eran claramente insuficientes”.

“Nuevamente, Córdoba se ve agraviada, al ser una vez más la provincia andaluza a la que se asignan menos vacantes, muy por debajo de las demás: Cádiz recibe 153, Sevilla 104, Málaga 83, Granada 80, Huelva 62, Almería 53, y Jaén 22. Por lo tanto, la provincia de Córdoba no llega ni al 3% de los refuerzos que se destinan a Andalucía, a pesar de tener la plantilla más reducida de la comunidad autónoma, siendo la segunda en extensión territorial y la quinta en número de habitantes”, lamenta AUGC.

A su juicio, “las insuficientes vacantes anunciadas apenas servirán para cubrir las que se van a producir por quienes se vayan destinados a otras provincias en esta misma convocatoria, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando se han ido de la provincia tantos o incluso más efectivos de los que han llegado”.

Las “escasas vacantes” publicadas, continúa, se reparten con cuentagotas entre los Puestos de Rute, Fernán Núñez, Adamuz y Dos Torres, así como los Destacamentos de Tráfico de Córdoba, Lucena y Peñarroya, la Patrulla de Protección de la Naturaleza, USECIC, Policía Judicial y Grupo de Información. Y quedan fuera del reparto muchas unidades que necesitan refuerzos.

“Resulta indignante el continuo menosprecio que muestran la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior hacia la provincia de Córdoba, y es incomprensible el silencio y la falta de reacción de la mayoría de instituciones y de la sociedad cordobesa ante una situación que afecta gravemente a la seguridad ciudadana en toda la provincia”, critica la asociación.

La AUGC ha concluido que los datos “son contundentes y muy preocupantes, porque esta provincia ha perdido un 5% de guardias civiles en los dos últimos años, falta un 11% de la plantilla que debería haber, y además el catálogo, que es el número mínimo de guardias civiles fijado como necesario, se ha reducido un 7% en los dos últimos años”. Además, lamentan que, en la mayoría de municipios de la provincia, “las dependencias de la Guardia Civil permanecen cerradas casi todo el tiempo, y las escasas patrullas disponibles están sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente, lo cual redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana, como demuestran continuamente las estadísticas de criminalidad”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, que instruye las diligencias previas por el supuesto amaño de contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia, ha dictado una providencia denegando la solicitud de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para que la investigación se amplíe al período que va del año 2018 a 2021.

Hace unas semanas la Fiscalía se opuso a dicha ampliación de la investigación, y ahora la jueza se ha mostrado de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, decidiendo que no se investiguen los contratos anteriores a 2022, para lo cual argumenta que no se puede llevar a cabo una investigación prospectiva apoyada en “la simple sospecha en relación a otros expedientes de contratación”.

AUGC no está de acuerdo con dicho criterio, al considerar que no se trata de simples sospechas, sino de información y documentación que ponen de manifiesto sobrados indicios para establecer que durante esos años pueden haberse producido irregularidades idénticas o similares a las detectadas en 2022 y 2023, sobre todo teniendo en cuenta que se adjudicaron contratos públicos a los mismos grupos de empresas que ahora están siendo investigados, así como que podrían haber existido las mismas prácticas irregulares, tales como fraccionamientos o sobrecostes.

El abogado de AUGC, Miguel Carbajo, ha expuesto que “como no puede ser de otro modo, acatamos y respetamos la decisión judicial, seguiremos colaborando activamente con la investigación y nos centraremos en que se aclaren todas las actuaciones llevadas a cabo durante el periodo investigado. La asociación profesional a la que represento tiene en su ADN la lucha contra la corrupción, y los primeros interesados en que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades a todos los niveles son los propios guardias civiles, que trabajan a diario con honradez y profesionalidad, a pesar de las condiciones precarias que padecen frecuentemente y de los riesgos que afrontan”.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto Principal de Puente Genil, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de dicha localidad como autor de un delito de atentado y otro de lesiones, imponiéndole la pena de seis meses de prisión, así como a indemnizar al agente con 8.566 euros por las lesiones causadas. 

Según se relata en la sentencia, los hechos tuvieron lugar en marzo de 2022, cuando el acusado se encontraba en estado de gran nerviosismo en el bloque de su domicilio en la calle Vicente Aleixandre, y al ser requerido por los guardias civiles para que se tranquilizara y se metiera en su vivienda, se encaró con los agentes diciéndoles “voy a acabar con todos vosotros y con todos los de la Guardia Civil, me tenéis hasta los huevos, no me da la gana, no me sale de los huevos, aquí no mandas tú”, y empujó a uno de los guardias civiles haciendo que se golpeara con la pared y se doblara la rodilla. 

El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido al agente agredido, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, habiendo concurrido la atenuante de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y la agravante de reincidencia, teniendo en cuenta que el acusado ya había sido condenado en otras ocasiones como en 2021 por otro delito de atentado, por lo que debe indemnizar a nuestro representado y abonar las costas procesales. Desde nuestro bufete comprobamos que durante los últimos años es Puente Genil el municipio de la provincia en el que más agresiones a guardias civiles hemos tenido que atender”. 

Por otro lado, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que “la indemnización obtenida para nuestro afiliado es acorde a las graves lesiones que sufrió, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y le quedaron secuelas. Llevamos años alertando del incremento de las agresiones a los guardias civiles y reclamando penas más graves, mayor protección jurídica, dotación de medios adecuados, pero sobre todo el reconocimiento como profesión de riesgo para los guardias civiles y policías nacionales”.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado tras un acuerdo a un vecino de la localidad cordobesa de Baena como presunto autor de un delito de atentado y tres delitos leves de lesiones, imponiéndole la pena seis meses de prisión, así como a indemnizar a dos agentes de la Guardia Civil y uno de la Policía Local por lesiones causadas.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado a uno de los agentes de la Benemérita, que en el momento de los hechos realizaba sus prácticas en el Puesto Principal de Baena, según ha detallado la asociación en una nota.

Según se relata en la sentencia, los hechos tuvieron lugar en julio de 2022, cuando el acusado se encontraba detenido en la sede judicial de Baena y, mientras era conducido por el interior de dichas dependencias, “arremetió contra los dos guardias civiles que le custodiaban, lanzándoles patadas, cabezazos y codazos, insultándoles y amenazándoles” con distintas expresiones.

Y después, cuando iban a trasladarle a dependencias de la Policía Local, “lanzó una patada y escupió a un policía local, al cual también amenazó”, a lo que se añade que “durante el traslado en el vehículo policial no dejó de lanzar patadas y cabezazos a los agentes”.

El abogado Álvaro Moreno, quien ha asistido al agente agredido perteneciente a AUGC, ha declarado que “en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, se ha aplicado la agravante de reincidencia al haber sido condenado el acusado anteriormente en 2022 por otro delito de atentado, se ha tenido en cuenta como atenuante su adicción a sustancias tóxicas, y deberá indemnizar a los agentes por las lesiones causadas con cuantías que suman más de mil euros”, la mitad de los cuales corresponden al representado de AUGC.

Desde el bufete de la asociación llevan “años defendiendo los intereses de los guardias civiles en situaciones como esta, y se ha podido comprobar que este tipo de agresiones son demasiado frecuentes en la provincia, siendo Baena una de las localidades en las que más casos se producen”, ha advertido.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que, “según las estadísticas oficiales, las agresiones físicas sin armas a los guardias civiles siguen aumentando progresivamente, y para desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles, no sólo son necesarias unas penas más graves y una mayor protección jurídica, sino que además debe reconocerse como profesión de riesgo a los guardias civiles y policías nacionales, así como dotarles del suficiente material de defensa y protección, como son por ejemplo las pistolas táser”.