La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Resolución de 31 de marzo de 2026 por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades locales para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo durante el ejercicio 2026.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en Córdoba en una nota, en la provincia de Córdoba, la convocatoria prevé una dotación máxima de 107.417 euros, distribuida entre distintas entidades locales. De este importe, 97.417 euros corresponden a ayuntamientos, mientras que 5.000 euros se destinan a la Diputación Provincial y otros 5.000 euros a las mancomunidades de municipios.

Podrán solicitar estas ayudas los municipios, las provincias, las mancomunidades y las entidades locales autónomas, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden de 27 de mayo de 2022. La finalidad de las subvenciones es financiar gastos vinculados al funcionamiento ordinario de los servicios locales de consumo.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el 90% del coste de los proyectos subvencionables, y en determinados casos podrán cubrir el 100% del importe solicitado, siempre dentro de los límites presupuestarios establecidos. El presupuesto total máximo destinado a esta convocatoria en el conjunto de la Comunidad Autónoma asciende a 931.543 euros, con distribución provincial calculada en función de criterios como el número de habitantes.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos, conforme al procedimiento establecido. La resolución completa, así como los requisitos y criterios de valoración, pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

Una vecina de La Carlota (Córdoba) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo andaluz que recibía facturas de la luz muy elevadas que no se ajustaban al consumo eléctrico que realizaba, constatándose finalmente que la lectura de esas facturas correspondían realmente al contador de un vecino.

La mujer se dirigió al Defensor exponiendo su discrepancia con la facturación recibida de Energía XXI en su vivienda. En la reclamación formulada a esta empresa le contestaron que la distribuidora comunicaba que, tras las comprobaciones realizadas en el campo, el contador instalado era correcto y no existía inversión de contadores. “Sin embargo, un instalador autorizado pudo comprobar y certificar el cruce de contadores”, recoge el expediente de la Oficina del Defensor.

Tras acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de su localidad se derivó la reclamación a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba, a la que remitió el debido formulario cumplimentado con fecha 1 de octubre de 2024.

Posteriormente, cada mes había ido enviando sus facturas al técnico que tramitaba su expediente a través de correo electrónico y, de vez en cuando, había contactado por teléfono para saber cómo iba el proceso. Le indicaban que aún no se había recibido contestación ni por parte de distribuidora ni comercializadora.

Cambiaron el contador del vecino en lugar del suyo

No obstante, “en varias ocasiones visitaron el contador, ya que sus llamadas no cesaban, tanto a distribuidora como a comercializadora. En una de las visitas, por fin lo detectan y aceptan que, en diciembre de 2024, fueron a cambiar su contador y se lo cambiaron al vecino por error”.

“Entonces, de inmediato, querían cambiar su contador, a lo cual se niega por recomendación de personal de la administración, ya que las lecturas no se podrían rescatar y así no podría recuperar las cantidades elevadas de facturas pagadas erróneamente”. Entretanto le seguían cobrando facturas elevadas y, aunque en la app de su comercializadora ya le aparecían facturas negativas, no le devolvían el dinero.

Entretanto y pese al tiempo transcurrido, no había recibido respuesta de la administración y desconocía si habían contestado comercializadora y distribuidora a la reclamación, para solucionar el problema de las lecturas del contador equivocado y poder recuperar el dinero cobrado de más.

Con todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz admitió a trámite la queja de esta vecina de La Carlota y solicitó la colaboración de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba para interesar la necesidad de la resolución del expediente iniciado. Dicha administración trasladó los trámites y actuaciones realizados ya en ese momento en el expediente afectado, por lo que el Defensor asegura en su información que el problema denunciado se encontraba ya en vías de ser solucionado.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a la denuncia de Facua Córdoba indicando que renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja la decisión en manos de Cataluña, donde tiene su domicilio la firma que etiquetó fraudulentamente el producto, Pescados Videla SA.

La asociación denunció en noviembre de 2024 que el establecimiento Alcash ubicado en la capital cordobesa estaba vendiendo langostinos congelados de la marca Pescanova con las fechas de consumo preferente y número de lote manipulados. Tras comunicarlo al fabricante, la empresa indicó que un tercero había colocado una etiqueta en el envase que no se correspondía con la codificación original del producto, ya que incluso faltaba un dígito.

Sobre la producción real de la mariscada, Pescanova informó de que el lote origen de la denuncia de Facua Córdoba fue fabricado la semana 42 del año 2022. Así, aclaró que en este tipo de producto se otorgan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era del 18 de abril de 2024, y no del 18 de abril de 2025 que indicaba la etiqueta que tenía pegada el articulo puesto a la venta en Alcash. Así, Pescanova, explicó que se había otorgado un año más a la fecha de consumo preferente original de los langostinos.

Por todo ello, la asociación pidió a la Junta de Andalucía que abriese una investigación y valorase abrir un expediente sancionador no solo por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido, sino también por una clara falsificación del etiquetado de origen. Asimismo, instó a la administración a que ordenase la retirada de dicho producto y se informase por los canales públicos legales a los consumidores que hubiesen podido comprar este artículo para evitarles posibles perjuicios de salud.

Pescados Videla SA

En su resolución, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía informa a Facua Córdoba de que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada era la empresa Pescados Videla SA, ubicada en Cataluña. Tras requerirle información, el organismo de Salud catalán comunicó a su homónimo andaluz que la empresa remitió 1.000 estuches de estas mariscadas de marca Pescanova con las fechas de consumo preferente manipuladas.

Pescados Videla SA reconoció que se había producido un “reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente”, por lo que procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido.

La Junta de Andalucía concluye su resolución informando a Facua Córdoba de que “toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña”.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de 'Chopped lata finas lonchas' de la marca Nuestra Alacena, de supermercados Dia, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto afectado es 'Chopped lata finas lonchas', de la marca Nuestra Alacena (Dia), con número de lote 252771 y fecha de caducidad 18/11/25. Se presenta envasado en lonchas, con un peso por unidad de 150 gramos y refrigerado.

Según la información de la que dispone el organismo adscrito al Ministerio de Consumo, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucía, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de que ya se haya producido el consumo y se presenten síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha instado a acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, ha sugerido consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'. Además, ha destacado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha subido en el último mes 12,64 euros (un 17,6%) con respecto a octubre de 2024, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción. Así, el recibo se ha situado en 84,37 euros, frente a los 71,73 euros de hace un año.

En cuanto a la evolución mensual, el recibo ha subido 2,88 euros (un 3,5%) con respecto a los 81,49 euros del pasado septiembre. La del último mes ha sido de la factura más elevada desde el pasado febrero, cuando se situó en los 95,70 euros para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de octubre ha sido de 71,73 euros en 2024, 71,83 euros en 2023, 103,34 euros en 2022, 120,68 euros en 2021 y 64,61 euros en 2020.

Desde enero, el kW de potencia contratada está en 14,14 euros al mes (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización). Este mes de octubre, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 26,75 céntimos en horario punta, 17,40 céntimos en el llano y 15,36 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía han subido con respecto a octubre del año pasado un 22,5% en punta, un 5,3% en llano y un en 17,3% valle.

Medidas para abaratar la factura

Facua viene reivindicando modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada. Así, la asociación reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo. De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora.

Más allá de las necesarias medidas que debe llevar a cabo el Gobierno para reducir los desproporcionados beneficios de las grandes eléctricas, Facua critica la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.

Asimismo, Facua reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo semestre del año pasado, indica que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.

El perfil de usuario de los análisis de Facua

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW —la misma en horario punta y valle— y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, el llano de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00, y el valle de 00:00 a 8:00. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha trasladado a la ciudadanía, con motivo de la proximidad de la celebración de Halloween, una serie de recomendaciones de interés en relación con la adquisición de disfraces, máscaras o maquillaje. En estas fechas, los Servicios Provinciales de Consumo han intensificado las labores de inspección sobre disfraces, caretas, máscaras y pelucas destinados a menores de 14 años, que son considerados juguetes a efectos de la normativa.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, en la campaña de inspección de estos productos, en la que se prevén alrededor de 180 inspecciones para verificar el etiquetado a lo largo del año, la mitad de las actuaciones se enmarca en la celebración del carnaval, y la otra mitad en la festividad de Halloween.

A ello se suma la toma de 25 muestras de caretas o máscaras, corbatas, sombreros, barbillas, barbas, bigotes, pestañas, pelucas, extensiones, trenzas, tupés, rastas, medias y pantis, tutús, boas y plumas, disfraces, capas y túnicas y pompones, que se están remitiendo a un laboratorio para verificar que cumplen los requisitos de seguridad que les son aplicables.

Para la Consejería de Salud y Consumo, la seguridad constituye el elemento “fundamental” en la compra de este tipo de artículos, tanto en el caso de niños como en el de las personas adultas. Por ello, es “imprescindible” comprobar que los productos dirigidos a menores de 14 años, al tratarse de juguetes incorporan el marcado CE, que garantiza que el fabricante cumple los requisitos europeos de seguridad.

Asimismo, Consumo ha subrayado la importancia de adquirir estos artículos en comercios de confianza y evitar aquellos que no ofrezcan garantías sobre su procedencia. El etiquetado debe figurar en castellano e incluir la información básica sobre advertencias de seguridad y condiciones de uso.

Ha recordado que los disfraces, máscaras o caretas no deben incorporar piezas pequeñas que puedan desprenderse, bordes afilados o cordones en la zona del cuello, ya que podrían provocar asfixia o lesiones.

En el caso de las máscaras, estas deben disponer de orificios de tamaño suficiente para asegurar una ventilación adecuada, mientras que las pelucas y otros elementos deben estar elaboradas con materiales resistentes al fuego.

Asimismo, durante la celebración de Halloween también aumenta notablemente la venta de productos de maquillaje. Consumo ha recomendado revisar detenidamente el etiquetado, que debe recoger la denominación del producto, la identificación de la empresa responsable y las precauciones de uso.

Igualmente, hay que prestar atención a lista de ingredientes para prevenir posibles alergias. Si se va a hacer uso de lentillas, deben ser adquiridas en establecimientos con personal cualificado y contar con su correspondiente etiquetado en español.

Facua-Consumidores en Acción ha advertido de un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes de Mango. La multinacional española ha remitido un correo electrónico con un “aviso importante sobre datos personales” donde informa de que ha sufrido un ciberataque.

La empresa explica que la información expuesta se limita a datos de contacto personales utilizados en campañas de marketing: exclusivamente nombre (no se han visto comprometidos los apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono. Asimismo, asegura que “todo sigue funcionando con normalidad y que la infraestructura y los sistemas corporativos de Mango no se han visto comprometidos”.

Mango asegura en su aviso que no se ha visto comprometida información bancaria, tarjetas de crédito, DNI/pasaporte o las credenciales de acceso ni contraseñas. De conformidad con la normativa vigente, ha avisado de lo ocurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades.

La compañía ha puesto a disposición de sus clientes el correo electrónico de su Atención al Cliente (personaldata@mango.com) y el teléfono (900 150 543) para cualquier cuestión adicional.

Facua recomienda a los clientes de Mango que presten atención a cualquier comunicación sospechosa o solicitudes de acciones inusuales tanto por correo electrónico como por teléfono, pues los ciberdelincuentes podrían utilizar estos datos para intentar perpetrar fraudes o estafas.

Tras la denuncia de Facua Córdoba, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha multado con 1.800 euros a una empresa de quesos por cometer varias irregularidades en su página web de venta de estos productos.

La asociación denunció en la empresa, que tiene su razón social en Villaralto (Córdoba), en noviembre de 2023 al Ministerio de Consumo tras constatar que la web no incluía la información obligatoria en los apartados Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies, que aparecían vacíos de contenido y sin ningún enlace que redirigiera a los datos necesarios.

El ministerio, sin embargo, decidió trasladar el caso a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, al considerar que los hechos descritos se circunscribían a la comunidad autónoma. Esta, a su vez, derivó el asunto a la Delegación Territorial en Málaga, ya que se encontraba en ese momento realizando una campaña de inspección a páginas webs de productos alimentarios.

Ahora, el Servicio de Consumo de la delegación territorial ha confirmado la existencia de tres infracciones de la normativa tras haber realizado una inspección a la página web de la empresa.

En su resolución, señala que la empresa cometió un incumplimiento en la información de venta de bienes —ya que no indicaba la información alimentaria obligatoria de los productos en los lotes que vende—, en la indicación de precios —los facilitaba sin incluir el IVA— y por cargar al usuario los gastos de devolución en caso de errores o defectos en los productos.

El Servicio de Consumo, además, ha considerado como atenuante que la empresa corrigió “diligentemente” las irregularidades en un momento previo a la propuesta de resolución sancionadora.

Así, las tres infracciones han sido calificadas como leves, y ha sido sancionada la primera con 800 euros y las otras con 500 euros cada una, por un total de 1.800 euros de multa. Esta cantidad, además, ha sido reducida en un 40%, a 1.080 euros, tras reconocer la empresa su responsabilidad y realizar el pago de la sanción.

Deza es, un año más, el supermercado más económico de Córdoba capital, según el informe publicado este miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha elaborado un listado de los establecimientos más económicos de todo el país. Asimismo, la cadena cordobesa se sitúa como la quinta más económica de España, tras los supermercados Dani, Alcampo, Tifer, Family Cash y Súper Carmela.

El citado estudio se ha realizado teniendo en cuenta 90.000 precios de una “cesta de la compra” compuesta por 241 productos de alimentación y droguería, que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), envasada, así como productos de higiene y droguería tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas. Se han analizado centenares de establecimientos de 183 localidades españolas.

Con todos estos datos, la OCU establece el coste medio anual de la cesta de la compra 2025 en 6.259 euros. Concretamente, la de Deza es de 5.739 euros. Es decir, los clientes de Deza ahorran más de 500 euros al año comprando en este establecimiento cordobés con respecto al coste de la cesta media del total de supermercados analizados.

Al conocer los resultados de este estudio, el gerente de la cadena, Antonio Deza, ha señalado que es “una satisfacción salir, un año más, en las posiciones de cabeza de este ranking, además, lo más difícil no es salir los más económicos, es mantener estos mismos resultados apostando siempre por la calidad, los productos de cercanía y el factor humano”. En este sentido, el responsable de la cadena cordobesa defendió que “somos de los pocos establecimientos que seguimos ofreciendo secciones de frescos asistidas por personas para servir a los clientes productos de la máxima frescura a granel y al corte, adaptándonos a sus gustos y necesidades particulares”. Esto, “supone un mayor esfuerzo, ya que no somos económicos a costa de reducir costes que repercutan en el empleo ni en la calidad de la atención o de los productos”, ha apostillado Antonio Deza.

Finalmente, el gerente de la cadena ha recordado que “somos una cadena local, 100% cordobesa, que apuesta por los productos de nuestra tierra y cuya política es ofrecer las mejores ofertas desde la primera unidad, sin que el cliente tenga que cargarse de productos y realizar un gasto excesivo para pagar un menor importe”.

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía contra Servicios Artísticos Insulares, SLU, empresa organizadora del concierto God Save the Queen previsto para el próximo 13 de septiembre en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, por aplicar un recargo del 10% sobre el precio de las entradas en concepto de “gastos de gestión”.

La asociación ha detectado que este cargo adicional se aplica de forma sistemática en todas las entradas puestas a la venta para este evento. Por ejemplo, para una entrada de tipo “Patio no numerado - Pista” cuyo precio es de 55 euros, se impone un suplemento de 5,50 euros, elevando el coste final a 60,50 euros, sin que exista una justificación clara ni un servicio adicional prestado que avale este recargo. Lo mismo ocurre con el resto de localidades en diferentes ubicaciones dentro del recinto.

Facua Córdoba lamenta que el Instituto Municipal de Artes Escenificas (IMAE) del Ayuntamiento de Córdoba, que es uno de los canales de venta, permita que se vulneren los derechos de los usuarios que desean asistir a este concierto al aplicar un cargo adicional sobre el precio de las entradas de manera injustificada.

En este sentido, la asociación entiende que los gastos de gestión son parte de los costes operativos de la actividad empresarial, y que ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada. Sin embargo, la organizadora del concierto God Save the Queen aplica estos gastos sin prestar ningún servicio extra al consumidor.

Es inherente a toda actividad empresarial repercutir todos o parte estos de los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final. Lo que no se puede es repercutir parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de “gastos de gestión” cuando la adquisición online de una entrada es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar.

Que dice la ley

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una nota en la que deja claro cuáles son los requisitos que deben de cumplir, en caso de existir, los recargos o costes adicionales durante la adquisición de entradas para espectáculos públicos. Asimismo, Facua Córdoba interpreta que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, recoge que dichos gastos deben referirse exclusivamente a servicios concretos distintos a la simple venta de la entrada que reciban los consumidores, ya que deben estar incluidos en el precio final que se muestra.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión, afirmando que en el caso de que los costes no estén correctamente reflejados en la información facilitada, el consumidor no tendrá la obligación de abonar dichos gastos o costes. Además, para un mismo evento o espectáculo, los costes adicionales no pueden variar en función del precio de la entrada —como ocurre en el caso del concierto God Save the Queen de Córdoba—, ni ser un tanto por ciento del precio de la misma. De este modo, Facua Córdoba entiende que los asistentes a este evento no deberían haber pagado este gasto adicional, por lo que ahora tienen derecho a solicitar el reembolso.

La asociación anima a todos los usuarios que hayan tenido que pagar este concepto en alguno de los eventos a los que hayan asistido a que acudan a Facua Córdoba para que valore su caso y realice acciones en defensa de sus derechos.

Facua Córdoba ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a El Jardín Secreto Gourmand SL, empresa que gestiona la cafetería Desiderio de Málaga, por no incluir en la carta de precios que cobran un importe adicional cuando el cliente pide un vaso con hielo.

La asociación ha recibido la queja de varios socios cordobeses que han acudido este verano a este establecimiento ubicado en Plaza Mayor (distrito de Churriana) y que, a la hora de abonar la cuenta, se les ha incluido en el ticket un importe adicional por haber solicitado unos vasos con hielo para enfriar el café. En concreto, les cobraron 10 céntimos por cada vaso, una cuantía que no aparece reflejada en la carta de precios (ni en papel ni online), ni se anuncia en la cartelería del local.

Al no haber sido informados en ningún momento del sobrecoste que supone el vaso con hielo, el establecimiento está viciando la posibilidad de que el cliente pueda manifestar el consentimiento en el cobro de dicho servicio extra o en la posibilidad de rechazarlo.

Qué dice la ley

El artículo 60 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece que «antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara, comprensible y accesible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato».

Además, esta norma deja claro que «en toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación, utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de pagos similares».

El artículo 60 bis recoge que «antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato u oferta, el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal del empresario».

El artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias señala que «se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato».

Facua Córdoba considera que la cafetería Desiderio de Málaga introduce una cláusula abusiva por no incluir en la carta de precios ni anunciar en la cartelería que cobra un importe adicional cuando se pide un vaso con hielo.

Por todo ello, la asociación ha pedido al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que realice las inspecciones oportunas y que valoren la apertura de un expediente sancionador contra El Jardín Secreto Gourmand SL por vulnerar los derechos de los consumidores.

Un año sin poder beber agua del grifo ha dejado secuelas entre los vecinos del norte de la provincia de Córdoba. Una inmensa mayoría sigue bebiendo agua embotellada, un año después de resuelto un problema sanitario que les dejó sin poder consumir lo que salía del grifo, un líquido verdoso afectado por la contaminación de su embalse principal (La Colada).

Un reciente estudio del proyecto I-CISK, un grupo de trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, ha revelado el profundo impacto que el episodio de no potabilidad del agua de grifo ha tenido en los habitantes de la zona demostrando una persistente desconfianza hacia la calidad del agua corriente incluso después de que se levantara la prohibición de su consumo. La investigación, llevada a cabo entre junio y octubre de 2024 mediante encuestas a 700 residentes de la comarca, analiza las actitudes de la población tras un año de restricciones en el consumo de agua del grifo, entre abril de 2023 y abril de 2024.

La crisis se originó por la intensa sequía que azotó la zona entre 2017 y 2024, lo que llevó al vaciado del embalse de Sierra Boyera, la principal fuente de abastecimiento de agua para los municipios de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, a excepción de Conquista. Para paliar esta situación, se declaró de emergencia la conexión del embalse de La Colada con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, una medida que entró en funcionamiento en marzo de 2023.

Sin embargo, el alivio fue efímero. El 17 de abril de 2023, debido a la mala calidad del agua del embalse de La Colada, con un alto contenido en carbono orgánico total, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía declaró el agua de grifo como no apta para el consumo humano. Un año después, las abundantes lluvias de la primavera de 2024 permitieron la recuperación de los niveles del embalse de Sierra Boyera, poniendo fin a la prohibición.

A pesar del restablecimiento de la potabilidad, el estudio revela un cambio drástico y duradero en los hábitos de consumo de agua. Antes de la crisis, el 60,4% de la población encuestada consumía agua de grifo, cifra que se desplomó al 15,1% tras el episodio de no potabilidad. En contrapartida, el consumo de agua embotellada se disparó del 25% al 72,6% de los encuestados.

La investigación identifica tres grupos de consumidores tras el fin de la crisis:

El estudio también profundiza en las fuentes de información utilizadas por la población durante la crisis. Un significativo 34,6% se informó a través de redes sociales no institucionales, mencionando algunos la Plataforma Ciudadana Unidos por el Agua. Resulta destacable que un 52,6% de los encuestados declara no haber utilizado fuentes oficiales de información (ayuntamientos, administraciones, empresas de abastecimiento) durante el episodio de contaminación. Este porcentaje asciende al 57,4% entre los nuevos consumidores de agua embotellada.

La percepción sobre la información oficial recibida fue mayoritariamente negativa. Un 75,7% de los encuestados valoró como poco o nada adecuado el contenido, la frecuencia y los canales de comunicación utilizados por las fuentes oficiales. Esta insatisfacción fue especialmente pronunciada entre los nuevos consumidores de agua embotellada, de los cuales solo un 13,2% se mostró satisfecho con la información oficial. En contraste, un 44,6% de quienes retomaron el consumo de agua de grifo consideró la información oficial bastante o muy adecuada.

La confianza en el agua de grifo sufrió una pérdida generalizada, disminuyendo la puntuación media de 3,55 antes del episodio a 2,08 después (en una escala de 1 a 5). La mayor pérdida de confianza se observó en el grupo de nuevos consumidores de agua embotellada, cuya puntuación cayó de 4,09 a 1,61. Aunque el grupo que retomó el consumo de agua de grifo sigue siendo el que más confianza deposita en ella (con una puntuación de 3,44 tras la crisis), también experimentaron una disminución significativa desde un 4,30 inicial.

En cuanto a las causas de la contaminación del embalse de La Colada, la mayoría de los encuestados (60,7%) señala la inadecuada depuración de las aguas residuales urbanas. Otras causas mencionadas fueron los residuos ganaderos (47%) y, en menor medida, la sobreexplotación del acuífero (9,2%) y la sequía (5,7%). Curiosamente, quienes retomaron el consumo de agua de grifo atribuyen la causa a la inadecuada depuración de aguas residuales urbanas en menor medida (36,6%) que los nuevos consumidores de agua embotellada (62,9%).

Las conclusiones del estudio subrayan la fragilidad de la confianza de la población en la calidad del agua de grifo y la importancia de prevenir futuros episodios de no potabilidad, así como de mejorar la comunicación oficial durante estas situaciones. La persistencia de los cambios en los hábitos de consumo y la pérdida de confianza evidencian la necesidad de implementar estrategias para recuperar la credibilidad del agua de grifo y fomentar su consumo seguro. La mayoría de los encuestados consideró inadecuada la información proporcionada por los organismos oficiales, lo que pone de manifiesto la urgencia de mejorar los canales y contenidos de la comunicación en caso de incidentes. Asimismo, se destaca la necesidad de informar mejor a la población sobre los factores que afectan a la calidad del agua para abordar el problema de manera efectiva.

La organización en defensa de los consumidores Facua Córdoba lleva recuperados hasta la fecha 8.280 euros de una decena de afectados por el cierre de la clínica de depilación láser y medicina estética Único, a quienes las financieras siguieron reclamando el pago de los tratamientos pese a haber sido interrumpidos.

La actuación y estrategias del gabinete jurídico de la asociación han redundado finalmente en una solución satisfactoria para los socios afectados, consiguiendo el reintegro de la totalidad del dinero pagado mediante financiación. Todo ello pese a las trabas puestas por las distintas financieras en prácticamente todos los casos, al no disponer los afectados de contratos formalizados con la clínica y, ni tan siquiera, justificantes de las sesiones realizadas y/o pendientes de hacer. Cofidis ha sido la financiera con mayor número de reclamaciones, seguido de Sabadell Consumer.

Las cantidades devueltas llegan a alcanzar en algunos de los casos los 1.546 euros, atendiendo al tratamiento contratado y hasta el momento del cierre. Además de la devolución del dinero a las personas afectadas, también se han cancelado simultáneamente los distintos préstamos de financiación vinculados a los tratamientos por importe total de 15.026 euros.

Facua Córdoba advierte a las personas que decidan contratar algún tipo de servicio estético de que deben exigir siempre un contrato donde se detallen las sesiones contratadas, el importe total de los servicios y la razón social de la mercantil. También los justificantes de entrega de dinero dependiendo del medio de pago utilizado y, por supuesto, los justificantes de cada una de las sesiones recibidas.

En caso de financiar el tratamiento, se debe solicitar el contrato junto con el cuadro de amortización de los pagos. Toda esta documentación será necesaria para poder reclamar con garantías ante el cierre inesperado de cualquier clínica.

Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Comisión de Derecho de los Consumidores y Usuarios del Colegio de la Abogacía de Córdoba organizó una mesa redonda para analizar las últimas novedades jurisprudenciales relacionadas con el IRPH y las tarjetas “revolving”. El evento, que tuvo lugar el jueves 13 de marzo a las 18:00 h, contó con la intervención de destacados expertos en la materia, como D. Francisco Ortega Reyes, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 11 de Córdoba, y el abogado Rafael López Montes, miembro fundador de RED ABAFI.

La cita, que se desarrolló en un formato de mesa redonda, atrajo a más de 200 participantes, de los cuales la mayoría se conectaron de manera online, pero cerca de una cuarentena de profesionales y ciudadanos se atrevieron a desafiar la lluvia y se desplazaron presencialmente al Colegio de la Abogacía para ser parte de este enriquecedor encuentro.

A lo largo de la jornada, se generaron debates muy fructuosos sobre los temas tratados, con una gran participación de los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para plantear preguntas y compartir sus puntos de vista. La mesa redonda abordó las más recientes decisiones judiciales que afectan a los consumidores relacionados con el IRPH en préstamo hipotecarios y las tarjetas “revolving” dos cuestiones de actualidad que siguen afectando a miles de usuarios de productos financieros en España.

Los cordobeses interpusieron 705 reclamaciones ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía durante el pasado año 2024. Esta cifra la sitúa, no obstante, como la segunda provincia andaluza con un menor número de quejas presentadas, solo por encima de Huelva, con 623.

Así, por provincias, Sevilla, con 3.085, lidera la presentación de reclamaciones de Consumo, seguida de Málaga (2.563)y Granada, con 1.363. Cierran el listado Cádiz, con 1.300; Almería (1.163), Jaén (810), Córdoba (705) y Huelva (623).

En total, Consumo registró en 2024 -con datos aún provisionales- 12.055 reclamaciones, de las que más de 4.500 (4.573) lo han sido por la prestación de servicios esenciales tales como agua, luz y gas (2.527); y por compras o servicios prestados por el comercio minorista (2.046).

Según los datos facilitados por la Administración autonómica a Europa Press, el 96% de las reclamaciones de hecho están relacionadas con el sector servicios (11.582). Tan sólo se presentaron 35 en el segmento de alimentación y 438, en productos industriales. Del global de reclamaciones, 9.414 fueron estrictamente reclamaciones, ya que a éstas habría que añadir 1.862 denuncias; 181 quejas y 598 denuncias-reclamaciones.

Quejas en la prestación de servicios e incumplimientos

Las principales causas que han originado estas reclamaciones han sido disconformidad con la prestación del servicio de atención al cliente (1.655 reclamaciones); incumplimiento de las condiciones del contrato (1.525 reclamaciones) e incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía (1.095 reclamaciones).

Le siguen la desatención a los consumidores (880 reclamaciones); la negativa “injustificada” a satisfacer demandas (686); irregularidad en la calidad (577); facturación (569); incumplimiento del precio del contrato (469); hojas de reclamaciones no contestadas (384); condiciones desconocidas del contrato (300) y desistimiento (286).

Los andaluces pueden contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a los consumidores, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado sobre las compensaciones ofrecidas por Stellantis a los usuarios de vehículos de las marcas Citroën, DS, Opel y Peugeot, debido a fallos de fabricación tanto en los depósitos AdBlue como en los motores PureTech. Estas medidas de compensación estarán vigentes hasta agosto de 2028.

Los fallos en los depósitos AdBlue, que se utilizan para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en motores diésel, fueron inicialmente detectados en diciembre de 2022 por organizaciones de consumidores en España e Italia. Tras una investigación y un acuerdo con la Autoridad Italiana de la Competencia (AGCM), Stellantis se comprometió a compensar a los usuarios italianos. En abril de 2024, este acuerdo se extendió a todos los estados miembros de la Unión Europea. La compensación cubre los vehículos fabricados entre enero de 2014 y agosto de 2020, con un límite de 210.000 kilómetros. Stellantis cubrirá el 100% del coste de las piezas para vehículos de menos de 5 años y 150.000 kilómetros. Para vehículos de 5 a 8 años, la cobertura varía entre el 30% y el 90% del coste de las piezas, según el kilometraje. Además, se cubren 30 euros por gastos de mano de obra. Los usuarios que hayan realizado reparaciones desde 2021 y hayan recibido coberturas previas pueden solicitar una compensación adicional. Las solicitudes de compensación se pueden realizar a través de la plataforma habilitada: https://stellantis-support.com/v2/.

Stellantis también ha ampliado las compensaciones por fallos en las generaciones anteriores de motores PureTech 1.0 y 1.2, que incluyen errores en la correa de distribución y consumo excesivo de aceite. La garantía cubre el 100% de los costes de reparación de la correa de distribución durante un máximo de 10 años o 175.000 kilómetros. Los consumidores que tuvieron gastos de reparación por estos fallos entre el 1 de enero de 2022 y el 18 de marzo de 2024 podrían tener derecho a compensación. Las compensaciones aplican a los motores: 1.0 y 1.2 PureTech atmosféricos producidos entre junio de 2012 y junio de 2022, o los 1.2 PureTech turbo producidos entre abril de 2014 y junio de 2022, por incidencias en la correa de distribución. También a los 1.2 PureTech anteriores a EURO 6.2 (de abril de 2014 a julio de 2018 en Europa) por consumo irregular de aceite vinculado a los segmentos de pistón, y a los 1.2 PureTech EURO 6.2 en adelante (de febrero de 2018 a febrero de 2023) por consumo irregular de aceite vinculado al separador de aceite. Para acceder a las compensaciones, los vehículos deben cumplir con el periodo de garantía ampliado (10 años o 175.000 km) y haber realizado los mantenimientos según el manual del fabricante en talleres profesionales. Además, el diagnóstico y la reparación deben haberse realizado en un establecimiento autorizado. Las solicitudes de compensación se pueden realizar a través de la misma plataforma: https://stellantis-support.com/v2/.

La información sobre las compensaciones se encuentra disponible en los siguientes enlaces: Plataforma de solicitud: https://stellantis-support.com/v2/, Información sobre depósitos AdBlue: Depósitos de AdBlue en coches de Stellantis, e Información sobre motores PureTech: PureTech Compensation Platform. Esta información resume las medidas tomadas por Stellantis en respuesta a fallos de fabricación, con el objetivo de compensar a los consumidores afectados por estos problemas.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas ha editado la Carta de Derechos y Obligaciones de los pacientes y usuarios en las consultas y clínicas dentales privadas de Andalucía.

Esta compilación, aprobada por unanimidad por el Pleno del Consejo Andaluz de Dentistas celebrado este viernes en Córdoba, recoge los distintos compromisos y responsabilidades que los usuarios de las clínicas dentales adquieren al pedir cita y acudir a consulta, así como una serie de derechos que le corresponden.

La compilación será distribuida desde los propios colegios provinciales a sus colegiados para que, a su vez, ésta sea expuesta en las clínicas o consultas dentales y pueda ser consultada por los pacientes y usuarios.

Entre los derechos que recoge la Carta se encuentran: elegir la consulta y facultativo que vaya a prestar la asistencia dental; recibir un trato respetuoso, digno y confidencial sin que pueda existir ningún tipo de discriminación; respeto a la intimidad y al carácter confidencial de los datos referentes a la salud u obtener un presupuesto estimativo por escrito del tratamiento.

Como obligaciones del paciente destaca: facilitar y tener actualizados los datos sobre su estado de salud, así como de los medicamentos que le están siendo administrados, de manera leal y verdadera, así como colaborar en su obtención; colaborar con el facultativo dentista en la realización de las exploraciones clínicas y de las pruebas diagnósticas complementarias que fueran necesarias para la realización del tratamiento contratado o firmar el alta voluntaria cuando, por voluntad propia, decida interrumpir el tratamiento bucodental.

En otro orden de cosas, el Pleno del Consejo Andaluz de Dentistas, que reúne a los ocho presidentes de los colegios provinciales, ha abordado también el uso por los dentistas del ácido hialurónico para la armonización orofacial o el Número de Identificación Medioambiental (NIMA), obligatorio para las clínicas dentales.

Los hogares de la provincia de Córdoba prevén un gasto medio de 539 euros en estas próximas fiestas de Navidad, según un estudio de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE), que señala que los cordobeses gastarán de media en alimentación 169 euros, mientras que en regalos y juguetes emplearán 152 euros, en loterías 56 euros, y en ocio y otros similares hasta 162 euros.

En un comunicado, la Unión de Consumidores de Andalucía señala que, tras los adelantos de compras del “Black Friday” y el puente de diciembre, asistimos de inmediato al último tirón de las compras navideñas y sobre ello presenta un año más los resultados de su ya tradicional informe de previsión del gasto navideño, que esta federación de consumidores viene realizando desde el año 2005. Se trata de un análisis de la intención de gasto, que no del gasto real que finalmente se pueda realizar en los hogares andaluces.

El informe se ha elaborado sobre la base de una encuesta-sondeo efectuada a través de diversos medios (telefonía, Internet, redes sociales) así como presenciales en nuestra red de oficinas, contando con la opinión de personas consumidoras de todas y cada una las provincias andaluzas.  Para la elaboración de ese informe se ha preguntado a la población andaluza respecto al presupuesto que tiene previsto gastar en el período navideño en partidas tales como loterías, alimentación para el hogar, regalos y juguetes, ocio y otros gastos vinculados tradicionalmente a la celebración de estas fiestas.

Datos Andalucía y provincias

Los datos de este ejercicio 2024 apuntan a que las familias andaluzas prevén gastar una media de 527 euros para el conjunto de sus compras y gastos durante la celebración de las fiestas navideñas. La cifra representa un aumento de la previsión de gasto de en torno al 4%, con relación a la previsión de gasto del pasado año 2023 que se situó en los 507 euros. La subida general de precios generada por las tensiones inflacionistas sufridas, especialmente en el ámbito de la alimentación pueden sin duda estar detrás de este aumento.  

Frente a la indicada media andaluza de gasto (527 euros), Sevilla (548 euros) y Córdoba (539 euros) son las provincias andaluzas que más prevén gastar, mientras que Granada y Huelva, ambas con (514 euros) serán las que menos gastarán

Alimentación

La previsión de gastos para la partida de alimentación -las compras que se hacen para las comidas o cenas a realizar en casa- experimenta este año un incremento de casi un 5%, situándose en Andalucía en una media de 174 euros, frente a los 166 euros en 2023. Detrás de este importante incremento estaría el aumento de los precios de la alimentación, que ha sido uno de los sectores más afectados por los repuntes de inflación experimentados en los últimos tiempos.

Por provincias son Sevilla (181 euros) y Almería (178 euros) las que más piensan gastar en alimentación en el hogar. A la cola se sitúan con Cádiz con (164 euros) y Córdoba con (169 euros).

Regalos y juguetes  

La partida destinada a la compra de regalos y juguetes también se incrementa en las previsiones de gasto navideño para este 2024. En este año los hogares andaluces dedicarán a regalos una media de 154 euros, correspondiendo este dato a la suma 96,50 euros para regalos y 57,50 euros para juguetes. La previsión de gasto para la compra de regalos propiamente dichos se incrementa en un 3%, pasando de los 92,87 euros de 2023 a los 96,50 euros en 2024 La compra de juguetes pasa de 55 euros en 2023 a 57,50 euros en 2024.

Los andaluces más generosos en hacer regalos serán los sevillanos (161 euros), seguidos de los gaditanos con (158 euros); y los que menos piensan gastar en regalos son los granadinos (145 euros) y los jiennenses (151 euros).

Cuestión aparte son los juguetes, respecto de los que cada año testamos la previsión de gasto, diferenciando esta partida sectorial del conjunto del apartado de regalos, tomando en consideración tanto su peso concreto en cuanto a las compras navideñas, como sus implicaciones relacionadas con las cuestiones pedagógicas y educacionales vinculadas a este capítulo.

La media andaluza de gasto en juguetes para 2024 se sitúa en 57,50 euros, frente a los 55 euros de 2023, lo que representa un incremento de casi el 5%.

Las provincias andaluzas que más juguetes piensan comprar son Málaga (62 euros) y Jaén con (61 euros). Las que menos gastarán en juguetes serán Granada  con (51 euros) y Almería con (55 euros). 

Loterías 

Tradicionalmente, otra de las partidas significativas del gasto navideño son las compras de décimos o participaciones para los sorteos de lotería de Navidad o El Niño. Los andaluces prevén gastar una media de 59,75 euros en lotería, una cifra ligeramente superior a la del año pasado 2023 que se situó en torno a los 57,25 euros. En 2024 la búsqueda de la fortuna a través de este juego, se incrementa en un 4%.

Las provincias de Granada con (65 euros) y Málaga (64 euros), serán las más predispuestas a gastar en este juego y las de Cádiz (55 euros) y Córdoba (56 euros) las que menos.

Ocio y otros gastos

La previsión de gastos para el ocio fuera del hogar también se incrementa, en casi un 2%.  De esta manera, la media de gasto de los andaluces en esta partida se sitúa este año en los 139 euros, frente a la media de 2023 que fue de 135,62 euros.

Por provincias, las que más gasto pretenden dedicar al ocio son Córdoba (162 euros) y Sevilla (148 euros) y las que menos Huelva (128 euros) y Granada /(129 euros)

Consejos útiles 

Para la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE), la presentación de este informe es también cada año una magnífica oportunidad para trasladar a las familias andaluzas y al conjunto de la sociedad nuestros consejos y recomendaciones para afrontar de la mejor manera este período de compras navideñas.

·    Realizar un consumo responsable, sostenible e inteligente, y, en la medida de nuestras posibilidades solidario, participando en campañas como las de recogida de alimentos realizadas por los Bancos de Alimentos o las de juguetes por instituciones benéficas o Cofradías.

·  Comparar precios entre diferentes establecimientos y formatos comerciales, pues pueden encontrarse diferencias de precios muy importantes..

·      Aprovechar para los regalos los descuentos y los adelantos de rebajas que ofrecen algunos establecimientos o formatos comerciales. 

 ·     Planificar las compras a través de un presupuesto previo y tener muy presente que las facturas de las compras hechas con la tarjeta de crédito, aunque más tarde, terminarán llegando,  precisamente en los días de la difícil cuesta de enero. 

·    Poner atención en la compra de juguetes y comprobar siempre que, en el embalaje o folletos deberán estar indicados informaciones como: Marcado CE; nombre, razón social y marca; dirección del fabricante, importador si lo hubiera y del representante autorizado por la UE. Las instrucciones deberán estar, al menos, en español y hay que prestar mucha atención a la edad recomendada y a los consejos de uso del juguete. Además, siempre recomendamos cuidar que los juguetes no inciten a conductas peligrosas, ni promuevan actitudes violentas, sexistas o insolidarias.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha asegurado que “la Navidad es fiesta de alegría”, pero ha avisado del riesto de que “esa alegría la recibamos o la vivamos torcidamente, y esa no es la verdadera alegría, la alegría cristiana”, ya que, “por ejemplo, llegados estos días nos invade la sociedad de consumo, la incitación continua a encontrar la felicidad en el tener y en el placer”.

De hecho, según ha afirmado el obispo en su carta semanal, recogida por Europa Press, “todo a nuestro alrededor nos invita a consumir, a gastar y a disfrutar”, hasta el punto de que “para muchos la Navidad será solamente eso, gastar la paga extraordinaria en darse placeres en la comida, en la bebida y en los regalos”.

A juicio de Demetrio Fernández, “esa extorsión de la alegría nos hará llegar a enero con una resaca difícil de remontar, a la cuesta de enero difícil de escalar. Para muchos cristianos, incluso, la tentación es muy fuerte a recorrer esa ruta”.

Sin embargo, según ha argumentado en su carta semanal, “la alegría de la Navidad viene por otro cauce. La alegría cristiana viene porque el Señor está cerca, porque vamos a vivir de nuevo esa cercanía de Dios, que llega a hacerse hombre en un niño indefenso y frágil, que representa a todas las personas frágiles del mundo, y suscita en nosotros una compasión que incita a entregarse”.

En este sentido, el obispo ha señalado que “la liturgia cristiana tiene la capacidad de traernos realmente el misterio que celebramos. Realmente Dios quiere entrar en nuestra vida, realmente el Hijo de Dios hecho niño quiere invitarnos a una amistad duradera, y vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios en la carne humana tomada de su madre virgen”.

En definitiva, “el belén, el Niño y sus padres, los pastores y los reyes magos, vuelven a ocupar el primer plano de nuestra atención. Los niños, sobre todo, disfrutan enormemente de estas fiestas que se acercan, y nos hacen recordar nuestra infancia feliz junto al Niño de Belén. Preparemos nuestro corazón para acoger a Jesús, pidámosle a su madre un corazón como el suyo, para acogerle como merece. La preparación de estos días nos haga centrarnos en lo esencial, dejando lo accesorio y no permitiendo que eso accesorio nos distraiga del misterio”.

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, ha desarrollado este año una nueva campaña de inspección del etiquetado de productos ibéricos. Unas actuaciones que afectan a la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, así como otras presentaciones y elaboraciones de estos productos.

La campaña tiene carácter autonómico y se ha ejecutado por la Inspección de Consumo en Córdoba y Granada. Arrancó en abril, extendiéndose hasta el pasado mes de noviembre. Con ella se ha buscado garantizar una correcta y leal competencia, y asegurar la defensa de las personas consumidoras, evitando fraudes y distorsiones de la competencia con otros productos no ibéricos, teniendo en cuenta que las personas consumidoras siempre buscan la calidad que se exige de los productos derivados del cerdo ibérico, que son habituales en la cesta de la compra de cara a las fiestas navideñas.

A lo largo de esta campaña, el personal inspector de los Servicios Provinciales de Consumo de Córdoba y Granada ha inspeccionado alrededor de 60 productos ibéricos, comprobando que su etiquetado cumple la normativa de aplicación. El objetivo también ha sido sensibilizar a fabricantes, distribuidores y vendedores de que deben poner en el mercado productos que cumplan las normas de etiquetado y calidad.

En la campaña de inspección realizada en 2023 se observaron, entre otras, irregularidades, la inexistencia o incorrección de la fecha de caducidad en el etiquetado; no figurar las condiciones especiales de conservación y/o condiciones de utilización; no figurar el nombre o razón social y dirección del operador alimentario; la no aparición de la expresión “certificado por…”, seguido por el nombre del organismo independiente de control. Otra de las irregularidades detectada fue la falta de una correcta trazabilidad del producto.

Etiquetado y precinto

Desde Consumo, se recuerda a las personas consumidoras que la mención facultativa ‘pata negra’ sólo puede emplearse para productos ibéricos de máxima calidad, es decir, los de bellota ‘100% ibéricos’. Existe una designación por tipo racial, que distingue los productos ‘100% ibéricos’ y los ‘ibéricos’.

Mientras que la carne ‘100% ibérica' procede de cerdos con un 100% de pureza genética de raza ibérica –progenitores a su vez con un 100% de pureza racial ibérica, e inscritos en el oportuno libro genealógico–, los ‘ibéricos’ provienen de cerdos con al menos el 50% de su porcentaje genético de raza ibérica. En el etiquetado de los productos deberá incluirse como mención obligatoria el porcentaje genético correspondiente a la raza porcina ibérica (cuando se trate de productos de animales cuya designación no sea 100 % ibérico).

En cuanto a la norma de calidad, se diferencian tres designaciones por alimentación y manejo. Por un lado, se encuentran los productos ‘de bellota’, es decir de cerdos que han sido alimentados en su fase final de engorde únicamente con bellotas, hierbas y otros recursos naturales de las dehesas. Cuando el producto es ‘de cebo de campo’, el cerdo ha sido alimentado con piensos en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre. Cuando figura la expresión ‘de cebo’ proviene de cerdos alimentados con pienso en establos.

Los jamones y paletas obtenidos de los animales sacrificados deberán identificarse con un precinto inviolable de diferente color para cada denominación de venta que incluyan, de forma indeleble y perfectamente legible, una numeración individual y única de la pieza. El precinto de color negro se corresponde con los productos de bellota 100% ibéricos o también llamados ‘pata negra’. El color rojo se aplica a los productos de bellota ibéricos. El precinto verde identifica a los productos de cebo de campo ibéricos. Por último, el precinto de color blanco es para los productos de cebo ibéricos. La caña de lomo ibérica también respetará el color de los precintos anteriores.

Hay que recordar que en las piezas marcadas con los precintos rojo, verde y blanco (es decir, que no son 100 % ibéricas), se deberá especificar el porcentaje de raza ibérica, y que los jamones y paletas no ibéricas no podrán llevar tales precintos de colores. Igualmente, queda prohibida la utilización de los términos ‘recebo’ e ‘ibérico puro.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.