La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna, en el marco de la operación 'Fasciata', desarrollada en el término municipal de Adamuz.

La investigación se inició tras un requerimiento de la Fiscalía de Córdoba-Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, que trasladó al Seprona diversa documentación e informes elaborados por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En ellos se alertaba de la ejecución de unas obras de edificación en las proximidades de un nido de águila perdicera (Aquila fasciata), en cuyo interior apareció muerta una cría de esta especie protegida.

A raíz de esta información, el Seprona realizó la inspección de las obras y recabó del Ayuntamiento de Adamuz y demás organismos implicados tanto la documentación relativa a la clasificación urbanística de los terrenos y a las autorizaciones administrativas correspondientes. Se pudo comprobar que las obras se habían ejecutado, presuntamente, sin la preceptiva licencia urbanística y sobre un suelo rústico de especial protección del medio natural e incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Córdoba.

Asimismo, los agentes obtuvieron un informe técnico del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, en el que se concluía que la escasa distancia entre las obras y el nido pudo provocar molestias incompatibles con el periodo reproductor de la especie. Estas circunstancias habrían motivado el abandono temporal del nido por parte de los progenitores, con la consiguiente muerte de la cría.

A la vista del resultado de la investigación y de los informes técnicos incorporados a las diligencias, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas como presuntas responsables de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna.

De forma paralela, por las irregularidades detectadas en el ámbito administrativo, el Seprona ha formulado las correspondientes denuncias ante el Ayuntamiento de Adamuz y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha solicitado varios informes periciales sobre el origen del incendio que este viernes quemó unas 200 hectáreas en las inmediaciones de Cerro Muriano. Según ha podido saber este periódico, los agentes que investigan el siniestro tratan de dilucidar si ha habido alguna imprudencia o se ha tratado de un accidente fortuito.

El fuego se inició cuando un camión cargado de paja comenzó a arder, por causas que aún se desconocen. El vehículo sufrió el siniestro a la altura del kilómetro 255 en dirección a Badajoz de la carretera N-432. El camión quedó junto a la cuneta, por lo que el fuego en su interior prendió rápidamente al monte cercano, el paraje conocido como Torreárboles (el punto más alto del término municipal de Córdoba). Además, el incendio devoró muy rápidamente el camión y el fuego provocó varias explosiones de los neumáticos del vehículo, lo que hizo que se extendiera rápidamente por el monte.

Los agentes del Seprona han solicitado informes periciales tanto a los agentes de Medio Ambiente, especializados en analizar este tipo de siniestros, como a otros expertos que permitan saber qué pudo ocurrir con el camión y cómo se incendió. También se ha solicitado documentación al propietario del vehículo sobre su estado y sus últimas revisiones.

De momento, los agentes no han citado a ninguna persona en calidad de investigado, hasta que no se determinen las causas que pudieron provocar el incendio en el camión cargado de paja, que justo acababa de superar un importante desnivel en la carretera N-432.

Mientras tanto, agentes del Infoca siguen en la zona del incendio. El fuego no se ha dado por extinguido, ya que sigue habiendo rescoldos que vuelven a humear y que tienen riesgo de una regeneración del fuego. Además, se ha investigado ya el interior del incendio y se ha determinado que hay zonas que no han ardido completamente, y arboleda que incluso ha podido sobrevivir.

El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas, especialmente de la zona de Torreárboles. El incendio quedó acotado entre la nueva N-432 y la antigua carretera. Esta antigua carretera actuó como una especie de cortafuegos y facilitó mucho al Infoca los trabajos de extinción, ya que se pudo movilizar rápidamente maquinaria pesada. Los bomberos forestales también usaron fuego técnico para frenar el avance del incendio y evitar que pudiese superar la carretera y encajarse en la sierra, camino incluso de Córdoba capital.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba están investigando ya las causas que han provocado el fuego en un camión cargado de paja que a su vez ha prendido al monte y ha provocado el que es el mayor incendio de la sierra en los últimos años.

Según ha podido saber este periódico, los agentes investigan ya las circunstancias del vehículo siniestrado, un camión cargado de paja que circulaba en dirección Badajoz a la altura del kilómetro 255 de la carretera N-432. Los guardias civiles están analizando todos los detalles antes de formular una hipótesis concreta sobre el origen del siniestro.

Mientras, en la zona han trabajado hasta una treintena de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, en una intensa jornada. La Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera N-432. Actualmente, está abierta en un carril en la zona del siniestro, ya que el Infoca y los bomberos siguen trabajando sobre el vehículo siniestrado. La paja tarda mucho en arder y será complicado retirar pronto el vehículo siniestrado. Eso sí, se da paso alternativo en la zona.

No obstante, la carretera que sigue cortada es la antigua N-432. El fuego ha llegado a traspasar la carretera en dirección este y la vía es actualmente una zona de trabajo de extinción por agentes del Infoca, que tratan de contener el avance de las llamas.

La Diputación asegura que el incendio de Cerro Muriano “no presenta riesgo”

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano “no presenta riesgo” en estos momentos y ha destacado que el objetivo prioritario es “colaborar con el operativo” desplegado para su extinción.

Así lo ha señalado tras desplazarse hasta la zona afectada para conocer de primera mano la evolución del incendio y seguir junto a los servicios de emergencia las labores de control y extinción del fuego.

Fuentes, además, se ha dirigido hasta el albergue provincial de Cerro Muriano, donde se desarrolla el programa de Ocio y Tiempo Libre de la institución provincial, desde donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que “no existe riesgo para los niños”. El presidente ha añadido que, no obstante, “todo está preparado por si hubiera que actuar de manera ordenada y planificada”.

La Diputación de Córdoba mantiene activados los recursos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. En estos momentos trabajan sobre el terreno seis efectivos y dos vehículos nodriza para reforzar las labores de apoyo al dispositivo.

El presidente de la Diputación ha señalado que “el objetivo prioritario es colaborar con el operativo para controlar el incendio lo antes posible y garantizar la seguridad de las personas en permanente coordinación con el resto de administraciones y servicios de emergencia”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado la labor del Infoca y la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Córdoba.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el incendio registrado en el paraje Cañada del Madroñal, en el término municipal de Adamuz, el pasado mes de mayo

La investigación desarrollada por el Seprona de Montoro ha permitido determinar que el incendio se originó durante una quema de restos de poda y plásticos realizada en un bidón metálico, sin contar su responsable con la preceptiva autorización administrativa para el uso del fuego en zona de influencia forestal.

Las pesquisas realizadas permitieron comprobar que, tras efectuar la quema, el investigado abandonó el lugar sin asegurarse de la completa extinción del fuego, circunstancia que favoreció la propagación de las llamas al medio natural. La inspección ocular practicada en el lugar del incendio, junto con el análisis de las evidencias obtenidas, el material gráfico recogido y las manifestaciones de los testigos, permitió determinar el punto de inicio del fuego y reconstruir su evolución, concluyendo que la proyección de pavesas favoreció la propagación del incendio.

Como consecuencia del siniestro resultaron calcinadas aproximadamente cinco hectáreas de terreno, generándose un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, la Guardia Civil ha dado cuenta de las correspondientes infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la tramitación del oportuno expediente sancionador.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo una inspección en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba decretando su cierre provisional por graves deficiencias higiénico-sanitarias.

La investigación se inició tras recibir la Guardia Civil información relativa a la posible comisión de irregularidades en materia de seguridad alimentaria en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba. Tras verificar los hechos, el Seprona solicitó la colaboración de inspectores veterinarios de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, realizando una actuación conjunta donde se comprobó que el establecimiento presentaba numerosas deficiencias que incumplían la normativa vigente para el desarrollo de su actividad.

Entre las irregularidades detectadas se pudieron constatar la falta de higiene en cámaras frigoríficas, congeladores y zonas de manipulación de alimentos; la existencia de alimentos almacenados junto a residuos, suciedad y presencia de insectos; productos sin trazabilidad o sin etiquetado; alimentos caducados; productos descongelándose sin las debidas garantías higiénicas; alimentos almacenados directamente sobre el suelo; cámaras frigoríficas sin un adecuado control de temperatura y el almacenamiento conjunto de alimentos con animales vivos.

Respecto a la información al consumidor, los agentes comprobaron que el establecimiento ofertaba en su carta carne de buey cuando, tras verificar la trazabilidad del producto, se constató que correspondía a lomo de vaca europea, circunstancia que podría inducir a error a los consumidores. Además, la inspección también permitió detectar deficiencias en la información facilitada sobre los alérgenos presentes en los alimentos ofertados, al no coincidir con la composición real de algunos platos, lo que supone un incumplimiento de la normativa de información alimentaria al consumidor y un riesgo para la salud evidente.

Como consecuencia de las irregularidades observadas y ante la existencia de un riesgo inminente para la salud pública, la Delegación Territorial de Salud y Consumo acordó el cierre provisional del establecimiento y la inmovilización cautelar de los productos alimenticios existentes en el mismo.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha tramitado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones de la normativa en materia de salud pública, calidad agroalimentaria y defensa de los consumidores, que han sido remitidas a la autoridad competente para su resolución.

La protectora de animales La Guarida, de Puente Genil (Córdoba), ha denunciado los disparos de perdigones recibidos por una perra que estaba preñada y abandonada en el campo, poniendo estos hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Los responsables de la protectora fueron alertados de que la perra estaba preñada y se encontraba en una zona de campo de la aldea pontanesa de Los Arenales. Allí fue alimentada unos días por vecinos de la zona hasta que pudieron ir a recogerla desde la asociación animalista y, entonces, comprobaron que la perra había parido pero toda la camada había muerto, según explica a este periódico la presidenta de la protectora, Nuria Martín.

Al rescatar a la perra, a la que pusieron de nombre Arena por la zona en la que fue hallada y el color de su pelaje, comprobaron que se encontraba debilitada y tenía fiebre, por lo que fue trasladada a una clínica veterinaria de Rute. Tras una analítica con resultado de anemia y una ecografía que certificó que no quedaban restos del parto dentro del animal, una placa de tórax mostró que la perra había sido objeto de disparos.

“Tenía alojados varios perdigones al lado de los pulmones”, señala Martín, que explica que, en esa zona, no se le han podido extraer. La protectora contará con el informe veterinario de la clínica para aportarlo y formular la correspondiente denuncia ante el Seprona, según asegura.

La perra, una mestiza de podenco que ya ha mejorado dentro de su situación, ha recibido el alta de ingreso y sigue con medicación ya en instalaciones de la protectora.

El Seprona de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra los animales, tras esclarecer el abandono de tres cachorros de perro recién nacidos, localizados en el interior de un contenedor de basura soterrado, en la localidad de Encinas Reales.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de varios ciudadanos y miembros de la asociación protectora de animales Patitas Solidarias, alertando del hallazgo de varios cachorros de perro recién nacidos, una bolsa de basura que había sido arrojada a un contenedor de residuos soterrado.

En el interior de la bolsa fueron encontrados tres cachorros de perro de muy corta edad, uno de los cuales ya había fallecido cuando fue rescatado, presentando los otros dos un estado de extrema debilidad. A pesar de los esfuerzos realizados por personal veterinario y voluntarios para intentar salvarles la vida, los tres ejemplares terminaron falleciendo como consecuencia de las condiciones derivadas de su abandono.

Las gestiones de inspección e investigación desarrollada por los agentes del Seprona, además de la colaboración ciudadana recibida, permitieron identificar el origen de los animales y reunir los indicios necesarios para determinar la presunta implicación de la persona ahora investigada.

La Guardia Civil recuerda que el abandono de animales, especialmente cuando pone en peligro su vida o provoca su muerte, constituye una conducta tipificada en el Código Penal y puede llevar aparejadas penas de prisión, así como la inhabilitación especial para la tenencia de animales.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección y el bienestar animal, así como pretende concienciar a la población sobre la responsabilidad que conlleva la tenencia de animales de compañía.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando un vertido que ha llegado este martes hasta las inmediaciones del Puente Romano de Córdoba, según ha podido confirmar este periódico.

En concreto, el río arrastraba dos manchas de lo que parecía ser un vertido descontrolado, probablemente procedente de algún tipo de residuo agrícola, especialmente relacionado con la producción de aceite de oliva.

No obstante, la Guardia Civil ha tomado muestras para analizar exactamente de qué vertido se trata y está analizando el daño que ha podido producir al medio ambiente. Los agentes tratan de saber también el punto exacto en el que se ha producido el vertido, y si ha sido intencionado o no, según las fuentes consultadas por este medio.

No es la primera vez que aparecen manchas en el Guadalquivir procedentes de vertidos incontrolados. El Seprona ha resuelto ya varios episodios similiares e incluso se ha llegado a sancionar a las orujeras que se demostraron que estaban en el origen de los mismos.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de del Plan de acción español “TIFIES” (Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, por tenencia ilícita de una especie protegida.

La investigación tuvo su inicio gracias a la colaboración ciudadana, mediante la llamada de un ciudadano a la Central COC de la Guardia Civil de Córdoba, en la que informó del hallazgo de una tortuga de grandes dimensiones que pudiera estar perdida o abandonada en el término municipal de Córdoba.

Inmediatamente, la Central COC envía a la Patrulla de Protección de la Naturaleza más cercana, que se desplazó hasta el lugar de aparición del animal, verificando que se trataba de una tortuga de más de 35 kilos de peso y gran envergadura, iniciando in situ las primeras gestiones tendentes a la identificación del animal y localización de sus posibles propietarios.

Siguiendo con la investigación, el EPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, mediante Informe Técnico emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), certificó que se trata de un ejemplar de tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata), siendo una especie protegida recogida en el Apéndice II del convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como en el Anexo B del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Fruto de las gestiones, los agentes de la Guardia Civil pudieron localizar e identificar a la persona propietaria del animal, careciendo esta de documentación que justificase la legal tenencia de dicha especie protegida, así como la certificación de que el espécimen no procede de capturas ilícitas en el medio natural.

Al no acreditar el propietario la tenencia del animal conforme a la normativa reguladora y observar, los agentes instructores del EPRONA, indicios claros de la comisión de un posible delito por tenencia ilícita de una especie protegida, se procedió a la investigación de la persona reseñada como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, dando cuenta de los hechos también, mediante informes-denuncia, a las distintas autoridades administrativas competentes en la materia.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el juzgado competente de Córdoba, siendo la tortuga intervenida, de manera cautelar, por la Guardia Civil y posteriormente depositada a disposición judicial en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, al ser este un centro habilitado de rescate CITES, que cuenta con el personal veterinario e instalaciones adecuadas para el cuidado del animal.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil, dentro del marco de las actuaciones que viene desarrollando en la provincia a través de sus Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha instruido diligencias contra dos vecinos de Córdoba por un presunto delito contra la fauna, tras el derribo de varios nidos de avión común (delichon urbicum), en época de reproducción.

Los hechos tuvieron lugar en un local situado en una barriada periférica del municipio de Córdoba, tras recibir los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Córdoba, una comunicación que informaba que al parecer se estaban derribando nidos de aves existentes en un edificio.

Inmediatamente, los agentes se personaron en el lugar indicado y tras comprobar sobre el terreno que en el inmueble referido se están llevando a cabo trabajos de reforma; y, que parte de los nidos que existían, habían sido derribados, quedando algunos de ellos aun sin derribar, en los cuales se observa la presencia de aves.

Ante ello, los agentes han investigado a dos personas, propietario del local y responsable de la empresa constructora como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, se han tramitado expedientes de denuncia a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Cabe recordar que el avión común (delichon urbicum) se encuentra protegido por normativa estatal en la Ley 42/2007, de 30 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como por la normativa europea Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves); y, Convenio de Berna o Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Con esta actuación, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la retirada de nidos incluso fuera de la época de reproducción, precisa de autorización administrativa, más aún, en periodo de reproducción entre los meses de abril y septiembre, se encuentra totalmente prohibido y tipificado con responsabilidad penal, tal y como ha ocurrido con los presentes hechos.

La Guardia Civil, a través de sus unidades del Seprona, ha investigado a un vecino de la localidad de Villa del Río como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre. Esta actuación se ha desarrollado en el marco del Programa Coopera, que potencia el apoyo operativo mutuo entre Guardas Rurales y Guardia Civil mediante el intercambio de información. 

El éxito de la investigación es el resultado directo de la constante coordinación operativa entre la Guardia Civil y el personal de seguridad privada del ámbito rural. En esta ocasión, la labor de los guardas rurales encargados de la vigilancia del coto de caza afectado ha resultado fundamental, ya que estos detectaron la presencia sospechosa del individuo en el paraje afectado, una zona querenciosa para este tipo de capturas ilegales. 

El presunto autor, sorprendido por la presencia de la guardería rural, emprendió una rápida huida campo a través con el objetivo de evitar su identificación in situ. En esos instantes, los guardas rurales observaron cómo esta persona arrojaba al forraje una bolsa que portaba que contenía artes prohibidas conocidas como “costillas”. Inmediatamente, los guardas rurales pasaron el aviso a la patrulla del Seprona de Montoro, quienes, tras la pertinente comunicación de los hechos y la recepción de las artes incautadas, procedió a la investigación del presunto autor y a la instrucción de las correspondientes diligencias penales. 

Durante la intervención se logró retirar del medio natural un total de 35 trampas metálicas de las denominadas “costillas” o “perchas pajareras”, contabilizando las intervenidas en la bolsa arrojada y las halladas en el entorno. El uso de estas artes constituye un grave riesgo para la biodiversidad, ya que actúan mediante un mecanismo de ballesta de nula selectividad que atrapa de forma indiscriminada a pequeñas aves insectívoras, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el control natural de plagas. 

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro. Paralelamente, los agentes del SSeprona han tramitado el preceptivo informe denuncia por infracción muy grave a la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

El portavoz de Adelante Andalucía en Palma del Río, Santiago Salas, ha denunciado la gestión de residuos en la localidad, señalando directamente al Ayuntamiento como el principal responsable de un vertedero incontrolado en suelo público. Tras meses de acumulación de escombros y enseres, la formación ha formalizado una denuncia ante el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) para que se investigue el origen y la peligrosidad de estos vertidos.

Según ha denunciado Salas, la situación de la parcela en el polígono industrial no es fruto del incivismo ciudadano, sino de una práctica sistemática de la propia administración local. El portavoz ha asegurado que son los propios servicios municipales los que están depositando allí todo tipo de residuos, desde tuberías y restos de borrascas hasta mobiliario urbano y vehículos de la Policía Local totalmente calcinados.

“No estamos ante un vertido accidental; es el propio Ayuntamiento el que utiliza esta parcela como un desguace improvisado”, afirma Santiago Salas. El portavoz ha calificado la situación como un “Síndrome de Diógenes institucional”, donde la acumulación descontrolada de basura por parte de la administración pone en peligro la integridad de las empresas del polígono.

Desde Adelante Andalucía “no solo se pide la limpieza inmediata del recinto, sino que se apunta a la gestión política de este departamento”. Salas ha exigido responsabilidades directas a Juan Manuel Trujillo, como máximo responsable de esta situación, por permitir que se vulneren las normativas básicas de seguridad y gestión de residuos. “Pedimos responsabilidades. Es inadmisible que quien debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas sea el primero en saltárselas, convirtiendo una parcela municipal en un polvorín. Cualquier incendio inesperado en este punto podría tener consecuencias catastróficas para el polígono industrial”, advirtió tajante Salas.

Investigación de la Guardia Civil

La denuncia remitida al Seprona busca determinar si el depósito de estos materiales, especialmente los vehículos policiales quemados, cumple con la legislación ambiental vigente. Adelante Andalucía ha considerado que la permanencia de estos residuos al aire libre, sin ningún tipo de contención ni tratamiento, constituye una negligencia grave que debe ser investigada por las autoridades competentes.

“El Ayuntamiento de Palma del Río no puede actuar como si estuviera por encima de la ley. Es hora de que Juan Manuel Trujillo dé explicaciones y, sobre todo, que se proceda al desmantelamiento inmediato de este foco de peligro”, concluyó el portavoz.

Agentes de la Policía Local de Cabra, junto a autoridades judiciales y en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- de la Guardia Civil y el servicio veterinario de la Oficina Comarcal Agraria de la Subbética, dependiente de la Junta de Andalucía, han actuado en la mañana de este lunes en el interior de un domicilio de la localidad de Cabra con el objetivo de preservar y proteger a numerosos animales que, presuntamente, se encontraban en una situación de hacinamiento e insalubridad dentro del inmueble, atendiendo a criterios de bienestar animal y salubridad pública.

Como resultado de la actuación, varias personas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cabra como investigadas, mientras que los animales decomisados han quedado bajo la tutela de la Oficina Comarcal Agraria y de los organismos competentes, con el fin de garantizar su cuidado, atención veterinaria y bienestar.

Desde el Ayuntamiento de Cabra se destaca la coordinación entre administraciones y cuerpos actuantes en este tipo de intervenciones, subrayando la importancia de la colaboración institucional para la protección de los animales y el cumplimiento de la legalidad vigente.

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la eliminación de hasta una treintena de nidos de avión común (delichon urbicum), una especie de ave protegida.

Según ha podido saber este periódico, la denuncia se centra en la “retirada o eliminación de entre 25 y 30 nidos avión común, especie protegida por la normativa ambiental”, que se ubicaban en una casa particular en la barriada periférica de Santa Cruz en Córdoba.

Ecologistas en Acción aporta fotografías en la denuncia ante el Seprona y señala que la eliminación de los nidos habría ocurrido hace unos días en la vivienda particular citada, por lo que solicita que se investiguen los hechos.

El avión común es una especie protegida, que depende casi exclusivamente de los edificios para nidificar. Se trata de un ave insectívora incluida en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que cuentan con protección tanto por normativa autonómica como nacional.  

La protectora La Guarida de Puente Genil (Córdoba) ha denunciado la muerte a golpes de dos galgos en un paraje de la localidad, donde este sábado se han hallado los cadáveres de ambos animales juntos.

La presidenta de la protectora, Nuria Martín, ha explicado a este periódico que unos vecinos del municipio encontraron a los perros en la calle Boliche de la zona conocida como La Carraca y avisaron a esta organización, que cuenta con un refugio y se encarga de rescatar a animales.

Desplazados hasta el lugar, pudieron ver que los dos galgos habían sido golpeados y tenían diversas heridas, además de presentar síntomas de desnutrición. “Han sido asesinados”, aseguran desde la protectora.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil, así como de la Policía Local, mientras la empresa municipal de medio ambiente se ha hecho cargo de los cadáveres de los dos animales.

La Guarida solicita la colaboración ciudadana por si alguien pudiera aportar información sobre lo ocurrido y los responsables de estos hechos. Se ha comprobado que ninguno de los perros tenía chip identificativo y la protectora formalizará este lunes la denuncia ante el Seprona. Se investiga si las cámaras de empresas del lugar habrían podido captar imágenes de los hechos.

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de inspecciones en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos de todo el territorio nacional para detectar irregularidades en la cadena de producción alimentaria. Como resultado de estas investigaciones, han sido detenidas e investigadas 93 personas, cuatro de ellas jurídicas. Se han inmovilizado o sacrificado 1.441 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar, siendo 673 ovejas, 368 aves ,184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo.

Una de las operaciones destacadas es la 'Operación Antimicrobiano’, desarrollada por irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real. En la correspondiente inspección se corroboró la mala práctica en la dispensación de medicamentos veterinarios sujetos a receta. Fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio online ilegal de medicamentos veterinarios. Se localizó una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

Otras operaciones destacadas

Operación ‘Pox’: Se desmanteló una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y valiéndose de documentos falsificados.

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados. Transportaba ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, acabando en mataderos clandestinos donde eran sacrificados en condiciones insalubres. La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA de la Guardia Civil y Europol; así como de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

Operación ‘Saxum tubercum’: En la provincia de Badajoz se detectó la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad.

En esa misma provincia, también la Guardia Civil desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino en la comarca, detectada al incrementarse el número de robos en explotaciones ganaderas. Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

Operación ‘Cabiano’: Con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica, se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), los cuales iban a ser exportados a Libia y Líbano. La investigación constató que los caballos no constaban en sus registros, imputándose la falsedad documental a los autores.

Cooperación internacional y análisis de inteligencia

Gracias a la cooperación internacional y la coordinación entre diversos organismos nacionales del sector alimentario y ganadero se ha detectado nuevos modus operandi, identificado redes criminales vinculadas al transporte y comercio irregular de animales y se han reforzado las capacidades de respuesta frente a amenazas transfronterizas.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, siendo en su mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales.

Por otro lado, de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81% han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.

Estas investigaciones forman parte del enfoque “One health” de la Unión Europea y de la estrategia “De la granja a la mesa” de la Conformidad Europea (CE). Ha sido liderada por la Guardia Civil a través del SEPRONA, que coordina los esfuerzos de los Estados Miembros en la lucha contra las actividades ganaderas irregulares con dimensión transfronteriza.

Las actuaciones medioambientales de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba en el último año completo del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, consultado por este periódico, señala que hubo más de un centenar de infracciones penales y 92 detenidos o investigados en este ámbito.

La estadística del Ministerio, que corresponde al año cerrado de 2024, contempla las actuaciones en seguridad ciudadana dentro del ámbito de la Conservación de la Naturaleza y ofrece los datos por provincias. Así, en la de Córdoba hubo un total de 1.412 actuaciones medioambientales de la Guardia Civil durante todo ese año.

Ese dato supone que la provincia de Córdoba fue la que registró un menor número de este tipo de actuaciones sobre la naturaleza de la Guardia Civil en toda Andalucía, ya que el resto de territorios sumaron más.

En ese recuento, la provincia de Almería sumó un total de 1.912 actuaciones, Jaén otras 2.135, Sevilla tuvo 2.201, Málaga registró 2.536, Huelva sumó 3.324, Granada otras 4.115 y Cádiz, la que más, con 5.062.

En Córdoba, la última estadística del Ministerio del Interior precisa que hubo 114 infracciones penales de las que tuvo conocimiento la Guardia Civil, que llegó a esclarecer 100 de ellas. Asimismo, hubo 92 personas detenidas o investigadas por delitos en el ámbito medioambiental.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Montoro, dentro del marco de los servicios establecidos para la protección de la naturaleza y el bienestar animal en la provincia de Córdoba, ha citado en calidad de investigada a una persona, como presunto autor de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, con las agravantes de uso de arma de fuego y ensañamiento.

Según ha informadeo el instituto armado a través de una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron el pasado 16 de octubre, cuando efectivos del Seprona tuvieron conocimiento de la muerte violenta de un can, de raza mestiza, en una finca ubicada en el término municipal de Montoro.

Fruto de las gestiones practicadas y de la colaboración ciudadana, los agentes pudieron saber que la persona que ejercía labores de vigilancia en la finca, tras aprovechar la ausencia de los propietarios, disparó con una escopeta a un perro propiedad de los dueños de la finca, causándole la muerte.

La inspección técnico-ocular realizada por el Seprona en el lugar de los hechos permitió hallar restos biológicos y marcas de arrastre compatibles con el traslado del cuerpo. El cadáver del animal fue localizado en un paraje alejado del cortijo, en avanzado estado de descomposición, presentando lesiones compatibles con munición de perdigones, extremo que ha sido confirmado por el informe veterinario aportado a la causa.

Por todo ello, se ha procedido a la investigación formal de esta persona y a la puesta a disposición de la autoridad judicial de las diligencias instruidas y las pruebas recabadas.

Cabe destacar que, además de la responsabilidad penal por el delito de maltrato animal (Art. 340 bis del Código Penal), que contempla penas de prisión agravadas por el uso de armas y el ensañamiento, el investigado se enfrenta a expedientes sancionadores administrativos muy graves. El uso de un arma de fuego reglamentada para un fin distinto al autorizado (la caza de especies cinegéticas) y en un contexto delictivo, ha sido puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

La Guardia Civil ha investigado en Rute a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito contra la fauna, por la captura ilegal de aves fringílidas con pegamento (liria o liga).

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Rute, dentro del marco de sus competencias de Protección a la Naturaleza y la Biodiversidad, gracias a la colaboración ciudadana, tuvo conocimiento de que unas aves fringílidas se estaban quedando atrapadas en pegamento (liria o liga), que habían colocado en borde de una fuente de la localidad de Rute, para que cuando se posaran a beber agua quedaran atrapadas en el pegamento.

Inmediatamente, una patrulla del Seprona de Rute se desplazó al lugar indicado junto con Policía Local, donde pudieron comprobar lo denunciado y que se encontraban en la fuente tres aves atrapadas en el pegamento, por lo que fueron liberadas y retirado el pegamento de la fuente.

La fuente, conocida en la localidad con el nombre del Pilón de la Molina, se encuentra en el catálogo de bienes protegidos incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad de Rute, con lo que se ocasionó daños al Patrimonio Histórico.

La investigación concluyó con la investigación de una persona como responsable de los delitos contra la fauna, por la captura de aves protegidas con métodos prohibidos; y, delito contra el patrimonio histórico, por los daños ocasionados a la fuente.

Se recuerda que la utilización de pegamento (liga o liria) para atrapar aves es un método prohibido según establecen las directivas europeas de conservación de aves, por tratarse de un método de captura ilegal, cruel y no selectivo para las aves, donde pueden quedar atrapadas todo tipo de aves, protegidas o no.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba a un vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la colocación de una red japonesa destinada a la captura ilegal de aves fringílidas.

La Guardia Civil observó durante un servicio de protección de la naturaleza y el medio ambiente, desarrollado por los extrarradios de Córdoba, la instalación de una red japonesa de unos 8 metros de longitud por 1,5 metros de altura, en cuyo interior se encontraba atrapado un ejemplar de verderón común (Chloris chloris), que fue liberado de inmediato.

Ante este hallazgo, los integrantes de la patrulla del Seprona decidieron inspeccionar la finca, lo que permitió localizar otros 12 ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis) y otros dos ejemplares de chamarín (Serinus serinus), que permanecían enjaulados, procediendo los agentes a la liberación de todas las aves en presencia del presunto autor de los hechos y a la instrucción de las pertinentes diligencias por la comisión de un delito contra la fauna.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.