El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco del Plan de Inspección de la caza de la tórtola europea para la temporada 2026/2027, ha investigado a dos personas como presuntas responsables de varios delitos contra la flora y la fauna, interviniendo seis escopetas, una carabina de aire comprimido, así como numerosos aparejos y útiles de caza.

El objetivo principal de estas actuaciones es comprobar que la actividad cinegética se desarrolla conforme a las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa vigente, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de la actividad cinegética ya que esta es la segunda temporada que se autoriza la caza de tórtola europea, tras el establecimiento desde la temporada 2021/2022 de cuota de captura cero para esta especie.

La Guardia Civil, a través del Seprona, estableció diferentes dispositivos de control e inspección en cotos con autorización para la caza del ave reseñada, así como en otros que no la poseían, examinando, además de la tenencia de las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes para el uso de armas de fuego y la actividad cinegética, el cumplimiento del cupo autorizado y las condiciones de las capturas.

Una de las novedades que vigilan los guardias civiles es la obligatoriedad del uso de la herramienta Precinto Digital de Caza, que permite a la Administración, mediante el uso de una app en el teléfono móvil de cazadores y responsables de los cotos, realizar un seguimiento de las capturas efectuadas, con el objetivo de garantizar que estas no superen el cupo asignado a cada terreno cinegético.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha investigado a dos personas por su presunta participación en delitos contra la flora y la fauna, además de la tramitación de diversos expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la normativa en materia de caza, seguridad ciudadana y protección de los espacios naturales, la flora y la fauna. Como consecuencia directa, también se han intervenido seis escopetas y una carabina de aire comprimido, así como 16 ejemplares de tórtola europeas, 9 tórtolas turcas, diez cimbeles y 125 señuelos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los órganos judiciales competentes y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba continuará desarrollando dispositivos de vigilancia y control de la actividad cinegética durante el periodo de media veda, hasta el 27 de septiembre, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa y, especialmente, evitar la caza de la tórtola europea, cuya captura se encuentra prohibida en los cotos de caza de la provincia fuera de los supuestos expresamente autorizados.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección de la flora y la fauna, la conservación de las especies y el cumplimiento de la normativa cinegética, compatibilizando el ejercicio legal de la actividad con la necesaria protección del medio natural.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un delito de incendio forestal, cuando realizaba labores agrícolas con maquinaria en el municipio de Los Blázquez.

La investigación se inició tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062), el pasado día 4 de julio, que se estaba produciendo un incendio forestal en la Sierra del Castillo, ubicada en el término municipal de Los Blázquez. Inmediatamente, el COS-062, paso el aviso a las patrullas en servicio en la zona, que se desplazaron al lugar del incendio, donde ya se encontraban trabajando personal del Plan Infoca para su extinción.

De la investigación llevada a cabo por los Agentes investigadores del SEPRONA de Córdoba, se determinó que el incendio fue causado por una negligencia como consecuencia de los trabajos de una máquina agrícola que realizaba labores de recolección tras la colisión de las cuchillas de corte con las rocas que se encuentran en el terreno sin que se hubieran adoptado medidas preventivas contra la propagación de incendios forestales, quemándose aproximadamente unas ciento cincuenta hectáreas, entre terreno forestal y agrícola, entre las que se encuentran unas treinta y cinco (35 Ha) Hectáreas de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) situadas en el Alto Guadiato, espacio donde anidan buitres leonados (Gyps fulvus), especie altamente protegida por el Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) se define técnicamente como un espacio natural protegido y catalogado por los Estados miembros de la Unión Europea para garantizar la conservación, supervivencia y reproducción de las especies de aves silvestres amenazadas y sus hábitats.

Según la normativa vigente, todo el término municipal de Los Blázquez (Córdoba), se haya incluido en zona de peligro de incendio forestal, la fecha del incendio queda determinada como época de peligro alto de incendio forestal del 1 de junio al 15 de octubre, dándose las circunstancias de que el día de incendio existía, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nivel de riesgo por incendios forestales muy alto.

Como culminación de lo expuesto, se ha procedido a la investigación de una persona, como presunto autor de un supuesto delito, de los incluidos en el título XVII, de los delitos contra la seguridad colectiva, sección II, de los incendios forestales.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, a través de sus unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza y del Destacamento de Fiscal y Fronteras, en colaboración con Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía han realizado inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida, ubicados en el recinto ferial de Palma del Río durante la celebración de la Feria de agosto 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

Durante las actuaciones inspectoras se han verificado que las casetas y establecimientos ambulantes cumplan con la normativa de higiene alimentaria, se encuentren correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes y se han comprobado las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, así como la información facilitada a los consumidores se ajuste a la legislación vigente.

Por parte del Seprona se han detectado irregularidades a la normativa sobre alimentos por tener productos alimenticios careciendo de trazabilidad y etiquetado, falta de licencia de actividad como restauración, productos sin cadena de frío y carne congelada caducada, procediéndose a la intervención de unos 83 kilogramos de productos cárnicos, tales como churrascos de pollo, presa ibérica, filetes de lomo, lagrimitas de pollo, carne picada, trozos de pollo, solomillos de cerdo y carrillada.

Como resultado de las inspecciones se han tramitado varios expedientes por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria que serán remitidas a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, ha tramitado expediente-denuncia por infracción a la normativa de venta de tabaco por punto de venta de tabaco con recargo, interviniéndose 102 cajetillas de tabaco.

Las actuaciones se han desarrollado en coordinación con Inspectores de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para la inspección de los establecimientos y verificar si los productos alimenticios son aptos para el consumo humano, reforzando el trabajo con las administraciones en beneficio de los ciudadanos.

En el marco de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en la provincia de Córdoba, una persona fue sorprendida cuando, presuntamente, había colocado una red abatible para la captura ilegal de aves fringílidas; el mismo, al verse sorprendido, emprendió la huida, siendo interceptado por los agentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en el extrarradio de la capital cordobesa, donde la Pacprona de Córdoba localizó una red abatible de 4 metros de largo por 1,5 metros de alto cada hoja, en la que en el momento de la intervención se encontraban atrapados un ejemplar de jilguero (carduelis carduelis) y un ejemplar de verderón común (chloris chloris), los cuales fueron liberados en el medio natural en el momento.

Así mismo, alrededor de la red se localizaron cuatro ejemplares de jilguero (carduelis carduelis), dos ejemplares de pardillo común (carduelis cannabina) y tres ejemplares de verderón común (carduelis chloris), que habían sido capturados ilegalmente y que permanecían enjaulados y utilizados como reclamo, dichas aves fueron liberadas en el medio natural.

El presunto autor fue investigado como presunto autor de un delito contra la fauna, previstos en los artículos 335, por la captura de especies no permitidas y 336, por la utilización de medios de captura prohibidos no selectivos, del Código Penal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente, a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha instruido diligencias contra un vecino de la provincia de Córdoba como presunto autor de un delito relativo a la protección de la fauna, tras detectar diversas irregularidades en la identificación y documentación de un ejemplar de guacamayo rojo (Ara chloropterus), especie incluida en los apéndices del Convenio CITES.

La actuación se inició después de que el Seprona tuviera conocimiento de que un ciudadano había encontrado un guacamayo rojo en una vivienda de su propiedad. Inmediatamente, una patrulla del Seprona se desplazó hasta el lugar y, tras hacerse cargo del ejemplar, procedió a su traslado y depósito en el Centro de Conservación Zoológico Municipal de Córdoba para garantizar su cuidado y custodia.

Paralelamente, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para localizar al propietario del ejemplar y esclarecer las circunstancias en las que el ave había llegado hasta la vivienda.

Durante la investigación, los agentes de la Patrulla del Seprona de Córdoba localizaron al propietario del ejemplar y comprobaron que este carecía tanto de la anilla cerrada de identificación como del microchip que figuraban en la documentación aportada para acreditar su legal tenencia.

Esta circunstancia impedía establecer objetivamente la correspondencia entre el ejemplar intervenido y la documentación presentada, por lo que los agentes continuaron con las actuaciones dirigidas a determinar su procedencia y situación legal.

Con este objetivo, se llevaron a cabo numerosas gestiones de investigación, entre ellas el análisis de la cadena documental del ejemplar desde su nacimiento, consultas a registros administrativos, comprobaciones veterinarias, entrevistas con anteriores poseedores y el estudio de la documentación por parte de la Oficina Central de Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Tifies), para su correspondiente valoración técnica.

Como resultado de estas actuaciones, la Patrulla del Seprona de Córdoba procedió a investigar al actual poseedor del ejemplar por un presunto delito contra la flora y la fauna, relacionado con la tenencia de especies protegidas contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, organismos competentes para determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos.

El ejemplar permanece depositado cautelarmente en el Centro de Conservación Zoológico Municipal de Córdoba, a disposición de la autoridad judicial, hasta que quede definitivamente esclarecida su situación legal.

Con esta actuación, la Guardia Civil recuerda que los ejemplares pertenecientes a especies protegidas por la normativa CITES deben permanecer debidamente identificados mediante los sistemas establecidos legalmente y acompañados de la documentación necesaria para acreditar de forma fehaciente su origen y trazabilidad.

Estos requisitos resultan esenciales para prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies silvestres y contribuir a la conservación de la biodiversidad.

Asimismo, las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Administración Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales, para la posible incoación del correspondiente expediente sancionador por la vía administrativa.

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en el marco de las actuaciones desarrolladas para la aplicación de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y el uso de medios ilícitos de caza, ha investigado a dos personas físicas y una persona jurídica, por un presunto delito continuado contra la flora y fauna silvestre en el interior del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

La investigación se inició tras una exhaustiva inspección técnico-policial llevada a cabo por especialistas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA), en colaboración con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el apoyo de una unidad canina especializada.

Durante el rastreo perimetral de una explotación ganadera situada en una zona de alta reserva del espacio protegido, los agentes localizaron un amplio despliegue de artes de caza prohibidas preparadas para actuar.

En total, fueron intervenidos e inutilizados 20 lazos de acero trenzado, instalados en distintos pasos de fauna del vallado, así como dos cepos mecánicos de presión, camuflados bajo la hojarasca.

Estos últimos dispositivos contaban con jaulas anexas en cuyo interior se encontraban palomas vivas utilizadas como cebo o reclamo, con el objetivo de atraer a los animales hacia las trampas.

La falta de selectividad de estos métodos quedó constatada durante la inspección, al localizarse en el radio de acción de las trampas restos óseos correspondientes a un mínimo de nueve ejemplares de fauna silvestre, entre los que se identificaron seis zorros, una garduña y un buitre leonado, tratándose este último de una especie sometida a protección por la normativa ambiental.

Tras las correspondientes pesquisas dirigidas a determinar las responsabilidades, se procedió a la investigación formal de dos personas físicas y una persona jurídica supuestamente relacionadas con los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, para la continuación de las actuaciones judiciales oportunas.

Desde la Guardia Civil se quiere hacer especial hincapié en la extrema gravedad ecológica que supone la utilización de este tipo de artes de captura prohibidas, al constituir métodos no selectivos que pueden afectar indistintamente a especies comunes cinegéticas y a ejemplares pertenecientes a especies protegidas.

Asimismo, la eliminación de determinados depredadores y especies que desempeñan funciones relevantes dentro de los ecosistemas puede alterar el equilibrio natural y la cadena trófica, especialmente en espacios de elevado valor ecológico como el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras esclarecer el origen del incendio declarado el pasado mes de junio en un paraje del término municipal de Córdoba.

El incendio afectó a una superficie aproximada de 160 hectáreas, de las que 70 correspondían a masa forestal, principalmente de encinar, siendo necesaria la intervención coordinada de numerosos medios terrestres y aéreos para su extinción.

Una vez controlado el fuego, especialistas del Seprona iniciaron la investigación realizando la inspección técnico-ocular del punto de inicio del incendio, localizando diversos indicios compatibles con la realización de trabajos mediante herramienta mecánica sobre una estructura metálica existente en la zona.

Durante las pesquisas, los agentes practicaron numerosas actuaciones encaminadas a determinar el origen del incendio y descartar otras posibles causas, contando para ello con la colaboración de personal técnico especializado de la compañía distribuidora de energía eléctrica.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil obtuvo indicios suficientes para atribuir el origen del incendio a una actuación imprudente durante la ejecución de dichos trabajos, procediendo a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil insiste en la necesidad de extremar las medidas de prevención durante la realización de trabajos que puedan generar chispas o proyecciones incandescentes, especialmente durante la época de mayor riesgo de incendios forestales. Respetar las limitaciones establecidas y adoptar las medidas de seguridad adecuadas resulta fundamental para evitar daños personales, medioambientales y materiales.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), investiga el origen del incendio forestal registrado este lunes en la barriada de Cerro Muriano, en la sierra de Córdoba. Según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, todas las hipótesis permanecen abiertas mientras avanzan las pesquisas para determinar qué provocó el fuego.

El incendio se inició junto a la carretera N-432, a la altura del cruce con Los Villares, que también da acceso a la barriada cordobesa de Cerro Muriano. Se trata de un punto muy próximo al lugar donde durante los últimos días se registraron varios incendios forestales que obligaron a desplegar un amplio operativo de extinción.

Los efectivos del Plan Infoca comenzaron a intervenir poco después de las 19:30 horas para combatir las llamas. La Junta de Andalucía activó a las 20:35 el nivel 1 de emergencia ante la evolución del incendio y la proximidad del fuego a zonas habitadas e infraestructuras. Posteriormente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, anunció la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Córdoba, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.

La evolución del incendio permitió que, poco antes de las 22:00 horas, el fuego se diera por estabilizado. En ese momento, la Junta de Andalucía rebajó al nivel 0 la situación de emergencia, al considerar que el riesgo para la población había disminuido.

Mientras tanto, la investigación del Seprona tratará ahora de esclarecer cómo se originó este nuevo incendio, que volvió a declararse junto a la carretera nacional que conecta Córdoba con Badajoz y que ha reavivado la preocupación por una zona especialmente castigada por los incendios durante los últimos días.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna, en el marco de la operación 'Fasciata', desarrollada en el término municipal de Adamuz.

La investigación se inició tras un requerimiento de la Fiscalía de Córdoba-Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, que trasladó al Seprona diversa documentación e informes elaborados por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En ellos se alertaba de la ejecución de unas obras de edificación en las proximidades de un nido de águila perdicera (Aquila fasciata), en cuyo interior apareció muerta una cría de esta especie protegida.

A raíz de esta información, el Seprona realizó la inspección de las obras y recabó del Ayuntamiento de Adamuz y demás organismos implicados tanto la documentación relativa a la clasificación urbanística de los terrenos y a las autorizaciones administrativas correspondientes. Se pudo comprobar que las obras se habían ejecutado, presuntamente, sin la preceptiva licencia urbanística y sobre un suelo rústico de especial protección del medio natural e incluido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Córdoba.

Asimismo, los agentes obtuvieron un informe técnico del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, en el que se concluía que la escasa distancia entre las obras y el nido pudo provocar molestias incompatibles con el periodo reproductor de la especie. Estas circunstancias habrían motivado el abandono temporal del nido por parte de los progenitores, con la consiguiente muerte de la cría.

A la vista del resultado de la investigación y de los informes técnicos incorporados a las diligencias, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas como presuntas responsables de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra la flora y la fauna.

De forma paralela, por las irregularidades detectadas en el ámbito administrativo, el Seprona ha formulado las correspondientes denuncias ante el Ayuntamiento de Adamuz y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha solicitado varios informes periciales sobre el origen del incendio que este viernes quemó unas 200 hectáreas en las inmediaciones de Cerro Muriano. Según ha podido saber este periódico, los agentes que investigan el siniestro tratan de dilucidar si ha habido alguna imprudencia o se ha tratado de un accidente fortuito.

El fuego se inició cuando un camión cargado de paja comenzó a arder, por causas que aún se desconocen. El vehículo sufrió el siniestro a la altura del kilómetro 255 en dirección a Badajoz de la carretera N-432. El camión quedó junto a la cuneta, por lo que el fuego en su interior prendió rápidamente al monte cercano, el paraje conocido como Torreárboles (el punto más alto del término municipal de Córdoba). Además, el incendio devoró muy rápidamente el camión y el fuego provocó varias explosiones de los neumáticos del vehículo, lo que hizo que se extendiera rápidamente por el monte.

Los agentes del Seprona han solicitado informes periciales tanto a los agentes de Medio Ambiente, especializados en analizar este tipo de siniestros, como a otros expertos que permitan saber qué pudo ocurrir con el camión y cómo se incendió. También se ha solicitado documentación al propietario del vehículo sobre su estado y sus últimas revisiones.

De momento, los agentes no han citado a ninguna persona en calidad de investigado, hasta que no se determinen las causas que pudieron provocar el incendio en el camión cargado de paja, que justo acababa de superar un importante desnivel en la carretera N-432.

Mientras tanto, agentes del Infoca siguen en la zona del incendio. El fuego no se ha dado por extinguido, ya que sigue habiendo rescoldos que vuelven a humear y que tienen riesgo de una regeneración del fuego. Además, se ha investigado ya el interior del incendio y se ha determinado que hay zonas que no han ardido completamente, y arboleda que incluso ha podido sobrevivir.

El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas, especialmente de la zona de Torreárboles. El incendio quedó acotado entre la nueva N-432 y la antigua carretera. Esta antigua carretera actuó como una especie de cortafuegos y facilitó mucho al Infoca los trabajos de extinción, ya que se pudo movilizar rápidamente maquinaria pesada. Los bomberos forestales también usaron fuego técnico para frenar el avance del incendio y evitar que pudiese superar la carretera y encajarse en la sierra, camino incluso de Córdoba capital.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba están investigando ya las causas que han provocado el fuego en un camión cargado de paja que a su vez ha prendido al monte y ha provocado el que es el mayor incendio de la sierra en los últimos años.

Según ha podido saber este periódico, los agentes investigan ya las circunstancias del vehículo siniestrado, un camión cargado de paja que circulaba en dirección Badajoz a la altura del kilómetro 255 de la carretera N-432. Los guardias civiles están analizando todos los detalles antes de formular una hipótesis concreta sobre el origen del siniestro.

Mientras, en la zona han trabajado hasta una treintena de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, en una intensa jornada. La Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera N-432. Actualmente, está abierta en un carril en la zona del siniestro, ya que el Infoca y los bomberos siguen trabajando sobre el vehículo siniestrado. La paja tarda mucho en arder y será complicado retirar pronto el vehículo siniestrado. Eso sí, se da paso alternativo en la zona.

No obstante, la carretera que sigue cortada es la antigua N-432. El fuego ha llegado a traspasar la carretera en dirección este y la vía es actualmente una zona de trabajo de extinción por agentes del Infoca, que tratan de contener el avance de las llamas.

La Diputación asegura que el incendio de Cerro Muriano “no presenta riesgo”

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano “no presenta riesgo” en estos momentos y ha destacado que el objetivo prioritario es “colaborar con el operativo” desplegado para su extinción.

Así lo ha señalado tras desplazarse hasta la zona afectada para conocer de primera mano la evolución del incendio y seguir junto a los servicios de emergencia las labores de control y extinción del fuego.

Fuentes, además, se ha dirigido hasta el albergue provincial de Cerro Muriano, donde se desarrolla el programa de Ocio y Tiempo Libre de la institución provincial, desde donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que “no existe riesgo para los niños”. El presidente ha añadido que, no obstante, “todo está preparado por si hubiera que actuar de manera ordenada y planificada”.

La Diputación de Córdoba mantiene activados los recursos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. En estos momentos trabajan sobre el terreno seis efectivos y dos vehículos nodriza para reforzar las labores de apoyo al dispositivo.

El presidente de la Diputación ha señalado que “el objetivo prioritario es colaborar con el operativo para controlar el incendio lo antes posible y garantizar la seguridad de las personas en permanente coordinación con el resto de administraciones y servicios de emergencia”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado la labor del Infoca y la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Córdoba.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el incendio registrado en el paraje Cañada del Madroñal, en el término municipal de Adamuz, el pasado mes de mayo

La investigación desarrollada por el Seprona de Montoro ha permitido determinar que el incendio se originó durante una quema de restos de poda y plásticos realizada en un bidón metálico, sin contar su responsable con la preceptiva autorización administrativa para el uso del fuego en zona de influencia forestal.

Las pesquisas realizadas permitieron comprobar que, tras efectuar la quema, el investigado abandonó el lugar sin asegurarse de la completa extinción del fuego, circunstancia que favoreció la propagación de las llamas al medio natural. La inspección ocular practicada en el lugar del incendio, junto con el análisis de las evidencias obtenidas, el material gráfico recogido y las manifestaciones de los testigos, permitió determinar el punto de inicio del fuego y reconstruir su evolución, concluyendo que la proyección de pavesas favoreció la propagación del incendio.

Como consecuencia del siniestro resultaron calcinadas aproximadamente cinco hectáreas de terreno, generándose un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, la Guardia Civil ha dado cuenta de las correspondientes infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la tramitación del oportuno expediente sancionador.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo una inspección en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba decretando su cierre provisional por graves deficiencias higiénico-sanitarias.

La investigación se inició tras recibir la Guardia Civil información relativa a la posible comisión de irregularidades en materia de seguridad alimentaria en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba. Tras verificar los hechos, el Seprona solicitó la colaboración de inspectores veterinarios de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, realizando una actuación conjunta donde se comprobó que el establecimiento presentaba numerosas deficiencias que incumplían la normativa vigente para el desarrollo de su actividad.

Entre las irregularidades detectadas se pudieron constatar la falta de higiene en cámaras frigoríficas, congeladores y zonas de manipulación de alimentos; la existencia de alimentos almacenados junto a residuos, suciedad y presencia de insectos; productos sin trazabilidad o sin etiquetado; alimentos caducados; productos descongelándose sin las debidas garantías higiénicas; alimentos almacenados directamente sobre el suelo; cámaras frigoríficas sin un adecuado control de temperatura y el almacenamiento conjunto de alimentos con animales vivos.

Respecto a la información al consumidor, los agentes comprobaron que el establecimiento ofertaba en su carta carne de buey cuando, tras verificar la trazabilidad del producto, se constató que correspondía a lomo de vaca europea, circunstancia que podría inducir a error a los consumidores. Además, la inspección también permitió detectar deficiencias en la información facilitada sobre los alérgenos presentes en los alimentos ofertados, al no coincidir con la composición real de algunos platos, lo que supone un incumplimiento de la normativa de información alimentaria al consumidor y un riesgo para la salud evidente.

Como consecuencia de las irregularidades observadas y ante la existencia de un riesgo inminente para la salud pública, la Delegación Territorial de Salud y Consumo acordó el cierre provisional del establecimiento y la inmovilización cautelar de los productos alimenticios existentes en el mismo.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha tramitado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones de la normativa en materia de salud pública, calidad agroalimentaria y defensa de los consumidores, que han sido remitidas a la autoridad competente para su resolución.

La protectora de animales La Guarida, de Puente Genil (Córdoba), ha denunciado los disparos de perdigones recibidos por una perra que estaba preñada y abandonada en el campo, poniendo estos hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Los responsables de la protectora fueron alertados de que la perra estaba preñada y se encontraba en una zona de campo de la aldea pontanesa de Los Arenales. Allí fue alimentada unos días por vecinos de la zona hasta que pudieron ir a recogerla desde la asociación animalista y, entonces, comprobaron que la perra había parido pero toda la camada había muerto, según explica a este periódico la presidenta de la protectora, Nuria Martín.

Al rescatar a la perra, a la que pusieron de nombre Arena por la zona en la que fue hallada y el color de su pelaje, comprobaron que se encontraba debilitada y tenía fiebre, por lo que fue trasladada a una clínica veterinaria de Rute. Tras una analítica con resultado de anemia y una ecografía que certificó que no quedaban restos del parto dentro del animal, una placa de tórax mostró que la perra había sido objeto de disparos.

“Tenía alojados varios perdigones al lado de los pulmones”, señala Martín, que explica que, en esa zona, no se le han podido extraer. La protectora contará con el informe veterinario de la clínica para aportarlo y formular la correspondiente denuncia ante el Seprona, según asegura.

La perra, una mestiza de podenco que ya ha mejorado dentro de su situación, ha recibido el alta de ingreso y sigue con medicación ya en instalaciones de la protectora.

El Seprona de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra los animales, tras esclarecer el abandono de tres cachorros de perro recién nacidos, localizados en el interior de un contenedor de basura soterrado, en la localidad de Encinas Reales.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de varios ciudadanos y miembros de la asociación protectora de animales Patitas Solidarias, alertando del hallazgo de varios cachorros de perro recién nacidos, una bolsa de basura que había sido arrojada a un contenedor de residuos soterrado.

En el interior de la bolsa fueron encontrados tres cachorros de perro de muy corta edad, uno de los cuales ya había fallecido cuando fue rescatado, presentando los otros dos un estado de extrema debilidad. A pesar de los esfuerzos realizados por personal veterinario y voluntarios para intentar salvarles la vida, los tres ejemplares terminaron falleciendo como consecuencia de las condiciones derivadas de su abandono.

Las gestiones de inspección e investigación desarrollada por los agentes del Seprona, además de la colaboración ciudadana recibida, permitieron identificar el origen de los animales y reunir los indicios necesarios para determinar la presunta implicación de la persona ahora investigada.

La Guardia Civil recuerda que el abandono de animales, especialmente cuando pone en peligro su vida o provoca su muerte, constituye una conducta tipificada en el Código Penal y puede llevar aparejadas penas de prisión, así como la inhabilitación especial para la tenencia de animales.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección y el bienestar animal, así como pretende concienciar a la población sobre la responsabilidad que conlleva la tenencia de animales de compañía.

Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando un vertido que ha llegado este martes hasta las inmediaciones del Puente Romano de Córdoba, según ha podido confirmar este periódico.

En concreto, el río arrastraba dos manchas de lo que parecía ser un vertido descontrolado, probablemente procedente de algún tipo de residuo agrícola, especialmente relacionado con la producción de aceite de oliva.

No obstante, la Guardia Civil ha tomado muestras para analizar exactamente de qué vertido se trata y está analizando el daño que ha podido producir al medio ambiente. Los agentes tratan de saber también el punto exacto en el que se ha producido el vertido, y si ha sido intencionado o no, según las fuentes consultadas por este medio.

No es la primera vez que aparecen manchas en el Guadalquivir procedentes de vertidos incontrolados. El Seprona ha resuelto ya varios episodios similiares e incluso se ha llegado a sancionar a las orujeras que se demostraron que estaban en el origen de los mismos.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de del Plan de acción español “TIFIES” (Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, por tenencia ilícita de una especie protegida.

La investigación tuvo su inicio gracias a la colaboración ciudadana, mediante la llamada de un ciudadano a la Central COC de la Guardia Civil de Córdoba, en la que informó del hallazgo de una tortuga de grandes dimensiones que pudiera estar perdida o abandonada en el término municipal de Córdoba.

Inmediatamente, la Central COC envía a la Patrulla de Protección de la Naturaleza más cercana, que se desplazó hasta el lugar de aparición del animal, verificando que se trataba de una tortuga de más de 35 kilos de peso y gran envergadura, iniciando in situ las primeras gestiones tendentes a la identificación del animal y localización de sus posibles propietarios.

Siguiendo con la investigación, el EPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, mediante Informe Técnico emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), certificó que se trata de un ejemplar de tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata), siendo una especie protegida recogida en el Apéndice II del convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como en el Anexo B del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Fruto de las gestiones, los agentes de la Guardia Civil pudieron localizar e identificar a la persona propietaria del animal, careciendo esta de documentación que justificase la legal tenencia de dicha especie protegida, así como la certificación de que el espécimen no procede de capturas ilícitas en el medio natural.

Al no acreditar el propietario la tenencia del animal conforme a la normativa reguladora y observar, los agentes instructores del EPRONA, indicios claros de la comisión de un posible delito por tenencia ilícita de una especie protegida, se procedió a la investigación de la persona reseñada como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, dando cuenta de los hechos también, mediante informes-denuncia, a las distintas autoridades administrativas competentes en la materia.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el juzgado competente de Córdoba, siendo la tortuga intervenida, de manera cautelar, por la Guardia Civil y posteriormente depositada a disposición judicial en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, al ser este un centro habilitado de rescate CITES, que cuenta con el personal veterinario e instalaciones adecuadas para el cuidado del animal.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil, dentro del marco de las actuaciones que viene desarrollando en la provincia a través de sus Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha instruido diligencias contra dos vecinos de Córdoba por un presunto delito contra la fauna, tras el derribo de varios nidos de avión común (delichon urbicum), en época de reproducción.

Los hechos tuvieron lugar en un local situado en una barriada periférica del municipio de Córdoba, tras recibir los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Córdoba, una comunicación que informaba que al parecer se estaban derribando nidos de aves existentes en un edificio.

Inmediatamente, los agentes se personaron en el lugar indicado y tras comprobar sobre el terreno que en el inmueble referido se están llevando a cabo trabajos de reforma; y, que parte de los nidos que existían, habían sido derribados, quedando algunos de ellos aun sin derribar, en los cuales se observa la presencia de aves.

Ante ello, los agentes han investigado a dos personas, propietario del local y responsable de la empresa constructora como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, se han tramitado expedientes de denuncia a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Cabe recordar que el avión común (delichon urbicum) se encuentra protegido por normativa estatal en la Ley 42/2007, de 30 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como por la normativa europea Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves); y, Convenio de Berna o Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Con esta actuación, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la retirada de nidos incluso fuera de la época de reproducción, precisa de autorización administrativa, más aún, en periodo de reproducción entre los meses de abril y septiembre, se encuentra totalmente prohibido y tipificado con responsabilidad penal, tal y como ha ocurrido con los presentes hechos.

La Guardia Civil, a través de sus unidades del Seprona, ha investigado a un vecino de la localidad de Villa del Río como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre. Esta actuación se ha desarrollado en el marco del Programa Coopera, que potencia el apoyo operativo mutuo entre Guardas Rurales y Guardia Civil mediante el intercambio de información. 

El éxito de la investigación es el resultado directo de la constante coordinación operativa entre la Guardia Civil y el personal de seguridad privada del ámbito rural. En esta ocasión, la labor de los guardas rurales encargados de la vigilancia del coto de caza afectado ha resultado fundamental, ya que estos detectaron la presencia sospechosa del individuo en el paraje afectado, una zona querenciosa para este tipo de capturas ilegales. 

El presunto autor, sorprendido por la presencia de la guardería rural, emprendió una rápida huida campo a través con el objetivo de evitar su identificación in situ. En esos instantes, los guardas rurales observaron cómo esta persona arrojaba al forraje una bolsa que portaba que contenía artes prohibidas conocidas como “costillas”. Inmediatamente, los guardas rurales pasaron el aviso a la patrulla del Seprona de Montoro, quienes, tras la pertinente comunicación de los hechos y la recepción de las artes incautadas, procedió a la investigación del presunto autor y a la instrucción de las correspondientes diligencias penales. 

Durante la intervención se logró retirar del medio natural un total de 35 trampas metálicas de las denominadas “costillas” o “perchas pajareras”, contabilizando las intervenidas en la bolsa arrojada y las halladas en el entorno. El uso de estas artes constituye un grave riesgo para la biodiversidad, ya que actúan mediante un mecanismo de ballesta de nula selectividad que atrapa de forma indiscriminada a pequeñas aves insectívoras, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el control natural de plagas. 

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro. Paralelamente, los agentes del SSeprona han tramitado el preceptivo informe denuncia por infracción muy grave a la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

El portavoz de Adelante Andalucía en Palma del Río, Santiago Salas, ha denunciado la gestión de residuos en la localidad, señalando directamente al Ayuntamiento como el principal responsable de un vertedero incontrolado en suelo público. Tras meses de acumulación de escombros y enseres, la formación ha formalizado una denuncia ante el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) para que se investigue el origen y la peligrosidad de estos vertidos.

Según ha denunciado Salas, la situación de la parcela en el polígono industrial no es fruto del incivismo ciudadano, sino de una práctica sistemática de la propia administración local. El portavoz ha asegurado que son los propios servicios municipales los que están depositando allí todo tipo de residuos, desde tuberías y restos de borrascas hasta mobiliario urbano y vehículos de la Policía Local totalmente calcinados.

“No estamos ante un vertido accidental; es el propio Ayuntamiento el que utiliza esta parcela como un desguace improvisado”, afirma Santiago Salas. El portavoz ha calificado la situación como un “Síndrome de Diógenes institucional”, donde la acumulación descontrolada de basura por parte de la administración pone en peligro la integridad de las empresas del polígono.

Desde Adelante Andalucía “no solo se pide la limpieza inmediata del recinto, sino que se apunta a la gestión política de este departamento”. Salas ha exigido responsabilidades directas a Juan Manuel Trujillo, como máximo responsable de esta situación, por permitir que se vulneren las normativas básicas de seguridad y gestión de residuos. “Pedimos responsabilidades. Es inadmisible que quien debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas sea el primero en saltárselas, convirtiendo una parcela municipal en un polvorín. Cualquier incendio inesperado en este punto podría tener consecuencias catastróficas para el polígono industrial”, advirtió tajante Salas.

Investigación de la Guardia Civil

La denuncia remitida al Seprona busca determinar si el depósito de estos materiales, especialmente los vehículos policiales quemados, cumple con la legislación ambiental vigente. Adelante Andalucía ha considerado que la permanencia de estos residuos al aire libre, sin ningún tipo de contención ni tratamiento, constituye una negligencia grave que debe ser investigada por las autoridades competentes.

“El Ayuntamiento de Palma del Río no puede actuar como si estuviera por encima de la ley. Es hora de que Juan Manuel Trujillo dé explicaciones y, sobre todo, que se proceda al desmantelamiento inmediato de este foco de peligro”, concluyó el portavoz.