El portavoz de Adelante Andalucía en Palma del Río, Santiago Salas, ha denunciado la gestión de residuos en la localidad, señalando directamente al Ayuntamiento como el principal responsable de un vertedero incontrolado en suelo público. Tras meses de acumulación de escombros y enseres, la formación ha formalizado una denuncia ante el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) para que se investigue el origen y la peligrosidad de estos vertidos.

Según ha denunciado Salas, la situación de la parcela en el polígono industrial no es fruto del incivismo ciudadano, sino de una práctica sistemática de la propia administración local. El portavoz ha asegurado que son los propios servicios municipales los que están depositando allí todo tipo de residuos, desde tuberías y restos de borrascas hasta mobiliario urbano y vehículos de la Policía Local totalmente calcinados.

“No estamos ante un vertido accidental; es el propio Ayuntamiento el que utiliza esta parcela como un desguace improvisado”, afirma Santiago Salas. El portavoz ha calificado la situación como un “Síndrome de Diógenes institucional”, donde la acumulación descontrolada de basura por parte de la administración pone en peligro la integridad de las empresas del polígono.

Desde Adelante Andalucía “no solo se pide la limpieza inmediata del recinto, sino que se apunta a la gestión política de este departamento”. Salas ha exigido responsabilidades directas a Juan Manuel Trujillo, como máximo responsable de esta situación, por permitir que se vulneren las normativas básicas de seguridad y gestión de residuos. “Pedimos responsabilidades. Es inadmisible que quien debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas sea el primero en saltárselas, convirtiendo una parcela municipal en un polvorín. Cualquier incendio inesperado en este punto podría tener consecuencias catastróficas para el polígono industrial”, advirtió tajante Salas.

Investigación de la Guardia Civil

La denuncia remitida al Seprona busca determinar si el depósito de estos materiales, especialmente los vehículos policiales quemados, cumple con la legislación ambiental vigente. Adelante Andalucía ha considerado que la permanencia de estos residuos al aire libre, sin ningún tipo de contención ni tratamiento, constituye una negligencia grave que debe ser investigada por las autoridades competentes.

“El Ayuntamiento de Palma del Río no puede actuar como si estuviera por encima de la ley. Es hora de que Juan Manuel Trujillo dé explicaciones y, sobre todo, que se proceda al desmantelamiento inmediato de este foco de peligro”, concluyó el portavoz.

Agentes de la Policía Local de Cabra, junto a autoridades judiciales y en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- de la Guardia Civil y el servicio veterinario de la Oficina Comarcal Agraria de la Subbética, dependiente de la Junta de Andalucía, han actuado en la mañana de este lunes en el interior de un domicilio de la localidad de Cabra con el objetivo de preservar y proteger a numerosos animales que, presuntamente, se encontraban en una situación de hacinamiento e insalubridad dentro del inmueble, atendiendo a criterios de bienestar animal y salubridad pública.

Como resultado de la actuación, varias personas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cabra como investigadas, mientras que los animales decomisados han quedado bajo la tutela de la Oficina Comarcal Agraria y de los organismos competentes, con el fin de garantizar su cuidado, atención veterinaria y bienestar.

Desde el Ayuntamiento de Cabra se destaca la coordinación entre administraciones y cuerpos actuantes en este tipo de intervenciones, subrayando la importancia de la colaboración institucional para la protección de los animales y el cumplimiento de la legalidad vigente.

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la eliminación de hasta una treintena de nidos de avión común (delichon urbicum), una especie de ave protegida.

Según ha podido saber este periódico, la denuncia se centra en la “retirada o eliminación de entre 25 y 30 nidos avión común, especie protegida por la normativa ambiental”, que se ubicaban en una casa particular en la barriada periférica de Santa Cruz en Córdoba.

Ecologistas en Acción aporta fotografías en la denuncia ante el Seprona y señala que la eliminación de los nidos habría ocurrido hace unos días en la vivienda particular citada, por lo que solicita que se investiguen los hechos.

El avión común es una especie protegida, que depende casi exclusivamente de los edificios para nidificar. Se trata de un ave insectívora incluida en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que cuentan con protección tanto por normativa autonómica como nacional.  

La protectora La Guarida de Puente Genil (Córdoba) ha denunciado la muerte a golpes de dos galgos en un paraje de la localidad, donde este sábado se han hallado los cadáveres de ambos animales juntos.

La presidenta de la protectora, Nuria Martín, ha explicado a este periódico que unos vecinos del municipio encontraron a los perros en la calle Boliche de la zona conocida como La Carraca y avisaron a esta organización, que cuenta con un refugio y se encarga de rescatar a animales.

Desplazados hasta el lugar, pudieron ver que los dos galgos habían sido golpeados y tenían diversas heridas, además de presentar síntomas de desnutrición. “Han sido asesinados”, aseguran desde la protectora.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil, así como de la Policía Local, mientras la empresa municipal de medio ambiente se ha hecho cargo de los cadáveres de los dos animales.

La Guarida solicita la colaboración ciudadana por si alguien pudiera aportar información sobre lo ocurrido y los responsables de estos hechos. Se ha comprobado que ninguno de los perros tenía chip identificativo y la protectora formalizará este lunes la denuncia ante el Seprona. Se investiga si las cámaras de empresas del lugar habrían podido captar imágenes de los hechos.

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de inspecciones en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos de todo el territorio nacional para detectar irregularidades en la cadena de producción alimentaria. Como resultado de estas investigaciones, han sido detenidas e investigadas 93 personas, cuatro de ellas jurídicas. Se han inmovilizado o sacrificado 1.441 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar, siendo 673 ovejas, 368 aves ,184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo.

Una de las operaciones destacadas es la 'Operación Antimicrobiano’, desarrollada por irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real. En la correspondiente inspección se corroboró la mala práctica en la dispensación de medicamentos veterinarios sujetos a receta. Fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio online ilegal de medicamentos veterinarios. Se localizó una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

Otras operaciones destacadas

Operación ‘Pox’: Se desmanteló una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y valiéndose de documentos falsificados.

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados. Transportaba ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, acabando en mataderos clandestinos donde eran sacrificados en condiciones insalubres. La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA de la Guardia Civil y Europol; así como de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

Operación ‘Saxum tubercum’: En la provincia de Badajoz se detectó la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad.

En esa misma provincia, también la Guardia Civil desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino en la comarca, detectada al incrementarse el número de robos en explotaciones ganaderas. Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

Operación ‘Cabiano’: Con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica, se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), los cuales iban a ser exportados a Libia y Líbano. La investigación constató que los caballos no constaban en sus registros, imputándose la falsedad documental a los autores.

Cooperación internacional y análisis de inteligencia

Gracias a la cooperación internacional y la coordinación entre diversos organismos nacionales del sector alimentario y ganadero se ha detectado nuevos modus operandi, identificado redes criminales vinculadas al transporte y comercio irregular de animales y se han reforzado las capacidades de respuesta frente a amenazas transfronterizas.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, siendo en su mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales.

Por otro lado, de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81% han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.

Estas investigaciones forman parte del enfoque “One health” de la Unión Europea y de la estrategia “De la granja a la mesa” de la Conformidad Europea (CE). Ha sido liderada por la Guardia Civil a través del SEPRONA, que coordina los esfuerzos de los Estados Miembros en la lucha contra las actividades ganaderas irregulares con dimensión transfronteriza.

Las actuaciones medioambientales de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba en el último año completo del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, consultado por este periódico, señala que hubo más de un centenar de infracciones penales y 92 detenidos o investigados en este ámbito.

La estadística del Ministerio, que corresponde al año cerrado de 2024, contempla las actuaciones en seguridad ciudadana dentro del ámbito de la Conservación de la Naturaleza y ofrece los datos por provincias. Así, en la de Córdoba hubo un total de 1.412 actuaciones medioambientales de la Guardia Civil durante todo ese año.

Ese dato supone que la provincia de Córdoba fue la que registró un menor número de este tipo de actuaciones sobre la naturaleza de la Guardia Civil en toda Andalucía, ya que el resto de territorios sumaron más.

En ese recuento, la provincia de Almería sumó un total de 1.912 actuaciones, Jaén otras 2.135, Sevilla tuvo 2.201, Málaga registró 2.536, Huelva sumó 3.324, Granada otras 4.115 y Cádiz, la que más, con 5.062.

En Córdoba, la última estadística del Ministerio del Interior precisa que hubo 114 infracciones penales de las que tuvo conocimiento la Guardia Civil, que llegó a esclarecer 100 de ellas. Asimismo, hubo 92 personas detenidas o investigadas por delitos en el ámbito medioambiental.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Montoro, dentro del marco de los servicios establecidos para la protección de la naturaleza y el bienestar animal en la provincia de Córdoba, ha citado en calidad de investigada a una persona, como presunto autor de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, con las agravantes de uso de arma de fuego y ensañamiento.

Según ha informadeo el instituto armado a través de una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron el pasado 16 de octubre, cuando efectivos del Seprona tuvieron conocimiento de la muerte violenta de un can, de raza mestiza, en una finca ubicada en el término municipal de Montoro.

Fruto de las gestiones practicadas y de la colaboración ciudadana, los agentes pudieron saber que la persona que ejercía labores de vigilancia en la finca, tras aprovechar la ausencia de los propietarios, disparó con una escopeta a un perro propiedad de los dueños de la finca, causándole la muerte.

La inspección técnico-ocular realizada por el Seprona en el lugar de los hechos permitió hallar restos biológicos y marcas de arrastre compatibles con el traslado del cuerpo. El cadáver del animal fue localizado en un paraje alejado del cortijo, en avanzado estado de descomposición, presentando lesiones compatibles con munición de perdigones, extremo que ha sido confirmado por el informe veterinario aportado a la causa.

Por todo ello, se ha procedido a la investigación formal de esta persona y a la puesta a disposición de la autoridad judicial de las diligencias instruidas y las pruebas recabadas.

Cabe destacar que, además de la responsabilidad penal por el delito de maltrato animal (Art. 340 bis del Código Penal), que contempla penas de prisión agravadas por el uso de armas y el ensañamiento, el investigado se enfrenta a expedientes sancionadores administrativos muy graves. El uso de un arma de fuego reglamentada para un fin distinto al autorizado (la caza de especies cinegéticas) y en un contexto delictivo, ha sido puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

La Guardia Civil ha investigado en Rute a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito contra la fauna, por la captura ilegal de aves fringílidas con pegamento (liria o liga).

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Rute, dentro del marco de sus competencias de Protección a la Naturaleza y la Biodiversidad, gracias a la colaboración ciudadana, tuvo conocimiento de que unas aves fringílidas se estaban quedando atrapadas en pegamento (liria o liga), que habían colocado en borde de una fuente de la localidad de Rute, para que cuando se posaran a beber agua quedaran atrapadas en el pegamento.

Inmediatamente, una patrulla del Seprona de Rute se desplazó al lugar indicado junto con Policía Local, donde pudieron comprobar lo denunciado y que se encontraban en la fuente tres aves atrapadas en el pegamento, por lo que fueron liberadas y retirado el pegamento de la fuente.

La fuente, conocida en la localidad con el nombre del Pilón de la Molina, se encuentra en el catálogo de bienes protegidos incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad de Rute, con lo que se ocasionó daños al Patrimonio Histórico.

La investigación concluyó con la investigación de una persona como responsable de los delitos contra la fauna, por la captura de aves protegidas con métodos prohibidos; y, delito contra el patrimonio histórico, por los daños ocasionados a la fuente.

Se recuerda que la utilización de pegamento (liga o liria) para atrapar aves es un método prohibido según establecen las directivas europeas de conservación de aves, por tratarse de un método de captura ilegal, cruel y no selectivo para las aves, donde pueden quedar atrapadas todo tipo de aves, protegidas o no.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba a un vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la colocación de una red japonesa destinada a la captura ilegal de aves fringílidas.

La Guardia Civil observó durante un servicio de protección de la naturaleza y el medio ambiente, desarrollado por los extrarradios de Córdoba, la instalación de una red japonesa de unos 8 metros de longitud por 1,5 metros de altura, en cuyo interior se encontraba atrapado un ejemplar de verderón común (Chloris chloris), que fue liberado de inmediato.

Ante este hallazgo, los integrantes de la patrulla del Seprona decidieron inspeccionar la finca, lo que permitió localizar otros 12 ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis) y otros dos ejemplares de chamarín (Serinus serinus), que permanecían enjaulados, procediendo los agentes a la liberación de todas las aves en presencia del presunto autor de los hechos y a la instrucción de las pertinentes diligencias por la comisión de un delito contra la fauna.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una veintena de aves localizadas junto al río Guadalquivir en Córdoba, tras haber recibido el aviso de un ciudadano.

Según ha avanzado Diario Córdoba y ha confirmado este periódico, la mayoría de los ejemplares hallados son cigüeñas, y tanto el Seprona como la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía están analizando las causas del fallecimiento de las aves.

Desde el Gobierno Andaluz han señalado que hasta el lugar se han desplazado agentes de Medio Ambiente, así como técnicos de la agencia Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), que recogerán los cadáveres de las aves para enviarlos al Centro de Análisis y Diagnóstico ubicado en Málaga, que podría tener los resultados en 5 o 6 días.

Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte, que ha puesto en alerta a las autoridades debido a que, en estos momentos, Andalucía ha registrado un brote de gripe aviar, con focos localizados en las provincias de Sevilla y de Huelva.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Córdoba está investigando como delito forestal el fuego que en julio quemó unas 80 hectáreas de terreno forestal en la zona de La Albaida, según han confirmado a este periódico fuentes del instituto armado.

De momento, los agentes centran su investigación en las causas que pudieron provocar un fuego que se inició en uno de los márgenes de la carretera de Trassierra, en las inmediaciones del Castillo de la Albaida. El incendio se propagó hacia el oeste y obligó a desalojar a medio millar de personas.

Las fuentes han precisado que no hay personas ni detenidas ni en situación de investigadas y que se han remitido las primeras diligencias a la Fiscalía Provincial de Córdoba, para que tomen conocimiento de las mismas e inicien sus correspondientes trámites de investigación.

Los agentes se están centrando en el origen del fuego, para determinar si fue intencionado o si al contrario se trató de una imprudencia. En ambos casos se incluye el delito de incendio forestal.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a finales del pasado mes de marzo, a través de un aviso recibido por parte del Ayuntamiento de la localidad de Montemayor (Córdoba) de que, al parecer, un ciudadano que paseaba por las inmediaciones de la localidad, había observado desde un puente los cadáveres de tres perros y un cuarto con vida en un arroyo que discurre por la localidad.

Inmediatamente, la Guardia Civil pasó el aviso a la patrulla del Seprona de Córdoba, que se trasladó al citado lugar, donde con el apoyo de la Policía Local de Montemayor rescataron al animal vivo y extrajeron del arroyo los cadáveres de los otros tres.

La inspección ocular practicada en el arroyo y en los animales permitieron averiguar la finca de donde procedían los animales e identificar al presunto responsable de los hechos, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Finalizadas las gestiones, los cadáveres de los animales fueron trasladados al Hospital Veterinario de la Universidad de Córdoba para esclarecer las causas de la muerte, y el cuarto animal con vida para su recuperación y posterior entrega a una asociación protectora de animales.

Como culminación de todo lo expuesto, las diligencias instruidas por los agentes se han puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial correspondiente por delito de maltrato animal. Asimismo se ha dado curso a la vía administrativa, confeccionado informe de denuncia por las infracciones que se pudieran haber cometido, dirigidas la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de Córdoba ha procedido a investigar a dos personas por estar presuntamente cazando en un camino público y en época de veda.

Según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de la Guardia Civil de Córdoba tuvieron conocimiento cuando realizaban una vigilancia de objetivos medioambientales en las inmediaciones de Sierra Morena, en una zona próxima a la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra, de la presencia de dos personas que se encontraban desarrollando una actividad de caza en el margen de un camino portando un arma de fuego, siendo zona de seguridad para la práctica de la caza, por el que transitan vehículos y pasean personas.

Dichas personas tras ser identificadas y realizarse las pertinentes comprobaciones, fueron investigadas como presuntos autores de un Delito contra la Flora y la Fauna, con motivo de intentar dar muerte a una especie cinegética (jabalí), en una zona de seguridad con el consecuente riesgo para las personas, así como por cazar una especie cinegética en época de veda.

Como culminación de todo lo expuesto, las Diligencias instruidas por los Agentes, se han puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Córdoba, asimismo, se ha dado instruido expediente de denuncia por las infracciones que pudieran haber cometido, que ha sido remitido a la Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba.

El Seprona recuerda que practicar la caza en zonas no habilitadas, así como realizarla a especies cinegéticas en época de veda, lleva aparejada responsabilidad penal por un Delito contra la Flora y la Fauna recogido en el vigente Código Penal.

La Guardia Civil, a través de la patrulla del Seprona de Rute, ha investigado en Benamejí a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por desatender a un equino que resultó muerto.

La Patrulla del Seprona de Rute tuvo conocimiento, a través de una colaboración ciudadana, de la existencia en las inmediaciones de Benamejí, de un equino, en aparentes malas condiciones de salud, muy delgado, a la intemperie, sin atención, atado, los días de temporal de agua en la zona.

Inmediatamente, los integrantes de la patrulla del Seprona, se desplazaron al lugar indicado, donde pudieron comprobar que el animal había fallecido, se encontraba en una zona de pinos, con poca comida, barro y sin cobijo alguno.

Ante ello, los guardias civiles procedieron a localizar al propietario del equino y a pasar aviso al servicio veterinario de la zona, para la valoración de la muerte del animal, confeccionando informe de supuesta causas y desatención del animal.

Por todo lo expuesto, se procedió a la investigación del propietario del equino, un vecino de la localidad de Benamejí, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por presuntamente desatenderlo causándole unas lesiones que han provocado su muerte.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha investigado a una persona en Rute, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Fruto de dicha intervención, se han intervenido dos perros debido a las malas condiciones que presentaban.

Las investigaciones se iniciaron el pasado día 21 de febrero, tras observar una patrulla de la Policía Local de Rute a un perro en muy malas condiciones. Ante ello, pasaron el aviso a la patrulla del Seprona de Rute, procediendo los policías locales tras comprobar el estado en que se encontraba el animal, procedió a su intervención y traslado a una clínica veterinaria donde estuvo varios días ingresado para su recuperación.

Posteriormente, la patrulla del Seprona con la colaboración de la Policía Local efectuó una inspección en las instalaciones próximas al lugar donde se encontró el animal, tras tener conocimiento que el dueño del perro intervenido por Policía Local, estaba en posesión de más animales y, que los mismos podrían estar en la misma situación que el anterior.

Durante la inspección se observa que son unas instalaciones precarias y no adecuadas para mantener a estos animales, donde se ubican diez perros, comprobando que uno de ellos presenta una delgadez extrema, por lo que se procede a la intervención del mismo y traslado a una clínica veterinaria para atenderlo y así salvaguardar su vida, recibiendo los tratamientos adecuados para su recuperación.  

Por todo lo expuesto se procede a la imputación, como investigado al supuesto autor de los hechos, un vecino de la localidad, por supuesto delito de maltrato animal. 

Como medida cautelar, esto dos animales (perros), quedan ubicados, a disposición judicial, en las instalaciones de la protectora de animales de Rute, en unas instalaciones adecuadas y con cuidados permanentes, por el personal colaborador de esta protectora.  

Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Hornachuelos está investigando a una persona por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por el uso de artes prohibidas para la caza de aves (costillas).

Las investigaciones se iniciaron el pasado día 19 de marzo, tras tenerse conocimiento a través de varias informaciones recibidas, que una persona había sido vista en la zona de Guadalcazar manipulando una extensa armada de trampas (costillas), siendo estas consideradas artes prohibidas no selectivas para la caza. Esta información ponía de manifiesto que en dicha zona podría haber instaladas sobre 100 de estas trampas, y alrededor de 30 ejemplares de aves atrapadas en las mismas, de entre ellas, 26 currucas capirotadas (Sylvia atricapilla) y cuatro petirrojos (Erithacus rubecula).

El desarrollo de la investigación permitió identificar a la persona que había sido vista manipulado las trampas, procediendo la patrulla del Seprona a la investigación de la misma como presunta autora material de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por hacer uso de medios y artes prohibidos para la caza de aves; además, se da curso a la vía administrativa, habiendo confeccionado informe denuncia por las infracciones que se pudieran haber cometido, dirigida a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba. 

La Guardia Civil, a través de sus Unidades del Seprona, ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, asimismo, a una de ellas se le ha investigado también como presunta autora de un delito de tenencia de arma prohibida.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que en una finca de Montoro, se estaban produciendo episodios de furtivismo. Concretamente, en una parte de la finca que no es terreno cinegético y donde se estaban abatiendo gran cantidad de reses de caza mayor, lo cual estaba afectando al coto de caza -los ejemplares de mayor envergadura-.

Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio en la finca, orientado a evitar este tipo de episodios y a la identificación, localización e investigación de los presuntos autores. Fruto de este dispositivo, se pudo localizar en las inmediaciones de la finca a varias personas circulando en un vehículo todo terreno, con un rifle en su interior, abatiendo animales a su paso en época de veda.

Tras proceder a interceptar al vehículo, se identificó a los cinco ocupantes, de los cuales tres de ellos disponían de licencia de caza, y ropa compatible con la realización de actividades cinegéticas. En el interior del vehículo, se halla un arma de fuego larga rayada (rifle) para caza mayor del calibre 308 con bala en recámara y en disposición de disparar, equipado con un silenciador y un visor óptico de caza.

Además, en el maletero del vehículo, se hallan dos cuchillos de grandes dimensiones y un hacha con manchas de sangre de los animales que anteriormente habían estado abatiendo de manera ilegal. Como resultado de este servicio se procedió a la investigación de tres de las personas ocupantes del vehículo, como presuntas autoras de supuestos delito contra la flora y la fauna, y al titular del arma, de un delito de tenencia de arma prohibida además de realizar propuesta para retirada del permiso de armas de los supuestos responsables.

En el marco de la misma operación, durante un dispositivo de apostadero y vigilancia en la misma finca realizado con motivo de recibir nuevo aviso del guarda de coto por estar produciéndose nuevos episodios de furtivismo días después de la investigación de las personas anteriormente citadas, una patrulla del Seprona, al proceder a la identificación de varios cazadores “furtivos”, fueron intimidados y amenazados con un arma de fuego llegando a efectuar algún disparo en las proximidades, dándose seguidamente los presuntos autores a la fuga, no pudiendo ser localizados en esos momentos.

El avance de la investigación efectuada por el Equipo de Policía Judicial de Palma del Río, permitió identificar e investigar a los presuntos autores de los hechos descritos.

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha rescatado a 274 perros de caza en 2024, de los cuales 199 han sido de raza galgo, 45 podencos y 30 de otras razas destinadas para la caza, mientras que 32 de ellos han sido decomisados a cazadores por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en un estado “lamentable”.

Según han indicado desde la asociación en una nota, “estos perros son desechos de la actividad cinegética, animales que no los consideran o dejan de ser útiles para las modalidades de caza que se utilizan perros”. “Principalmente, la caza de la liebre con galgo es la que más abandonos de perros provoca, sin menospreciar el abandono de otros perros de otras razas como los podencos, o el estado lamentable y falta de atenciones en las que viven la mayoría de perros de caza, especialmente los perros de las rehalas”, han señalado.

Así, han apuntado que “la mayoría son entregados por los propios cazadores, argumentando que no pueden hacerse cargo de ellos, pero haciéndose de nuevos perros para la siguiente temporada de caza”, a la vez que “otros siguen apareciendo abandonados en carreteras o poblaciones muy asustados y sin microchip, siendo extremadamente complicado su rescate”. “Muchos de los que aparecen abandonados finalmente son atropellados”, han lamentado.

Galgos del Sur, en el mes de abril, participó en el decomiso por parte del Seprona de 25 perros de una rehala en Hornachuelos que “malvivían en condiciones de insalubridad y la más absoluta dejadez, atados con cadenas a paredes, viviendo entre pipis y heces”, siendo “perros con un alarmante estado de desnutrición y caquexia, muy parasitados”.

También en el mes de agosto, Galgos del Sur participó en otro decomiso del Seprona de siete galgos en La Rambla en “un estado alarmante en una finca a la intemperie con escasas atenciones”. “Una de las galgas en el momento del decomiso se encontraba muerta dentro de un agujero cavado en la tierra para resguardarse de las altas temperaturas por aquellas fechas”, han advertido.

Desde la protectora de animales han señalado al “colectivo de cazadores como principal causante de estos abandonos”. “Perros que para los cazadores sólo son herramientas de caza y cuando dejan de ser útiles buscan deshacerse de estos de cualquier forma”, han criticado, para apostillar que “la mayoría acaba en protectoras o perreras, pero aún existe una parte que encuentran un destino peor como la muerte”. Desde Galgos del Sur han recordado que “con el fin de la temporada de caza cientos de protectoras por todo el país están desbordadas recogiendo miles de perros de caza”.

“La inacción”

En opinión del colectivo, “la inacción del Gobierno de España, las comunidades autónomas, diputaciones y muchos ayuntamientos, que dan la espalda a este problema apoyando al colectivo de cazadores, es una realidad difícilmente de comprender en estos días en la sociedad, máxime cuando existe una gran preocupación por la situación de maltrato y abandono de los perros de caza”.

Además, han manifestado que “la exclusión de los perros de caza de la nueva Ley Nacional de Bienestar Animal es otra de las grandes causas que ha hecho acrecentar el problema, los cazadores que abandonan y maltratan a sus perros tienen una sensación de impunidad al no afectarle esta ley, las condiciones en las que tienen a los animales ha empeorado al no estar sujetos a inspecciones por esta Ley”.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba no han detectado irregularidad alguna en la actividad cinegética del día 29 de diciembre junto al Parque Periurbano de Los Villares en la capital tras alertar este jueves de monterías Ecologistas en Acción.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, dos patrullas de agentes del Seprona estuvieron en la zona el día de los hechos y no detectaron irregularidades, a la vez que “ningún ciudadano se quejó de que hubiera comportamiento anómalo”.

Mientras, la Junta de Andalucía ha aclarado este jueves tras las críticas de Ecologistas en Acción que “el paso de coches y retirada de la cadena” en el parque fue “porque se autorizó mediante resolución el paso para realizar la montería, pero no para cazar dentro del parque”. De ahí la presencia de los agentes de Medio Ambiente, “controlando la situación”.

Así lo han destacado fuentes de la administración regional en la provincia, al tiempo que han comentado que estudiarán “cualquier denuncia de la asociación, pero aún no ha llegado ninguna”.

Según han precisado, “se organizó un dispositivo especial, tanto los días previos, para ver la colocación de puestos, como el día 29, con dos agentes de Medio Ambiente y cuatro agentes del Seprona, de 8,00 a 18,30 horas”. “No hubo ninguna incidencia reseñable más allá que se anuló uno de los puestos, que se encontraba fuera del acotado según el plano del Plan Técnico de Caza”, han explicado.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un supuesto delito de usurpación de aguas, por la extracción de aguas mediante pozos clandestinos.

La investigación tuvo su inicio en una inspección de captaciones de aguas para riego de una finca de olivar ubicada en término municipal de Córdoba, inspección llevada a cabo en conjunto por personal del SEPRONA y de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la que fueron localizados cinco pozos, de los cuales dos eran legales, que habían sido puenteados mediante la instalación de “bypass” para evitar la lectura de sus contadores. Otros dos pozos eran clandestinos y se encontraban en funcionamiento, estando uno totalmente enterrado, lo que dificultaba su detección. El quinto pozo, siendo también de un pozo de construcción ilegal, se encontraba en desuso, careciendo de medios de captación.

Asimismo, se pudo comprobar que los contadores de agua arrojaban unos valores de medición excesivamente bajos, atendiendo a la superficie regable de la finca (84,6880 ha.), lo que hizo sospechar a los agentes que se pudiera estar cometiendo alguna irregularidad. El avance de la inspección permitió detectar las irregularidades observadas en las infraestructuras para captación de aguas de la finca.

La explotación agrícola, contando con una concesión para captación de aguas en la que figuran autorizados únicamente dos pozos, había realizado obras para el sistema de regadío de modo que disponía de cinco pozos, estando en funcionamiento un total de cuatro. De este modo se lograba disponer de agua para riego sin ser contabilizada.

Además de la vía penal se han cursado informes-denuncia a diferentes organismos, dependiendo de cada ámbito competencial, en relación a diferentes infracciones administrativas observadas.

Como culminación de todo lo expuesto, se ha procedido a la investigación de una persona como presunta responsable de un supuesto delito de usurpación de aguas, por la extracción de aguas sin autorización mediante pozos clandestinos. Investigado y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

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