El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, confirmando así la condena previa que obliga a la administración local a abonar una importante suma económica a un antiguo trabajador. El fallo ratifica que la institución pública, al actuar como empleadora, está plenamente sometida al derecho laboral y a sus consecuencias por demora en los pagos.

El ingeniero técnico en informática trabajó para el Consistorio entre octubre de 2019 y abril de 2020 mediante un contrato de duración determinada por obra y servicio, con el objetivo de crear y actualizar bases de datos para el Consorcio Orquesta de Córdoba. Dicha contratación se enmarcó en el programa Iniciativas de Cooperación Local, una colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el fomento del empleo. Sin embargo, tras la finalización de la relación laboral, el empleado reclamó diferencias salariales no percibidas conforme al convenio colectivo de aplicación, así como la indemnización correspondiente por la extinción de su contrato temporal.

A pesar de contar con la categoría profesional de ingeniero técnico en informática, el demandante percibía un salario mensual prorrateado de 1.162,50 euros. El empleado reclamó judicialmente las diferencias respecto a lo que legalmente le correspondía percibir según el convenio colectivo extraestatutario aplicable al personal del propio Ayuntamiento, cuantificadas en 14.631,38 euros, a los que sumó 483,49 euros en concepto de indemnización por finalización de contrato. La sentencia original del juzgado de lo Social, ahora confirmada, condena al Ayuntamiento de Córdoba al pago íntegro de dichas cantidades, que son tan elevadas debido al interés del 10% de demora que también ha ratificado el alto tribunal andaluz.

Además del pago de las cantidades adeudadas y los intereses acumulados, el Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado al abono de las costas del recurso, fijadas en 800 euros (más IVA) en concepto de honorarios para el letrado del demandante.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de prisión de siete años y medio impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre por supuestamente agredir sexualmente con penetración a una mujer en estado de embriaguez en casa de un amigo.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación.

En concreto, se da por probado que los hechos ocurrieron en Córdoba entre la noche del 6 y el 7 de septiembre de 2019, cuando, tras coincidir en un pub de Córdoba capital, la víctima “comenzó a sentirse mal”, siendo acompañada por otra persona “a los servicios del establecimiento, donde vomitó, empeorando su estado hasta el punto de no poder mantenerse erguida”, lo que motivó su traslado al exterior del establecimiento.

“Ya fuera y tras negarse esta última a que los amigos avisaran a una ambulancia por miedo a la reacción de sus padres, decidieron trasladarla al domicilio” de uno de los amigos. Una vez en el referido domicilio, tras introducir a la víctima “en la bañera y mojarla para intentar reanimarla, la llevaron a uno de los dormitorios del piso, quitándole la ropa mojada” y dejándola “tendida en la cama” para descansar.

Según la resolución, una vez allí, el acusado entró en el dormitorio, “desnudándose e introduciéndose en la cama donde estaba tendida, penetrándola con el pene por la vía anal, bucal y vaginal, al tiempo que la agarraba para obligarla, pese a que ella intentaba apartarlo, si bien no lo consiguió debido al estado de aturdimiento y desorientación que seguía sufriendo por su estado de embriaguez”, llegando el acusado a “eyacular en su vagina”.

A consecuencia de los hechos relatados, la víctima sufrió “tres erosiones tipo arañazo en región escapular derecha, leve equimosis transversa en el dorso del brazo derecho, erosión superficial filiforme en región axilar derecha y pequeña solución de continuidad epidérmica tipo grieta localizada en borde externo a las seis horas y pocos milímetros en región anal, lesiones que han precisado para su sanidad una primera asistencia facultativa, habiendo sufrido cinco días perjuicio personal básico, sin ningún día de pérdida temporal de calidad de vida”.

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre la víctima de 500 metros y de comunicación con ella durante nueve años, libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por el tiempo de siete años y el pago de una indemnización de 200 euros por las lesiones sufridas y de 7.800 euros por el daño moral causado. Por otro lado, se ha absuelto al acusado de otro delito cometido sobre una de las acompañantes.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente las penas de prisión para dos hombres por un robo con fuerza cometido en una vivienda en noviembre de 2022. Hay que señalar que, en el caso de uno de los procesados, esta es su octava condena por delitos de robo.

Según la sentencia, facilitada por el TSJA, los hechos ocurrieron sobre las 15:30 del 12 de noviembre de 2022. Según los hechos probados, los acusados se desplazaron en coche hasta una avenida de un pueblo de Córdoba. Mientras uno realizaba labores de vigilancia desde el vehículo, el otro saltó una puerta metálica y accedió a una terraza trasera. Allí forzó la puerta de un trastero y sustrajo una bicicleta de carretera marca Scott, junto con un casco, zapatillas, gafas de ciclista y un cuentakilómetros, todo ello valorado en 1.435 euros. Inmediatamente después, ambos vendieron todo lo robado.

Por estos hechos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a ambos y el TSJA acaba de ratificar el fallo. Así, uno de ellos ha sido condenado a tres años y un día de prisión después de que se le haya aplicado la agravante de multirreincidencia, ya que el acusado contaba con una trayectoria delictiva de siete condenas previas firmes por delitos similares entre 2019 y 2022. Por estas condenas, sobre el procesado pesaban en total nueve años y cinco meses de prisión.

Por su parte, el segundo implicado ha sido condenado a dos años de prisión como copartícipe, al considerarse probado que existía un “concierto previo” y un reparto de funciones entre ambos para perpetrar el robo. Además de las penas de cárcel, ambos condenados deberán indemnizar de forma conjunta al propietario con 1.435 euros por los objetos sustraídos y no recuperados. Contra esta sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado íntegramente la condena de ocho años de prisión impuesta a un hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal cometido contra su expareja en Córdoba. La sentencia, facilitada por el TSJA, desestima así el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que cuestionaba la credibilidad de la víctima, y confirma la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Los hechos ocurrieron en junio 2019. Aquella noche, el hombre acudió a casa de su expareja para cenar con ella y con el niño. Una vez que el menor se durmió, comenzó a tocar a la mujer sin su consentimiento. Pese a que ella le pidió que parara, él insistió en mantener relaciones sexuales. Según el tribunal, la llevó al baño, donde le ató las manos a la espalda con una brida plástica, le colocó un cinturón de albornoz al cuello y, mediante fuerza e intimidación, la obligó a arrodillarse y a realizarle sexo oral.

Acto seguido, la llevó al salón, donde la penetró analmente, a pesar de que la víctima suplicaba que se detuviera. Finalmente, la violó también vaginalmente. Durante todo el episodio, el condenado la amenazó con frases como “si no te dejas, voy a ir a la habitación y se lo voy a hacer a tu hijo”, lo que provocó un estado de bloqueo y sumisión total en la víctima, según el fallo. La mujer logró escapar mientras él se duchaba, liberándose de las bridas, y acudió con el niño a casa de una vecina para pedir ayuda. Desde allí se avisó a la Policía Nacional, que detuvo al acusado en el mismo domicilio.

La Audiencia otorgó plena credibilidad al relato de la víctima, destacando su claridad, persistencia y coherencia, así como su respaldo por informes médicos, policiales y forenses. Por el contrario, la versión del acusado -que negó las penetraciones y alegó consentimiento- fue considerada “sesgada” y “carente de verosimilitud”. Además, afirmó que la víctima actuó movida por el resentimiento derivado del proceso de divorcio, argumento que el tribunal ha descartado por falta de base.

Además de los ocho años de prisión, el TSJA ha ratificado el resto de medidas: el condenado no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con su exnovia durante nueve años, y estará sometido a libertad vigilada durante cinco años tras cumplir su condena. Asimismo, deberá indemnizarla con 10.000 euros por daños morales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a dos años de prisión a un hombre acusado de un delito de abusos sexuales cometido sobre una menor de unos 15 años de edad en un centro comercial de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la menor, que cesó en la fecha en la que ocurren los presentes hechos, si bien ella, sobre el mes de marzo del año 2022, ya había anunciado al acusado que la relación debía cesar.

No obstante, el procesado “no aceptó dicha ruptura” y desde mayo de ese año intentó retomar la misma e influir en sus decisiones y, sobre todo, “para darle pena por haber dejado la relación sentimental, le comentó a la menor en varias ocasiones que se iba a quitar la vida”.

“Presionada de esa forma, accedió a tener algún que otro contacto con él, si bien expresando su voluntad de no seguir, dado que había iniciado una nueva relación sentimental”, se precisa en la sentencia, que apunta que “de esta forma, en la tarde del 4 de julio de 2022, el procesado consiguió convencerla para tener un breve encuentro asegurándole, que tras el mismo, la dejaría en paz y aceptaría la ruptura de la relación”.

Ambos se citaron en una zona de un callejón junto a un centro comercial de la capital cordobesa. Una vez allí, entraron en los aseos reservados a personas con movilidad reducida de dicho establecimiento, donde el procesado supuestamente cometió el delito por el que ha sido condenado.

A consecuencia de los hechos descritos, tras la valoración del estado emocional de ella en informe de evaluación y diagnóstico, del día 29 de marzo de 2023, se derivó a la menor al Programa de Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual a fin de “minimizar consecuencias de lo ocurrido e intervenir en las consecuencias psicológicas de la experiencia sufrida”.

Los padres de la joven, en representación de la misma, han denunciado los hechos y reclamado lo que en derecho convenga en vía de responsabilidad civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a seis años de prisión a un varón de unos 34 años por un delito de agresión sexual sobre una menor de unos 14 años de edad, ocurrido en un municipio cordobés.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en mayo de 2018, la menor acudió a una zona de la localidad donde coincidió con el procesado y tuvo una conversación con él, tras la cual decidieron dirigirse a otro sitio donde él supuestamente cometió el delito, “a sabiendas de que la víctima era menor de 16 años”.

Al respecto, la víctima sufre sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, por lo que ha recibido terapia psicológica.

Además de la pena de prisión, el acusado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre ella durante siete años y seis meses; ocho años de libertad vigilada; once años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad, y el pago de una indemnización a la afectada en la suma de mil euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un varón de 58 años de edad de los delitos de agresión sexual, maltrato, maltrato habitual y amenazas sobre su expareja, que por su parte ha sido absuelta de un delito de maltrato del que estaba acusada supuestamente sobre él.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la procesada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantenía a la fecha de los hechos denunciados una relación sentimental con la acusada, iniciándose dicha relación sobre el 30 de diciembre de 2020 y terminando el día 4 de junio de 2021.

Mientras duró la relación, ella residía, por motivos laborales, en una vivienda de un municipio de la provincia, donde prestaba servicios como cuidadora de una persona de edad avanzada, y él residía en otra vivienda en una barriada periférica de la capital a donde se trasladaba ella los días que descansaba de sus obligaciones laborales.

“No ha resultado acreditado que la acusada le haya dado un puñetazo” al hombre o que “el acusado haya proferido las palabras y frases que constan en los escritos de acusación, ni que la haya maltratado o agredido, ni la haya obligado, con violencia y/o intimidación, a tener relaciones sexuales con él”, exponen los jueces.

Al respecto, detallan que ella “sufrió lesiones que no precisaron objetivamente para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico que tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico, sin que le hayan quedado secuelas, no habiendo resultado acreditado que dichas lesiones se las haya causado él”, a la vez que “no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación”.

Entretanto, indican que el procesado, según resulta de su hoja histórico penal unida a la causa, resultó ejecutoriamente condenado por sentencia firme, de 9 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba por un delito de amenazas, por unos hechos cometidos el día 6 de enero de 2020, imponiéndole, entre otras, la pena accesoria de prohibición de acercamiento y de comunicación a sus víctimas, la cual quedó definitivamente extinguida el día 1 de mayo de 2021.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho que no le parece “correcto” el hecho de la retirada de materiales del lugar del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), sin permiso de la autoridad judicial, por parte de personal de Adif, llevado a cabo de madrugada, cuatro días después del accidente, ocurrido el domingo 18 de enero y que supuso el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Del Río ha manifestado que la jueza tendrá que “valorar la importancia y la trascendencia” de dicha acción, a la vez que ha remarcado que “cualquier diligencia, cualquier medio de prueba que pudiera tocarse o movilizarse debe ser con conocimiento previo de la autoridad judicial, que es lo importante”.

Al respecto, ha defendido “la importancia” que tiene preservar la cadena de custodia, recordando sus declaraciones sobre ello tras el suceso, teniendo en cuenta “cuando actúan muchas fuerzas de seguridad, hay muchos intereses en juego de distintas compañías”, de ahí “la importancia de que todo se centralice y que tiene esa cadena de custodia para que no se diga que se han deteriorado o que los informes periciales que se pueden hacer pueden estar contaminados”, ha expuesto.

De este modo, ha remarcado “la importancia de centralizar en la Policía Judicial y en control directo y permanente con la autoridad judicial, precisamente porque hay muchas administraciones y entidades que están un poco en conexión con el accidente, desde el Ministerio de Transportes, desde Adif, desde las propias empresas de transportes, Renfe e Iryo”.

“Había muchísimos profesionales allí”, en la zona del siniestro, ha rememorado el presidente del TSJA, para resaltar “la importancia de tener todo muy bien controlado desde el primer momento”.

La jueza de refuerzo para una causa “muy compleja”

Por otra parte, Del Río ha valorado la incorporación de la jueza de refuerzo este jueves a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, todo ello tras “un proceso de selección abierto para la carrera judicial”, al tiempo que ha indicado que “es una persona que llevaba ya seis o siete años trabajando en ese partido judicial y que estuvo también con conocimiento presencial el mismo día del accidente, porque precisamente le había insistido en la importancia de que estuviera allí toda la mañana”.

En este caso, ha explicado que “la titular va a ser quien lleve todo el peso de la investigación, pero siempre una persona es necesaria en ayuda y también para el juzgado, que es complicado y necesita un complemento de otra persona en estos momentos”.

Asimismo, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha manifestado que esta causa va a ser “muy compleja”, partiendo de “nada más que la dificultad que tiene ahora mismo al principio de ver todas las personas, todos los posibles lesionados, todos los intereses en juego que pueda haber, toda la documentación, que es enorme, y va a haber periciales de distintas partes”.

En cualquier caso, le gustaría que “en la medida de lo posible no se cumpliera ese pronóstico de que la justicia se eterniza un poco en la investigación de los casos”, de forma que confía en que “en tiempos razonables podamos reconducirlo, que las víctimas puedan empezar a recibir indemnizaciones y los lesionados lo mismo”, a la vez que “se dilucide las posibles responsabilidades, si las hay, sean de un carácter o de otro”.

Denuncias y cajas negras

En cuanto a las denuncias, con 34 presentadas por los familiares hasta la semana pasada, ha comentado que “la jueza dice que hay un goteo permanente de personas o de partes médicos que se van recibiendo”, por lo que “se hace un esfuerzo de individualización”, aunque “informáticamente no está el juzgado preparado para esto”, que también es un tema que tiene que “hablar con la Administración, por el peso de toda la cuestión, por las piezas separadas que hay que hacer, al tener que abrir procedimientos independientes”.

Por tanto, ha aseverado que “hay una serie de intendencias alrededor del tema” que le preocupan, si bien ha valorado que “lo están ordenando todo”, y cree que “se van a dedicar ya en exclusiva a todo ese tema, a clarificarlo, ver qué acusaciones se personan, se pueden personar, si es admisible o no, si hay que imponer fianza --las particulares, las populares-- y el ofrecimiento de acciones, porque todavía no están cerradas las posibles personas afectadas o familiares, porque hay un goteo diario y permanente”.

Respecto a la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados, Del Río ha indicado que “en esta semana o la que viene” se va a señalar día para la apertura, que “se va a hacer al final en la propia sede judicial” en Montoro, “porque no hay ningún problema”, ha declarado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de un agricultor cordobés, anulando una sanción de 6.251 euros impuesta por la Inspección de Trabajo. El tribunal ha revocado así la decisión previa del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que inicialmente había validado la multa al considerar que el contrato de una peón agrícola era una simulación para obtener prestaciones de la Seguridad Social.

Los hechos se remontan a la campaña de la aceituna 2017-2018, cuando el agricultor contrató a una mujer como peón agrícola a tiempo completo, trabajando 13 días porque la mujer se dio de baja para una operación programada de retirada de una malla vaginal. Tras solicitar el pago directo de la prestación, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción muy grave, acusando al empresario de “simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones”.

La Inspección basó su multa en varios indicios: el empresario no mencionó a la trabajadora durante una visita de inspección, los días de trabajo declarados no siempre coincidían con las entregas de aceituna en la almazara, y se dudaba de que la mujer pudiera realizar esfuerzos físicos debido a su dolencia.

No obstante, el TSJA ha echado por tierra estos argumentos, rechazando las “interpretaciones jurídicas” que hizo el inspector según la sanción que él mismo impuso. En primer lugar, el tribunal ha considerado razonable que el agricultor no mencionara a la empleada si en ese momento ella ya estaba de baja, entendiendo que la pregunta se refería a quién estaba físicamente allí. En segundo lugar, la sentencia aclara que en las explotaciones pequeñas es habitual no llevar el fruto a pesar todos los días, sino cuando se acumula una cantidad suficiente.

En último lugar, aunque la mujer tenía molestias, el tribunal ha subrayado que no padecía una “patología invalidante” que le impidiera trabajar hasta el día de la cirugía. Además, ha recalcado que ella desconocía la fecha exacta de su operación hasta 48 horas antes del ingreso.

Además, el TSJA ha tenido en cuenta que la trabajadora ya había prestado servicios para el mismo agricultor en sucesivas campañas desde el año 2012.

Con esta resolución, el TSJA no solo anula la multa económica, sino que también deja sin efecto la obligación del agricultor de devolver solidariamente las prestaciones que la mujer percibió durante su baja. Contra esta sentencia todavía cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Justicia ha anulado la condena de 1.500 euros a una empresa que incluyó a un empleado en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento por escrito, pese a que ello supuso ir contra los protocolos internos de la entidad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia de un juzgado de Córdoba al tener en cuenta que, a pesar de este incumplimiento que llevó a cabo la mercantil, la participación activa del trabajador en el chat valida su consentimiento aunque no firmara nada.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, en noviembre de 2022, el demandante fue contratado como teleoperador y dado de baja poco después por no superar el periodo de prueba. Tras su salida, el ex empleado publicó en un estado de WhatsApp que ya trabajaba en otra empresa, a lo que una antigua compañera respondió de forma privada: “A ver lo que te dura”.

A raíz de este episodio, el ya exempleado demandó a la empresa y al administrador del grupo (un compañero de trabajo) alegando una vulneración de sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen. El Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba le dio la razón parcialmente en primera instancia, imponiendo una indemnización de 1.500 euros porque la inclusión en el grupo no se había formalizado de forma escrita y expresa.

Sin embargo, el TSJA ha anulado esta condena tras analizar el comportamiento del empleado. Según los hechos probados, el trabajador no solo no se opuso a su inclusión en el grupo Teleoperadores Córdoba, sino que “participó activamente en él”: se presentó ante sus compañeros facilitando su número y llegó a solicitar que se enviaran los horarios de la semana por esa vía.

Estos actos, a juicio del tribunal, suponen una “aceptación tácita” y que el demandante “acotó su espacio de intimidad” al permitir voluntariamente que el resto de integrantes conocieran su número y perfil, por lo que no puede alegar después una intromisión ilegítima.

El fallo también descarta que se haya dañado el honor del trabajador por el comentario de su excompañera. La Justicia razona que el mensaje “A ver lo que te dura” se envió en un entorno estrictamente privado y no afectó a la reputación o consideración que terceros pudieran tener del actor. Respecto al derecho a la propia imagen, el tribunal señala que en ningún momento se difundieron o reprodujeron fotografías o rasgos físicos del demandante sin su permiso.

Finalmente, el TSJA aclara que ni la Ley de Protección de Datos ni la doctrina constitucional exigen que el consentimiento para este tipo de grupos en redes sociales deba ser necesariamente por escrito, siendo suficiente con que sea “inequívoco”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un año y tres meses de prisión a un varón por un delito de abuso sexual, otro de resistencia a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, cometido el primero sobre la hija menor de su pareja, de unos 13 años, y los otros sobre guardias civiles en el cuartel de una localidad cordobesa tras ser detenido.

No obstante, la única salvedad es la sustitución de una pena de tres meses de cárcel que se le impuso por el delito de resistencia por seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, un total de 1.080 euros, según se recoge en la resolución del Alto Tribunal andaluz, que ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por el acusado en el citado sentido. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la relación, desde su inicio a finales del año 2020, y, al menos, durante todo el año 2021, era “bastante compleja, ya que la joven no aceptaba de buen grado la nueva relación de su madre ni la convivencia con él, estimando que la actitud hacia ella de éste era demasiado cariñosa para intentar ganársela, insistiendo en solicitudes para que lo abrazara y con acercamientos que a la joven no le gustaban, llegando, incluso, a darle dinero, en diversas ocasiones con intención de que la relación mejorara”.

“Estas situaciones se prolongaron en el tiempo a pesar de que la joven manifestó a su madre que no le gustaban y que no quería recibir dinero de él”, se añade. Sin embargo, “el acusado, a pesar de ser consciente de la problemática existente, siguió manteniendo la misma actitud”.

En este contexto, el día 8 de noviembre de 2021, la menor volvió del colegio y se metió en su dormitorio, sin que en casa hubiera más personas porque su madre estaba trabajando. Pasados unos minutos el procesado accedió a la habitación en que se encontraba la menor comenzando a hablar con la joven, “intentando, como en otras ocasiones, ganarse su confianza, acercándose a ella e intentando contacto con la misma que ella le negaba hasta que, en un momento indeterminado, se acercó a la misma metiéndole la mano por debajo de la sudadera y de la camiseta térmica que vestía llegando hasta los senos de la niña, que tocó, depositando un billete de 50 euros, en la parte interior del sujetador”, según se relata.

Al respecto, se apunta que “inmediatamente, tras realizar el referido tocamiento y dejar el dinero, el acusado se separó de la menor ante su reacción de oposición por lo ocurrido”. En ese momento, él le dijo que “le devolviera el dinero o le diera un abrazo, y, como la joven, por los nervios, no encontraba el billete, le dio un abrazo y se marchó a casa de su amiga, a quien contó los hechos, como también los narró, de forma casi inmediata, a su madre que interpuso la correspondiente denuncia”.

La denuncia referida determinó la detención del acusado en la mañana del siguiente día 9 de noviembre, siendo conducido el varón a dependencias del puesto de la Guardia Civil, donde “comenzó a dar golpes, patadas y puñetazos en la puerta de la celda, llegando a causarse lesiones en las manos”.

Ante ello los agentes de la Benemérita, “de servicio y debidamente uniformados, dieron aviso a un equipo médico que se desplazó hasta las dependencias policiales y atendió al detenido que presentaba heridas en las manos, verborrea, nerviosismo y agitación”. “Al marcharse los sanitarios se le indicó que debía de ingresar de nuevo en la celda a lo que él se opuso de forma violenta, forcejeando y lanzando golpes a los agentes que intentaban reducirlo, que fueron hasta cinco, debiendo emplearse a fondo los mismos para lograr que cesara en su actitud, lo que al fin consiguieron”, según se indica en la sentencia.

En este caso, un agente resultó levemente lesionado, “precisando sólo una asistencia médica para su curación, a los tres días de perjuicio personal básico, no constando que haya renunciado a la indemnización correspondiente”; mientras que otro agente también resultó lesionado con contusión y erosión en región temporal izquierda, eritema en cara lateral izquierda de cuello y erosión en mano izquierda, “requiriendo para su curación de la primera asistencia médica y sanando con tres días de perjuicio personal básico y sin secuelas”.

Además de las penas de cárcel y multa ya citadas, el procesado ha sido condenado a multa de 480 euros, orden de alejamiento de la víctima por tiempo de cuatro años y que indemnice a la menor en la cantidad de 600 euros y al agente de la Guardia Civil afectado en 90 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba en relación al asesinato de un hombre en el bar La Fuente, en el barrio de El Santuario, en agosto de 2023.

El fallo, facilitado a este periódico, ratifica la eximente completa de trastorno mental para el acusado, a quien se le impone una medida de seguridad de 12 años de internamiento en un centro psiquiátrico para tratamiento médico-psiquiátrico, y también exime al propietario del bar de resarcir economicamente a la familia de la víctima, al entender que el presunto homicida no trabajaba en el negocio.

Los hechos probados se remontan a la noche del 15 de agosto de 2023, en un establecimiento situado en la Plaza Escultor García Rueda. El acusado, que conocía a la víctima por ser cliente y haber trabajado ocasionalmente en el local, se dirigió a un salón cerrado al público, tomó un cuchillo de cocina de 16 centímetros y, sin mediar palabra, asestó al hombre 21 puñaladas en zonas vitales como el tórax, el cuello y la cara. La víctima falleció a la mañana siguiente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba a causa de un shock hemorrágico.

La sentencia confirma que, en el momento del ataque, el agresor padecía un trastorno mental grave caracterizado por un delirio de persecución, cuadro que se vio agravado por el consumo de sustancias tóxicas y el abandono de su medicación. Estas circunstancias provocaron una anulación total de su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y actuar conforme a ese conocimiento.

Uno de los puntos clave del recurso de apelación, interpuesto por la acusación particular, era la pretensión de declarar al dueño del bar como responsable civil subsidiario. La familia de la víctima solicitaba que tanto el propietario como su aseguradora hicieran frente a las indemnizaciones —fijadas en 25.000 euros para cada uno de los cinco hermanos del fallecido—, alegando que el agresor actuaba como empleado en el momento del crimen.

Sin embargo, el TSJA ha desestimado este argumento al considerar que no existía una relación laboral ni funcional ese día. El tribunal aclara que, aunque el dueño le pidió a Eloy que “echara un ojo” al bar mientras él sacaba la basura, este acto constituyó un “mero favor por persona conocida” y no un desempeño de funciones laborales. La sentencia subraya que el acusado se encontraba en el local en calidad de cliente y que el ataque no tuvo relación alguna con los servicios propios del establecimiento.

Con esta resolución, el alto tribunal ratifica que la responsabilidad civil recae exclusivamente sobre el autor de los hechos, quien ya propuso durante el juicio la dación en pago de un inmueble de su propiedad para satisfacer estas cuantías.

La acusación particular puede ahora recurrir al Tribunal Supremo, si así lo estima.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de manera casi íntegra la condena impuesta al hombre que intentó asesinar a su expareja cuando se encontraba embarazada de siete meses, en un violento ataque ocurrido en Córdoba. La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa y ha ratificado la sentencia dictada previamente por la Audiencia Provincial de Córdoba, que impone al acusado un total de 18 años de prisión.

La resolución, fechada el 17 de diciembre de 2025, considera plenamente acreditados los hechos y rechaza uno a uno los argumentos con los que la defensa pretendía rebajar la gravedad de la condena. El fallo avala el relato de la sentencia de instancia, que describe una agresión extrema enmarcada en un contexto previo de violencia habitual, control y dominación sobre la víctima.

Según los hechos probados, el acusado agredió a su entonces pareja sentimental cuando esta se encontraba en la semana 24 de gestación, utilizando un cuchillo de cocina con una hoja de 11 centímetros. El tribunal da por probado que el ataque no fue fortuito ni limitado a causar lesiones, sino que se produjo con ánimo claro de acabar con la vida tanto de la mujer como del feto.

La sentencia subraya que el agresor dirigió las cuchilladas a zonas vitales como el cuello y el tórax, mientras profería amenazas explícitas como “te voy a matar” o “te voy a sacar al niño de la barriga”, expresiones que para los magistrados refuerzan de forma inequívoca la existencia de dolo homicida.

La alevosía y el contexto de violencia, claves del fallo

El TSJA también confirma la apreciación de alevosía, en su modalidad sorpresiva. El ataque fue, según la Sala, inopinado y repentino, lo que anuló por completo la capacidad de defensa de la víctima. Este elemento resulta determinante para mantener la calificación jurídica de asesinato en grado de tentativa, con las agravantes de parentesco y género.

Además, el tribunal da plena validez a la existencia de un clima previo de maltrato habitual, que se prolongaba antes de la agresión final y que quedó acreditado durante el juicio a través de pruebas testificales y periciales.

Rechazo total a los argumentos de la defensa

El recurso de apelación presentado por la defensa se sustentaba en tres ejes principales, todos ellos descartados por el TSJA. La defensa sostuvo que la intención era únicamente lesionar. La Sala lo rechaza de forma tajante, señalando la peligrosidad del arma utilizada y las zonas del cuerpo atacadas como indicios concluyentes de intención de matar (animus necandi).

También se cuestionó que el ataque fuera a traición. El tribunal confirma que la agresión fue sorpresiva y dejó a la víctima sin posibilidad real de defensa. Por último, la defensa solicitó que se apreciara una eximente o atenuante por embriaguez o alteración psíquica. El TSJA concluye que no existe prueba alguna de que las facultades mentales del acusado estuvieran anuladas o gravemente mermadas en el momento de los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un varón a tres años de cárcel y multa de 2.400 euros por un delito de administración desleal sobre una comunidad de propietarios de un edificio de la capital cordobesa, tras incorporar a su patrimonio más de 69.000 euros de la misma, cantidad que tendrá que indemnizar.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, a la vez que ha estimado parcialmente el recurso de la entidad mercantil declarada responsable civil directa, revocando la sentencia en el exclusivo sentido de fijar como dies a quo para el cálculo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato del Seguro a cuyo incremento fue condenada la entidad el día 9 de mayo de 2022, manteniendo el resto en su integridad. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En concreto, se da por probado que el varón, actuando como administrador único de una entidad dedicada a la administración de fincas, ha prestado sus servicios como tal a una comunidad de propietarios de la capital desde el año 2000 hasta el año 2019, 'teniendo libre disposición sobre la cuenta bancaria que dicha comunidad tenía abierta en una entidad“, de modo que ”podía realizar por tanto transferencias y reintegros“.

Al respecto, se ha expuesto que la comunidad tuvo conocimiento por los requerimientos de pago efectuados a esta por parte del Ayuntamiento de Córdoba de que “el acusado no había abonado impuestos, tasas, vado de cochera, agua y basura desde al menos los ejercicios 2006 a 2019, distrayendo de la cuenta las cantidades correspondientes a las mismas”.

De este modo, se señala que “se ha apoderado en beneficio propio además de dinero de la mencionada cuenta mediante reintegros, disposiciones y transferencias no justificadas a la de su despacho profesional y a la de la entidad de administración”.

A pesar de que con fecha 21 de octubre de 2019 el acusado remitió una comunicación a la comunidad en la que manifestaba su intención de regularizar en breve la deuda con el Ayuntamiento sin coste para la misma, no hay constancia que lo haya hecho a día de la fecha, siendo el importe total acreditado de las cantidades distraídas, según informe pericial, de 69.014,27 euros, se precisa en la sentencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un sargento de la Guardia Civil que fue condenado a seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público debido a que entorpeció una investigación que afectaba a sus compañeros del puesto de Peñarroya-Pueblonuevo.

El alto tribunal ha confirmado de esta manera la sentencia condenatoria dictada previamente por la Audiencia Provincial de Córdoba el 11 de junio de 2024, que estipuló que este sargento era autor responsable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, tipificado en el artículo 408 del Código Penal.

Los hechos probados, y ratificados por el TSJA, ocurrieron en la primavera de 2016, cuando este sargento estaba destinado en el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo. La base del delito fue su conducta tras recibir una declaración el 13 de mayo de 2016 de un comerciante de ganado, quien había sido contactado previamente por el sargento bajo la excusa de que este se hacía pasar por ganadero. La declaración de este ciudadano apuntaba a múltiples robos de ganado que se estaban produciendo en la comarca, y su denuncia no solo implicaba a personas concretas del negocio ganadero, sino también a varios guardias civiles, de quienes el denunciante aportó datos concretos, como parte de una supuesta red de robo de ganado.

Así, según la sentencia, a pesar de tener noticia de estos hechos y de su obligación como guardia civil de perseguir delitos, el sargento guardó la denuncia, primero en su despacho y después en su casa, y no le dio trámite para que se investigara.

Asimismo, tampoco dio cuenta de la denuncia a la autoridad judicial o a sus superiores jerárquicos, absteniéndose de instruir el atestado correspondiente o de remitir la noticia criminis a la autoridad judicial.

Esta omisión ha sido considerada “incomprensible e inaceptable”, ya que el sargento tenía la obligación ineludible de poner los hechos denunciados en conocimiento de la autoridad judicial, con absoluta independencia de que hubiera o no implicados agentes de la Guardia Civil.

Por todo ello, el TSJA ha ratificado que el sargento actuó “con la conciencia y voluntad” de incumplir su deber de perseguir los delitos de los que tenía conocimiento, especialmente ante la eventual implicación de miembros de la Guardia Civil en las actuaciones. Así, se mantiene la condena a seis meses de inhabilitación, aunque contra esta resolución cabe interponer recurso de casación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un varón que estaba condenado por una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a un año y seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 33.000 euros a una mujer por un delito de estafa en el alquiler con opción a compra de una casa.

Los hechos probados se centran en la venta de parcelas rústicas en Córdoba sobre las que A.M.T., hijo de los propietarios, había construido una vivienda. Los progenitores del acusado habían firmado inicialmente, el 27 de diciembre de 2017, un contrato privado de compraventa con una mujer. Posteriormente, a principios de 2018, el hijo contando con un amplio poder notarial de sus padres, contactó con una inmobiliaria. El 7 de febrero de 2018, el acusado firmó con la denunciante un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre la vivienda.

Para el ejercicio de la opción de compra, la arrendataria entregó 30.000 euros como prima, además de 3.000 euros en concepto de honorarios a la inmobiliaria. Sin embargo, durante el plazo concedido para el arrendamiento, el acusado, actuando como apoderado de sus padres, intervino en la negociación que culminó con la otorgación de la escritura pública de compraventa de la propiedad, el 17 de mayo de 2018, a favor de un tercero. Esta acción, realizada de forma deliberada y consciente, anuló la posibilidad legal de que la denunciante ejerciera su derecho a consolidar la adquisición del inmueble.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre por un delito de estafa impropia a un año y seis meses de prisión y a indemnizar a la perjudicada. Sin embargo, el TSJA ha revocado la sentencia. La clave de la decisión del Alto Tribunal andaluz radica en la interpretación de las cláusulas del contrato de arrendamiento con opción de compra. En ese sentido, el tribunal ha reconocido que la denunciante no llegó a abonar la renta mensual pactada.

Según la cláusula quinta de dicho contrato, el impago de la mensualidad (fijada en 500 euros, a abonar en los primeros cinco días de cada mes) rescindiría automáticamente el contrato, permitiendo al arrendador tomar posesión de la vivienda sin necesidad de requerimiento judicial.

El tribunal concluye que, puesto que el impago de las rentas se produjo, la obligación de pago no llegó a comenzar y el contrato se extinguió. La Sala considera que, aunque la literalidad del contrato permitiría una interpretación alternativa, la falta de abono de las rentas no fue obstáculo para que el contrato continuase vigente. Al quedar extinguido el arrendamiento con opción de compra debido al incumplimiento de pago de la arrendataria, el posterior otorgamiento de la escritura pública de compraventa a favor de un tercero no consumó el delito de estafa impropia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un varón que estaba condenado por una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a cinco años de cárcel, orden de alejamiento de diez años, libertad vigilada de ocho años, inhabilitación de la patria potestad por seis años y el pago de indemnización de 10.000 euros a su mujer por supuesto abuso sexual a la hija común, con unos seis años.

No obstante, el TSJA considera que “los hechos, tal y como los relató la supuestamente víctima, no son susceptibles de integrar el delito objeto de acusación, y además no resultaron acreditados, no habiendo quedado resultado enervado el derecho a la presunción de inocencia”, por lo que, tras estimar el recurso planteado por el acusado, acuerda su libre absolución, según recoge la resolución del Alto Tribunal andaluz, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón y la mujer tuvieron una crisis de pareja que motivó que ella se trasladase a vivir con la hija en donde hasta entonces residía la familia, a una localidad de la provincia de Murcia, y en el verano del año 2018 ella decidió retomar la relación con el acusado, regresando con la niña a una localidad cordobesa, instalándose en el domicilio del mismo.

La mujer volvió a marcharse de dicha vivienda el día 21 de octubre de dicho año, trasladándose a vivir con su hija a la región de Murcia, y el día 16 de noviembre siguiente denunció en el cuartel de la Guardia Civil que la menor le había contado que ella y el padre supuestamente se hacían tocamientos, “siendo ésta la razón --según dijo-- por la que decidió marcharse”, mientras que el acusado niega haber llevado a cabo tales hechos.

Según exponen los magistrados del TSJA, “la declaración de la menor carece de corroboración periférica alguna, más allá de la revelación que según su madre le hizo, y que por cierto no coincide con lo que la niña manifestó en el curso de su exploración”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a 15 años y nueve meses de cárcel a un hombre acusado de tres delitos de robo con intimidación en las personas, un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones, con la agravante de reincidencia en los primeros y la atenuante de drogadicción en todos ellos, tras supuestamente robar dinero con navaja y amenazas a repartidores de comida rápida y lesionar a dos guardias civiles, en un municipio cordobés, todo ello tras haber salido de prisión días antes de los hechos.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en torno a las 22:05 del día 18 de septiembre de 2020 el acusado se aproximó al repartidor de la pizzería cuando salía de entregar un pedido en una casa y al tiempo que esgrimía una navaja, “la cual situó cerca de su pecho”, le dijo que le diera todo lo que tuviera y si no, le pinchaba, de modo que le entregó 36 euros que llevaba de la recaudación de su trabajo como repartidor y su telefóno móvil. El perjudicado ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle.

Ese mismo día, en torno a las 23:50, el procesado se aproximó a otro repartidor de la pizzeria cuando salía de entregar un pedido y al tiempo que esgrimía una navaja, “la cual situó cerca de su estomágo”, le dijo que le diera todo lo que tuviera o lo mataba, a lo que él le entregó 45 euros que llevaba de la recaudación de su trabajo como repartidor. El propietario del establecimiento reclama el importe del efectivo sustraído.

Siendo las 23:20 del día siguiente, un individuo se aproximó a otro repartidor de un establecimiento de hamburguesas cuando salía de entregar un pedido y al tiempo que esgrimía una navaja le dijo que le diera el bolso o lo mataba, a lo que el repartidor salió huyendo del lugar, sin que el varón llegara a lograr su propósito. No consta que el autor de éste hecho fuera el acusado, al no ser reconocido por el asaltado en ningún momento.

Mientras, sobre las 22:30 del día 20 de septiembre de 2020 el procesado se aproximó a un repartidor de un asador cuando salía de entregar un pedido y al tiempo que esgrimía una navaja le dijo que le diera todo lo que tuviera, si no, lo pinchaba, a lo que él, tras un breve forcejeo, le entregó parte de la recaudación que ascendía a 250 euros. La propietaria del asador reclama dicho importe.

Además, un vecino del municipio denunció que el día 22 de septiembre de 2020, en torno a las 8:30, dos individuos cuya identidad no ha podido ser determinada se le aproximaron cuando se encontraba paseando por una avenida y mientras uno lo inmovilizaba, cogiéndole de las manos por la espalda, el otro le propinó dos bofetadas y le sustrajo diez euro del bolsillo del pantalón. No consta la intervención en éstos hechos del acusado. El afectado no reclama indemnización alguna por estos hechos.

Actuación con la Guardia Civil

Y sobre las 11:00 del 22 de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que el acusado se encontraba escondido en un domicilio del municipio, por lo que acudieron al lugar. Una vez allí, franquearon la puerta y tras penetrar en el inmueble, encontraron al acusado parapetado en una de las habitaciones, portando en sus manos un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y unas tijeras, al tiempo que gritaba que no iba a salir e insultaba.

Ante ello, los agentes, haciendo uso de un ariete, abrieron varios agujeros en la puerta de la habitación, a través de los que el acusado lanzaba cuchilladas, al tiempo que les decía que entraran a por él “uno a uno, que tengo para todos, os voy a matar”. Una vez los agentes consiguieron derribar la puerta y penetraron en el interior de la habitación, el acusado continuó lanzando cuchilladas contra los agentes, los cuales se protegían con sus escudos, hasta que finalmente consiguieron desarmarlo, momento en el que se inició un forcejeo en el que el acusado lanzó puñetazos y patadas contra los agentes, que finalmente lo detuvieron haciendo uso de la fuerza mínima imprescindible.

Como consecuencia de estos hechos, un agente sufrió excoriaciones superficiales en el antebrazo, sin secuelas; mientras que otro agente sufrió excoriaciones superficiales en parte posterior del brazo derecho y contusión osteomuscular en articulación del codo izquierdo, sin secuelas.

El acusado ha sido ejecutoriamente condenado en siete sentencias por una decena de delitos de robo con violencia y con fuerza en las cosas, cuyas penas dejó extinguidas en enero de 2019, si bien tras ello ha vuelto a ser condenado en otras dos sentencias por delitos de robo con fuerza en las cosas y por un delito de atentado.

En el momento de los hechos, el procesado había salido días antes de prisión, se hallaba bajo los efectos de su adicción al consumo de sustancias estupefacientes que le mermó sus facultades intelectivas y volitivas sin llegar a anularlas por completo. El acusado ha estado en prisión provisional por esta causa desde el 24 de septiembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021.

Además de las penas de prisión, el hombre ha sido condenado al pago de una multa de 300 euros por los delitos leves de lesiones e indemnizaciones para los propietarios de parte de los establecimientos, así como a los dos agentes de la Guardia Civil por las lesiones ocasionadas. El procesado ha sido absuelto de dos delitos de robo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha ratificado la condena de 23 años de prisión impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a D. A. R. M. como autor de un delito de agresión sexual a una menor. La sentencia considera como hechos probados que el acusado agredió sexualmente a una niña que tenía solo 12 años en el momento del suceso.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2019, cuando el condenado invitó a su domicilio a la víctima, junto a otros dos menores de edad. Según el relato judicial, mientras estaban jugando, el acusado, “movido por el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos”, le quitó el sujetador a la niña. Poco después, cuando los otros dos menores subieron a otra habitación, el procesado se quedó a solas con la víctima y culminó la agresión: le tocó sus partes íntimas por debajo de la ropa, le quitó el pantalón y la penetró vaginalmente.

La sentencia original, dictada el 16 de enero de 2024, impuso al procesado una pena de 23 años de prisión por un delito de agresión sexual con la agravante de la edad de la víctima. Además de la pena de cárcel, se le impusieron dos años y seis meses de libertad vigilada, dos años de inhabilitación especial para cualquier profesión que implique contacto con menores, la privación de la patria potestad durante dos años, una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cuatro años. Asimismo, se le condenó a indemnizar a la menor con 4.000 euros por los daños morales sufridos.

La defensa del condenado interpuso un recurso de apelación ante el TSJA alegando una valoración defectuosa de la prueba y la falta de credibilidad del testimonio de la víctima. Sostenía que no existían pruebas directas que demostraran el contacto íntimo y que el testimonio de la menor era la única prueba de cargo. Además, argumentó que creía que la joven era “bastante mayor de los 12 años” debido a su apariencia física, lo que, según él, debía llevar a su absolución.

Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha desmontado todos los argumentos de la defensa. La Sala considera que el testimonio de la víctima ha sido “coherente y estable” desde su declaración inicial hasta el juicio oral, sin que se aprecien “contradicciones o incongruencias”. El TSJA subraya que la declaración de la menor no es una prueba única, sino que está “complementada y reforzada por otras pruebas que la corroboran”, como los testimonios de los otros menores presentes y del padre de la víctima, quienes confirmaron lo que les relató la niña poco después del suceso.

En cuanto al supuesto error sobre la edad de la menor, el tribunal es tajante al desestimarlo. La sentencia recoge que el acusado conocía a la víctima, ya que era amiga de un hermano suyo, había visitado su casa en otras ocasiones y sabía que estaba en edad escolar. Por tanto, los magistrados concluyen que el acusado “tuvo que ser consciente de que estaba ante una menor de 16 años” y que, aunque hubiera dudas, debió actuar con cautela, lo que no hizo.

La acusación particular, ejercida por los padres de la menor, también impugnó la sentencia inicial solicitando un aumento de la indemnización por daños morales de 4.000 a 20.000 euros. No obstante, el TSJA ha decidido mantener la cuantía original al considerar que, si bien el daño moral es innegable y ha causado un “perjuicio evidente en el desarrollo de su personalidad”, no existen motivos para incrementar la cantidad fijada por la Audiencia Provincial.