El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años de cárcel a un varón de unos 36 años como autor de un delito continuado de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, supuestamente cometido sobre una menor de edad, con unos 13 años.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en torno al mes de junio de 2018, la menor estableció comunicación a través de una red social con el procesado y, tras mantener con él contactos en dicha red, él supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales.

Con tal fin, el 17 de junio de 2018, el acusado recogió a la menor en una zona de una localidad cordobesa y “con ánimo de satisfacer su deseo sexual, a sabiendas de que la víctima tenía 13 años”, la llevó a otro lugar donde ocurrieron los hechos, que presuntamente se repitieron en dos ocasiones en días sucesivos, antes del 20 de julio de 2018, todo “con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años”.

Como consecuencia de los hechos, “la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica”, según se indica en la sentencia.

Además de la pena de cárcel, le han impuesto la prohibición de comunicarse o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a menos de 150 metros durante seis años y seis meses. También, le han condenado a seis años de libertad vigilada y a diez años y un día de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad. Y deberá indemnizar a la joven en la suma de 6.000 euros.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho que no le parece “correcto” el hecho de la retirada de materiales del lugar del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), sin permiso de la autoridad judicial, por parte de personal de Adif, llevado a cabo de madrugada, cuatro días después del accidente, ocurrido el domingo 18 de enero y que supuso el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Del Río ha manifestado que la jueza tendrá que “valorar la importancia y la trascendencia” de dicha acción, a la vez que ha remarcado que “cualquier diligencia, cualquier medio de prueba que pudiera tocarse o movilizarse debe ser con conocimiento previo de la autoridad judicial, que es lo importante”.

Al respecto, ha defendido “la importancia” que tiene preservar la cadena de custodia, recordando sus declaraciones sobre ello tras el suceso, teniendo en cuenta “cuando actúan muchas fuerzas de seguridad, hay muchos intereses en juego de distintas compañías”, de ahí “la importancia de que todo se centralice y que tiene esa cadena de custodia para que no se diga que se han deteriorado o que los informes periciales que se pueden hacer pueden estar contaminados”, ha expuesto.

De este modo, ha remarcado “la importancia de centralizar en la Policía Judicial y en control directo y permanente con la autoridad judicial, precisamente porque hay muchas administraciones y entidades que están un poco en conexión con el accidente, desde el Ministerio de Transportes, desde Adif, desde las propias empresas de transportes, Renfe e Iryo”.

“Había muchísimos profesionales allí”, en la zona del siniestro, ha rememorado el presidente del TSJA, para resaltar “la importancia de tener todo muy bien controlado desde el primer momento”.

La jueza de refuerzo para una causa “muy compleja”

Por otra parte, Del Río ha valorado la incorporación de la jueza de refuerzo este jueves a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, todo ello tras “un proceso de selección abierto para la carrera judicial”, al tiempo que ha indicado que “es una persona que llevaba ya seis o siete años trabajando en ese partido judicial y que estuvo también con conocimiento presencial el mismo día del accidente, porque precisamente le había insistido en la importancia de que estuviera allí toda la mañana”.

En este caso, ha explicado que “la titular va a ser quien lleve todo el peso de la investigación, pero siempre una persona es necesaria en ayuda y también para el juzgado, que es complicado y necesita un complemento de otra persona en estos momentos”.

Asimismo, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha manifestado que esta causa va a ser “muy compleja”, partiendo de “nada más que la dificultad que tiene ahora mismo al principio de ver todas las personas, todos los posibles lesionados, todos los intereses en juego que pueda haber, toda la documentación, que es enorme, y va a haber periciales de distintas partes”.

En cualquier caso, le gustaría que “en la medida de lo posible no se cumpliera ese pronóstico de que la justicia se eterniza un poco en la investigación de los casos”, de forma que confía en que “en tiempos razonables podamos reconducirlo, que las víctimas puedan empezar a recibir indemnizaciones y los lesionados lo mismo”, a la vez que “se dilucide las posibles responsabilidades, si las hay, sean de un carácter o de otro”.

Denuncias y cajas negras

En cuanto a las denuncias, con 34 presentadas por los familiares hasta la semana pasada, ha comentado que “la jueza dice que hay un goteo permanente de personas o de partes médicos que se van recibiendo”, por lo que “se hace un esfuerzo de individualización”, aunque “informáticamente no está el juzgado preparado para esto”, que también es un tema que tiene que “hablar con la Administración, por el peso de toda la cuestión, por las piezas separadas que hay que hacer, al tener que abrir procedimientos independientes”.

Por tanto, ha aseverado que “hay una serie de intendencias alrededor del tema” que le preocupan, si bien ha valorado que “lo están ordenando todo”, y cree que “se van a dedicar ya en exclusiva a todo ese tema, a clarificarlo, ver qué acusaciones se personan, se pueden personar, si es admisible o no, si hay que imponer fianza --las particulares, las populares-- y el ofrecimiento de acciones, porque todavía no están cerradas las posibles personas afectadas o familiares, porque hay un goteo diario y permanente”.

Respecto a la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados, Del Río ha indicado que “en esta semana o la que viene” se va a señalar día para la apertura, que “se va a hacer al final en la propia sede judicial” en Montoro, “porque no hay ningún problema”, ha declarado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de un agricultor cordobés, anulando una sanción de 6.251 euros impuesta por la Inspección de Trabajo. El tribunal ha revocado así la decisión previa del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que inicialmente había validado la multa al considerar que el contrato de una peón agrícola era una simulación para obtener prestaciones de la Seguridad Social.

Los hechos se remontan a la campaña de la aceituna 2017-2018, cuando el agricultor contrató a una mujer como peón agrícola a tiempo completo, trabajando 13 días porque la mujer se dio de baja para una operación programada de retirada de una malla vaginal. Tras solicitar el pago directo de la prestación, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción muy grave, acusando al empresario de “simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones”.

La Inspección basó su multa en varios indicios: el empresario no mencionó a la trabajadora durante una visita de inspección, los días de trabajo declarados no siempre coincidían con las entregas de aceituna en la almazara, y se dudaba de que la mujer pudiera realizar esfuerzos físicos debido a su dolencia.

No obstante, el TSJA ha echado por tierra estos argumentos, rechazando las “interpretaciones jurídicas” que hizo el inspector según la sanción que él mismo impuso. En primer lugar, el tribunal ha considerado razonable que el agricultor no mencionara a la empleada si en ese momento ella ya estaba de baja, entendiendo que la pregunta se refería a quién estaba físicamente allí. En segundo lugar, la sentencia aclara que en las explotaciones pequeñas es habitual no llevar el fruto a pesar todos los días, sino cuando se acumula una cantidad suficiente.

En último lugar, aunque la mujer tenía molestias, el tribunal ha subrayado que no padecía una “patología invalidante” que le impidiera trabajar hasta el día de la cirugía. Además, ha recalcado que ella desconocía la fecha exacta de su operación hasta 48 horas antes del ingreso.

Además, el TSJA ha tenido en cuenta que la trabajadora ya había prestado servicios para el mismo agricultor en sucesivas campañas desde el año 2012.

Con esta resolución, el TSJA no solo anula la multa económica, sino que también deja sin efecto la obligación del agricultor de devolver solidariamente las prestaciones que la mujer percibió durante su baja. Contra esta sentencia todavía cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Justicia ha anulado la condena de 1.500 euros a una empresa que incluyó a un empleado en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento por escrito, pese a que ello supuso ir contra los protocolos internos de la entidad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia de un juzgado de Córdoba al tener en cuenta que, a pesar de este incumplimiento que llevó a cabo la mercantil, la participación activa del trabajador en el chat valida su consentimiento aunque no firmara nada.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, en noviembre de 2022, el demandante fue contratado como teleoperador y dado de baja poco después por no superar el periodo de prueba. Tras su salida, el ex empleado publicó en un estado de WhatsApp que ya trabajaba en otra empresa, a lo que una antigua compañera respondió de forma privada: “A ver lo que te dura”.

A raíz de este episodio, el ya exempleado demandó a la empresa y al administrador del grupo (un compañero de trabajo) alegando una vulneración de sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen. El Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba le dio la razón parcialmente en primera instancia, imponiendo una indemnización de 1.500 euros porque la inclusión en el grupo no se había formalizado de forma escrita y expresa.

Sin embargo, el TSJA ha anulado esta condena tras analizar el comportamiento del empleado. Según los hechos probados, el trabajador no solo no se opuso a su inclusión en el grupo Teleoperadores Córdoba, sino que “participó activamente en él”: se presentó ante sus compañeros facilitando su número y llegó a solicitar que se enviaran los horarios de la semana por esa vía.

Estos actos, a juicio del tribunal, suponen una “aceptación tácita” y que el demandante “acotó su espacio de intimidad” al permitir voluntariamente que el resto de integrantes conocieran su número y perfil, por lo que no puede alegar después una intromisión ilegítima.

El fallo también descarta que se haya dañado el honor del trabajador por el comentario de su excompañera. La Justicia razona que el mensaje “A ver lo que te dura” se envió en un entorno estrictamente privado y no afectó a la reputación o consideración que terceros pudieran tener del actor. Respecto al derecho a la propia imagen, el tribunal señala que en ningún momento se difundieron o reprodujeron fotografías o rasgos físicos del demandante sin su permiso.

Finalmente, el TSJA aclara que ni la Ley de Protección de Datos ni la doctrina constitucional exigen que el consentimiento para este tipo de grupos en redes sociales deba ser necesariamente por escrito, siendo suficiente con que sea “inequívoco”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un año y tres meses de prisión a un varón por un delito de abuso sexual, otro de resistencia a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, cometido el primero sobre la hija menor de su pareja, de unos 13 años, y los otros sobre guardias civiles en el cuartel de una localidad cordobesa tras ser detenido.

No obstante, la única salvedad es la sustitución de una pena de tres meses de cárcel que se le impuso por el delito de resistencia por seis meses de multa con cuota diaria de seis euros, un total de 1.080 euros, según se recoge en la resolución del Alto Tribunal andaluz, que ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por el acusado en el citado sentido. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la relación, desde su inicio a finales del año 2020, y, al menos, durante todo el año 2021, era “bastante compleja, ya que la joven no aceptaba de buen grado la nueva relación de su madre ni la convivencia con él, estimando que la actitud hacia ella de éste era demasiado cariñosa para intentar ganársela, insistiendo en solicitudes para que lo abrazara y con acercamientos que a la joven no le gustaban, llegando, incluso, a darle dinero, en diversas ocasiones con intención de que la relación mejorara”.

“Estas situaciones se prolongaron en el tiempo a pesar de que la joven manifestó a su madre que no le gustaban y que no quería recibir dinero de él”, se añade. Sin embargo, “el acusado, a pesar de ser consciente de la problemática existente, siguió manteniendo la misma actitud”.

En este contexto, el día 8 de noviembre de 2021, la menor volvió del colegio y se metió en su dormitorio, sin que en casa hubiera más personas porque su madre estaba trabajando. Pasados unos minutos el procesado accedió a la habitación en que se encontraba la menor comenzando a hablar con la joven, “intentando, como en otras ocasiones, ganarse su confianza, acercándose a ella e intentando contacto con la misma que ella le negaba hasta que, en un momento indeterminado, se acercó a la misma metiéndole la mano por debajo de la sudadera y de la camiseta térmica que vestía llegando hasta los senos de la niña, que tocó, depositando un billete de 50 euros, en la parte interior del sujetador”, según se relata.

Al respecto, se apunta que “inmediatamente, tras realizar el referido tocamiento y dejar el dinero, el acusado se separó de la menor ante su reacción de oposición por lo ocurrido”. En ese momento, él le dijo que “le devolviera el dinero o le diera un abrazo, y, como la joven, por los nervios, no encontraba el billete, le dio un abrazo y se marchó a casa de su amiga, a quien contó los hechos, como también los narró, de forma casi inmediata, a su madre que interpuso la correspondiente denuncia”.

La denuncia referida determinó la detención del acusado en la mañana del siguiente día 9 de noviembre, siendo conducido el varón a dependencias del puesto de la Guardia Civil, donde “comenzó a dar golpes, patadas y puñetazos en la puerta de la celda, llegando a causarse lesiones en las manos”.

Ante ello los agentes de la Benemérita, “de servicio y debidamente uniformados, dieron aviso a un equipo médico que se desplazó hasta las dependencias policiales y atendió al detenido que presentaba heridas en las manos, verborrea, nerviosismo y agitación”. “Al marcharse los sanitarios se le indicó que debía de ingresar de nuevo en la celda a lo que él se opuso de forma violenta, forcejeando y lanzando golpes a los agentes que intentaban reducirlo, que fueron hasta cinco, debiendo emplearse a fondo los mismos para lograr que cesara en su actitud, lo que al fin consiguieron”, según se indica en la sentencia.

En este caso, un agente resultó levemente lesionado, “precisando sólo una asistencia médica para su curación, a los tres días de perjuicio personal básico, no constando que haya renunciado a la indemnización correspondiente”; mientras que otro agente también resultó lesionado con contusión y erosión en región temporal izquierda, eritema en cara lateral izquierda de cuello y erosión en mano izquierda, “requiriendo para su curación de la primera asistencia médica y sanando con tres días de perjuicio personal básico y sin secuelas”.

Además de las penas de cárcel y multa ya citadas, el procesado ha sido condenado a multa de 480 euros, orden de alejamiento de la víctima por tiempo de cuatro años y que indemnice a la menor en la cantidad de 600 euros y al agente de la Guardia Civil afectado en 90 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba en relación al asesinato de un hombre en el bar La Fuente, en el barrio de El Santuario, en agosto de 2023.

El fallo, facilitado a este periódico, ratifica la eximente completa de trastorno mental para el acusado, a quien se le impone una medida de seguridad de 12 años de internamiento en un centro psiquiátrico para tratamiento médico-psiquiátrico, y también exime al propietario del bar de resarcir economicamente a la familia de la víctima, al entender que el presunto homicida no trabajaba en el negocio.

Los hechos probados se remontan a la noche del 15 de agosto de 2023, en un establecimiento situado en la Plaza Escultor García Rueda. El acusado, que conocía a la víctima por ser cliente y haber trabajado ocasionalmente en el local, se dirigió a un salón cerrado al público, tomó un cuchillo de cocina de 16 centímetros y, sin mediar palabra, asestó al hombre 21 puñaladas en zonas vitales como el tórax, el cuello y la cara. La víctima falleció a la mañana siguiente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba a causa de un shock hemorrágico.

La sentencia confirma que, en el momento del ataque, el agresor padecía un trastorno mental grave caracterizado por un delirio de persecución, cuadro que se vio agravado por el consumo de sustancias tóxicas y el abandono de su medicación. Estas circunstancias provocaron una anulación total de su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y actuar conforme a ese conocimiento.

Uno de los puntos clave del recurso de apelación, interpuesto por la acusación particular, era la pretensión de declarar al dueño del bar como responsable civil subsidiario. La familia de la víctima solicitaba que tanto el propietario como su aseguradora hicieran frente a las indemnizaciones —fijadas en 25.000 euros para cada uno de los cinco hermanos del fallecido—, alegando que el agresor actuaba como empleado en el momento del crimen.

Sin embargo, el TSJA ha desestimado este argumento al considerar que no existía una relación laboral ni funcional ese día. El tribunal aclara que, aunque el dueño le pidió a Eloy que “echara un ojo” al bar mientras él sacaba la basura, este acto constituyó un “mero favor por persona conocida” y no un desempeño de funciones laborales. La sentencia subraya que el acusado se encontraba en el local en calidad de cliente y que el ataque no tuvo relación alguna con los servicios propios del establecimiento.

Con esta resolución, el alto tribunal ratifica que la responsabilidad civil recae exclusivamente sobre el autor de los hechos, quien ya propuso durante el juicio la dación en pago de un inmueble de su propiedad para satisfacer estas cuantías.

La acusación particular puede ahora recurrir al Tribunal Supremo, si así lo estima.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado de manera casi íntegra la condena impuesta al hombre que intentó asesinar a su expareja cuando se encontraba embarazada de siete meses, en un violento ataque ocurrido en Córdoba. La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa y ha ratificado la sentencia dictada previamente por la Audiencia Provincial de Córdoba, que impone al acusado un total de 18 años de prisión.

La resolución, fechada el 17 de diciembre de 2025, considera plenamente acreditados los hechos y rechaza uno a uno los argumentos con los que la defensa pretendía rebajar la gravedad de la condena. El fallo avala el relato de la sentencia de instancia, que describe una agresión extrema enmarcada en un contexto previo de violencia habitual, control y dominación sobre la víctima.

Según los hechos probados, el acusado agredió a su entonces pareja sentimental cuando esta se encontraba en la semana 24 de gestación, utilizando un cuchillo de cocina con una hoja de 11 centímetros. El tribunal da por probado que el ataque no fue fortuito ni limitado a causar lesiones, sino que se produjo con ánimo claro de acabar con la vida tanto de la mujer como del feto.

La sentencia subraya que el agresor dirigió las cuchilladas a zonas vitales como el cuello y el tórax, mientras profería amenazas explícitas como “te voy a matar” o “te voy a sacar al niño de la barriga”, expresiones que para los magistrados refuerzan de forma inequívoca la existencia de dolo homicida.

La alevosía y el contexto de violencia, claves del fallo

El TSJA también confirma la apreciación de alevosía, en su modalidad sorpresiva. El ataque fue, según la Sala, inopinado y repentino, lo que anuló por completo la capacidad de defensa de la víctima. Este elemento resulta determinante para mantener la calificación jurídica de asesinato en grado de tentativa, con las agravantes de parentesco y género.

Además, el tribunal da plena validez a la existencia de un clima previo de maltrato habitual, que se prolongaba antes de la agresión final y que quedó acreditado durante el juicio a través de pruebas testificales y periciales.

Rechazo total a los argumentos de la defensa

El recurso de apelación presentado por la defensa se sustentaba en tres ejes principales, todos ellos descartados por el TSJA. La defensa sostuvo que la intención era únicamente lesionar. La Sala lo rechaza de forma tajante, señalando la peligrosidad del arma utilizada y las zonas del cuerpo atacadas como indicios concluyentes de intención de matar (animus necandi).

También se cuestionó que el ataque fuera a traición. El tribunal confirma que la agresión fue sorpresiva y dejó a la víctima sin posibilidad real de defensa. Por último, la defensa solicitó que se apreciara una eximente o atenuante por embriaguez o alteración psíquica. El TSJA concluye que no existe prueba alguna de que las facultades mentales del acusado estuvieran anuladas o gravemente mermadas en el momento de los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un varón a tres años de cárcel y multa de 2.400 euros por un delito de administración desleal sobre una comunidad de propietarios de un edificio de la capital cordobesa, tras incorporar a su patrimonio más de 69.000 euros de la misma, cantidad que tendrá que indemnizar.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, a la vez que ha estimado parcialmente el recurso de la entidad mercantil declarada responsable civil directa, revocando la sentencia en el exclusivo sentido de fijar como dies a quo para el cálculo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato del Seguro a cuyo incremento fue condenada la entidad el día 9 de mayo de 2022, manteniendo el resto en su integridad. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En concreto, se da por probado que el varón, actuando como administrador único de una entidad dedicada a la administración de fincas, ha prestado sus servicios como tal a una comunidad de propietarios de la capital desde el año 2000 hasta el año 2019, 'teniendo libre disposición sobre la cuenta bancaria que dicha comunidad tenía abierta en una entidad“, de modo que ”podía realizar por tanto transferencias y reintegros“.

Al respecto, se ha expuesto que la comunidad tuvo conocimiento por los requerimientos de pago efectuados a esta por parte del Ayuntamiento de Córdoba de que “el acusado no había abonado impuestos, tasas, vado de cochera, agua y basura desde al menos los ejercicios 2006 a 2019, distrayendo de la cuenta las cantidades correspondientes a las mismas”.

De este modo, se señala que “se ha apoderado en beneficio propio además de dinero de la mencionada cuenta mediante reintegros, disposiciones y transferencias no justificadas a la de su despacho profesional y a la de la entidad de administración”.

A pesar de que con fecha 21 de octubre de 2019 el acusado remitió una comunicación a la comunidad en la que manifestaba su intención de regularizar en breve la deuda con el Ayuntamiento sin coste para la misma, no hay constancia que lo haya hecho a día de la fecha, siendo el importe total acreditado de las cantidades distraídas, según informe pericial, de 69.014,27 euros, se precisa en la sentencia.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un sargento de la Guardia Civil que fue condenado a seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público debido a que entorpeció una investigación que afectaba a sus compañeros del puesto de Peñarroya-Pueblonuevo.

El alto tribunal ha confirmado de esta manera la sentencia condenatoria dictada previamente por la Audiencia Provincial de Córdoba el 11 de junio de 2024, que estipuló que este sargento era autor responsable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, tipificado en el artículo 408 del Código Penal.

Los hechos probados, y ratificados por el TSJA, ocurrieron en la primavera de 2016, cuando este sargento estaba destinado en el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo. La base del delito fue su conducta tras recibir una declaración el 13 de mayo de 2016 de un comerciante de ganado, quien había sido contactado previamente por el sargento bajo la excusa de que este se hacía pasar por ganadero. La declaración de este ciudadano apuntaba a múltiples robos de ganado que se estaban produciendo en la comarca, y su denuncia no solo implicaba a personas concretas del negocio ganadero, sino también a varios guardias civiles, de quienes el denunciante aportó datos concretos, como parte de una supuesta red de robo de ganado.

Así, según la sentencia, a pesar de tener noticia de estos hechos y de su obligación como guardia civil de perseguir delitos, el sargento guardó la denuncia, primero en su despacho y después en su casa, y no le dio trámite para que se investigara.

Asimismo, tampoco dio cuenta de la denuncia a la autoridad judicial o a sus superiores jerárquicos, absteniéndose de instruir el atestado correspondiente o de remitir la noticia criminis a la autoridad judicial.

Esta omisión ha sido considerada “incomprensible e inaceptable”, ya que el sargento tenía la obligación ineludible de poner los hechos denunciados en conocimiento de la autoridad judicial, con absoluta independencia de que hubiera o no implicados agentes de la Guardia Civil.

Por todo ello, el TSJA ha ratificado que el sargento actuó “con la conciencia y voluntad” de incumplir su deber de perseguir los delitos de los que tenía conocimiento, especialmente ante la eventual implicación de miembros de la Guardia Civil en las actuaciones. Así, se mantiene la condena a seis meses de inhabilitación, aunque contra esta resolución cabe interponer recurso de casación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un varón que estaba condenado por una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a un año y seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 33.000 euros a una mujer por un delito de estafa en el alquiler con opción a compra de una casa.

Los hechos probados se centran en la venta de parcelas rústicas en Córdoba sobre las que A.M.T., hijo de los propietarios, había construido una vivienda. Los progenitores del acusado habían firmado inicialmente, el 27 de diciembre de 2017, un contrato privado de compraventa con una mujer. Posteriormente, a principios de 2018, el hijo contando con un amplio poder notarial de sus padres, contactó con una inmobiliaria. El 7 de febrero de 2018, el acusado firmó con la denunciante un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre la vivienda.

Para el ejercicio de la opción de compra, la arrendataria entregó 30.000 euros como prima, además de 3.000 euros en concepto de honorarios a la inmobiliaria. Sin embargo, durante el plazo concedido para el arrendamiento, el acusado, actuando como apoderado de sus padres, intervino en la negociación que culminó con la otorgación de la escritura pública de compraventa de la propiedad, el 17 de mayo de 2018, a favor de un tercero. Esta acción, realizada de forma deliberada y consciente, anuló la posibilidad legal de que la denunciante ejerciera su derecho a consolidar la adquisición del inmueble.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre por un delito de estafa impropia a un año y seis meses de prisión y a indemnizar a la perjudicada. Sin embargo, el TSJA ha revocado la sentencia. La clave de la decisión del Alto Tribunal andaluz radica en la interpretación de las cláusulas del contrato de arrendamiento con opción de compra. En ese sentido, el tribunal ha reconocido que la denunciante no llegó a abonar la renta mensual pactada.

Según la cláusula quinta de dicho contrato, el impago de la mensualidad (fijada en 500 euros, a abonar en los primeros cinco días de cada mes) rescindiría automáticamente el contrato, permitiendo al arrendador tomar posesión de la vivienda sin necesidad de requerimiento judicial.

El tribunal concluye que, puesto que el impago de las rentas se produjo, la obligación de pago no llegó a comenzar y el contrato se extinguió. La Sala considera que, aunque la literalidad del contrato permitiría una interpretación alternativa, la falta de abono de las rentas no fue obstáculo para que el contrato continuase vigente. Al quedar extinguido el arrendamiento con opción de compra debido al incumplimiento de pago de la arrendataria, el posterior otorgamiento de la escritura pública de compraventa a favor de un tercero no consumó el delito de estafa impropia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un varón que estaba condenado por una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a cinco años de cárcel, orden de alejamiento de diez años, libertad vigilada de ocho años, inhabilitación de la patria potestad por seis años y el pago de indemnización de 10.000 euros a su mujer por supuesto abuso sexual a la hija común, con unos seis años.

No obstante, el TSJA considera que “los hechos, tal y como los relató la supuestamente víctima, no son susceptibles de integrar el delito objeto de acusación, y además no resultaron acreditados, no habiendo quedado resultado enervado el derecho a la presunción de inocencia”, por lo que, tras estimar el recurso planteado por el acusado, acuerda su libre absolución, según recoge la resolución del Alto Tribunal andaluz, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón y la mujer tuvieron una crisis de pareja que motivó que ella se trasladase a vivir con la hija en donde hasta entonces residía la familia, a una localidad de la provincia de Murcia, y en el verano del año 2018 ella decidió retomar la relación con el acusado, regresando con la niña a una localidad cordobesa, instalándose en el domicilio del mismo.

La mujer volvió a marcharse de dicha vivienda el día 21 de octubre de dicho año, trasladándose a vivir con su hija a la región de Murcia, y el día 16 de noviembre siguiente denunció en el cuartel de la Guardia Civil que la menor le había contado que ella y el padre supuestamente se hacían tocamientos, “siendo ésta la razón --según dijo-- por la que decidió marcharse”, mientras que el acusado niega haber llevado a cabo tales hechos.

Según exponen los magistrados del TSJA, “la declaración de la menor carece de corroboración periférica alguna, más allá de la revelación que según su madre le hizo, y que por cierto no coincide con lo que la niña manifestó en el curso de su exploración”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a 15 años y nueve meses de cárcel a un hombre acusado de tres delitos de robo con intimidación en las personas, un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones, con la agravante de reincidencia en los primeros y la atenuante de drogadicción en todos ellos, tras supuestamente robar dinero con navaja y amenazas a repartidores de comida rápida y lesionar a dos guardias civiles, en un municipio cordobés, todo ello tras haber salido de prisión días antes de los hechos.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en torno a las 22:05 del día 18 de septiembre de 2020 el acusado se aproximó al repartidor de la pizzería cuando salía de entregar un pedido en una casa y al tiempo que esgrimía una navaja, “la cual situó cerca de su pecho”, le dijo que le diera todo lo que tuviera y si no, le pinchaba, de modo que le entregó 36 euros que llevaba de la recaudación de su trabajo como repartidor y su telefóno móvil. El perjudicado ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle.

Ese mismo día, en torno a las 23:50, el procesado se aproximó a otro repartidor de la pizzeria cuando salía de entregar un pedido y al tiempo que esgrimía una navaja, “la cual situó cerca de su estomágo”, le dijo que le diera todo lo que tuviera o lo mataba, a lo que él le entregó 45 euros que llevaba de la recaudación de su trabajo como repartidor. El propietario del establecimiento reclama el importe del efectivo sustraído.

Siendo las 23:20 del día siguiente, un individuo se aproximó a otro repartidor de un establecimiento de hamburguesas cuando salía de entregar un pedido y al tiempo que esgrimía una navaja le dijo que le diera el bolso o lo mataba, a lo que el repartidor salió huyendo del lugar, sin que el varón llegara a lograr su propósito. No consta que el autor de éste hecho fuera el acusado, al no ser reconocido por el asaltado en ningún momento.

Mientras, sobre las 22:30 del día 20 de septiembre de 2020 el procesado se aproximó a un repartidor de un asador cuando salía de entregar un pedido y al tiempo que esgrimía una navaja le dijo que le diera todo lo que tuviera, si no, lo pinchaba, a lo que él, tras un breve forcejeo, le entregó parte de la recaudación que ascendía a 250 euros. La propietaria del asador reclama dicho importe.

Además, un vecino del municipio denunció que el día 22 de septiembre de 2020, en torno a las 8:30, dos individuos cuya identidad no ha podido ser determinada se le aproximaron cuando se encontraba paseando por una avenida y mientras uno lo inmovilizaba, cogiéndole de las manos por la espalda, el otro le propinó dos bofetadas y le sustrajo diez euro del bolsillo del pantalón. No consta la intervención en éstos hechos del acusado. El afectado no reclama indemnización alguna por estos hechos.

Actuación con la Guardia Civil

Y sobre las 11:00 del 22 de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que el acusado se encontraba escondido en un domicilio del municipio, por lo que acudieron al lugar. Una vez allí, franquearon la puerta y tras penetrar en el inmueble, encontraron al acusado parapetado en una de las habitaciones, portando en sus manos un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y unas tijeras, al tiempo que gritaba que no iba a salir e insultaba.

Ante ello, los agentes, haciendo uso de un ariete, abrieron varios agujeros en la puerta de la habitación, a través de los que el acusado lanzaba cuchilladas, al tiempo que les decía que entraran a por él “uno a uno, que tengo para todos, os voy a matar”. Una vez los agentes consiguieron derribar la puerta y penetraron en el interior de la habitación, el acusado continuó lanzando cuchilladas contra los agentes, los cuales se protegían con sus escudos, hasta que finalmente consiguieron desarmarlo, momento en el que se inició un forcejeo en el que el acusado lanzó puñetazos y patadas contra los agentes, que finalmente lo detuvieron haciendo uso de la fuerza mínima imprescindible.

Como consecuencia de estos hechos, un agente sufrió excoriaciones superficiales en el antebrazo, sin secuelas; mientras que otro agente sufrió excoriaciones superficiales en parte posterior del brazo derecho y contusión osteomuscular en articulación del codo izquierdo, sin secuelas.

El acusado ha sido ejecutoriamente condenado en siete sentencias por una decena de delitos de robo con violencia y con fuerza en las cosas, cuyas penas dejó extinguidas en enero de 2019, si bien tras ello ha vuelto a ser condenado en otras dos sentencias por delitos de robo con fuerza en las cosas y por un delito de atentado.

En el momento de los hechos, el procesado había salido días antes de prisión, se hallaba bajo los efectos de su adicción al consumo de sustancias estupefacientes que le mermó sus facultades intelectivas y volitivas sin llegar a anularlas por completo. El acusado ha estado en prisión provisional por esta causa desde el 24 de septiembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021.

Además de las penas de prisión, el hombre ha sido condenado al pago de una multa de 300 euros por los delitos leves de lesiones e indemnizaciones para los propietarios de parte de los establecimientos, así como a los dos agentes de la Guardia Civil por las lesiones ocasionadas. El procesado ha sido absuelto de dos delitos de robo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha ratificado la condena de 23 años de prisión impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a D. A. R. M. como autor de un delito de agresión sexual a una menor. La sentencia considera como hechos probados que el acusado agredió sexualmente a una niña que tenía solo 12 años en el momento del suceso.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2019, cuando el condenado invitó a su domicilio a la víctima, junto a otros dos menores de edad. Según el relato judicial, mientras estaban jugando, el acusado, “movido por el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos”, le quitó el sujetador a la niña. Poco después, cuando los otros dos menores subieron a otra habitación, el procesado se quedó a solas con la víctima y culminó la agresión: le tocó sus partes íntimas por debajo de la ropa, le quitó el pantalón y la penetró vaginalmente.

La sentencia original, dictada el 16 de enero de 2024, impuso al procesado una pena de 23 años de prisión por un delito de agresión sexual con la agravante de la edad de la víctima. Además de la pena de cárcel, se le impusieron dos años y seis meses de libertad vigilada, dos años de inhabilitación especial para cualquier profesión que implique contacto con menores, la privación de la patria potestad durante dos años, una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cuatro años. Asimismo, se le condenó a indemnizar a la menor con 4.000 euros por los daños morales sufridos.

La defensa del condenado interpuso un recurso de apelación ante el TSJA alegando una valoración defectuosa de la prueba y la falta de credibilidad del testimonio de la víctima. Sostenía que no existían pruebas directas que demostraran el contacto íntimo y que el testimonio de la menor era la única prueba de cargo. Además, argumentó que creía que la joven era “bastante mayor de los 12 años” debido a su apariencia física, lo que, según él, debía llevar a su absolución.

Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha desmontado todos los argumentos de la defensa. La Sala considera que el testimonio de la víctima ha sido “coherente y estable” desde su declaración inicial hasta el juicio oral, sin que se aprecien “contradicciones o incongruencias”. El TSJA subraya que la declaración de la menor no es una prueba única, sino que está “complementada y reforzada por otras pruebas que la corroboran”, como los testimonios de los otros menores presentes y del padre de la víctima, quienes confirmaron lo que les relató la niña poco después del suceso.

En cuanto al supuesto error sobre la edad de la menor, el tribunal es tajante al desestimarlo. La sentencia recoge que el acusado conocía a la víctima, ya que era amiga de un hermano suyo, había visitado su casa en otras ocasiones y sabía que estaba en edad escolar. Por tanto, los magistrados concluyen que el acusado “tuvo que ser consciente de que estaba ante una menor de 16 años” y que, aunque hubiera dudas, debió actuar con cautela, lo que no hizo.

La acusación particular, ejercida por los padres de la menor, también impugnó la sentencia inicial solicitando un aumento de la indemnización por daños morales de 4.000 a 20.000 euros. No obstante, el TSJA ha decidido mantener la cuantía original al considerar que, si bien el daño moral es innegable y ha causado un “perjuicio evidente en el desarrollo de su personalidad”, no existen motivos para incrementar la cantidad fijada por la Audiencia Provincial.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que absolvió a un acusado de los delitos de homicidio y de asesinato en relación con la muerte de una joven tras ser arrollada por un tren en el mes de febrero de 2020. 

En la sentencia, el TSJA desestima de este modo el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, suscrito como recurso supeditado por la acusación particular, contra la sentencia de la Audiencia de Córdoba que, conforme al veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular, absolvió al encausado de los delitos de asesinato -atribuido por la acusación particular- y del delito doloso de homicidio en comisión por omisión y de su alternativa imprudente del que le acusó el Ministerio Público. 

Conforme al veredicto del jurado, la Audiencia de Córdoba consideró probado que el acusado mantenía una relación de amistad con la víctima “desde hacía años y tenían confianza mutua”, de forma que, el día 26 de febrero de 2020, ambos jóvenes acudieron junto a una amiga a una zona de vías de tren a fin de buscar una casa abandonada ubicada en ese lugar, dado que a la fallecida “le gustaba hacerse fotos en casas abandonadas”.

Tras indicar que, durante el trayecto hasta dicho lugar, “ninguno de ellos expresó su malestar por estar vivos ni hizo manifestaciones sobre ideas suicidas”, la Audiencia vio probado que los tres amigos llegaron a la zona de la casa abandonada, accediendo el acusado y la víctima a la zona de las vías, junto a las cuales dejaron lo que llevaban encima “perfectamente colocado”. 

De esa forma, ambos estuvieron junto a las vías hasta que, al oír y ver la llegada de un tren, se situaron en la zona central de las vías “asumiendo un riesgo voluntariamente”. En este sentido, y al percatarse de la llegada inminente del tren, el acusado saltó hacia su izquierda salvando así la vida, de forma que “no tuvo tiempo de tirar” de su amiga fuera de las vías “ni de intentarlo”, por lo que el tren arrolló y ocasionó la muerte de esta última.

El acusado fue juzgado por haber provocado o no haber evitado el accidente que costó la vida de su amiga, pero fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba en una sentencia recurrida ante el TSJA por la Fiscalía, que reclamó la nulidad del juicio o de la sentencia por falta de motivación dada la ausencia de mención al dato objetivo de que transcurrieron 18 segundos desde que el investigado pudo ver aproximarse al tren hasta que alcanzó a la víctima, un tiempo a su juicio suficiente para que la intentara salvar.

Además, la Fiscalía basó su recurso en la falta de explicación de las razones dadas por el propio Ministerio Fiscal para atribuir al acusado la posición de garante, que no era la relación de amistad, sino el hecho de “haber asumido ambos un mismo riesgo y peligro voluntario, originándose con ello un deber jurídico de actuar mutuo con ocasión de una comunidad de peligros”, lo que fundamentaba a su juicio una responsabilidad del encausado, ya fuera por dolo o por imprudencia grave.

Respecto al periodo de 18 segundos que tuvo el acusado para intentar salvar a su amiga alegado por la Fiscalía, el TSJA asevera que “tal argumento no es atendible. Ningún déficit de motivación se advierte por falta de alusión a ese dato objetivo, pues en absoluto tal dato desmiente o pone en cuestión la conclusión del jurado de que no tuvo tiempo de salvarla, sino que, al contrario, lo corrobora”.

El acusado no tuvo tiempo de intentar salvar a la víctima

“Volver a introducirse en la vía para intentar tirar” de la víctima “o empujarla al ver que ella no salta, más que un acto debido cuya omisión pudiera castigarse penalmente, sería una heroicidad por comprometer gravísimamente su vida”, considera el TSJA, que añade que “la consecuencia, pues, es que” el encausado “no tuvo tiempo para salvarla desde que él se puso a salvo de la llegada del tren y pudo ver” que la víctima “no hacía lo propio”. 

Asimismo, y en relación a la falta de motivación para el rechazo de la tesis jurídica inculpatoria sostenida por el fiscal (asunción de un deber jurídico de protegerse al haber creado conjuntamente ambos “un mismo riesgo y peligro voluntario”), el TSJA señala que la motivación dada por la sentencia “es no sólo suficiente, sino especialmente elocuente”, ya que la magistrada-presidente “no se limita a excluir la posición de garante por el hecho de que no basta el ”simple hecho de ser amigos“, sino que también y sobre todo justifica la ausencia de un deber especial de actuar en que no fue el acusado quien ”creó la situación de riesgo“, sino que la víctima ”se posiciona (voluntariamente) en el mismo lugar altamente peligroso también para él“.

El TSJA indica que, “descartado, en efecto, un poder manipulador o una suficiente capacidad de influencia” del acusado respecto de la fallecida, “así como la inducción y cooperación al suicidio, sólo cabe partir de la premisa” de que la víctima “decidió de manera libre y voluntaria exponerse al riesgo extremo de ser arrollada por el tren, consciente de que sólo ella podía evitar la segura muerte (no es imaginable que ella pudiera en esa circunstancia descansar en la confianza de ser salvada in extremis), y sin que podamos saber si finalmente no se salvó a sí misma por aturdimiento, por quedar paralizada y sin capacidad de reacción, o por voluntad suicida”.

“En síntesis, la supervivencia” de la fallecida “no dependía de la conducta” del acusado, “como la de éste no dependía de la conducta” de su amiga, dice el TSJA, que añade que “el modo de evitar el riesgo no era colaborativo”, ya que “ambos se colocaron voluntariamente en una situación de gravísimo riesgo, conscientes de que o se retiraban de la vía antes de la llegada del tren o fallecerían”. “Desde el punto de vista jurídico, ninguna razón hay para imputar objetivamente el resultado a la conducta” del investigado, “con lo que no cabe otra opción que la absolución”, razona el TSJA.

El TSJA agrega en este sentido que, “quedando pues descartado sin error alguno en la valoración de la prueba cualquier hecho del que cupiera inferir tanto el deber de actuar como la posibilidad de hacerlo, la repetición del juicio que pretende el Ministerio Fiscal no podría ser sino una infracción del principio prohibitivo del doble enjuiciamiento por un mismo hecho, y por ello ha de desestimarse el recurso en su integridad”.

Contra la sentencia del TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a penas de entre seis años y tres años y seis meses de prisión a tres hombres por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública referidos a sustancia que causa grave daño para la salud, por traficar con drogas en el municipio cordobés de La Rambla y la capital.

Según señala la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por dos de los acusados y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, que también recoge multas de entre 100.000 y 14.800 euros, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que como consecuencia de las investigaciones realizadas por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Policía Nacional en Córdoba se tuvo conocimiento de que uno de los procesados se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en su domicilio situado en la citada localidad y en un local comercial.

En virtud del seguimiento realizado, observaron cómo sobre las 12:15 del día 3 de septiembre de 2018, un segundo acusado llegó a la calle, introduciéndose en el local comercial y entrevistándose con el primero, marchándose del lugar a bordo de un vehículo alquilado. Esa tarde, regresó a la tienda y el dueño le entregó una bolsa con cocaína, que introdujo en el vehículo y se marchó dirección por la A-45 hacia Córdoba, siendo perseguido por la Policía Nacional que había observado cómo había salido del establecimiento con la bolsa anteriormente indicada.

Al respecto, le dieron el alto a la altura del centro comercial Guadalquivir, en la Avenida de Cádiz de la capital cordobesa, donde se le intervino la bolsa con 808 gramos de cocaína, con una pureza del 16,34%, que habrían permitido la formación de 250 dosis a razón de 59 euros el gramo, que “habría supuesto un beneficio ilícito por su venta de 14.812,09 euros”. La sustancia estupefaciente intervenida había sido entregada por el primer acusado al segundo y “estaba destinada a ser facilitada a terceras personas para su consumo”, según remarcan los jueces.

Continuación de la investigación

Tras la incautación de la sustancia estupefaciente, siguió la investigación de los hechos, dado que los agentes sospechaban que el primero continuaba vendiendo sustancia estupefaciente. Así, en noviembre de 2018 se solicitó por la Policía Judicial la entrada y registro del local comercial y la vivienda del acusado, donde hallaron diez envoltorios con 948 gramos de cocaína con una pureza del 74,79% y un envoltorio con 84,64 gramos cocaína con una pureza del 21,84%.

En este sentido, la cocaína intervenida habría permitido la formación de un total de 1.691,88 dosis, que “habría supuesto un beneficio ilícito por su venta de 99.973,19 euros”, a la vez que encontraron 30,63 gramos de resina de hachís con un contenido de THC del 3,49% y 4,72 gramos de resina de hachís con un contenido de THC del 1,84% y con un valor de 207,15 euros. Las sustancias estupefacientes intervenidas habían sido entregadas por el tercer acusado al primero y “estaban destinadas a ser facilitadas y vendidas a terceras personas para su consumo”.

Asimismo, los agentes localizaron cinco sobres con 49.000 euros, procedente del “beneficio de dicha sustancia”, y dos teléfonos móviles, “utilizados por el acusado para realizar las operaciones de compra y venta de sustancia estupefaciente”. También, se han intervenido 240 cajetillas de tabaco por las que se tramita el correspondiente expediente administrativo, “por si los hechos fueran susceptibles de sanción”.

Nuevo registro

En concreto, el procesado fue detenido por los agentes de la Policía Nacional que practicaron el registro en su domicilio y en su declaración manifestó que la persona que le había entregado la sustancia estupefaciente en esta ocasión y en otra era el tercer acusado. Como consecuencia de ello, se solicitó por la Policía Judicial la entrada y registro del domicilio del citado en la capital, practicado en noviembre de 2018.

De este modo, los agentes hallaron un envoltorio con 11,42 gramos de cocaína, con un porcentaje de pureza del 69,62%; un envoltorio con 0,33 gramos de cocaína, con pureza del 68,46%; otro envoltorio con 13,58 gramos de cocaína, con una pureza del 41,16%; un cuarto envoltorio con 5,34 gramos de MDMA con un porcentaje de 76,12%, y 153,15 gramos de resina de cannabis y el total de las plantas de cannabis intervenida asciende a 9.567,25 gramos.

La cocaína hubiera supuesto un beneficio ilícito por su venta de 1.173,88 euros; la venta de resina de cannabis habría reportado un beneficio de 897,34 euros, y el MDMA intervenido habría reportado un beneficio ilícito de 222,78 euros, mientras que los 9.567,25 gramos de planta de cannabis hubieran reportado un beneficio ilícito de 52.237,18 euros. La sustancia estupefaciente intervenida pertenecía al tercer acusado y “estaba destinada a ser facilitada a terceras personas para su consumo”, han remarcado los magistrados.

Además, han expuesto que el segundo y tercer procesados eran “consumidores de sustancia estupefaciente en el momento de la comisión de los hechos, sin que esté acreditado que tuvieran afectada su capacidad volitiva y cognoscitiva para la comisión de los hechos”, mientras que el primero, “por su adicción a la cocaína ha estado sometido a tratamiento en el CPD sin que conste que esté acreditado que ello hubiera afectado a su capacidad volitiva y cognoscitiva para la comisión de los hechos”.

Y el tercer acusado ha sido con anterioridad condenado ejecutoriamente por delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión, con fecha de extinción de la condena en febrero de 2015; en mayo de 2016 por delito de violencia en el ámbito familiar a la pena de prisión de un año y nueve meses de prisión, y por sentencia de enero de 2019 por delito de abandono de familia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la autorización concedida por la Junta de Andalucía a la empresa Calentona Servicios y Gestiones S.L. para la construcción de una planta solar fotovoltaica en los términos municipales de Bujalance y Montoro (Córdoba). En una sentencia dictada el pasado 15 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que la empresa incurrió en un fraccionamiento artificial del proyecto, dividiéndolo en tres partes (Caballo I, II y III) con el objetivo de mantener cada instalación por debajo de los 50 MW y así eludir la competencia del Estado y los requisitos ambientales más exigentes.

La resolución judicial considera que se ha producido un fraude de ley, al comprobar que se trata de una única infraestructura de generación eléctrica, promovida por un solo titular, con una potencia conjunta de 114 MW y ubicada en una misma zona geográfica, sobre una superficie de más de 267 hectáreas. La fragmentación permitió que fuera la Junta, y no el Gobierno central, quien otorgara la autorización administrativa previa, en una decisión que ahora queda anulada.

Sin estudio de impacto ambiental conjunto

La sentencia incide en que la división del proyecto impidió realizar una evaluación ambiental global, lo que vulnera la normativa nacional y europea. “No consta que se haya hecho una valoración conjunta de los efectos acumulativos o sinérgicos sobre el entorno natural”, señala el tribunal, que advierte de la falta de análisis ambiental integral en una zona con valor ecológico, como el entorno del Arroyo Molinos y áreas de olivar tradicional.

Además, el fallo recuerda que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental exige un procedimiento ordinario para instalaciones que superen las 100 hectáreas, algo que se habría evitado al tramitarse por separado cada una de las plantas.

El TSJA basa su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que rechazan las fragmentaciones de proyectos cuando existe una unidad de hecho, jurídica y económica. En este caso, subraya que las tres plantas comparten titularidad, ubicación colindante y estructuras de evacuación, lo que evidencia su carácter conjunto.

Desde un punto de vista empresarial, el tribunal considera que las instalaciones no han acreditado su viabilidad de forma independiente, y que se diseñaron para ser explotadas de manera unitaria por un mismo promotor. “Parece razonable entender que su tratamiento jurídico-administrativo debe ser también unitario”, concluye la sentencia.

Nulidad de la autorización de la Junta

Aunque el tribunal rechaza que se haya producido indefensión procesal por falta de notificación individual a los colindantes -otro de los argumentos planteados por los demandantes-, considera probado el fraccionamiento del proyecto y su uso para evitar la normativa aplicable. Por ello, estima el recurso presentado por los propietarios afectados y declara la nulidad de la resolución autonómica de mayo de 2023, dictada por la Consejería de Industria, Energía y Minas.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación, no impone costas procesales debido a la complejidad técnica y jurídica del asunto. El fallo reconoce que los demandantes, al presentar inicialmente el recurso sin asistencia letrada, ya plantearon en esencia la misma pretensión que luego se formalizó judicialmente: paralizar o anular la autorización por no haber sido consultados y por las afecciones sobre sus propiedades y el medio ambiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado una sentencia previa que condenaba por acoso laboral a la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena, y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. En su nuevo fallo, facilitado a este periódico por la letrada Magdalena Entrenas -representante de Baena-, el TSJA absuelve a todos los implicados en el caso, incluido el personal directivo también demandado.

El origen del caso fue una denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por una trabajadora del museo. En diciembre de 2024, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba dio la razón a la demandante, reconociendo la existencia de acoso laboral y condenando a la exdirectora y a la Consejería a pagar una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

Sin embargo, ambas partes recurrieron esta decisión y ahora, el TSJA ha desestimado la denuncia original, argumentando que no se h podido demostrar que la exdirectora ni otras personas implicadas intentaran dañar la dignidad de la empleada. Por el contrario, el auto señala que la exdirectora intentó resolver los conflictos de forma activa.

A la hora de desestimar la denuncia, se defiende, además, que la secuencia temporal de los hechos hace inviable que se produjera un acoso continuo. Así, indica la sentencia que la trabajadora estuvo fuera del museo durante largos periodos por traslados y bajas médicas, y que no mencionó a la exdirectora en sus denuncias hasta varios meses después.

El fallo también apunta que la Consejería sí cumplió con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Se realizaron formaciones, evaluaciones y se ofrecieron medidas como cursos para mejorar el clima laboral.

Por todo ello, el TSJA reconoce que hubo tensiones entre la trabajadora y algunos compañeros, pero aclara que un mal ambiente o un conflicto interpersonal no equivale, por sí solo, a acoso laboral. Asimismo, reconocen que, aunque la Inspección de Trabajo observó retrasos en la respuesta al caso y problemas de convivencia, el tribunal concluye que esto no basta para hablar de acoso y considera que la Consejería actuó dentro de sus responsabilidades.

Así, el TSJA concluye que no hay pruebas suficientes para afirmar que existió una conducta sistemática de acoso laboral. Por ello, ha revocado la sentencia inicial y ha absuelto a todos los demandados. Contra el fallo, no obstante, cabe recurso.

Cabe recordar que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) aprobó por unanimidad una sentencia en junio de 2024 que desestimaba otra demanda contra Baena presentada por una empleada con contrato temporal de interinidad en el Museo Arqueológico de Córdoba, tras no apreciar que la extinción de la relación laboral tuviera como origen la discriminación por razón de identidad de género.

La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado Mixto nº 3 de Posadas que condenó a un hombre a cuatro años de prisión y a una multa de 200 euros a un hombre como autor de un delito de agresión sexual con violencia y otro de lesiones. En el momento de los hechos, el hombre tenía 46 años y su hija, 22.

En concreto, se da por probado que el varón el día 24 de diciembre de 2017 estaba disfrutando un permiso penitenciario en una casa de campo en una pedanía de la provincia de Córdoba cuando pidió por teléfono a su hija que lo recogiera al día siguiente en tal sitio para llevarlo al Centro de Inserción Social de la capital.

En la tarde del día 25 de ese mes, la hija acudió a la casa de campo en coche, junto a dos personas más, para trasladar a su padre a Córdoba, tal y como habían quedado, si bien, “bajo engaño, el padre consiguió quedarse a solas con su hija”, para posteriormente “abalanzarse sobre ella, cogerla de la cintura y estamparla contra un muro del salón, empujándola, golpeándola y arrastrándola con violencia hacia el dormitorio, que está ubicado contiguo al salón”. Allí supuestamente consumó el delito por el que ha sido condenado, “a pesar de la tenaz y fuerte oposición de la mujer”.

Al respecto, hubo “varios forcejeos entre ellos hasta que sonó un pitido en el teléfono de ella que motivó que el padre cesara en su actuación violenta, pidiéndole entonces este perdón a su hija, lo que aprovechó ella para, mediando un abrazo con el padre y a sus espaldas, mandar mensajes telefónicos de socorro” a las otras dos personas, “saliendo luego corriendo de la casa, a pesar de los esfuerzos del padre por retenerla, siendo finalmente recogida en la carretera minutos después por esas dos personas”, a la vez que el acusado huyó de la casa.

A consecuencia de lo ocurrido ese día, la mujer ha sufrido varios traumatismos, como facial, cervical y en tronco, junto a otras heridas y crisis de ansiedad, siendo asistida en un centro sanitario una sola vez y tardando en curar las heridas 45 días -con pérdida temporal de la calidad de vida moderada-, restándole un trastorno por estrés postraumático.

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a una orden de alejamiento durante 11 años por el delito citado, al pago de una multa de 200 euros y una orden de alejamiento de 70 días sobre su hija, como autor de un delito leve de lesiones en el que concurre la atenuante de dilaciones extraordinarias e indebidas en el procedimiento, a la vez que deberá abonar a su hija 600 euros por el tiempo que tardó en curar las heridas sufridas, mil euros por la secuela derivada y 15.000 euros por el daño moral sufrido.

El TSJA ha reafirmado la validez y la credibilidad del testimonio de la víctima como prueba principal en este tipo de delitos, destacando su coherencia, persistencia y la ausencia de motivos espurios para mentir. Además de las declaraciones de los testigos, el tribunal ha considerado que las acciones de la víctima tras la agresión, como buscar ayuda, son consistentes con lo sucedido y contradicen los intentos de la defensa por desacreditarla.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado íntegramente la condena de doce años de prisión impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual agravado en perjuicio de su sobrina-nieta. La sentencia de apelación desestima el recurso presentado por la representación procesal del acusado.

Según los antecedentes de hecho recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial, y que han sido considerados probados por el TSJA, los abusos se produjeron de manera reiterada y sostenida durante aproximadamente tres años, desde que L tenía 13 años hasta que cumplió los 16. La relación familiar existente entre el acusado, tío-abuelo de la menor, facilitó los encuentros en el domicilio del procesado, ubicado en Córdoba, donde residían los padres de la víctima.

Los actos de agresión sexual probados que se detallan en la sentencia incluyen una escalada de comportamientos que iban desde tocamientos por encima de la ropa en diversas ocasiones a actos de besar y tocar las zonas genitales de la menor. En varias ocasiones, el acusado llegó a introducir los dedos en la cavidad vaginal de la niña, simultáneamente besándola y lamiéndole sus pechos y genitales con la lengua. En un momento indeterminado, el acusado la cogió de las piernas, colocándolas sobre él, y comenzó a acariciarla por las piernas para luego tocarle la zona genital.

Ante la oposición de la menor en una ocasión, donde se opuso apartándole con un empujón, el hombre reaccionó violentamente inmovilizándola sobre el sofá. Tras quitarse él el pantalón y retirarle a ella las bragas, la penetró vaginalmente, eyaculando sobre ella a pesar de la resistencia de la niña. Estos hechos se repitieron varias veces en la cama y en el sofá del salón.

El último episodio denunciado tuvo lugar sobre las 14:30 del día 20 de octubre de 2019, después de que la menor advirtiera al acusado que dejaría de acudir a su vivienda si continuaba con esa actitud.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, dictada el 24 de julio de 2024, condenó al hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual agravado. Además de la pena de prisión, se le impuso la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por un periodo de diecinueve años (siete años más que la pena de prisión).

Orden de alejamiento e indemnización

Asimismo, se le prohibió aproximarse a la víctima, a su domicilio y comunicarse con ella por cualquier medio durante quince años. La sentencia también estableció una indemnización de 20.000 euros a favor de la menor.

La defensa del acusado interpuso un recurso de apelación ante el TSJA, alegando diversos motivos, entre ellos la vulneración de la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal superior andaluz desestimó todos los argumentos del recurrente, considerando que la prueba de cargo valorada por la Audiencia Provincial era suficiente y concluyente para desvirtuar la presunción de inocencia. El TSJA destacó la verosimilitud del testimonio de la menor, que fue considerado coherente y sin contradicciones relevantes a lo largo del procedimiento judicial.

Además, se valoraron las pruebas periciales, incluyendo informes psicológicos que evidenciaron las secuelas emocionales sufridas por la chica a consecuencia de los abusos. El informe del Instituto Nacional de Toxicología también corroboró ciertos aspectos del relato de la víctima.

El TSJA consideró que la pena impuesta por la Audiencia Provincial es proporcionada a la gravedad de los hechos y se ajusta a la normativa legal aplicable, teniendo en cuenta la continuidad delictiva y la especial vulnerabilidad de la víctima, menor de edad. El tribunal de apelación también rechazó el argumento del recurrente sobre la excesiva cuantía de la indemnización, considerando que la cantidad fijada compensa adecuadamente el daño moral sufrido por la víctima.

La sentencia del TSJA, contra la que cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pone de manifiesto la firmeza de la justicia en la persecución y sanción de los delitos de agresión sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. El fallo subraya la importancia de la protección de la libertad sexual de los menores y la necesidad de ofrecer una respuesta judicial contundente ante este tipo de crímenes. Las costas de la apelación han sido declaradas de oficio. 

La Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre de los cuatro años y medio de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Córdoba al no quedar probado que cometiera los delitos por los que les fue procesado: uno contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, desde el mes de septiembre de 2021, se tuvo conocimiento por parte de la Brigada Local de Estupefacientes de la Comisaría Lucena-Cabra de la posible existencia de un grupo criminal dedicado, de común acuerdo, a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en Lucena y Torremolinos, donde se procedía a su mezcla, venta y distribución.

En este grupo, el procesado que acaba de ser absuelto por el TSJA era quien se encargaba igualmente de la ocultación y mezcla de las sustancias estupefacientes, así como de realizar labores logísticas consistentes en acompañar a otro de los condenados, conduciendo los coches del grupo, en sus desplazamientos, para la compra y distribución de las sustancias estupefacientes.

El 23 de diciembre de 2021, se realizaron entradas y registros en los domicilios de los distintos acusados. En el domicilio de uno de los acusados se intervinieron 1.560 euros, diversos efectos relacionados con el tráfico de estupefacientes, siete teléfonos móviles y un coche. En otra vivienda de Lucena, donde residía otra condenada, se encontraron 2.679 euros, útiles para el tráfico de drogas, seis teléfonos móviles, una balanza de precisión y 32,4 gramos de cocaína. En el domicilio del procesado absuelto por el TSJA, ubicado en Lucena, no se intervinieron sustancias estupefacientes, pero sí el vehículo marca Peugeot 206.

En otro domicilio en Lucena, utilizado por otro condenado, se hallaron 3.290 euros, tres balanzas de precisión y 30 gramos de cocaína. En una vivienda en Torremolinos (Málaga) utilizada por otro encartado, se intervinieron 3.450 euros y 279,55 gramos de cocaína. Finalmente, en otro domicilio en Torremolinos, se incautaron 141,01 gramos de sustancia rocosa y polvorienta de color blanco, así como otras sustancias en envoltorios. Tras el análisis de las sustancias intervenidas, el total de cocaína incautada ascendió a 1.115,09 gramos, con un valor total estimado de 31.719,46 euros.

En su sentencia, la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al procesado que ha recurrido al TSJA como autor de un delito contra la salud pública que causa grave daño a la salud y de un delito de grupo criminal, imponiéndole una pena de tres años y seis meses de prisión, y a una multa de 63.438,80 euros por el delito contra la salud pública, y un año de prisión por el delito de grupo criminal.

“No hay base mínima para la condena”.

Frente a esta sentencia, la Sección de Apelación Penal del TSJA ha concluido que “no existe una base mínima de cargo que sustente el pronunciamiento condenatorio” contra el acusado “por ninguno de los delitos imputados”.

En relación con el delito contra la salud pública, el TSJA consideró que, si bien existían datos periféricos que podían generar sospechas sobre la participación del procesado en la actividad del grupo, “el examen revisor de la prueba practicada lleva a entender que no hay base mínima de cargo que sustente el pronunciamiento condenatorio”.

El TSJA ha fallado que la Audiencia Provincial basó su condena en la supuesta utilización de vehículos por parte del procesado para el grupo, pero la sentencia de apelación ha hecho referencia a inexactitudes en la descripción de los vehículos y la falta de claridad sobre el uso efectivo de los mismos para el transporte de droga. Además, las conversaciones telefónicas intervenidas no ofrecían elementos incriminatorios suficientes para acreditar su participación en el tráfico de drogas.

Respecto al delito de pertenencia a grupo criminal, el TSJA ha concluido que “no se alcanza el estándar probatorio necesario para mantener la condena”. Por ello, el tribunal ha considerado que los datos indiciarios manejados por la Audiencia Provincial resultan insuficientes para inferir la integración del procesado en el grupo criminal con la estabilidad y vocación de permanencia requeridas para el tipo penal. Así, la conclusión inculpatoria extraída por la Audiencia Provincial “carece de la solidez necesaria”.

Por todo lo expuesto, la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al hombre de los dos delitos por los que había sido condenado.