Córdoba se ha consolidado en los últimos años como la provincia andaluza con el mayor nivel de cumplimiento en depuración de aguas residuales, tal y como confirma el último informe de Ecologistas en Acción. De hecho, la provincia cordobesa ha alcanzado una tasa de conformidad del 92,31% en el año 2025. Pese a ello, la situación en el norte de la extensión continúa estando bajo un problema localizado y que no se ha puesto solución. Las únicas tres depuradoras que han suspendido los controles de calidad ambiental en todo el territorio se concentran en dicha ubicación, vertiendo aguas insuficientemente depuradas que amenazan de forma directa a la situación del embalse de La Colada.

El informe de Ecologistas, al que ha tenido acceso este periódico, analiza las muestras oficiales de saneamiento y depuración del año 2025 en toda Andalucía. El documento pone el foco en el plano negativo dentro de las infraestructuras de Pozoblanco, la que comparte El Viso y Villaralto, y Alcaracejos con Villanueva del Duque, señalando que ninguna de ellas logra eliminar eficazmente nutrientes críticos como el nitrógeno o el fósforo antes de devolver el caudal a los cauces naturales.

Esto hace que la contaminación aumente. La presencia excesiva de estos nutrientes en el agua depurada acelera los procesos de eutrofización, un fenómeno que provoca la proliferación descontrolada de algas, reduce el oxígeno disuelto y altera los ecosistemas fluviales. Más concretamente, el norte de Córdoba tiene un impacto es especialmente debido a que los vertidos de estas tres instalaciones acaban llegando al embalse de La Colada, catalogado como zona sensible y que, de hecho, ha tenido prohibido el uso de su playa por la contaminación.

Los niveles de contaminación y los problemas de la depuradora de Pozoblanco

La primera de las infraestructuras que muestra un déficit es la depuradora de Alcaracejos y Villanueva del Duque, que está siendo gestionada por la Empresa de Aguas de Córdoba (Emproacsa). Esta EDAR vierte sus aguas al arroyo de Las Cruces, un afluente del arroyo Lanchar que discurre aguas arriba de La Colada. Según las analíticas que aporta el informe, el parámetro limitante de su funcionamiento es el nitrógeno, que registra una media anual de 16,13 miligramos por litro en las doce muestras tomadas.

El segundo punto en este sentido se localiza, como se ha mencionado anteriormente, también en el norte de Córdoba, más concretamente en la planta de El Viso y Villaralto, que también la gestiona Emproacsa y que vierte al arroyo Arenoso. Esta instalación ha llegado a superar el volumen de vertido anual autorizado en años anteriores y arrojó una media de 2,4 miligramos por litro de fósforo total, mientras que el límite está impuesto en unos dos miligramos por litro.

Desde el punto de vista técnico, los Ecologistas han advertido en dicho escritor de que el sistema de biodiscos de El Viso no es el idóneo para la zona, dada la elevada carga orgánica de origen ganadero que recibe. Además de carecer de tratamiento primario y de un tanque anóxico para la desnitrificación, la empresa pública Emproacsa ya se encuentra estudiando un proyecto de reforma de ingeniería para sustituir este diseño por un nuevo reactor biológico de cultivo suspendido.

Asimismo, el informe señala a la planta de Pozoblanco como “la peor depuradora de la provincia”. Durante el año 2025, esta infraestructura registró una concentración media de fósforo de 4,6 miligramos por litro en sus once muestras analizadas, con un rendimiento de depuración de apenas el 32,16%. Las aguas residuales insuficientemente depuradas se vierten al río Guadarramilla, impactando directamente en la calidad ambiental de La Colada y agravando su eutrofización.

La EDAR de Pozoblanco arrastra un largo historial de deficiencias, habiendo tenido revocada su autorización de vertido entre 2007 y 2019. No obstante, a mediados de julio de este año, se dio a conocer que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Hidralia, lograron ratificar la vigencia de su autorización tras cumplir con los parámetros exigidos y acordar un plan de inversiones y mantenimiento técnico de la planta.

De hecho, la Junta de Andalucía acomete actualmente una ampliación integral de la planta de Pozoblanco con una inversión de casi 8 millones de euros. Uno de los consejeros visitó el pasado año las obras, que entonces se encontraban al 70% de ejecución con una inversión de 6,3 millones, estimando que las obras para duplicar la capacidad diaria de tratamiento hasta los 6.300 metros cúbicos y poner en marcha los sistemas para reducir el fósforo finalizarían a finales de año. Todo ello en busca de eliminar las tres deficiencias que aumenta la contaminación en La Colada.

Adelante Andalucía ha reclamado una reorganización del abastecimiento de agua en el norte de Córdoba para garantizar un sistema más eficiente, sostenible y seguro.

En una nota, desde Adelante Andalucía consideran que la planificación hidráulica del norte de Córdoba necesita un cambio urgente y que, en lugar de complicar la red con parches costosos, la solución pasa por una idea sencilla: que cada pueblo utilice el agua que tiene más cerca y que mejor le corresponde por su geografía.

Según la formación, este plan no requiere construir nuevos embalses, ni gastar dinero público en grandes infraestructuras hidráulicas: basta con reorganizar las tuberías y plantas de tratamiento que ya existen. Señalan que esta optimización de los recursos hídricos consta de tres ejes:

- Eje ETAP de Puente Nuevo: Consolidar el suministro a Villaviciosa de Córdoba y Villaharta desde la ETAP de Puente Nuevo, ejecutando una nueva conducción que permita incorporar al municipio de Obejo (que hoy depende de manantiales vulnerables) para asegurar su suministro en alta en época de sequía.

- Eje ETAP de Martín Gonzalo: Abastecer a Cardeña y Villanueva de Córdoba desde los embalses de Martín Gonzalo y El Arenoso (ETAP de Martín Gonzalo), sacando a estos municipios del maltrecho sistema de Sierra Boyera y La Colada.

- Eje Zújar/Guadiana: Conectar Valsequillo con Los Blázquez para que ambos compartan el agua del manantial del Zújar (perteneciente a la cuenca del Guadiana, a la que corresponden por territorio), dejando las tuberías actuales de Emproacsa únicamente como reserva de emergencia.

Para Adelante, el objetivo es reducir la presión sobre Sierra Boyera, reduciendo de inmediato la necesidad de consumir agua contaminada de La Colada. Según dicen, se ahorra en la factura eléctrica de los bombeos y se garantiza una red más segura y eficiente ante futuras sequías. “Es hora de dejar los parches e implantar una planificación basada en el sentido común técnico y el beneficio de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato”.

Por ello exigen a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Córdoba y a las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana que estudien e impulsen esta reorganización del abastecimiento del norte de la provincia de Córdoba.

Hacía más de 12 años que la provincia de Córdoba no llegaba al final del verano con tanta agua en sus embalses. Con la temporada de riego cerca de terminar y el otoño a la vuelta de la esquina, las lluvias tan abundantes de la pasada primavera y los últimos años han hecho que los cultivos estivales no necesiten tanta agua como años atrás. La humedad ha aguantado en el campo, las escorrentías han seguido llenando acuíferos y pozos, y los agricultores han necesitado menos desembalses que durante los peores años de la sequía.

Eso deja que la situación hídrica de la provincia del verano, con su final a la vuelta de la esquina, sea envidiable. Desde 2014, no se acababa el estío con los embalses a casi el 80% de su capacidad de media. Aunque con matices. Hay pantanos como San Rafael de Navallana, cuyo cometido es precisamente garantizar el regadío, que están al 52%. Pero los grandes embalses de Córdoba, como Iznájar o La Breña II, a cerca del 80% de su capacidad.

Esta situación garantiza un próximo año de normalidad hídrica en Córdoba, incluso en el caso de que apenas llueva. Los embalses de abastecimiento a las ciudades, como Sierra Boyera, Iznájar o Guadalmellato, tienen agua de sobra como para garantizar el suministro. Y los de regadío también recursos de sobra como para aportar agua para los riegos extraordinarios que se pudieran necesitar.

Los datos actuales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reflejan que los embalses situados en la provincia de Córdoba almacenan 2.587,315 hectómetros cúbicos de agua, sobre una capacidad total de 3.320,313 hectómetros cúbicos. Eso supone un nivel medio del 77,92%. Queda, por tanto, menos de una cuarta parte de la capacidad provincial por ocupar. En concreto, hay margen para almacenar otros 733 hectómetros cúbicos.

La fotografía es muy distinta a la que presentaba la provincia durante los años más duros de la sequía. La media de los últimos diez años para estas fechas se sitúa en torno a los 1.155 hectómetros cúbicos y el 34,23% de la capacidad, según los datos históricos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Córdoba dispone ahora de unos 1.430 hectómetros cúbicos más que la media de la última década, prácticamente 2,3 veces el volumen medio que suele conservar la provincia por estas fechas.

Y la diferencia es todavía más llamativa si se compara con el verano pasado. En la misma semana de 2025, la provincia rondaba los 1.615 hectómetros cúbicos, frente a los más de 2.600 que registra ahora la serie de referencia. Es decir, el nivel actual se encuentra aproximadamente un millar de hectómetros cúbicos por encima del de hace un año.

Iznájar y La Breña II concentran buena parte de la reserva

La buena situación no se debe a un único embalse. Córdoba llega al final del verano con una parte importante de sus principales reservas en niveles elevados. Iznájar, el gran regulador del sistema cordobés y uno de los mayores embalses de Andalucía, almacena actualmente 714,897 hectómetros cúbicos, el 77,69% de su capacidad. Por sí solo concentra más de una cuarta parte de toda el agua almacenada en los embalses de la provincia. La Breña II, por su parte, mantiene 640,275 hectómetros cúbicos, el 77,76% de su capacidad de 823,4 hectómetros cúbicos. Entre ambos embalses suman más de 1.355 hectómetros cúbicos, una reserva de enorme importancia para afrontar los próximos meses.

También presentan una situación especialmente favorable Bembézar, con el 82,97%; Puente Nuevo, con el 82,04%; Yeguas, con el 81,43%; Guadalmellato, con el 84,20%; y Vadomojón, con el 86,05%. También se encuentran por debajo de la media provincial Guadanuño, con el 63,70%, y Martín Gonzalo, con el 70,86%. Son, junto a Navallana, los embalses que presentan una situación más ajustada dentro del conjunto cordobés.

Emproacsa, la empresa provincial de aguas dependiente de la Diputación de Córdoba, ha sacado a licitación un proyecto para la zona norte de la provincia que entra dentro del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027. Con un presupuesto base de licitación que asciende a 1.134.719,10 euros -impuestos incluidos-, la iniciativa busca modernizar y asegurar la operatividad de diversos sistemas de almacenamiento de agua potable que presentan actualmente importantes necesidades de mantenimiento.

La intervención tendrá su foco en tres municipios, centrándose específicamente en los depósitos de Villanueva de Córdoba y Obejo, además de actuar en seis instalaciones situadas en las aldeas de Fuente Obejuna. En este último caso, las poblaciones beneficiadas serán El Alcornocal, Cañada del Gamo, Los Pánchez, Navalcuervo, Ojuelos Altos y Piconcillo.

Los informes técnicos que sustentan el proyecto han advertido de un “estado patológico avanzado” en estas infraestructuras, con riesgos tanto estructurales como sanitarios derivados de la falta de estanqueidad. Se han detectado fisuras en muros y soleras, desprendimientos de revestimientos interiores y una corrosión activa de las armaduras de hormigón que compromete la durabilidad de los vasos si no se interviene de manera inmediata.

Para revertir esta situación, el plan contempla una rehabilitación integral mediante el sellado de grietas y la aplicación de nuevos revestimientos impermeables de altas prestaciones. Estas actuaciones no solo eliminarán las actuales pérdidas de agua hacia el terreno, sino que permitirán que los elementos estructurales recuperen su capacidad resistente original, extendiendo la vida útil de los depósitos por varias décadas más.

Uno de los puntos destacados de la actuación es la renovación de las cubiertas en Villanueva de Córdoba y Obejo, donde las actuales estructuras de ladrillo en mal estado serán sustituidas por modernas cúpulas de aluminio autoportantes. Asimismo, se adecuará la instalación hidráulica, se instalarán nuevos sistemas de ventilación con protección anti-intrusión y se mejorarán los cerramientos perimetrales para cumplir con los estrictos criterios técnico-sanitarios actuales.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de doce meses y se han planificado para causar la menor incidencia posible en la prestación del servicio.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado las obras de modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento a Córdoba, una intervención que permitirá “reforzar la seguridad del abastecimiento de agua potable a la ciudad mediante la recuperación de una infraestructura fundamental para el sistema hidráulico de Córdoba”. Así lo ha expresado el presidente de la empresa pública, Daniel García-Ibarrola, quien ha señalado que la actuación cuenta con una inversión de 4,58 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

García-Ibarrola ha explicado que esta actuación “supone un paso muy importante dentro del proceso de modernización de las principales infraestructuras de abastecimiento de la ciudad. Nuestro objetivo es seguir aumentando la seguridad del sistema para que Córdoba disponga de todas las garantías ante cualquier incidencia y afrontar con tranquilidad las necesidades de las próximas décadas”.

El sistema de abastecimiento de Córdoba dispone de dos grandes conducciones, de aproximadamente 24 kilómetros de longitud, que transportan el agua desde el embalse del Guadalmellato hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Villa Azul. Esta obra se centra en el tramo inicial de la Primera Conducción, entre el embalse y el punto kilométrico 1+274, una infraestructura que entró en servicio en 1955 y que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento debido al deterioro acumulado tras décadas de servicio. También incorpora diversas actuaciones sobre la segunda conducción, en servicio desde 1978, que permitirán mejorar su conservación y operatividad. Entre ellas se incluyen la limpieza y protección de cauces, la reparación de caminos de acceso, la rehabilitación de acueductos que suman 1,2 kilómetros de longitud, inspecciones mediante cámaras y drones y la habilitación de conexiones para sistemas de bombeo de emergencia.

“La recuperación de esta conducción es especialmente importante porque permitirá volver a disponer de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de Córdoba. En estos momentos la ciudad depende fundamentalmente de la segunda conducción y, cuando finalicen estos trabajos, contaremos con un sistema mucho más robusto, con mayor capacidad de respuesta y preparado para afrontar cualquier eventualidad”, ha señalado el presidente de Emacsa.

Las obras se están ejecutando dentro del ámbito de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Guadalmellato y han sido diseñadas con criterios de mínima afección ambiental. Además, el proyecto cuenta con la correspondiente autorización ambiental y contempla un plan específico de prevención de incendios durante toda la ejecución de los trabajos. Para García-Ibarrola, “invertir en estas infraestructuras es invertir en tranquilidad para los cordobeses. Son actuaciones que muchas veces no se ven porque discurren bajo tierra o lejos de la ciudad, pero de ellas depende que el agua llegue con todas las garantías a los hogares. Emacsa lleva años trabajando en la modernización de su red y este proyecto supone un nuevo avance en ese compromiso con un servicio público cada vez más seguro, eficiente y preparado para el futuro”.

La Plaza de las Artes ha acogido este miércoles una singular iniciativa para combatir las altas temperaturas. Bajo el título Flis flas. Fresquitas a fin de mes, la Asociación Vecinal Diana y Ecologistas en Acción, con el apoyo de Siempreviva, han reunido a decenas de vecinos armados con pulverizadores y pistolas de agua en una “peleílla acuática”. La actividad ha combinado el carácter lúdico con una reivindicación vecinal para reclamar más espacios públicos donde refugiarse del calor y hacer frente a las sucesivas olas de altas temperaturas que afectan a Córdoba.

Durante la convocatoria, los colectivos han insistido en la necesidad de ampliar la red de piscinas públicas asequibles, especialmente en los barrios más vulnerables, reforzar el arbolado y las zonas verdes, incorporar juegos de agua y otros espacios para refrescarse, mejorar la red de refugios climáticos, aumentar el suelo permeable, instalar más toldos y garantizar fuentes de agua potable más fresca. Las entidades han enmarcado estas reivindicaciones en el trabajo que desarrolla Parque Fidiana por el Clima para hacer el barrio más habitable y han reclamado al Ayuntamiento medidas estructurales frente al calor extremo, antes de haber concluido la jornada con una cena compartida en los Jardines de la Memoria.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha finalizado los trabajos de reparación de la fuente y estanques del Jardín de los Poetas, situados en el entorno del Marrubial, junto a la avenida de las Ollerías.

Según informa la empresa, esta actuación ha permitido recuperar este espacio de la ciudad y adecuarlo a un funcionamiento más eficiente y sostenible, además de hacerlo más acogedor para quienes disfrutan de este parque. La intervención se ha centrado en la solución de los problemas existentes en el sistema hidráulico de la fuente, la reparación de los elementos que presentaban deficiencias y la mejora de los circuitos de funcionamiento para garantizar una prestación más estable y facilitar las labores de conservación.

Los trabajos realizados incluyen la mejora de los vasos existentes, la incorporación de sistemas de reutilización del agua y la naturalización de algunos espacios mediante vegetación acuática. Tras la reforma, el estanque situado junto a la avenida de las Ollerías se encuentra completamente naturalizado.

Las fuentes centrales, organizadas en tres vasos independientes, funcionan con un sistema que facilita su conservación y optimiza el consumo de agua. Junto a ellas se ha ejecutado un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), que aprovecha el agua de lluvia para reforzar la vegetación del entorno.

La actuación, que concluirá con la naturalización del estanque situado en la parte final, incorpora un circuito de reutilización del agua mediante un aljibe que recoge el caudal procedente de las canaletas para destinarlo al riego y al mantenimiento de los distintos vasos, reduciendo de forma significativa las pérdidas que presentaba la instalación original.

Esta intervención responde a las demandas planteadas por los vecinos y usuarios del entorno y se integra dentro de la actuación global de transformación de elementos hidráulicos del Jardín de los Poetas, un proyecto que ha permitido recuperar un entorno que requería continuas intervenciones de mantenimiento y adaptarlo a las necesidades actuales.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “el Jardín de los Poetas es un buen ejemplo de cómo podemos conservar espacios con agua adaptándolos a las necesidades actuales. Hemos recuperado un entorno que presentaba importantes problemas de funcionamiento y hoy avanza hacia un modelo mucho más eficiente y sencillo de mantener”.

García-Ibarrola ha señalado además que “esta actuación responde al compromiso de Emacsa con las necesidades que nos trasladan los vecinos de Córdoba. Trabajamos para que los espacios públicos de la ciudad estén en las mejores condiciones y para que elementos singulares como esta fuente puedan seguir formando parte del día a día de los vecinos”.

Advertía George Santayana que quien no recuerda lo vivido está condenado a una perpetua infancia intelectual. Esta sentencia es una losa para los pueblos que olvidan su historia. Por ello, para entender por qué Córdoba está hoy perdiendo el control sobre su recurso más preciado que es el agua, es necesario contar cómo hace 150 años nuestra principal fuente de abastecimiento público, las aguas de Hoja Maimón, se gestionaba en un contexto de opacidad, asimetrías informativas y una profunda dependencia de intereses privados. Este precedente histórico guarda cierta similitud con lo que estamos viviendo en la actualidad en la gestión de un bien tan necesario como es el agua.

Situémonos en la década de 1870. España y en concreto Córdoba buscaban reponerse de la crisis monárquica del reinado de Isabel II. Apenas despuntaba la década cuando los ecos de la Revolución de 1868, “La Gloriosa”, que a nivel local se materializaron bajo el impulso de la Junta Revolucionaria de Córdoba, derribaron algo más que un trono al dictar un decreto que declaraba “abolidas las murallas que circundan esta población”. Córdoba dejaba de ser una fortaleza del Antiguo Régimen para abrazar la modernidad de la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, mientras las murallas de piedra caían, otras murallas invisibles, las de la gestión y conservación de nuestros manantiales y fuentes, permanecían incólumes.

Posiblemente, la constante penuria económica del consistorio debido a diferentes avatares históricos a lo largo del siglo XIX abocó a una progresiva degradación a las redes de abastecimiento públicas. Las redes privadas, principalmente de la Iglesia, se vieron gravemente afectadas por las desamortizaciones sucesivas, principalmente por la de Mendizábal de 1835. Su principal resultado fue la transferencia de la titularidad de gran número de huertas con nacimiento de manantiales y sus conducciones que canalizaban sus aguas, a la Hacienda Pública de Madrid.

En 1864, el ayuntamiento tenía constancia de que las conducciones de agua no se gestionaban adecuadamente debido al desconocimiento de su trazado, incluidas las de las ya citadas aguas de Hoja Maimón. La información sobre el recorrido de las tuberías de barro recaía exclusivamente en los maestros fontaneros, personificados en la familia Bonilla. Esta saga gestionaba la red con una dejadez que rozaba lo malicioso, propiciando averías por las cuales cobraban reparaciones “sobrevenidas”. El ejemplo más sangriento de este descontrol fue la instalación por Ángel Bonilla de una bomba de succión; una solución que resultó ser veneno, pues durante diez años forzó el venero arrastrando arena que terminó por lijar y obstruir las viejas tuberías de barro. Semejante despropósito técnico fue posible porque el consistorio carecía de acceso al aforador de caudales que los Bonilla custodiaban en su domicilio. De las tres llaves necesarias para fiscalizar ese patrón de medida, el ayuntamiento había perdido dos, quedando a merced de los datos que la familia suministraba a su conveniencia.

Apenas tres años después, en 1867, el consistorio estaba ahogado por las deudas que dejó la visita real de Isabel II cinco años antes. Negociaron con el gobernador civil permutar el préstamo de estos fastos invirtiendo el dinero adeudado en la reforma integral de las cañerías de agua. El tiempo demostraría que esta solicitud fue una treta que buscaba cancelar la deuda. No se destinó dinero a la reparación de las redes que mostraban numerosas pérdidas y quejas por parte de los vecinos. Esto nos da una idea de la categoría moral de nuestros gobernantes en aquellos años. Años, algunos, de verdadera sequía como fueron los de la década de 1850, la Gran Sequía de 1872-1880, demostrando que la falta de inversión real en las cañerías condenó a la población a décadas de miseria hídrica.

Hacia 1874, ante la continua falta de agua en la ciudad por las circunstancias que estamos describiendo, la corporación municipal se vio en la necesidad de arrendar el uso de una noria existente en Huerta Nueva, situada en su día aproximadamente en el emplazamiento actual de Emacsa.

Esta huerta estaba arrendada a Manuel Romero. Él era conocedor de la falta de supervisión por parte del ayuntamiento y del maestro fontanero. Ante esta coyuntura, aprovechó para lucrarse obstruyendo los conductos de las aguas de la huerta con harapos para fingir averías y desviando el agua y vendiéndola a espaldas del consistorio.

Se atrevió a hacerlo al comprobar que los Bonilla manipulaban las redes a su conveniencia y que el ayuntamiento exigía derramas a los partícipes (vecinos con derechos de cierta cantidad de agua) de Hoja Maimón para restaurar su conducción a sabiendas de que les había vendido el consistorio ciertos volúmenes de agua sin que sus manantiales tuvieran el suficiente aforo. En todo este entramado, el mayor damnificado era el pueblo de Córdoba.

En 1876, ante la falta de lluvias, el alcalde Francisco de Paula Portocarrero ordenó al archivero municipal, José López Amo, clasificar y examinar minuciosamente los fondos documentales para reunir en un solo expediente toda la información sobre el origen y curso de las aguas de la ciudad. López Amo realizó una labor ingente de recopilación, examinando todos los documentos existentes para dar coherencia administrativa al sistema. Sin embargo, esta ordenación del archivo no fue suficiente para recuperar el control real: aunque el ayuntamiento ya podía consultar sus propios papeles, los Bonilla seguían poseyendo el saber práctico sobre el terreno, con detalles y precisiones que ningún legajo podía igualar. La institución había recuperado su memoria escrita, pero seguía siendo rehén de la pericia técnica de una dinastía privada que conocía la red mejor que sus propios dueños.

Años más tarde, ante la persistencia de la sequía y el crecimiento demográfico, se aprobó la conducción de Torrecilla-Antas. La apuesta técnica no fue por el desarrollo de una ingeniería propia, sino por la adopción de soluciones extranjeras: la patente francesa del Sistema J. Lavril, suministrada por la firma barcelonesa Balaciart Hermanos. La documentación comercial de la época revela la servidumbre implícita de esta modernización al destacar la «facilidad de su colocación, al alcance de las personas menos versadas». Se vendía así la ilusión de una tecnología «llave en mano» que permitía prescindir de la capacitación local, interrumpiendo el desarrollo técnico de fontaneros y arquitectos municipales. La red ganó rendimiento, pero el municipio consolidó una subordinación a patentes y manuales extranjeros gestionados desde Barcelona.

Incluso propuestas alternativas, como la presentada por Santos María Pego en 1879 para la Asociación de Partícipes de las Antiguas Aguas del Cabildo, se veían obligadas a recurrir a tecnología foránea, en su caso, tubos de hierro dulce bajo patente de los ingenieros Desnos y Broussant. Sin embargo, el proyecto de Pego marcaba una diferencia política crucial: proponía un sistema de medición mediante un metrónomo de precisión que permitía a los usuarios auditar el reparto con equidad. Pego intentaba devolver a los cordobeses el control sobre la métrica que el modelo municipal entregaba ciegamente a intereses externos.

En el ámbito nacional, la implantación de la peseta en 1868 resultó determinante para este proceso de apertura a la industria extranjera. Esta medida puso fin a la convivencia de múltiples divisas, como los reales, escudos y maravedíes, integrando a España en la Unión Monetaria Latina. Al establecer una paridad directa con el franco francés, se simplificó la contabilidad y se eliminaron las incertidumbres en el cambio que dificultaban la inversión de las potencias industriales. De este modo, la unificación monetaria facilitó la repatriación de beneficios para las concesionarias extranjeras, lo que terminó por convertir a España y a Córdoba, en concreto, en un escenario económicamente accesible para el capital transnacional.

Este logro institucional se produjo en el marco de la Constitución de 1876, catalizadora del régimen de la “oligarquía y el caciquismo”. La estabilidad política emanada de la nueva Carta Magna operó como un incentivo para la llegada de capital transnacional. Así, mientras Córdoba dependía todavía de una obsoleta red de atanores de barro, el capital británico ya había privatizado el agua en Sevilla mediante The Seville Water Works Company Limited (SWW).

Esta inercia de subordinación técnica perduró más allá del siglo XIX, consolidándose en las estructuras institucionales. El municipio cordobés quedó atrapado en un modelo de gestión dependiente que tardaría décadas en revertirse, perpetuando una brecha entre la propiedad pública del recurso y la incapacidad técnica para operarlo de forma autónoma hasta bien entrado el siglo XX.

El primer punto de inflexión en esta dinámica ocurrió en 1938, en plena Guerra Civil, cuando el Ayuntamiento de Córdoba logró la municipalización del servicio al comprar la empresa privada que gestionaba las aguas locales. Aquella operación dio origen al Servicio Municipal de Aguas Potables que, aunque limitado a unos 3.000 abonados, sentó las bases operativas para la gestión directa del recurso.

La recuperación plena de dicha soberanía no se materializó hasta noventa años después de aquellos desencuentros decimonónicos, en 1969, mediante la constitución de Emacsa bajo la dirección unificadora del ingeniero Juan Chastang Marín. Chastang articuló el control integral del ciclo hidráulico, abarcando desde la captación en los embalses de la cuenca hasta el suministro final de la capital. Esta estructura centralizada aseguraba una planificación rigurosa y una alta capacidad de respuesta ante contingencias.

Si bien la transición democrática ofreció una coyuntura idónea para consolidar la gestión del agua en el territorio cordobés, el proceso fracasó debido a un conflicto político de carácter estructural. Este desencuentro se consumó el 21 de diciembre de 1985, al amparo de la recién aprobada Ley de Bases del Régimen Local. El proyecto de «provincializar» Emacsa para erigirla en la entidad gestora de todo el ámbito provincial colapsó por una disputa de representatividad: Izquierda Unida condicionó el acuerdo a la reserva del 51 % del control accionarial, mientras que el PSOE, desde la Diputación Provincial, exigió una gobernanza estrictamente paritaria. Ante la falta de consenso, la corporación provincial constituyó de manera unilateral la empresa Emproacsa, con el fin de asumir la dirección técnica de los consorcios hídricos, como los de las zonas Norte, Sur y Alto Guadalquivir, que hasta entonces tutelaba la Confederación Hidrográfica. De este modo, el mapa concesional de Córdoba quedó definitivamente fracturado, consolidando una gestión dual que dividía el recurso entre la capital y el resto de la provincia.

Esta ruptura institucional fragmentó la unidad operativa del agua y originó la bicefalia (Emacsa para la capital y Emproacsa para la provincia) que persiste en la actualidad. Este proceso fue contemporáneo a otro hito de apertura exterior: la integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Si en el siglo XIX la peseta facilitó la conexión con el capitalismo industrial, la adhesión al mercado común y la posterior adopción del euro en 2002 representaron la inserción definitiva en una economía de escala continental. Sin embargo, mientras el Estado adaptaba sus estructuras a las exigencias de Bruselas, Córdoba consolidaba esa fractura administrativa interna que neutralizó cualquier posibilidad de respuesta unificada ante los nuevos desafíos globales.

Este inmovilismo estructural relegó a Emacsa a un marco operativo insular heredado de su fundación predemocrática. A diferencia del modelo metropolitano de Sevilla, las sucesivas reformas de los estatutos de la entidad cordobesa jamás contemplaron la apertura de su accionariado para articular una gobernanza regional. Mientras que Emasesa adaptó sus estatutos en 1993 para incorporar a los municipios limítrofes a su propiedad, la corporación cordobesa preservó su modelo autárquico. En este punto radica la asimetría de la innovación local: Emacsa opera con altos estándares de eficiencia interna, pero adolece de proyección territorial; prioriza la excelencia en la gestión doméstica frente al liderazgo regional. Se constata así la diferencia entre la aspiración a controlar la infraestructura de conectividad (Sevilla) y la complacencia de poseer el activo mejor optimizado pero confinado (Córdoba).

Como consecuencia de este repliegue, Emacsa ha acometido una actualización tecnológica convencional mediante la adquisición de la plataforma propietaria de la multinacional Schneider Electric-AVEVA. Esta opción representa la línea de menor resistencia técnica: perpetuar la vinculación con el proveedor histórico a costa de transferir el conocimiento táctico de la ingeniería local. Al externalizar los procesos de inteligencia analítica en una arquitectura de código cerrado, el control cognitivo de la red abandona la soberanía municipal. Esta involución presenta una severa paradoja histórica: de la cesión de la infraestructura física a las patentes francesas en el siglo XIX, se ha pasado a la entrega del algoritmo de gestión a un conglomerado transnacional en el siglo XXI.

Por el contrario, el modelo sevillano ilustra una estrategia divergente. Emasesa ejerce el liderazgo sectorial tras constituirse en un nodo tecnológico y centro de analítica de datos de referencia en Andalucía. Esta autonomía operativa obedece a una decisión deliberada de eludir la dependencia de grandes proveedores de software propietario, articulando alianzas con el ecosistema de código abierto y consultoras especializadas como Wellness TechGroup o la FIWARE Foundation. Mediante esta cooperación, Sevilla ha desarrollado una plataforma pública de gestión hídrica integral que optimiza la captación de fondos comunitarios, 15,4 millones de euros, una cifra que triplica la asignación cordobesa, dado que los criterios de financiación de la Unión Europea priorizan aquellas infraestructuras tecnológicas de carácter interoperable y uso compartido.

Esta divergencia estratégica adquiere una urgencia perentoria ante un hito normativo inmediato: la entrada en vigor, el 2 de agosto de 2026, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). La nueva ley cataloga los sistemas de distribución de agua como infraestructuras de «alto riesgo», lo que proscribe el empleo de algoritmos opacos o de código cerrado que impidan una auditoría externa. Aunque el consistorio confíe en una moratoria transitoria hasta 2030, esa tregua es un espejismo: cualquier actualización operativa del software antes de esa fecha obligará a Emacsa a cumplir de inmediato con la norma. Si la naturaleza cerrada de la plataforma de Schneider impide garantizar la trazabilidad y la supervisión humana independiente que exige Europa, la entidad incurrirá en un incumplimiento de conformidad. Es el regreso de la paradoja de las llaves perdidas: si el ayuntamiento no posee el código, no puede abrir la “caja negra” para que sea auditada, exponiéndose a una sanción que podría alcanzar los 15 millones de euros. Córdoba no puede permitirse ser, otra vez, rehén de una llave que no tiene.

La resolución de esta vulnerabilidad exige la superación definitiva de la fractura institucional datada en 1985. En este sentido, la propuesta para la constitución de un Cerebro Digital Soberano, concebido con la Universidad de Córdoba (UCO) y articulado mediante proyectos como ALIA, ofrece la coyuntura idónea para que Emacsa y Emproacsa trasciendan, por fin, el marco estatutario de 1969. Daniel García-Ibarrola y Salvador Fuentes tienen ante sí la oportunidad histórica de sustituir la actual dependencia del arrendamiento tecnológico por la soberanía sobre sus propios sistemas de gestión. El agua, en su condición de bien de dominio público, demanda un modelo de gobernanza digital igualmente público, transparente y arraigado en la realidad cordobesa. El 2 de agosto de 2026, cuando el Reglamento Europeo de IA empiece a exigir cuentas sobre la transparencia de los algoritmos de infraestructuras críticas, se sabrá si los actuales responsables decidieron ejercer el mando sobre nuestra propia inteligencia hídrica o si prefirieron resignarse a ser meros inquilinos de un software ajeno.

*Pancho Gamero, doctor Ingeniero Agrónomo y egresado en Historia del Arte

La vida que mostraban los Baños de Popea con el agua corriendo gracias a las copiosas lluvias de este pasado otoño e invierno ya es cosa del pasado. Ahora, con el inicio del verano, el calor extremo y las captaciones de agua del entorno de este enclave privilegiado de la Sierra de Córdoba, apenas un hilo de agua correo arroyo arriba y no llega a caer ya nada en los Baños de Popea.

Las aguas del arroyo del Molino que antes llenaban los Baños de Popea antes de desembocar en el río Guadiato, junto a la barriada de Santa María de Trassierra, han desaparecido y el enclave se muestra con algo de agua en la poza pero sin correr en los alrededores, como se podía ver este mismo miércoles 15 de julio.

Este paraje, en un entorno declarado Reserva Natural Fluvial, se ubica en el tramo final de los arroyos Bejarano y del Molino. La fuerza del agua por esta zona fue aprovechada siglos atrás, como muestran los vestigios de molinos, aunque en estos momentos no se escucha ni el rumor de la misma.

Hace años, el cauce estaba limpio y muchos cordobeses disfrutaban en verano de un baño en la zona. Aún hoy, sigue siendo una zona muy visitada por excursionistas. De un tiempo a esta parte, ha sido numerosas las denuncias de grupos ecologistas y ambientalistas sobre las captaciones de agua de este entorno.

En ese sentido, han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones la extracción ilegal de agua de los acuíferos de la zona y cómo, a resultas de ellos, los Baños de Popea vienen presentando en los últimos años estampas de sequía en verano y en ocasiones también entrado el otoño. Ahora, se vuelve a repetir la estampa, pese a que este año hidrológico se ha surtido del famoso 'tren de borrascas' que han encadenado copiosas lluvias en Córdoba.

El Ayuntamiento de Lucena ha desvelado parte de su agenda veraniega de actividades en espacios al aire libre. A través de la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana, pone en marcha una nueva programación de fiestas acuáticas con castillos hinchables para ofrecer alternativas de ocio durante las vacaciones de verano, especialmente dirigidas a la infancia y las familias.

La actividad recorrerá tres zonas de la ciudad durante tres miércoles consecutivos. La primera cita tendrá lugar el 22 de julio en el Parque de Santa Lucía; continuará el 29 de julio en la calle Málaga; y finalizará el 5 de agosto en el Parque Llano de las Tinajerías. Todas las jornadas se desarrollarán entre las 17:00 y las 20:00.

La concejala de Participación Ciudadana, Araceli Rodríguez, ha explicado que se trata de “una actividad muy demandada que hacía tiempo que no se organizaba en los barrios” y que se recupera para “llenar el periodo de vacaciones de contenido y ofrecer por la tarde una propuesta divertida de la mano del Ayuntamiento”.

La programación se suma a las diferentes iniciativas estivales impulsadas desde las áreas municipales de Medio Ambiente, Cultura y Juventud, entre otras, con el objetivo de ampliar las opciones educativas, culturales y de entretenimiento disponibles durante los meses de verano.

Rodríguez ha señalado que la elección de los miércoles permite complementar otras propuestas municipales, como las sesiones de cine que se celebran los jueves, y facilitar que los niños y niñas participantes en las ludotecas puedan disfrutar también de actividades durante la tarde.

“Queremos llegar a diferentes zonas de nuestra ciudad y contribuir a que los niños y no tan niños cuenten con actividades relacionadas con este tiempo de calor y diversión”, ha manifestado la concejala, quien ha recordado que la iniciativa responde a las peticiones trasladadas por vecinos y vecinas durante las visitas realizadas a los centros sociales municipales en las sesiones de ‘Díselo a tu alcalde’.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) inicia este lunes las obras de construcción de una nueva arteria de abastecimiento y de una red de agua no potable en la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, en el tramo comprendido entre la calle Sor Ángela de la Cruz y la glorieta de Cruz de Juárez.

La actuación supone una inversión superior a los 600.000 euros y permitirá reforzar la capacidad de la red de abastecimiento, mejorar la garantía del suministro y seguir ampliando las infraestructuras destinadas al uso de agua no potable, en línea con la estrategia de Emacsa de avanzar hacia una gestión cada vez más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “continuamos ejecutando inversiones estratégicas que, aunque en muchas ocasiones no sean visibles para la ciudadanía, resultan fundamentales para garantizar un abastecimiento de agua seguro, eficiente y preparado para responder a las necesidades presentes y futuras de Córdoba. Modernizar nuestras infraestructuras es invertir en la calidad del servicio y en la resiliencia de la ciudad”.

Asimismo, García-Ibarrola ha señalado que “esta actuación refleja dos de las principales líneas de trabajo de Emacsa: reforzar la red de agua potable y seguir extendiendo la red de agua no potable, una infraestructura que nos permite hacer un uso más racional y sostenible del agua, reservando el agua potable para aquellos usos en los que realmente es necesaria”.

La intervención contempla la construcción de una nueva arteria de abastecimiento de aproximadamente 500 metros de longitud, ejecutada mediante tubería de fundición dúctil de 600 milímetros de diámetro. Esta nueva conducción incrementará la capacidad hidráulica del sistema de distribución, aportará una mayor flexibilidad operativa para las maniobras de explotación y mantenimiento y reforzará la respuesta de la red ante posibles incidencias.

En paralelo, Emacsa ejecutará una nueva red de agua no potable, también de aproximadamente 500 metros de longitud, mediante tubería de fundición dúctil de 250 milímetros de diámetro. Esta infraestructura permitirá seguir ampliando la red destinada a usos que no requieren agua apta para el consumo humano, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos disponibles.

El proyecto incluye igualmente el refuerzo del sistema de telecomunicaciones asociado a las infraestructuras hidráulicas de Emacsa en este tramo de la ciudad, mejorando las comunicaciones necesarias para la explotación, el control y la gestión digital de la red.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de dos meses, si bien esta planificación podrá ajustarse en función del desarrollo de la obra y de los condicionantes técnicos que puedan surgir durante su ejecución. Con esta nueva actuación, Emacsa continúa avanzando en su programa de modernización y renovación de sus infraestructuras, con el objetivo de ofrecer un servicio cada vez más seguro, eficiente, resiliente y sostenible para toda la ciudadanía.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha decretado la prohibición del baño en el embalse de La Colada, en el municipio de El Viso (Córdoba) tras recibir un informe emitido por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que indica que se han detectado hasta seis especies de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud en el análisis de la muestra tomada el pasado 30 de junio.

La delegada territorial ha trasladado esta decisión, adoptada para la protección de la salud de los bañistas, al Ayuntamiento de El Viso para que señalice la prohibición del baño en las inmediaciones de la zona afectada; mantener esta señalización hasta que se comunique por parte de Sanidad de la desaparición del riesgo sanitario; y facilitar a los usuarios de las aguas de baño la información de las causas que han originado esta situación.

Asimismo, Sanidad solicita al Ayuntamiento que advierta a los usuarios que permanezcan fuera del agua y eviten actividades deportivas que puedan conducir al contacto con las natas, especialmente si pueden provocar una ingestión a través de la nariz o la boca; así como que eviten que los niños se acerquen al agua.

La Delegación Territorial llevará a cabo un control de vigilancia a través de los resultados analíticos de las aguas de baño afectadas que remitan desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana y comunicará, en su caso, el levantamiento de la prohibición cuando se confirme que han desaparecido estas cianobacterias tóxicas para la salud.

Precisamente, el pasado 23 de junio la Delegación de Salud decretó el levantamiento de la prohibición que persistía ya desde la temporada anterior del baño tras varias analíticas que permitían descartar el riesgo para la salud. El control analítico de las aguas que se hace regularmente de todas las aguas de baño de Andalucía (tanto del litoral como continentales) ha permitido detectar nuevamente las cianobacterias que obligan a retomar la prohibición.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería emite quincenalmente, durante la temporada alta de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, informe sobre las aguas de las 304 zonas de baño de Andalucía, 278 marítimas y 26 continentales.

Las piscinas siguen multiplicándose en Córdoba. Y a un ritmo muy notable. Los últimos datos del Catastro sobre piscinas no cubiertas, correspondientes al ejercicio 2025, reflejan que la capital ha alcanzado las 12.330 instalaciones, una cifra que supone 410 más que hace un año, cuando el registro contabilizaba 11.920.

El incremento, del 3,4% en apenas 12 meses, confirma una tendencia al alza que se mantiene desde hace años y consolida a Córdoba como la ciudad española con mayor número de piscinas en relación a su población, muy por encima de otras ciudades con muchos más habitantes.

Con 323.262 habitantes, la ciudad de Córdoba dispone de una piscina por cada 26 vecinos, lo que equivale a 38 piscinas por cada 1.000 habitantes. Por comparar, basta mirar a la capital de reino. Madrid, con casi 3,5 millones de habitantes, suma 15.076 piscinas, apenas 2.700 piletas más que en la capital cordobesa.

Una capital donde la evolución es aún más evidente si se amplía la mirada. En 2019, antes de la pandemia, el municipio contaba con 11.266 piscinas, de modo que en siete años (de los que seis han sido de situación de sequía técnica), la ciudad ha incorporado 1.064 nuevas instalaciones, un crecimiento cercano al 9,5%.

La provincia también crece

El aumento no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia, los municipios distintos de Córdoba capital reúnen ya 22.344 piscinas, frente a las 20.774 contabilizadas en 2025. Es decir, han sumado 1.570 nuevas piscinas en un solo año, un incremento del 7,6%.

Si se compara con 2023, cuando el resto de municipios contabilizaban 20.465 piscinas, el crecimiento alcanza las 1.879 instalaciones, un 9,2% más.

En total, la provincia de Córdoba registra 34.674 piscinas no cubiertas, resultado de las 12.330 de la capital y las 22.344 repartidas por el resto de municipios. Los datos llegan, además, tras el primer año marcado por una mayor normalidad hídrica después de varios ejercicios condicionados por la sequía y las restricciones de agua.

Tras la capital, los municipios con mayor número de piscinas son Lucena, con 2.006; La Carlota, con 1.345; Montilla, con 1.297; Cabra, con 1.225; Puente Genil y Priego de Córdoba, ambos con 1.076; Almodóvar del Río, con 905; Baena, con 728; y Palma del Río, con 675.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación de Córdoba, ha adjudicado dos contratos destinados a la mejora de la red de abastecimiento de la provincia de Córdoba. Esta intervención, que beneficiará directamente a 52 municipios cordobeses, tiene como objetivo principal que el sistema de tuberías sea más eficiente y que no se pierda agua de manera innecesaria, sobre todo en zonas que escasea en caso de sequía.

El proyecto se divide en dos grandes bloques tecnológicos: la sectorización y la sensorización de las redes. Esto significa que la red de agua dejará de ser un conjunto único y que dificultaba su control para convertirse en un sistema dividido en sectores independientes. Gracias a estas pequeñas parcelas, si ocurre una avería o una fuga en una calle, los técnicos podrán localizarla rápidamente sin que el problema pase desapercibido.

De hecho, este es uno de los prinicipales problemas para Emproacsa en la actualidad. Las fugas pequeñas se tardan semanas en detectar, por lo que se desperdician miles de litros. Con estas obras, se instalarán contadores inteligentes y sensores de alta precisión en puntos clave de la red. Estos dispositivos funcionan como “ojos digitales” que vigilan el flujo del agua las 24 horas del día, enviando información en tiempo real a un centro de control.

Los municipios que se verán afectados

Esta obra no será una intervención menor, sino que llega a una proporción muy amplia dentro de la provincia: nueve municipios de la zona oriental y hasta 43 localidades de las zonas norte y sur. Por tanto, se crea un escudo tecnológico que protege el recurso hídrico en gran parte de la extensión cordobesa.

Por otro lado, una de las herramientas más útiles será el control de los consumos durante la madrugada. El sistema analizará cuánto agua circula por las tuberías cuando casi todo el mundo duerme; si se detecta un consumo inusual a esas horas, saltará una alarma automática que indicará la existencia de una posible rotura. Esto permite actuar de forma preventiva antes de que una pequeña fisura se convierta en un reventón que deje sin servicio a todo un barrio.

Para el vecino, los beneficios serán palpables: una mejor presión del agua en el grifo y menos cortes inesperados por averías graves. Al reducir las pérdidas de agua, que en algunos casos pueden llegar a ser muy altas, se asegura que haya más recurso disponible en los embalses para cuando realmente se necesite, mejorando la calidad del servicio general.

Coste y el encargo de la obra

La empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos será Global Smart IOT SL, que ha resultado ganadora tras el proceso de licitación pública. Esta compañía tendrá la misión de instalar toda la sensórica, las válvulas de control y los sistemas de comunicación en las calles y depósitos de los 52 pueblos seleccionados en un plazo que no superará el año para las fases principales.

La inversión total para este despliegue tecnológico supera los 1,5 millones de euros, contando con una financiación mixta.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha resuelto una nueva concesión de reutilización de aguas regeneradas destinada al riego de 434.25 hectáreas de olivar en los términos municipales de Aguilar de la Frontera y Montilla (Córdoba).

La concesión, con un volumen anual autorizado de 503.730 m³, se vincula a la producción de agua regenerada procedente de la EDAR de Aguilar de la Frontera y tendrá una vigencia de 20 años, condicionada al cumplimiento de los requisitos sanitarios y ambientales establecidos en la normativa vigente.

Esta resolución se incluye en la reserva de 20 hm3 para aguas regeneradas incluidas en el Plan Hidrológico anterior (2015-2021), con la que la CHG pretende impulsar la reutilización de aguas en la cuenca. El Organismo ha asignado ya un valor cercano a 17 hm³ y un total de 20 comunidades de regantes se han visto beneficiadas.

Existe otra reserva de 20 hm³ dispuesta en el Plan Hidrológico Vigente. La CHG ha elaborado ya las bases reguladoras y los criterios de valoración para esta nueva fase, apoyados en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del ciclo 2028-2033.

Solo una vez aprobado el ETI en su versión definitiva podrá completarse y formalizarse el contenido final del segundo plan de aprovechamiento de aguas regeneradas. La previsión del organismo de cuenca es que a lo largo del segundo semestre del 2026 se tramiten las concesiones relacionadas con esta segunda reserva.

La Diputación de Córdoba, a través de Emproacsa, ha publicado la licitación para la ejecución de la nueva conducción de abastecimiento de agua potable en su tramo intermedio. Esta actuación se centra en el tramos de Los Prietos - Camino CP-2025 y representa una iniciativa crucial para renovar la conexión entre Iznájar y Casilla del Monte.

La obra afectará a 200.000 cordobeses y se enmarca dentro del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, financiado por la Diputación. Tal y como ha podido comprobar este periódico, el presupuesto base de la licitación asciende a 12.464.532,33 euros y las empresas que tenga la adjudicación -podrán ofertar hasta el próximo 24 de julio- contará con un plazo de ejecución de unos 18 meses.

Por otro lado, y desde el punto de vista técnico, la nueva conducción consistirá en la instalación de una tubería de unos 1.000 milímetros de diámetro a lo largo de 8,46 kilómetros. De hecho, dicha intervención se ha catalogado como urgente, ya que la infraestructura actual es incapaz de suministrar los caudales punta necesarios, sobre todo en la época estival.

Los trabajos beneficiarán a municipios como Aguilar de la Frontera, Benamejí, Cabra, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles y Puente Genil, entre otros. Al asegurar un caudal mayor y más estable, no solo se garantiza un servicio público básico, sino que también se logra un ahorro económico significativo al minimizar los costes de explotación y mantenimiento derivados de las continuas reparaciones en la red antigua.

Además, el trazado de este segundo tramo contempla desafíos de ingeniería, incluyendo dos cruces aéreos sobre cauces públicos -el río Anzur y el arroyo Salado- y el paso bajo infraestructuras de transporte clave como la autovía A-45 y la carretera nacional N-331.

El proceso judicial contra la antigua directiva y el expresidente de la Comunidad de Regantes Salva García de Fuente Palmera entra en su recta final. Según la reciente providencia dictada el pasado 12 de junio de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Posadas y a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado ha dado traslado a las acusaciones para que, en un plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Este movimiento judicial se produce tras confirmarse la firmeza del auto dictado originalmente el 20 de febrero de 2025, que concluyó la fase de instrucción al hallar indicios racionales de criminalidad contra los investigados, entre los que están tres miembros de la antigua Junta Directiva, entre ellos el expresidente.

El auto judicial detalla una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental. Entre los hechos más graves detectados durante la investigación destaca el presunto desvío de más de 200.000 euros de los fondos de la comunidad hacia cuentas bancarias de una mercantil ajena a los regantes.

La investigación revela además un sistemático inflado de costes soportados por los comuneros. En 2017, por ejemplo, la directiva habría cobrado el agua de riego a un precio de 1,348 euros/m3, cuando el coste real era de apenas 0,13 euros/m3, obteniendo así un beneficio injustificado a costa de los agricultores. Asimismo, se detectó que la Comunidad pagó facturas eléctricas de más de 100.000 euros que en realidad correspondían a otra entidad y no al consumo propio de los regantes.

Lo mismo le imputa el juez en concepto de pago a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por la concesión administrativa de aguas invernales para el riego de olivar. La investigación judicial ha revelado que la directiva incluyó en el balance de gastos de 2017 una partida por este concepto de 94.661,95 euros, una cifra que el auto califica como muy superior a la que realmente correspondía. Según los cálculos técnicos, teniendo en cuenta la superficie de 1.100 hectáreas y el canon aplicable, el importe real debería haber sido de aproximadamente 49.005 euros.

El magistrado señala que la directiva habría falseado datos y ocultado información a los socios con el objetivo de “maquillar” y abultar injustificadamente los gastos en los presupuestos. Esta maniobra permitía a los investigados obtener más dinero del realmente necesario para el mantenimiento de la comunidad, causando un perjuicio económico directo al “bolsillo” de los comuneros regantes. Este hecho forma parte del conjunto de indicios de administración desleal y falsedad documental por los que la cúpula será juzgada

Para mantener este esquema de gestión, los investigados habrían manipulado presuntamente las juntas generales. El auto señala la inclusión de personas fallecidas y no socios en los listados de asistentes a las asambleas para garantizar el quórum necesario y aprobar así las cuentas y presupuestos ahora cuestionados.

Riesgo para la seguridad pública

Más allá de las irregularidades financieras, la instrucción ha puesto el foco en la seguridad de la balsa de la comunidad. Según el documento judicial, la infraestructura carece de un plan de emergencia y seguridad, lo que entraña un “riesgo medioambiental y un peligro severo a poblaciones cercanas” como Silillos y Fuente Carreteros ante un posible desbordamiento o rotura.

Ahora, con el requerimiento de los escritos de acusación, el caso se encamina hacia un juicio oral donde los antiguos responsables de la Comunidad de Regantes Salva García deberán responder por una gestión que, según los indicios, causó un grave perjuicio económico a cientos de agricultores de la zona.

Fe de erratas: en una versión anterior de esta noticia se decía que se ha citado al actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, lo cual no es cierto. Se ha citado al expresidente. El actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García, no se encuentra ni se ha encontrado investigado, procesado, acusado o encausado en el procedimiento judicial mencionado en la publicación, ni ostenta la condición de responsable civil o parte afectada en el mismo.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha asegurado este jueves que la decisión de apertura al baño del embalse de La Colada en el norte de la provincia de Córdoba “podría haberse adoptado semanas antes” por parte de la Junta de Andalucía, porque el día 27 de mayo remitió al Gobierno regional información analítica sobre el embalse “con datos similares a los contenidos en el informe del 23 de junio que ha motivado el levantamiento de la prohibición”.

En una nota, el organismo de cuenca ha aclarado que no emite informes favorables, ni desfavorables sobre la apertura o cierre de zonas de baño, sino que su función consiste en “realizar controles analíticos sobre la calidad del agua durante la temporada de baño y trasladar los resultados al órgano competente en materia de salud pública”. “Es la autoridad sanitaria --en este caso, la Junta de Andalucía-- la que, a partir de esa información técnica, adopta las decisiones que corresponden sobre el uso recreativo de las aguas”, ha recordado.

En el caso del embalse de La Colada, la CHG ha aseverado que realiza análisis de la calidad de las aguas con “una frecuencia muy superior a la exigida, llegando a tomar muestras dos veces al mes durante la temporada de baño frente a los dos por temporada que se realizan en el resto de zonas de la cuenca, precisamente por la problemática particular que presenta este embalse en relación con la proliferación de cianobacterias”.

En este sentido, han destacado que cumplen “con las obligaciones de remisión periódica de los resultados analíticos establecidas en la normativa vigente, que circunscribe los controles asociados a las aguas de baño a la temporada de baño y a una determinación previa a su apertura, de acuerdo con el Real Decreto 1341/2007”. Además, la CHG ha apuntado que facilita información adicional a través de su página web y mantiene actualizados los datos analíticos disponibles.

Efectivos de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y de la Policía Local han actuado en la mañana de este domingo en una alcantarilla que manaba una gran cantidad de agua, según ha podido confirmar este periódico.

El suceso ha ocurrido a las 8:20, cuando los alertantes explicaban al 112 que había una gran cantidad de agua saliendo desde una alcantarilla en el inicio de la carretera de Trassierra.

El 112 ha informado y ha activado a efectivos de Emacsa y de la Policía Local para arreglar el desperfecto.

La barriada cordobesa de Santa María de Trassierra va a dar la bienvenida a la temporada de verano con una particular 'Fiesta del Agua', programada para este sábado 20 de junio.

Según ha informado el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, la refrescante actividad está pensada “para disfrutar en familia y pasar una mañana llena de diversión”. Así, a partir de las 11:30, las actividades se desarrollarán en la zona del campito de fútbol de Trassierra, en el núcleo de la población.

Durante la jornada habrá actividades ligadas al agua para todas las edades, con un deslizante acuático, un tobogán con piscina y un cañón de espuma. Además, la fiesta estará ambientada con música y el objetivo de compartir esta mañana entre vecinos mayores y pequeños.

“Se recomienda no olvidar el bikini, bañador y las toallas. ¡Vamos a pasarlo genial!”, animan en la convocatoria del evento, que está organizado por el Ayuntamiento, la empresa municipal Sadeco y la Asociación de Padres de Trassierra.