El VI Congreso de CTA en Córdoba ha culminado con la aprobación de una nueva Secretaría Provincial Colegiada, formada por Rafi Capilla Gómez, Mari Paz Ruiz Relaño, Mayte Moya García, Verónica de la Rosa Álvarez, Rafael Delgado de la Rosa y Diego Medina Frutos, que toma el relevo del histórico dirigente Francisco “Paco” Moro Fernández en un emotivo relevo generacional. 

En su presentación, los seis miembros quisieron dejar claro que el relevo de  Paco Moro no significa una despedida: “Venimos a relevar a nuestro camarada  Paco, pero queremos que se sepa: él estará con nosotros para aportarnos su  experiencia. Su legado no se borra, se continúa”, declararon ante una asamblea  que ovacionó al histórico dirigente.

El congreso contó con una amplia representación del sindicalismo combativo y la izquierda social: Paco Beloso, Nines Maestro, Dani Casal (Intersindical Canaria), Irene Ruiz (IU), José Ángel Quero Sánchez (CSO), Paco Sotillo y Javier Mengual (USTEA), José Antonio (Diputado de Podemos), y Francisco Blanco Díaz, José Manuel García Alvarado y Diego Rodríguez de Gracia (CTM). 

En el plano programático, se aprobaron las ponencias marco. La ponencia ideológica de Paco Moro reafirmó el posicionamiento internacionalista del sindicato en la FSM y exigió la salida de España de la OTAN. 

En negociación colectiva, CTA fijó una hoja de ruta que incluye la reducción de jornada a 35 horas semanales con lucha contra la jornada partida; el blindaje de la ultraactividad de los convenios; la exigencia de que el SMI sea la base de todas las tablas salariales; la recuperación de la antigüedad como derecho; la mejora de indemnizaciones por despido hasta 60 días por año; y el rechazo frontal a los planes de pensiones privados de empleo, defendiendo un sistema público, solidario y de reparto. 

Uno de los ejes centrales del debate fue la defensa del sistema público de pensiones, articulado en torno a la ponencia presentada por Javier Lucena. En su análisis, Lucena denunció el “bombardeo mediático” sobre la presunta insostenibilidad de las pensiones y exigió la auditoría inmediata de las cuentas de la Seguridad Social, pendiente desde 2022, así como la equiparación de la pensión mínima al SMI.

La nueva Secretaría Provincial Colegiada prometió “trabajo duro y una secretaría abierta” para liderar esta transición. La ovación final fue unánime: “Gracias, Paco, ¡por tu ejemplo y tu entrega! ¡Viva CTA!” 

El sindicato CTA se ha manifestado este viernes en Córdoba para protestar por el despido de dos trabajadoras de la empresa FORUS, una de ellas delegada sindical. La marcha recorrió varias calles del centro de la ciudad y concluyó con una concentración en el Bulevar Gran Capitán, donde, además de leerse un comunicado denunciando los hechos, se solapó con la presentación de la Feria del Libro.

Forus, con sede en Madrid, gestiona instalaciones deportivas en diferentes puntos de España, entre ellas el centro deportivo de Córdoba, que administra en régimen de concesión municipal. Según el comunicado leído por CTA, una de las trabajadoras despedidas habría promovido la recogida de firmas para celebrar elecciones sindicales, mientras que la delegada habría solicitado por escrito la copia básica de los contratos laborales, documentación que la empresa debe facilitar a la representación de los trabajadores.

El sindicato afirma que los despidos se justificaron por supuestos motivos disciplinarios, como una presunta falta de empatía con un usuario, extremo que CTA considera una excusa.

Por el momento, FORUS no ha ofrecido declaraciones sobre el asunto. Desde CTA se ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que garantice el respeto de los derechos laborales y sindicales en las instalaciones municipales gestionadas por empresas concesionarias.

La sección sindical de CTA en Aucorsa ha denunciado este lunes la “insuficiente inversión” en la empresa municipal de autobuses de Córdoba, alertando de que parte de la flota supera los 23 años de antigüedad y acumula más de 1,1 millones de kilómetros recorridos.

En un comunicado, el sindicato asegura que las altas temperaturas del verano agravan la situación, ya que “los sistemas de climatización son insuficientes, lo que provoca golpes de calor entre los trabajadores”.

CTA también ha criticado las frecuentes averías, que según la organización “impiden prestar algunos servicios” y “provocan retrasos en las paradas por la falta de vehículos auxiliares para cubrir los relevos de conductores”.

La sección sindical reprocha al alcalde, José María Bellido, que durante su mandato “solo se han adquirido ocho autobuses de los 40 previstos, cuando la media debería ser de cinco unidades al año”. Además, apunta que “casi la mitad de los vehículos auxiliares están fuera de servicio a diario por diferentes motivos”.

“¿Hasta cuándo?”, concluye el sindicato, que exige “inversiones en Aucorsa ya” para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de trabajadores y usuarios.

La Fiscalía Provincial de Cordoba ha incoado diligencias de investigación y  seguimiento en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato del servicio de limpieza viaria de Baena y Albendín, adjudicado por el  Ayuntamiento de Baena a la empresa UTE Urbaser-Muser Prode SL. 

Según ha informado CTA, esta decisión se produce tras la recepción en la Fiscalía de dos escritos presentados por el delegado de dicho sindicato en la UTE Urbaser Muser PRODE, el primero en enero de 2025, en el que se trasladaban las  supuestas irregularidades y se apuntaba a una posible comisión de un delito de  prevaricación por parte de los técnicos encargados de la supervisión del contrato. 

En dicho escrito, el denunciante ponía de manifiesto una serie de presunto  incumplimientos del pliego técnico y administrativo del contrato. Asimismo, se  indicaba que estos incumplimientos habrían sido comunicados al Secretario, a la  Intervención, a la Concejala de Limpieza y a la Concejala de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Baena, sin que se haya procedido a la suspensión o resolución del  contrato. 

Posteriormente, el pasado 31 de enero, la Fiscalía recibió un nuevo escrito del mismo denunciante, que completaba la denuncia inicial, aportando documentación adicional que han sido incorporadas a las presentes diligencias. 

En el decreo de inicio de las diligencias, el Ministerio Público ha pedido al ayuntamiento baenense un informe detallado sobre la actuación llevada a cabo por los técnicos  municipales en la supervisión de la ejecución del contrato del servicio de  limpieza viaria en Baena y Albendín. En dicho informe, se deberá especificar si la supervisión se ha  realizado conforme a la legalidad vigente. 

Asimismo, se ha solicitado al Consistorio que se pronuncie sobre el  cumplimiento de las condiciones impuestas en la contratación a la empresa  adjudicataria a la hora de ejecutar el contrato de limpieza y, en caso de incumplimiento, si se ha iniciado el procedimiento previsto en el pliego de  cláusulas administrativas particulares del contrato para tales situaciones. Por último, la Fiscalía ha pedido a la Secretaría General del Ayuntamiento que acredite la respuesta dada por el Consistorio a los escritos presentados previamente por el delegado sindical de CTA.

Las trabajadoras de la limpieza de la empresa Mabraser XI S.L. que presta el servicio en institutos de Córdoba y la provincia y les debe varias nóminas han llevado a la calle sus protestas este viernes en una manifestación desde Las Tendillas hasta las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba para pedir que la administración autonómica asuma el servicio y absorba a las trabajadoras para que puedan cobrar por su trabajo.

Un grupo de trabajadoras, llamadas a la huelga y a esta manifestación convocada por el sindicato CTA, han exigido el cobro de sus salarios y han expuesto la situación que viven: “Ya no podemos más, es insostenible”, han dicho sus representantes para contar cómo ya hay trabajadoras en situaciones económicas extremas, que deben varios meses de hipoteca, del recibo de la luz o que han tenido que acudir a Cáritas en busca de ayuda para alimentos.

Por eso, han reclamado una solución por parte de la Junta de Andalucía, de quien depende el servicio: “Que nos absorba la Junta u otra empresa”, han dicho a los medios Francisco Soro y Rafi Garrido, en representación del más de centenar de mujeres y tres hombres que están afectados por los impagos de Mabraser.

“Empresa desaparecida”

Por parte de CTA, su secretario general, Francisco Moro, ha expuesto que la Ley de Contratos del Estado permite que si una licitación se topa con “una empresa desaparecida” como es el caso de Mabraser -con la que ni la administración ni las trabajadoras pueden contactar- y la Junta se ve “desprovista de un servicio esencial” como la limpieza e higiene de los institutos, “las trabajadoras pueden ser absorbidas, pasando a ser indefinidas no fijas y teniendo la administración un plazo de tres años para sacar de nuevo la licitación” del contrato.

La búsqueda de una solución para que otra empresa asuma el servicio de Mabraser se topa con que ésta ha dejado de pagar también los seguros sociales de las trabajadoras, con lo que una nueva firma no se ofrecería a asumir también esas deudas y las nóminas impagadas.

En la negociación con la Junta, los representantes de las trabajadoras señalan que la administración les indica que deben esperar a dejar de cobrar tres meses para poder denunciar a Mabraser y que se pueda pasar el servicio a otra compañía, con lo que el horizonte que les dan para resolver su situación se va a “junio o julio”.

Advertencia por no cubrir los costes salariales

La situación de impagos que sufren las trabajadoras de limpiadoras de institutos de Córdoba ha sido llevada ya al Parlamento por el grupo de Por Andalucía y esta próxima semana volverá a plantearse en la cámara. De hecho, el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha denunciado que “la Junta ya sabía que estaba contratando a una empresa pirata”, en alusión a Mabraser. Sobre ello, ha expuesto que Mabraser ya habría dejado impagos a trabajadores en servicios prestados en San Fernando (Cádiz) y a una Oficina Comarcal Agraria (OCA) en 2021 y 2022, antes de hacerse con el contrato de la Junta en Córdoba para limpiar los institutos.

Pero, además, ha denunciado que en la tramitación de la licitación del contrato de limpieza de los institutos de Córdoba, la Junta ya advirtió que la oferta presentada por Mabraser era demasiado baja y podía no cubrir los salarios de las trabajadoras. De hecho, en la documentación aportada, se incluye un requerimiento de la Delegación de Desarrollo educativo en Córdoba dirigido a Mabraser en el que expone que “la proposición económica presentada (...) se encuentra en presunción de anormalidad”.

Sobre ello, el escrito precisa que se trata de una “posible oferta anormal o desproporcionada, por no cubrir los costes salariales estimados, existiendo además otros gastos necesarios para la prestación del servicio”. Por Andalucía denuncia que, ante esto, Mabraser presentó alegaciones y finalmente la Junta le concedió el contrato.

Los impagos de las nóminas a las trabajadoras se suman, además, a la falta de material de limpieza, vestuario y calzado que las empleadas han venido sufriendo desde hace meses, según han denunciado también.

Las trabajadoras del servicio de limpieza de los institutos de Córdoba capital, la Vega del Guadalquivir y la Subbética, asignados por la Junta de Andalucía a la empresa Mabraser SL, están llamadas por el sindicato CTA a “iniciar una huelga el próximo lunes 24 de marzo”, que “en total afectará a 27 institutos y unos 30.000 alumnos de Secundaria”.

Según ha informado CTA, la justificación de la huelga es el hecho de la mencionada adjudicatoria de la limpieza en dichos centros educativos “no ha pagado en muchos casos la paga extraordinaria de diciembre” a las trabajadoras, ni les ha abonado tampoco la nómina de febrero, a lo que se suma que la empresa “está desaparecida, no se puede contactar con ella, no atiende a las trabajadoras y ha abandonado su responsabilidad de organización” del servici.

Es más, “Mabraser SL, ante la convocatoria de huelga, no ha asistido a la conciliación previa prevista en el Sercla, es decir, no se ha tomado el mínimo interés”, y “no es la primera vez que ocurre esto, hace seis años ocurrió lo mismo en la Subbética, con la Empresa Tempo, que desapareció, y después de seis años todavía hay trabajadoras esperando que se celebre el juicio para poder cobrar”.

A esto se suma, en el caso actual, que la Junta de Andalucía “no ha hecho absolutamente nada, salvo tener la altanería y la prepotencia de no recibir a las trabajadoras de Mabraser afiliadas a CTA”, y “los servicios mínimos dictados por el director general de Trabajo, Seguridad y Salud de la Junta, además de ser abusivos, son incomprensibles, en el ánimo de crear confusión e incertidumbre entre las trabajadoras y mermar el derecho a la huelga”.

El sindicato CTA ha convocado huelga indefinida en el servicio de limpieza de los institutos de Secundaria de la provincia de Córdoba hasta que los trabajadoras de la empresa adjudicataria Mabraser, que ha dejado de pagarles varias nóminas, reciban sus salarios o la Consejería de Educación se haga responsable de la situación en la que se encuentran los trabajadores de la empresa, según ha anunciado en un comunicado.

Asimismo, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, además del impago de salarios, que la empresa, desde el 1 de marzo, no responde a las llamadas de los trabajadores ni de este sindicato, no imparte órdenes, no suministra material de limpieza, no supervisa el trabajo ni mantiene ningún contacto con las trabajadoras, indican.

Ante todo ello, CTA ha convocado una concentración el próximo viernes 14 de marzo ante la sede de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, para protestar por la situación de impago de salarios a las trabajadoras de la empresa Servicios y Mantenimiento Mabraser XI S.L., adjudicataria del servicio de limpieza de algunos institutos de Secundaria dependientes de la Junta de Andalucía en Córdoba. En este acto dará a conocer los motivos de la protesta y la situación de este conflicto.

Este lunes se ha llevado a cabo una concentración en el número 5 del bulevar del Gran Capitán de Córdoba, entre las 18:00 y las 20:00 horas. La protesta fue convocada para denunciar “los incumplimientos del convenio colectivo por parte de la empresa Atende, subcontrata del Ayuntamiento de Córdoba encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio”, según los convocantes.

El sindicato CTA convocó una rueda de prensa a las 18:30 en el mismo lugar para exponer los motivos de la protesta, que reunió a varias trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.

El sindicato CTA ha convocado una manifestación para el próximo 1 de febrero a las 11 horas en la avenida Vallellano, en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de reclamar la jubilación a los 62 años con una pensión justa y suficiente. La convocatoria surge en respuesta a la reciente legalización del trabajo asalariado hasta los 72 años, una medida que ha generado controversia y críticas por parte de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA).

CTA argumenta que la decisión de extender la edad laboral hasta los 72 años, fruto de un acuerdo entre sindicatos y la patronal, se llevó a cabo sin debate público ni participación de los trabajadores en asambleas. El sindicato critica que esta medida obliga a los trabajadores a asegurar individualmente su vejez trabajando hasta los 72 años si no han tenido una vida laboral continuada y estable, en lugar de garantizar un sistema de pensiones público y digno para todos.

Además, CTA defiende que las pensiones públicas son sostenibles y que el Estado puede garantizar pensiones dignas y justas a todos los trabajadores al jubilarse a los 62 años. Para lograr esto, proponen revertir medidas que reducen los ingresos de la Seguridad Social, como los Planes de Pensiones de Empleo o la reducción de cotizaciones para incentivar la contratación. También insisten en la necesidad de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para demostrar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía se ampara en el artículo 50 de la Constitución, que establece que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. Por lo tanto, el sindicato hace un llamamiento a la participación ciudadana en la concentración del 1 de febrero para apoyar esta reivindicación.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha advertido esta miércoles a la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Sur de la provincia que la penalizará económicamente con “hasta el 10% del precio del contrato o incluso la resolución del mismo”, si no paga a sus trabajadores lo que les corresponde.

En este sentido y a través de un audio distribuido por la Junta de Andalucía, Molina se ha referido a la huelga que, convocados por el sindicato CTA, siguen los trabajadores del servicio de ambulancias, desde el pasado día 20 de enero, reclamando, entre otras cuestiones, que se les abonen las cuatro nóminas que se les adeudan.

Ante ello, Molina ha subrayado que, “desde la Junta de Andalucía hemos requerido a esta empresa a que informe de la situación del pago de las nóminas adeudadas a sus trabajadores, porque la Junta ha cumplido y cumple con sus pagos correspondientes a la empresa, de acuerdo con lo estipulado”.

Junto a esto, Molina ha querido recordar a la empresa concesionaria del servicio de ambulancias que “el incumplimiento de las condiciones salariales establecidas en los convenios colectivos, además de vulnerar los derechos laborales, puede acarrear penalizaciones económicas de hasta el 10% del precio del contrato o incluso la resolución del mismo”.

De igual forma, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia ha advertido también “que tengan claro que desde el Gobierno andaluz vamos a seguir firmes en nuestra labor de supervisión y garantía de los servicios mínimos” en lo que son “servicios públicos esenciales”.

Más de una treintena de trabajadores de la empresa Transportes Sanitarios Sur de Córdoba que realizan el servicio de ambulancias para los hospitales de Montilla y Puente Genil han protagonizado este lunes una protesta ante las puertas de la Delegación Territorial de Salud en Córdoba para reclamar una solución ante el impago que sufren de varios meses de su nómina por parte de la adjudicataria.

Convocada por CTA y apoyada por Izquierda Unida, la protesta ha cortado el tráfico en República Argentina ante Salud, mientras los trabajadores exhibían una pancarta que señalaba que ya llevan cuatro meses sin cobrar y, ahora en enero, se sumará el quinto. Desde CTA, su portavoz, Francisco Moro, ha criticado que la empresa “sin declararse en suspensión de pagos, lleva cinco meses sin pagar a los trabajadores”, que “lo último que han cobrado son 500 euros del mes de septiembre, que han pagado en diciembre”.

“¿Qué solución tiene la Junta de Andalucía para estos trabajadores?”, ha cuestionado sobre una situación que ya viene de largo, desde julio de 2023, cuando la empresa dejó de pagar a final de cada mes y pasó a hacerlo a mediados del mes siguiente, según han contado los trabajadores a este periódico. De ahí, han llegado a acumular hasta cinco meses sin cobrar la nómina y con pagos parciales meses después.

Desde CTA explican que esta concesión depende directamente de la Consejería de Salud, si bien ha pedido una reunión en la Delegación de Córdoba para abordar el problema de cobro que tienen los trabajadores con la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias.

Los trabajadores suman esta nueva protesta a la realizada en diciembre ante el hospital de Puente Genil y sin visos de que la situación mejore. Además, desde CTA señalan que a la propia situación de los trabajadores se suma la de los pacientes a los que trasladan. Y es que los técnicos dicen que hay menos ambulancias en los hospitales de Montilla y Puente Genil de las que debería, porque la empresa deriva algunas al servicio que presta a Fremap tanto en la provincia de Córdoba como de Sevilla.

Desde IU, su coodinador provincial, Sebastián Pérez, ha mostrado su apoyo a los trabajadores de las ambulancias del sur de Córdoba. “Esta es la realidad de la sanidad andaluza, con concesiones y privatizaciones encubiertas, que dan unos servicios nefastos”.

Asimismo, ha criticado el estado de las “ambulancias en precariedad” por falta de vehículos para cubrir el servicio en lo que califica como “una gestión nefasta” de la concesionaria.

El sindicato CTA ha informado de la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Córdoba, a través de su secretario comarcal en Baena, “para que se investiguen los presuntos incumplimientos en el contrato de limpieza viaria en las localidades de Baena y Albendín”, según señala en una nota.

En ese sentido, explica que esto se produce tras más de un año de intentos infructuosos por parte del sindicato para que las autoridades responsables actúen frente a las “irregularidades detectadas”.

CTA recuerda que, desde noviembre de 2023, ha registrado tres escritos denunciando posibles incumplimientos en los pliegos técnicos y administrativos del contrato de limpieza, con fechas selladas el 10 y 23 de noviembre de 2023 y el 19 de enero de 2024. A pesar de estas acciones y de las notas de prensa emitidas, las denuncias no han recibido respuesta por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, el sindicato trasladó estas presuntas irregularidades a los partidos políticos que forman parte de la mesa de seguimiento del contrato, que se reúne cada seis meses. Sin embargo, no consta que se haya tomado ninguna medida al respecto.

“Principales irregularidades denunciadas”

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, CTA destaca distintos presuntos incumplimientos. En primer lugar, “Incumplimientos en la oferta inicial de la empresa adjudicataria”, explicando que la empresa adjudicataria ofertó tres máquinas barredoras de 2 metros cúbicos y una máquina usada para Albendín. Sin embargo, CTA sostiene que falta una de las máquinas de 2 metros cúbicos y que la máquina destinada a Albendín no cumple con el pliego, que exige vehículos de nueva adquisición.

Además, el técnico municipal valoró una máquina de 2m3 , para el barrido mixto y barrido mecánico, pero no consta que esta haya sido adquirida.

En segundo lugar, CTA habla de “irregularidades en los locales ofertados por la empresa” y señala que la empresa presentó una nave industrial situada en la avenida Vicente Piernagorda como lugar de aparcamiento de los vehículos y aportó certificados de adaptación para personas con discapacidad. Sin embargo, CTA asegura que dicha nave nunca ha pertenecido a la empresa, y los vehículos se encuentran en una nave ubicada en la calle Luxemburgo, lo que podría constituir un incumpliendo muy grave.

También se presentó un local en la avenida Santiago de Chile como oficina central, con certificados de obligado cumplimiento para de adaptación para personas con discapacidad. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna adaptación en dicho local.

En tercer lugar, CTA habla de “posibles delitos de falsedad documental y fraude empresarial: Se denuncia que la documentación presentada por la empresa, valorada por el técnico municipal, podría contener irregularidades graves, incluyendo un presunto delito de falsedad documental”.

Presuntos delitos denunciados

Asimismo, el sindicato habla de “presuntos delitos denunciados” y considera que estos hechos podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude empresarial, entre otros.

Por ello, el sindicato ha solicitado a la Fiscalía que investigue estas irregularidades para determinar si se han cometido actos delictivos que afecten a los recursos públicos y al correcto cumplimiento del contrato de limpieza viaria.

CTA exige justicia “tras más de un año de inacción por parte de las autoridades, no nos ha quedado más remedio que recurrir a la justicia. Confiamos en que la Fiscalía actúe con diligencia para esclarecer estos hechos y garantizar la transparencia y el cumplimiento de los contratos públicos,” ha declarado el secretario comarcal de CTA en Baena.

El sindicato reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la correcta gestión de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía, concluye.

La Inspección de Trabajo ha obligado a la empresa concesionaria del servicio de Transporte Sanitario de la provincia de Córdoba a convertir en indefinidos a 12 empleados.

Lo ha hecho tras una denuncia realizada por los servicios jurídicos del sindicato CTA, que acudió a la Inspección de Trabajo de Córdoba, el 19 de septiembre, al estimar que había 12 trabajadores temporales “en fraude de ley”.

Así, la Inspección se personó en la empresa, tras lo que los gestores de la compañía hanprocedido a la regularización de estos trabajadores transformando sus contratos temporales en indefinidos.

El sindicato ha celebrado este hecho y anuncia que seguirá trabajando por la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Además, ha animado a aquellos que se encuentre en una situación irregular a denunciar ante las autoridades laborales su caso, para lo que les ofrecen el apoyo del sindicato.

El sindicato CTA ha expresado este jueves su indignación ante el incumplimiento del preacuerdo de convenio firmado el 14 de octubre de 2024. Según informa la organización en un comunicado, el presidente de Cecosam, Jesús Manuel Coca López, y el gerente de la entidad municipal, Antonio Álvarez Salcedo, comunicaron el 15 de enero de 2025 “que no respetarán el acuerdo, argumentando la existencia de conceptos que no se pueden llevar a efecto”.

CTA, que fue clave para la firma del preacuerdo, considera que esta afirmación de los máximos responsables de Cecosam es “totalmente falsa”, ya que una “condición indispensable” para la firma el preacuerdo es que éste “fuera beneficioso para los trabajadores”, lo cual creyó el sindicato que se cumplía en el momento de la firma.

Ante esta situación, CTA ha anunciado que no contará con su firma en el acuerdo definitivo, mostrando su firmeza en el cumplimiento de los acuerdos firmados y su negativa a justificar las acciones de Coca y Álvarez, a los que les ha exigido su dimisión “por su pésima gestión”. El sindicato argumenta que esta decisión es consecuente con su compromiso de defender los derechos de los trabajadores y de no “salvar ni justificar a los políticos de turno”.

Además, considera que ambos “corrieron de listos” al firmar un preacuerdo que no podían cumplir, especialmente tras exigir la firma de CTA como condición indispensable para la ratificación del mismo.

Más de medio centenar de trabajadores de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) ha protagonizado una protesta con corte de tráfico para denunciar la precariedad laboral que sufren por parte de las subcontratas en las que se delega la recogida de basura en los pueblos de la provincia, y que se mantienen incluso después de haber subido la tasa un 55% en los últimos dos años.

Paco Moro, delegado sindical del sindicato CTA, ha calificado en declaraciones a Cordópolis el nuevo pliego de condiciones de Epremasa como “un engaño” por parte del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y del presidente de la empresa pública, Andrés Lorite (PP), a quienes ha criticado por decirle en privado que sus reclamaciones “son justas” pero no hacer nada por darle una solución.

Así, este jueves, los manifestantes han exigido que el aumento del 55% en la tasa de basuras se traduzca en mejoras laborales para los empleados del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, según Moro, los nuevos pliegos planteados por Epremasa para sus empresas subcontratadas hacen que la institución pública se desvincule aún más a los trabajadores, aumentando la precarización en el sector.

“No se están pagando los domingos, no se reconoce la categoría de peón especialista y hay una absoluta discriminación entre los trabajadores de las distintas empresas subcontratadas”, ha denunciado el delegado sindical. Epremasa cuenta con cuatro empresas subcontratadas y, según Moro, dentro de estas empresas existen desigualdades salariales, con algunas abonando pequeñas cantidades por trabajar los domingos y otras no pagando nada en absoluto.

El sindicato ha denunciado que, pese a las promesas previas de la Diputación, el nuevo pliego no contempla mejoras para los empleados de las subcontratas. “Nos han hecho perder un año y medio para entregarnos un documento que dice justo lo contrario de lo que nos prometieron”, ha afirmado Moro.

Ante esta situación, CTA ha advertido que la posibilidad de huelga está sobre la mesa si no se atienden sus reivindicaciones. “No buscamos la conflictividad por la conflictividad, pero no podemos permitir un retroceso en nuestros derechos”, ha declarado Moro. Entre las demandas del sindicato está el reconocimiento del plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, una cuestión que consideran clave para la jubilación y otros derechos laborales.

En este sentido, ha añadido que, aunque algunos alcaldes han mostrado su apoyo a los trabajadores, al final manda “la disciplina de partido” en una institución en la que el PP tiene mayoría y que, además, mantiene una “política de imagen y propaganda” sin abordar los problemas laborales de fondo. “Subir la tasa de basuras un 55% y no reflejarlo en las condiciones de los trabajadores es una medida que solo castiga a la ciudadanía y perpetúa la precariedad”, ha concluido Moro.

Una treintena de trabajadores del transporte sanitario en la zona sur de la provincia de Córdoba afrontan una Navidad amarga. La empresa para la que trabajan, Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, les debe las nóminas de varios meses, mientras que ellos siguen trabajando en un servicio en el que aseguran que faltan vehículos y ello conlleva sobrecarga de tarea y un peor servicio para los pacientes.

Estos técnicos del transporte sanitario realizan la cobertura de las ambulancias que dan servicio para los hospitales de Montilla y de Puente Genil. Actualmente, la empresa les debe las nóminas de los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando ya está concluyendo también el mes de diciembre. Pero esta situación no es nueva y han llegado a estar sin percibir los salarios de cinco meses.

“Esta situación empezó en julio de 2023”, recuerda en conversación con Cordópolis uno de estos trabajadores, Sebastián Reina, que realiza su trabajo en las ambulancias de Montilla. Cuenta que en aquella fecha, la empresa “de estar pagando a final de cada mes, pasó a pagar a mediados del mes siguiente”. Y así cada vez se iba alargando más, hasta que dejaron un mes atrás sin pagar. “Y hemos llegado a acumular cinco meses sin cobrar: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre”, detalla.

En las últimas semanas, los trabajadores han percibido lo que se les debía de los meses de julio y agosto. “Un mes, a lo mejor te lo pagan en cuatro veces”, explica este empleado que, junto a sus compañeros, se encarga de hacer los transportes sanitarios de pacientes de alta, rehabilitación o consultas en la zona sur de la provincia de Córdoba.

Afrontar los pagos sin cobrar la nómina

Los trabajadores señalan que, mes a mes, “la situación se ha ido agravando”. Y que, ante ello, han tratado de hablar con la empresa, de la que obtienen respuestas sobre los pagos que luego no cumplen. Mientras tanto, las facturas, los pagos y el día a día de estas 30 familias se ven afectados por la falta de un salario desde hace meses. “La situación es complicada para todos; hay quien tiene niños, o hijos estudiando fuera, y hay que afrontar el pago de todo. O el banco te hace un apercibimiento porque no llega la nómina con la que contrataste la cuenta”.

Así, sin sus nóminas en la cuenta bancaria en esta Navidad, los trabajadores han comenzado a realizar protestas para dar visibilidad a su situación. Antes de estos días festivos, se han concentrado a las puertas del hospital de Puente Genil. Y, sin visos de que la situación mejore en poco tiempo, “estamos preparando hacer una huelga”, avanza Sebastián Reina.

A la situación de los trabajadores se suma la de los pacientes a los que trasladan. Y es que los técnicos dicen que hay menos ambulancias en los hospitales de Montilla y Puente Genil de las que debería. “En Montilla debe haber cuatro y en Puente Genil al menos tres. Pero la empresa las deriva a hacer el servicio de Fremap, y en Montilla estamos dos vehículos para hacer el trabajo de cuatro y en Puente Genil a veces una o dos”, denuncia.

Con ello, aseguran, el perjuicio se dobla para los trabajadores: sin cobrar y con una mayor carga de trabajo para cubrir los traslados al hospital. Y, además, esto hace que “los enfermos tienen que esperar varias horas para que los llevemos a sus domicilios”, empeorando así el servicio que se les da.

Este periódico ha contactado con la empresa Transportes Sanitarios Sur de Córdoba para recabar su posición sobre este asunto, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

El comité de empresa de la empresa municipal de transporte de Córdoba, Aucorsa, se ha sumado a la convocatoria de huelga que a nivel nacional se ha organizado para conseguir la jubilación anticipada de todos los profesionales del transporte por carretera mediante coeficientes reductores, así como regular la jubilación anticipada dentro del sector.

En un comunicado, los cuatro sindicatos que forman el comité de empresa de Aucorsa -UGT, CCOO, CTA y USO-, señalan que apoyan al 100% la huelga convocada a nivel nacional por UGT y CCOO para los días 28 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre durante 24 horas en esos días e indefinida a partir del 23 de diciembre de este año.

“Es por ello que el comité de empresa anima a todos los trabajadores de Aucorsa, independientemente de su puesto de trabajo, a qué secunden dichos paros”, indican.

Los cuatro sindicatos que forman el comité y por unanimidad, convocan a toda la plantilla el próximo lunes 28, a las 5:30 de la mañana en las puertas de nuestra empresa, en la primera de las acciones encaminadas a conseguir este objetivo.

CSIF apoya la huelga 

Por su parte, CSIF ha mostrado su apoyo a la huelga convocada para reclamar la jubilación anticipada por coeficientes reductores para los conductores y conductoras de autobuses mayores de 60 años, que tendrá una primera jornada de paro el próximo 28 de octubre y que se extenderá durante los meses de noviembre (días 11, 28 y 29) y diciembre (días 5 y 9 y, de manera indefinida, desde el día 23).

La central sindical manifiesta que esta medida “es necesaria y, por tanto, debe ser acordada y desarrollada”, puesto que el trabajo que realizan los conductores de autobuses “no puede realizarse con las mismas garantías de seguridad a partir de una determinada edad”. Tal y como señala el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Antonio Andrés, “ha de tenerse en cuenta que estos profesionales son los encargados, por ejemplo, de llevar a los menores a los colegios y a la ciudadanía en general en sus viajes y desplazamientos habituales en transportes urbanos e interurbanos”, por lo que “se debe garantizar una mayor seguridad dada la situación de peligrosidad que conlleva la prestación de sus servicios”.

Tal y como recuerda el representante sindical, esta es una reivindicación que CSIF ya planteó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un escrito presentado en marzo de 2023. Asimismo, tras la petición al Gobierno central, la central sindical trasladó la propuesta de jubilación anticipada para el colectivo a la Confederación Española de Transporte Urbano (CONFEBUS), a la Junta de Andalucía y a representantes del Grupo ALSA en distintas reuniones.

El artículo 206 de la Ley General de Seguridad Social establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada “en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”, una circunstancia que, a juicio de CSIF, se da en el caso del colectivo de conductores y conductoras de autobuses.

La sección sindical de CTA en la empresa pública Cecosam ha emitido un comunicado denunciando la decisión de la Gerencia de cerrar los cementerios de Córdoba por las tardes durante el mes de agosto. Según CTA, esta medida, que ya se intentó implementar en el mandato anterior y fue entonces evitada gracias a las protestas, ha sido finalmente ejecutada este año, afectando directamente a los ciudadanos.

CTA ha expresado su firme oposición a cualquier disminución de la calidad y cantidad de los servicios públicos que el Ayuntamiento de Córdoba presta, ya sea directamente o a través de sus empresas. El sindicato enfatiza que su misión es “asegurar la mejor atención posible a la ciudadanía y que el cierre vespertino de los cementerios representa una clara disminución de este servicio esencial”.

La denuncia destaca que el cierre afecta negativamente a los ciudadanos, que pueden optar por servicios privados alternativos debido a la falta de atención adecuada por parte de Cecosam. Entre los problemas señalados, CTA menciona la dificultad para acceder a oficinas en el cementerio de la Salud, la falta de estacionamiento en el cementerio de San Rafael los fines de semana, y las complicaciones para llegar al tanatorio municipal debido a una carretera cortada desde hace dos años.

Además, CTA critica duramente la gestión de Cecosam bajo el actual gobierno municipal del PP, acusando a la administración de permitir el deterioro de la empresa y de los cementerios. En respuesta a esta situación, el sindicato ha exigido la dimisión del gerente de Cecosam, Antonio Álvarez, y de su presidente, Daniel García Ibarrola.

El portavoz del sindicato CTA en la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), Francisco Moro, ha denunciado este miércoles algunos “incumplimientos” en las condiciones laborales de los trabajadores de la recogida de residuos sólidos urbanos en la provincia, y se ha encontrado con que el presidente de la empresa pública, Andrés Lorite (PP), ha bajado a rebatirle en la misma calle.

A título previo, Moro había expuesto, acompañado de una docena de trabajadores, que los actuales pliegos de condiciones, elaborados por la anterior corporación -gobernada por el PSOE- no reflejan adecuadamente las necesidades laborales y técnicas de los trabajadores, lo que afecta tanto a peones como a conductores.

Así, denunciaba que, en algunos circuitos, los camiones son conducidos por peones en lugar de conductores, y los peones que manejan maquinaria especializada no reciben la remuneración adecuada. La diferencia salarial entre peones y peones especialistas es de 150 euros.

Además, Moro ha destacado que los domingos se trabaja sin cobrarlos como festivos, y las rutas de trabajo han aumentado en extensión y tiempo, con algunos circuitos que ahora requieren entre 10 y 12 horas de trabajo diario, un incremento en la carga laboral sin la correspondiente remuneración que “es insostenible”, según el representante sindical.

Asimismo, ha lamentado la disparidad en las condiciones laborales entre las cuatro diferentes subcontratas que se hacen cargo del servicio de recogida en distintas zonas de la provincia y que, a su juicio, “crea un entorno de competencia desleal que perjudica a los trabajadores”. “La existencia de empresas que hacen ofertas extremadamente bajas afecta negativamente la calidad del trabajo y las condiciones laborales”, ha criticado el representante sindical, que ha apuntado que más de 300 trabajadores se ven afectados por estas condiciones laborales y la falta de equidad en la remuneración.

Lorite insiste en que los incumplimientos vienen de un pliego del anterior mandato

Mientras Moro terminaba su atención a los periodistas, el presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha bajado a la calle y se ha situado al lado de la protesta. En ese momento, Lorite se ha dirigido amablemente a Moro para indicarle que, aunque comprende su concentración, consideraba que estaban en el lugar equivocado, pues muchas de las cuestiones planteadas corresponden a “cuestiones de negociación colectiva con las empresas adjudicatarias de los servicios”.

Lorite también ha defendido que Epremasa está cumpliendo con sus compromisos, no tiene deudas pendientes y queestá pagando conforme a los pliegos anteriores. Sin embargo, reconoció la necesidad de actualizar los pliegos de condiciones y se comprometió a presentar un borrador en septiembre para que los representantes sindicales puedan revisarlo y hacer sus aportaciones.

Lorite también ha recalcado que la administración anterior tomó decisiones unilaterales, como la homogeneización de la recogida de basura durante siete días a la semana, sin consensuar adecuadamente con todas las partes implicadas. En este punto, ha asegurado que Epremasa paga a las empresas por recoger los domingos, y que, si los trabajadores no cobran por ello, es por una decisión de estas compañías.

Preguntado sobre si esto no es un incumplimiento del contrato y el pliego, Lorite ha manifestado que no lo considera así. “No es un incumplimiento del pliego. Ellos están cobrando a razón de lo que establecen los pliegos. Si no lo están pagando eso es una cuestión de relaciones laborales con los propios sindicatos, con los agentes sociales, en el ámbito de las empresas”, ha apostillado.

La conversación ha concluido con el compromiso de Lorite de proporcionar al sindicato los nuevos pliegos de condiciones en septiembre, y con su deseo de que CTA reconozca que “es la primera vez que se hace algo así”.

El sindicato CTA ha informado de una sentencia a su favor por la que se condena a una empresa de la provincia de Córdoba a indemnizarle con 7.000 euros por ir contra la libertad sindical. CTA explica en un comunicado que el juicio se ha celebrado recientemente por vulneración de derechos fundamentales de la persona y de la libertad sindical contra la empresa Fuente el Pino, de la localidad de Santaella.

Los hechos denunciados y juzgados ocurrieron en mayo del año 2021, cuando el empresario recibió mediante correo electrónico la notificación del preaviso de elecciones sindicales, por parte de CTA. “Y este convocó a una asamblea, para amenazar gravemente a la plantilla por haber elegido para la promoción de las elecciones sindicales al sindicato CTA y no a UGT o a CCOO”, asegura este sindicato.

Estos hechos fueron denunciados ante el Juzgado de lo Social en aquel momento, con “todo un periplo judicial hasta llegar hasta este juicio”, tres años después, con distintos recursos de la empresa.

Finalmente, el juicio celebrado recientemente ya cuenta con sentencia, que reconoce que el empresario “intentó atemorizar a las trabajadoras vulnerando la libertad sindical, al proferir expresiones como: ” …me habéis hecho mucho daño…“. ”…podéis haber avisado a UGT o a CCOO y una vez salir unos y otra vez otros…“ ”…no me va a temblar el pulso, si tengo que traer a 15 mujeres de fuera las traigo…“., expone el sindicato. CTA recuerda que la empresa ha sido condenada a pagar 7.000 euros en concepto de indemnización al sindicato.