Los trabajadores cordobeses de las tiendas Oteros Sports y Zappas han vivido unos meses donde la incertidumbre se apoderó de sus vidas. El pasado mes de diciembre, las sociedades OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL, Azahara Online SL y Global Retail Business SL explicaron a sus empleados que cerrarían todas sus tiendas y que dejarían de percibir sus nóminas. Apenas 30 días antes, la institución anunció un ERE que dejaba en el limbo a todos las personas que trabajaban en sus instalaciones -tanto en el almacén como de cara al público-. Desde entonces, numerosos intentos de comunicación, pero muy pocas soluciones.

Al cerrar las tiendas, ambas sociedades mandaron a sus trabajadores un permiso retribuido en vez de extinguir los contratos. A partir de ahí, las personas involucradas decidieron tomar caminos distintos: por un lado, los pertenecientes a la empresa OTS acordaron una serie de condiciones en el ERE, mientras que los de Global Retail no consiguieron llegar a ese acuerdo. Unas negociaciones que se produjeron en el mes de diciembre y que, a principios del mes de marzo, han dado sus frutos para unos.

Aunque no son las dos únicas sociedades que hay en esta problemática. Azahara Online SL llevaba todo lo referente al canal online -marketing digital, newsletter...- y sus tres trabajadores se encuentran en un limbo legal al no llegar a ser el número mínimo (cinco) para haber podido entrar en el ERE. Por tanto, estas personas deberían tener un despido individual que, por el momento, tampoco ha llegado.

Concurso de acreedores en 2022

Aunque volviendo un poco atrás en el tiempo. En el año 2022, titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, firmó un auto declarando en concurso de acreedores a la empresa OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL. Esta entidad es la que gestionaba la marca comercial de las tiendas Oteros Sport, una de las más señeras de Córdoba, con más de un centenar de empleados y con negocios en varias provincias de España, por aquel tiempo.

La empresa nació en Lucena en el año 1993, con la apertura de su primera tienda. Al año siguiente, la compañía abrió una nueva tienda en Málaga. En 1997 ya disponía de seis tiendas entre Málaga y Córdoba. La gran expansión de la compañía llegó ya en el siglo XXI. De hecho, en 2018 se contabilizaban un total de 80 tiendas por toda España, incluidas las de Madrid o Barcelona. Sin embargo, en 2022 ya comenzó a tener problemas, entrando en un concurso de acreedores del que salió en 2023. A partir de ahí, las dos sociedades comandaron un proyecto para las tiendas Oteros Sports y Zappas.

Trabajadores con más de dos meses sin cobrar

En la actualidad, la situación no es muy favorable, sobre todo para los trabajadores. Y ya no solo de Córdoba, sino que la mayoría se concentran en Málaga, aunque con un gran aporte en la provincia cordobesa, Cádiz y Sevilla. De hecho, son más de 200 personas las que están afectadas, acumulando más de dos meses de sin cobrar y con un futuro que, hasta este 5 de marzo, no estaba asegurado. Aunque a día de hoy muchos siguen sin tenerlo asegurado.

Tal y como han informado fuentes a este periódico, los trabajadores de la sociedad OTS, los que consiguieron acordar una serie de condiciones -con el respaldo de Fogasa- con la empresa en el ERE, están recibiendo sus despidos desde el pasado 5 de marzo después de la llegada de un auto en el Juzgado de lo Mercantil de Málaga del pasado 23 de febrero. Por tanto, parte de las personas podrán regularizar su situación, mientras que los que están dentro tanto de Global Retail como de Azahara Online SL continúan esperando una nueva resolución. De hecho, hay más de 70 personas sin solucionar su futuro.

Este periódico se ha intentado poner en contacto con las empresas implicadas en este caso, pero no ha recibido respuesta.

Las provincias de Sevilla y Málaga concentran casi el 72% de los trabajadores andaluces que podrían acogerse de forma voluntaria al expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica, de un total de 661 trabajadores a nivel andaluz, según los datos facilitados por el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Ángel Ojeda a Europa Press.

En concreto, 319 trabajadores en Sevilla y 158 en Málaga cumplen los requisitos de edad y condiciones para solicitar su salida, lo que suma 477 personas de un total de 661 potencialmente afectadas en Andalucía, sobre una plantilla regional de 1.259 empleaods. No obstante, el sindicato ha subrayado que se trata de personal que puede acogerse al proceso, sin que exista aún confirmación sobre cuántos lo harán finalmente.

Aunque Sevilla y Málaga concentran el mayor número absoluto de trabajadores que podrían acogerse a este ERE, el impacto relativo del proceso es más intenso en provincias con plantillas más reducidas. En este sentido, en Sevilla 319 de los 657 empleados cumplen los requisitos, lo que supone casi el 49% de la plantilla, mientras que en Málaga la cifra asciende a 158 de 261 trabajadores, en torno al 60%.

No obstante, el porcentaje se eleva aún más en provincias como Jaén, donde 21 de los 31 empleados podrían acogerse al ERE, lo que representa casi el 68% de la plantilla, o Córdoba, con 45 posibles salidas de un total de 75 trabajadores, un 60%.

En Cádiz, el proceso alcanza a 44 de 79 empleados, algo más del 55%, mientras que en Huelva afecta potencialmente a 23 de 38, en torno al 61%.

En otras provincias, aunque el número absoluto es menor, el proceso porcentual también resulta significativo, como en Almería, con 19 de 38 trabajadores (el 50%), o en Granada, donde 32 de los 80 empleados cumplen las condiciones para acogerse al ERE, el 40% de la plantilla.

En comparación con el conjunto del país, Andalucía concentra entre el 12% y el 15% de los trabajadores que podrían acogerse al ERE, en función del volumen final de salidas. En concreto, los 661 empleados andaluces que cumplen los requisitos de edad y condiciones suponen en torno al 14,6% del mínimo nacional previsto de 4.525 salidas, y alrededor del 12% si se alcanzan las 5.500 bajas estimadas por la compañía.

5.500 personas a nivel nacional

En este sentido, a nivel nacional Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a sietes sociedades del grupo y en el que, según las estimaciones de la empresa saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos), según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para las sociedades de Telefónica España y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para las unidades corporativas --conocidas como GBU's-- serán 200 millones de euros.

No obstante, el impacto en la generación de caja del ERE, el cual se ha firmado este lunes con los sindicatos, será positivo ya desde 2026, al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026.

En caso de que se cumplan las estimaciones de Telefónica en cuanto al volumen de salidas, el coste por trabajador se situará, en promedio, en casi 455.000 euros, un 20% más que los 380.000 euros del ERE anterior, que se cerró en enero de 2024.

Cabe señalar que el mínimo de salidas será de 4.525 y que el máximo dependerá de la cantidad de adhesiones voluntarias que se produzcan al final.

El anterior ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el coste se situó en 1.300 millones de euros (antes de impuestos) --en torno a la mitad que el coste del nuevo ERE--.

Asimismo, el ahorro promedio anual para la empresa en el ERE firmado este lunes se sitúa en unos 600 millones de euros a partir de 2028, más del doble en comparación con los 285 millones de euros anuales del proceso de despido colectivo anterior.

Un mínimo de 4.525 salidas

Telefónica y los sindicatos han firmado este lunes los acuerdos para los expedientes que afectarán a siete filiales del grupo, aunque en el último momento se ha reducido la afectación en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. (sociedades conocidas como las GBU's), por lo que el volumen mínimo de salidas en el proceso de despido colectivo se ha reducido a 4.525 (14 menos que las que se iban a rubricar).

El proceso de solicitud de adhesión voluntaria al ERE arrancará el próximo 29 de diciembre para las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, y se extenderá hasta el próximo 26 de enero.

El plazo también se abrirá el 29 de diciembre para las GBU's, pero terminará después, el 29 de enero, mientras que en Movistar+ el periodo comenzará el 7 de enero y acabará el 6 de febrero.

En cuanto al desglose de la afectación del ERE, en el caso de las filiales del CEV se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades del CEV, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren, el cual se conocerá en febrero.

Esto quiere decir que, en caso de que hubiese 3.765 adhesiones voluntarias, no habría más salidas, mientras que si hubiese, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguiría siendo de 5.040.

Asimismo, si hubiese, por ejemplo, 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas, hasta llegar a las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE para las filiales del CEV en caso de que no haya un volumen de voluntariedad suficiente.

Condiciones económicas

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971.

En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las GBU's (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.) se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de las GBU's se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores.

En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Telefónica ha presentado para la matriz y las divisiones tecnológicas de la empresa, sobre el que ya ha concluido la negociación con los sindicatos, plantea salidas que podrían afectar a unos 40 trabajadores en Córdoba, según las estimaciones del sindicato CCOO en base al planteamiento del acuerdo.

Aunque las cifras exactas en Córdoba no se conocerán hasta más adelante, lo que sí se sabe es que el ERE afecta a los trabajadores nacidos en los años 1969, 1979 y 1971, con lo que los cálculos de los sindicatos estiman que las salidas de la empresa podrían afectar a unos 40 empleados, explican desde CCOO a este periódico. La plantilla actual en Córdoba suma 69 trabajadores.

En las últimas semanas, Telefónica y los sindicatos han negociado el ERE presentado inicialmente, que afecta a siete divisiones de la compañía en España. El Expediente de Regulación de Empleo apuntaba al inicio a la salida de un total de 6.088 empleados y, tras la negociación con los representantes de los trabajadores, el acuerdo que se prevé firmar el próximo lunes 22 de diciembre se concreta en 4.539 empleados afectados.

Tras un mes de negociaciones, Telefónica y los sindicatos mayoritarios han acordado las condiciones para ejecutar el plan de ajuste laboral de la compañía y renovar el marco de relaciones laborales para lo que resta de década. Según han confirmado fuentes sindicales, las asambleas han refrendado este jueves los siete Expedientes de Regulación de Empleo planteados por la dirección en las distintas divisiones de la empresa.

A nivel global, el grueso del recorte recaerá finalmente sobre el bloque principal de la operadora, que asumirán 3.765 salidas mínimas, la mayoría en Telefónica de España (2.925), seguida de Móviles (720) y Soluciones (120). Por su parte, las divisiones globales afrontarán 599 bajas —con la matriz TSA (301) como la más afectada, junto a Innovación (186) y Global Solutions (112)—, mientras que la televisión de pago, Movistar+, ajustará su plantilla en 175 personas.

Voluntariedad y relevo generacional

Los sindicatos defienden también el éxito de haber mantenido el principio de voluntariedad a través de planes de prejubilación para los mayores de 54 años, con rentas que alcanzan el 68% del salario regulador y el mantenimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Para los no prejubilables que decidan salir, se han pactado indemnizaciones superiores a las del sector y primas por voluntariedad.

Destacan a su vez que el acuerdo incluye la regeneración de la plantilla. Los sindicatos han forzado un compromiso explícito de creación de empleo: Telefónica deberá realizar nuevas contrataciones equivalentes a entre el 10% y el 15% de las salidas, dependiendo de la sociedad. Una medida destinada a rejuvenecer las plantillas y evitar la descapitalización de talento en áreas clave.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Telefónica ha presentado para la matriz y las divisiones tecnológicas de la empresa plantea salidas que podrían afectar hasta al 40% de los empleados en Córdoba, según las estimaciones del sindicato CCOO en base al planteamiento inicial de la empresa.

Tras la constitución de las últimas mesas de negociación del ERE se ha concretado el mapa del ajuste laboral planteado por Telefónica a los sindicatos, con la salida prevista de un total de 6.088 trabajadores en el conjunto de las siete divisiones afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo en España. Ahora se inicia el proceso de negociación con los sindicatos para tratar de reducir el número de trabajadores afectados y establecer las condiciones de estas salidas.

Ante el planteamiento inicial del ERE de Telefónica, en Córdoba CCOO calcula que las salidas podrían afectar al 40% de la plantilla. Actualmente dicha plantilla en Córdoba es de 69 trabajadores, por lo que el sindicato estima que serían alrededor de 28 personas las que podrían salir de la empresa afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo.

La idea inicial del sindicato es que se ofrezcan salidas voluntarias y que estas se hagan de manera progresiva entre 2026 y 2028. Desde CCOO en Córdoba se insiste en que negociará un plan de salidas que no contemple sesgo de edad y que tenga garantías para los trabajadores que se queden en la empresa, con mejoras en sus condiciones. Asimismo, reclama que no esté vinculado a una prórroga del convenio ligada al Plan Estratégico planteado hasta 2030.

Negociación en marcha para reducir las cifras de salidas

A nivel estatal, la propuesta de despido colectivo en Telefónica alcanza un total de 6.088 trabajadores en todo el grupo. El grueso de la afectación se concentra en Telefónica de España (3.649 afectados), Telefónica Móviles (1.124), Movistar+ (279) y Telefónica Soluciones (267). El ERE propuesto alcanza finalmente al 24% de la plantilla de la teleco en España, que está en torno a 25.000 trabajadores.

Los sindicatos avanzaban a ElDiario.es que las cifras presentadas esta semana por la empresa son una propuesta de máximos que se verá rebajada durante el proceso de negociación de 30 días que acaba de arrancar.

La empresa ha defendido que este nuevo ajuste de empleo responde a la estrategia de “eficiencia” del plan estratégico de la compañía, que busca liberar 3.000 millones de euros para 2030, reducir la deuda de más de 28.000 millones y financiar el giro hacia la IA y la ciberseguridad.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia en una pieza separada del macrocaso ERE, conocida como de “pólizas individuales”, que ha resultado en la condena de un cordobés y la absolución de otra cordobesa. Esta pieza del caso se centró en el desvío arbitrario de fondos públicos para favorecer a personas del entorno personal del entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.

R. R. G., originario de Santaella (Córdoba), ha sido condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. La sentencia le impone una pena de un año y tres meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación, además de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Según los hechos probados, R. R. G. trabajó ininterrumpidamente en la mercantil Chamorro y Moreno desde enero de 1975 hasta su cierre en 2005. Posteriormente, fue beneficiario de una prestación contributiva y de un subsidio para mayores de 52 años en la provincia de Córdoba. Prevaliéndose de su amistad de muchos años con Francisco Javier Guerrero, le solicitó una ayuda económica. Guerrero accedió, promoviendo su inclusión como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia.

Según el fallo judicialo, este cordobés era plenamente consciente de que carecía de un motivo o derecho legal que justificara la obtención de esta ayuda pública y que la única razón para percibirla era su relación personal con el director general de Trabajo. A través de esta póliza, recibió un total de 91.196,76 euros. El tribunal destaca que su conducta estuvo orientada a lucrarse a costa de fondos públicos sin más mérito que el favor de su amigo.

Como circunstancias atenuantes, se le han reconocido la reparación del daño y las dilaciones indebidas. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 91.196,76 euros, de los cuales se detraerá la cantidad ya consignada.

Por otro lado, la sentencia ha absuelto libremente a otra mujer cordobesa que estuvo procesada en el caso. Esta mujer era gerente de la asociación Promi y se relacionó con Francisco Javier Guerrero por motivos ajenos al caso. Aunque envió un fax a Guerrero en noviembre de 2005 expresándole gratitud por la “ayuda que te ofreces a dar a mi padre”, el tribunal consideró que no se ha constatado que solicitara la ayuda económica para su padre ni que se prevaliera de su amistad como factor determinante para la concesión. Tampoco se probó que protagonizara actos necesarios e imprescindibles para que las ayudas fueran otorgadas. En consecuencia, se impone su libre absolución al no haberse demostrado su participación penalmente relevante.

La trama delictiva se articuló a través del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, quien aprovechó los fondos públicos de la Junta de Andalucía para beneficiar a personas de su entorno personal mediante pólizas de seguro de rentas temporales y/o de capital diferido. Estas pólizas, denominadas “individuales”, eran gestionadas al margen de cualquier procedimiento legal y sin fin público, sirviendo únicamente para enriquecer a particulares con los que mantenía relaciones de amistad o vecindad. El dinero público desviado ascendió a una suma considerable, perturbando gravemente el servicio público al que estaban adscritos los fondos.

Una de las principales operativas utilizadas fue el sistema de “pagos cruzados”. Este mecanismo consistía en destinar parte del importe de las primas de pólizas de empresa –originalmente destinadas a ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por ERE– a pagar las primas de las pólizas individuales de los beneficiarios del círculo de Guerrero. Los pagos eran realizados directamente por las aseguradoras a los particulares, eludiendo cualquier control administrativo, financiero y presupuestario. Los beneficiarios eran conscientes de que la única causa de estas percepciones económicas era su relación personal con el director de Trabajo.

La compañía Bimbo ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla 352 despidos a nivel estatal en el área comercial y logística de la empresa, 60 de los cuales estarían en Andalucía.

En la provincia de Córdoba -según la información facilitada por el sindicato CCOO a este periódico-, el ERE incluye el cierre de un centro de distribución en la capital y afecta mínimamente a la fábrica de Puente Genil, pero no hay previsto ningún despido, sino que se proponen reubicaciones de los trabajadores.

El ERE presentado por Bimbo afectaría a nivel estatal alrededor del 18% de los trabajadores, sobre todo a los autónomos dependientes de la compañía, si bien la cifra de despidos podrá variar tras la negociación que abierta con los sindicatos ahora.

CCOO ya denunció ante la presentación del ERE que la Bimbo sigue desmantelando su red comercial, después de los movimientos de los ocho últimos años con el cierre de tres fábricas en España, ubicadas en Valladolid, Madrid y Alicante que han conllevado despidos, a lo que se une ceses de actividad en el colectivo los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).

En ese sentido, lamenta que los movimientos de la multinacional mexicana en estos años hayan tenido un “coste muy duro” en el empleo dentro de la compañía, por lo que tras lo ocurrido señalan que “sólo está la actitud insaciable de Bimbo y su pretensión de aumentar beneficios a costa de reducir la carga salarial” de la firma.

De esta forma, la dirección de la compañía justifica este ajuste de personal en que la firma dueña de marcas como Donuts, Bimbo o Silueta está en un momento de pérdidas continuadas.

“Actitud depredadora”

“Consideramos que la traumática decisión de la dirección de Bimbo no se basa en una situación económica complicada sino en una actitud depredadora hacia sus trabajadores con un objetivo muy claro que no es otro que aumentar los beneficios a costa de reducir la carga salarial de la compañía”, ha señalado CCOO, que rechaza el ERE, y reclama unidad de los trabajadores para enfrentar esta “decisión injusta”.

Por su parte, UGT ha rechazado las causas y medidas propuestas por la dirección de Bimbo durante la segunda reunión del período de consultas, celebrada este pasado miércoles y ha solicitado a la empresa “mayor claridad” en la documentación presentada, así como la elaboración “urgente” de un plan de viabilidad “realista y serio, que garantice la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo”.

“A día de hoy, la dirección de Bimbo no ha sido capaz de aclarar con qué plantilla contará la compañía en el futuro, especialmente en las áreas de distribución comercial, logística y fábricas, una cuestión clave para los trabajadores afectados”, ha expresado en una nota el sindicato.

Trabajadores autónomos afectados

UGT señala que Bimbo ha planteado inicialmente 352 despidos en el área comercial y logística, que se sumarían a “los más de mil puestos destruidos recientemente tras el cierre de dos plantas de producción en el marco de otro ERE llevado a cabo en 2024”. Además, precisa que esta política de recortes afecta también a trabajadores autónomos dependientes (TRADES).

Así, advierte de “la estrategia de desmantelamiento progresivo” del empleo que Bimbo está llevando a cabo en los últimos tres años, con el único objetivo de “reducir costes y aumentar beneficios”. A su juicio, esto se está logrando a expensas de los trabajadores, que son los que está pagando el precio de estas decisiones “con su estabilidad económica, llegando a causar la ruina de numerosas familias trabajadoras que han sido leales a la empresa durante años”.

Por último, ha asegurado que “no permitirá que se juegue con el futuro de los trabajadores”. “Estamos dispuestos a emprender todas las acciones legales y sindicales necesarias, incluyendo movilizaciones, para frenar este nuevo ataque al empleo y exigir una negociación real y con garantías”, ha concluido.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario de Cajasur, lanzado por razones productivas y organizativas, ha conseguido la adhesión del 100%, después de que 260 trabajadores hayan manifestado su interés a adherirse a las medidas acordadas, relacionadas con prejubilaciones, bajas incentivadas, reducción de jornada y suspensión de contrato.  

Tras semanas de negociaciones con representantes de los trabajadores -los sindicatos Asprobank, CCOO y ALE-, Cajasur presentó el 12 de diciembre un ERE con carácter voluntario para un colectivo de 260 empleados y empleadas, entre otros, nacidos en 1967, 1968 y 1969, con el fin de adaptar su plantilla, sobredimensionada, a la progresiva evolución del modelo de negocio y estructura del banco. La salida se ha planteado de forma progresiva en los próximos tres años, entre 2025 y 2027.

Las condiciones acordadas para prejubilaciones fueron las siguientes:

·        el 85% del salario neto fijo para aquellos empleados que decidan adherirse y contaran con suficientes años cotizados para acogerse a una jubilación anticipada

·        el 75% del salario neto fijo para aquellos que tuvieran que esperar a la jubilación ordinaria, por no contar con suficientes años cotizados

·        el abono de una prima de adhesión de 3.000 euros brutos para todos los casos

·        beneficios sociales (plan de pensiones, préstamos para empleados…), que se conservarían hasta el momento de acceso a la jubilación, en cualquiera de sus modalidades.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado recientemente Cruz Roja a nivel nacional y que afectaría a 321 trabajadores va a pasar de puntillas por la provincia de Córdoba, donde en principio afectaría solo a un empleado, según la información facilitada a este periódico por el sindicato CCOO.

Fue CCOO quien informó la pasada semana de este ERE, que se anuncia después de que Cruz Roja fuera condenada este verano por la Audiencia Nacional por aplicar un ERE encubierto sobre 149 empleados.

Como avanzó eldiario.es, CCOO rechazó este ERE tras su anuncio: “Alegan causas productivas y de organización y, una vez más, pagamos los y las trabajadoras de la organización, que rechazamos esta medida”, indicó el sindicato en una nota.

“Hoy nos encontramos ante un nuevo despido colectivo que se ejecutará de forma reglamentaria, por lo que se abre el periodo de consultas con los sindicatos representativos en Cruz Roja para analizar la justificación económica, organizativa y las razones de cada despido para encontrar la fórmula menos lesiva de salida”, apunta el sindicato.

“Los despidos afectarán a personas que trabajan para Cruz Roja en prácticamente todas las provincias”, sostiene CCOO, que añade que las fechas de la reunión de la mesa de negociación del ERE “se conocerán próximamente”. Desde CCOO en Córdoba indican que en esta provincia solo afectaría a un trabajador.

La tienda de Marypaz en Córdoba, y sus cuatro empleados, seguirán abiertos y operando en la ciudad. La tienda que tiene esta firma de zapaterías en la calle Concepción ha quedado excluida de las negociaciones por el expediente de regulación de empleo (ERE).

Según han informado a Cordópolis desde el sindicato CCOO, en las últimas negociaciones se ha decidido que el establecimiento no se cierra ni se pierden los cuatro empleos que hay en el mismo. No obstante, está por ver si finalmente la tienda acaba siendo adquirida por otra empresa.

Esto se debe a que, de manera paralela a la solicitud de aplicación de este expediente de regulación de empleo, ya ha sido autorizada a la sociedad Moda Bella Trade International, del empresario catalán Xavier Güell Cid.

La de la calle Concepción es la única tienda que queda de Marypaz en la provincia. Desde 2019, se han cerrado otros dos establecimientos.

El sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha mostrado su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción presentado por Cedipsa a nivel nacional, que afectará a 182 personas e implicará el cierre de 42 centros de trabajo, entre ellos seis estaciones de servicio en la provincia de Córdoba, la más afectada por este ERE, con 22 trabajadores y trabajadoras involucrados, es decir, la práctica totalidad de la plantilla.

El secretario General del sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, afirma que “este ERE es el mayor ataque directo a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la empresa” y “no es más que el resultado de políticas empresariales que buscan maximizar sus beneficios a costa de despidos masivos cuando CEPSA obtuvo hasta el mes de junio unos beneficios de 398 millones de euros, un 175% más que en el mismo periodo del año anterior”.

“Para Cedipsa, las personas trabajadoras son cifras en las estadísticas pero para CCOO son personas, con familias, que dependen de su empleo para vivir dignamente y por eso no permitiremos que se siga atentando contra la estabilidad laboral de estos trabajadores y trabajadoras”, remarcó Jiménez quien inisite en que “las prácticas usureras que se disfrazan de eficiencia y competitividad son en realidad un abuso de poder de esta élite empresarial que cada vez quiere más”.

En este sentido, el responsable sindical criticó que, “en el caso de Córdoba, la empresa haya decidido mandar a prácticamente toda la plantilla al desempleo, sin escrúpulos, en un acto deleznable de irresponsabilidad y falta de sensibilidad, dando como única opción que cojan la maleta y se vayan a otras provincias, aprovechándose de las situaciones personales y familiares así como de la falta de oportunidad laboral en la provincia, que es una de las zonas con más desempleo de España”.

En concreto, la empresa pretende cerrar las gasolineras San Rafael (Lucena), Priego (Priego de Córdoba), Priego II (Priego de Córdoba), Los Caballos (Villa del Río), Cañero (Córdoba) y Santa Ana (Palma del Río), dejando solo abierta La Mezquita (Córdoba). Todas ellas operan bajo la marca CEPSA.

Por ello, CCOO reafirma su compromiso inquebrantable de luchar por la defensa de los puestos de trabajo y no cesará en sus acciones hasta que se garantice la recolocación de todos los trabajadores y trabajadoras afectados o la empresa recule en sus pretensiones de despedir a 189 personas.

El sindicato CCOO ha advertido del expediente de regulación de empleo (ERE) dentro del concurso de acreedores solicitado en el Juzgado Mercantil de Sevilla por la empresa de calzado Marypaz, que afectaría a 54 tiendas (incluida la online) y a 276 trabajadores de todo el territorio nacional, incluido el establecimiento que queda de la cadena en Córdoba, según ha podido saber este periódico.

En la provincia quedan concretamente cuatro empleos vinculados a esta firma sevillana que lleva más de un lustro encadenando concursos de acreedores. En Córdoba, de tres tiendas que quedaban en 2019, ya sólo queda una abierta en la calle Concepción.

CCOO ha señalado que el periodo de consultas del ERE concursal se inició el pasado 2 de agosto y, hasta el momento, la empresa ha hecho entrega de la documentación preceptiva.

En esta, según detalla CCOO, se indica que la causa que motiva el ERE y el cierre de las tiendas es “el deterioro en la demanda de sus productos y el aumento de pérdidas económicas”.

No obstante, ha informado de que se ha recibido una oferta por parte de un comprador que “posibilitaría el mantenimiento del empleo de parte de la plantilla”, pero el sindicado prefiere mantener “la prudencia para preservar la negociación del proceso”.

CCOO también ha manifestado preocupación por la situación de la plantilla, teniendo en cuenta que se han dado tres concursos de acreedores y tres ERE desde 2020, por lo que asegura que mantendrá la atención a todos los pormenores para garantizar el respeto a todos los derechos de los trabajadores.

Susana comenzó a trabajar en la empresa Atento en el año 2003, cuando esta compañía multiservicio que puso en marcha Telefónica apenas llevaba cuatro años en activo en España e Hispanoamérica. Era una época que casi parece la prehistoria, en la que la compañía española aspiraba a liderar el sector del call center en todo el mundo hispanohablante. Y durante años lo fue.

Hoy, Atento forma parte de un fondo empresarial cuyos responsables resulta muy difícil rastrear, pues se ocultan, como dice ella, detrás de eso que se llama “ingeniería financiera”. Lo que sí se puede certificar es que, nueve años después de que Susana entrara en la compañía, Telefónica se la vendió a Bain Capital, una empresa cuya sede social está en Boston, Massachussets.

Telefónica la vendió por algo más de 1.000 millones de euros y, dos años después, en 2014, cuando la borrachera mil millonaria terminó, llegó la resaca: Atento compaginó su entrada en bolsa en Wall Street con un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) con el que se deshizo del 5% de la plantilla. Un despido colectivo que acabó en los tribunales con sentencias de nulidad.

Finalmente, Bain acabó vendiendo toda su participación en 2020 a un grupo de acreedores, incluidos Farallon Capital Management, el fondo soberano de Singapur GIC y HPS, que pasó a convertirse en el primer accionista. Todos estos movimientos, que suceden en despachos, restaurantes y salas de tribunales, se han ido produciendo uno detrás de otro, mientras Susana acumulaba años de dedicación a la empresa.

Los culpables de los números rojos

“He pasado ya por todos los servicios, por todo. He visto aquí de todo. Hemos hecho un ERE, hemos perdido a compañeros, de todo. Lo que no había visto es a la empresa tan cerrada como ahora”, cuenta esta mujer, una de las 108 trabajadoras cuya vida está en el aire si Atento no cambia sus planes de ofrecer traslados forzosos y cerrar su centro de trabajo en Córdoba, ubicado en la zona de Levante, y el segundo, tras el de Toledo, que más se verá afectado de toda España si la empresa ejecuta su plan

Para Susana, que es la presidenta del comité de empresa, la situación es un punto menos dramática que para muchas de sus compañeras, puesto que no tiene hijos a su cargo. Eso sí, nadie la libra de la paradoja personal. Lo cuenta con una media sonrisa que no oculta la amargura: “Mi pareja vive fuera, porque es profesor, y este año lo destinan a Córdoba después de siete años fuera. Bueno, pues casualmente a mí me quieren destinar ahora lejos de Córdoba”.

En sus 21 años de trabajo en Atento, Susana no se ahorra una mirada crítica sobre la gestión de la empresa. “Han gestionado muy mal su dinero, lo único que tienen ahora son números rojos, de los que nosotros somos los últimos culpables”, denuncia. Según Susana, la situación actual es el resultado de malas decisiones financieras y una gestión ineficiente. También, apunta, de una falta de empatía que sólo se puede explicar desde la aplicación del turbocapitalismo: “Nos tratan como números. Pero no lo somos. Somos personas”, afirma con contundencia.

Una plantilla feminizada, con una media de edad de más de 40 años

A su lado este martes, sosteniendo una pancarta, estaba Carmen. Lleva más de 13 años trabajando en Atento. Como muchas de sus compañeras, se enfrenta a la posibilidad de un traslado que ve inviable. 

“A nivel personal lo llevo muy mal, porque somos familias arraigadas con una media de edad en plataforma de más de 40 y 45 años y es inviable la posibilidad de traslado”, comenta. En su caso, tiene dos hijos y una reducción de jornada a 30 horas semanales. “Con mi sueldo y con la familia es inviable irme a otra provincia”, afirma, antes de apuntar que, en casa, no son buenos días: “Se sobrelleva, unos días mejores y otros peores, pero nos encontramos con una situación económica bastante complicada”.

Paqui, por su parte, también comparte años de servicio (13 y medio). Y la angustia. “Tengo dos hijos, uno de 12 y otro de 8 años. Es imposible trasladarme a otra ciudad con el sueldo que tenemos aquí”, lamenta. Paqui destaca la falta de propuestas viables por parte de la empresa, que solo plantea el traslado a otras provincias sin mejorar las condiciones laborales.

Teletrabajo de la noche a la mañana, teletrabajo fuera de la negociación

En la mente de estas tres mujeres, aún está el recuerdo de la pandemia, cuando, de la noche a la mañana, pasaron a teletrabajar en sus casas. Hoy, esta posibilidad, no está sobre la mesa en las negociaciones, porque la empresa no parece querer ponerla en marcha. “Porque es un despido encubierto”, insiste Paqui, algo con lo que coinciden Susana y Carmen.

Esta última, por ejemplo, recuerda que, hace cuatro años, “en cuestión de dos semanas, toda la plantilla estaba trabajando desde casa”. Inicialmente, usaban sus propios equipos. “En pandemia, éramos de una de las plataformas que teletrabajábamos al cien por cien y no hubo ningún problema”, recuerda la trabajadora, apuntando, además, que la transición se realizó sin formación previa.

“Nos hacían firmar que teníamos todos los equipos para poder teletrabajar y jugaron con el miedo de la gente, con el Covid”, explica ahora, con la distancia que da el tiempo, y analizando que, a pesar de aquella experiencia positiva, la empresa parece no considerar el teletrabajo como una opción en la actualidad.

A pesar de la incertidumbre, Susana, Paqui y Carmen mantienen la esperanza de que la empresa reconsidere sus propuestas y se decida por alternativas más humanas y viables. Lo mínimo, en cualquier caso, debe ser una indemnización justa para aquellos que deban ser despedidos. “Esperanza por lo menos tenemos, aunque sea leve”, comenta Carmen.

A ello ayuda, que, a pesar de la situación, los trabajadores de Atento en Córdoba están unidos. “En ese aspecto somos 108, somos una familia y una piña. Son muchos años trabajando juntas todos los días”, dice Paqui, mirando de frente a la dos reuniones que hay pendientes: la de este jueves y la del próximo lunes, último día de la mesa de negociación y, probablemente, día que puede marcar el inicio del largo proceso que se iniciaría si se interpone una demanda colectiva.

Las ocho trabajadoras de Centros Único, un establecimiento de depilación láser y tratamientos médicos estéticos, ubicado en el centro comercial El Arcángel de Córdoba, han llegado este lunes a su trabajo citadas a una reunión y se han encontrado con la clínica desmantelada y una carta de despido colectivo.

Estuvieron trabajando con normalidad hasta el sábado pasado, 15 de junio, y ese día, recibieron un mensaje de la propietaria citándolas a una reunión este lunes día 17 a las 10:00, explican varias trabajadoras a Cordópolis. Por casualidad, una excompañera vio cómo en la noche del sábado, estaban “sacando las máquinas del centro” y desmantelándolo. Intentaron comunicarse con su dueña del establecimiento, pero no respondió a sus llamadas. Y este lunes, al acudir a la cita, se han encontrado con sus abogados y una carta de despido colectivo para iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Las trabajadoras cuentan además que se les debían las nóminas desde abril. Y, ahora, están “atadas de pies y manos”, porque el contrato que tienen no se extingue hasta el 30 de junio y no pueden tramitar sus papeles del desempleo ni interponer denuncia alguna.

Cuentan que el centro de depilación y tratamientos médicos estéticos seguía en pleno funcionamiento hasta el pasado sábado. Incluso, que hasta el último día “nos ha estado presionando con que vendamos, supuestamente para poder pagarnos las nóminas que nos debía”. De hecho, la pasada semana vendían “tratamientos de 500 y 1.000 euros, pagados” que no se van a realizar.

Ante la evidencia del cierre, temen que esos beneficios solo hayan sido para engordar las cuentas de la propietaria antes de echar el cierre sin avisar. Un cierre que, igualmente, afecta a numerosos clientes, con tratamientos ya pagados y citas previstas, que se van a encontrar con el centro cerrado y sus servicios sin hacer, sin haber sido avisados de ninguna manera.

“Despido colectivo” y procedimiento concursal

La carta que este lunes han entregado los abogados de lapropietaria a las ocho trabajadoras es una comunicación de inicio de Expediente de Regulación de Empleo por parte de la empresa Bora Estética S.L. Se trata de un “despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla”, ocho trabajadoras -siete esteticistas y una encargada-, según ha podido consultar este periódico.

Se trata de un ERE que se argumenta en que es “consecuencia del cierre inmediato de la compañía, habida cuenta de la situación económico financiera de la empresa que ha provocado que la misma deba acudir a un procedimiento concursal”.

Las trabajadoras están citadas a una reunión el 20 de junio dentro del periodo de consultas al iniciar el ERE y consta que la fecha efectiva de despido será el 30 junio. Ante ello, las ocho trabajadoras han consultado ya su caso con abogados, si bien señalan que no pueden actuar ni interponer denuncia alguna hasta que no se extinga el contrato que sigue vigente.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto este lunes mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio de la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad financiadas por la Junta de Andalucía durante la era de los gobiernos socialistas, a cuenta de presuntos delitos de prevaricación y malversación en las subvenciones concedidas a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces, de Fuente Palmera.

En noviembre de 2019, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, acordaba continuar como procedimientos abreviado las diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación contra el dueño de las empresas Martínez Barragán S.A. y Elaborados Cárnicos Andaluces, relativa a las ayudas por valor de dos millones de euros que habrían recibido estas empresas “de manera arbitraria y fraudulenta” por parte de la Dirección General de Trabajo a través de la agencia IDEA y con cargo a la partida presupuestaria 31L, usada para la financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.

Ahora, el empresario Manuel M.B., único acusado en esta causa, se ha sentado en el banquillo de los acusados para la celebración del juicio, al comienzo del cual la fiscal del caso ha anunciado un acuerdo de conformidad con la defensa del inculpado, consenso al que se han sumado el resto de acusaciones, que eran la Junta de Andalucía a título particular y el PP andaluz a título popular.

Fruto de dicho acuerdo, la Fiscalía ha modificado su escrito de acusación, aplicando la redacción del delito de malversación “más favorable al acusado” que recoge el Código Penal, tras lo cual ha concretado que pide para él las “penas mínimas” posibles como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, apreciando la atenuante de dilaciones indebidas.

Más al detalle, ha reclamado para el acusado tres años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, así como el pago de dos millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Tras aceptar el acusado estas penas y declarar verbalmente el tribunal la condena, su defensa ha solicitado la suspensión de la pena de prisión a condición de que no vuelva a delinquir, si bien la Fiscalía ha solicitado resolver dicha petición en la fase de ejecución de la sentencia, una vez pese un “calendario y compromiso de pago” de la responsabilidad civil asumida, dada la “envergadura” de la misma al alzarse a dos millones de euros.

La fiscal del caso ha pedido así ceñir la suspensión de la pena de cárcel del acusado a que el mismo “acredite su capacidad económica” para hacer frente a dicha responsabilidad civil.

Ante ello, el tribunal ha resuelto “aplazar” a la fase de ejecución de sentencia su decisión sobre la suspensión o no de la pena de cárcel de Manuel M.B., en función de si el mismo acredita solvencia económica para satisfacer los dos millones de euros de responsabilidad civil que ha aceptado abonar.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ingnacio Vilaplana, ha emitido un nuevo auto sobre la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al “entramado empresarial” del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz, el cordobés Rafael Velasco, ordenando una tanda de comparecencias de investigados, entre los que figuran él mismo y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos europeos.

Más al detalle, y según figura en este nuevo auto fechado el pasado 28 de diciembre y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha citado como investigado a Rafael Velasco el día 27 de febrero, jornada para la cual también están convocados como investigados Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.

Ya para el día 5 de marzo, el juez cita a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del SAE en 2008, y los ex director generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la “presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5”, vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad “habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular”, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

“Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención”, considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha presentado Telefónica a los sindicatos para un máximo de 5.100 trabajadores en España afectará a una treintena de empleados de la compañía en Córdoba.

Así lo han confirmado fuentes de CCOO a Cordópolis, después de que Telefónica presentara el ERE ante los sindicatos en una primera reunión de constitución de las mesas de negociación.

La propuesta de la empresa supondría, aproximadamente, que unas 30 personas en Córdoba dejaran Telefónica. En concreto, serían trabajadores nacidos antes de 1968 o en ese año, indican las fuentes.

Ahora, se abre un periodo de negociación en el que se plantearán opciones como despidos voluntarios, movilidades o prejubilaciones, entre otras cuestiones, para ajustar el número de trabajadores a los que afecta finalmente el Expediente de Regulación de Empleo.

Inicio de las negociaciones

Este lunes 4 de diciembre se han constituido las mesas de negociación de las tres entidades jurídicas de Telefónica en España -Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España-, donde trabajan unas 16.000 personas en total. La empresa considera que existen 5.124 puestos de trabajos excedentes, que es la cifra máxima de trabajadores que podrían verse afectadas por este ERE.

Telefónica plantea este recorte de empleo por causas objetivas de carácter productivo, organizativo y técnico. Los sindicatos estiman que las bajas serán inferiores, ya que, a su juicio, el ajuste de estos puestos excedentes puede hacerse mediante distintas medidas como cambio de actividad, internalizaciones o recualificaciones, sin necesariamente salidas.

Por sociedades, de esos 5.124 puestos de trabajo, 4.085 corresponden a Telefónica España, 81 a Soluciones y 985 a la división de móviles, han añadido las mismas fuentes. Los puestos corresponden a todos los centros de trabajo y a todas las comunidades autónomas.

El ERE está previsto para personas nacidas en 1968 y años anteriores, con una antigüedad mínima de 15 años, según las mismas fuentes. Es un ERE cuyo plazo se extenderá hasta 2026.

La siguiente reunión entre sindicatos y empresa será el próximo 11 de diciembre. Estas negociaciones irán en paralelo a las del convenio colectivo de los empleados de las tres sociedades y, de hecho, los sindicatos ya han advertido de que no aceptarán un acuerdo sin el otro.

El último ERE que planteó Telefónica se produjo en 2011, cuando despidió a más de 6.000 empleados, una medida que provocó un cambio de legislación. Desde ese momento, Telefónica ha optado por poner en marcha salidas de trabajadores mediante el conocido como PSI, las siglas que responden a Plan Suspensión Individual, por el cual el empleado sigue vinculado a la empresa hasta su jubilación real, aunque esté suspendido de empleo, y mantiene los beneficios sociales, como el seguro médico y el plan de pensiones. La empresa ha presentado tres planes de este tipo, en 2016, 2019 y 2021.

C&A mantendrá abierta su tienda en Córdoba. Ubicada en el centro comercial El Arcángel, el establecimiento no se verá afectado por el Expediente de Regulación de Empleeo (ERE) anunciado por la compañía y que provocará el cierre de cinco establecimientos en toda España y el despido de hasta 90 personas.

Según la compañía ha precisado a Cordópolis, la tienda que tiene en Córdoba seguirá formando parte de su red de establecimientos “y actualmente no hay previstos cambios destacables”. Cabe recordar que esta tienda abrió sus puertas en la capital en 2008 y es la única en Córdoba tras el cierre del establecimiento que se levantó en la calle Claudio Marcelo, en las mismas instalaciones en las que hoy hay un supermercado Aldi.

El pasado mes de junio, fuentes sindicales comunicaron que C&A había iniciado la apertura de un ERE en España para 90 empleados que incluye el cierre de cinco tiendas en el país. Los establecimientos afectados se encuentran en Leganés, Melilla, Murcia, Sevilla y Marbella.

A pesar de la cifra de trabajadores afectados, la confederación sindical Fetico busca minimizar el impacto del ERE, por lo que espera que afecte finalmente a entre 60 y 70 empleados después de solicitar a la dirección de la empresa la exclusión de colectivos como el de mayores de 50 años y el de quienes tengan guardas legales por cuidado de familiares.

Por su parte, C&A ha comunicado que la apertura de este ERE surge tras “registrar una evolución negativa de la rentabilidad financiera”. Este ERE llega tras el que se puso en marcha en 2017 en el que se vieron afectados unos 300 trabajadores y que conllevó el cierre de 23 tiendas en España y cinco en Portugal.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha trasladado que su formación se adherirá a la petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre el cumplimiento de la sentencia del caso de los ERE. “En el PP vamos actuar como en el origen, cuando compañeros de nuestra formación iniciaron una importante labor para denunciar los importantes desmanes del PSOE y los socialistas los insultaba, y que ahora se ha demostrado con dos sentencias condenatorias que tenía un gran tinglado montado en Andalucía para ir dopado a las elecciones”, ha apostillado.

En esta línea, ha asegurado que “vamos a ir de la mano de la Fiscalía como hemos hecho siempre en este procedimiento, porque ni Chaves ni Griñán son inocentes, como demuestran dos sentencias que culpabilizan a esas personas que tenían un tinglado montado con los ERE y que trabajaban en contra del empleo en Andalucía”.

Además, el secretario general ha apuntando a través de un comunicado a que “el hecho de que entren o no en prisión va a venir determinado por los jueces y la línea jurisprudencial del Constitucional, que ya ha dicho que la sentencia hay que cumplirla con independencia de que soliciten un indulto”.

Asimismo, este pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla que se opone a suspender la pena de 6 años de cárcel a la que fue condenado el ex presidente andaluz José Antonio Griñán por delitos de prevaricación y malversación en el 'caso ERE', avalando así su ingreso en prisión.

El Ministerio Público ya ha remitido a la Audiencia de Sevilla el informe que le reclamaba para que se pronunciara --al igual que el resto de acusaciones-- sobre si debe suspender o no las penas de prisión para Griñán y los otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a cárcel mientras se tramitan los indultos planteados a su favor.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales explican que el Código Penal recoge los casos excepcionales en los que cabría suspender el ingreso en prisión y dejan ver que el de caso Griñán no cumple con dichos requisitos.

Según indican, podría suspenderse la entrada en la cárcel cuando el tribunal apreciase que con el cumplimiento de la pena podría resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En este caso, sin embargo, los fiscales consideran que “tratándose de la ejecución de la pena impuesta no cabe apreciar tal dilación”.

El coordinador general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha indicado que “lo que está haciendo el PSOE es seguir manchando la imagen de Andalucía pidiendo un indulto para quienes saquearon Andalucía, creyéndose que todavía son los dueños de lo que siempre han considera su cortijo”.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios desde Córdoba, donde le ha acompañado el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y donde también ha advertido sobre la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hoy a Andalucía, que “viene a respaldar a sus compañeros que están pidiendo que los condenados por los ERE sean indultados por el gobierno que el propio Sánchez dirige”.

Sin embargo, Repullo ha aclarado que “Griñán debe de estar confuso” sabiéndose que “Sánchez no se deja llevar por los intereses de España ni de Andalucía, ni siquiera por los de su partido y compañeros, sino únicamente por los suyos propios” y, en función de ello, “Griñán será indultado o no en función de lo que le convenga a Sánchez en ese momento”.

Aun así, “tenemos dirigentes socialistas como Susana Díaz que siguen apoyando de manera histriónica ese indulto a personas que no son ni honestos ni inocentes”, ha aclarado Repullo, achacando la postura de Díaz a su etapa como presidenta autonómica cuando sacó a la Junta de la causa de los ERE y, con ello, “impidió que se pudieran reclamar los 680 millones de euros defraudados”.

“Estamos hartos de oír a socialistas decir que Chaves y Griñán son inocentes cuando no lo son, y así lo demuestran ya dos sentencias de los tribunales”. “A Chaves y Griñán no los han condenado por llevarse dinero, sino por llevar a cabo una serie de delitos con los que construyeron una gran trama en Andalucía que lo que hacía era beneficiarse a ellos mismos, que eran los que se presentaban a esas elecciones adulteradas”, ya que “el PSOE acudía dopado” a los comicios gracias a ese dinero público “como ha sido demostrado por las sentencias”, por tanto “ni Chaves ni Griñán son inocentes”.

Asimismo, el coordinador general ha instado a Sánchez a que cuando venga a Andalucía lo haga con “soluciones” a los problemas que sufre la comunidad cuyas responsabilidades caen en el Estado, como una nueva financiación que sea justa para los andaluces, los problemas del agua, las necesidades de la agricultura y el déficit de infraestructuras que tiene pendiente el Gobierno de la Nación con Andalucía. “Sánchez viene a hablar de lo suyo con los suyos, pero eso no arregla los problemas de los andaluces”.

“Que no perjudique al campo”

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha recordado a Sánchez que viene hoy de visita a una comunidad autónoma a la que no ha escuchado en sus reclamaciones para la nueva PAC, que tal como ha sido planteada por el Ejecutivo central “perjudica” al campo andaluz y le hace perder 500 millones de euros, como han denunciado las propias asociaciones agrarias.

“En Córdoba vivimos fundamentalmente del campo, con el problema de sequía actual y los incrementos de los costes, ahora se suma una PAC perjudicial para Andalucía pese a que llevamos denunciándolo desde hace mucho tiempo”, razón por la que ha reiterado la petición de “paralizar la aplicación de los ecosistemas”.

“Si Sánchez quiere conectar con la gente, que paralice esa aplicación de los ecoesquemas y no siga perjudicando al campo cordobés y andaluz”, ha dicho.

Tras más de una década de diligencias e investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral por una de las variantes del llamado Caso ERE que afecta a la provincia de Córdoba: el expediente de regulación de empleo en el Matadero de Fuente Obejuna. El magistrado manda a juicio a 12 personas, a las que pide penas de un total de 46 años de cárcel y la devolución de 2,5 millones de euros, presuntamente cobrados de manera irregular en este ERE. El juez acusa a los 12 de los delitos de prevaricación y malversación de fondos, a cuatro de falsedad documental y a una persona de tráfico de influencias.

Entre los investigados se encuentran el conocido exdirigente del sindicato UGT Juan Lanzas, que actuaba como intermediario o “conseguidor” de ayudas; un abogado; dos representantes de la empresa mediadora Vitalia Vida; dos exresponsables de la Asociación para la Promoción Sociolaboral de los extrabajadores de la empresa y seis personas que fueron incluidas de forma “fraudulenta” e “irregular” como beneficiarias de las pólizas de seguro de rentas suscritas. 

Los trabajadores del matadero de Fuente Obejuna sufrieron hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) suspensivos. El último se firmó en 1998, cuando se cerró el matadero. Sin embargo, en el año 2001 y asesorados por el considerado como el cerebro de la trama de los ERE, Juan Lanzas, se constituyó una asociación de antiguos trabajadores del matadero de Fuente Obejuna.

Mediadores o “conseguidores”

El magistrado indica que el importe de estas ayudas o subvenciones concedidas por la Junta ascienden, al menos, a la suma de 2.528.258,63 euros y habrían tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores afectados por el referido ERE, agregando que las ayudas fueron obtenidas “bajo la irregular fórmula de ‘ayudas previas a la jubilación’” y concedidas dos años después de que la empresa hubiera cerrado mediante la financiación de seguros de rentas cuyo tomador -“impropio o ficticio”- sería la asociación referida. 

Además, y según manifiesta el juez, “se habrían subvencionado de manera ilícita o irregular los gastos de asesoramiento prestados a los ex trabajadores y asociados de dicha asociación por parte de los mediadores o ”conseguidores“ de cuyas influencias se habrían prevalido aquéllos para la obtención irregular de tales ayudas”. 

Según el instructor, la constitución de esta asociación de extrabajadores “se hacía necesaria como vía fraudulenta para soslayar el hecho de que los asegurados de las pólizas ya estaban percibiendo prestaciones públicas (subsidios) por su situación de desempleados y haber cesado ya la actividad de la sociedad y extinguido su relación laboral con la misma en virtud de los correspondientes despidos”. 

En el auto, el juez considera que, de lo actuado, se deduce que las ayudas concedidas a Matadero de Fuente Obejuna “carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”, a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo “sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos”. 

Las ayudas “se concedieron sin solicitud” 

El magistrado pone de manifiesto, asimismo, que las ayudas “habrían sido irregularmente concedidas bajo la ficticia fórmula de ”ayudas previas a la jubilación“ tras la tramitación del correspondiente ERE de la sociedad empleadora -una vez extinguida ésta- a modo de complemento de la correspondiente indemnización por despido, siendo la forma de pago de dicha indemnización la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores”, de forma que, dado que la Junta habría establecido un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social distinto al regulado por el Estado, se habría vulnerado la competencia exclusiva que en favor de éste establece“ la Constitución Española. 

El magistrado, asimismo, afirma que las subvenciones se concedieron “sin análisis económico alguno realizado por la Junta que pusiera de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario (especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas por la Junta)”. El juez apunta que “tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo”. 

El instructor añade que, en este caso, “las ayudas se concedieron sin solicitud -en legal forma- de las mismas por parte de la entidad o de los beneficiarios, sin resolución motivada de concesión, y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y justificación del fin y destino de la subvención”, a lo que se suma que la selección de las entidades aseguradoras y mediadora “se habría llevado a cabo de forma arbitraria, sin observancia de procedimiento administrativo alguno”, siendo así que incluso Vitalia, “entidad que intervino como mediadora en las pólizas de seguro suscritas como mecanismo ilícito de financiación de las ayudas, no tenía autorización para operar como correduría de seguros en Andalucía”.