La estación de tren Córdoba - Julio Anguita ya no despertaba este jueves con el dispositivo de Policía Nacional y Cruz Roja que atendió la primera jornada tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y la cancelación del tráfico entre Madrid y Andalucía, pero la incertidumbre entre los viajeros seguía para buscar una opción con la que viajar tras verse en tierra sin trenes para llegar a sus destinos. Eso, además, en una jornada en la que se ha sumado la huelga del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) que ha cancelado varios trenes que circulaban dentro de Andalucía y los de proximidad en la provincia de Córdoba.

Los usuarios con trenes cancelados hacían cola ante la Oficina de Atención al Cliente de Renfe, buscando opciones para viajar después de verse en la estación sin poder utilizar los billetes que tenían comprados. Este era el caso de Laura e Itziar, turistas de Asturias que pasaban unos días en Córdoba y hoy tienen cancelado su tren que venía de Madrid para ir a Sevilla, donde a las 13:00 debían coger un vuelo de vuelta a su tierra. “Anoche a las nueve nos llegó la anulación del tren y nos dicen que busquemos soluciones alternativas”, cuentan. “Hemos visto la posibilidad de alquilar un coche, un taxi nos sale por 200 euros, billetes de autobús ya no hay para la hora que necesitamos”, explican apuradas por el poco tiempo del que disponen para no perder el vuelo.

Verónica, natural de Ecuador pero que vive en Holanda, iba a coger hoy un tren hacia Málaga, pero el convoy debía llegar desde Madrid y, obviamente, ha sido cancelado. Dice que no ha recibido ninguna comunicación sobre la anulación de ese trayecto y en la estación de Córdoba ha tenido que buscar qué alternativa le dan: “Hoy hay huelga y no hay tren para Málaga, la opción que tengo es salir ahora a las 10:00 en un autobús de Renfe”.

En ese mismo autobús de Renfe hacia Málaga partirán también Pepa y Cristina, madre e hija de Córdoba que emprendían hoy su viaje de vacaciones a Milán. Con su tren cancelado y con un Avant a Málaga afectado por la huelga, finalmente la solución pasa por ir en autobús a la capital malagueña, desde donde deben coger un vuelo hacia Italia. A su lado, Pepa también se ha encontrado con ese problema y tiene que llegar a Estepona (Málaga) a su puesto de trabajo mañana. Las tres cuentan que venían con cierto temor a coger un tren hoy, tras el grave accidente de Urda y tener en la memoria reciente el de Adamuz.

“Hemos retrocedido, esto es tercermundista”

“Hemos retrocedido, vamos para atrás, esto es tercermundista”, se quejan sobre la situación de la red ferroviaria en España. “Porque además, estás pagando a precio de alta velocidad y luego los trenes llegan con retraso”.

Sentado en una de las sillas de la estación está Daniel, un joven estudiante de Ingeniería Agronómica. Tenía que coger un tren al campus de Rabanales, pero ha sido cancelado por la huelga de este jueves. Ha preguntado por una solución que ofrezca Renfe y espera ahora un autobús que le lleve hasta allí. Pero, a la vez, tenía un billete para viajar a Madrid por la tarde, que ha sido cancelado y ha tenido que comprar un pasaje de autobús para poder llegar hasta la capital de España. “Viajo una vez al mes a Madrid”, dice, pensando en que conoce bien el trayecto del Corredor Sur ferroviario en el que ha ocurrido el accidente de Urda. Daniel dice no tener miedo, aunque sí cierto temor “sobre todo por mi familia”, que sufre con la incertidumbre de que el viaje llegue a buen puerto.

A unos metros, Samuel ha llegado desde Francia para recorrer Córdoba, Sevilla y Málaga en un viaje como turista. Con sus maletas, espera el tren Avant hacia Sevilla para las 10:00. “El riesgo de accidente es un porcentaje mínimo”, dice al ser preguntado por si siente miedo al tener que coger un tren el día después del accidente que ha vuelto a conmocionar al país. “No, no”, niega.

Poco después, una cola de viajeros hacen el chek in para bajar al andén y montarse en ese Avant. El sonido de las maletas es el mismo, pero el número de viajeros que van y vienen en la estación de Córdoba en este día después del accidente es mucho menor. Las preguntas van y vienen de un mostrador a otro, la espera se alarga en las sillas y los viajeros buscan la manera de poder viajar.

La huelga general convocada por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre se está organizando en Córdoba, además de por los sindicatos convocantes, por parte de la plataforma Stop Desahucios, que desde hace años representa la lucha por el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía. La pasada semana, de hecho, se constituyó su comité general de huelga tras una asamblea abierta a colectivos y personas particulares, a partir del cual articular todo el trabajo que van a desarrollar para impulsar la huelga en Córdoba.

Una parte importante del trabajo se va a desarrollar en los distritos y barrios de la capital cordobesa, para llevar la concienciación sobre el 11N a los vecinos y el comercio local. Así, se han constituido comités de barrio para la huelga en el distrito Sur, Levante y Fuensanta, Centro y casco Histórico, Las Moreras, Tablero y Huerta de la Reina.

A lo largo de toda esta semana se van a llevar a cabo reuniones de estos comités de barrio, abiertos a la ciudadanía que quiera implicarse en impulsar el paro general del 11 de noviembre, para realizar acciones de difusión y otras actividades. “Se han formado comités por toda la ciudad y te puedes sumar al que te pille cerca”, indican desde Stop Desahucios.

“Cada distrito y cada comité de barrio van a llevar a cabo sus propias acciones”, explica a este periódico Cati Ortega, portavoz de la plataforma. “Pero la idea general es trabajar de cerca con los vecinos y el pequeño comercio, hacerles ver que el precio de la vivienda también les afecta porque con lo que queda de salario, el vecino no les puede comprar tanto como querría”, pone como ejemplo.

Mesas informativas y trabajo de calle

Junto a ello, también el tejido asociativo vecinal está presente en estos comités por barrios, que van a “recoger sus reivindicaciones y a hacer ver cómo nos afecta a todos” el problema de acceso a la vivienda.

Por ello, la organización de la huelga por parte de Stop Desahucios pasa por hacer “mucha calle, mucho hablar con el pequeño comercio, establecer mesas informativas en los barrios, hacer mucho trabajo con las asociaciones vecinales que están en los comités” y, en paralelo, coordinar esa labor con los sindicatos CCOO, UGT y otros como CNT que convocan el paro laboral para ese día.

La previsión es que los distintos barrios aporten ideas sobre las acciones que se realizarán ya el día previo a la jornada de huelga y se recojan también en la asamblea general de seguimiento que hará Stop Desahucios el 3 de noviembre, apenas una semana antes.

El fin de semana anterior al 11N, el sábado 7 de noviembre, habrá un encuentro festivo que servirá para crear “una caja de resistencia” para el 11N y también para “calentar motores” entre todos los colectivos implicados en impulsar la huelga general en Córdoba.

La clave de todo el trabajo previo va a ser “la concienciación sobre cómo nos afecta, porque la huelga general se hace para luchar por los derechos y, en este caso, es el derecho a la vivienda que pensábamos que ya estaba conquistado, pero hemos visto que no, además de por los servicios públicos y los salarios”, concluye Ortega.

Los Grupos Provinciales del PSOE e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba han presentado una solicitud conjunta para cambiar la fecha de las comisiones informativas ordinarias previstas para el próximo miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria de huelga general. 

Ambas formaciones consideran que las instituciones públicas deben actuar con responsabilidad y sensibilidad ante una jornada de movilización en defensa de unas condiciones de vida dignas, mejores salarios, una vivienda asequible y el fortalecimiento de los derechos laborales y sociales. 

PSOE e IU recuerdan que el calendario de las comisiones ya se ha adaptado en otras ocasiones por motivos organizativos, por lo que entienden que esta convocatoria constituye una razón suficiente para trasladarlas a otra fecha sin afectar al funcionamiento de la Diputación. 

Por ello, solicitan a la Presidencia que atienda esta petición y facilite que los trabajadores y trabajadoras de la institución puedan ejercer su derecho de huelga con las mayores garantías posibles, en coherencia con el compromiso que debe mantener cualquier administración pública con los derechos laborales y sociales.

En el marco de la clausura del congreso ¿Hacia dónde va el capitalismo?, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba y organizado por la Fundación 1º de Mayo, CCOO ha apelado de forma directa al pequeño comercio, la hostelería y los trabajadores autónomos a secundar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Durante la atención a los medios previa al acto final del congreso, el secretario general de CCOO, Unai Sordo; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; y el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, han desgranado los motivos sociales y económicos que sustentan esta convocatoria de paro laboral en todo el país.

Entre otras cuestiones, Sordo ha puesto el foco en la situación que atraviesan los pequeños negocios frente a la especulación inmobiliaria. Según ha denunciado la dirección confederal del sindicato, en los últimos tres años el precio de los alquileres de los locales comerciales se ha disparado un 18,6%. Esta subida abusiva en los arrendamientos está ahogando la viabilidad de comercios y establecimientos de hostelería, impidiendo la contratación de personal y forzando el encarecimiento de los precios al consumo. Por ello, Sordo ha argumentado que “el rentismo es enemigo de la actividad económica” y ha instado a los autónomos “que abren cada día la persiana” a parar el 11 de noviembre. Asimismo, el líder sindical ha remarcado que el sindicato velará para que la jornada de protesta se traduzca en un paro efectivo en los centros de trabajo.

No obstante, hay que recordar que fue el desahucio de Maricarmen en Madrid lo que motivó a esta huelga general. Por ello, Sordo ha reclamado como reto estratégico de la próxima década “la creación de una infraestructura pública de al menos 1,5 millones de viviendas a precios asequibles” en España para contener los precios de mercado, frenar los desahucios vulnerables y evitar el acaparamiento por parte de fondos buitre. Según datos ofrecidos por el secretario general, entre los años 2013 y 2026, el precio de la vivienda ha aumentado 3,6 veces más que los salarios. Como consecuencia, las mejoras retributivas pactadas en los convenios colectivos han sido absorbidas por el coste de la vivienda.

Frente a la inflación -impulsada, según CCOO, “por la ampliación de los márgenes y beneficios empresariales con poder de mercado”-, el sindicato exige un incremento salarial de “entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos y una subida del 7% para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. Además, Sordo calcula que “una reducción del 30% en el precio de la vivienda permitiría liberar recursos económicos a las familias para crear entre 311.000 y 450.000 puestos de trabajo en cinco años mediante el impulso del consumo”.

Advertencia a la Junta de Andalucía por los Presupuestos de 2027

Por su parte, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha denunciado que la comunidad andaluza “padece salarios bajos, empleo precario y un impacto agudo del capitalismo salvaje a través de la especulación inmobiliaria y la privatización de servicios públicos esenciales”. En las vísperas de la presentación de las cuentas públicas andaluzas para 2027, López ha lanzado un aviso al Ejecutivo autonómico, asegurando que la organización estará “muy vigilante” sobre cómo se concreta el acuerdo firmado con Vox.

En esa línea, la responsable sindical ha advertido de que ese acuerdo supone “una pérdida de derechos en materia de igualdad, el avance de las privatizaciones en sanidad, educación y dependencia, el abandono de la protección medioambiental y la aplicación de políticas de empleo cero”.

En relación con el congreso, durante este sábado habrá diferentes actividades, como la ponencia de la economista Clara Mattei sobre las dinámicas del capitalismo actual y los debates sobre el impacto de los tecno-oligarcas en el empleo y la convivencia democrática. Además, habrá una mesa redonda con periodistas económicos, mientras que la clausura correrá a cargo del abogado, periodista y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, y del secretario general de CCOO.

Este viernes, a las 14:00, decenas de alumnos de más de una veintena de colegios públicos de Córdoba capital y provincia no han entrado en el comedor escolar como hacen cada día. Una 'huelga de comedor' ha sido su modo de protestar, junto a sus familias, a las puertas de cada colegio, por la baja calidad de la comida y el servicio que dispensa la empresa adjudicataria Mediterránea de Catering SL en sus centros.

Con pancartas, pitos y alguna cacerola para hacer ruido, padres, madres, también abuelos y los escolares han protagonizado las protestas en cada colegio, en el que hoy dejaban su silla vacía en el comedor. Y, como en el caso del CEIP Noreña, sus mensajes en carteles lo han dejado claro: “Comer bien no es un privilegio, es un derecho”, “Comida sana y de calidad”, “Mi comida no es tu negocio” o “Más fruta, más verdura y ese pisto a la basura”, en alusión al pisto sin pisto servido en algunos colegios que se pudo ver gracias a un vídeo viralizado en redes sociales y que, según las familias, “es la punta del iceberg” de la situación que vienen sufriendo desde hace ya años.

“Esta concentración está motivada por el enfado y el cansancio ya de las familias por los problemas que tenemos con esta empresa durante años”, explica a Cordópolis la presidenta de la AMPA del CEIP Noreña, Ángela Pulido, que destaca cómo gracias al vídeo viral del 'pisto sin pisto', se ha visto lo que llevaban denunciando sus hijos desde hace tiempo sobre la comida del comedor escolar. “Como las familias no podemos entrar al comedor, ni ver lo que comen los niños, ni ver fotografías y lo único que sabemos del comedor es el menú mensual, gracias a ese vídeo viral, las familias pusimos el grito en el cielo y ya hemos dado el zapatazo y dicho que ¡Hasta aquí!”.

Ese ¡Hasta aquí!, el hartazgo y el cansancio de las familias, se ha visto a las puertas de cada uno de los colegios en los que se ha organizado esta 'huelga de comedor', como el CEIP, Alcalde Pedro Barbudo, CEIP Eduardo Lucena, CEIP Juan de Mena, CEIP Pablo García Baena, CEIP Cronista Rey Díaz, CEIP Hernán Ruiz, CEIP Enríquez Barrios, CEIP Averroes, CEIP José de la Torre y del Cerro, el CEIP Julio Romero de Torres, CEIP Salvador Vinuesa y CEIP Andalucía, entre otros en la capital, y también algunos de la provincia como el CEIP San Sebastián (Palma del Río), CEIP Poeta Molleja (Villa del Río) y el CEIP José Antonio Valenzuela (La Victoria).

“Reivindicamos un servicio de comedor digno y comida de calidad”

“Reivindicamos un comedor digno, de calidad, una cocina propia, in situ en el colegio, de gestión directa, con la que los niños coman un menú elaborado diariamente en cocinas del cole, con productos de calidad, de proximidad, y con un menaje adecuado”, señala esta representante de la AMPA en alusión a los platos de plástico y a su deterioro que puede llevar microplásticos a la comida.

“Nuestros hijos están en pleno crecimiento y eso no es un negocio. Tienen derecho a una alimentación digna”, apuntaba también otra madre, integrante de la Comisión de Comedor del CEIP Noreña, Toñi Domínguez, que desgrana cómo la actual empresa sirve “comida insuficiente y de una calidad también insuficiente”.

“El famoso pisto no es otra cosa de la evidencia de ese relato que niños y niñas llevan trasladando a las familias durante años. Igual a los niños no se les ha dado la credibilidad suficiente por el hecho de ser niños, pero esto ha dejado en evidencia lo que era un problema a voces”, señala.

La prueba de ese enfado de las familias están en las cientos de quejas que en distintos colegios se han trasladado por la comida y el servicio de Mediterránea. “Solo en nuestro colegio se han recibido más de cien reclamaciones de quejas de padres y madres porque los niños indican que la comida no está correcta, en muchos casos difiere del menú que nos comunican, viene fría, se sirve en menaje de plásticos, los vasos vienen rotos...”.

“Es un derecho, no somos clientes”

La conclusión que ha llevado a las familias a protestar con esta 'huelga de comedor' es que “sobran razones para que exijamos dignidad en un servicio que merece una calidad pensada para niños y niñas que están en pleno crecimiento”. Y, como apunta esta representante de la AMPA, “es un derecho, no es un servicio al uso, no somos clientes; son niños que se están sirviendo de un derecho y, como tal, tiene que tener la dignidad necesaria”.

La protesta con la que estos escolares y sus familias han terminado las clases este viernes llega después de que, tras las quejas por la evidencia del pisto sin pisto servido por Mediterránea y cientos de incidencias trasladadas, la Junta de Andalucía abriera un expediente a Mediterránea sobre lo ocurrido.

Esta misma semana, la administración autonómica ha avanzado que se sancionará a la empresa, aunque sin precisar la cuantía ni los motivos, aunque la consejera de Educación, Carmen Castillo, apuntaba a incumplimientos sobre cantidades y en la elaboración de los platos servidos, precisamente algunas de las quejas elevadas por las familias.

Las AMPAS que han protestado este viernes han puesto de manifiesto su petición de que “se cumplan los pliegos” de condiciones del contrato que tiene Mediterránea y la Junta vele por ese cumplimiento, mientras plantean un cambio de modelo que pasaría por cocinas propias en los colegios para elaborar el menú diariamente y que la calidad de la alimentación de sus hijos sesté asegurada.

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, se ha referido este viernes a la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre y ha asegurado que este paro se centra en “disputar el modelo social” que la ciudadanía quiere para el país, “contra la especulación en la vivienda y para topar los precios”.

López ha sostenido que la huelga general se realiza porque, “a pesar de haber dado la batalla por la subida de los salarios” en estos últimos años, la ciudadanía sufre “la acaparación de la vivienda en manos de fondos buitre, altos precios y la imposibilidad de acceder a una vivienda”. Y ha abundado en que también se defiende el “refuerzo de los servicios públicos, que son la piedra angular para la igualdad social”.

La secretaria general de CCOO-A ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración en Córdoba del congreso '¿Hacia dónde va el capitalismo?', organizado por la Fundación 1º de Mayo y ha apuntado cómo “estamos en un momento en el que estamos viendo, en España con la huelga general, y en el resto del mundo, la contestación social por la deriva del capitalismo salvaje”.

Un capitalismo que, a su juicio, está “teniendo unas consecuencias brutales sobre los trabajadores y la ciudadanía en general en todo el mundo”. “El capitalismo está rompiendo el contrato social” -ha dicho-, para referirse a cómo “se acumula la fortuna y el poder en pocas manos, mientras se empobrecen las clases trabajadoras. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres”.

En los dos días que dura el congreso, en el que están representantes sindicales de CCOO de toda España, el objetivo es generar “debate y conocimientos para la acción sindical”, en palabras del presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, que ha llamado a “reflexionar” sobre las consecuencias del capitalismo en esta etapa.

“La huelga por la vivienda, los precios y los salarios son consecuencias del sistema capitalista, que solo busca el mayor beneficio en el plazo más corto posible de tiempo y a costa de lo que sea”, ha definido. “El ejemplo lo tenemos en lo ocurrido con Maricarmen”, ha citado sobre la anciana de 87 años desahuciada en Madrid de un piso de un fondo buitre y que, tras pasar unos días en el hospital, finalmente murió.

En ese sentido, Lezcano ha advertido de las consecuencias del sistema capitalista en las personas, en la salud, en la sociedad y, en última instancia, sobre el cambio climático y la propia subsistencia de la especie humana.

Con todo, el congreso trata de “aportar debate para dar mayor fundamento a la acción reivindicativa” de los sindicalistas, en un contexto además marcado por la huelga general del 11 de noviembre y la convocatoria de elecciones generales el 29 del mismo mes.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara ha realizado un llamamiento a la movilización de la ciudadanía ante la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre por el problema de acceso a la vivienda.

En un comunicado en sus redes sociales, Al-Zahara muestra su “apoyo a la huelga general del 11N por la vivienda”, “llama a la movilización ciudadana y exige respuestas públicas que garanticen una vivienda digna y asequible”.

Con ello, se suma a la llamada de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) “en defensa de sus hogares y sus barrios”. En ese sentido, Al-Zahara defiende que “la vivienda es un derecho y no puede convertirse en un privilegio. No podemos aceptar que pagar un hogar obligue a renunciar a necesidades básicas, que la juventud no pueda emanciparse o que las familias tengan que abandonar los barrios donde han construido su vida”.

Ante esta situación, desde Al-Zahara exigen “a las administraciones que asuman sus responsabilidades y adopten medidas efectivas frente a los alquileres abusivos, la especulación y la falta de vivienda pública. Reclamamos protección para las familias en situación de vulnerabilidad y políticas que antepongan el bienestar de la población al beneficio económico de unos pocos”.

“Basta de trasladar a las familias el peso de un problema que exige soluciones políticas. Queremos compromisos, recursos y actuaciones que permitan vivir con dignidad”, reclaman en su comunicado.

Con todo, la Federación llama a las asociaciones vecinales y a la ciudadanía de Córdoba a respaldar la movilización del 11N. “La defensa de la vivienda también es la defensa de nuestros barrios, de sus vínculos y del derecho de quienes los habitan a seguir formando parte de ellos. Nuestros barrios no están en venta. La vivienda es un derecho. Exigimos respuestas”, concluyen.

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba, surgida en la acampada del 15M de 2011 e integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2012, ha estado en el último año valorando el nuevo ciclo de movilización en torno al derecho a la vivienda y el papel de actores como el Sindicato de Inquilinas, organización con la que se ha estado reforzando el seguimiento y la coordinación.

Como consecuencia de ello y según ha informado la plataforma en una nota, ha reafirmado en asamblea la necesidad de articularse con el Sindicato de Inquilinas y de “impulsar la creación de este sindicato en la ciudad de Córdoba, y trabajar a fondo para que la huelga general del 11 de noviembre tenga el mayor de los seguimientos”.

Con estos objetivos, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas han convocado una asamblea para este próximo jueves 22 de octubre, a las 18,30 horas en el Centro Social Rey Heredia, a la que invitan a personas y colectivos, para organizar los trabajos previos al día de la huelga y los del mismo 11 de noviembre; unas tareas sobre las que la plataforma ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

La plataforma considera que “vivimos un momento histórico, un comienzo de ciclo de movilizaciones que han de conseguir que la vivienda sea por fin un derecho y no un activo financiero en manos de rentistas, bancos, fondos buitre y especuladores”.

El objetivo es que “la vivienda sea para vivir y no para especular, que no se coma nuestros salarios, y también que no se pueda desahuciar a ninguna Mari Carmen más y que todas las familias trabajadoras y sus jóvenes puedan acceder a una vivienda sin hipotecar su vida”. Por eso, según Stop Deshaucios llama “a parar la ciudad” el 11N, “gracias al poder popular, la autorganización y el apoyo mutuo. Por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos”.

Las familias de una quincena de colegios públicos de Córdoba capital y provincia harán una 'huelga de comedor' el próximo viernes 23 de octubre en protesta por la comida y el servicio que ofrece la concesionaria Mediterránea de Catering, contra la que se han elevado centenares de quejas desde el comienzo de curso.

De momento, hasta doce centros de la capital -CEIP Noreña, CEIP, Alcalde Pedro Barbudo, CEIP Eduardo Lucena, CEIP Juan de Mena, CEIP Pablo García Baena, CEIP Cronista Rey Díaz, CEIP Hernán Ruiz, CEIP Enríquez Barrios, CEIP José de la Torre y del Cerro, el CEIP Julio Romero de Torres, CEIP Salvador Vinuesa y CEIP Andalucía- y otros dos de la provincia -CEIP San Sebastián (Palma del Río) y CEIP José Antonio Valenzuela (La Victoria)- se suman así a la huelga de comedor que para el mismo día ya avanzaron las familias del CEIP Los Alcalá Galiano del municipio de Doña Mencía, con comedor que sirve la misma empresa.

La convocatoria de estas huelgas ha sido organizada por las familias de cada uno de los centros y está siendo apoyada y difundida por la Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@s del Sur de Córdoba. El viernes 23 de octubre, a la hora del comedor escolar -14:00-, los alumnos no acudirán a este servicio y, junto a sus familias, se concentrarán a las puertas de los centros para exigir mejoras en la calidad y en el servicio de la alimentación que se dispensa a sus hijos.

La cartelería de las convocatorias de la 'huelga de comedor' de cada centro llama a protestar “por una alimentación digna en nuestros colegios”, contra “la mala calidad de la comida, contra el incumplimiento de los pliegos de la concesión de línea fría, contra la empresa Mediterránea que lleva los comedores escolares” de buena parte de los centros públicos en Córdoba y Andalucía.

“Por una alimentación saludable, segura y de calidad para nuestros hijos e hijas” y “Por una alimentación de calidad y un comedor digno para nuestros hijos” son algunos de los mensajes que se repiten en la convocatoria abierta a todas las familias de estos colegios públicos que reclaman medidas urgentes en el actual servicio y, en última instancia, abogan por reivindicar cocinas propias en los colegios donde elaborar la comida cada día.

105 quejas en el CEIP Noreña solo en septiembre

En el caso concreto del CEIP Noreña, las familias han difundido una nota de prensa a través del AFA Nueva Noreña y de la Comisión de Comedor, donde informan de la convocatoria de la huelga de comedor escolar para el próximo viernes 23 de octubre, acompañada de una concentración a las 14:15 a las puertas del centro, “para reclamar mejoras reales en el servicio prestado por Mediterránea de Catering y garantizar una alimentación digna, saludable y de calidad para todo el alumnado”.

Esta movilización se suma a las iniciativas impulsadas por familias de otros centros educativos de la provincia, como el CEIP Los Alcalá Galiano de Doña Mencía, que también han alzado la voz para denunciar la baja calidad del servicio de comedor escolar. Las familias consideran que la alimentación infantil debe ser una prioridad absoluta y que es necesario adoptar medidas concretas para garantizar un servicio adecuado a las necesidades de los niños y niñas.

El informe de reclamaciones correspondiente al mes de septiembre recoge 105 quejas relacionadas con el servicio de comedor del CEIP Noreña, que permiten identificar los problemas que más preocupan a las familias. La mayoría de las reclamaciones se concentran en tres cuestiones fundamentales: la calidad de la comida, la cantidad de las raciones y la falta de correspondencia entre el menú anunciado y el que realmente se sirve.

Según indican, a estas preocupaciones se suman otras relacionadas con el menaje de plástico utilizado por el alumnado, la atención y supervisión de los niños y niñas y la organización general del servicio. Estos datos reflejan una preocupación compartida por numerosas familias y constituyen una base para exigir respuestas y soluciones. El objetivo no es señalar casos aislados, sino identificar problemas recurrentes a partir de las reclamaciones recibidas y conseguir mejoras que repercutan directamente en el bienestar del alumnado.

Mejoras urgentes para garantizar la salud y el bienestar del alumnado

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la mejora inmediata de la calidad del servicio, la elaboración de menús equilibrados, variados y nutricionalmente adecuados, y unas raciones apropiadas para las necesidades de los niños y niñas.

Las familias reclaman también el uso de menaje adecuado, seguro y en buenas condiciones, así como la eliminación de los plásticos y su sustitución por platos de loza. Esta demanda cobra especial relevancia ante el desgaste del menaje que se utiliza actualmente y las preocupaciones trasladadas por las familias sobre su estado.

Asimismo, consideran imprescindible mejorar la atención y supervisión del alumnado y avanzar hacia un modelo de cocina in situ, con alimentos elaborados diariamente en el propio centro, que permita ofrecer menús apropiados y mejorar el control sobre la preparación de las comidas.

Con todo, apuntan que el comedor escolar es mucho más que un servicio complementario: forma parte de la jornada educativa y desempeña un papel esencial en la alimentación, la salud y el bienestar de la infancia. Por ello, las familias consideran imprescindible que su funcionamiento responda a criterios de calidad, seguridad y atención adecuada.

La reivindicación parte de una convicción compartida: garantizar una alimentación saludable durante la infancia es una responsabilidad colectiva. Nuestros hijos e hijas son la ciudadanía del mañana y merecen que sus necesidades estén en el centro de cualquier decisión relacionada con su alimentación y bienestar.

Una movilización para exigir soluciones reales

La huelga de comedor del próximo 23 de octubre pretende visibilizar el malestar de las familias y reclamar compromisos concretos que permitan corregir las deficiencias detectadas. La convocatoria invita también a las familias que no utilizan el servicio de comedor a sumarse a la concentración y apoyar esta reivindicación colectiva.

Las familias defienden que esta movilización no busca únicamente denunciar una situación, sino contribuir a construir un servicio mejor para todo el alumnado. Para ello, reclaman mejoras inmediatas y verificables en el servicio actual, junto con un compromiso firme para avanzar hacia una cocina in situ, con menús elaborados diariamente y adaptados a las necesidades de los niños y niñas.

Las 105 reclamaciones registradas en septiembre ponen de manifiesto la necesidad de escuchar a las familias, analizar las incidencias y actuar sobre los problemas recurrentes. La respuesta debe traducirse en medidas concretas que garanticen una alimentación de calidad, un menaje adecuado y una atención acorde con las necesidades del alumnado.

Las familias del CEIP Noreña no piden privilegios. Reclaman un servicio de comedor escolar digno, seguro y de calidad, a la altura de la responsabilidad que supone alimentar diariamente a niños y niñas.

“Porque comer bien no es un privilegio: es un derecho. La salud de nuestros hijos e hijas no se negocia. Y garantizarla es una responsabilidad que no admite excusas”, concluyen las familias del CEIP Noreña.

Poca cantidad y escasa calidad. Un puñado de arroz que no está tierno, garbanzos duros, apenas presencia de carne y pescado o cambios sobre el menú previsto. Estos son algunos de los ejemplos que exponen como quejas las familias de alumnos del CEIP Los Alcalá Galiano de Doña Mencía (Córdoba), que denuncian la baja calidad del servicio que ofrece la empresa encargada de servir los alimentos al centro. Como protesta, el próximo viernes 23 de octubre, los alumnos harán una 'huelga de comedor' y no acudirán a este, sino que se manifestarán junto a sus familias ante las puertas del colegio.

La iniciativa ha surgido de los padres y madres para reivindicar que se cuide la alimentación de sus hijos y como vía de movilización contra el servicio que presta Mediterránea de Catering sirviendo la comida que se acaba de preparar en la cocina del centro con las cantidades y el tipo de alimentos que llega. “Solo la semana pasada, hubo 218 quejas”, ofrece como dato que resume la situación una de las madres del colegio, Ana Maqueda, en conversación con este periódico.

Actualmente, son 104 alumnos los que acuden al comedor del colegio cada día y, tras dos cursos con deficiencias en los menús que se sirven a los escolares, las familias quieren “hacer ruido y que se nos escuche” con este modo de protesta y la 'huelga de comedor' de sus hijos. Ante la situación, buscaron orientación en la Plataforma de AMPAS de la escuela pública Niñ@s del Sur de Córdoba y, para esta iniciativa, cuentan con el apoyo de la AMPA del propio colegio, además del Ayuntamiento y el centro escolar, explica esta madre.

“Los niños no van a entrar a comer ese día”, dice sobre cómo tienen previsto que el comedor se quede vacío en una imagen que muestre el rechazo a la comida que se les sirve. Las familias prepararán unos bocadillos y otras alternativas para ese día, en el que a la hora de acceso al comedor, sobre las 14:00, padres, madres y alumnos estarán protestando en la puerta del colegio. “Nos gustaría que en todos los colegios que están pasando por lo mismo se vayan uniendo”.

“Cantidades irrisorias, menús mal cocinados, platos incomibles”

En el fondo de la protesta están las “cantidades irrisorias, menús que no hay por dónde cogerlos, mal cocinados, legumbres duras, platos incomibles o cambios de menús sin informarnos”, desgrana esta madre en nombre de los afectados. “Pocos días ponen carne o pescado” y explica, como ejemplo, que en el calendario mensual del catering adjudicaron comer pescado al día 12 de octubre, festivo sin colegio ni comedor. “Esa toma de pescado ya la han perdido este mes”.

Las familias quieren dejar clara una cosa: “No protestamos por los gustos que tengan los niños sobre la comida, sino porque no tiene calidad y es incomible”. “Los niños llegan con hambre a casa”. Y eso, señala, es la prueba de que “no están comiendo lo que tiene que comer”.

El enfado de padres y madres ha llegado a un límite porque, como dicen, “con la alimentación de los niños no se negocia. Y estamos pagando para que coman adecuadamente”.

Con la protesta que han organizado, las familias demandan que el servicio de comedor sea de gestión directa por parte del centro -“que pase a manos del colegio” que, en este caso, sí cuenta con cocina propia aunque la comida la sirve Mediterránea. “Queremos que mejore la situación que tienen los niños, no pueden tener esa comida incomible” que -asegura-, algunas madres han podido probar y ver con sus propios ojos y que no quieren que vuelva a servirse en los platos de sus hijos.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado este jueves que “tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía” convocará una “huelga indefinida” de médicos a partir del 13 de noviembre. La huelga comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre. “Los siguientes paros serán anunciados con la debida antelación en función de la evolución de una eventual negociación con la Consejería de Sanidad”, ha aclarado el sindicato en una nota de prensa. “Por desgracia, la Consejería se ha negado hasta hoy a pactar un calendario con el SMA. Sus respuestas a las peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo”.

El conflicto que comenzó a principios de 2025 por el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, “pronto se amplió a una demanda de medidas contra la explotación laboral del colectivo”, una reivindicación que “no se limita al ámbito nacional”. “La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en la situación”. En este contexto, el SMA firmó el 29 de julio un acuerdo con la Consejería de Sanidad para alcanzar estas mejoras a través del diálogo y evitar la confrontación.

“Aunque el texto no incorporaba la totalidad de las demandas, constituía un primer paso en la dirección correcta al establecer un marco de diálogo bilateral y abrir el camino hacia el logro completo de los objetivos”, explica la central sindical. El acuerdo, “alcanzado antes de la constitución del actual Gobierno andaluz”, se articuló como “un compromiso político que debía concretarse de inmediato tras la configuración del nuevo equipo de la Consejería” para evitar que fuera “una mera declaración de intenciones sin valor material alguno”.

De hecho, el SMA asegura que “ni siquiera tenemos aún el compromiso de incluir alguna de estas mejoras en los presupuestos de 2027”. Entre ellas figuran la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y el fin de su obligatoriedad, así como el fin de la obligatoriedad de las continuidades asistenciales en Atención Hospitalaria. El acuerdo incluye acabar con la discriminación retributiva de los médicos de Atención Primaria en las pagas extra y en IT; eliminar la pérdida económica de las médicas durante el embarazo, parto y lactancia; elevar de la reducción de jornada por asuntos personales al 50%, pasar parte de las retribuciones variables (CRP) a fijas, así como mejoras imprescindibles para los tutores y para colectivos como el Cuerpo A1.4, los MIR y los Médicos del Trabajo, entre otros.

“Se trata de demandas que no pueden esperar. No podemos perder ni un minuto más en intentos infructuosos de diálogo. A pesar de las diferencias aparentes, constatamos con pesar que ningún partido, Administración ni Gobierno, salvo contadas excepciones en alguna comunidad autónoma, parece asumir la trascendencia y la magnitud del conflicto al que se enfrentan”. Por esto, y tras llevar “hasta el límite la voluntad de diálogo y ante la falta de respuesta por parte de la Consejería, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida”.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha anunciado formalmente una convocatoria de huelga legal para todo el personal de conducción de la compañía ferroviaria Ouigo, la cual consistirá en seis días de paros coincidiendo con los puentes de los Santos, la Almudena y la Constitución, según ha indicado en un comunicado.

En concreto, habrá paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre (en franjas de 6:00 a 12:00 y de 18:00 a 23:59). Esta movilización es la “respuesta directa a los reiterados y sistemáticos incumplimientos por parte de la dirección de la empresa sobre las disposiciones pactadas y recogidas en su convenio colectivo vigente”, ha denunciado, señalando que el paro está llamado a ser secundado por los aproximadamente 100 maquinistas que operan los trenes de la firma francesa. Así, esta huelga afectaría a miles de viajeros que viajan en alta velocidad con origen y destino en 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

La organización sindical ha apuntado que esta movilización está “provocada exclusivamente por la inacción de la compañía”, la cual provocará seis días de paros. “La principal motivación de esta huelga radica en la vulneración de derechos que comprometen gravemente tanto la salud laboral como la conciliación de los profesionales que conforman la plantilla de conducción, compuesta por cerca de un centenar de trabajadores”, ha explicado Semaf.

Su secretario general, Diego Martín Fernández, ha declarado que no pueden “seguir tolerando que Ouigo convierta la excepción en la norma”, en referencia a la “continua imposición de turnos que exceden la jornada ordinaria legal”. “La empresa está subsidiando sus propias carencias organizativas a costa del descanso, de la salud y del tiempo libre de nuestros profesionales, negándose a establecer cuadrantes justos o a compensar los excesos que ellos mismos generan”, ha añadido.

“Desprecio” por la normativa pactada

El sindicato enmarca el origen del conflicto en tres grandes áreas que muestran un “desprecio” por la normativa pactada. En primer lugar, denuncia un “impacto directo sobre la fatiga del trabajador debido a las jornadas excesivas y al abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generadas”.

En segundo lugar, advierten de un “ataque frontal” a la conciliación familiar. Desde Semaf señalan la “imposición de graves obstáculos para el disfrute efectivo de las vacaciones o la obligación de realizar pernoctaciones prolongadas e injustificadas fuera del lugar de residencia”.

Por último, la organización sindical censura una “flagrante falta de equidad organizativa” y critica la “opacidad en la asignación de los turnos y la negativa de la empresa a computar como tiempo de trabajo las labores previas y posteriores indispensables para iniciar o finalizar un servicio”.

Desde la sección sindical de Semaf en Ouigo insisten en que el objetivo de los paros es que la empresa cumpla, “de forma íntegra y efectiva”, el texto que ella misma firmó. Asimismo, desde la organización exigen el “cese inmediato” de las programaciones irregulares y la apertura de una mesa de negociación real. Por último, Semaf ha advertido que “de no producirse un cambio drástico en la postura y en las prácticas de Ouigo la alta velocidad española se enfrentará a un otoño de alta conflictividad en las vías”.

Ouigo asegura que “respeta” el convenio

De su lado, la empresa gala ha mostrado su “completo respeto” al ejercicio de este derecho fundamental. “La compañía respeta del mismo modo el convenio colectivo de empresa en todas y cada una de las condiciones laborales pactadas en él, convenio firmado en 2024 para todos los empleados”, ha afirmado, comentando que en aquellos aspectos del convenio en los que existen diferencias interpretativas, “estas se han venido abordando con la representación de los trabajadores en un diálogo continuado, con la intención de llegar a acuerdos”.

Asimismo, Ouigo ha asegurado que “respeta cualquiera de los aspectos que en la legislación laboral se ocupan de la salud laboral de sus empleados”. “Siguiendo con este espíritu, Ouigo permanece totalmente dispuesta a continuar estas conversaciones en los próximos días para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, ha aseverado.

La segunda jornada de huelga de Renfe convocada para este miércoles, 15 de julio, por el Sindicato Ferroviario (SF), ha dejado dos trenes fuera de servicio en Andalucía y ha suprimido el AVE Sevilla-Madrid de las 9:34. En cuanto a trenes de Servicio Público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), se han cancelado 21 servicios del total de programados a lo largo de todo el territorio. País Vasco es la comunidad más afectada, con once trenes fuera de servicio, seguida de Cataluña, con tres; Asturias, Andalucía y Extremadura con dos y uno en Galicia. Asimismo, en Media Distancia, se ha registrado un tren suprimido en Cataluña.

Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, el servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se está prestando con “casi total normalidad”, con la única excepción de dos servicios que han sido suprimidos del total de los programados en toda la red (AVE Sevilla-Madrid de las 9:34 y AVE Madrid-Barcelona de las 8:57). Los viajeros de dichos trenes han sido reubicados en otros servicios posteriores.

A pesar de ello, se han referido a “normalidad en los servicios prestados por Renfe ante la reducida participación de los trabajadores en el segundo día de huelga, al igual que ocurrió durante la primera jornada de paros convocada el pasado 29 de junio. Durante el turno de noche, ningún trabajador de la plantilla del Grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales) ha secundado la convocatoria de paro de este sindicato minoritario.

En el turno de mañana, “tan sólo un 1,58% de los trabajadores de la compañía han secundado la huelga, por lo que la afectación está siendo mínima”. Por tanto, durante los turnos de noche y mañana, el seguimiento de estos paros se ha situado en un 1,5%.

Cabe recordar que la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83%, por lo que “el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos del 73% en los trenes de alta velocidad de Renfe para la próxima huelga convocada por Sindicato Ferroviario en el operador público para el 15 de julio, la segunda tras la llevada a cabo en junio.

Según informa Renfe en un comunicado, estos servicios mínimos aseguran la prestación de 249 trenes de alta velocidad y larga distancia sobre los 343 previstos para ese día, por lo que los restantes 94 dependerán del seguimiento de la huelga.

La compañía recuerda que la anterior jornada de huelga del pasado 29 de junio se saldó solo con un seguimiento del 1,83%, por lo que previsiblemente muchos de esos trenes no asegurados seguirán prestándose.

No obstante, los viajeros pueden consultar en la web del Ministerio los trenes que no están incluidos en los servicios mínimos y que podrían ser cancelados.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en hora punta el 75% del servicio actual y, durante el resto de la jornada, el 50%.

En la Media Distancia, los servicios mínimos son del 66%, por lo que se aseguran 426 de los 650 trenes programados, quedando el resto, 224 trenes, a expensas del seguimiento de la huelga.

La jornada de huelga de este 15 de julio, la segunda tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, está convocada por el Sindicato Ferroviario, que denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores.

El colectivo denuncia el “abandono premeditado” del servicio de Mercancías bajo la idea de “regalarlo” a la empresa Medway, filial de MSC.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha cifrado en un 2,31% el apoyo a la huelga, de carácter nacional, convocada este lunes por CCOO y UGT en el colectivo de técnicos medios y superiores para exigir una “reivindicación histórica”: la reclasificación profesional en el grupo C1 y B, respectivamente. Por provincias, en Almería, el apoyo ha sido del 1,49%; en Cádiz, 1,84%; en Córdoba, 0,8%; en Granada, 1,64%; en Huelva, 0,58%; en Jaén, 0,74%; en Málaga, 4,75%; y en Sevilla, 3,6%.

Son los datos ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Para este día se han celebrado concentraciones en todos los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En el SAS son alrededor de 30.000 -en su mayoría TCAEs y técnicos especialistas- los profesionales afectados y llamados a una jornada de huelga para “exigir su reclasificación profesional que hace justicia con lo firmado y lo reivindicado históricamente”, han puntualizado las centrales sindicales en una nota. En Córdoba, CCOO y UGT se han concentrado a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba en el marco de la huelga de 24 horas convocada por ambos sindicatos para exigir la reclasificación profesional del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud (SNS). En concreto, UGT y CCO reclaman el cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022, que permitía la clasificación del personal técnico medio al grupo C1 y al personal técnico superior al grupo B, atendiendo al art. 76 del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público).

En Córdoba, la reclasificación profesional afecta a unos 2.500 profesionales, en su mayoría técnico auxiliar de enfermería (TCAE), técnico de Farmacia, técnicos superiores sanitarios, de laboratorio, radioterapia, mantenimiento, cocineros, informática, electromedicina, etc.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha señalado durante la concentración que “hemos tenido negociaciones tanto con el Ministerio de Sanidad como con el de Administraciones Públicas y Hacienda, que es el que está bloqueando la financiación para poder aplicar la reclasificación”. En este sentido, el responsable sindical ha explicado que la reclasificación de este personal supondría en torno a unos 450 millones de euros, pero teniendo en cuenta que en todo el Estado afecta a unos 120.000 profesionales, es una cifra “ridícula”.

La secretaria de UGT Servicios Públicos (UGT SP) en Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha recordado que “han pasado ya cuatro años desde que el año 2022 se aprobó el Convenio Marco, que incluía la recalificación profesional, algo que, pasado todo este tiempo, aún no se ha cumplido, manteniendo a técnicos superiores y medios encuadrados en una clasificación obsoleta que no reconoce ni su formación, ni las competencias y responsabilidades que desempeñan cada día en su trabajo”.

Por otra parte, el responsable de CCOO ha hecho hincapié en que, “después de 19 años, es hora ya de reconocer el derecho de este personal a que se reconozca su formación y sus responsabilidades. Son profesionales a los que se exige una titulación, una cualificación profesional que no se le retribuye conforme está estipulado en sus títulos”. Por eso, Damas ha dejado claro que “estamos cansados de artimañas y no vamos a permitir que cambien el estatuto marco para cambiar nomenclatura y quedarnos como estamos”.

La responsable de UGT ha explicado que los técnicos superiores deberían encuadrarse en el grupo B, mientras que los técnicos medios deberían estar en el grupo C1, tras la reclasificación que el MEEC estableció de las titulaciones en el año 2011. Heredia ha exigido al Ministerio de Sanidad que aporte el dinero necesario para poder llevar a cabo esta reclasificación que, ha subrayado, “llevamos pidiendo desde hace años”, y ha anunciado que el sindicato seguirá manifestándose hasta conseguir que se cumpla el acuerdo porque “sin técnicos no hay calidad asistencial, sin reconocimiento no hay futuro profesional y sin igualdad no hay derechos”.

Ante esta situación, los sindicatos advierten que el próximo día 15 de junio volverán a convocar una nueva jornada de huelga y que la movilización continuará en tanto no se cumpla el Acuerdo firmado en 2022. 

La quinta semana de huelga médica se ha cerrado este viernes, en el turno de mañana, con un porcentaje de seguimiento del 22,18% en Andalucía, el más alto de toda la semana, aunque la provincia cordobesa se sitúa en la parte baja de la clasificación. Por provincias, en Almería, el respaldo ha sido del 30,47%; en Cádiz, 23,87% en Córdoba, 17,53%; en Granada, 19,90%; en Huelva, 28,68%; en Jaén, 15,75%; en Málaga, 21,87%; y en Sevilla, del 25,80%, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press.

El Sindicato Médico Andaluz ha valorado en una nota de prensa como “un nuevo éxito” la convocatoria de huelga médica celebrada durante esta última semana, una movilización que “vuelve a poner de manifiesto la unidad, la determinación y el profundo malestar del colectivo médico y facultativo ante la falta de respuestas reales a sus reivindicaciones”.

El seguimiento en esta nueva convocatoria de huelga confirma que existe una base “sólida, estable y consistente de profesionales” que, “convocatoria tras convocatoria, siguen secundando los paros”. Con “cifras de seguimiento brutas superiores al 20%”, “el colectivo médico andaluz ha vuelto a demostrar responsabilidad, compromiso y capacidad de movilización”.

“Pese a las dificultades, pese al desgaste acumulado y pese a los intentos de minimizar el conflicto, los facultativos han enviado de nuevo un mensaje claro: la situación es insostenible y requiere una negociación específica, transparente y con voluntad real de acuerdo”.

La quinta semana de huelga médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), convocada por los sindicatos para protestar por el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno de España, llega a su recta final con un apoyo del 19,88% de la plantilla en el turno de mañana. Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 26,55%; en Cádiz, 19,43%; en Córdoba, 13,17%; en Granada, 18,71%; en Huelva, 24,71%; en Jaén, 11,55%; en Málaga, 21,92%; y en Sevilla, 21,50%.

Son los datos ofrecidos por el SAS a preguntas de Europa Press. Esta nueva semana de huelga médica ha acarreado en sus dos primeros días la suspensión de 44.719 actos médicos(6,5 millones) el lunes; y el martes, 42.358 con una repercusión económica de 6,4 millones. Es decir, se han visto afectados 87.077 actos en dos días, con un impacto económico de 12,9 millones de euros.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta hasta este viernes la quinta semana de huelga médica. Desde la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 y hasta el paro del 27 al 30 de abril de este año, el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 60.645 actos asistenciales. En total, se han suspendido en las cuatro semanas de huelga anteriores 1.091.612 consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias, lo que ha tenido un impacto económico de más de 150 millones de euros.

La primera semana de paros, del 9 al 12 de diciembre de 2025, fue la que más impacto médico tuvo, con 329.399 actos asistenciales no realizados y un impacto económico de 38 millones, según el desglose de cifras ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Afectó a 212.471 consultas de Atención Primaria; a 4.044 intervenciones quirúrgicas; a 18.181 pruebas diagnósticas y a 95.773 consultas externas hospitalarias. Del 16 al 20 de febrero de este año, cuando se convocó la segunda semana completa de huelga, fueron 299.430 los actos asistenciales suspendidos y 39,4 millones el impacto económico.

En esos cinco días se suspendieron 177.281 consultas en Atención Primaria; 5.007 intervenciones quirúrgicas; 20.618 pruebas diagnósticas y 96.524 consultas externas hospitalarias. La semana del 16 al 20 de marzo supone la cancelación de 256.000 actos asistenciales, con un coste de 34 millones. El desglose es el siguiente: 150.000 consultas de Atención Primaria; 4.400 operaciones; 17.000 pruebas diagnósticas y 83.000 consultas externas hospitalarias. Por último, del 27 al 30 de abril, el SAS canceló 206.783 actos asistenciales de los cuales 118.778 eran consultas de Atención Primaria; 4.215 operaciones; 14.988 pruebas diagnósticas y 68.802 consultas externas hospitalarias. El impacto económico fue de 27 millones de euros.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha defendido mantener este modo de protesta frente a la “resistencia” del Gobierno central a negociar una salida al conflicto. “No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción”. Ojeda ha señalado que “tenemos que seguir con la huelga por la negativa del Ministerio a hablar. No sabemos qué tiene realmente en mente, qué salida espera encontrar para este conflicto, pero, desde luego, no vamos a renunciar a nuestros objetivos”, entre los que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que “no suponga una forma de explotación”; una clasificación profesional “que nos haga justicia” y un cambio en las guardias que “hacemos obligatoriamente” para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación.

Preguntado sobre la continuidad de la huelga, el presidente del SMA ha descartado abandonar pese a que “no hay ningún contacto oficial ni informal”. “Una estrategia clásica de la Administración es esperar a que la huelga se agote, pero no nos vamos a cansar ni a rendir”, ha advertido Ojeda, que reconoce que lo que piden “es difícil” porque “supone un cambio de modelo”. “Tenemos que ser inteligentes y saber usar nuestra fuerza con inteligencia y criterio”, ha apostillado.

Facua Andalucía ha pedido adoptar medidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante “las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados por la huelga médica en relación a la gestión de citas, consultas, intervenciones, pruebas diagnósticas y renovaciones de medicación”.

La federación ha pedido que “toda cita, prueba, consulta o intervención suspendida por la huelga sea reprogramada de oficio por el SAS, sin obligar al usuario a iniciar de nuevo el proceso de solicitud de cita”. Además, ha expuesto que “se garantice la renovación de medicación y la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos o con patologías que no admitan interrupciones”.

En este sentido, Facua ha animado a los afectados por citas anuladas sin aviso, falta de reprogramación, intervenciones suspendidas o problemas para renovar medicación a trasladar sus casos a la asociación para recibir asesoramiento y documentar las incidencias. Además, ha explicado que “muchas veces los problemas que sufren los usuarios parecen situaciones individuales, pero al agruparse permiten detectar fallos de gestión que deben ser corregidos por la administración”.

Según ha informado Facua-A en una nota, la federación no cuestiona el legítimo derecho de huelga del personal facultativo, sino la obligación de la administración sanitaria andaluza de gestionar sus efectos sobre la ciudadanía. Así, ha destacado que “el SAS no puede dejar a los pacientes en una situación de incertidumbre, sin información suficiente o con la carga de averiguar por sus propios medios si su cita ha sido anulada o cuándo será reprogramada”.

En este sentido, Facua ha asegurado que está recibiendo, a través de sus asociaciones provinciales, quejas de usuarios que apuntan a deficiencias en la información y reprogramación de actos sanitarios suspendidos. Entre ellas, casos de pacientes que acuden al centro sanitario el día previsto y conocen allí mismo que no serán atendidos; citas necesarias para renovar medicación que se cancelan, con riesgo de interrupción de tratamientos; e intervenciones quirúrgicas anuladas sin que el afectado sepa cuándo volverán a programarse.

Situación de mayores y pacientes crónicos

Al hilo, la organización ha considerado “especialmente preocupante” la situación de personas mayores, pacientes crónicos, usuarios con dificultades de movilidad o personas que necesitan apoyo para gestionar sus citas. “La anulación de un acto sanitario no supone solo perder una consulta, también implica desplazamientos inútiles, necesidad de acompañamiento, organización familiar y un riesgo añadido cuando se trata de tratamientos o lesiones que pueden agravarse con la espera”, ha concretado.

Asimismo, Facua ha indicado que según informaciones publicadas a partir de datos atribuidos a la Consejería, la huelga médica habría provocado la suspensión de más de 767.000 actos médicos en Andalucía entre consultas de Atención Primaria, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias. Por tanto, “una afectación de esta magnitud exige una planificación clara, homogénea y verificable por parte del SAS”.

En su escrito, Facua ha solicitado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones y al SAS que informen sobre las instrucciones, protocolos o criterios dictados para gestionar las citas y actos sanitarios anulados por la huelga, especialmente en relación con la comunicación previa a los pacientes, la reprogramación automática y la prioridad que debe darse a personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones.

Con todo, la organización ha puesto sus canales a disposición de la ciudadanía para orientar a las personas afectadas, valorar posibles reclamaciones y exigir al SAS soluciones eficaces. “Contar con una asociación fuerte, activa y con implantación territorial resulta fundamental para defender los derechos de la ciudadanía ante problemas que afectan a servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por último, Facua ha recomendado a los usuarios a no resignarse ante la falta de información o la pérdida de citas y les ha animado a reclamar, organizarse y trasladar sus casos para que puedan convertirse en “una exigencia colectiva de mejora del sistema sanitario público”.redac

La quinta semana de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad ha arrancado en Andalucía con una participación del 18,46% en el turno de la mañana de este lunes. Por provincia, en Almería, el seguimiento ha sido del 22,98%; en Cádiz, del 17,74%; en Córdoba, del 11,29%; en Granada, del 17,15%; en Huelva, del 20,93%; en Jaén, del 11,68%; en Málaga, del 19,99%; y en Sevilla, del 21,89%, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 18 de mayo y hasta el 22 la quinta semana de huelga médica. Desde la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 y hasta el paro del 27 al 30 de abril de este año, el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 60.645 actos asistenciales. En total, se han suspendido en las cuatro semanas de huelga 1.091.612 consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias, lo que ha tenido un impacto económico de más de 150 millones de euros.

La primera semana de paros, del 9 al 12 de diciembre de 2025, fue la que más impacto médico tuvo, con 329.399 actos asistenciales no realizados y un impacto económico de 38 millones, según el desglose de cifras ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Afectó a 212.471 consultas de Atención Primaria; a 4.044 intervenciones quirúrgicas; a 18.181 pruebas diagnósticas y a 95.773 consultas externas hospitalarias. Del 16 al 20 de febrero de este año, cuando se convocó la segunda semana completa de huelga, fueron 299.430 los actos asistenciales suspendidos y 39,4 millones el impacto económico.

En esos cinco días se suspendieron 177.281 consultas en Atención Primaria; 5.007 intervenciones quirúrgicas; 20.618 pruebas diagnósticas y 96.524 consultas externas hospitalarias. La semana del 16 al 20 de marzo supone la cancelación de 256.000 actos asistenciales, con un coste de 34 millones. El desglose es el siguiente: 150.000 consultas de Atención Primaria; 4.400 operaciones; 17.000 pruebas diagnósticas y 83.000 consultas externas hospitalarias. Por último, del 27 al 30 de abril, el SAS canceló 206.783 actos asistenciales de los cuales 118.778 eran consultas de Atención Primaria; 4.215 operaciones; 14.988 pruebas diagnósticas y 68.802 consultas externas hospitalarias. El impacto económico fue de 27 millones de euros.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha defendido este lunes mantener este modo de protesta frente a la “resistencia” del Gobierno central a negociar una salida al conflicto. “No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción”. En declaraciones a los medios, Ojeda ha señalado que “tenemos que seguir con la huelga por la negativa del Ministerio a hablar. No sabemos qué tiene realmente en mente, qué salida espera encontrar para este conflicto, pero, desde luego, no vamos a renunciar a nuestros objetivos”, entre los que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que “no suponga una forma de explotación”; una clasificación profesional “que nos haga justicia” y un cambio en las guardias que “hacemos obligatoriamente” para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación.

Preguntado sobre la continuidad de la huelga, el presidente del SMA ha descartado abandonar pese a que “no hay ningún contacto oficial ni informal”. “Una estrategia clásica de la Administración es esperar a que la huelga se agote, pero no nos vamos a cansar ni a rendir”, ha advertido Ojeda, que reconoce que lo que piden “es difícil” porque “supone un cambio de modelo”. “Tenemos que ser inteligentes y saber usar nuestra fuerza con inteligencia y criterio”, ha apostillado.

La programación habitual de Radio Televisión Andaluza ha quedado interrumpida durante la mañana de este jueves debido a los paros convocados por el comité de huelga de la empresa pública.

La suspensión de emisiones afecta hasta las 10:00 horas tanto a la televisión como a la radio pública andaluza. En concreto, no han emitido su programación habitual Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.

La medida se enmarca dentro de las movilizaciones planteadas por los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza, que durante esta franja horaria han alterado el funcionamiento normal de los servicios de emisión (aunque se han mantenido los espacios y programación electoral).

Así, a las 8:00, la emisión se ha detenido, y solo ha vuelto a activarse para dar paso a contenido electoral. El resto de programación seguirá en stand by hasta las 10:00 de la mañana.