La quinta semana de huelga médica se ha cerrado este viernes, en el turno de mañana, con un porcentaje de seguimiento del 22,18% en Andalucía, el más alto de toda la semana, aunque la provincia cordobesa se sitúa en la parte baja de la clasificación. Por provincias, en Almería, el respaldo ha sido del 30,47%; en Cádiz, 23,87% en Córdoba, 17,53%; en Granada, 19,90%; en Huelva, 28,68%; en Jaén, 15,75%; en Málaga, 21,87%; y en Sevilla, del 25,80%, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press.

El Sindicato Médico Andaluz ha valorado en una nota de prensa como “un nuevo éxito” la convocatoria de huelga médica celebrada durante esta última semana, una movilización que “vuelve a poner de manifiesto la unidad, la determinación y el profundo malestar del colectivo médico y facultativo ante la falta de respuestas reales a sus reivindicaciones”.

El seguimiento en esta nueva convocatoria de huelga confirma que existe una base “sólida, estable y consistente de profesionales” que, “convocatoria tras convocatoria, siguen secundando los paros”. Con “cifras de seguimiento brutas superiores al 20%”, “el colectivo médico andaluz ha vuelto a demostrar responsabilidad, compromiso y capacidad de movilización”.

“Pese a las dificultades, pese al desgaste acumulado y pese a los intentos de minimizar el conflicto, los facultativos han enviado de nuevo un mensaje claro: la situación es insostenible y requiere una negociación específica, transparente y con voluntad real de acuerdo”.

La quinta semana de huelga médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), convocada por los sindicatos para protestar por el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno de España, llega a su recta final con un apoyo del 19,88% de la plantilla en el turno de mañana. Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 26,55%; en Cádiz, 19,43%; en Córdoba, 13,17%; en Granada, 18,71%; en Huelva, 24,71%; en Jaén, 11,55%; en Málaga, 21,92%; y en Sevilla, 21,50%.

Son los datos ofrecidos por el SAS a preguntas de Europa Press. Esta nueva semana de huelga médica ha acarreado en sus dos primeros días la suspensión de 44.719 actos médicos(6,5 millones) el lunes; y el martes, 42.358 con una repercusión económica de 6,4 millones. Es decir, se han visto afectados 87.077 actos en dos días, con un impacto económico de 12,9 millones de euros.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta hasta este viernes la quinta semana de huelga médica. Desde la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 y hasta el paro del 27 al 30 de abril de este año, el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 60.645 actos asistenciales. En total, se han suspendido en las cuatro semanas de huelga anteriores 1.091.612 consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias, lo que ha tenido un impacto económico de más de 150 millones de euros.

La primera semana de paros, del 9 al 12 de diciembre de 2025, fue la que más impacto médico tuvo, con 329.399 actos asistenciales no realizados y un impacto económico de 38 millones, según el desglose de cifras ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Afectó a 212.471 consultas de Atención Primaria; a 4.044 intervenciones quirúrgicas; a 18.181 pruebas diagnósticas y a 95.773 consultas externas hospitalarias. Del 16 al 20 de febrero de este año, cuando se convocó la segunda semana completa de huelga, fueron 299.430 los actos asistenciales suspendidos y 39,4 millones el impacto económico.

En esos cinco días se suspendieron 177.281 consultas en Atención Primaria; 5.007 intervenciones quirúrgicas; 20.618 pruebas diagnósticas y 96.524 consultas externas hospitalarias. La semana del 16 al 20 de marzo supone la cancelación de 256.000 actos asistenciales, con un coste de 34 millones. El desglose es el siguiente: 150.000 consultas de Atención Primaria; 4.400 operaciones; 17.000 pruebas diagnósticas y 83.000 consultas externas hospitalarias. Por último, del 27 al 30 de abril, el SAS canceló 206.783 actos asistenciales de los cuales 118.778 eran consultas de Atención Primaria; 4.215 operaciones; 14.988 pruebas diagnósticas y 68.802 consultas externas hospitalarias. El impacto económico fue de 27 millones de euros.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha defendido mantener este modo de protesta frente a la “resistencia” del Gobierno central a negociar una salida al conflicto. “No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción”. Ojeda ha señalado que “tenemos que seguir con la huelga por la negativa del Ministerio a hablar. No sabemos qué tiene realmente en mente, qué salida espera encontrar para este conflicto, pero, desde luego, no vamos a renunciar a nuestros objetivos”, entre los que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que “no suponga una forma de explotación”; una clasificación profesional “que nos haga justicia” y un cambio en las guardias que “hacemos obligatoriamente” para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación.

Preguntado sobre la continuidad de la huelga, el presidente del SMA ha descartado abandonar pese a que “no hay ningún contacto oficial ni informal”. “Una estrategia clásica de la Administración es esperar a que la huelga se agote, pero no nos vamos a cansar ni a rendir”, ha advertido Ojeda, que reconoce que lo que piden “es difícil” porque “supone un cambio de modelo”. “Tenemos que ser inteligentes y saber usar nuestra fuerza con inteligencia y criterio”, ha apostillado.

Facua Andalucía ha pedido adoptar medidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante “las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados por la huelga médica en relación a la gestión de citas, consultas, intervenciones, pruebas diagnósticas y renovaciones de medicación”.

La federación ha pedido que “toda cita, prueba, consulta o intervención suspendida por la huelga sea reprogramada de oficio por el SAS, sin obligar al usuario a iniciar de nuevo el proceso de solicitud de cita”. Además, ha expuesto que “se garantice la renovación de medicación y la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos o con patologías que no admitan interrupciones”.

En este sentido, Facua ha animado a los afectados por citas anuladas sin aviso, falta de reprogramación, intervenciones suspendidas o problemas para renovar medicación a trasladar sus casos a la asociación para recibir asesoramiento y documentar las incidencias. Además, ha explicado que “muchas veces los problemas que sufren los usuarios parecen situaciones individuales, pero al agruparse permiten detectar fallos de gestión que deben ser corregidos por la administración”.

Según ha informado Facua-A en una nota, la federación no cuestiona el legítimo derecho de huelga del personal facultativo, sino la obligación de la administración sanitaria andaluza de gestionar sus efectos sobre la ciudadanía. Así, ha destacado que “el SAS no puede dejar a los pacientes en una situación de incertidumbre, sin información suficiente o con la carga de averiguar por sus propios medios si su cita ha sido anulada o cuándo será reprogramada”.

En este sentido, Facua ha asegurado que está recibiendo, a través de sus asociaciones provinciales, quejas de usuarios que apuntan a deficiencias en la información y reprogramación de actos sanitarios suspendidos. Entre ellas, casos de pacientes que acuden al centro sanitario el día previsto y conocen allí mismo que no serán atendidos; citas necesarias para renovar medicación que se cancelan, con riesgo de interrupción de tratamientos; e intervenciones quirúrgicas anuladas sin que el afectado sepa cuándo volverán a programarse.

Situación de mayores y pacientes crónicos

Al hilo, la organización ha considerado “especialmente preocupante” la situación de personas mayores, pacientes crónicos, usuarios con dificultades de movilidad o personas que necesitan apoyo para gestionar sus citas. “La anulación de un acto sanitario no supone solo perder una consulta, también implica desplazamientos inútiles, necesidad de acompañamiento, organización familiar y un riesgo añadido cuando se trata de tratamientos o lesiones que pueden agravarse con la espera”, ha concretado.

Asimismo, Facua ha indicado que según informaciones publicadas a partir de datos atribuidos a la Consejería, la huelga médica habría provocado la suspensión de más de 767.000 actos médicos en Andalucía entre consultas de Atención Primaria, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias. Por tanto, “una afectación de esta magnitud exige una planificación clara, homogénea y verificable por parte del SAS”.

En su escrito, Facua ha solicitado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones y al SAS que informen sobre las instrucciones, protocolos o criterios dictados para gestionar las citas y actos sanitarios anulados por la huelga, especialmente en relación con la comunicación previa a los pacientes, la reprogramación automática y la prioridad que debe darse a personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones.

Con todo, la organización ha puesto sus canales a disposición de la ciudadanía para orientar a las personas afectadas, valorar posibles reclamaciones y exigir al SAS soluciones eficaces. “Contar con una asociación fuerte, activa y con implantación territorial resulta fundamental para defender los derechos de la ciudadanía ante problemas que afectan a servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por último, Facua ha recomendado a los usuarios a no resignarse ante la falta de información o la pérdida de citas y les ha animado a reclamar, organizarse y trasladar sus casos para que puedan convertirse en “una exigencia colectiva de mejora del sistema sanitario público”.redac

La quinta semana de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad ha arrancado en Andalucía con una participación del 18,46% en el turno de la mañana de este lunes. Por provincia, en Almería, el seguimiento ha sido del 22,98%; en Cádiz, del 17,74%; en Córdoba, del 11,29%; en Granada, del 17,15%; en Huelva, del 20,93%; en Jaén, del 11,68%; en Málaga, del 19,99%; y en Sevilla, del 21,89%, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 18 de mayo y hasta el 22 la quinta semana de huelga médica. Desde la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 y hasta el paro del 27 al 30 de abril de este año, el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 60.645 actos asistenciales. En total, se han suspendido en las cuatro semanas de huelga 1.091.612 consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias, lo que ha tenido un impacto económico de más de 150 millones de euros.

La primera semana de paros, del 9 al 12 de diciembre de 2025, fue la que más impacto médico tuvo, con 329.399 actos asistenciales no realizados y un impacto económico de 38 millones, según el desglose de cifras ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Afectó a 212.471 consultas de Atención Primaria; a 4.044 intervenciones quirúrgicas; a 18.181 pruebas diagnósticas y a 95.773 consultas externas hospitalarias. Del 16 al 20 de febrero de este año, cuando se convocó la segunda semana completa de huelga, fueron 299.430 los actos asistenciales suspendidos y 39,4 millones el impacto económico.

En esos cinco días se suspendieron 177.281 consultas en Atención Primaria; 5.007 intervenciones quirúrgicas; 20.618 pruebas diagnósticas y 96.524 consultas externas hospitalarias. La semana del 16 al 20 de marzo supone la cancelación de 256.000 actos asistenciales, con un coste de 34 millones. El desglose es el siguiente: 150.000 consultas de Atención Primaria; 4.400 operaciones; 17.000 pruebas diagnósticas y 83.000 consultas externas hospitalarias. Por último, del 27 al 30 de abril, el SAS canceló 206.783 actos asistenciales de los cuales 118.778 eran consultas de Atención Primaria; 4.215 operaciones; 14.988 pruebas diagnósticas y 68.802 consultas externas hospitalarias. El impacto económico fue de 27 millones de euros.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha defendido este lunes mantener este modo de protesta frente a la “resistencia” del Gobierno central a negociar una salida al conflicto. “No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción”. En declaraciones a los medios, Ojeda ha señalado que “tenemos que seguir con la huelga por la negativa del Ministerio a hablar. No sabemos qué tiene realmente en mente, qué salida espera encontrar para este conflicto, pero, desde luego, no vamos a renunciar a nuestros objetivos”, entre los que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que “no suponga una forma de explotación”; una clasificación profesional “que nos haga justicia” y un cambio en las guardias que “hacemos obligatoriamente” para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación.

Preguntado sobre la continuidad de la huelga, el presidente del SMA ha descartado abandonar pese a que “no hay ningún contacto oficial ni informal”. “Una estrategia clásica de la Administración es esperar a que la huelga se agote, pero no nos vamos a cansar ni a rendir”, ha advertido Ojeda, que reconoce que lo que piden “es difícil” porque “supone un cambio de modelo”. “Tenemos que ser inteligentes y saber usar nuestra fuerza con inteligencia y criterio”, ha apostillado.

La programación habitual de Radio Televisión Andaluza ha quedado interrumpida durante la mañana de este jueves debido a los paros convocados por el comité de huelga de la empresa pública.

La suspensión de emisiones afecta hasta las 10:00 horas tanto a la televisión como a la radio pública andaluza. En concreto, no han emitido su programación habitual Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.

La medida se enmarca dentro de las movilizaciones planteadas por los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza, que durante esta franja horaria han alterado el funcionamiento normal de los servicios de emisión (aunque se han mantenido los espacios y programación electoral).

Así, a las 8:00, la emisión se ha detenido, y solo ha vuelto a activarse para dar paso a contenido electoral. El resto de programación seguirá en stand by hasta las 10:00 de la mañana.

Los operadores de grúa de Córdoba han suspendido la huelga que mantenían desde 72 días tras alcanzar un acuerdo con la patronal, refrendado este mismo viernes en una asamblea de los trabajadores, que prevén volver a trabajar en las obras el próximo lunes.

El acuerdo supone que los trabajadores pasen a cobrar un plus de 31,50 euros por día trabajado frente a loas 13,10 que percibían hasta ahora y, en conjunto, el sueldo líquido que percibirán estará en torno a los 2.000 euros, según han apuntado.

El portavoz de los gruistas, Antonio Herencia, ha anunciado el acuerdo aprobado en asamblea y que ahora se tendrá que ratificar por parte de la patronal y los representantes de los trabajadores en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). “El lunes volvemos a la obra y volverá todo a la normalidad”, ha dicho sobre un acuerdo que se ha alcanzado “porque hemos llegado a un objetivo” sobre sus pretensiones económicas que, si bien “eran superiores, es normal que en una negociación ambas partes cedan”. En ese sentido, los trabajadores han aceptado las cifras de este acuerdo y suspender el paro de las grúas “por el bien del conjunto de terceros que estaban afectados por la huelga”.

Por parte de CCOO, la secretaria general de Habitat, María Esperanza Sánchez, se ha mostrado satisfecha por el acuerdo sobre el sueldo que percibirán los gruistas, “un salario que se merecen, que han peleado y han luchado. Esto es fruto de la unión y del apoyo del sector en este tiempo”-

Y es que han sido 72 los días de huelga, “72 días en los que en las casas de estos trabajadores no ha entrado un salario. Han luchado muy concienzudamente, ha habido una unión muy férrea y se ha conseguido que se valore a este sector”. “Son el corazón de la obra, porque son los que dan el material necesario para otros trabajadores puedan hacer su tarea”.

Actualmente, trabajan en Córdoba 60 gruistas en otras tantas obras que, en este tiempo de huelga, han quedado paralizadas.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de Córdoba han salido a la calle este jueves para denunciar la precariedad de un sector que consideran “fragmentado” por la gestión de la Junta de Andalucía. El responsable de enseñanza privada de CCOO en Córdoba, Fernando Rueda, ha explicado que el objetivo principal de la jornada de hoy es reivindicar los derechos de toda la plantilla, independientemente de la titularidad del centro, ya sea pública, privada o de gestión indirecta. Según el representante sindical, esta diversidad de modelos responde a una “realidad tan fragmentada que la administración ha ido provocando en nuestro país”.

El cambio de modelo que exigen los trabajaodres pasar por una transformación de percepción social y política. En ese sentido, Rueda ha insistido en que las profesionales son las “encargadas de educar desde los cero años”, una tarea que conlleva una gran dificultad que debe ser reconocida. “No son guarderías, no son un sitio donde aparcar a nuestro hijo”, ha sentenciado, exigiendo que el ciclo de 0 a 3 años se integre plenamente en el sistema educativo bajo las mejores condiciones económicas.

Para alcanzar la “convergencia con Europa”, CCOO ha detallado las metas técnicas de la movilización. Por un lado, una disminución de la ratio, que actualmente es de 8, 13 y 20 alumnos por aula, cuando “las recomendaciones de la UE son de cuatro, seis y ocho alumnos”. Por otro lado, Rueda ha denunciado que el sueldo de muchas trabajadoras están “por los pelos” en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que el sindicato ha reclamado sueldos que permitan “vivir y no solo sobrevivir”.

Aunque el seguimiento se ha cifrado entre un 50% y 60%, Rueda ha subrayado que esta cifra no refleja el deseo real de la plantilla debido a unos servicios mínimos “fuertes y abusivos”. Como ejemplo concreto, ha mencionado el caso de una compañera llamada Olga y de otras escuelas similares: en centros con plantillas de cinco personas donde todas querían ir a la huelga, la Junta ha obligado a tres a quedarse trabajando, permitiendo solo a dos sumarse efectivamente al paro.

La protesta de este jueves no es un evento aislado. Rueda ha recordado que ya en abril hubo una primera convocatoria y ha confirmado que el próximo 23 de mayo habrá una manifestación a nivel estatal en Madrid. La concentración ha contado con la asistencia de la cabeza de lista de Por Andalucía por Córdoba a las elecciones andaluzas, Rosa Rodríguez, y los concejales de Hacemos Córdoba, Jose Carlos Ruiz e Irene Ruiz.

La Junta de Andalucía ha informado que en la provincia de Córdoba el seguimiento de la huelga ha sido del 6,2%.

Un hombre de tercera edad ha resultado herido durante la mañana de este jueves después de recibir un golpe de un caballo que iría tirando de una calesa, según han informado a este periódico fuentes de Emergencias del 112 y ha adelantado Diario Córdoba.

El suceso se ha producido en la calle Judería, en pleno Casco Histórico de Córdoba y muy cerca de la Mezquita Catedral. Por motivos que se desconoce, el animal ha golpeado a un hombre que se encontraba sentado en un bar de esta céntrica calle.

Tras la llegada de la Policía Local, los agentes han requerido la asistencia de una ambulancia debido a las heridas que ha sufrido la víctima, ya que no podía andar por su propio pie. El hombre ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía.

La comunidad educativa de Córdoba, y en particular el sector de las escuelas infantiles de primer ciclo (0-3 años), se prepara para una jornada de movilizaciones este jueves 7 de mayo. Ante la convocatoria de huelga nacional realizada por los sindicatos CGT y CCOO, la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía ha publicado este miércoles los servicios mínimos una resolución para garantizar el funcionamiento de estos centros, considerados un servicio esencial debido a la “total dependencia” de los menores atendidos.

Según el documento, los servicios mínimos se estructuran de la siguiente manera. Será obligatoria la presencia de la persona que ejerza el puesto de dirección en todos los centros. Además, deberá haber un auxiliar de cocina o cocinero/a para asegurar la alimentación del alumnado, una función vital para menores de tres años que a menudo requieren ayuda directa para comer. Asimismo, la cantidad de técnicos dependerá del volumen de niños escolarizados: en los centros de hasta 35 menores, deberá haber un técnico; en los que haya hasta 70 menores, dos técnicos; en los que tengan escolarizado hasta 100 menores, tres técnicos; y en los centros con más de 100 niños, cuatro técnicos.

La Junta ha justificado estas medidas por la “gran vulnerabilidad” del alumnado, compuesto por niños de entre 16 semanas y tres años. Al tratarse de personas con un “escaso nivel de autonomía personal”, la paralización total del servicio obligaría al cierre inmediato de las instalaciones por falta de seguridad.

La fijación de estos servicios no ha estado exenta de polémica. Durante la fase de propuestas, las organizaciones sindicales mostraron visiones diferentes. Por un lado, defendió que no deberían existir servicios mínimos, alegando que el ciclo 0-3 años no es una etapa educativa obligatoria y, por tanto, no puede calificarse como un “servicio esencial” para la comunidad. CGT, por su parte, propuso limitar la presencia de personal al 25% de la plantilla y sugirió que, en caso de no poder cubrir a todo el alumnado por falta de personal, se priorizara el acceso a familias con rentas bajas, beneficiarias de becas comedor o en situación de vulnerabilidad acreditada.

La huelga afectará a todos los trabajadores del sector desde las 00:00 hasta las 24:00 de este jueves.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba hace un llamamiento al personal de las escuelas infantiles de 0-3 años para que se sume a la huelga convocada para el próximo jueves día 7 por los salarios, las ratios y el modelo de educación infantil en el que conviven tipologías de centros diferentes, con convenios diferentes.

El responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO de Córdoba Fernando Rueda remarca que “el ciclo 0-3 no es un parque infantil, ni una guardería, ni un servicio asistencial, es la base de nuestro sistema educativo. Sin embargo, nos enfrentamos a un sistema roto, a un modelo fragmentado que nos divide en tipologías de centros diferentes, con convenios distintos y salarios desiguales para funciones y trabajo que son idénticos”.

“La precariedad que vive el ciclo 0-3 no es un accidente; es el resultado de un diseño basado en la externalización, la falta de inversión y de reconocimiento de la etapa”, señala Rueda quien afirma que “en la gestión privada, se opera bajo lógicas de mercado que sólo buscan contener costes a costa de nuestras nóminas y la atención educativa al alumnado”, mientras que los centros de gestión indirecta “son rehenes de licitaciones públicas donde los Ayuntamientos y comunidades autónomas permiten que las empresas compitan a la baja precarizando las condiciones y la equidad y calidad del modelo”. Igualmente, los centros de gestión pública directa “resisten en un entorno de inestabilidad y falta de integración en una red educativa homogénea y sin el reconocimiento necesario”.

Para CCOO, “esta fragmentación debilita al conjunto de las personas trabajadoras del sector y genera desigualdad salarial estructural, ratios insostenibles y una sobrecarga educativa que pone en riesgo tanto la salud laboral como la atención educativa, que es un derecho del alumnado”, hace hincapié Rueda.

Por ello, “CCOO tenemos claro que para ganar el futuro no basta con denunciar el agravio inmediato, necesitamos cambiar el modelo desde la raíz. No queremos parches, queremos una transformación sistémica que acabe con la dispersión normativa porque no hay excusas técnicas ni administrativas que justifiquen esta desigualdad. Es una cuestión de acción y de voluntad política”, subrayó el responsable sindical.

En este sentido, CCOO se marca como objetivo irrenunciable que el ciclo 0-3 sea educativo, público, universal, gratuito y con condiciones laborales homogéneas y dignas en todo el país. “Exigimos un marco estatal común y una regulación básica que garantice ratios máximas iguales en todo el Estado, al menos, las ratios recomendadas por la Unión Europea, que son: 0-1 años: 4 menores por educadora; de 1-2 años: 6 menores por educadora y 2-3 años: 8 menores por educadora.

Además, todo con condiciones laborales equiparables. A igual valor laboral, iguales condiciones de salario, de condiciones y de derechos así como una clara mejora de las condiciones laborales y salariales de todas las personas que trabajan en el ciclo 0-3.

Junto a lo anterior, CCOO reclama el freno a la externalización con limitación estricta de la gestión privada y cláusulas sociales obligatorias en las licitaciones que impidan el abaratamiento de costes laborales.

Para ello, el sindicato exige una inversión real y finalista para que el 0-3 esté plenamente integrado en el sistema educativo, con una financiación estable que elimine de una vez por todas la visión asistencialista.

“Sabemos que las distintas adscripciones y tipos de contratación (funcionarias, plazas de laborales y contratos de trabajo de las escuelas infantiles externalizadas y privadas) añaden un plus de complejidad a la situación, pero no estamos sólo ante un ciclo de protestas por el salario; estamos en plena disputa por el futuro de la Educación Infantil”, recalcó Fernando Rueda quien hizo un llamamiento a participar en la concentración que tendrá lugar el jueves 7, a las 11.00 horas, ante la Delegación de Desarrollo Educativo en Córdoba.

El tercer día de huelga de la nueva semana de paros convocados por los sindicatos médicos para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno central ha contado, en el turno de mañana, con un respaldo de cerca del 22% (21,84% exactamente) a nivel andaluz, pero en Córdoba, pese a que se ha elevado con respecto al pasado lunes, sigue estando muy alejado de la media.

Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 27,84%; en Cádiz, del 21,05%; en Córdoba, del 13,59%; en Granada, del 21,20%; en Huelva, del 25,46%; en Jaén, del 12%; en Málaga, del 24,03%; y en Sevilla, del 24,57%.

Son los datos oficiales ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a preguntas de Europa Press. El SAS acumuló este pasado lunes 27 de abril otras 15.862 consultas externas suspendidas, 3.716 pruebas diagnósticas y 922 intervenciones quirúrgicas sin hacer -con un impacto económico de 6,8 millones de euros.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha recriminado estos días la “incapacidad negociadora” de la ministra de Sanidad, Mónica García. “Los médicos -ha sostenido- llevan meses pidiendo que se siente a negociar un Estatuto Marco que refleje la realidad de la profesión y el único movimiento que hemos visto por parte del Ministerio ha sido echar las culpas a las comunidades autónomas”. “La ministra no tiene interés en encontrar una solución. De hecho, diría que tiene un interés político por no encontrarla porque quien sufre la huelga son las comunidades autónomas”, ha sentenciado.

Para Antonio Sanz, esta actitud es de “una irresponsabilidad mayúscula porque las consecuencias de su dejación de responsabilidades es un daño difícil de reparar al sistema sanitario que perjudica claramente a los ciudadanos”. Ante esto, ha vuelto a reclamar que dimita y “deje paso a otra persona que tenga voluntad de encontrar una solución”.

“Está haciendo un daño muy grande a la sanidad. Pregunten a los ciudadanos que sufren las consecuencias de la suspensión de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas”, ha apostillado. La suspensión de la actividad asistencial se ha traducido en Andalucía en la suspensión de una media de 50.000 actos sanitarios cada día de huelga, según el consejero. En total, con las distintas convocatorias de huelga ya son alrededor de 816.000 los actos asistenciales afectados, con un impacto económico de 118 millones de euros.

“Le hemos mandado una carta, se lo hemos dicho en la reunión del Comité Interterritorial directamente y ahora se lo vuelvo a pedir: ministra, dimita y deje hueco a quien tenga voluntad real de encontrar una solución. Una vez más, muestro mi respaldo a los médicos. Sólo desde el diálogo, con capacidad de escucha y voluntad para negociar se logran los acuerdos, como estamos logrando en Andalucía”, ha remarcado Sanz.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado en un 19,31% el seguimiento de la huelga de los médicos andaluces este lunes por la mañana contra el Estatuto Marco del Gobierno central.

En concreto, según datos oficiales del SAS consultados por Europa Press, por provincias, en Almería el seguimiento ha sido de un 24,67%; en Cádiz, del 19,42%; en Córdoba, del 12,34%; en Granada, del 19,04%; en Huelva, del 24,26%; en Jaén, del 13,21%; en Málaga, del 19,63% y en Sevilla, del 21,47%.

En términos de impacto asistencial, la semana de huelga del 16 al 20 de marzo --la última secundada por los profesionales-- provocó la pérdida de más de 256.000 actos sanitarios. En total, con la huelga de diciembre y febrero, el impacto económico asciende a más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS a Europa Press.

Los médicos llegan a esta nueva convocatoria de huelga con las mismas reclamaciones encima de la mesa: exigen mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda vaticina en declaraciones a Europa Press que “hasta que no haya un cambio de equipo --en el Ministerio-- me temo que no vamos a poder tener posibilidad de llegar un acuerdo y buscar una salida al conflicto”.

“Esta ministra --Mónica García-- ha demostrado que es incapaz de resolver el conflicto y de negociar”, sostiene, recordando que el comité de huelga ha pedido su dimisión. En estas condiciones, “tenemos que seguir con la huelga y exigiendo un Estatuto y una mesa propia de negociación porque desde luego en las condiciones en las que estamos trabajando en este momento no podemos seguir, con jornadas que constituyen una forma de explotación laboral con una propuesta de clasificación que no hace justicia a nuestra formación y cualificación”.

Para Ojeda, la ministra García “no tiene verdadera de negociación. No hace más que manipular el contenido de las reuniones, tergiversando con mentiras directamente porque ha dicho que llegamos a un acuerdo y lo incumplimos, cuando es absolutamente falso que llegáramos a un acuerdo”. Hasta la fecha, el seguimiento de la huelga ha rondado entre el 20 y el 30%, según las cifras del SAS. La mayor afectación de los paros se ha concentrado en Atención Primaria, con más de 150.000 consultas perdidas sólo en la semana de huelga en marzo.

Ante esta situación, “el Gobierno andaluz está lógicamente preocupado por las repercusiones de las huelgas convocadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación de la negociación del nuevo Estatuto Marco”, ha apuntado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. “Los facultativos tienen todo el derecho a manifestarse, pero estas movilizaciones generan un problema muy grave para el sistema sanitario público andaluz, cuyas consecuencias, una vez más, terminan pagando los ciudadanos. Queremos trasladar apoyo y comprensión a los profesionales médicos”, apostilla.

“Es inconcebible --continúa el consejero-- el desprecio y el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del Ministerio de Sanidad, que sigue sin ser capaz de aportar soluciones. Es evidente que a la ministra Mónica García no le preocupa esta situación, porque son las comunidades autónomas y, en este caso, los andaluces, quienes están asumiendo el coste de su falta de diálogo y de gestión. Andalucía, como una de las comunidades con mayor peso en el sistema sanitario público europeo, sufre de manera especialmente intensa las consecuencias de estas convocatorias. Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para minimizar al máximo el impacto asistencial y garantizar la atención sanitaria. Este Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera, que ya está dando resultados”.

El Sindicato Médico de Córdoba ha celebrado este martes la “contundente victoria judicial” que ha logrado “tras la sentencia que declara nulos los servicios mínimos impuestos durante la huelga médica de diciembre de 2025 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”.

Según ha señalado el sindicato en una nota, “el fallo no deja lugar a dudas, la Administración vulneró el derecho fundamental de huelga, y lo hizo de la peor manera posible, imponiendo servicios mínimos desproporcionados, arbitrarios y sin ninguna justificación real”.

A juicio del Sindicato Médico, “la sentencia supone un auténtico varapalo a la gestión de la Dirección del hospital”, ya que “el juzgado desmonta punto por punto su actuación y evidencia lo que este sindicato ya denunció en su momento, que se inflaron los servicios mínimos muy por encima de un día festivo, que es la referencia legal y habitual, sin motivación alguna, convirtiendo la huelga en un simulacro”.

Pero el “repaso judicial no se queda ahí”, ya que, según el sindicato, “la resolución pone en evidencia una forma de actuar inaceptable en una Administración pública”, señalando que “no existió un acto administrativo formal que fijara los servicios mínimos”, que “no se aportó expediente alguno que justificara las decisiones”, y que “se manejaron documentos informales, sin firma, ni validez”.

Pero “lo más grave”, según ha subrayado el Sindicato Médico, es que “se ocultó la información al sindicato durante los días clave de la huelga, comunicándose tarde y de manera deficiente, cuando ya era imposible reaccionar”, es decir, se actuó con “opacidad, improvisación y desprecio absoluto por los derechos de los profesionales”.

Junto a ello, “el juzgado recuerda algo básico que parece haberse olvidado en la gestión del hospital, que los servicios mínimos no son un instrumento para neutralizar una huelga”, sino que “son una limitación excepcional de un derecho fundamental y, como tal, deben estar estrictamente justificados, ser proporcionados y comunicarse con transparencia y antelación”, pero “nada de eso ocurrió en el Reina Sofía”.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba han opinado que “esta sentencia marca un antes y un después”, avisando que no van a “tolerar que se utilicen los servicios mínimos como herramienta para vaciar de contenido las movilizaciones médicas ni para imponer, por la puerta de atrás, una actividad asistencial casi normal durante una huelga”.

Esta “victoria judicial es también un aviso a la Administración sanitaria”, respecto a que “cuando se vulneran derechos fundamentales, hay consecuencias”, de ahí que el Sindicato Médico de Córdoba seguirá “utilizando todas las herramientas a su alcance para defender a los facultativos frente a abusos, arbitrariedades y decisiones que pretendan silenciar su legítima capacidad de protesta”.

Los operadores de grúas torre de la provincia han pedido hoy al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, que intermedie en el conflicto que mantienen con la patronal de la construcción, Constructor, por la subida salarial de este colectivo, que inició una huelga indefinida hace ya 52 días. Una amplia representación de los gruistas, que estuvieron acompañados por la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, han mantenido una reunión con Molina y las delegadas de Fomento y de Empleo de la Junta en Córdoba, María del Carmen Granados y María Dolores Gálvez, respectivamente, en la que le han expuesto el origen y desarrollo del conflicto, surgido por la reclamación por parte del colectivo, de una mejora salarial.

Marina Borrego advirtió que “este conflicto puede ser el germen de un conflicto mayor que se extienda a otros colectivos de la construcción cuando lo que están pidiendo es de justicia, porque los gruistas tienen una responsabilidad civil y penal que no tienen otros trabajadores en la obra”.

En la última reunión entre la patronal y los trabajadores auspiciada por el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se acercaron posturas, pero “aunque los gruistas han rebajado mucho sus pretensiones -pidieron 27 euros-, la patronal no cede y mantiene un conflicto por solo 9 euros de diferencia”, añadió la responsable sindical. Antonio Herencia, representante del colectivo de gruistas torre y delegado de UGT, explicó a los responsables de la Junta que “lo que queremos es una mejora salarial. Nuestra última propuesta fue una subida de 27 euros y la patronal llegó a ofrecer 18 euros de subida”.

En cualquier caso, los representantes sindicales hicieron hincapié en que la subida que se plantea no supone un quebranto para las empresas. “En obras que tienen un coste de varios millones de euros, subir 27 euros no es dinero, y es incomprensible que se quejen de las pérdidas que están teniendo por la paralización de las obras cuando éstas superan con creces lo que implicaría la subida salarial que está pidiendo el colectivo. Si pueden asumir las pérdidas pueden asumir la subida, máxime, cuando estamos hablando de 60 trabajadores”, insistió la secretaria General de CCOO de Córdoba.

Por su parte, tanto el delegado del Gobierno como las delegadas de Fomento y de Empleo, se comprometieron a contactar con la patronal de la construcción y tratar de mediar para que se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin de una vez por todas al conflicto.

Los operadores de grúas torre de la provincia se han concentrado hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo para reclamar a la autoridad laboral la máxima celeridad en la investigación de las denuncias que han venido presentando los sindicatos UGT-FICA y el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba por vulneración del derecho de huelga.

En concreto, CCOO y FICA han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por el uso de camiones-pluma y de grúas móviles ante la paralización de las grúas-torre por la huelga, que supera ya los 47 días de duración.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, remarcó que, “desde el primer día de huelga, algunas empresas han tratado de evitar las consecuencias de la huelga haciendo un uso ilegal de medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, lo que no solo supone una flagrante vulneración del derecho a huelga, sino que está poniendo en riesgo a las personas que trabajan en las obras. De hecho, tenemos que recordar que hace unas semanas un trabajador resultó herido cuando realizaba maniobras para la descarga de una cuba de escombros con un camión-pluma. Son acciones de esquirolaje que venimos denunciando, pero hasta el momento, la Inspección de Trabajo no ha realizado ninguna acción para garantizar el respeto al derecho de huelga y por eso hoy nos concentramos a sus puertas, para recordarle que la huelga es un derecho fundamental y que su responsabilidad es ser garante del mismo”.

El delegado de FICA y representante de los gruistas, Antonio Herencia, ha manifestado que “hoy nos hemos concentrado para denunciar la vulneración de un derecho fundamental como es el de la huelga, algo que estamos sufriendo los operadores de grúas torre en estos momentos, ya que estamos observando cómo se desmontan grúas y se utiliza maquinaria externa como camiones de mudanza, camiones pluma o grúas autopropulsadas, algo que tenemos completamente documentado”. Herencia ha indicado que la Inspección de Trabajo estaría obligada a intervenir, más aún ahora ya que, señaló, “la situación es insostenible”. Respecto a las declaraciones de la patronal Construcor, en relación con la legislación laboral, el representante ugetista subrayó que “lo que verdaderamente es una burla como se vulnera el derecho de huelga todos los días ante nuestros propios ojos”.

La situación del colectivo de gruistas ha irrumpido este martes en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, generando un intenso debate político y social en torno a un conflicto laboral que ya está afectando al desarrollo de numerosas obras en la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, ha confirmado durante su intervención que ya mantuvo un encuentro previo con representantes del colectivo y que tiene prevista una nueva reunión a las 12:45 horas con la patronal del sector de la construcción. Este anuncio ha sido recibido con aplausos por parte de los gruistas presentes en el salón de plenos.

Desde la oposición, el concejal socialista Antonio Hurtado ha instado al alcalde a implicarse de manera más directa en la resolución del conflicto, subrayando el impacto que la huelga está teniendo en la paralización de promociones de vivienda. “Esto afecta a muchas obras que están paradas”, ha señalado, al tiempo que ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha rechazado cualquier tipo de presión o amenaza hacia los trabajadores.

Hurtado ha abogado por una negociación prolongada si es necesario, en la que ambas partes cedan para alcanzar un acuerdo. “Estas familias están sufriendo porque no les llega el sueldo a sus casas, y también los propios empresarios”, ha añadido, en una intervención que también ha sido respaldada con aplausos por los gruístas asistentes.

El edil ha ido más allá al pedir al alcalde que, de forma inmediata tras la finalización del pleno, se siente a dialogar con los trabajadores. “Con nuestro apoyo va a contar y, seguro, con el del resto de los representantes de Córdoba”, ha afirmado.

En la misma línea, Irene Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba, ha aprovechado su turno de palabra para solicitar al regidor que actúe como mediador en este conflicto laboral, tal y como ha hecho en otras situaciones similares. Su intervención también ha sido recibida con el respaldo del colectivo presente.

Más de veinte empresas afectadas por la huelga de gruistas se han reunido esta mañana en Construcor para seguir mostrando su rechazo al conflicto y tomar las medidas contundentes que sean necesarias. “Buscamos evitar el abuso de los trabajadores más privilegiados del sector”.

Según un comunicado enviado por Constructor a este periódico, las empresas ya atendieron la demanda que hicieron los gruistas en noviembre pasado de subida del plus, “a pesar de que no está incluido en el convenio general de la construcción”, y pasó de 13 a 26 euros diarios, un cien por cien más. Una subida temporal mientras se consultaba si esta medida era legal a la comisión paritaria del sector. 

“Los gruistas ya cobraban el plus más alto de toda Andalucía y el doble que en Málaga, Cádiz o Jaén. Tanto, que hoy ganan más que los encargados y capataces que los supervisan en la obra. Y hablan de una subida en Sevilla, como si no se hubiera hecho ya en Córdoba con ese cien por cien”, explican las empresas.

Por otro lado, las empresas también han expuesto que los trabajadores del sector, “engañados por los huelguistas”, sufren “las consecuencias por el parón de las obras; las familias en la entrega de viviendas y las empresas acumulan pérdidas superiores al millón de euros. Todo porque el pequeño colectivo más privilegiado del sector no tiene suficiente con una subida del cien por cien, después de haberlo aceptado hace cuatro meses y ahora quiere un 500”. 

Por ello, las empresas han acordado tomar todas las medidas a su alcance sin descartar hasta “un cierre patronal si los huelguistas persisten en su actitud, con lo que ello supondría para el conjunto del sector y para la sociedad”.

La plantilla de El Caballo Rojo ha decidido desconvocar la huelga que tenía prevista para el próximo sábado y la Semana Santa tras llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa, que ha abonado las nóminas de enero y febrero que adeudaba a la plantilla, si bien aún quedan unas pequeñas cantidades por pagar.

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba se congratula de que “la empresa haya cumplido con sus obligaciones de pago y de que vuelva la normalidad al restaurante, especialmente, en fechas tan destacadas como la Semana Santa”.

CCOO señala que el establecimiento “tiene todos los requisitos para seguir siendo un referente de la gastronomía cordobesa” y “confía en que la dirección de la empresa adopte las medidas de gestión necesarias para evitar que esta desagradable situación se vuelva a repetir, porque El Caballo Rojo sigue gozando del cariño de los cordobeses y del interés de muchísimas personas que nos visitan”.

La segunda semana laboral completa de huelga médica ha cerrado este viernes en Andalucía con el dato de participación más alto después de cinco días consecutivos de paro. Concretamente, el seguimiento medio en la comunidad ha sido de un 25,5%. El lunes el seguimiento fue del 22,01%; el martes, 21,95%; el miércoles, 23,96% y el jueves, 22,52%. Por provincias, en Almería, la participación ha sido del 31,66%; en Cádiz, 27,60%; en Córdoba, 19,82%; en Granada, 23,44%; en Huelva, 30,51%; en Jaén, 19,03%; en Málaga, 26,36% y en Sevilla, 25,86%.

Son los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press. Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han hecho un balance “muy positivo de la semana de huelga médica desarrollada en Andalucía, una convocatoria que, tal como han recogido en una nota, ”ha vuelto a poner de manifiesto la unidad, la determinación y la firmeza del colectivo médico y facultativo andaluz en defensa de sus derechos laborales y del futuro de la sanidad pública“.

El SMA ha cifrado el seguimiento en algo más del 80% entre los facultativos y ha subrayado que “los datos globales ofrecidos por las administraciones no reflejan con fidelidad la realidad del conflicto, ya que incluyen en el cómputo a profesionales que se encuentran en servicios mínimos, de guardia o salientes y que, por tanto, no podían secundar efectivamente la convocatoria”. “Esta semana de movilización --continúa el comunicado de la central sindical-- ha servido para demostrar que el rechazo del colectivo médico andaluz al actual proyecto de reforma del Estatuto Marco sigue intacto”.

Ha recordado de nuevo que la protesta responde a la “necesidad urgente de acabar con el deterioro continuado de nuestras condiciones de trabajo, la sobrecarga asistencial, la falta de reconocimiento profesional y la ausencia de una regulación específica que responda a la singularidad de la profesión médica y facultativa”.

La segunda semana laboral completa de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno de España afronta su recta final con un apoyo que no ha bajado del 22%. Este jueves, en el turno de mañana, el seguimiento ha sido del 22,52%. Por provincias, en Almería el seguimiento ha sido del 29,10%; en Cádiz, 22,52%; en Córdoba, 15,60%; en Granada, 21,20%; en Huelva, 27,71%; en Jaén, 12,97%; y en Málaga y Sevilla del 22,47% y 25,71%, respectivamente. Así, Córdoba y Jaén son las provincias donde menos seguimiento ha habido.

Son los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Este miércoles, en la manifestación convocada en Sevilla, el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, lanzaba un aviso: “Nadie se está tomando en serio las protestas y podemos entrar en un conflicto crónico de meses o años de duración, porque de esto no vamos a salir en falso”.

En declaraciones a los medios, Ojeda pedía “perdón y comprensión” a los pacientes andaluces que se están viendo afectados por las suspensiones de citas. El SMA critica la actitud “arrogante” de la ministra Mónica García pero ha apuntado a “más agentes implicados”. En este punto, ha dejado claro que “la Junta no puede mirar para otro lado”. “Están equivocados porque este conflicto no va a morir por agotamiento”, ha subrayado Ojeda, aludiendo a que el calendario de movilizaciones obedece a que se ha producido “una ruptura del modelo sanitario”.

En esta misma línea, el máximo responsable del SMA manifestaba que los médicos han dicho “basta” a años de “precariedad laboral”, por lo que las protestas se mantendrán “el tiempo que haga falta”. El coste de la huelga en términos de actos médicos se ha traducido en 53.651 citas suspendidas sólo en el primer día de huelga (lunes), de las cuales 30.684 fueron en Atención Primaria y 22.967 en hospitales --dentro de estos, se incluyen 980 operaciones aplazadas--. Las reivindicaciones del colectivo “son claras y llevan tiempo encima de la mesa”.

En el plano estatal, reclaman un Estatuto Médico y Facultativo propio, una mesa de negociación específica para la profesión médica, una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos, y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la infra retribución de las guardias. El comité de huelga sostiene, además, que “unas condiciones de ejercicio dignas son imprescindibles para atraer y fidelizar talento médico y garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud”.

Desde el SMA, subrayan que “la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto”. “Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz. La precariedad, la sobrecarga, la falta de reconocimiento y la dificultad para retener profesionales son problemas que se sufren de forma muy concreta en Andalucía y exigen respuestas propias y urgentes”.