Tres puntos en rojo distinguen a otros tantos municipios de la provincia de Córdoba por el nivel rojo (alto) de contaminación por nitratos en su agua, según el último mapa elaborado por Greenpeace a partir de datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2024. Se trata de Priego de Córdoba, Obejo y Baena, todos ellos con análisis que mostraron una presencia de nitratos que estaba entre los 30 y los 50 miligramos por litro (mg/l), lo que se considera como punto crítico a las puertas de rebasar el límite legal de estas sustancias.

En concreto, los datos señalan que en Priego de Córdoba el registro de nitratos arrojaba un resultado de 45 mg/l, levemente por encima de Obejo, con 44 mg/l. Mientras, en Baena está en el mismo nivel con un registro de 30 mg/l. Los tres municipios cordobeses se sitúan como puntos críticos en este mapa.

La ONG ambientalista señala que “la ciencia, después de una revisión exhaustiva de las últimas evidencias científicas, llegó a la conclusión que el actual límite legal de nitratos en el agua de consumo humano (50 mg/l) está totalmente obsoleto” y aduce que “recomiendan reducir este límite nueve veces, a tan solo 6 mg/l”.

Nitratos por la ganadería y el uso de fertilizantes

Greenpeace explica que este mapa muestra la fotografía de la contaminación por nitratos del agua en cada municipio, algo provocado “esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas”.

En el mapa de Greenpeace sobre los municipios de la provincia de Córdoba, ninguno es uno de los 332 puntos negros en España donde no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos superó el límite legal actual (50 mg/l).

Córdoba capital se sitúa en nivel naranja -de 6 a 30 mg/l-, con un registro de 16 mg/l. En ese mismo nivel naranja se encuentran pueblos de la provincia como Luque (29 mg/l), Montemayor (23 mg/l), Palenciana (16 mg/l), Puente Genil (16 mg/l), Aguilar de la frontera (13 mg/l), Cabra (14 mg/l), Montilla (13 mg/l), Espejo (12 mg/l), Conquista (12 mg/l) y Rute (11 mg/l). Varios municipios registran 10 mg/l como Montoro, El Carpio, Bujalance y Monturque, mientras que Fernán Núñez y Moriles tiene 9 mg/l y las localidades de Pozoblanco, Añora, Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez, entre otras, cuentan con registros de 8 mg/l de nitratos.

Mientras, en el resto de municipios que aparecen en color verde en el mapa, no se superaron los 6 miligramos por litro.

Ecologistas en Acción ha presentado en la mañana de este martes su informe de 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español' y Córdoba está presente en este documento. La estación de la avenida Al-Nasir, la única oficial de tráfico analizada en la capital, ha sido calificada como “parcialmente adecuada”, aunque eso no significa que esta infraestructura esté en las condiciones óptimas para su desarrollo normal.

La estación, operativa desde 2013 para medir contaminantes como el NO₂ y partículas PM₁₀, se enfrenta a una contradicción geográfica. A pesar de su nombre oficial -avenida Al-Nasir-, el equipo de medición se encuentra físicamente en la avenida de los Piconeros, una vía con una intensidad de tráfico notablemente inferior.

El informe técnico ha destacado que la sonda de medición está a 10,4 metros del borde de la calzada de Piconeros, superando ligeramente el límite de 10 metros recomendado por la normativa europea para ser considerada una estación de tráfico estricta. Sin embargo, la mayor deficiencia radica en su distancia respecto a la verdadera arteria de gran capacidad, la avenida de Al-Nasir, de la que se encuentra a más de 60 metros. Esta separación física actúa como un “filtro” que podría estar suavizando los datos de contaminación real que respiran los cordobeses en los puntos más críticos del nodo viario.

Córdoba en el ranking nacional: mejor que Málaga y Granada, peor que Sevilla

El estudio deja claro cómo está la situación a nivel estatal: el 68% de las estaciones analizadas (17 de 25) han sido declaradas “no adecuadas”. En este contexto, Córdoba forma parte de un reducido grupo de solo ocho ciudades que superan los estándares mínimos de representatividad. Si se compara con otras capitales andaluzas, el panorama es desigual, ya que la ciudad cordobesa está con mejores condiciones que Málaga y Granada, aunque peor en criterios de ubicación que la colocada en la estación Torneo de Sevilla.

Para validar el estudio, se han utilizado los Mapas Estratégicos de Ruido de Córdoba. Estos confirman que la zona de Al-Nasir es un “punto negro” de contaminación acústica, con niveles que superan los 70 y 75 decibelios. Esta presión sonora coincide con una alta densidad de población expuesta, lo que hace que sea una “zona crítica” donde es vital medir correctamente la calidad del aire para proteger la salud humana.

Los vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) afectados por una planta de hormigón a unos 50 metros de sus viviendas han denunciado que llevan soportando ruidos y contaminación de esta fábrica desde hace dieciséis años. Cansados de esta situación, desde 2024 han llevado sus quejas a las distintas administraciones, para que analicen las circunstancias en las que se encuentran debido a los efectos de la planta de hormigón y se planteen posibles soluciones. En este periplo, los vecinos se han dirigido al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, la Delegación de Medio Ambiente, el Seprona, la Delegación de Sanidad, la Inspección de Trabajo, la Policía Local y hasta el Defensor del Pueblo, explican a este periódico.

Precisamente, tras elevar su denuncia al Defensor del Pueblo andaluz y conseguir su mediación para una reunión el 29 de julio de 2025 entre los vecinos, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, los vecinos denuncian que llevan seis meses a la espera de una respuesta del Consistorio sobre sus competencias en materia de ruidos y sobre la licencia de la fábrica. Mientras, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta sí ha abierto un expediente para investigar la posible contaminación generada por la planta y ha llevado a cabo mediciones de calidad del aire, según confirmó esa administración a este periódico y constatan los vecinos afectados. Una unidad móvil de medición de la calidad del aire ha estado establecida en la zona para controlar los valores y poder realizar un informe al respecto.

Pero, por otra parte, como recuerda uno de los vecinos afectados, Amador Expósito, “el Ayuntamiento se comprometió a tenernos informados de las actuaciones y no ha dicho nada en seis meses”. En relación con las competencias municipales, el Consistorio manifestó en la reunión con los vecinos haber solicitado asesoramiento técnico-jurídico a la Diputación con el fin de que le informaran sobre el procedimiento a seguir y sobre sus competencias. Este informe se emitió con registro de salida de la Diputación el 3 de julio de 2025, indicando que “corresponde al Ayuntamiento la vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora respecto al cumplimiento de los condicionantes impuestos en la calificación ambiental y respecto a las emisiones de ruidos y vibraciones de la actividad”. No obstante, denuncian los vecinos, esta información no se les ofreció a los asistentes a la reunión que se celebró el 29 de julio, señala Expósito.

Además, recuerdan que el Ayuntamiento de Peñarroya -según señaló en dicha reunión y consta en el acta de la misma-, se comprometió a “informar a los vecinos de cuantas medidas vaya tomando en el asunto”. Pero, denuncian, “desde la fecha de la reunión, el 29 de julio, el Ayuntamiento no ha informado absolutamente de nada a los vecinos. Además, llevo más de dos meses solicitando cita con Alcaldía para tratar este asunto, sin haber obtenido respuesta alguna”. Entre otras cuestiones, se solicitó que el Consistorio revise la licencia de apertura de la planta de hormigón y la documentación correspondiente, para ver si todo se ajusta a la normativa vigente.

Con todo, los vecinos afectados por los ruidos y la contaminación esperan una respuesta del Ayuntamiento, a la vez que el resultado de las mediciones de calidad del aire y el expediente abierto por Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Asimismo, a través de los grupos políticos en el Consistorio, los vecinos han requerido que en el próximo Pleno municipal se pregunte al gobierno local por este asunto, para ver qué actuaciones ha llevado a cabo y se informe públicamente.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba ha abierto un expediente para investigar la posible contaminación generada por una planta de hormigón ubicada en las cercanías de una zona de viviendas de Peñarroya-Pueblonuevo.

La administración autonómica está actuando tras solicitarlo los vecinos, que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz con su queja, y del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. Fuentes de la Junta confirman a Cordópolis que se han ordenado mediciones de la calidad del aire para determinar los niveles de contaminación que pueda generar la planta de hormigón.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz admitió a trámite de la queja de los vecinos afectados, cuyas viviendas se ubican en una zona residencial del núcleo urbano del municipio, colindante con el polígono El Antolín, donde se encuentra la citada planta de fabricación de hormigón “a menos de 50 metros de la vivienda más próxima”.

En la información facilitada sobre esta denuncia, se explica que en la planta de hormigón “se almacena el material (cemento en polvo que posteriormente se mezcla con los áridos)” y que “está generando una cantidad ingente de polvo de dicho material que se esparce por toda la zona, lo que está provocando según manifiestan problemas de salud además de problemas relacionados con el medio ambiente”.

Actuación del Defensor del Pueblo

Ante esta situación, los vecinos remitieron escritos denunciando la misma ante la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. Sin haber recibido respuesta de estas administraciones en un primer momento, acudieron al Defensor, que abrió expediente y medió, celebrando una reunión con las partes afectadas.

Como resultado, tanto el Ayuntamiento como la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente establecieron una hoja de ruta conjunta con distintas medidas, entre las que destaca la investigación por parte de la Junta: “Confirma que la empresa está siendo investigada y existe un expediente abierto en fase de instrucción”. Esto está acompañado de la medición de calidad del aire en la zona afectada.

Asimismo, el Ayuntamiento revisará el expediente de la licencia municipal y ha solicitado asesoramiento técnico y jurídico a la Diputación de Córdoba, recoge el Defensor.

Córdoba ha vuelto a situarse en 2025 por encima del nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO₂) que la Unión Europea exigirá cumplir a partir del 1 de enero de 2030. Según los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción a partir de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire, la capital cordobesa registró una concentración media anual de 22 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m³) en la estación de la Avenida Al-Nasir, una cifra ligeramente superior al umbral de 20 μg/m³ fijado por la normativa comunitaria.

Aunque el valor se mantiene muy por debajo del límite anual aún vigente —40 μg/m³, que no se supera en España desde 2022—, la organización ecologista advierte de que Córdoba, al igual que el resto de ciudades analizadas, deberá intensificar sus políticas de reducción del tráfico motorizado si quiere cumplir con los objetivos europeos y acercarse a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa el límite saludable en 10 μg/m³.

El informe de Ecologistas en Acción analiza los datos de una veintena de ciudades medias y grandes, que concentran cerca de 12 millones de habitantes y aproximadamente una cuarta parte de la población española. El resultado es contundente: todas superaron durante 2025 el nuevo valor límite anual de NO₂, un contaminante emitido principalmente por los vehículos que circulan por las calles urbanas.

Entre las ciudades con mayores concentraciones destacan Madrid (Plaza Elíptica, 32 μg/m³), Málaga (Avenida Juan XXIII, 31), Granada (Granada Norte, 30), Barcelona (Eixample, 29) y Murcia (San Basilio, 29). En el caso andaluz, cuatro capitales —Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba— figuran entre las más afectadas, evidenciando el peso del tráfico rodado en la calidad del aire de la comunidad.

Córdoba se sitúa, no obstante, entre las ciudades con niveles más bajos del conjunto analizado, junto a Palma, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife. Aun así, la organización ecologista subraya que incluso estas ciudades incumplen el nuevo marco legal europeo, aunque sea por unas décimas.

Dudas sobre la ubicación de las estaciones de medición

Ecologistas en Acción pone el foco en las importantes diferencias detectadas entre ciudades con poblaciones similares y cuestiona la representatividad de muchas estaciones de medición, incluidas las orientadas al tráfico. Según la entidad, algunas no están situadas en los “puntos críticos” de contaminación que exige la nueva normativa europea, lo que podría estar infraestimando la exposición real de la población.

En el caso de ciudades medias como Córdoba, Granada o Palma, esta circunstancia podría ocultar niveles más elevados de NO₂ en determinadas zonas con alta intensidad de tráfico. La situación sería aún más grave en municipios como Alicante, Cartagena, Elche o Las Palmas de Gran Canaria, que ni siquiera disponen de estaciones orientadas específicamente al tráfico.

Por ello, la organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una revisión obligatoria de la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire, para garantizar que los datos reflejen fielmente el aire que respira la ciudadanía.

Zonas de bajas emisiones, la asignatura pendiente

Más allá de la medición, Ecologistas en Acción insiste en que la solución pasa por reducir de forma efectiva la presencia de automóviles en las áreas urbanas. Recuerda que hace ya tres años venció el plazo legal para que los más de 150 municipios españoles con más de 50.000 habitantes implantaran zonas de bajas emisiones (ZBE) y aprobaran protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Sin embargo, la mayoría de las ciudades, incluida Córdoba, no han cumplido plenamente estas obligaciones o han aprobado medidas que resultan inoperantes en la práctica. La organización exige la implantación de ZBE eficaces, acompañadas de restricciones reales al tráfico más contaminante y de alternativas de movilidad sostenible.

Críticas a Europa y un impacto directo en la salud

El colectivo ecologista también valora negativamente la reciente prórroga aprobada por la Comisión Europea en relación con la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. A su juicio, esta decisión envía un mensaje equivocado tanto en la lucha contra el cambio climático como en la reducción de contaminantes nocivos para la salud.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que afecta a las zonas más profundas de los pulmones, debilita la respuesta inmunológica y aumenta la vulnerabilidad a las infecciones. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, este contaminante fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España en 2023.

En este contexto, Ecologistas en Acción advierte de que Córdoba no puede conformarse con estar “ligeramente” por encima del nuevo límite europeo. La ciudad, sostienen, necesita un cambio decidido en su modelo de movilidad si quiere garantizar un aire más limpio y proteger la salud de su población en los próximos años.

Cientos de vecinos se concentraron en la noche del pasado jueves en la Plaza del Ayuntamiento de Castro del Río para exigir la paralización de los proyectos de macroplantas de biometano previstos en el entorno del municipio. La protesta, convocada por la Plataforma Ciudadana Stop Biometano Castro del Río, ha culminado con la lectura pública de un extenso manifiesto en el que el colectivo expuso sus motivos para rechazar estas instalaciones.

La plataforma ha subrayado que su movimiento es “pacífico, firme y apolítico”, y que su objetivo principal es defender “la salud, el bienestar y el futuro” de la localidad. En el manifiesto se ha insistido en la necesidad de disponer de información clara, garantizar que las administraciones velen por la salud vecinal y evitar que la transición energética “se haga a costa de la población rural”.

Uno de los ejes centrales del argumento han sido los posibles efectos negativos sobre la salud. La plataforma ha citado ejemplos de otras localidades donde estas plantas ya están operativas, asegurando que generan “olores insoportables, ruidos constantes y un aumento del tráfico pesado”. Además, alertaron del riesgo de partículas y bioaerosoles derivados del tratamiento de materia orgánica, que podrían acarrear enfermedades respiratorias, alergias o irritaciones.

El colectivo ha advertido también de que el biogás puede contener compuestos como el ácido sulfhídrico y ha cuestionado que los beneficios económicos compensen los potenciales riesgos. “La salud de nuestra población no debería venderse por cinco puestos de trabajo y un puñado de euros”, afirmaron.

Temor al “efecto llamada” y a un cambio del modelo rural

Otro de los puntos destacados fue el llamado efecto llamada. Según ha expuesto la plataforma, la gran demanda de materia orgánica para alimentar estas instalaciones podría favorecer la proliferación de macrogranjas y atraer camiones de otras zonas, generando más emisiones y tránsito pesado.

Los convocantes han sostenido que estas macroplantas amenazan el modelo económico local, basado en el olivar. Temen que partículas procedentes de las instalaciones afecten a la calidad del aceite, que aumente la presión sobre los acuíferos y que el digestato —el residuo generado por las plantas— pueda alterar los suelos o contaminar aguas subterráneas si no se gestiona de manera estricta. El manifiesto también ha denunciado que tanto la Hoja de Ruta Nacional para la Biometanización como la Alianza para la Biometanización de Andalucía han impulsado un marco legal favorable a la industria, pero “a espaldas de la ciudadanía rural”.

Tres exigencias principales

La plataforma ha resumido sus reivindicaciones en tres demandas:

Un vecino de la comarca de Los Pedroches ha denunciado en redes sociales que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha dejado de publicar los datos que provenían de una sonda que mide la contaminación en la estación de análisis de El Viso. Esta medida ha llegado después de que personara una reclamación para que se tuviera constancia de que las sustancias contaminantes aumentaban en el embalse de La Colada después de las últimas lluvias acaecidas.

Es por ello que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no refleja ahora los datos de las sustancias que están en el agua por la estación de análisis de El Viso, siendo esta el número EAA-421. Gracias a esto, un vecino de Los Pedroches ha decidido denunciarlo a través de sus redes sociales y así lo ha hecho saber a este periódico. “Esa sonda no va a estar mucho tiempo. Puede que sea un fallo o puede que quieran acabar con el norte de Córdoba”, explica.

Aumento de la contaminación tras las últimas precipitaciones

Según pudo confirmar Cordópolis a través del Sistema de Información de Redes Automáticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el embalse de La Colada recibió agua contaminada desde el río Guadarramilla el pasado 30 de octubre. Todo ello concuerda con la llegada de lluvia en los últimos días del pasado mes, que ha hecho que los niveles de turbidez y nitrato hayan subido hasta superar los niveles máximos de alarma que propone el Gobierno de España.

De hecho, estos números disminuyeron con el paso de las horas, por lo que se le relaciona de manera directa con el aumento del caudal que llega al río Guadarramilla tras las últimas lluvias. Por tanto, el agua que llegaba al embalse de La Colada estaba con altos niveles de contaminación, más aún cuando el oxígeno disuelto en el líquido también disminuía pese a mayor cantidad de agua.

Debido a estos datos, el vecino de Los Pedroches puso una reclamación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que se extremara la vigilancia en este sentido. Días más tardes de dicha iniciativa, los datos de la sonda que mide la contaminación del agua que llega a La Colada ha desaparecido de la página web -a 25 de noviembre de 2025-, por lo que no se puede saber cómo de contaminada llega este líquido después de su paso por el río Guadarramilla.

El agua del norte de la provincia de Córdoba continúa siendo uno de los principales problemas para decenas de miles de personas. La contaminación que existe en el embalse de La Colada ha hecho que numerosos cordobeses tuvieran que beber agua embotellada en un pasado reciente o, incluso, que el líquido de su grifo saliera amarillo o claramente turbio. Tras ello, han sido varias las intervenciones públicas que se han realizado para paliar este problema, pero, sin embargo, los niveles de sustancias contaminantes siguen estando altas, sobre todo después de las lluvias que han caído en los últimos días de octubre.

Según el Sistema de Información de Redes Automáticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el embalse de La Colada ha recibido agua contaminada desde el río Guadarramilla desde el pasado 30 de octubre. Todo ello concuerda con la llegada de lluvia en los últimos días del pasado mes, que ha hecho que los niveles de turbidez y nitrato hayan subido hasta superar los niveles máximos de alarma que propone el Gobierno de España.

De hecho, estos números disminuyen con el paso de las horas, por lo que se le relaciona de manera directa con el aumento del caudal que llega al río Guadarramilla tras las últimas lluvias. Por tanto, el agua que llega al embalse de La Colada está con altos niveles de contaminación, más aún cuando el oxígeno disuelto en el líquido también disminuye pese a mayor cantidad de agua.

Por otro lado, y siguiendo el histórico que también aporta el sistema público, ha habido tres situaciones a lo largo de 2025 que también los residuos han estado a niveles alarmantes: en enero, marzo, mayo y junio. También coincidiendo con la llegada de la lluvia a la zona norte de la provincia de Córdoba.

Una situación que se repite en el tiempo

Este hecho ya lo avisó Juan José Rodríguez a través de sus redes sociales, cuando en 2024 ya ocurría y se ha mantenido a lo largo del 2025. “El amoniaco pasa de 0,01 miligramos por litro a 0,66; los nitratos pasan de 5,79 a 26,11 y el oxígeno disuelto baja de 6,09 a 1,84. Corresponden con las mediciones de nitratos y amoniaco antes y después de la lluvia de finales del mes pasado. Tomamos medidas o jamás tendremos agua de calidad en La Colada”, finaliza.

Por tanto, la contaminación de este embalse al norte de la provincia de Córdoba continúa siendo un problema para la población que reside en este emplazamiento. Además, dicho contratiempo se modera una vez que las lluvias pasan en el territorio, como se puede ver en el portal público al que este periódico ha tenido acceso.

La contaminación en el agua es uno de los problemas más importantes que tiene el norte de la provincia de Córdoba. La conexión de La Colada con Sierra Boyera y las diferentes sustancias que hay en el líquido ha hecho que, incluso, haya habido momentos donde la población no podía beber de sus propios grifos. Aunque este contratiempo no es exclusivo de esta parte del territorio, sino que la Campiña Sur también está marcada por los niveles contaminantes.

Según un estudio de Greenpeace en 2023, Fernán Núñez tiene unos 250 miligramos por litro de nitratos en agua superficial, por lo que se convierte en líquido muy contaminado. Para comparar, en la Campiña Sur supera con claridad a los números de Alcaracejos (90) o El Viso (33), aunque también son números preocupantes. Por tanto, la contaminación está presente tanto en la zona norte como en la sur de la provincia de Córdoba.

Pero, ¿qué son los nitratos? Son nutrientes que se encuentran naturalmente en el medioambiente. Están formados por tres átomos de oxígeno, uno de nitrógeno y una carga negativa (NO3-). No tienen color ni sabor y se encuentran en la naturaleza tanto en los suelos como disueltos en el agua. El límite máximo debería ser 50 mg/l en el agua de consumo.

El trabajo de la organización establece que el 35% de las mediciones en toda España indican contaminación por nitratos (concentraciones iguales o superiores a 50 mg/l para agua de consumo y aguas superficiales e iguales o superiores a 37,5 mg/l para aguas subterráneas); el 19% indican riesgo de contaminación (concentraciones iguales o superiores a 25 mg/l e inferiores a 50 mg/l o 37,5 mg/l) y el 46% indican que no hay contaminación (concentraciones inferiores a 25 mg/l).

Las macrogranjas, principal problema

Greenpeace achaca este problema a la ganadería industrial “con sus excesivos excrementos derivados de la elevada concentración de animales en macrogranjas, y la agricultura industrial, con su uso masivo de fertilizantes, están envenenando el bien más preciado”. Ambas actividades están generando una cantidad de nitratos completamente anómala que el medio ambiente no puede soportar y que están acabando en las aguas.

En un comunicado expuesto en su página web, la organización ha explicado que la contaminación del agua por nitratos está afectando a todo tipo de aguas en España, desde las aguas superficiales a las subterráneas, más importantes aún en un escenario de cambio climático y escasez de agua, ya que son las reservas del futuro. Pero esta contaminación tiene también un impacto directo en los ecosistemas naturales y en el propio abastecimiento humano.

Los datos provisionales de calidad del aire para el año 2025 revelan una situación alarmante en Córdoba en relación con la contaminación por ozono ($\text{O}_3$). La capital andaluza y su aglomeración, con 322.811 habitantes, registraron niveles promedio de este contaminante “malo” significativamente superiores a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seguro para la salud.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción, que abarca hasta el 30 de septiembre de 2025, indica que la media de las estaciones de medición en Córdoba (Asomadilla y Lepanto) registró 93 días con concentraciones de ozono que superaron el valor octohorario máximo recomendado por la OMS. Dado que la OMS solo permite un máximo de tres días de superación de este valor al año para proteger la salud, esto implica que la población de Córdoba respiró aire perjudicial para la salud durante la primavera y el verano de 2025.

Esta cifra de 93 días con aire perjudicial, que se extiende durante aproximadamente tres meses, sitúa a Córdoba como un foco clave de preocupación en Andalucía. De hecho, la totalidad de la población andaluza ha respirado aire perjudicial para la salud en relación al ozono en 2025, según las recomendaciones de la OMS.

Impacto del calentamiento

El ozono troposférico se forma a partir de precursores contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV), en presencia de una intensa radiación solar y altas temperaturas. El año 2025 ha sido meteorológicamente propicio para esta formación, con dos intensas y prolongadas olas de calor en junio-julio y agosto. El cambio climático es un factor de primer orden en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, debido al incremento de la radiación solar y el alargamiento del verano.

En la zona de Córdoba, esta dinámica se ve agravada por el arrastre y acumulación de contaminantes: el viento desplaza la polución del área industrial de Huelva hacia Sevilla y Córdoba. Esta masa de aire contaminado se combina con las emisiones generadas por el denso tráfico de ambas ciudades y algunas fábricas, lo que activa la formación de ozono troposférico durante las horas centrales del día en el Valle del Guadalquivir, afectando a la ciudad y áreas rurales circundantes.

Aunque el tráfico motorizado es la principal causa de las emisiones precursoras en el área metropolitana de Córdoba, la situación en 2025 ha mostrado una mejora moderada en comparación con el período previo a la pandemia (2012-2019). Las superaciones de la guía de la OMS en Córdoba se han reducido un 19% en 2025 respecto a la media de 2012-2019. Esta tendencia a la baja podría estar relacionada, en parte, con el cierre de grandes fuentes de emisión en la provincia.

Específicamente, en 2023 se desconectó la estación de medición de Villaharta, en el norte de Córdoba, que formaba parte de la red de la clausurada Central Térmica de Puente Nuevo, una instalación de carbón que venía superando el valor objetivo legal establecido para el ozono. Las centrales térmicas de carbón se encuentran entre las fuentes más contaminantes, responsables de emisiones de precursores. El cierre de la mayoría de estas plantas en España, incluyendo la de Puente Nuevo, es considerado una “excelente noticia” por su antigüedad y baja rentabilidad, lo que contribuye a la reducción de precursores.

Incumplimientos

A pesar de la leve reducción en las superaciones del valor recomendado por la OMS, la contaminación por ozono en Córdoba sigue estando en niveles problemáticos, incluso en relación con la legislación vigente y futura.

Daños a la salud

La exposición a altos niveles de ozono, un potente agente oxidante, se relaciona con el agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y se ha demostrado que reduce la función pulmonar.

En el contexto de las olas de calor de 2025, la exposición a contaminantes como el ozono es un factor agravante de la mortalidad. En el conjunto de Andalucía, la contaminación atmosférica ocasionó hasta 2.100 muertes atribuibles al ozono en 2022, el 2,7% de las defunciones totales ese año.

Pese al incumplimiento reiterado de los estándares de calidad del aire, la Junta de Andalucía, a finales de 2024, inició la tramitación de nuevos planes de mejora de la calidad del aire, con el objetivo de alcanzar los valores legales, incluidos los del ozono, y a largo plazo los recomendados por la OMS. A nivel local, el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con planes de mejora aprobados entre 2017 y 2018, pero estos se consideran insuficientes para atajar la situación y no incluyen un Protocolo de actuación frente a episodios de contaminación atmosférica para el ozono.

“Mientras no se descontamine el agua de La Colada, nada de lo que se haga tendrá sentido”. Así de tajante se ha mostrado el alcalde de El Viso, Juan Díaz Caballero, tras conocerse que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha vuelto a clausurar la playa de La Colada al detectar cianobacterias potencialmente tóxicas.

Horas después del anuncio, el alcalde socialista ha publicado un comunicado en redes sociales en el que indica, en mayúsculas, que el verdadero problema de que tiene La Colada es la contaminación. “Quizás sea hoy el día de decir basta a todo lo que está pasando con La Colada y que nos afecta a todos en esta comarca, ahora, antes y lo hará en el futuro”, arranca Díaz Caballero, que pide a la administración competente, la Junta de Andalucía, que tome nota.

“Sí, ayer recibimos la noticia de la prohibición temporal del baño en la Playa de La Colada por la presencia de cianobacterias. Y de cara al Área Recreativa es algo que ya tenemos solucionado con la nueva Piscina que está funcionando desde este verano y que da vida a nuestras instalaciones”, advierte sobre la petición que le hizo el Gobierno Andaluz de señalizar claramente la prohibición del baño.

En este sentido, aclara que no poder bañarse y cerrar la playa es “el mínimo daño”. “El problema, por ejemplo, es que miles de cabezas de ganado que viven a lo largo de la zona, beben a diario de La Colada. El problema es que, si en un futuro volvemos a vivir otra situación de sequía, tendremos un embalse contaminado”, alerta.

También deja un recado para el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y otros alcaldes y miembros del PP, que llevan meses reclamando la conexión entre La Colada y Sierra Boyera al Gobierno central. “Ya está bien. El enredo de las tuberías debe acabarse, que es una tontería comparado con el problema real. Esto es un problema a futuro”, ha dicho el regidor, insistiendo en que el problema es la contaminación.

Por ello, reclama a la Junta de Andalucía que destine el dinero que tiene “para hacer una obra que ya está hecha en descontaminar La Colada. Ese dinero y el que haga falta”, ha insistido.

Córdoba ha vuelto a destacar negativamente en los registros de calidad del aire de 2024. Según el último informe de Ecologistas en Acción, la ciudad superó durante 82 días el valor máximo diario de ozono troposférico (O₃) que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este periodo de alerta se extendió durante casi tres meses, principalmente entre julio y septiembre, coincidiendo con las olas de calor estivales.

El ozono troposférico, un contaminante secundario que se forma por la acción del sol sobre los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, alcanzó en Córdoba niveles que no solo superaron la referencia sanitaria de la OMS —establecida en 100 µg/m³ durante más de tres días al año—, sino también el umbral legal nacional de 120 µg/m³, que permite un máximo de 25 superaciones por año. La ciudad experimentó 23 días por encima de ese límite legal y 82 respecto a la marca de la OMS.

Un problema que se repite cada verano

No es la primera vez que Córdoba se sitúa entre las zonas más afectadas por el ozono en Andalucía. De hecho, en 2023 ya incumplió la normativa europea, tal y como recogía entonces Cordópolis en un reportaje titulado “Córdoba vuelve a incumplir la normativa europea por contaminación de ozono”. Este año, aunque el número de días con superaciones ha bajado ligeramente, la situación sigue siendo preocupante.

El informe de Ecologistas en Acción detalla que el valor AOT40 —indicador de riesgo para la vegetación— también fue rebasado en Córdoba, alcanzando 20.997 µg/m³·h, muy por encima del objetivo legal (18.000) y del umbral a largo plazo recomendado (6.000). Esto no solo afecta a la salud humana, sino también al rendimiento agrícola y a los ecosistemas naturales del entorno.

Riesgos para la salud

Los efectos del ozono troposférico son especialmente nocivos para grupos vulnerables: personas con enfermedades respiratorias, niños, mayores y embarazadas. Puede provocar desde irritación en ojos y garganta hasta complicaciones pulmonares graves. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que este contaminante causa miles de muertes prematuras cada año en España.

Según datos del Instituto de Salud Carlos III citados en el informe, hasta 10.000 muertes anuales en el país pueden estar relacionadas con episodios agudos de contaminación por ozono y partículas.

Una normativa que no se cumple… ni se actúa

Aunque el Gobierno central y la Junta de Andalucía están obligados por ley a implementar planes de mejora de la calidad del aire cuando se incumplen los límites legales, Córdoba no dispone de un plan específico contra el ozono, a pesar de encadenar más de una década de superaciones. En otras comunidades, como Castilla y León o Cataluña, los tribunales han obligado a sus gobiernos a elaborar planes tras denuncias de Ecologistas en Acción. En Andalucía, aún no se ha dado ese paso.

Además, el informe denuncia la inacción generalizada de los ayuntamientos en aplicar medidas preventivas como restricciones temporales al tráfico o avisos a la población durante picos de contaminación. Córdoba tampoco cuenta con un protocolo eficaz ante episodios de mala calidad del aire, a pesar de que la ley obliga a su existencia y aplicación.

Las condiciones meteorológicas de 2024 —un año extremadamente cálido, con múltiples olas de calor en verano— han favorecido la acumulación de ozono. Pero el clima no es el único responsable. El tráfico motorizado urbano sigue siendo la principal fuente de los precursores del ozono en la ciudad, unido a la actividad industrial y a la falta de ventilación atmosférica en la campiña cordobesa.

Además, según el informe, la inercia en la transición energética y en la movilidad sostenible está retrasando los efectos positivos esperados. En palabras de la organización: “Las medidas estructurales no llegan y la población sigue respirando aire insano durante semanas cada verano”.

Ecologistas en Acción propone la elaboración inmediata de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire para Córdoba, con especial atención al ozono; la activación de protocolos de emergencia ante episodios de alta contaminación; limitaciones al tráfico motorizado durante olas de calor y la ampliación del transporte público eléctrico y vías ciclistas, además de campañas de información ciudadana sobre los riesgos del ozono.

Conclusión

Aunque los datos de 2024 muestran una ligera mejora respecto a años anteriores, Córdoba sigue muy lejos de cumplir los estándares que garantizan una buena salud ambiental y humana. El ozono troposférico se mantiene como un enemigo invisible y persistente, que año tras año se instala en el aire que respiran miles de cordobeses durante el verano.

El reto es claro: actuar con decisión antes de que la calidad del aire en Córdoba se degrade de forma irreversible.

Las actuaciones impulsadas por la Diputación en La Colada han permitido reducir en un 98% la presencia de algas en el embalse, según ha informado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha insistido en la necesidad de “avanzar en la conexión definitiva para dar una solución más estable y segura a todos los vecinos y vecinas del norte de la provincia”.

Así se ha expresado el máximo representante de la institución provincial, quien ha explicado que “todas las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación desde que se realizó la conexión de emergencia entre La Colada y Sierra Boyera han permitido poder contar hoy con estos datos positivos”.

Además, ha continuado Fuentes, “a esa reducción de las algas hemos de añadir un control completo sobre cianofíceas y una mejora también en parámetros como la clorofila, la turbidez, los ortofosfatos y la estabilidad del PH. Todo esto ha sido posible gracias al cronograma que nos marcamos y que nos llevó a realizar cinco actuaciones”.

“Instalamos cubiertas en la ETAP de Sierra Boyera para prevenir el crecimiento de algas e incorporamos un sistema de clarificación por flotación para eliminar materia orgánica y sólidos en suspensión, en el depósito de Cuartanero instalamos un sistema de dosificación de dióxido de cloro para pretratar el agua antes de ir a la planta potabilizadora y, en La Colada, instalamos un sistema de ultrasonidos para impedir la flotabilidad de las algas”, ha recordado el presidente provincial.

Fuentes ha destacado que “estas actuaciones han demostrado una eficacia notable, especialmente el uso de ultrasonidos en La Colada, y han permitido recuperar la calidad del agua bruta y facilitar su tratamiento, pero tenemos que avanzar hacia una infraestructura estable y definitiva desbloqueando urgentemente la conexión proyectada por la Junta entre La Colada y Sierra Boyera, paralizada actualmente por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Esta conexión garantizaría un sistema robusto, regulable y energéticamente eficiente”.

Además, ha continuado Fuentes, “hemos comprobado cómo el sistema de emergencia ha demostrado ser insuficiente, con múltiples incidencias en los grupos electrógenos y una toma flotante construida durante la emergencia que limita su uso para la captación de la mejor agua posible”.

“Es necesario usar la torre de tomas existente en el embalse que, como en casi la totalidad de embalses desde los que se obtiene agua para el abastecimiento humano, se dispone para captar a distintas profundidades la mejor calidad posible del agua disponible en cada momento”, ha manifestado.

Con respecto a la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera, el presidente provincial ha señalado que “es también prioritaria pues cerraríamos así el sistema de los tres pantanos. Esta conexión garantizaría una gestión más flexible de los recursos hídricos, evitando que el norte de la provincia vuelva a sufrir restricciones tan severas como las que vivimos durante la última sequía”.

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha señalado que “vamos a seguir trabajando en la regeneración del embalse de La Colada como garantía de calidad a largo plazo porque nuestro objetivo final es claro, que llegue a los hogares de todo el norte agua segura y con todas las prescripciones sanitarias marcadas por la normativa, como siempre hemos hecho”.

Durante su visita a la zona, Fuentes ha aprovechado para reconocer el trabajo y el rigor de todos los técnicos de Emproacsa, “personas especialistas y cualificadas que han aportado su conocimiento y esfuerzo durante meses de trabajo incansable”. Por último, ha afirmado que “la Diputación ha hecho las actuaciones que adelantó y la Junta tiene prevista su inversión, a falta de que la Confederación le deje realizarla, por lo que sólo echamos en falta al Gobierno central”.

Entre abril de 2023 y abril de 2024, 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba no pudieron beber agua de sus grifos. Azotaba entonces una época de sequía, como en el resto de la provincia, a la que sumaron otros factores que tenían que ver con los recursos hídricos disponibles en los embalses y con la contaminación que llegaba a estos. El resultado fue que, primero no llegaba agua a sus grifos y, cuando llegó, en un año no pudieron beberla ni utilizarla para cocinar y otras necesidades. Porque la sequía que afectó a la población fue mucho más que la falta de lluvia y, esa experiencia, está siendo objeto de una investigación para crear una herramienta web que dé a conocer a la ciudadanía en cada momento los factores de riesgo que le pueden dejar sin agua.

El grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad de Córdoba (UCO), trabaja actualmente en este proyecto, que se centra en la sequía, precisamente cuando este 17 de junio se conmemora el Día contra la Desertificación y la Sequía. El caso del norte de Córdoba sin agua potable durante un año se está analizando como “caso piloto” para desarrollar una herramienta web accesible para el usuario y, a través de ella, “poder ver qué va a pasar de aquí a seis meses, poder tener un pronóstico y que usuarios, ganaderos, etcétera, puedan tener más información y llegar a tener un pronóstico estacional” sobre el agua disponible.

Quien explica el objeto del proyecto es Rafael Pimentel, uno de los investigadores que lo lleva a cabo. Como él, siete ingenieros desarrollan esta herramienta para aportar información sobre la sequía a la población. “Cuando hablamos de sequía solemos referirnos a que no hay precipitaciones, pero eso hay que combinarlo con la escasez, es decir, cuando no hay recursos hídricos para el día a día. Eso es lo que pasó en el norte de Córdoba: había sequía meteorológica, no llovía, y eso se combinó con niveles de agua en el embalse de Sierra Boyera que no eran suficientes”.

Y se ha visto que a esos dos factores -la falta de lluvia y la escasez de recursos hídricos en los embalses-, hay que añadir un tercer componente cuando se habla de sequía para la población: la calidad del agua. En el norte de Córdoba, cuando el agua de Sierra Boyera se agotó, se hicieron obras de emergencia para trasvasar agua desde el embalse de La Colada. “Pero se vio que estaba contaminada y no era potable”. No podían beber el agua que salía por el grifo.

Incluir la calidad del agua para determinar la sequía para una población

De ahí que “hay que incluir la calidad del agua en la definición de esa sequía que afecta a la población”. Por tanto, lluvia, recursos en embalses y calidad del agua se aunarán en la herramienta que está desarrollando este grupo de investigadores. “La calidad del agua marca que la población pueda o no pueda ser abastecida”. Porque, como en el caso de los 80.000 vecinos del norte de Córdoba, recuperaron el suministro de agua potable cuando hubo lluvias que llenaron el embalse donde el agua no estaba contaminada y era potable.

Para realizar el proyecto, que está en una fase inicial, la idea pasa por desarrollar esta especie de servicio climático sobre la sequía para periodos estacionales del año y, si la duración del proyecto lo permitiera, descender hasta ofrecer “un pronóstico suestacional”.

Además del análisis de datos e información, los investigadores van a trabajar sobre el terreno, incluso obteniendo información de los vecinos, hablando sobre su experiencia y la demanda de información que creen que les sería útil.

Se trataría de aunar el pronóstico del tiempo sobre lluvias, con los recursos hídricos embalsados y cuantificar en un mapa las potenciales zonas de contaminación y la posibilidad de contaminar los embalses a partir del curso del agua. Inferir, al fin y al cabo, lo que ha ocurrido en el norte de la provincia cordobesa, como experiencia de la que aprender y obtener una herramienta que aporte información a la población sobre la sequía que pueden padecer.

Las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos, según el informe elaborado por la Consejería de Salud y Consumo durante la primera quincena de junio de 2025 sobre el estado del litoral en el inicio de la temporada de baño veraniega. Si bien, este informe, que se basa en los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recomienda mantener la prohibición del baño en la presa de La Colada, en Córdoba, en espera de la evolución de cianobacterias y ante la alteración microbiológica de los últimos análisis.

En la primera quincena de junio, la Consejería ha vigilado 366 puntos de muestreo en las 287 zonas de baño con temporada habitual, de las cuales 278 son marítimas y nueve son de aguas continentales.

Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, tanto microbiológicos como macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo –de cristal, plástico, caucho, madera–, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario.

En cuanto a playas marítimas, por provincias, en Almería se han realizado 93 muestreos en los 91 puntos censados, que se encuentran repartidos en 78 zonas de baño de 14 municipios almerienses. En Cádiz, el total de muestreos ha sido 79 en los 79 puntos censados, repartidos en 58 zonas de baño de 16 municipios. En Granada, se han efectuado 47 muestreos en los 38 puntos censados situados en 30 zonas de baño de 10 municipios.

En Huelva, se han realizado 50 muestreos en 50 puntos censados, repartidos en 25 zonas de baño de nueve municipios y en Málaga ha habido un total de 103 muestreos en 99 puntos censados, que se encuentran repartidos en 87 zonas de baño de 14 municipios.

En el caso de las zonas de baño continentales, el muestreo se ha llevado a cabo en Almería, en la Balsa Cela de Lúcar; y en Granada, en las aguas de los embalses de Cubillas en Albolote, Bermejales en Arenas del Rey, Embalse Negratín en Cuevas del Campo, y el Manantial de Fuencaliente en los municipios de Huéscar y Orce.

En Córdoba, se han analizado las aguas del embalse de la Breña II en Almodóvar del Río, y de la Presa de la Colada, en El Viso, donde se mantiene la prohibición de baño, en espera de la evolución de las cianobacterias, además de por haberse producido una alteración microbiológica en el último muestreo.Y en Sevilla se han analizado las aguas de la Ribera del Huéznar en San Nicolás del Puerto.

Este informe sobre la calidad sanitaria de las aguas, que indica su aptitud y en su caso, informa sobre recomendaciones o prohibiciones de baño, se emitirá periódicamente cada quince días a lo largo de la temporada estival y estará disponible para su consulta pública a través de la web de Consejería de Salud y Consumo hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre.

De acuerdo con la normativa vigente, la temporada de baño en Andalucía comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de septiembre, si bien se permite, en función de la ubicación y las características de la zona, disminuir la temporada, existiendo actualmente un total de 16 zonas de baño de temporada de corta duración, todas ellas continentales, cuyo comienzo de temporada será el próximo 1 de julio.

Finalmente, en la web de la Consejería de salud y Consumo se ha procedido a la actualización de la información de las zonas de baño, incorporándose, al tradicional informe desglosado por provincias, un nuevo visor territorial con información del estado de cada playa según la ubicación geográfica de cada una de ellas. Esta información se puede encontrar en este enlace.

La Junta de Andalucía ha iniciado el programa de vigilancia de las aguas marítimas y continentales realizando 374 análisis y el embalse de La Colada (El Viso, Córdoba) es la única zona de aguas de la comunidad autónoma donde Salud prohíbe el baño, por presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas para las personas.

En una nota, la Junta ha informado de que las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos, según el informe que ha elaborado la Consejería de Salud y Consumo durante la segunda quincena de mayo de 2025 sobre el estado del litoral en el inicio de la temporada de baño veraniega. Este estudio se basa en los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Este año se han dado de alta tres nuevas zonas de baño, dos de tipo marítimo en la localidad de Mijas (Málaga) y una de tipo continental en la localidad de Beas de Segura (Jaén).

De acuerdo con la normativa vigente, la temporada de baño en Andalucía comienza el 1 de junio y finaliza en 30 de septiembre, si bien se permite, en función de la ubicación y las características de la zona, disminuir esta temporada, existiendo actualmente un total de 16 zonas de baño de temporada de corta duración, todas ellas continentales, cuyo comienzo de temporada será el próximo 1 de julio.

La Consejería ha vigilado en la segunda quincena de mayo 366 puntos de muestreo en las 287 zonas de baño con temporada habitual, de las cuales son 278 marítimas censadas y 9 zonas de baño continentales andaluzas.

Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo –de cristal, plástico, caucho, madera–, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario.

En cuanto a playas marítimas, por provincias, se han realizado los siguientes muestreos. En Almería se han realizado un total de 93 muestreos en los 91 puntos censados, que se encuentran repartidos en 78 zonas de baño de 14 municipios almerienses. En Cádiz se han realizado 81 muestreos en 79 puntos censados, repartidos en 58 zonas de baño de 16 municipios. En Granada se han hecho 40 muestreos en los 38 puntos censados que se encuentran en 30 zonas de baño de 10 municipios. En Huelva se han realizado 50 muestreos en 50 puntos censados, repartidos en 25 zonas de baño de 9 municipios. Y en Málaga se han realizado un total de 101 muestreos en 99 puntos censados, que se encuentran repartidos en 87 zonas de baño de 14 municipios.

Zonas de baño continentales

En el caso de las zonas de baño continentales, el muestreo se ha llevado a cabo en La Balsa Cela en Lúcar, Almería. En Granada se han analizado las aguas de los Embalses de Cubillas en Albolote, Bermejales en Arenas del Rey, Embalse Negratín en Cuevas del Campo, el Manantial de Fuencaliente en los municipios de Huéscar y Orce. En Sevilla se han analizado las aguas de la Ribera del Huéznar en San Nicolás del Puerto.

Y en Córdoba, se han analizado las aguas de Embalse de la Breña II en Almodóvar del Río, y de la Presa de la Colada, en El Viso. En la presa de La Colada se mantiene la prohibición del baño, por presencia de especies de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud, hasta no confirmar niveles por debajo del riesgo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El resto de zonas de baño continentales comenzarán su temporada de baño el próximo 1 de julio, por lo que en la actualización de los informes quincenales se dará la información de las mismas.

Este informe sobre la calidad sanitaria de las aguas, que indica su aptitud y en su caso, informa sobre recomendaciones o prohibiciones de baño, se emitirá periódicamente cada quince días a lo largo de la temporada estival y estará disponible para su consulta pública a través de la web de Consejería de Salud y Consumo hasta que finalice la temporada de baño el 30 de septiembre.

El astrofísico e investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) David Galadí Enríquez ha desarrollado el nuevo índice que medirá la contaminación lumínica en Andalucía y lo ha hecho con el apoyo de la ingeniera en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía Estefanía Cañavate García, y de Ángela Ranea Palma, actualmente en el Joint Research Centre de la Unión Europea en Sevilla.

Según ha informado la UCO en una nota, frente a la luz blanca y con elevado componente azul, que ha proliferado en los últimos años y que es más perjudicial para la salud, la biodiversidad y las observaciones astronómicas, este índice, llamado índice espectral G, permitirá preservar la oscuridad natural de la noche fomentando el uso de la luz cálida y así “iluminar solo donde y cuando sea necesario, con la dirección, los niveles y el color de luz adecuados al uso de la zona”.

Este nuevo índice forma parte del reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía aprobado por la Junta de Andalucía, que desarrolla la parte de contaminación lumínica de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (ley GICA) y que busca adoptar el alumbrado exterior a criterios de eficiencia y conservación del medio ambiente y preservar el cielo andaluz como patrimonio natural.

Como la intención es reducir y limitar la cantidad de luz azul, en el reglamento se establecen los valores mínimos de G que deben cumplir las fuentes de luz en función de la zona en la que se instalen y siguiendo unas pautas similares a las restricciones de otras comunidades.

Tal y como ha explicado Galadí, que es profesor del Departamento de Física de la UCO y coordinador nacional de Divulgación en España de la Oficina de Divulgación de la Astronomía (OAO) de la Unión Astronómica Internacional, “la luz artificial de noche es un agente contaminante que afecta a los ecosistemas, a la salud humana y a la visión del cielo, desde el punto de vista paisajístico y científico. Por eso es evidente que hay que regular la intensidad y el horario de la luz artificial nocturna”.

Dentro de todos los tonos que puede tener la luz, los que tienden hacia el azul y el violeta son más perjudiciales que el resto. “El sistema circadiano de los seres humanos es sensible sobre todo a la luz azul, que le ”dice“ al cerebro que es de día e inhibe la producción de melatonina, con lo que no se desencadenan las respuestas hormonales y fisiológicas relacionadas con el descanso nocturno.

Además, la mayoría de especies nocturnas son más sensibles a la luz azul (y ultravioleta) que a otras. El ejemplo más claro es el de los insectos, a los cuales atraemos con luces violetas y ultravioletas para exterminarlos“, según ha añadido Galadí. Debido a ello es necesario incorporar restricciones al uso de la luz azul y ahí es donde entra el índice desarrollado por Galadí.

Se trata de una métrica objetiva que cuantifica la “rojez” de una fuente de luz: cuanto más alto sea el índice G, más roja y cálida será la luz y, por tanto, tendrá menos cantidad de luz azul, que es la que se quiere evitar en horas nocturnas.

El índice se basa en los procedimientos que se aplican en astrofísica para medir el color de las estrellas y se encuentra explicado en esta guía https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing....

La Junta de Andalucía ha informado a través de un comunicado del último informe de la Subdirección de Protección de Salud Pública sobre el episodio de intoxicación alimentaria detectado en el consumo de montaditos de pringá en la taberna cordobesa La Sacristía. Esta intoxicación, en principio, tuvo más de 70 afectados. Una persona murió, aunque no se ha podido vincular su fallecimiento con la intoxicación.

El último informe, de fecha de este pasado lunes 10 de febrero, señala que “tras recibir la documentación relativa al establecimiento Taberna La Sacristía por parte de la Sección de Sanidad Alimentaria del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Córdoba (actas de fecha 14 y 15 de enero de 2025, informe de valoración de las actas de fecha 17 de enero y correspondientes hojas de control oficial), los inspectores valoran las deficiencias detectadas como graves por considerar que pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno”.

No obstante, la Sección de Procedimiento considera que esta documentación debe ser ampliada y detallada, “al objeto de valorar todas las circunstancias del caso concreto, y con la mayor precisión posible”, según señala. el documento. En estos momentos, “se está valorando el inicio del procedimiento sancionador”.

Según lo establecido en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, las sanciones graves conllevan multas que oscilan entre 3.001 y 15.000 euros, aplicables en casos de negligencia que den lugar a un riesgo sanitario grave.

La normativa también incluye la posibilidad de suspender el expediente administrativo sancionador en caso de que se inicie una causa penal, que en este caso no está abierta, aunque la Fiscalía de Córdoba sí han iniciado una investigación civil. Sin embargo, las medidas preventivas adoptadas para garantizar la salud pública permanecerán vigentes hasta que la autoridad judicial emita un fallo definitivo.

Los análisis microbiológicos realizados han confirmado la presencia de Clostridium prefingens en la muestra analizada y extraída del local.

La plataforma ciudadana 'Unidos por el Agua' ha pedido este miércoles a las distintas administraciones, a cuenta de la polémica suscitada sobre la idoneidad del proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de Córdoba, que centren sus esfuerzos en descontaminar el agua de La Colada.

En este sentido y en una nota, la plataforma ha lamentado que “los ciudadanos de la zona Norte de Córdoba llevamos unos meses siendo testigos de los desacuerdos aireados en público en torno a la licitación de las obras de la llamada conexión definitiva” de los dos embalses, por parte de “la Diputación de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadiana”, a las que “se ha sumado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en recientes declaraciones”.

Entienden en la plataforma que “la solución” a todos los problemas con el agua en el Norte “pasa necesariamente por la unión y el diálogo”, pero, “a la vista está que nuestros representantes políticos no llegan a un consenso para luchar por nuestros intereses”.

A este respecto, han reconocido no tener “los suficientes conocimientos técnicos para entender por qué es tan necesaria la conexión definitiva, ya que durante 13 meses estuvimos recibiendo en nuestras casas el agua de La Colada” sin esa conexión, y la cuestión es que “el agua de La Colada sigue contaminada y todavía no hemos tenido conocimiento de ningún proyecto encaminado a descontaminarla, ni a evitar que se siga contaminando”.

Por eso, “pedimos que todas las inversiones de dinero público vayan encaminadas a evitar y eliminar esta contaminación. Por ello, reiteramos a nuestros representantes políticos que, si de verdad les preocupa tanto el futuro de los Pedroches y del Guadiato, pongan en marcha las infraestructuras necesarias para que podamos contar con un agua limpia y de calidad que asegure la vida en nuestra tierra”.

Tampoco entienden en la plataforma “por qué es tan necesario cambiar equipos de bombeo y tuberías, que han funcionado perfectamente durante 13 meses, para aumentar el caudal, que es el propósito en el que se basa la ejecución del llamado proyecto de conexión definitiva”, y ello cuando “los 80.000 habitantes de la zona norte hemos sufrido la carencia de agua potable durante más de un año, pero el agua no potable, eso sí, tenía la suficiente presión y abastecía a toda la población”.

En consecuencia, solicitan que se les explique “la necesidad de ese aumento de caudal y para qué usos irá destinado”, añadiendo que sí que entienden y apoyan “la realización de la conexión eléctrica, para evitar la dependencia de los grupos electrógenos” para el bombeo del agua desde La Colada hasta Sierra Boyera, “pero eso no cuesta once millones de euros, así que exigimos que el dinero público restante, y el que haga falta, vaya destinado a la adecuación de la ETAP de Sierra Boyera para que sea capaz de potabilizar el agua de La Colada”.

También demandan “a los presidentes de las mancomunidades del Guadiato y los Pedroches que cumplan con su labor de liderar a todos los ediles de los diferentes municipios para luchar unidos por el bienestar de sus ciudadanos, ya que para ello fueron elegidos”, y “hacemos extensible esta petición a todos los alcaldes de la zona Norte, que deben exponer a la ciudadanía periódicamente los análisis del agua, así como las explicaciones que sean necesarias, sin ocultar nada que pueda poner en peligro nuestra salud”.

Para la plataforma, “es evidente y demostrable el color y el sabor del agua que sale de nuestros grifos. Los ciudadanos no podemos consentir que sigan guardando silencio amparados por sus signos políticos. Es hora de dar la cara ya por nuestro futuro y eso solo se puede hacer de forma conjunta”.

Por último, 'Unidos por el Agua' ha asegurado que no va a consentir que se les “intente politizar, una vez más, y que se tire por tierra la labor que venimos realizando de forma totalmente altruista con el argumento de que estamos politizados. La plataforma siempre ha estado disponible para todos los representantes políticos, sin importar el partido al que pertenezcan. Hemos mantenido reuniones con todos los signos políticos, y nuestra única intención es garantizar como ciudadanos la unidad y el diálogo, tan necesario ante la complejidad de nuestros problemas hidrológicos”.

'Unidos por el Agua' ha “llamado a las puertas de todas las administraciones con competencias y se ha reunido con quien ha mostrado su disposición a hacerlo. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, sí se ha reunido con los ciudadanos para explicar las razones por las que se niega a la conexión definitiva. Así que de nuevo solicitamos públicamente la tan necesaria reunión con el presidente de Diputación. Pedimos que no eluda más reunirse con los miembros de la plataforma, como dijo que estaba dispuesto a hacer en septiembre de 2024”.

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha encargado la retirada de fibrocementos con amianto y materiales contaminados para la ciudad de Córdoba, con un contrato que acaba de adjudicar a la empresa Demoliciones Córdoba SL, por un montante de 29.224 euros y un año de ejecución con posibilidad de otro año más.

Según consta en el pliego del contrato -consultado por este periódico-, el objetivo es la retirada de vertidos irregulares de materiales de aislamiento y de construcción que contienen amianto en el término municipal de Córdoba, incluidos los residuos que se encuentren contaminados en su presencia. Además, será objeto del contrato la retirada de estos materiales depositados en el Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla.

“Con frecuencia se producen vertidos ilegales en el término municipal de Córdoba, generalmente inferiores a 1 m3 , y es objeto del presente contrato disponer de un servicio que retire y gestione estos pequeños vertidos en un plazo reducido de tiempo, y por tanto evitar que puedan producir daños medioambientales, o personales y produzcan efecto llamada, provocando más vertidos ilegales de cualquier tipo”, explica la empresa municipal en el pliego del contrato.

Sadeco reconoce la necesidad de realizar labores de extracción, acopio y transporte para su posterior eliminación y gestión administrativa de vertidos incontrolados contaminados por la presencia de amianto en localizaciones competencia de Sadeco. “Todo ello correrá a cargo de la empresa adjudicataria, suministrando la mano de obra debidamente cualificada y equipada para la realización de estos trabajos de acuerdo con la normativa vigente”.

Además de la gestión y tratamiento de los residuos en vía urbana, se incluye la retirada y tratamiento de los residuos contaminados por la presencia de amianto en el Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla, instalación titularidad de Sadeco. Asimismo, el servicio deberá atender a las ubicaciones dentro de Córdoba capital y barriadas periféricas de Córdoba (Distrito Periurbano Este – Campiña y Distrito Periurbano Oeste - Sierra).

Las labores a realizar serán la recepción de la notificación de asistencia en la retirada de vertidos contaminados por amianto con obligación de contestación a Sadeco en el plazo máximo de 12 horas con la fecha de actuación prevista; la retirada y gestión de los residuos que contengan fibrocemento, incluyendo el transporte hasta vertedero autorizado; la tramitación de todos los permisos necesarios para el transporte y gestión de residuos según normativa vigente; la notificación de la gestión de la incidencia, indicando la trazabilidad del proceso llevado a cabo; y la generación del justificante de gestión de residuos anual de los residuos gestionados a Sadeco.

El trabajo deberá realizarse en un plazo inferior a cinco días naturales desde la petición de contratación de servicio, a excepción de recogidas de residuos con un peso mayor de 501 kg en las que sean necesaria la utilización de servicios especiales de retirada, para los que se amplía el periodo a siete días naturales.