Facua se ha dirigido al Córdoba Club de Fútbol para instarle a que declare el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba como espacio libre de humo antes del inicio de la temporada 26/27 de LaLiga, tras la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del proyecto de reforma de la Ley del Tabaco, que prevé ampliar los espacios sin humo a las instalaciones deportivas al aire libre.

La asociación ha recordado que lleva años demandando tanto al club como a las administraciones competentes la adopción de esta medida, al entender que un recinto que congrega a miles de aficionados cada jornada debe “garantizar un entorno saludable y libre de la exposición involuntaria al humo del tabaco”.

Así, la reciente aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno supone un paso, a su parecer, “decisivo en la ampliación de los espacios sin humo en España”. Entre las medidas previstas se encuentra la prohibición de fumar en instalaciones deportivas al aire libre, una modificación normativa que responde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a la creciente demanda social de espacios públicos más saludables.

Ante este nuevo panorama, Facua considera que el Córdoba CF tiene la oportunidad de actuar de forma “anticipada y responsable”, realizando ya la declaración de espacio sin humo en lugar de esperar a que la futura normativa le obligue a implantar una medida que busca la protección de la salud de sus aficionados.

Priorizar la salud

La asociación ha recordado además que la implantación de políticas de espacios sin humo en instalaciones deportivas constituye una tendencia cada vez más extendida tanto a nivel nacional como internacional, demostrando que es “perfectamente compatible disfrutar del espectáculo deportivo con el respeto al derecho de todos los asistentes a respirar un aire libre de humo”.

Así, adelantar la declaración de espacio sin humos al inicio de la temporada 26/27 mandaría el “claro mensaje de que el club está comprometido con la salud pública y la protección de los consumidores, además de permitirle liderar en este ámbito a las entidades de fútbol profesional”. “Esperar a que la ley obligue a adoptar esta medida supondría perder la ocasión de ejercer un liderazgo basado en la responsabilidad social y la protección de la salud”.

Por todo ello, Facua ha hecho un llamamiento al Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol para que adopte las medidas necesarias que permitan declarar el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel como recinto libre de humo antes del inicio de LaLiga 26/27, convirtiendo al club en un “ejemplo de compromiso con la salud, el bienestar de sus aficionados y la protección de los consumidores”.

La asociación, además, ha señalado que continuará defendiendo todas aquellas iniciativas dirigidas a garantizar el derecho de los consumidores y usuarios a disfrutar de espacios públicos más saludables, seguros y libres de la exposición involuntaria al humo del tabaco.

Facua Córdoba ha confirmado que el Ayuntamiento de la capital ha retirado la señal vertical de 'Ciclocalle 30-Carril derecho compartido' situada en el entorno de Plaza de Colón, pocos días después de que la asociación alertara ante la propia administración la “aparente contradicción” existente entre dicha señalización y la reciente inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada tras las obras del Plan de Asfalto municipal, aunque “sigue sin señalizar verticalmente el carril Bus-Taxi”.

En este sentido y en una nota, Facua ha señalado que se trata de “una contradicción” que generaba “dudas sobre la situación real de este carril y cuál es realmente el régimen de circulación aplicable al mismo, la ausencia de respaldo documental claramente identificable y la coexistencia de indicaciones que trasladaban mensajes incompatibles, lo que conllevaba la evidente confusión entre los usuarios de la vía”.

La asociación ha resaltado que la retirada de esta señal constituye un hecho especialmente significativo, ya que “evidencia que la situación denunciada no respondía a una mera interpretación de la asociación, sino a una anomalía en la regulación y señalización del carril que finalmente ha obligado al Ayuntamiento a intervenir”.

Sin embargo, la asociación advierte de que la retirada de la señal de 'Ciclocalle 30' “no resuelve las cuestiones planteadas en su denuncia”, pues “el principal problema era la inexistencia de una señalización vertical específica que identificara sin lugar a dudas el carril como reservado para autobuses y taxis, circunstancia que continúa produciéndose en la actualidad”.

Tras eliminar la señal que indicaba que se trataba de un carril compartido entre vehículos y bicicletas, “el Ayuntamiento mantiene únicamente la inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada, sin haber instalado hasta la fecha una señal vertical que informe expresamente de la existencia de una reserva de circulación para autobuses y taxis”.

Así, la asociación insiste en que “el artículo 53 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la señalización debe ajustarse a la normativa y resultar suficientemente visible, comprensible y eficaz para los usuarios de la vía”. Asimismo, el Reglamento General de Circulación “configura un sistema integral de señalización destinado a garantizar que los conductores conozcan con claridad las limitaciones y condiciones de uso de cada vía o carril”, han relatado.

Por tanto, Facua Córdoba considera que esta circunstancia “sigue generando incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable al carril y sobre la suficiencia de la señalización existente para informar adecuadamente a conductores, ciclistas y demás usuarios de la vía”. Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento “no haya ofrecido hasta el momento ninguna explicación oficial sobre las razones que justificaron inicialmente la coexistencia de ambas indicaciones ni sobre los criterios seguidos para intentar corregir posteriormente la situación”.

Para Facua, esta actuación refuerza “las dudas sobre la coordinación existente entre las áreas municipales competentes en materia de Movilidad e Infraestructuras y sobre los mecanismos de supervisión aplicados a las actuaciones ejecutadas en la vía pública”.

Además, la asociación ha afirmado que el Ayuntamiento “aún no ha contestado al escrito presentado” por la entidad, mediante el que instaba a conocer “la situación administrativa y jurídica del carril, el respaldo documental de la actuación realizada, los criterios seguidos para su ejecución y el coste económico que ha supuesto para las arcas municipales”.

Asimismo, Facua insiste en que “los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué se pintó una inscripción 'Bus-Taxi' en un carril donde coexistía una señal vertical incompatible con dicha reserva de circulación y por qué, una vez denunciada públicamente esta situación, se ha procedido a retirar la señal de 'Ciclocalle 30' sin que todavía exista una señalización vertical específica que identifique el carril como reservado para autobuses y taxis”.

Facua Córdoba ha alertado este lunes de la “confusión” entre los conductores que genera la “reciente actuación realizada por parte del Ayuntamiento de la capital en la Plaza de Colón, en dirección a la Avenida de las Ollerías”, donde, “coincidiendo con las obras del Plan de Asfalto municipal, se ha procedido a pintar sobre la calzada la inscripción 'Bus-Taxi' pese a no existir actualmente una señal vertical que identifique expresamente una reserva de circulación para autobuses y taxis”.

Según informa la asociación de consumidores en una nota, la propia organización ha comprobado, igualmente, que “en este mismo eje viario existe una señalización vertical que identifica el carril derecho como 'Ciclocalle 30', indicando expresamente que se trata de un 'carril derecho compartido' entre bicicletas y vehículos”.

Esta circunstancia, según Facua, “llama especialmente la atención ya que cuesta entender cómo puede compatibilizarse una señalización vertical que identifica el carril como compartido con la inscripción 'Bus-Taxi' recientemente pintada sobre la calzada, que aparenta establecer una reserva de circulación para autobuses y taxis”.

Así las cosas, Facua Córdoba ha advertido de que “la coexistencia de ambas indicaciones puede generar una evidente confusión entre los usuarios de la vía y plantea incertidumbre sobre cuál es realmente el régimen de circulación aplicable al carril afectado”. Asimismo, la asociación ha instado mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de la capital a “aclarar si estas señalizaciones son compatibles entre sí y cómo deben interpretar los usuarios de la vía una configuración que, a simple vista, parece trasladar mensajes contradictorios a conductores y ciclistas”.

Tal y como ha explicado Facua Córdoba, la señalización vertical que identificaba este carril como reservado para autobuses y taxis “desapareció, al menos, en mayo de 2021. Pese a ello, durante más de cuatro años el Ayuntamiento no ha procedido a reponer dicha señalización ni ha informado de actuación alguna destinada a restablecer formalmente la reserva de circulación en este tramo”.

Como consecuencia de esta situación, el carril ha venido siendo “utilizado con normalidad por toda clase de vehículos durante años, sin que existiera una señal vertical que permitiera identificar de forma inequívoca una restricción específica para los conductores que transitaban por la zona”.

En este contexto, desde Facua han asegurado que “llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento haya decidido ahora destinar recursos públicos al repintado de la inscripción 'Bus-Taxi' sobre la calzada sin haber restituido previamente la señalización desaparecida y sin haber explicado públicamente cuál ha sido la situación jurídica de este carril durante los últimos años”.

Facua Córdoba señala que esta circunstancia “suscita además serios interrogantes sobre la adecuación de la actuación a la normativa vigente, toda vez que el artículo 53 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la señalización debe ajustarse a la normativa y resultar suficientemente visible, comprensible y eficaz para los usuarios de la vía. Asimismo, el Reglamento General de Circulación configura un sistema integral de señalización destinado a garantizar que los conductores conozcan con claridad las limitaciones y condiciones de uso de cada vía o carril”.

Así las cosas, la asociación considera “necesario determinar si la mera existencia de la inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada resulta suficiente para establecer una reserva efectiva de carril o si, por el contrario, la ausencia de señalización vertical específica impide considerar que dicha restricción se encuentre correctamente señalizada conforme a los principios de seguridad vial y seguridad jurídica”.

Igualmente, Facua ha informado de que, “tras consultar la documentación oficial disponible del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el Inventario del Viario elaborado por el propio Ayuntamiento”, no ha encontrado “una referencia clara y expresa que permita identificar este tramo concreto de Plaza de Colón como un carril Bus-Taxi debidamente delimitado y definido”.

Para la organización, “esta circunstancia abre interrogantes acerca de si nos encontramos realmente ante la recuperación de una infraestructura previamente existente, ante la creación de una nueva reserva de carril o, simplemente, ante una actuación ejecutada sin la necesaria planificación, coordinación administrativa o respaldo documental suficiente”.

Ante esta situación, Facua Córdoba considera “imprescindible que el Ayuntamiento de la capital explique públicamente el fundamento de esta actuación y aclare cuál es la situación real de este carril desde el punto de vista técnico, documental y normativo, así como su régimen de utilización y su verdadero encaje dentro de la planificación municipal de la movilidad urbana”.

Las quejas e imágenes de basura sin recoger en los contenedores de Córdoba se han multiplicado este último fin de semana. Bolsas de basura acumuladas junto a los contenedores, algunos llenos y otros no, se han podido ver en distintos barrios de la ciudad en unos días en los que, además, con las altas temperaturas, a la mala imagen se unen olores y problemas de higiene.

Las imágenes que han llegado a este periódico durante el fin de semana y también este lunes por la mañana dejaban la misma 'postal' en distintos barrios: bolsas y bolsas de basura y otros residuos a los pies de los contenedores. Algunos de los depósitos no se habían recogido y otros ya estaban vacíos, pero los residuos que se habían dejado en el suelo seguían acumulados.

La situación no es nueva, ya se viene repitiendo en los últimos meses, pero en fin de semana se ha agudizado. El principal problema es la falta de camiones de recogida de la empresa municipal Sadeco, que se encuentra con la flota a medio gas. En el mes de mayo se llegó a que siete de los 18 camiones de recogida nocturna de Sadeco estaban inoperativos. En las semanas posteriores se han incorporado algunos de alquiler y renting, si bien la flota sigue incompleta, y el gobierno municipal prometió la llegada de un total de veinte camiones más.

Y esa falta de camiones hace que la frecuencia en la recogida haya cambiado y, por tanto, no se retire toda la basura como antes. Según fuentes municipales consultadas por este periódico, la normalidad en la flota y en la frecuencia de recogida no se recuperará hasta finales de julio.

“Problema puntual” y “anecdótico”

El propio presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, en un post en redes sociales, ha admitido que “es cierto que hasta que tengamos los 20 nuevos camiones operativos (ya tenemos 5), se han modificado los recorridos y puede generar algún problema puntual”. El edil asegura que “esto no deja ser anecdótico frente a los cerca de 1.500 grupos de contenedores que tiene la ciudad”.

El Movimiento Ciudadano, sobre los problemas del servicio: “Es una evidencia”

La falta de camiones es algo que constatan también desde el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). “Ahora mismo hay menos camiones de los que Sadeco debe tener para hacer la recogida de basura”, dice el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia. Y, por ello, “ha cambiado las frecuencias de la recogida, lo que hace que se acumule la basura, sobre todo los fines de semana”. “Es una evidencia”, dice sobre lo que todo el mundo puede ver en la calle.

“Sadeco va a pasar un verano complicado hasta que no meta todos los camiones para hacer la recogida oportuna, que ahora no se está haciendo”, vaticina. Los camiones en uso no pueden dar abasto para realizar las mismas rutas y las mismas veces. A ello se unen otros problemas, como las dificultades que presentan los nuevos contenedores con bocas de goma dura que obstaculizan la acción de meter la bolsa en el contenedor, algo por lo que muchos optan por dejarla en el suelo. “La gente deja la basura fuera o llena el contenedor que no es” (de otro tipo de residuos).

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, la situación tiene otra circunstancia que golpea de lleno a la recogida de basura y es la falta de personal. El déficit que ha tenido la empresa municipal “lleva a que controle el gasto. Eso significa menor contratación de personal y eso se nota, fundamentalmente, en fines de semana”, dice De Gracia, al tener menos capacidad de recorrido por la ciudad. Sadeco empieza a contratar ahora a personal para sustituciones de las vacaciones -apunta el presidente del CMC- pero eso no aumenta la plantilla. “Sadeco necesitaría más cantidad de gente y eso significaría más dinero”.

Juan Andrés de Gracia apunta también a que la recogida del cartón y papel que realiza aparte Solemcor también está sufriendo un problema de frecuencia y suma el que haya gente que no corte y pliegue el cartón para meterlo en el contenedor, sino que lo deja fuera en la calle, sumándose a la imagen de residuos fuera de los depósitos.

“Córdoba crece”, pero la suciedad también: Facua denuncia el deterioro de la limpieza urbana

Por su parte, este lunes en una nota de prensa Facua Córdoba ha advertido y denunciado reiteradamente ante el Ayuntamiento de Córdoba y Sadeco el progresivo deterioro del servicio de limpieza urbana. A ello se suman las numerosas quejas vecinales recibidas por la asociación, que describen una realidad cada vez más extendida en distintos barrios de la capital: calles sin limpiar durante días, contenedores saturados, residuos acumulados junto a los puntos de recogida, papeleras desbordadas, malos olores persistentes y una preocupante sensación de abandono por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar unos servicios públicos de calidad.

En su nota, señala que la situación es especialmente preocupante desde el punto de vista sanitario: la presencia cada vez más frecuente de ratas y otros vectores asociados a la acumulación de residuos, circunstancia que está generando alarma entre los vecinos y que exige actuaciones urgentes de limpieza, desratización y control de plagas.

Facua Córdoba considera que el problema ha dejado de ser una mera cuestión estética para convertirse en una cuestión de salud pública, convivencia ciudadana y calidad de vida. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la suciedad visible, sino la sensación de resignación que comienza a instalarse entre la ciudadanía. Muchos vecinos han dejado de preguntarse cuándo se solucionará esta situación para empezar a asumir que vivir en una ciudad cada vez más sucia es algo normal.

La asociación recuerda que Córdoba cuenta con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la Unesco y es uno de los principales destinos turísticos del país. Sin embargo, la imagen que actualmente ofrecen numerosos espacios públicos dista mucho de la que merecen sus habitantes y de la que esperan encontrar quienes la visitan.

Precisamente por ello, Facua Córdoba considera que cualquier balance sobre la evolución de la ciudad debe incluir también la realidad que observan diariamente miles de vecinos en sus barrios. El alcalde, José María Bellido, ha defendido recientemente que Córdoba vive un cambio “estructural” y que la ciudad “no ha dejado de crecer en estos siete años de gobierno del Partido Popular”.

Sin embargo, ese crecimiento debe reflejarse también en la calidad de los servicios públicos esenciales. Una ciudad no puede presumir de avanzar mientras se multiplican las quejas por suciedad, se acumulan residuos en numerosos barrios, aumentan los problemas asociados a la falta de limpieza y crece la preocupación vecinal por la presencia de ratas.

La asociación advierte de que la mejora de una ciudad no puede medirse únicamente por indicadores económicos o proyectos urbanísticos, sino también por el estado de sus calles y la calidad de los servicios que reciben sus ciudadanos.

Piden un plan extraordinario de limpieza

Facua Córdoba considera intolerable que los ciudadanos soporten esta situación mientras continúan asumiendo una creciente carga económica a través de impuestos y tasas. Los consumidores y usuarios tienen derecho a que los servicios públicos esenciales se presten con eficacia, continuidad y calidad.

Por ello, la asociación insta al alcalde de la ciudad y a los responsables de la empresa municipal Sadeco a poner en marcha de forma inmediata un plan extraordinario de limpieza en toda la ciudad, a reforzar los servicios de recogida de residuos, baldeo y mantenimiento de contenedores y a intensificar las actuaciones de control de plagas y desratización en las zonas más afectadas.

También exige una comparecencia pública para explicar las causas de la situación actual y las medidas previstas para revertirla. Publicar datos objetivos sobre frecuencias de limpieza, recursos disponibles y grado de cumplimiento de los servicios contratados, así como establecer compromisos concretos, evaluables y sometidos a seguimiento público.

Asimismo, Facua Córdoba advierte de que la degradación del espacio público no es una cuestión menor. La suciedad genera sensación de abandono, deteriora la convivencia, perjudica la actividad económica y comercial, daña la imagen turística de la ciudad y reduce la calidad de vida de miles de personas.

Desde una perspectiva institucional y jurídica, la asociación recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación legal de velar por la salubridad de los espacios públicos y garantizar una adecuada prestación de los servicios municipales. Cuando estas obligaciones no se cumplen de forma eficaz y continuada, la ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y a reclamar la adopción de medidas correctoras.

Por este motivo, Facua Córdoba ha puesto esta situación en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz para que analice el alcance de los hechos denunciados y valore las actuaciones que considere oportunas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

La asociación defiende que la limpieza de una ciudad no puede quedar relegada a un segundo plano ni ocultarse tras campañas institucionales de propaganda.

Hacemos Córdoba considera que lo ocurrido este fin de semana es la “gota que colma el vaso del abandono de la ciudad”

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que la imagen que ha ofrecido la ciudad durante este fin de semana supone “la gota que colma el vaso” de la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento y de Sadeco, con el alcalde, José María Bellido, como máximo responsable de una situación que, según advierten, “no hace más que agravarse día tras día”. Desde la coalición consideran que la imagen de la ciudad durante la celebración de la Noche Blanca del Flamenco ha sido “lamentable”, con “contenedores completamente desbordados, papeleras hasta arriba y calles sucias”, lo que, a su juicio, “evidencia una absoluta falta de planificación, de previsión y de medios”.

Hacemos Córdoba subraya que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, sino una consecuencia directa de una situación prolongada de deterioro del servicio de limpieza. En este sentido, señalan que “lo preocupante no es solo la imagen que se ofrece a quienes nos visitan, sino el día a día que sufre la ciudadanía con un servicio cada vez peor”. El grupo municipal recuerda que viene alertando desde hace meses del “grave deterioro” de Sadeco y de las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del Partido Popular. En concreto, señalan que “ya se advirtió en el Pleno municipal que se habían dado instrucciones para no reparar vehículos en los talleres propios de la empresa, derivando trabajos a talleres privados”, una decisión que consideran “incomprensible y perjudicial para el funcionamiento del servicio”.

Asimismo, denuncian que “únicamente estaban operativos siete de los dieciocho camiones de recogida”, lo que ha provocado, según explican, que durante el fin de semana la ciudad haya quedado en una situación de “evidente incapacidad operativa para garantizar la recogida de residuos”. A ello se suma, según Hacemos Córdoba, la decisión de recurrir al sistema de renting para la incorporación de vehículos que “presentan continuas averías”, lo que “agrava aún más el problema”.

Además, critican que “la falta de talleres privados disponibles durante los fines de semana deja a la ciudad sin capacidad de reacción ante las averías”, como ha ocurrido en este. Igualmente, denuncian que durante la Noche Blanca del Flamenco “no se reforzó el servicio de limpieza ni el vaciado de papeleras”, a pesar de la alta afluencia prevista, lo que califican de “una decisión totalmente irresponsable”. Para la coalición de izquierdas, la gestión del Partido Popular está provocando “la descapitalización de una empresa pública que durante años fue un referente a nivel nacional e internacional”. En este sentido, afirman que “el PP se está cargando la imagen y el prestigio de Sadeco por su incapacidad de gestión y su falta de compromiso con el servicio público”.

Desde Hacemos Córdoba exigen al alcalde que “deje de mirar hacia otro lado y asuma de una vez su responsabilidad en la situación de la empresa municipal y del servicio de limpieza”. Critican además que “se continúe incrementando la tasa de basura año tras año mientras el servicio empeora de forma evidente”.

Finalmente, reclaman inversiones “urgentes” en la flota de vehículos, una “apuesta firme por Sadeco como empresa pública y el cumplimiento del compromiso de contratación de 200 trabajadores y trabajadoras anunciado al inicio del mandato”. Hacemos Córdoba considera que “lo ocurrido este fin de semana no es un hecho puntual, sino la consecuencia directa de años de mala gestión, falta de planificación y abandono por parte del Partido Popular”, concluyen.

Facua Córdoba ha asegurado este jueves que un banco ha sido “condenado a abonar” a un socio de la asociación de consumidores “los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT)”.

Así lo ha señalado la asociación en una nota en la que ha detallado que la sentencia de la Plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba establece que “el banco tendrá que pagar también los intereses legales desde la fecha de los cargos fraudulentos (34 euros) y de las costas procesales (más de 800 euros), rechazando los argumentos de la entidad”, que “trató de atribuir al afectado una supuesta negligencia grave”.

Facua ha detallado que en la sentencia, la jueza “deja claro” que “la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario”, por lo que considera que “pinchar el enlace que le ofrece el SMS fraudulento no supone una grave negligencia” por parte del afectado.

Además, “da un toque de atención a la entidad bancaria al no detectar movimientos sospechosos por unos importes en sucesivas disposiciones efectuadas en un brevísimo periodo de tiempo y en distintos establecimientos comerciales desde lugares tan dispares como Alemania e Irlanda”.

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando el afectado, de 77 años, “recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba proceder de la DGT y que le informaba de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago”. Tras acceder al enlace, “una web que imitaba a la de Tráfico le pidió sus datos para pagar la sanción 'fake'. Después de introducirlos”, el hombre “fue objeto de numerosos cargos en su cuenta (uno de 280 euros y trece de 50 euros) por un importe total de 930 euros”.

Sin embargo, “a pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia” al banco y “presentó la correspondiente denuncia policial”, la entidad “rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que es responsabilidad del cliente custodiar las tarjetas bancarias”.

“En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quién había dado mis datos a los estafadores”, cuenta el afectado, quien decidió acudir a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde el año 2010, para que le ayudasen a recuperar su dinero.

Así las cosas, la asociación presentó una nueva reclamación al banco, pero también fue desestimada. Tras esta segunda negativa, el afectado decidió acudir a los tribunales con el asesoramiento y el respaldo jurídico de Facua Córdoba.

La sentencia, firmada el 29 de mayo de 2026, concluye que el afectado “actuó con diligencia y que el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa”. Asimismo, destaca “la rápida actuación de la víctima, quien comunicó los hechos a la entidad bancaria el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas”.

Por ello, ha resuelto condenar al banco a pagar al afectado, que se muestra “encantadísimo con la gestión” que han “hecho en Facua, 100% satisfecho”, los “930 euros que le sustrajeron a través de un SMS suplantando a la DGT, más los intereses legales y las costas procesales”.

Facua anima a los afectados a reclamar

Facua Córdoba recuerda que las víctimas de fraudes bancarios a través de técnicas como el 'phishing' o el 'smishing' tienen derecho a reclamar la devolución de las cantidades sustraídas siempre que no hayan cometido una negligencia grave.

La asociación anima a los afectados por este tipo de estafas a presentar reclamación ante su entidad financiera, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudir a Facua en caso de que el banco rechace asumir su responsabilidad.

Facua Córdoba ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía “haya decidido no sancionar a la empresa concesionaria de la Estación de Autobuses de Córdoba, pese a detectar irregularidades tras las inspecciones realizadas”, a raíz de la denuncia presentad por la asociación en octubre de 2025.

Según ha informado la organización de consumidores en una nota, en la fecha citada puso en conocimiento de la Junta “el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión que se estaba produciendo en la estación, especialmente en relación con la ausencia de personal en la torre de control durante determinadas franjas horarias”, y ello “pese a que el pliego de condiciones establece la obligación de contar con personal cualificado en un horario determinado”.

Ya en este año, el pasado febrero, Facua Córdoba preguntó a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Córdoba sobre las actuaciones realizadas como consecuencia de su denuncia, y “no fue hasta el pasado mes de abril cuando realizaron las inspecciones correspondientes”.

La asociación considera que “este retraso de más de seis meses en actuar evidencia una grave pasividad de la Administración autonómica ante unos hechos que afectan directamente a la correcta prestación de un servicio público esencial, pues se compromete la atención de los usuarios y genera serias dudas sobre el verdadero control y supervisión que la Junta de Andalucía ejerce sobre la concesionaria (Vectalia) y el cumplimiento efectivo del pliego de condiciones”.

En su resolución, la Junta “reconoce expresamente” que, durante las inspecciones realizadas, “no existía personal ubicado en la torre de control” en determinadas franjas horarias. Sin embargo, “pese a admitir este hecho, concluye que no existe incumplimiento sancionable al entender que el servicio puede prestarse mediante cámaras, automatización y control remoto”.

Facua Córdoba ha señalado que “esta interpretación supone, en la práctica, vaciar de contenido las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones de la concesión, sustituyendo de facto un servicio presencial previsto contractualmente por un modelo basado en control remoto y automatización, sin que conste modificación formal alguna del contrato público adjudicado”.

La asociación considera “especialmente preocupante que la Administración acepte cambios sustanciales en la prestación del servicio sin exigir el cumplimiento estricto de las condiciones recogidas en la concesión administrativa”, cuando resulta que “la ausencia de personal en la torre de control afecta directamente a la información a los usuarios, a la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, a la coordinación de las dársenas y a las condiciones de seguridad en una estación con especiales dificultades de visibilidad”.

Además, Facua Córdoba ha criticado también que “la Junta haya reducido el problema a la inexistencia de incidencias graves durante las inspecciones, cuando el verdadero debate jurídico consiste en determinar si la empresa concesionaria está cumpliendo o no las obligaciones asumidas en el contrato público”.

Por ello, considera que dicha resolución “traslada un mensaje muy peligroso”, el de que “las empresas concesionarias pueden dejar de prestar servicios previstos en los pliegos siempre que la Administración considere que el sistema sigue funcionando”.

En consecuencia, Facua continuará haciendo “un seguimiento exhaustivo de la situación” y estudiará “nuevas actuaciones administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento íntegro de las obligaciones concesionales y la correcta protección de los derechos de los usuarios del transporte público”.

La subida mensual unida al fin de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial a la Electricidad provocará que el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) pague casi 15 euros más por la factura de la luz de mayo, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, que señala que el recibo del último mes alcanza los 75,63 euros, lo que supone un 24% de subida con respecto a los 60,99 euros de abril.

Tal y como ha destacado en una nota de prensa, a la subida de 4,30 euros antes de impuestos por el encarecimiento del precio de la energía se le añadirá el incremento del IVA, que vuelve al 21% desde el 10%, y el Impuesto Especial de la Electricidad, que se sitúa en el 5,11% desde el 0,5% que estuvo vigente desde el pasado 21 de marzo, cuando entró en vigor el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

De haberse mantenido la rebaja de impuestos, el recibo de la luz de mayo del usuario medio se habría situado en los 65,73 euros, un 7,8% más que el mes anterior y 4,74 euros de subida. Cabe destacar que tanto la ley del IVA como la de impuestos especiales establecen que se repercuten los impuestos que estén vigentes en el momento de la emisión de la factura.

En cuanto a la evolución interanual, el recibo ha subido un 8,5% con respecto a los 69,71 euros de mayo de 2025. En los últimos años, la factura del usuario medio --un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales-- del mes de mayo ha sido de 75,63 euros en 2026, 69,71 euros en 2025, 60,76 euros en 2024, 65,50 euros en 2023 y 120,68 euros en 2022, tal y como ha afirmado Facua.

Además, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 21,82 céntimos en horario punta, 14,00 céntimos en el llano y 14,96 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha aumentado con respecto a mayo de 2025 un 1,7% en punta y un 4,9% en llano y un 19,7% en valle.

La potencia, por su parte, ha vuelto a los 3,30 euros que mantenía desde enero (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización e impuestos) desde los 2,87 euros que han estado vigentes durante el periodo de aplicación de las rebajas del Gobierno.

IVA reducido permanente

Ante esto, Facua ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la luz.

Se trata de “una de las reivindicaciones históricas de la asociación”, que considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad.

Así, “es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles”. La bajada de recaudación para las arcas, ha señalado Facua, “puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan --las grandes empresas--, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación”.

La asociación también lleva años reclamando que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, según ha subrayado.

“De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora”, ha añadido.

Pero, además, también ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. “Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo”.

“A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos”, ha afirmado.

Asimismo, Facua ha reclamado medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

El perfil de usuario

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW --la misma en horario punta y valle-- y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas, tal y como ha afirmado la organización.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, el llano de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas, y el valle de 00 a 8 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

Facua Córdoba ha lamentado que se permita la presencia en la feria de atracciones con estética y denominación de 'casino' en espacios frecuentados habitualmente por menores. En un comunicado, señala que, aunque se trate formalmente de una atracción recreativa o de habilidad, resulta difícil ignorar que el uso reiterado del término Casino y la simbología asociada al juego (cartas, fichas de póker, dados y referencias visuales propias de salas de juego) contribuyen a normalizar entre niños y adolescentes una actividad que en España está legalmente restringida a mayores de edad debido a sus riesgos de adicción y ludopatía.

En ese sentido, señala que la imagen resulta especialmente llamativa por encontrarse en un recinto abierto y accesible para menores, donde incluso existe la presencia de familias y niños transitando frente al establecimiento. Diversos expertos en prevención de adicciones llevan años alertando sobre la banalización del juego y la exposición temprana de menores a mensajes que asocian las apuestas con ocio, diversión o éxito social.

Marco legal

Facua Córdoba recuerda que la legislación española establece importantes limitaciones en materia de juego y protección de menores. La Ley 13/2011, de regulación del juego, donde señala en su artículo 6 la prohibición de participación de menores en actividades de juego y apuesta. Asimismo, diferentes normativas autonómicas sobre juego y publicidad insisten en la necesidad de evitar mensajes que puedan atraer o dirigirse específicamente a menores.

Igualmente, el Real Decreto 958/2020, relativo a las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, subraya la obligación de proteger a la infancia y juventud frente a estímulos que puedan fomentar conductas de juego.

La asociación incide en que, aunque este caso pueda no encajar estrictamente en una actividad de apuestas regulada, sí abre un debate social y ético sobre los límites de la tematización del juego en espacios infantiles o familiares, especialmente cuando se utilizan nombres y elementos visuales propios de casinos y apuestas.

Petición de reflexión

Ante esta situación, Facua Córdoba solicita una reflexión por parte de organizadores, administraciones y responsables de la feria sobre la conveniencia de permitir este tipo de denominaciones e imágenes en eventos donde la presencia de menores es masiva.

La feria debe seguir siendo un espacio de convivencia, ocio familiar y entretenimiento saludable, evitando mensajes que puedan contribuir a la normalización precoz del juego entre los más jóvenes, señala la asociación.

Facua Andalucía ha pedido adoptar medidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante “las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados por la huelga médica en relación a la gestión de citas, consultas, intervenciones, pruebas diagnósticas y renovaciones de medicación”.

La federación ha pedido que “toda cita, prueba, consulta o intervención suspendida por la huelga sea reprogramada de oficio por el SAS, sin obligar al usuario a iniciar de nuevo el proceso de solicitud de cita”. Además, ha expuesto que “se garantice la renovación de medicación y la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos o con patologías que no admitan interrupciones”.

En este sentido, Facua ha animado a los afectados por citas anuladas sin aviso, falta de reprogramación, intervenciones suspendidas o problemas para renovar medicación a trasladar sus casos a la asociación para recibir asesoramiento y documentar las incidencias. Además, ha explicado que “muchas veces los problemas que sufren los usuarios parecen situaciones individuales, pero al agruparse permiten detectar fallos de gestión que deben ser corregidos por la administración”.

Según ha informado Facua-A en una nota, la federación no cuestiona el legítimo derecho de huelga del personal facultativo, sino la obligación de la administración sanitaria andaluza de gestionar sus efectos sobre la ciudadanía. Así, ha destacado que “el SAS no puede dejar a los pacientes en una situación de incertidumbre, sin información suficiente o con la carga de averiguar por sus propios medios si su cita ha sido anulada o cuándo será reprogramada”.

En este sentido, Facua ha asegurado que está recibiendo, a través de sus asociaciones provinciales, quejas de usuarios que apuntan a deficiencias en la información y reprogramación de actos sanitarios suspendidos. Entre ellas, casos de pacientes que acuden al centro sanitario el día previsto y conocen allí mismo que no serán atendidos; citas necesarias para renovar medicación que se cancelan, con riesgo de interrupción de tratamientos; e intervenciones quirúrgicas anuladas sin que el afectado sepa cuándo volverán a programarse.

Situación de mayores y pacientes crónicos

Al hilo, la organización ha considerado “especialmente preocupante” la situación de personas mayores, pacientes crónicos, usuarios con dificultades de movilidad o personas que necesitan apoyo para gestionar sus citas. “La anulación de un acto sanitario no supone solo perder una consulta, también implica desplazamientos inútiles, necesidad de acompañamiento, organización familiar y un riesgo añadido cuando se trata de tratamientos o lesiones que pueden agravarse con la espera”, ha concretado.

Asimismo, Facua ha indicado que según informaciones publicadas a partir de datos atribuidos a la Consejería, la huelga médica habría provocado la suspensión de más de 767.000 actos médicos en Andalucía entre consultas de Atención Primaria, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias. Por tanto, “una afectación de esta magnitud exige una planificación clara, homogénea y verificable por parte del SAS”.

En su escrito, Facua ha solicitado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones y al SAS que informen sobre las instrucciones, protocolos o criterios dictados para gestionar las citas y actos sanitarios anulados por la huelga, especialmente en relación con la comunicación previa a los pacientes, la reprogramación automática y la prioridad que debe darse a personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones.

Con todo, la organización ha puesto sus canales a disposición de la ciudadanía para orientar a las personas afectadas, valorar posibles reclamaciones y exigir al SAS soluciones eficaces. “Contar con una asociación fuerte, activa y con implantación territorial resulta fundamental para defender los derechos de la ciudadanía ante problemas que afectan a servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por último, Facua ha recomendado a los usuarios a no resignarse ante la falta de información o la pérdida de citas y les ha animado a reclamar, organizarse y trasladar sus casos para que puedan convertirse en “una exigencia colectiva de mejora del sistema sanitario público”.redac

Facua Córdoba ha denunciado a través de un comunicado el estado en el que se encuentra actualmente un parque infantil en el barrio de Fátima de la capital cordobesa, más concretamente en la calle Historiador Jaén Morente, tras la retirada de los juegos que había instalados. Esta actuación ha dejado al descubierto varios agujeros de gran tamaño en la zona de arena. “La asociación ha aportado al Ayuntamiento de Córdoba material fotográfico en el que se muestran algunos de estos huecos de un metro por un metro, que además presentan una profundidad considerable, lo que supone un riesgo evidente de caídas y lesiones para los niños y niñas que acceden al recinto para jugar”, explica en el escrito.

Pese a encontrarse en esta situación, “el parque permanece abierto al público, sin ningún tipo de vallado que impida el acceso ni señalización que advierta del peligro. Tampoco se ha instalado cartelería informativa que indique si se trata de una actuación temporal o cuándo está prevista su reparación”. Por tanto, Facua Córdoba considera “especialmente grave” que un espacio al juego infantil se encuentre “en estas condiciones”, ya que los menores pueden no percibir el riesgo de los agujeros. “Es un parque infantil convertido en una trampa”, reza en el titular.

Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba una intervención urgente que garantice la seguridad del recinto, ya sea mediante el cierre provisional del parque, el vallado de las zonas afectadas o la reparación inmediata del suelo.

La asociación ha denunciado “la falta de previsión y de medidas básicas de seguridad” por parte del Consistorio, calificando la situación como “una muestra de dejadez en el mantenimiento de los espacios públicos destinados a la infancia”. “Esta situación dista mucho de la que probablemente se produzca una vez esté arreglado, ya que el Ayuntamiento no suele perder la oportunidad de compartir las fotografías de rigor para anunciar su intervención”.

Facua Córdoba ha recordado, además, que la responsabilidad de conservación, mantenimiento y seguridad de los espacios públicos municipales corresponde al Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la normativa general en materia de seguridad de instalaciones de uso público y responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Por todo ello, ha advertido de que mantener abierto un parque en estas condiciones es “una irresponsabilidad grave” y que, si no se actúa de inmediato, “cualquier accidente que pueda producirse será consecuencia directa de la negligencia del Ayuntamiento de Córdoba”.

Facua Córdoba denuncia la falta de taxis adaptados en Córdoba y califica de insostenible una situación que ya se ha convertido en un problema estructural que afecta de manera directa y de forma habitual a las personas con movilidad reducida.

A modo de ejemplo, un usuario solicitó la noche de este domingo 3 de mayo, sobre las 21.00, un servicio adaptado. Como respuesta recibió que sólo había un único vehículo disponible para toda la ciudad, por lo que desconocían el tiempo que tendría que esperar al encontrarse ocupado en ese momento.

Facua Córdoba considera que, la existencia de un único vehículo operativo equivale, en la práctica, a la inexistencia del servicio. Por ello, subraya que dicha situación limita gravemente la autonomía personal y dificulta el acceso en igualdad de condiciones a un servicio básico como el transporte público.

La asociación ha trasladado esta problemática al Ayuntamiento de Córdoba en múltiples ocasiones, sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución eficaz. De hecho, en julio de 2025 solicitó formalmente que se garantizara la disponibilidad de al menos tres taxis adaptados en horario nocturno (de 20:00 a 07:00 horas) durante todo el año, una petición que sigue sin respuesta.

A esta situación se suma la contradicción de que el propio consistorio cordobés convoque cada año subvenciones públicas para el sector del taxi por importe de 244.000 euros, como así ha sido para el año 2024 y también para el 2025 destinadas a fomentar los eurotaxis, con dos líneas: ayudas de hasta 10.000 euros para la adaptación de vehículos y otra para gastos de adquisición de vehículos ya adaptados, con una cuantía máxima de 20.000 euros. “Resulta incoherente que se financie con dinero público la accesibilidad y no se garantice después la prestación real y efectiva del servicio”, critica la asociación de consumidores.

Desde un punto de vista legal, Facua Córdoba advierte de que esta situación podría suponer un incumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013 y de la Ley 8/2017 de Andalucía, que obligan a garantizar la accesibilidad universal, así como una posible vulneración del derecho a la igualdad reconocido en la Constitución Española de 1978.

Por todo ello, la asociación ha exigido al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes y estructurales para aumentar el número de taxis adaptados, garantizar tiempos de respuesta razonables y asegurar un servicio continuo y accesible.

Asimismo, no descarta trasladar la situación a la Fiscalía si no se actúa con rapidez. En este sentido, advierte de que los hechos podrían ser analizados a la luz del artículo 512 del Código Penal, relativo a la denegación de prestaciones por razón de discapacidad en servicios de interés público, así como por una posible situación de discriminación indirecta derivada de la falta de medios efectivos. “No es una reclamación puntual, es una vulneración sostenida en el tiempo que requiere una solución inmediata”, concluye Facua Córdoba.

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante la Cámara de Cuentas de Andalucía por “el mantenimiento del cobro de la tasa municipal prevista para la celebración de matrimonios civiles en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pese a que dichas ceremonias no se celebran finalmente en ese enclave”.

En una nota, la organización de consumidores ha explicado que “según la información trasladada por el propio Ayuntamiento, en diversos casos las ceremonias inicialmente previstas en el Alcázar han sido trasladadas unilateralmente a otros espacios, como el Palacio de Orive o incluso dependencias de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía situadas en Capitulares, manteniéndose íntegramente el importe de la tasa correspondiente al Alcázar”.

En su escrito, Facua solicita que “la Cámara de Cuentas valore la adecuación a derecho del cobro de la tasa cuando la boda no se celebra en el enclave previsto en la ordenanza que la regula, la existencia de cobertura normativa suficiente del ingreso exigido, la posible aplicación generalizada de este criterio en otros expedientes y, en su caso, la procedencia de actuaciones dentro de sus competencias de fiscalización”.

La asociación considera que “esta práctica podría carecer de cobertura normativa suficiente, ya que la Ordenanza Fiscal número 115 establece expresamente como hecho imponible gravado la celebración de matrimonios civiles en dos ubicaciones concretas: el Alcázar de los Reyes Cristianos (cien euros) y el edificio municipal de Capitulares (50 euros)”.

Sin embargo, agrega que “la ordenanza no contempla otros espacios alternativos distintos, lo que podría suponer una alteración de los elementos esenciales del hecho imponible definidos en la normativa tributaria municipal y, mucho menos, en edificios de la Junta de Andalucía”.

Según la documentación remitida a Facua por el Consejo Económico-Administrativo municipal, “se justifica el mantenimiento del cobro en la existencia de gastos organizativos asociados al evento --flores, música o personal de protocolo--, sin identificar preceptos concretos de la Ordenanza Fiscal nº115 que permitan exigir la tasa fuera del supuesto expresamente previsto”.

La asociación recuerda que, “conforme al artículo 8 de la Ley General Tributaria y al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos sólo pueden exigirse cuando el hecho imponible esté claramente definido en la correspondiente ordenanza fiscal”.

“Posible afectación a la ciudadanía”

Así, Facua ha solicitado a la Cámara de Cuentas de Andalucía que “analice si este criterio administrativo podría haberse aplicado también en otros expedientes similares, con posible incidencia general sobre los derechos económicos de la ciudadanía”.

Además, considera “especialmente relevante verificar la legalidad del mantenimiento del cobro en supuestos en los que la ceremonia ha sido trasladada a espacios ajenos al patrimonio municipal”.

Igualmente, la asociación señala que plantea dicha iniciativa “en defensa del principio de legalidad tributaria y de los derechos económicos de la ciudadanía, habiéndose dado traslado también de estos hechos a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento y a la Intervención General del Consistorio”.

Facua Córdoba le ha trasladado formalmente a Renfe su preocupación ante el deterioro sostenido que viene registrando en los últimos meses el servicio ferroviario Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba, tras constatar la reiteración de cancelaciones, retrasos significativos y deficiencias en la información facilitada a los viajeros.

Según la información recopilada por la asociación a través de usuarios recurrentes de esta línea, las incidencias se están produciendo de forma continuada y están afectando en ambos sentidos a desplazamientos laborales, profesionales y personales de carácter cotidiano, generando perjuicios económicos y organizativos relevantes para numerosos trabajadores.

FACUA Córdoba señala especialmente la insuficiencia de los sistemas de información al viajero, al producirse en numerosas ocasiones avisos tardíos sobre cancelaciones o modificaciones del servicio, incluso cuando los usuarios ya se encuentran en la estación o después de la hora prevista de salida del tren, sin que se ofrezcan alternativas eficaces de transporte.

El servicio Avant entre Córdoba y Sevilla en ambos sentidos, constituye una conexión estratégica para la movilidad interurbana diaria entre ambas ciudades, utilizada por un elevado número de trabajadores desde hace años. Por este motivo, la degradación actual del servicio está generando un impacto directo en la organización de la vida laboral y personal de quienes dependen de esta conexión ferroviaria.

Aunque la asociación reconoce que ha habido incidencias extraordinarias recientes (episodios meteorológicos adversos) que han podido provocar alteraciones puntuales en la prestación del servicio, considera que la persistencia de cancelaciones y retrasos evidencia problemas estructurales que requieren soluciones urgentes.

El Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos y obligaciones de las personas viajeras de ferrocarril establece la obligación de las empresas ferroviarias de ofrecer información adecuada, asistencia en caso de incidencias y, cuando proceda, transporte alternativo en situaciones de interrupción del servicio, así como compensaciones por retrasos reiterados o cancelaciones.

Por ello, FACUA Córdoba ha solicitado a Renfe la adopción inmediata de medidas para restablecer la puntualidad y fiabilidad del servicio, la mejora urgente de los sistemas de información al viajero, la implantación de alternativas eficaces de transporte en caso de incidencias, la comunicación transparente de las causas de los problemas registrados y la valoración de medidas compensatorias específicas para los usuarios afectados.

Igualmente, la asociación ha pedido información expresa sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo para garantizar la adecuada prestación del servicio, trasladando también esta situación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como autoridades competentes en materia de supervisión del sistema ferroviario.

Por último, FACUA Córdoba ha mostrado su disposición a mantener reuniones técnicas con las entidades implicadas para contribuir a la mejora del servicio ferroviario y garantizar una movilidad fiable, segura y acorde con los derechos de los usuarios de esta línea.

Facua Córdoba ha denunciado a través de una nota de prensa “los retrasos reiterados del Ayuntamiento de Córdoba en la tramitación de solicitudes de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, una situación que podría estar afectando a numerosas familias de la capital”.

La asociación advierte de que hay varios casos documentados donde constan solicitudes de empadronamiento presentadas en julio de 2025, habiendo transcurrido sobradamente el plazo máximo legal de tres meses sin que se haya dictado resolución expresa ni se haya emitido el correspondiente certificado de empadronamiento.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla dentro del plazo legalmente establecido.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 24 de la citada Ley 39/2015, la falta de resolución dentro del plazo legal implica que las solicitudes deben entenderse estimadas por silencio administrativo positivo, salvo excepciones que no concurren en este tipo de procedimientos. “Sin embargo, la ausencia de emisión de certificados acreditativos está generando importantes perjuicios administrativos a los afectados”, reiteran.

Facua Córdoba asegura que dicha situación impide acreditar el domicilio habitual ante otras administraciones públicas, lo que puede afectar al acceso a servicios esenciales como la escolarización, la atención sanitaria, los servicios sociales, las ayudas públicas y otros trámites administrativos básicos.

La asociación recuerda que el empadronamiento constituye un derecho y una obligación legal conforme a los artículos 15 y 17 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como al artículo 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (Real Decreto 1690/1986), que establecen la obligación municipal de mantener actualizado el padrón y tramitar las inscripciones de las personas residentes en el municipio. Por ello, los retrasos en su tramitación suponen un obstáculo injustificado para el ejercicio efectivo de derechos básicos de la ciudadanía.

Ante esta situación, Facua Córdoba ha solicitado al Ayuntamiento de la capital cordobesa la emisión inmediata de los certificados correspondientes a las solicitudes estimadas por silencio administrativo positivo, así como la regularización urgente de los expedientes pendientes, la adopción de medidas organizativas que garanticen el cumplimiento de los plazos legales y la puesta en marcha de mecanismos que eviten que esta situación continúe afectando a más vecinos y vecinas de la ciudad.

Facua Córdoba ha informado a las parejas que tenían prevista la celebración de su matrimonio civil en el Alcázar de los Reyes Cristianos y que han sido recientemente informadas por el Ayuntamiento de Córdoba del traslado de la ceremonia a otro espacio municipal podrían tener derecho a reclamar la devolución total o parcial de la tasa abonada.

Según la comunicación remitida por el Consistorio cordobés, esta decisión se debe a los contratiempos derivados de las intensas lluvias registradas durante los meses de enero y febrero, coincidentes con las obras de restauración que se están llevando a cabo en el recinto. Como consecuencia de esta situación, se ha decidido suspender temporalmente la celebración de actos en el Alcázar de los Reyes Cristianos, incluyendo los matrimonios civiles.

En la citada comunicación municipal se ha informado a las parejas afectadas de que sus ceremonias serán trasladadas al Salón de Actos del Palacio de Orive, situado en Plaza de Orive, 2 de la capital cordobesa.

La celebración de matrimonios civiles en el Alcázar de los Reyes Cristianos está sujeta al pago una tasa municipal por la prestación del servicio cuyo importe es de 100 euros. Sin embargo, el nuevo espacio propuesto para la celebración de estas ceremonias no cuenta con una tasa municipal específica aprobada para ello.

Facua Córdoba ha avisado de que, por este motivo, y ante la falta de información por parte del consistorio, las parejas afectadas podrían tener derecho a solicitar la devolución total o parcial de la cantidad abonada, al haberse modificado de manera unilateral y por analogía tanto el lugar de celebración como las condiciones administrativas asociadas al mismo.

La asociación recomienda a los afectados que presenten al Ayuntamiento de Córdoba la correspondiente solicitud de devolución de la tasa abonada si consideran que procede. Asimismo, la organización realizará un seguimiento de esta situación para garantizar que estas parejas dispongan de la información necesaria y puedan ejercer sus derechos con total transparencia.

FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dirección General de Igualdad de la Junta de Andalucía contra la discoteca Cariño de la capital por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro.

La asociación ha advertido de que la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes 13 de febrero no responde a criterios objetivos ni justificados, sino a una estrategia comercial basada en estereotipos de género que sitúan a la mujer como elemento de atracción, “objeto de reclamo” para el consumo masculino. Un modelo que perpetúa una visión cosificadora y discriminatoria, incompatible con el marco jurídico vigente en materia de igualdad.

En su denuncia, Facua Córdoba ha señalado que la discoteca Cariño estaría vulnerando la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe expresamente la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que garantiza la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Asimismo, esta campaña podría incurrir en publicidad ilícita conforme a la Ley General de Publicidad, al promover mensajes que fomentan la desigualdad y la cosificación de la mujer.

La asociación ha instado por tanto a las autoridades competentes a investigar estos hechos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. “No se puede normalizar que en pleno siglo XXI se sigan aplicando estrategias comerciales basadas en la discriminación de género y en la utilización de la imagen de la mujer como mero reclamo publicitario”, señala la organización de consumidores.

Por último, FACUA Córdoba ha reaformado su compromiso con la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que vulnere los derechos fundamentales y la normativa en materia de igualdad y consumo.

Facua Córdoba ha denunciado ante la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital el grave deterioro que presentan numerosas calzadas de la vía pública en distintos barrios de la ciudad, con la existencia de socavones, hundimientos y agujeros de grandes dimensiones que suponen un riesgo manifiesto para la seguridad vial.

La asociación ha podido constatar deficiencias evidentes en diferentes zonas de la capital, entre ellas el distrito Huerta de la Reina, con incidencias en calles como Joaquín Sama Naharro, Colombia o Goya; el barrio de Fátima, en vías como Nuestra Señora de la Merced, Doctor Nevado del Rey o Escritor Hoyos Noriega; así como el entorno del barrio de Levante-Lepanto, especialmente en arterias de alta densidad de tráfico como la Avenida de Barcelona o calles como Tras la Puerta.

Según Facua Córdoba, el estado actual de estas calzadas dificulta la circulación y pone en peligro tanto a vehículos privados como a servicios públicos, además de suponer un incumplimiento de las obligaciones legales de conservación y mantenimiento de las vías públicas que corresponden al Ayuntamiento de Córdoba como titular de las mismas, conforme a la normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial.

La denuncia presentada va acompañada de documentación gráfica que acredita el mal estado del pavimento y el riesgo objetivo de accidentes de tráfico y daños materiales, así como posibles perjuicios a la integridad física de las personas usuarias de la vía. Destacar que el mal estado de las calzadas nada tiene que ver con las lluvias caídas en las últimas semanas, ya que estos socavones, hundimientos y agujeros llevan meses y, en algunos casos, incluso años.

Medidas urgentes de reparación

Facua ha solicitado al Ayuntamiento la adopción urgente de medidas de reparación y acondicionamiento de las calzadas afectadas, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y evitar el agravamiento progresivo del deterioro, todo ello conforme al ordenamiento jurídico vigente, en particular, resulta de aplicación el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico.

Asimismo, la asociación ha advertido expresamente que la inactividad administrativa, una vez puesta en conocimiento esta situación, podría dar lugar al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Córdoba por los daños y perjuicios que pudieran producirse como consecuencia del deficiente estado de conservación de las vías públicas denunciadas.

Facua Córdoba recuerda que el mantenimiento adecuado del viario urbano no solo es una obligación legal, sino una exigencia básica de buena administración, vinculada a la protección de los intereses generales y a la seguridad de la ciudadanía.

Facua Córdoba ha mostrado su preocupación, a través de una nota de prensa, ante la reciente puesta en marcha de la segunda fase de la Estrategia de Distritos Sostenibles (EDS) anunciada por la Empresa Municipal de Saneamiento de Córdoba (Sadeco), una iniciativa que incluye inspecciones para verificar el cumplimiento de la ordenanza de higiene urbana.

Si bien la asociación valora las iniciativas de limpieza y la coordinación con los representantes de cada distrito, “los problemas de fondo persisten”. “Los contenedores actuales no tienen capacidad suficiente para el volumen de residuos generado y, además, en algunas zonas faltan contenedores, una situación que lleva denunciando desde hace meses”, aseguran.

Esta insuficiencia provoca que, en muchos casos, las bolsas se acumulen fuera de los contenedores, “dando la impresión de que la ciudadanía hace un mal uso de los mismos. Si bien el mal uso de los contenedores debe corregirse, no puede desligarse de un sistema de recogida y de infraestructuras que sean adecuadas y suficientes”, exponen.

Facua Córdoba defiende que la limpieza de la ciudad es una responsabilidad compartida: la ciudadanía debe usar correctamente los contenedores, pero las administraciones deben garantizar contenedores suficientes, con capacidad adecuada y ubicados en los lugares donde más se necesitan.

Por ello, la asociación reclama un estudio urgente de capacidad y distribución de contenedores por zonas, así como la instalación de contenedores adicionales allí donde son insuficientes. También pide la renovación de aquellos que presentan problemas de diseño o saturación frecuente, todo ello acompañado de campañas de concienciación y medidas estructurales reales, no solo inspecciones y advertencias.

La organización de consumidores Facua ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Córdoba donde critica “las graves deficiencias de accesibilidad y neutralidad tecnológica de su sede electrónica, un bloqueo que está impidiendo a numerosos ciudadanos inscribirse en procesos selectivos de empleo público en condiciones de igualdad”.

“Según las quejas recibidas y posterior comprobación por parte de la asociación, la plataforma electrónica utilizada para la inscripción en los procesos de selección no es compatible con sistemas operativos basados en Linux, uno de los principales sistemas operativos libres y gratuitos del mercado”, han expuesto desde Facua en una nota.

Al respecto, han señalado que “en la práctica, esta circunstancia obliga a los aspirantes a adquirir y utilizar sistemas operativos privativos y de pago, generando una barrera económica y tecnológica injustificada para el acceso al empleo público”.

Así, han avisado de que “la situación resulta especialmente grave teniendo en cuenta que la inscripción en los procesos selectivos sólo puede realizarse por vía electrónica, disponiendo además los aspirantes de plazos limitados para presentar solicitudes y documentación”. “Todo ello provoca una desigualdad real entre aspirantes, vulnerando los principios constitucionales, así como el derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad”, han apostillado.

Facua ha recordado que “esta situación se produce tras una inversión del Consistorio de aproximadamente 365.000 euros, financiada parcialmente con fondos europeos, destinada a la renovación de la página web municipal, presentada públicamente en junio de 2024”.

“Lejos de mejorar la accesibilidad, la nueva web ha restringido el acceso a usuarios de sistemas operativos libres, circunstancia que se ve agravada por el reconocimiento expreso del propio Ayuntamiento de un cumplimiento sólo parcial del Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web del sector público, con hasta 15 incumplimientos declarados”, han apuntado.

Así, la asociación ha instado al Ayuntamiento a “adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar que ningún ciudadano se vea obligado a pagar por un sistema operativo para ejercer derechos básicos como el acceso a un proceso selectivo público”, entre otros aspectos destacados.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a la denuncia de Facua Córdoba indicando que renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja la decisión en manos de Cataluña, donde tiene su domicilio la firma que etiquetó fraudulentamente el producto, Pescados Videla SA.

La asociación denunció en noviembre de 2024 que el establecimiento Alcash ubicado en la capital cordobesa estaba vendiendo langostinos congelados de la marca Pescanova con las fechas de consumo preferente y número de lote manipulados. Tras comunicarlo al fabricante, la empresa indicó que un tercero había colocado una etiqueta en el envase que no se correspondía con la codificación original del producto, ya que incluso faltaba un dígito.

Sobre la producción real de la mariscada, Pescanova informó de que el lote origen de la denuncia de Facua Córdoba fue fabricado la semana 42 del año 2022. Así, aclaró que en este tipo de producto se otorgan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era del 18 de abril de 2024, y no del 18 de abril de 2025 que indicaba la etiqueta que tenía pegada el articulo puesto a la venta en Alcash. Así, Pescanova, explicó que se había otorgado un año más a la fecha de consumo preferente original de los langostinos.

Por todo ello, la asociación pidió a la Junta de Andalucía que abriese una investigación y valorase abrir un expediente sancionador no solo por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido, sino también por una clara falsificación del etiquetado de origen. Asimismo, instó a la administración a que ordenase la retirada de dicho producto y se informase por los canales públicos legales a los consumidores que hubiesen podido comprar este artículo para evitarles posibles perjuicios de salud.

Pescados Videla SA

En su resolución, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía informa a Facua Córdoba de que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada era la empresa Pescados Videla SA, ubicada en Cataluña. Tras requerirle información, el organismo de Salud catalán comunicó a su homónimo andaluz que la empresa remitió 1.000 estuches de estas mariscadas de marca Pescanova con las fechas de consumo preferente manipuladas.

Pescados Videla SA reconoció que se había producido un “reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente”, por lo que procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido.

La Junta de Andalucía concluye su resolución informando a Facua Córdoba de que “toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña”.