Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Iryo y Ouigo ante la Dirección General del Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ante la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por no ofrecer transporte alternativo a los usuarios afectados por la cancelación de sus trenes como consecuencia de la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo).

Al suspenderse la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía debido al accidente, todos los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo previstos para las próximas semanas han sido cancelados.

La asociación considera que las tres compañías deben garantizar los derechos de los pasajeros afectados por estas cancelaciones y adoptar las medidas necesarias para que puedan llegar a sus destinos.

Las compañías deben ofrecer transporte alternativo

El artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril establece que, cuando se produce una cancelación, los pasajeros tienen derecho a elegir entre el reembolso del billete o la continuación del viaje o la modificación del trayecto mediante un transporte alternativo en condiciones comparables (autobús, ferrocarril, taxis, VTC o coche de alquiler) y lo antes posible o en una fecha posterior que les convenga.

Por ello, Facua considera que la devolución del importe de los billetes no puede convertirse en la única solución ofrecida por las operadoras cuando los usuarios desean realizar el desplazamiento que tenían contratado. Renfe sí está ofreciendo a los afectados la posibilidad de llegar a destino mediante una alternativa de transporte, algo que no están haciendo Iryo y Ouigo. Estas dos compañías están vulnerando la legislación vigente al ofrecer únicamente el reembolso del dinero.

Reclamar el sobreprecio del transporte alternativo

Los usuarios que tuviesen billetes de tren con Iryo y Ouigo que tengan que buscarse por su cuenta un transporte alternativo en autobús, ferrocarril, taxi, VTC o coche de alquiler pueden reclamar a las compañías el sobreprecio que tengan que abonar.

Por todo ello, Facua reclama tanto al Ministerio de Consumo como al de Transportes que investiguen los hechos denunciados, determinen si Iryo y Ouigo están incumpliendo sus obligaciones como operadoras ferroviarias y, en tal caso, abran expedientes sancionadores a ambas compañías por vulnerar el reglamento europeo al no ofrecer transporte alternativo a los pasajeros afectados por las cancelaciones.

Los pasajeros no deben asumir las consecuencias de la falta de respuesta de ambas compañías por la interrupción del servicio, especialmente cuando se trata de desplazamientos que pueden resultar necesarios por motivos laborales, familiares o personales. Los afectados pueden acudir a la asociación para recibir información y asesoramiento sobre cómo reclamar a Iryo y Ouigo.

Facua Córdoba ha recibido este lunes la respuesta oficial de la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) sobre quién debe asumir el coste de las actuaciones para controlar la presencia de palomas en el Estadio Municipal Nuevo Arcángel. El informe, firmado por su director gerente, José Carlos Gómez Rodríguez, coincide con el criterio defendido por la asociación: las obligaciones contractuales de mantenimiento, conservación, limpieza e higiene del recinto corresponden a la adjudicataria, Unión Futbolística Cordobesa S.A.D. (Córdoba CF).

Sadeco sostiene, además, que las redes, los cerramientos y los demás elementos disuasorios permanentes contra las aves deben ser sufragados íntegramente por la concesionaria. La empresa municipal cifra en cero euros el coste ejecutado e imputado a SADECO por obras o captura de aves en el estadio.

Según el informe, la intervención de Sadeco se ha limitado a realizar visitas de inspección para identificar los puntos de posado y nidificación de las aves y recomendar medidas que impidan su acceso a determinadas zonas. La empresa municipal precisa que no ha realizado trabajos de captura o retirada de ejemplares, desinfección ordinaria ni instalación de barreras físicas en el estadio. Su labor se ha desarrollado en colaboración con el Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba (UCO), en el marco del diagnóstico técnico de la presencia de palomas.

Sadeco concluye que su intervención no debe sustituir las obligaciones contractuales de limpieza, conservación y financiación de infraestructuras que corresponden a la concesionaria.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) obliga a la concesionaria a mantener las construcciones e instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene durante toda la vigencia de la concesión. El propio pliego califica esta obligación como esencial y contempla penalidades por incumplimientos relacionados con la limpieza y la conservación.

Además, el apartado 23.f) establece que las obras nuevas y las mejoras permanentes que ejecute la concesionaria en el bien de dominio público no pueden generar costes para el Ayuntamiento de Córdoba.

Facua Córdoba considera que esta previsión debe tenerse en cuenta al determinar quién ha de financiar la instalación de redes y otros elementos disuasorios permanentes. A juicio de la asociación, estos gastos no deben trasladarse a las arcas públicas cuando correspondan a las obligaciones contractuales asumidas por la concesionaria.

FACUA cuestiona que el Ayuntamiento se aparte del control sanitario del estadio

El pasado 24 de julio, Facua Córdoba presentó una reclamación ante el Ayuntamiento por la presencia de excrementos de palomas en asientos, gradas, pasillos y otras zonas comunes del Nuevo Arcángel, y solicitó una inspección higiénico-sanitaria. La Unidad de Salud Pública respondió que carecía de competencias en materia de usos deportivos concesionados y trasladó el expediente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, como organismo municipal responsable del contrato de concesión demanial del estadio.

Facua Córdoba discrepa de este planteamiento y considera que la existencia de una concesión no exime al Ayuntamiento de ejercer las competencias sanitarias que legalmente le correspondan. En este sentido, la asociación invoca el artículo 11.3 de la Ordenanza municipal de Protección de la Salud Pública y Defensa de los Consumidores y Usuarios, que incluye entre las competencias municipales de control sanitario los edificios y lugares de convivencia humana, con referencia expresa a las áreas de actividad físico-deportiva y de recreo.

Asimismo, cita el artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, relativo a las competencias municipales en materia de promoción, defensa y protección de la salud pública, incluido el control sanitario de edificios, lugares de convivencia humana y centros de ocio y deporte. También recuerda la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en relación con la protección de las condiciones higiénico-sanitarias de locales, instalaciones y lugares públicos de uso colectivo.

Para FACUA Córdoba, el control sanitario y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales son cuestiones distintas, que deben abordarse desde sus respectivos ámbitos. La gestión del estadio mediante concesión no debe impedir que se comprueben las condiciones higiénicas de las instalaciones utilizadas por los aficionados.

Facua Córdoba valora que Sadeco haya aclarado por escrito el alcance de su intervención y haya respaldado el criterio de que las obligaciones contractuales de la concesionaria no deben ser sustituidas por financiación pública. La asociación reclama al Ayuntamiento que compruebe el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el pliego, determine las responsabilidades que correspondan y evite que la ciudadanía sufrague gastos que contractualmente deba asumir Unión Futbolística Cordobesa S.A.D.

Asimismo, pide que se garantice la adecuada limpieza e higiene de las instalaciones y que se ejerzan las competencias de inspección y control que correspondan para proteger a los aficionados.

Facua Córdoba ha registrado una solicitud de acceso a la información pública para conocer en qué condiciones autorizó el Ayuntamiento de Córdoba el desfile de la firma Silbon, celebrado el pasado 8 de octubre en el entorno del Puente Romano, la Ribera y el Arco del Triunfo, y qué medios municipales se destinaron al evento.

La asociación recibió quejas de ciudadanos debido a las restricciones de acceso y circulación en estas zonas. Además, personal de la organización comprobó directamente cómo esas limitaciones dificultaban el tránsito y el disfrute normal de unos espacios públicos de uso común.

Ante estos hechos, Facua Córdoba insta al ayuntamiento a aclarar a los cordobeses en qué condiciones se cedió un espacio público emblemático a un evento privado empresarial, a cambio de qué y con qué garantías para el patrimonio.

FACUA Córdoba exige transparencia

La asociación ha solicitado formalmente que se le facilite la documentación sobre los costes municipales del evento, incluidos los gastos de Policía Local, seguridad, control de accesos, limpieza, y montaje y desmontaje de instalaciones. También pide conocer las cantidades abonadas por la empresa organizadora y, en su caso, los motivos de cualquier exención, bonificación o no sujeción al pago de tasas, así como si el Ayuntamiento o sus empresas colaboraron o patrocinaron el desfile y de qué forma.

Asimismo, reclama copia de las autorizaciones concedidas y de los informes que las fundamentaron, incluidas la duración y el alcance de las restricciones, además de los informes y autorizaciones en materia de patrimonio histórico exigibles para actuar en un entorno protegido (Ley 14/2007) y el órgano que supervisó su cumplimiento.

Un entorno protegido

El Puente Romano y el Arco del Triunfo se encuentran en el entorno del Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio Mundial. Facua Córdoba quiere conocer las medidas previstas para proteger estos bienes ante la instalación entre otras, de estructuras, escenarios y vallados, y las condiciones impuestas a la organizadora.

La solicitud se ampara en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía. Toma como referencia la Ley 7/1999 y el Decreto 18/2006 sobre bienes de las entidades locales, la Ley 13/1999 y el Decreto 155/2018 sobre espectáculos públicos, según la calificación del evento, y la Ordenanza Fiscal nº 406 del Ayuntamiento de Córdoba, que contempla supuestos de no sujeción a la tasa cuando el Ayuntamiento organiza, colabora o patrocina una actividad.

La asociación recuerda la polémica en Sevilla por una gala privada en la plaza Virgen de los Reyes, junto a la Giralda, que finalmente ha dado lugar a actuaciones judiciales. Sin equiparar ambos casos ni prejuzgar la legalidad de lo ocurrido en la capital cordobesa, Facua Córdoba considera que ponen de relieve la importancia de la transparencia en las autorizaciones, el uso de recursos públicos y la protección del patrimonio.

La asociación insta al Ayuntamiento de Córdoba a responder en tiempo y forma. Si no lo hace en el plazo legal, acudirá al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para garantizar su derecho de acceso.

Facua Córdoba denuncia que el gobierno municipal del PP ha encarecido en torno a un 52% la tasa de basura en la capital desde 2023, con subidas sucesivas del 35%, el 10% y el 2,2% aprobado definitivamente para 2026. En determinados hogares, el recibo anual ha pasado de algo menos de 100 euros a unos 156, lo que supone un incremento considerable para las economías familiares sin que se haya percibido una mejora equivalente en la limpieza urbana. La asociación aclara que el aumento acumulado se debe a que cada subida se aplica sobre la tarifa resultante del incremento anterior, y no a la suma directa de los tres porcentajes.

Facua Córdoba reclama al Ayuntamiento que detalle los motivos económicos que justifican estas subidas y el destino de los ingresos adicionales. Asimismo, exige a Sadeco un balance de las actuaciones anunciadas y ejecutadas, con información sobre los barrios afectados, los plazos, las frecuencias de limpieza y recogida, y los resultados obtenidos.

La asociación lleva meses denunciando la acumulación de basura, los malos olores y la falta de limpieza en distintos barrios, situaciones que generan molestias y problemas de salubridad para los vecinos. Aunque considera necesarias las medidas anunciadas por Sadeco, los resultados deben verse en la calle, con una retirada regular de residuos, contenedores en buen estado y espacios públicos limpios.

Por otra parte, Facua Córdoba recuerda que las tasas deben contar con la correspondiente justificación económica y ajustarse a la normativa aplicable. En particular, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la tasa o prestación específica vinculada a la gestión de los residuos debe reflejar su coste real, en los términos previstos por la propia ley.

Tras un incremento acumulado de alrededor del 52% desde 2023, Facua Córdoba considera que el consistorio cordobés no puede limitarse a aprobar nuevas tarifas. De este modo, debe garantizar una prestación adecuada y corregir las deficiencias del servicio. Para ello, reclama que el mayor esfuerzo económico exigido a los hogares se corresponda con mejoras efectivas y comprobables en la recogida de residuos y la limpieza viaria.

FACUA Córdoba lleva tiempo denunciando las deficiencias del servicio

En septiembre de 2025, FACUA Córdoba cuestionó las declaraciones de la entonces presidenta de Sadeco sobre la excelencia del servicio de limpieza, al considerar que esa valoración no se correspondía con los problemas denunciados por la ciudadanía.

En junio de 2026, la asociación volvió a alertar del deterioro de la limpieza urbana, la acumulación de residuos junto a los contenedores, los malos olores y la proliferación de ratas. Ante esta situación, reclamó medidas extraordinarias para reforzar la limpieza, mejorar la recogida de residuos y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad en los espacios públicos.

A estas denuncias se suman las dificultades comunicadas por vecinos para utilizar determinados contenedores. Las actuaciones anunciadas por Sadeco en los últimos meses, entre ellas la prueba de nuevas tapas en 174 contenedores y las medidas para reforzar la limpieza viaria, se producen en un contexto de quejas vecinales y denuncias públicas de FACUA Córdoba sobre el funcionamiento del servicio.

La asociación considera que estas actuaciones son necesarias para corregir los problemas existentes y que su anuncio no constituye, por sí solo, una mejora efectiva, ya que los resultados deben apreciarse en las calles.

Tras un encarecimiento acumulado de alrededor del 52% de la tasa de basura desde 2023, FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento que demuestre, con resultados verificables, que las sucesivas subidas se traducen en una recogida eficaz de los residuos y una limpieza viaria adecuada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos que aportan y a exigir un servicio público que responda a sus necesidades.

Facua Córdoba ha cuestionado, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, los criterios que está aplicando el Ayuntamiento de Córdoba para conceder reservas de estacionamiento de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Lo hace después de que varios afectados hayan recibido resoluciones desfavorables en las que el Consistorio justifica la denegación de sus solicitudes en la necesidad de ordenar este tipo de estacionamientos ante el incremento de peticiones y la limitada oferta de aparcamiento en la vía pública.

En las resoluciones notificadas, el Departamento de Movilidad rechaza conceder las plazas exclusivas solicitadas y plantea como alternativa instalar plazas genéricas para movilidad reducida en las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas. Sin embargo, no concreta la ubicación de estas plazas ni la distancia a la que se encontrarán de las viviendas, por lo que se desconoce si estarán a cinco, diez o cincuenta metros, o incluso en otra calle de la zona. Facua Córdoba considera que esta información es relevante para poder valorar si la alternativa ofrecida responde adecuadamente a las necesidades de accesibilidad de cada persona solicitante.

Por otro lado, la asociación no ha cuestionado que el Ayuntamiento deba ordenar el uso del espacio público y compatibilizar los distintos usos de la vía. Sin embargo, ha apuntado que la limitación de plazas disponibles no debería sustituir la valoración de las necesidades particulares de accesibilidad de cada solicitante ni justificar, por sí sola, una respuesta que no explique por qué la alternativa ofrecida resulta adecuada en cada caso.

Más transparencia sobre los criterios municipales

Facua Córdoba considera necesario que el Ayuntamiento aclare si ha modificado su política de concesión de estas reservas, desde cuándo aplica el cambio y qué razones justifican que unas solicitudes se autoricen y otras se denieguen.

La asociación recuerda que el artículo 97.1.a de la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento otorgue reservas específicas de estacionamiento a personas con movilidad reducida. La asociación es consciente de que el término “podrá” no reconoce un derecho automático a obtener una plaza exclusiva, pero considera necesario conocer cómo ejerce el Consistorio esa facultad y qué circunstancias tiene en cuenta para resolver cada petición.

Asimismo, ha añadido que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en sus artículos 22 y 23, el derecho a la accesibilidad universal y establece la obligación de garantizar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Este marco debe tenerse presente al valorar las medidas municipales que afectan a la movilidad y al acceso al entorno urbano de las personas con discapacidad.

Dudas sobre el acceso al procedimiento municipal

Facua Córdoba ha explicado que también es relevante que la web municipal mantenga publicada la ficha informativa del procedimiento denominado “Solicitud de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida”, destinado a solicitar una plaza de uso exclusivo próxima a la residencia habitual y en el que se detallan los requisitos y la documentación necesaria.

No obstante, al intentar acceder a la página de la sede electrónica el 14 de octubre de 2026, la asociación ha comprobado que aparece un mensaje de “Acceso denegado”, por lo que no ha podido verificar si actualmente es posible tramitar estas solicitudes por esa vía.

La asociación considera necesario que el Ayuntamiento aclare la situación del procedimiento y los canales habilitados para presentar estas peticiones, así como los criterios que aplica para resolverlas.

Facua Córdoba también ha instado a comprobar que las plazas genéricas anunciadas para las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas se instalan efectivamente y que su ubicación y características responden a sus necesidades de accesibilidad.

La asociación continuará defendiendo que las políticas municipales de movilidad y accesibilidad deben atender a las necesidades reales de las personas con movilidad reducida, con criterios claros, transparentes y debidamente justificados. Por ello, ha reclamado que las resoluciones estén suficientemente motivadas y expliquen por qué la solución alternativa propuesta responde a las circunstancias concretas de la persona afectada.

FACUA Córdoba ha conseguido que la financiera Kviku Spain, S.L. anule el préstamo de 200 euros que solicitó un socio al que le aplicaron una TAE (Tasa Anual Equivalente) del 6.680,56 % y por el que tenía que pagar 451 euros de intereses.

Álvaro. S. A., vecino de Córdoba capital, solicitó en julio de 2026 un préstamo rápido a través de internet en la web de Kvike. Tras recibir el contrato en su correo electrónico comprobó que la operación establecía una TAE del 6.680,56 %, una cifra extraordinariamente elevada para una operación de crédito de tan reducida cuantía.

Según recogía el documento, devolvería el dinero en ocho cuotas de 81,37 euros, lo que hacía un importe total de 650,96 euros. Es decir, cuando terminase de abonar las cuotas habría pagado más del triple del importe que había solicitado. Álvaro, consciente de que esas condiciones no eran normales, decidió acudir a Facua Córdoba y hacerse socio para recibir información y asesoramiento sobre cómo proceder.

Cuando el afectado acudió a la asociación ya había abonado cuatro de los ocho pagos previstos en el contrato. Hasta la fecha había pagado ya 325,48 euros pese a que el préstamo que recibió en su día era de sólo 200 euros. Llevaba ya pagados 125,48 euros más del capital recibido. El equipo jurídico de Facua Córdoba presentó una reclamación a Kviku donde le advertía que el interés aplicado no solo era desorbitado, sino que multiplicaba por cientos el tipo medio del dinero aplicable a operaciones de crédito al consumo en el mercado financiero en la fecha de la contratación.

Asimismo, pedía la nulidad del mismo por el carácter usuario del préstamo, tal y como recoge el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura. La financiera, a juicio de la asociación, había infringido todos los controles de transparencia e incorporación, ya que el contrato fue comercializado de forma puramente online con unas condiciones generales de la contratación pre redactadas e impuestas por la entidad, sin posibilidad alguna de negociación.

De este modo, no se cumplieron los deberes de información previa, claridad y transparencia exigidos por la Directiva 93/13/CEE y Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ocultando el impacto real del préstamo mediante la técnica de fraccionar el coste en plazos, impidiendo un consentimiento libre, formado y consciente.

La financiera acepta la nulidad

En su respuesta, Kviku aceptó la nulidad del contrato objeto de la reclamación y dejó sin efecto los intereses aplicados o devengados. Del mismo modo, reconoció que la liquidación de la operación debe limitarse exclusivamente al capital prestado y acordó reembolsar a Álvaro 163,48 euros de los intereses que ha había abonado. El socio de Facua Córdoba ya ha recuperado su dinero y el préstamo solicitado ha quedado sin efecto.

Facua Córdoba recuerda que el hecho de que se trate de créditos de pequeña cuantía y con plazo de devolución muy breve no debe impedir que el consumidor pueda conocer de forma clara cuál es el coste real de la financiación que está contratando.

Facua Córdoba ha presentado alegaciones contra la propuesta de subida lineal del 4% de las tarifas del taxi para 2027 al considerar que la memoria económica presentada por la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) no justifica “suficientemente que este incremento responda a una evolución real y acreditada de los costes de prestación del servicio”.

En una nota remitida a los medios de comunicación, la asociación ha cuestionado especialmente los 654.210 euros anuales incluidos en concepto de emisora y otros servicios (628.615 euros) y gestoría (25.595 euros), al considerar que no se acredita que estos gastos sean costes necesarios y directamente vinculados al servicio que deban ser repercutidos a todos los usuarios.

Facua Córdoba ha recordado que el Decreto 365/2009 exige que los costes incluidos en las tarifas guarden una relación acreditada y directa con el servicio, mientras que la normativa de desindexación obliga a justificar las revisiones tarifarías atendiendo a los costes específicos, la eficiencia económica y la buena gestión empresarial.

La asociación también ha puesto en duda la inclusión de 1.254 euros por vehículo en concepto de “imprevistos y otras reparaciones”, al tratarse de una partida genérica cuya realidad, composición y cuantificación no quedan suficientemente acreditadas.

Además, la memoria incluye dentro de otros gastos una partida de 400 euros por vehículo destinada, entre otros conceptos, a “entrada a cocheras”, “sin que se acredite que la totalidad de los vehículos soporte este gasto ni su necesidad como coste directamente imputable a la prestación del servicio”.

Facua Córdoba cuestiona que los usuarios financien las licencias

Asimismo, Facua Córdoba ha reclamado revisar los 5.027,77 euros de gastos financieros incluidos en la memoria, ya que una parte de estos costes “corresponde a la financiación de la adquisición de la licencia, tanto en aquellos casos en los que el titular haya recurrido a financiación para adquirirla como en los que no exista actualmente dicha financiación”.

Según la propia memoria económica, se contempla una inversión de 125.000 euros por la licencia, cuyo 50% se incluye en la inversión financiada utilizada para calcular los gastos financieros.

Facua Córdoba considera que la adquisición de una licencia constituye una inversión patrimonial del titular de la actividad y no un coste generado directamente por la prestación del servicio, por lo que no puede trasladarse automáticamente a los usuarios el coste financiero de dicha inversión.

La asociación ha destacado además que la propia memoria no contempla amortización de la licencia, al considerar que mantiene un valor residual equivalente a su coste de adquisición. Para Facua Córdoba, resulta especialmente cuestionable que se pretenda repercutir mediante las tarifas el coste financiero de un activo que, según la propia memoria, conserva su valor económico y puede ser posteriormente transmitido por su titular.

Por ello, ha reclamado que se desglose esta partida y se excluya la parte correspondiente a la financiación de la licencia si no se acredita su relación directa y necesaria con la prestación efectiva del servicio.

Inversiones, posibles duplicidades y ayudas públicas

Facua Córdoba ha denunciado también posibles duplicidades en los costes de telefonía y cuestiona los 3.950 euros por vehículo previstos para inversiones y equipamientos, cuyos conceptos no aparecen suficientemente individualizados.

La asociación ha reclamado que se acredite qué inversiones se han realizado realmente, en qué vehículos, cuándo se efectuaron, cuál es su vida útil y qué parte de su coste corresponde al periodo objeto de revisión, evitando que inversiones ya realizadas o amortizadas vuelvan a repercutirse a través de las tarifas.

Además, Facua Córdoba considera necesario descontar las ayudas públicas recibidas para determinados equipamientos antes de trasladar cualquier coste a los usuarios. La asociación ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba contempla ayudas para elementos como taxímetros, emisoras, módulos luminosos, videocámaras y GPS.

La composición de la flota también debe reflejarse en los costes

Facua Córdoba ha reclamado que la memoria tenga en cuenta la composición actual de la flota, formada por 99 vehículos de combustible tradicional, 369 híbridos y 41 eléctricos, y que diferencie los costes energéticos reales de cada tecnología.

La asociación considera insuficiente la referencia genérica de la memoria a que los vehículos híbridos suponen “menos combustible, mayor inversión” y reclama que se detallen consumos, precios energéticos, kilometraje y costes efectivos.

Asimismo, ha recordado que deben valorarse los factores de compensación de costes y los incrementos de productividad, por lo que la mayor eficiencia de la flota también debe tenerse en cuenta al determinar la necesidad de una revisión tarifaria.

Facua Córdoba reitera sus objeciones a determinados suplementos

La organización mantiene igualmente sus objeciones a determinados suplementos y tarifas diferenciadas, entre ellos los relativos a maletas, bultos y mascotas, retorno, usuarios adicionales, tarifas fijas y la aplicación de tarifas superiores en determinados días laborables. Desde el departamento jurídico de FACUA Córdoba han asegurado que “no se puede partir de una subida lineal del 4% y construir después una memoria para justificarla”.

“La tarifa debe responder a los costes reales, acreditados y directamente relacionados con la prestación del servicio, teniendo además en cuenta la eficiencia y los factores que hayan permitido reducir o compensar costes. No puede convertirse en un mecanismo para trasladar automáticamente a los usuarios cualquier gasto o inversión del titular de la licencia”, añade.

Facua Córdoba ha solicitado al Ayuntamiento que no apruebe la propuesta de Autacor en los términos planteados y revise de forma rigurosa la estructura de costes antes de autorizar cualquier incremento tarifario.

La organización en defensa de los consumidores y usuarios Facua Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que revise la concesión del servicio de comedor escolar a Mediterránea de Catering tras tener conocimiento de nuevas irregularidades en menús servidos en tres centros educativos de la provincia de Córdoba.

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha asegurado que “ha abierto expediente informativo a la empresa con objeto de recabar información de lo sucedido y determinar las medidas correctoras a implementar y si procede aplicar penalizaciones, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación del servicio”.

La federación considera que la gravedad de los hechos van más allá de que se haya producido un mal servicio de manera puntual, ya que son constantes las quejas de padres y madres de diferentes colegios de toda la región por los menús que Mediterránea de Catering sirve a sus hijos e hijas.

Irregularidades sin solventar

Facua Andalucía ya denunció en septiembre de 2025 a esta empresa por servir comida «aparentemente en mal estado» que «olía mal» en el CEIP La Motilla, en Dos Hermanas. En este caso, un niño incluso tuvo que acudir a Urgencias al presentar una reacción alérgica en la zona bucal tras salir del comedor.

La federación recuerda que los problemas con Mediterránea de Catering llevan siendo denunciados por los padres y madres de distintos centros desde hace muchos meses, tanto por la baja calidad de la comida como por las cantidades insuficientes que se sirven. Exiguas cantidades que se siguen repitiendo con la entrada del nuevo curso escolar, tal y como ha ocurrido ahora en colegios cordobeses.

En este sentido, la propia Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica andaluza reconoció a FACUA Andalucía que detectó «no conformidades» en los menús escolares. Tras las inspecciones realizadas, señaló que había cantidades insuficientes de alimentos, con reducciones de hasta un 32% con respecto a lo requerido, tamaño inadecuado de las raciones servidas o problemas en el control efectivo del tamaño de las porciones.

Las nuevas incidencias ocurridas en los menús servidos en tres colegios de Córdoba se suman al cúmulo de quejas e irregularidades que ya acumula Mediterránea de Catering en los últimos años.

Por todo ello, la federación incide en la necesidad de que Salud Pública tome las medidas que sean oportunas de forma urgente para solucionar las graves y potencialmente peligrosas deficiencias que está sufriendo el servicio de comedor de esta empresa, a fin de que los menores de los centros escolares afectados puedan hacer uso de dicho servicio en condiciones de normalidad y seguridad.

Resulta especialmente grave que la empresa ya fuera objeto de una inspección por parte de las autoridades andaluzas sin que, aparentemente, haya servido para poner fin a las irregularidades. Por ello, Facua Andalucía considera necesario revisar la concesión del servicio y valorar la posibilidad de rescindir el contrato ante los constantes incumplimientos por parte de Mediterránea de Catering.

Facua Córdoba ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) “que aclare y documente cuál es actualmente el título jurídico que permite a Estacionamientos y Servicios, SAU (EYSA) continuar gestionando los aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”, cuya concesión obtuvo en 2020, con “una duración de tres años, prorrogable por otros dos”, tiempo que ya se habría cumplido.

Sin embargo, según ha informado la organización de consumidores en una nota, dicha empresa concesionaria, “EYSA, continúa actualmente al frente de los aparcamientos”, con lo que “resulta necesario conocer cuál es el instrumento jurídico que ampara esa continuidad y cuál es su periodo de vigencia”.

Además, Facua Córdoba ha recordado que viene demandado a la Junta de Andalucía, desde hace años, “que acabe con la licitación y establezca la gratuidad de los aparcamientos del Hospital Reina Sofía”, pues “un parking que supone un copago o repago a los usuarios por utilizar la sanidad pública”.

En su escrito dirigido al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, Facua Córdoba ha solicitado “la copia de la adjudicación, del contrato formalizado y de la documentación que permita determinar la fecha efectiva de inicio y finalización de la concesión”.

También ha pedido que se facilite, “en caso de haberse acordado, la resolución o acuerdo de prórroga de los dos años previstos en el contrato, con indicación de su fecha, duración y fecha de finalización” e, igualmente, “información sobre cualquier modificación contractual, ampliación, nuevo expediente de contratación o instrumento jurídico posterior que pudiera amparar la continuidad de EYSA”.

Facua Córdoba subraya que su petición “no presupone la existencia de ninguna irregularidad”, sino que lo que pretende es “conocer documentalmente la situación actual de una concesión que afecta directamente a los usuarios del hospital público”.

Por ello, “en caso de que la continuidad de EYSA no se encuentre amparada por la prórroga prevista inicialmente”, la asociación solicita “transparencia al SAS y que identifique el instrumento jurídico o procedimiento administrativo que permite dicha continuidad, así como su fundamento legal, fecha de adopción, órgano que lo acordó, duración y fecha prevista de finalización”.

Caminar por una Córdoba desierta de madrugada es todo un privilegio. Aunque hacerlo en un paseo solitario y tranquilo parece un lujo solo reservado para hombres. Y es que pasear o regresar a casa sola de noche en esta u otra ciudad española se ha convertido en un ejercicio involuntario de alerta constante.

Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), seis de cada diez mujeres afirman sentir miedo al volver a sus domicilios en solitario durante la madrugada, un porcentaje que estudios de seguridad asistida elevan hasta el 83 %. En Córdoba, ese temor se topa los fines de semana con una barrera física e institucional: la parálisis del transporte público nocturno.

Al cierre de los locales de ocio en el Vial Norte, el centro de la ciudad o la Ribera, la estampa se repite cada madrugada de viernes y sábado: decenas de personas agolpadas en las paradas vacías, mientras que por las arterias de la ciudad no circula un solo taxi con la luz verde encendida. En las noches y madrugadas de los domingos también resulta desolador encontrar un taxi.

Para las usuarias, la falta de una alternativa sobre ruedas transforma el trayecto de vuelta en una caminata por calles tan silenciosas como vacías o en una larga espera expuestas en la vía pública. La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres expresa su preocupación ante este escenario que se repite los fines de semana. “Existe preocupación entre las mujeres jóvenes”, expresa Dulcenombre Rodríguez en nombre del colectivo, “y nos han trasladado denuncias de casos de agresiones ocurridas mientras se esperaba o se buscaba un taxi”.

La abogada especializada en casos de violencia contra las mujeres, Aurora Genovés, también conoce algún caso de sumisión química en que la víctima en esa situación iba en busca de taxi tras la agresión, transitando de una parada a otra sin encontrar vehículo.

La Policía Nacional, a preguntas de este periódico sobre el número de agresiones sexuales en horario nocturno en Córdoba en lo que va de año, la comparativa con los datos de los mismos meses de 2025 y el número de denuncias de hechos ocurridos en paradas de taxi, ha declinado compartir estos datos. En un correo remitido desde la Comisaría Provincial se señala el no poder “aportar datos numéricos, ni estadísticos ni datos sobre la evolución de la criminalidad”.

En una llamada a la patronal del taxi, Autacor, su presidente, José María Jiménez, asegura no tener constancia de agresiones en paradas de taxis. “En la sala nuestra se registra todo a nivel de usuario, en las paradas que yo tenga constancia no han ocurrido agresiones”. Asimismo, el presidente enfatiza la concienciación del sector en materia de seguridad femenina y la colaboración institucional. “Estamos mano a mano con el Ayuntamiento con los puntos violeta y desde toda la vida estamos sensibilizados. Cuando dejamos a una clienta femenina en la puerta de su casa, yo puedo decir que el 100% de los compañeros se espera hasta que entra”.

Desde la organización de consumidores FACUA Córdoba, que lleva años reclamando al Ayuntamiento que actúe ante la falta de taxis en determinadas franjas horarias y que busque alternativas cuando el servicio resulta insuficiente, su portavoz, Francisco Martínez Claus, conecta directamente este déficit de taxis de noche y de madrugada con la autonomía femenina: “La falta de transporte nocturno limita la autonomía de las mujeres, que pueden verse obligadas a depender de familiares, amistades o vehículos privados para regresar a sus domicilios”.

Diversos informes sobre seguridad femenina señalan que muchas usuarias se sienten más seguras al regresar a casa si la persona que conduce el vehículo es otra mujer. Sobre esta cuestión, el presidente de Autacor revela que en Córdoba hay un total de 51 mujeres taxistas entre titulares de licencia y asalariadas. Aunque matiza que no todas trabajan en el turno nocturno debido a los descansos regulados, confirma que sí existen conductoras operando de madrugada. Para Jiménez, la presencia de mujeres al volante a esas horas es un indicador positivo sobre el entorno urbano: “Yo pienso que cuando hay alguna mujer trabajando el taxi es porque es una ciudad que es tranquila”.

¿Hay suficientes taxis en Córdoba?

Córdoba mantiene exactamente 509 licencias de taxi, una cifra congelada desde el año 2017. Esta masa de autorizaciones sitúa a la capital en una ratio de 1,577 taxis por cada 1.000 habitantes, colocándola en la mitad de la tabla nacional y sensiblemente por debajo de ciudades comparables como Bilbao (2,221) o Vigo (1,881).

“Existe una diferencia evidente entre el número de licencias autorizadas y el número de vehículos que efectivamente están prestando servicio en cada momento”, advierte Martínez Claus. Desde la patronal del taxi se aporta el dato de que casi la mitad de la flota, “entre 200 y 200 y algo”, trabaja en la madrugada de los fines de semana. “No es que no haya coches”, explica Jiménez, “es que hay ciertas horas en las cuales tenemos una demanda altísima, ya que somos los únicos en Córdoba que trabajamos a esas horas de la noche”.

El presidente de los taxistas se refiere a que actualmente no existe un servicio de autobús nocturno (búho) de forma regular los fines de semana en Córdoba. En años anteriores se realizaron pruebas piloto o servicios especiales, pero la empresa municipal de autobuses (Aucorsa) no cuenta ya en su red habitual con una línea búho activa para cubrir las madrugadas de los viernes y sábados por la ciudad, una falta de alternativa la taxi también criticada desde FACUA.

En cuanto a los taxis, desde la organización de consumidores se señala que para el usuario “lo relevante es cuántos vehículos están realmente disponibles cuando se necesitan. Hay que saber cuántos están operativos un viernes o un sábado de 2:00 a 5:00 de la madrugada”. La realidad es que este dato no se conoce porque no se ha realizado una auditoría pública que mida la oferta de taxis por franjas horarias.

El Ayuntamiento sostiene que carece de información objetiva sobre la cantidad exacta de vehículos que operan de madrugada, algo difícil de entender ya que el papel del consistorio cordobés es el de regulador del sector del taxi, según el artículo 73 de la Ordenanza Municipal de Auto-Taxis de Córdoba, que le encomienda formalmente la ordenación de la oferta para adecuarla a las necesidades reales de la demanda social. Un hecho que sitúa a la Administración Local en el centro del debate sobre la escasez de vehículos de madrugada y la movilidad en la ciudad.

Desde la organización de consumidores, Francisco Martínez Claus considera que la regulación municipal es “deficiente e incompleta”, ya que “conoce las quejas desde hace años y dispone de herramientas legales, pero evita intervenir para no entrar en conflicto con la patronal del taxi”. FACUA defiende que el Ayuntamiento “debe ejercer su competencia” para fijar un sistema de guardia o cuadrantes rotatorios que garanticen un número mínimo de vehículos de madrugada, sin necesidad de obligar a toda la plantilla a trabajar de noche.

Desde Autacor no ven motivos para realizar una auditoría “existiendo nuestros registros internos que son cristalinos”, aunque asegura que si el Ayuntamiento decide someterlos a esa fiscalización o requiere que se compartan los datos, lo aceptarán al ser un servicio público.

Por lo que al Ayuntamiento respecta, el alcalde, José María Bellido, anunció formalmente hace un año la realización de un estudio técnico de oferta y demanda para evaluar si es necesario incrementar las 509 licencias de taxi vigentes en la capital. Sin embargo, el informe aún no se ha encargado ni licitado y el Ayuntamiento tampoco ha querido hacer declaraciones al respecto a las llamadas de este periódico.

El bucle del Radiotaxi en la madrugada

Intentar reservar un taxi por teléfono o mediante la aplicación móvil o mensaje de WhatsApp durante la madrugada cordobesa también se ha convertido en una prueba de paciencia que con frecuencia acaba en frustración. Líneas ocupadas, tiempos de espera indefinidos o solicitudes desestimadas son la tónica en horas punta. 

La centralita de Radiotaxi es de gestión privada y opera en la actualidad en Córdoba, Linares y Jaén, algo que asegura la patronal dejará de ser así pronto y Córdoba tendrá centralita propia. La realidad es que los datos del volumen de llamadas recibidas o rechazadas no están abiertos al escrutinio público.“Para poder determinar la dimensión del problema sería necesario conocer el número de llamadas recibidas, las no atendidas y los tiempos de espera. Al ser la centralita de Radiotaxi de gestión privada, esos datos no son accesibles”, señala el portavoz de FACUA.

José María Jiménez, desde Autacor, achaca el problema a que mucha gente cuelga antes de ser atendido, “entonces insistimos mucho al cliente que cuando llame no cuelgue, que espere su turno”, señala recomendando a los usuarios el abanico de posibilidades que tienen para demandar este servicio. “El WhatsApp va espectacular, o sea, una herramienta que fue Córdoba la pionera y una que no tienes que tener esperar en el teléfono y otra herramienta que tenemos es la app”.

FACUA vuelve a poner el foco en el Ayuntamiento. “Si la entidad que gestiona la centralita no facilita esa información, el Ayuntamiento debería valorar, dentro de sus competencias, qué mecanismos puede utilizar para obtener los datos necesarios y conocer de forma objetiva la situación real”. 

¿VTC o no VTC?

Córdoba guarda en su historia reciente un hecho singular. Fue la primera capital española donde la plataforma Uber abandonó el servicio. Ocurrió en octubre de 2020 tras dos años operativos con alrededor de 20 vehículos. Mientras el sector del taxi atribuyó la marcha a la “falta de rentabilidad” del mercado local, el debate sobre el modelo privado resurge tras comprobarse que las autorizaciones VTC en la provincia cordobesa se han triplicado en el último año, pasando de 40 a 125 licencias.

Nadie conoce exactamente cuál fue la causa del abandono de este servicio en la ciudad y el por qué en otras ciudades de características similares a Córdoba Uber funciona con regularidad en paralelo al sector del taxi y aquí, sin embargo, no. La compañía no ha compartido con este medio sus motivaciones para abandonar su servicio en Córdoba ni tampoco ha respondido si estaría interesada en retomar sus operaciones en la capital.

“La llegada o regreso de una determinada plataforma no puede plantearse como la solución automática al problema de movilidad nocturna”, argumenta Martínez Claus. “Las VTC no deben utilizarse como excusa para que el Ayuntamiento deje de ejercer sus competencias de ordenación del taxi y del transporte público”. Por su parte, los taxistas creen que la presencia puntual de un pequeño número de VTC, “no resolvería la saturación de las 4:00 o 6:00 de la mañana en las zonas de ocio, ya que esos picos absorben mucha demanda en muy poco tiempo”.

José María Jiménez añade que Córdoba “no resulta atractiva para las multinacionales de VTC porque la ciudad es muy accesible, carece de trayectos largos o de un aeropuerto internacional, tiene un casco histórico compacto y cuenta con una flota de taxis suficiente para el día a día”.

Gobernar la noche

Todo parece indicar que la escasez de transporte nocturno en Córdoba ha superado el ámbito de las disputas corporativas para convertirse en un problema de derechos ciudadanos, igualdad y seguridad en el espacio público, sobre todo para las mujeres. Para solucionar la saturación en las madrugadas de los fines de semana, la patronal del taxi defiende que la alternativa no es crear más licencias, “sino aumentar la contratación de conductores asalariados” asignados específicamente a la nocturnidad.

Córdoba cuenta con una horquilla de entre 150 y 170 conductores asalariados, lo que supone que uno de cada cuatro taxis funciona con personal contratado. Ahora el presidente de la patronal demanda “incrementar los exámenes municipales de aptitud”. El sector propone elevar de dos a tres las convocatorias anuales de pruebas municipales para obtener el carné de conductor, ampliando así la bolsa de profesionales cualificados en la capital.

La contratación de choferes asalariados asignados al turno nocturno permitiría doblar la operatividad de los vehículos existentes, logrando que el taxi siga prestando servicio durante la madrugada una vez finalizado el turno del titular de la licencia. Algo a lo que ayuda la reciente eliminación del límite de 18 horas de servicio diario por vehículo, que beneficia directamente a las licencias con personal contratado, lo que además incentiva el relevo generacional.

Francisco Martínez Claus cree que la movilidad nocturna de una ciudad “no puede depender exclusivamente de que haya suficientes conductores dispuestos a trabajar a esas horas”. Y concluye insistiendo en que existe una responsabilidad política clara: “Cuando una Administración dispone de competencias para ordenar un servicio, conoce desde hace tiempo las reclamaciones de los consumidores y, pese a ello, no adopta soluciones ni plantea alternativas para evitar un conflicto con un determinado sector, la ciudadanía tiene motivos para preguntarse si realmente se está gobernando para todos o si se está gobernando para unos y no para otros”.

Capitulares tiene en su mano la responsabilidad jurídica y política de garantizar que volver a casa de madrugada en Córdoba deje de ser una carrera de obstáculos marcada por el miedo, sobre todo, femenino.

FACUA Córdoba ha remitido a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Antiviolencia) nuevas pruebas sobre la presencia de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna de El Arcángel. Se trata de fotografías y vídeos obtenidos durante el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería del pasado 12 de septiembre, en los que, según la asociación, aparecen vinos blancos, tintos y espumosos y cervezas. El material amplía la denuncia que la organización presentó el pasado 31 de agosto, entonces con imágenes del encuentro ante el Granada CF. FACUA señala que estas nuevas evidencias corresponden a un partido posterior al inicialmente denunciado y jugado cuando el club ya conocía la denuncia presentada previamente.

La asociación ha comunicado también que, a los pocos minutos del inicio del encuentro ante el Almería, el director de Relaciones Externas del Córdoba CF envió un mensaje de WhatsApp al presidente de FACUA Córdoba en el que le indicaba: “no hace falta que sigas haciéndole fotos a los palcos de Tribuna”. Para la entidad, el contenido del mensaje acredita que el club sabía que se estaban documentando los palcos durante el partido, y considera que la comunicación se dirigió a pedirle que dejara de fotografiarlos en lugar de trasladar alguna actuación para corregir la situación denunciada.

FACUA ha dado traslado además de los hechos a la comisaria de la Policía Nacional, a la que ha pedido que adopte las medidas que legalmente correspondan de cara a los próximos encuentros en el estadio. La asociación recuerda que la cuestión ya se había puesto en conocimiento del coordinador de Seguridad de la Policía Nacional antes del partido ante el Almería. “Estamos aportando nuevas pruebas para que Antiviolencia pueda valorar objetivamente lo que aparece en el material y determinar si existe algún incumplimiento de la normativa”, ha señalado el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, que ha reclamado que el organismo examine de forma conjunta lo aportado sobre los dos partidos.

La denuncia se apoya en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Su artículo 4.1 prohíbe la introducción, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones donde se celebren competiciones deportivas, mientras que el artículo 7.2.a) establece como condición de permanencia de los espectadores no consumirlas. En su primera denuncia, la asociación sostuvo que la ley no recoge excepción alguna para palcos, zonas VIP o espacios de uso exclusivo, con independencia de que su utilización se haya contratado mediante el pago de una cantidad, y recordó que la norma obliga a los organizadores a velar por el cumplimiento de esas condiciones.

En aquella primera denuncia citó también un precedente del propio organismo estatal. En octubre de 2016, Antiviolencia propuso dos multas de 3.500 euros al Athletic Club por la expedición de bebidas alcohólicas en zonas VIP y en el palco de honor, con ocasión de los encuentros ante el Valencia y el Sevilla. FACUA ha pedido que ese criterio se tenga en cuenta si se determina la responsabilidad del Córdoba CF, y ha avanzado que seguirá poniendo a disposición de Antiviolencia las pruebas de las que disponga.

Sea como fuere, según ha podido saber Cordópolis, el Córdoba CF no ha recibido hasta la fecha ninguna comunicación oficial de ningún organismo ni comisión en la que se le traslade un posible incumplimiento en este sentido. Mientras tanto, fuentes blanquiverdes señalan que el club cumple rigurosamente con los protocolos de seguridad y los permisos para sus espacios multiusos, y que analizará cualquier modificación o requerimiento formal que le trasladen las autoridades e instituciones reguladoras, como viene haciendo, para su puesta en marcha.

Facua ha exigido al Córdoba CF que realice y publique de inmediato los resultados del sorteo correspondiente al partido disputado el pasado 30 de agosto frente al Granada CF, después de que haya transcurrido ampliamente el plazo de 48 horas que el propio club estableció en las bases de la promoción “Cordobesista, es tu momento”. La asociación ha recibido consultas de abonados que han trasladado su preocupación por el retraso en la publicación de los resultados y ha decidido requerir formalmente al Córdoba CF para que cumpla las condiciones de la promoción.

Según la asociación, las bases legales de la campaña establecen expresamente que “la publicación de los agraciados la hará el club 48 horas después de la finalización de cada partido”, y que dicha comunicación se realizará a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. “Sin embargo, transcurridas ya casi 120 horas desde la finalización del encuentro frente al Granada CF, el Córdoba CF no ha hecho públicos los abonados agraciados a través de sus perfiles oficiales de redes sociales, incumpliendo tanto el plazo como el medio de comunicación establecidos en las propias bases de la promoción”.

Facua considera especialmente “llamativo” que, hasta el momento, el club tampoco haya “informado públicamente de la existencia de ninguna incidencia, problema técnico o cualquier otra circunstancia que pudiera haber impedido realizar el sorteo o comunicar sus resultados dentro del plazo establecido”. La asociación ha recordado que, conforme al artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el contenido de las ofertas, promociones y publicidad es exigible por los consumidores y usuarios en los términos establecidos por la normativa aplicable.

Por ello, FACUA Córdoba ha exigido a la entidad que proceda de inmediato a realizar y resolver el sorteo correspondiente al partido del 30 de agosto, incluyendo también el sorteo que quedó pendiente del encuentro disputado el 21 de agosto frente al Girona FC, y que comunique los resultados de ambos a través de los medios previstos en las bases. La asociación ha reclamado además que el retraso producido no reduzca en ningún caso el plazo de quince días naturales previsto en las propias bases para la recogida o disfrute de los premios.

Dos sorteos pendientes de resolver

El problema no se limita al incumplimiento del plazo correspondiente al partido del 30 de agosto. El Córdoba CF tiene también pendiente el sorteo correspondiente al encuentro disputado el 21 de agosto frente al Girona FC, que no pudo celebrarse debido a los problemas registrados en los tornos de acceso al estadio. Las propias bases establecen que la asistencia de los abonados únicamente será comprobada mediante el sistema de tornos de acceso al estadio, sin admitir ninguna otra forma de acreditación. Según la información trasladada por el club, la incidencia registrada en aquel encuentro impidió disponer de un registro fiable de los abonados asistentes y, por ello, no pudo realizarse el sorteo.

Facua considera necesario que el club blanquiverde informe de qué medidas ha adoptado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control de asistencia y evitar que nuevas incidencias puedan afectar al desarrollo de la promoción y a los derechos de los abonados participantes.

Las bases de una promoción obligan al organizador

Facua ha recordado al Córdoba CF que las condiciones que establece en una promoción dirigida a sus abonados no pueden considerarse “simples declaraciones de intenciones, sino compromisos que deben ser respetados por el organizador”. Por ello, la asociación le ha pedido que explique las razones concretas que han motivado el incumplimiento del plazo de 48 horas correspondiente al encuentro del 30 de agosto, sin prejuzgar si el retraso responde a una incidencia técnica, a cualquier otra circunstancia o a una decisión del propio club.

Asimismo, la asociación ha considerado que, una vez realizados los sorteos pendientes, deberá garantizarse a los ganadores el plazo íntegro de quince días naturales establecido en las bases para la recogida o disfrute de los premios, sin que las demoras imputables a la organización puedan perjudicar a los abonados agraciados.

Un antecedente que se remonta a 2017

En 2017, con otros dirigentes al frente del club, Facua ya tuvo que reclamar públicamente que informara del resultado de un concurso en el que se sorteaba un automóvil y cuyo ganador llevaba tres meses sin conocerse. Tras aquella denuncia pública, el Córdoba CF comunicó finalmente el resultado.

Casi nueve años después, y tras casi una década sin que el Córdoba CF haya realizado ningún otro sorteo, la asociación vuelve a reclamar públicamente al club que cumpla las condiciones de una promoción y comunique sus resultados dentro del plazo establecido en sus propias bases.

Facua espera que el Córdoba CF regularice de forma inmediata esta situación y dé cumplimiento a las condiciones que el propio Club ha establecido para la campaña “Cordobesista, es tu momento”.

En caso contrario, la asociación valorará la adopción de las actuaciones que correspondan en defensa de los derechos de los abonados y consumidores afectados.

Facua Córdoba ha puesto en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, según en un comunicado enviado a los medios de comunicación, el consumo de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel durante la celebración de partidos de fútbol del Córdoba CF.

La asociación considera que estos hechos pueden vulnerar la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y ha aportado pruebas que documentan los hechos objeto de la denuncia tomadas durante el encuentro celebrado el domingo 30 de agosto que enfrentó al Córdoba CF y al Granada CF. Entre las bebidas que aparecen en el material aportado figuran vinos blancos, vinos tintos, vinos espumosos y cervezas con alcohol.

El artículo 4.1. de la citada Ley 19/2007 prohíbe expresamente la introducción, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas. Asimismo, el artículo 7.2.a) establece como condición de permanencia de los espectadores no consumir bebidas alcohólicas.

Una ley sin excepciones

Facua Córdoba ha destacado que la Ley no establece ninguna excepción para los palcos, zonas VIP o espacios de uso exclusivo dentro del recinto deportivo, con independencia de que su utilización haya sido contratada mediante el pago de una cantidad económica. “Los palcos objeto de la denuncia forman parte del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y son espacios gestionados por el Córdoba CF, que comercializa su utilización mediante contraprestación económica a empresas y/o particulares durante la temporada. El hecho de que su uso sea exclusivo y esté reservado a las personas autorizadas por quienes lo han contratado no constituye ninguna excepción a la aplicación de la Ley 19/2007”.

La asociación ha recordado que el citado cuerpo legislativo obliga a los organizadores de las competiciones y espectáculos deportivos a velar por el cumplimiento de las obligaciones de acceso y permanencia mediante los oportunos instrumentos de control, así como a adoptar las medidas necesarias para impedir o hacer cesar las conductas prohibidas.

Facua Córdoba considera “especialmente grave” la contradicción que se produce en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel: “mientras el Córdoba CF no permite a los espectadores acceder al estadio portando bebidas alcohólicas, dentro del mismo recinto estas bebidas ya se encuentran en determinados palcos antes del comienzo de los encuentros y son consumidas durante los partidos”. Para la asociación, no resulta admisible que el club aplique la prohibición en los accesos, proyectando con ello una imagen de cumplimiento de la ley, mientras esta misma conducta pueda producirse posteriormente en el interior del recinto por el hecho de tratarse de espacios de uso exclusivo.

Un precedente de la propia Comisión Estatal

Facua Córdoba ha recordado que existe un precedente administrativo de la propia Comisión Estatal especialmente relacionado con estos hechos. En octubre de 2016, Antiviolencia propuso dos multas de 3.500 euros al Athletic Club por la expedición de bebidas alcohólicas en las zonas “Taberna Campa de los Ingleses, zonas VIP y Palco de Honor”, con ocasión de los encuentros Athletic-Valencia y Athletic-Sevilla. Para la asociación, este antecedente resulta “especialmente relevante” porque demuestra que las zonas VIP y los palcos no quedan al margen de la normativa sobre bebidas alcohólicas por el hecho de tener un acceso restringido o estar destinadas a usuarios que han pagado por su utilización.

La institución ha solicitado que este precedente administrativo de la propia Comisión Estatal sea tenido en consideración y que, si se determina la responsabilidad del Córdoba CF por los hechos denunciados, se impongan las sanciones que legalmente correspondan, tomando como referencia el criterio aplicado en el caso del Athletic Club.

La asociación ha recordado que haber pagado por utilizar un palco no convierte este espacio en una zona al margen de la Ley. La prohibición del consumo de alcohol debe aplicarse por igual en todo el recinto deportivo y las sanciones deben imponerse sin excepciones, máxime cuando quien presuntamente incumple es, además, quien está obligado a adoptar las medidas preventivas necesarias para impedir que estos hechos se produzcan. Los palcos no pueden convertirse en espacios sin control donde dejen de aplicarse las normas que rigen para el resto del estadio.

La docena de huevos es el alimento básico de la cesta de la compra que más ha aumentado de precio en el último año -entre agosto de 2025 y agosto de 2026-, llegando a sumar un 8,7% más de media. Así se refleja en el análisis de precios que realiza la organización en defensa de los consumidores Facua, que estudia la evolución del valor de la cesta de la compra en ocho cadenas de supermercados en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol.

La variación interanual de precios muestra que los huevos han experimentado la mayor subida en el último año y, en concreto, donde más se ha encarecido este producto entre agosto de 2025 y agosto de 2026 ha sido en Hipercor, donde la docena M-L de la marca El Corte Inglés ha pasado de estar a 3,99 euros a costar 4,40 euros (un 10,3% más).

Por su parte, el aceite de girasol cuesta actualmente un 4,1% más que hace un año, mientras que el encarecimiento los ajos ha sido del 2,4% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio la harina de trigo (un 0,9%), las patatas (un 0,8%), el aceite de oliva virgen extra (un 0,8%), los macarrones (un 0,8%) y el brik de leche entera (un 0,2%).

Alimentos que bajaron de precio en el último año y los que subieron este agosto

De los productos analizados por Facua, las peras conferencia es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 17,6%. Por su parte, las cebollas acumulan una bajada del 13,2%, las naranjas un 6,1%, los limones un 3,7%, las manzanas golden un 3,0%, el arroz redondo un 2,0%, las lechugas iceberg un 1,8%, las lentejas pardina un 1,2% y las zanahorias un 1,1%.

La organización en defensa de los derechos de los consumidores acaba de publicar su estudio sobre los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra en este mes de agosto y su variación con respecto al mes de julio anterior. Y, ahí, las patatas, las peras conferencia y los macarrones son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes.

Patatas un 14% más caras de julio a agosto

Durante el último mes, la malla de patatas ha experimentado de media un incremento de precio del 14,0%. La mayor subida en agosto se ha dado en Hipercor, donde la malla de cinco kilos ha pasado de 5,99 euros en julio a 7,75 euros en agosto (un 29,4% más).

Por su parte, el kilo de peras conferencia se ha encarecido un 3,2% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Carrefour, con un 20,3% de incremento (de 2,12 euros en julio a 2,55 euros en agosto). El paquete de macarrones, por su parte, es un 3,0% más caro de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en la marca De Cecco en Carrefour, donde ha pasado de estar a 2,59 euros en julio a 2,85 euros en agosto (un 10,0% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio del aceite de girasol (un 2,8% de media) la malla de naranjas (un 2,5%), las lechugas iceberg (un 2,4%), la harina de trigo (un 1,8%), la leche entera (1,3%), el arroz redondo (un 0,2%) y las manzanas golden (un 0,2%).

Entre los alimentos que cuestan de media en agosto menos que en julio están los ajos (-0,4%), las lentejas pardina (-0,8%), los champiñones laminados (-2,0%), las cebollas (-3,2%), los huevos (-3,5%), los limones (-4,2%), las zanahorias (-4,2%), el aceite de oliva virgen extra (-6,0%) y las uvas blancas sin pepitas (-18,0%).

El Córdoba CF ha resuelto el principal efecto colateral del fallo en los accesos de El Arcángel del pasado 21 de agosto. El club anunció este lunes que reconocerá la asistencia de todos sus abonados de la temporada 2026-27 al partido ante el Girona FC a efectos del programa “Fieles desde 1954”, de manera que la ausencia de registros oficiales no penalizará a nadie en el cómputo. La decisión llega un día después de que FACUA Córdoba exigiera públicamente una salida que evitara que un problema del sistema acabara pagándolo el abonado, si bien es cierto que la propia entidad blanquiverde también salió al paso para aclarar que ofrecerían una solución satisfactoria a sus abonados.

La medida importa por cómo está construida la campaña. “Fieles desde 1954” premia la asistencia por bloques de tres partidos de Liga en casa y exige que esos tres encuentros sean consecutivos, con lo que un solo partido sin registro bastaba para romper la cadena de alguien que no había faltado al estadio. A eso se sumaba que las propias condiciones del programa establecen los tornos como única vía de comprobación, sin admitir ningún otro justificante. Al dar por buena la asistencia de todos los abonados, el club esquiva el problema de raíz en lugar de abrir una vía de reclamación caso por caso.

El Córdoba CF vuelve a subrayar, como viene haciendo desde el mismo viernes, que la incidencia es achacable al sistema de gestión de LaLiga y no a la entidad blanquiverde, que se topó con el fallo en pleno acceso al estadio y tuvo que improvisar la apertura manual de varios puntos de entrada. El club ha pedido disculpas a sus abonados por un contratiempo que considera ajeno y asegura que lleva desde entonces trabajando para paliar sus efectos.

En cuanto a “Cordobesista, es tu momento”, la otra iniciativa afectada aquella noche, las experiencias y los premios por sorteo previstos para los asistentes al Córdoba - Girona se acumulan para el siguiente partido en casa. Será este domingo 30 de agosto a las 21:30 ante el Granada CF, con las entradas ya a la venta. El club informará a lo largo de la semana de cómo queda finalmente esa promoción tras la acumulación.

Con ambos asuntos encauzados, la atención del club en este capítulo pasa ahora a que el sistema responda el domingo. El Córdoba CF ha reconocido que trabaja para que no vuelva a repetirse, aunque insiste en que el control de accesos depende de la patronal y no de la estructura del club. De hecho, tanto es así que un fallo similar también se replicó en otros estadios de Primera División, como La Cartuja, donde el Real Betis también tuvo problemas con la gestión de sus tornos.

El estreno liguero en casa dejó el viernes tres puntos ante el Girona FC y un problema que no se resolvió sobre el césped. El sistema informático de control de accesos de El Arcángel falló en plena entrada de público, hubo que abrir de forma manual varios puntos y el Córdoba CF reconoció esa misma noche que no dispone de unos registros de asistencia “completos y fiables”. Dos días después, FACUA Córdoba ha exigido al club que garantice que ningún abonado pierda el reconocimiento de su presencia en el estadio por una avería que no le corresponde asumir.

La asociación de consumidores no cuestiona la comunicación de aquella noche. El club informó del fallo y suspendió los sorteos de otra de sus iniciativas, Cordobesista, es tu momento, una decisión que FACUA da por razonable. Lo que denuncia es el silencio posterior sobre cómo afectará lo ocurrido a “Fieles desde 1954” y sobre qué procedimiento se aplicará para acreditar la asistencia de quienes sí acudieron. Entiende que el club no tenía por qué tener una solución cerrada el mismo viernes, pero sostiene que sí podía haber anunciado que estaba analizando las consecuencias, aunque solo fuera para trasladar tranquilidad mientras encontraba la salida.

Y es que el detalle que convierte esto en algo más que una molestia está en la letra pequeña de la campaña. Las condiciones de “Fieles desde 1954” establecen que la asistencia se comprueba a través de los tornos, “no permitiéndose otra opción de comprobación o justificación de asistencia a cada partido”. El club se ató a un único sistema de verificación y ese sistema es precisamente el que ha fallado en el primer partido del curso en casa. Como las recompensas son progresivas y van desde los tres encuentros consecutivos hasta los 21 que suponen el 100% de asistencia, un solo partido sin registro fiable puede arrastrar el cómputo de toda la temporada para quien aspire a los escalones más altos.

Sobre esa base, FACUA ha reclamado al Córdoba CF que informe de forma pública e inmediata de cómo se contabilizará el Córdoba - Girona, qué procedimiento alternativo utilizará para reconocer a quienes estuvieron en el estadio y qué medidas adoptará para que el fallo no perjudique ni el recuento ni los premios vinculados a la asistencia acumulada. Pide, además, que las condiciones incorporen un mecanismo que regule expresamente estos casos, porque en el control de accesos intervienen tanto el club como LaLiga y una avería similar puede repetirse durante el curso. Si se vinculan unos premios a un sistema que se presenta como única prueba válida, entiende la asociación, hay que prever también qué ocurre cuando ese sistema deja de funcionar.

El club apunta a LaLiga y promete una solución

El Córdoba CF lleva desde el viernes trabajando en el asunto y en todos los problemas derivados de aquel fallo, que atribuye al sistema de LaLiga y no a la organización del club. Fuentes de la entidad explican a este periódico que se toparon con la avería en pleno acceso al estadio y en un momento clave del partido, y que a partir de ahí solo cabía resolverlo de la mejor manera posible sobre la marcha. El club agradece la paciencia y la comprensión de los aficionados aquella noche y asegura que trabaja para que no vuelva a ocurrir, aunque insiste en que la responsabilidad del sistema de accesos corresponde a la patronal.

Sobre el fondo de lo que reclama FACUA, la entidad blanquiverde admite que la ausencia de registros oficiales afecta al nuevo programa de asistencia para abonados y sostiene que desde el viernes busca la mejor solución posible para ellos, con el objetivo de que no se vean más perjudicados de lo que ya lo fueron. La decisión, señalan las mismas fuentes, se comunicará a través de los canales oficiales del club en cuanto pueda tomarse.

Facua Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital banalice el riesgo para los usuarios que conllevaba la señalización errónea de un carril en el entorno de Plaza de Colón tras admitir que dicha señal se debía retirar pero fue “olvidada”.

La asociación denunció en el mes de julio ante la propia administración la aparente contradicción existente entre la señal vertical de “Ciclocalle 30 – Carril derecho compartido” situada en el entorno de Plaza de Colón con la reciente inscripción “Bus-Taxi” pintada sobre la calzada tras las obras del Plan de Asfalto municipal. Tras la reclamación de Facua Córdoba, la señal fue retirada.

En una respuesta dirigida a la asociación, el teniente de alcalde delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, ha trasladado la información facilitada por el Departamento de Movilidad, que reconoce que se había decidido eliminar el carril compartido con bicicletas y que se habían dado instrucciones para retirar su señalización. Sin embargo, el Departamento admite que una de las señales permaneció instalada durante varios días porque fue “olvidada” y que finalmente fue retirada después de que Facua denunciara su existencia.

Además, en la respuesta, Jordano minimiza el riesgo para los usuarios de la vía que ha supuesto esta descoordinación existente entre las áreas municipales competentes en materia de Movilidad e Infraestructuras y los mecanismos de supervisión aplicados a las actuaciones ejecutadas en la vía pública. Así, señala que la permanencia durante esos días de la señal de “Ciclocalle 30”, ubicada en el carril anexo al Bus-Taxi, no constituyó “un elemento de riesgo para la seguridad vial o información contradictoria a los conductores”.

“Insulto a la ciudadanía”

Para Facua, estas afirmaciones suponen un insulto a los ciudadanos y recuerda al delegado de Movilidad que la ausencia de un accidente durante esos días no puede convertirse en el criterio para determinar si una señalización era correcta o podía generar riesgo. La seguridad vial debe abordarse desde la prevención, atendiendo al conjunto de señales y no de manera aislada y desde la obligación de ofrecer a los usuarios una información clara y coherente sobre las condiciones de utilización de la vía.

Si una señal debía retirarse porque correspondía a una configuración de tráfico que había sido eliminada, para Facua resulta difícil entender que su permanencia no pudiera generar confusión y advierte a Jordano que una señalización incorrecta no adquiere relevancia únicamente cuando provoca un accidente.

En este sentido, la asociación recuerda que el artículo 131 del Reglamento General de Circulación establece que la señalización tiene como finalidad advertir e informar a los usuarios de la vía y ordenar o reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación respecto de las circunstancias de la circulación.

Necesidad de mejorar la coordinación entre áreas municipales

Facua Córdoba insiste en que una señal que permanece instalada pese a que el propio Ayuntamiento ha decidido eliminar la configuración de la vía a la que hacía referencia puede generar, por sí misma, una interpretación errónea sobre las condiciones de circulación, con independencia de que durante el tiempo que permaneció instalada se produjera o no algún accidente.

La asociación considera especialmente significativo que la señal fuera finalmente retirada después de la denuncia formulada por Facua Córdoba, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de comprobación y coordinación municipal tras la ejecución de actuaciones que afectan a la ordenación del tráfico.

Por ello, Facua Córdoba reclama al delegado de Movilidad que explique qué controles se realizaron tras las actuaciones de asfaltado y señalización en la plaza de Colón y qué medidas adoptará el Ayuntamiento para evitar que vuelvan a permanecer en la vía señales que no se corresponden con la configuración existente.

La asociación de consumidores Facua ha presentado sendas denuncias ante el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la empresa municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Córdoba (Cecosam), mediante las que solicita “la adopción urgente de las medidas necesarias para corregir el grave estado de abandono que presenta el Cementerio Municipal de San Rafael y restablecer unas adecuadas condiciones de limpieza, conservación, seguridad y ornato del recinto”.

Según ha detallado la entidad en una nota, “la decisión de presentar ambas denuncias se produce tras la visita realizada por miembros de Facua el sábado 1 de agosto al citado cementerio”, en el que han comprobado que, “lejos de haberse corregido las deficiencias denunciadas públicamente por la asociación en el mes de febrero, el estado de conservación del recinto ha experimentado un evidente agravamiento”.

“Durante la visita se constató la existencia de abundante vegetación completamente seca sin retirar, acumulación de hojas y restos vegetales, suciedad incrustada en distintas zonas de tránsito, abandono de numerosos parterres e imbornales y rejillas de evacuación de aguas completamente obstruidos por residuos, circunstancias que evidencian una insuficiente prestación de los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento cuya ejecución corresponde a Cecosam conforme al Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba”, han expuesto.

Así, han manifestado que “la documentación fotográfica que acompaña a ambas denuncias acredita objetivamente esta situación y la ausencia de actuaciones eficaces para corregir las deficiencias denunciadas por Facua hace más de seis meses”, a lo que han agregado que “estos hechos no sólo deterioran la imagen institucional del cementerio, sino que constituye una evidente falta de respeto hacia la memoria de quienes allí descansan y hacia sus familiares, que tienen derecho a encontrar un espacio público en adecuadas condiciones de limpieza, conservación y dignidad”.

El reglamento municipal

Al respecto, Facua ha recordado que “los artículos 11 y 15 del Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba atribuyen expresamente a Cecosam la realización de los servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento, la limpieza y la conservación de los cementerios municipales, así como de sus jardines, elementos urbanísticos e instalaciones”.

A juicio de la asociación, “el estado que actualmente presenta el Cementerio de San Rafael podría evidenciar un incumplimiento de dichas obligaciones reglamentarias, al no garantizarse unas condiciones adecuadas de limpieza, conservación y mantenimiento en un servicio público esencial cuya correcta prestación corresponde a la empresa municipal”.

Asimismo, considera “especialmente incomprensible que el Ayuntamiento mantenga su intención de destinar 1,2 millones de euros de fondos públicos en 2026 para subvencionar festivales musicales promovidos por empresas privadas, pese a los reparos formulados por la Intervención General sobre dicho procedimiento, mientras un servicio público esencial como el Cementerio Municipal de San Rafael continúa presentando un evidente estado de abandono”.

La asociación ha advertido de que “la promoción de actividades culturales resulta plenamente compatible con el adecuado mantenimiento de los servicios públicos municipales”. Sin embargo, cree que “la correcta conservación de un cementerio debe constituir una prioridad ineludible para cualquier administración pública, especialmente cuando se trata de un servicio financiado con los impuestos de toda la ciudadanía”.

“No se trata de enfrentar la cultura con los servicios públicos, sino de exigir una adecuada jerarquización de las prioridades municipales”, han subrayado, para agregar que “resulta difícilmente comprensible que el Consistorio proyecte destinar una cuantía tan elevada de recursos públicos a subvencionar eventos promovidos por empresas privadas mientras no garantiza el adecuado mantenimiento de un espacio público tan sensible como el Cementerio de San Rafael”.

“Actuaciones urgentes”

En las denuncias presentadas, Facua ha solicitado al Ayuntamiento y a Cecosam que “se practique una inspección técnica del estado del recinto y que se apruebe, con carácter urgente, un plan extraordinario de limpieza, desbroce y mantenimiento integral que incluya la retirada de vegetación seca, la limpieza de viales y zonas comunes, la recuperación de los parterres, la desobstrucción de imbornales y rejillas de evacuación de aguas y la ejecución de cuantas actuaciones resulten necesarias para restablecer unas adecuadas condiciones de salubridad, seguridad, conservación y ornato”.

Igualmente, la asociación ha pedido “la implantación de un programa permanente de mantenimiento preventivo que garantice la correcta conservación del Cementerio Municipal de San Rafael durante todo el año y evite que vuelvan a reproducirse situaciones de abandono como la actualmente existente”.

Facua ha exigido al Consistorio y a Cecosam que “cumplan las obligaciones de conservación, limpieza y mantenimiento que les atribuye el Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba y adopten, sin más demora, las medidas necesarias para devolver al Cementerio de San Rafael las condiciones de dignidad, limpieza y conservación que la ciudadanía tiene derecho a exigir de un servicio público esencial”.

Facua Córdoba considera que la decisión de Sadeco de retirar las gomas de las bocas de 2.167 contenedores de las fracciones Resto y Orgánica constituye “el reconocimiento implícito de que el modelo implantado no funciona como fue concebido”, según ha informado a través de una nota de prensa.

La empresa municipal ha justificado esta medida señalando que dichas gomas dificultan el depósito de las bolsas de basura y favorecían que numerosos residuos acabaran abandonados junto a los contenedores. Sin embargo, para la asociación resulta muy preocupante que apenas un año después sea necesario modificar físicamente unos contenedores cuya adquisición forma parte de un contrato de renting de 17 millones de euros.

Facua Córdoba considera que los cordobeses acabarán utilizando unos contenedores “mutilados”, ya que se elimina una parte de su diseño original para corregir un problema que debió detectarse antes de su implantación.

Además, la retirada de estas gomas deja completamente abiertos los orificios de depósito, eliminando el sistema de cierre previsto en el diseño original. “Los contenedores pasan así a presentar una mayor salida de malos olores, una mayor exposición a la entrada de insectos y una menor estanqueidad, efectos que contradicen la finalidad para la que dichas gomas fueron incorporadas al diseño original”, aseguran.

Fracaso del modelo

Facua Córdoba recuerda que estos contenedores fueron presentados públicamente en abril de 2025 por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la entonces presidenta de Sadeco, Isabel Albás, como una de las principales actuaciones de modernización del servicio municipal de limpieza, destacando su diseño, accesibilidad y funcionalidad.

Sin embargo, apenas un año después, la propia empresa municipal ha reconocido que uno de los elementos incorporados al diseño original dificultaba su uso por parte de la ciudadanía y ha decidido retirarlo de más de 2.000 contenedores.

Para la asociación, el contraste entre aquella presentación oficial y la situación actual evidencia que el modelo no fue suficientemente evaluado antes de su implantación masiva, pese a formar parte de una de las mayores inversiones realizadas para renovar el sistema de contenedores de la ciudad.

Facua exige explicaciones

Facua Córdoba considera imprescindible que el Ayuntamiento explique públicamente si antes de implantar este modelo se realizaron pruebas reales de utilización por parte de la ciudadanía, cuál fue el coste de incorporar las gomas al diseño de los contenedores y cuánto costará ahora retirarlas, quién asumirá el coste de esta modificación, si la empresa adjudicataria responderá de las deficiencias detectadas o si se exigirán responsabilidades por una decisión que ha obligado a modificar un modelo presentado como una mejora para la ciudad.

La asociación reclama la máxima transparencia sobre esta actuación y considera que una inversión pública de esta magnitud no puede requerir modificaciones tan relevantes apenas un año después de su implantación sin ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía.

“Los cordobeses no pueden acabar utilizando unos contenedores modificados y con prestaciones inferiores a las anunciadas cuando fueron presentados y cuya solución ha consistido en desmontar parte del propio contenedor para poder hacerlo utilizable. Así, es imprescindible que se explique por qué ha sido necesario modificar un modelo recién implantado, determinar quién debe asumir las consecuencias de esa decisión y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro”, concluyen.

El Córdoba-Sevilla disputado anoche dejó de nuevo una imagen de la que se vienen quejando sistemáticamente muchos de los aficionados y abonados del Córdoba CF: la poca limpieza de los asientos antes de empezar una temporada. Ayer volvió a ocurrir y, en la mañana de hoy, ha sido FACUA Córdoba la que ha denunciado el “deplorable” estado de limpieza en gradas, aseos y diferentes zonas comunes del estadio El Arcángel.

En su escrito, la asociación de consumidores ha solicitado incluso al Ayuntamiento de Córdoba que lleve a cabo una inspección higiénico-sanitaria de las instalaciones y compruebe el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Córdoba CF como entidad gestora del recinto. Y es que, recoge FACUA, pudo observarse “la existencia de una importante acumulación de suciedad en distintas zonas de las gradas, así como la presencia de numerosos excrementos secos de aves sobre un elevado número de asientos, lo que obligó a numerosos aficionados a limpiarlos por sus propios medios antes de poder ocupar sus localidades”.

La asociación también señala la existencia de problemas de higiene y mantenimiento en algunos de los aseos del estadio. FACUA advierte de que la acumulación de excrementos de aves puede suponer un potencial riesgo higiénico-sanitario y considera que su eliminación debe formar parte de los protocolos habituales de limpieza de una instalación que reúne a miles de personas.

FACUA sostiene, además, que no se trata de un problema puntual, ya que durante la pasada temporada fueron numerosos los aficionados que trasladaron quejas por el estado de limpieza del recinto. Por ello, reclama al Córdoba CF que refuerce los trabajos de mantenimiento en las gradas, los aseos y el resto de zonas comunes, además de adoptar medidas que impidan que vuelvan a acumularse excrementos sobre los asientos.

Por último, en ese texto difundido a los medios de comunicación, la asociación recuerda que El Arcángel es una instalación de titularidad municipal y que su gestión recae actualmente en el club blanquiverde, de ahí que entienda que las dos partes deben cuidar su estado.