Caminar por una Córdoba desierta de madrugada es todo un privilegio. Aunque hacerlo en un paseo solitario y tranquilo parece un lujo solo reservado para hombres. Y es que pasear o regresar a casa sola de noche en esta u otra ciudad española se ha convertido en un ejercicio involuntario de alerta constante.

Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), seis de cada diez mujeres afirman sentir miedo al volver a sus domicilios en solitario durante la madrugada, un porcentaje que estudios de seguridad asistida elevan hasta el 83 %. En Córdoba, ese temor se topa los fines de semana con una barrera física e institucional: la parálisis del transporte público nocturno.

Al cierre de los locales de ocio en el Vial Norte, el centro de la ciudad o la Ribera, la estampa se repite cada madrugada de viernes y sábado: decenas de personas agolpadas en las paradas vacías, mientras que por las arterias de la ciudad no circula un solo taxi con la luz verde encendida. En las noches y madrugadas de los domingos también resulta desolador encontrar un taxi.

Para las usuarias, la falta de una alternativa sobre ruedas transforma el trayecto de vuelta en una caminata por calles tan silenciosas como vacías o en una larga espera expuestas en la vía pública. La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres expresa su preocupación ante este escenario que se repite los fines de semana. “Existe preocupación entre las mujeres jóvenes”, expresa Dulcenombre Rodríguez en nombre del colectivo, “y nos han trasladado denuncias de casos de agresiones ocurridas mientras se esperaba o se buscaba un taxi”.

La abogada especializada en casos de violencia contra las mujeres, Aurora Genovés, también conoce algún caso de sumisión química en que la víctima en esa situación iba en busca de taxi tras la agresión, transitando de una parada a otra sin encontrar vehículo.

La Policía Nacional, a preguntas de este periódico sobre el número de agresiones sexuales en horario nocturno en Córdoba en lo que va de año, la comparativa con los datos de los mismos meses de 2025 y el número de denuncias de hechos ocurridos en paradas de taxi, ha declinado compartir estos datos. En un correo remitido desde la Comisaría Provincial se señala el no poder “aportar datos numéricos, ni estadísticos ni datos sobre la evolución de la criminalidad”.

En una llamada a la patronal del taxi, Autacor, su presidente, José María Jiménez, asegura no tener constancia de agresiones en paradas de taxis. “En la sala nuestra se registra todo a nivel de usuario, en las paradas que yo tenga constancia no han ocurrido agresiones”. Asimismo, el presidente enfatiza la concienciación del sector en materia de seguridad femenina y la colaboración institucional. “Estamos mano a mano con el Ayuntamiento con los puntos violeta y desde toda la vida estamos sensibilizados. Cuando dejamos a una clienta femenina en la puerta de su casa, yo puedo decir que el 100% de los compañeros se espera hasta que entra”.

Desde la organización de consumidores FACUA Córdoba, que lleva años reclamando al Ayuntamiento que actúe ante la falta de taxis en determinadas franjas horarias y que busque alternativas cuando el servicio resulta insuficiente, su portavoz, Francisco Martínez Claus, conecta directamente este déficit de taxis de noche y de madrugada con la autonomía femenina: “La falta de transporte nocturno limita la autonomía de las mujeres, que pueden verse obligadas a depender de familiares, amistades o vehículos privados para regresar a sus domicilios”.

Diversos informes sobre seguridad femenina señalan que muchas usuarias se sienten más seguras al regresar a casa si la persona que conduce el vehículo es otra mujer. Sobre esta cuestión, el presidente de Autacor revela que en Córdoba hay un total de 51 mujeres taxistas entre titulares de licencia y asalariadas. Aunque matiza que no todas trabajan en el turno nocturno debido a los descansos regulados, confirma que sí existen conductoras operando de madrugada. Para Jiménez, la presencia de mujeres al volante a esas horas es un indicador positivo sobre el entorno urbano: “Yo pienso que cuando hay alguna mujer trabajando el taxi es porque es una ciudad que es tranquila”.

¿Hay suficientes taxis en Córdoba?

Córdoba mantiene exactamente 509 licencias de taxi, una cifra congelada desde el año 2017. Esta masa de autorizaciones sitúa a la capital en una ratio de 1,577 taxis por cada 1.000 habitantes, colocándola en la mitad de la tabla nacional y sensiblemente por debajo de ciudades comparables como Bilbao (2,221) o Vigo (1,881).

“Existe una diferencia evidente entre el número de licencias autorizadas y el número de vehículos que efectivamente están prestando servicio en cada momento”, advierte Martínez Claus. Desde la patronal del taxi se aporta el dato de que casi la mitad de la flota, “entre 200 y 200 y algo”, trabaja en la madrugada de los fines de semana. “No es que no haya coches”, explica Jiménez, “es que hay ciertas horas en las cuales tenemos una demanda altísima, ya que somos los únicos en Córdoba que trabajamos a esas horas de la noche”.

El presidente de los taxistas se refiere a que actualmente no existe un servicio de autobús nocturno (búho) de forma regular los fines de semana en Córdoba. En años anteriores se realizaron pruebas piloto o servicios especiales, pero la empresa municipal de autobuses (Aucorsa) no cuenta ya en su red habitual con una línea búho activa para cubrir las madrugadas de los viernes y sábados por la ciudad, una falta de alternativa la taxi también criticada desde FACUA.

En cuanto a los taxis, desde la organización de consumidores se señala que para el usuario “lo relevante es cuántos vehículos están realmente disponibles cuando se necesitan. Hay que saber cuántos están operativos un viernes o un sábado de 2:00 a 5:00 de la madrugada”. La realidad es que este dato no se conoce porque no se ha realizado una auditoría pública que mida la oferta de taxis por franjas horarias.

El Ayuntamiento sostiene que carece de información objetiva sobre la cantidad exacta de vehículos que operan de madrugada, algo difícil de entender ya que el papel del consistorio cordobés es el de regulador del sector del taxi, según el artículo 73 de la Ordenanza Municipal de Auto-Taxis de Córdoba, que le encomienda formalmente la ordenación de la oferta para adecuarla a las necesidades reales de la demanda social. Un hecho que sitúa a la Administración Local en el centro del debate sobre la escasez de vehículos de madrugada y la movilidad en la ciudad.

Desde la organización de consumidores, Francisco Martínez Claus considera que la regulación municipal es “deficiente e incompleta”, ya que “conoce las quejas desde hace años y dispone de herramientas legales, pero evita intervenir para no entrar en conflicto con la patronal del taxi”. FACUA defiende que el Ayuntamiento “debe ejercer su competencia” para fijar un sistema de guardia o cuadrantes rotatorios que garanticen un número mínimo de vehículos de madrugada, sin necesidad de obligar a toda la plantilla a trabajar de noche.

Desde Autacor no ven motivos para realizar una auditoría “existiendo nuestros registros internos que son cristalinos”, aunque asegura que si el Ayuntamiento decide someterlos a esa fiscalización o requiere que se compartan los datos, lo aceptarán al ser un servicio público.

Por lo que al Ayuntamiento respecta, el alcalde, José María Bellido, anunció formalmente hace un año la realización de un estudio técnico de oferta y demanda para evaluar si es necesario incrementar las 509 licencias de taxi vigentes en la capital. Sin embargo, el informe aún no se ha encargado ni licitado y el Ayuntamiento tampoco ha querido hacer declaraciones al respecto a las llamadas de este periódico.

El bucle del Radiotaxi en la madrugada

Intentar reservar un taxi por teléfono o mediante la aplicación móvil o mensaje de WhatsApp durante la madrugada cordobesa también se ha convertido en una prueba de paciencia que con frecuencia acaba en frustración. Líneas ocupadas, tiempos de espera indefinidos o solicitudes desestimadas son la tónica en horas punta. 

La centralita de Radiotaxi es de gestión privada y opera en la actualidad en Córdoba, Linares y Jaén, algo que asegura la patronal dejará de ser así pronto y Córdoba tendrá centralita propia. La realidad es que los datos del volumen de llamadas recibidas o rechazadas no están abiertos al escrutinio público.“Para poder determinar la dimensión del problema sería necesario conocer el número de llamadas recibidas, las no atendidas y los tiempos de espera. Al ser la centralita de Radiotaxi de gestión privada, esos datos no son accesibles”, señala el portavoz de FACUA.

José María Jiménez, desde Autacor, achaca el problema a que mucha gente cuelga antes de ser atendido, “entonces insistimos mucho al cliente que cuando llame no cuelgue, que espere su turno”, señala recomendando a los usuarios el abanico de posibilidades que tienen para demandar este servicio. “El WhatsApp va espectacular, o sea, una herramienta que fue Córdoba la pionera y una que no tienes que tener esperar en el teléfono y otra herramienta que tenemos es la app”.

FACUA vuelve a poner el foco en el Ayuntamiento. “Si la entidad que gestiona la centralita no facilita esa información, el Ayuntamiento debería valorar, dentro de sus competencias, qué mecanismos puede utilizar para obtener los datos necesarios y conocer de forma objetiva la situación real”. 

¿VTC o no VTC?

Córdoba guarda en su historia reciente un hecho singular. Fue la primera capital española donde la plataforma Uber abandonó el servicio. Ocurrió en octubre de 2020 tras dos años operativos con alrededor de 20 vehículos. Mientras el sector del taxi atribuyó la marcha a la “falta de rentabilidad” del mercado local, el debate sobre el modelo privado resurge tras comprobarse que las autorizaciones VTC en la provincia cordobesa se han triplicado en el último año, pasando de 40 a 125 licencias.

Nadie conoce exactamente cuál fue la causa del abandono de este servicio en la ciudad y el por qué en otras ciudades de características similares a Córdoba Uber funciona con regularidad en paralelo al sector del taxi y aquí, sin embargo, no. La compañía no ha compartido con este medio sus motivaciones para abandonar su servicio en Córdoba ni tampoco ha respondido si estaría interesada en retomar sus operaciones en la capital.

“La llegada o regreso de una determinada plataforma no puede plantearse como la solución automática al problema de movilidad nocturna”, argumenta Martínez Claus. “Las VTC no deben utilizarse como excusa para que el Ayuntamiento deje de ejercer sus competencias de ordenación del taxi y del transporte público”. Por su parte, los taxistas creen que la presencia puntual de un pequeño número de VTC, “no resolvería la saturación de las 4:00 o 6:00 de la mañana en las zonas de ocio, ya que esos picos absorben mucha demanda en muy poco tiempo”.

José María Jiménez añade que Córdoba “no resulta atractiva para las multinacionales de VTC porque la ciudad es muy accesible, carece de trayectos largos o de un aeropuerto internacional, tiene un casco histórico compacto y cuenta con una flota de taxis suficiente para el día a día”.

Gobernar la noche

Todo parece indicar que la escasez de transporte nocturno en Córdoba ha superado el ámbito de las disputas corporativas para convertirse en un problema de derechos ciudadanos, igualdad y seguridad en el espacio público, sobre todo para las mujeres. Para solucionar la saturación en las madrugadas de los fines de semana, la patronal del taxi defiende que la alternativa no es crear más licencias, “sino aumentar la contratación de conductores asalariados” asignados específicamente a la nocturnidad.

Córdoba cuenta con una horquilla de entre 150 y 170 conductores asalariados, lo que supone que uno de cada cuatro taxis funciona con personal contratado. Ahora el presidente de la patronal demanda “incrementar los exámenes municipales de aptitud”. El sector propone elevar de dos a tres las convocatorias anuales de pruebas municipales para obtener el carné de conductor, ampliando así la bolsa de profesionales cualificados en la capital.

La contratación de choferes asalariados asignados al turno nocturno permitiría doblar la operatividad de los vehículos existentes, logrando que el taxi siga prestando servicio durante la madrugada una vez finalizado el turno del titular de la licencia. Algo a lo que ayuda la reciente eliminación del límite de 18 horas de servicio diario por vehículo, que beneficia directamente a las licencias con personal contratado, lo que además incentiva el relevo generacional.

Francisco Martínez Claus cree que la movilidad nocturna de una ciudad “no puede depender exclusivamente de que haya suficientes conductores dispuestos a trabajar a esas horas”. Y concluye insistiendo en que existe una responsabilidad política clara: “Cuando una Administración dispone de competencias para ordenar un servicio, conoce desde hace tiempo las reclamaciones de los consumidores y, pese a ello, no adopta soluciones ni plantea alternativas para evitar un conflicto con un determinado sector, la ciudadanía tiene motivos para preguntarse si realmente se está gobernando para todos o si se está gobernando para unos y no para otros”.

Capitulares tiene en su mano la responsabilidad jurídica y política de garantizar que volver a casa de madrugada en Córdoba deje de ser una carrera de obstáculos marcada por el miedo, sobre todo, femenino.

FACUA Córdoba ha remitido a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Antiviolencia) nuevas pruebas sobre la presencia de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna de El Arcángel. Se trata de fotografías y vídeos obtenidos durante el partido entre el Córdoba CF y la UD Almería del pasado 12 de septiembre, en los que, según la asociación, aparecen vinos blancos, tintos y espumosos y cervezas. El material amplía la denuncia que la organización presentó el pasado 31 de agosto, entonces con imágenes del encuentro ante el Granada CF. FACUA señala que estas nuevas evidencias corresponden a un partido posterior al inicialmente denunciado y jugado cuando el club ya conocía la denuncia presentada previamente.

La asociación ha comunicado también que, a los pocos minutos del inicio del encuentro ante el Almería, el director de Relaciones Externas del Córdoba CF envió un mensaje de WhatsApp al presidente de FACUA Córdoba en el que le indicaba: “no hace falta que sigas haciéndole fotos a los palcos de Tribuna”. Para la entidad, el contenido del mensaje acredita que el club sabía que se estaban documentando los palcos durante el partido, y considera que la comunicación se dirigió a pedirle que dejara de fotografiarlos en lugar de trasladar alguna actuación para corregir la situación denunciada.

FACUA ha dado traslado además de los hechos a la comisaria de la Policía Nacional, a la que ha pedido que adopte las medidas que legalmente correspondan de cara a los próximos encuentros en el estadio. La asociación recuerda que la cuestión ya se había puesto en conocimiento del coordinador de Seguridad de la Policía Nacional antes del partido ante el Almería. “Estamos aportando nuevas pruebas para que Antiviolencia pueda valorar objetivamente lo que aparece en el material y determinar si existe algún incumplimiento de la normativa”, ha señalado el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, que ha reclamado que el organismo examine de forma conjunta lo aportado sobre los dos partidos.

La denuncia se apoya en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Su artículo 4.1 prohíbe la introducción, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones donde se celebren competiciones deportivas, mientras que el artículo 7.2.a) establece como condición de permanencia de los espectadores no consumirlas. En su primera denuncia, la asociación sostuvo que la ley no recoge excepción alguna para palcos, zonas VIP o espacios de uso exclusivo, con independencia de que su utilización se haya contratado mediante el pago de una cantidad, y recordó que la norma obliga a los organizadores a velar por el cumplimiento de esas condiciones.

En aquella primera denuncia citó también un precedente del propio organismo estatal. En octubre de 2016, Antiviolencia propuso dos multas de 3.500 euros al Athletic Club por la expedición de bebidas alcohólicas en zonas VIP y en el palco de honor, con ocasión de los encuentros ante el Valencia y el Sevilla. FACUA ha pedido que ese criterio se tenga en cuenta si se determina la responsabilidad del Córdoba CF, y ha avanzado que seguirá poniendo a disposición de Antiviolencia las pruebas de las que disponga.

Sea como fuere, según ha podido saber Cordópolis, el Córdoba CF no ha recibido hasta la fecha ninguna comunicación oficial de ningún organismo ni comisión en la que se le traslade un posible incumplimiento en este sentido. Mientras tanto, fuentes blanquiverdes señalan que el club cumple rigurosamente con los protocolos de seguridad y los permisos para sus espacios multiusos, y que analizará cualquier modificación o requerimiento formal que le trasladen las autoridades e instituciones reguladoras, como viene haciendo, para su puesta en marcha.

Facua ha exigido al Córdoba CF que realice y publique de inmediato los resultados del sorteo correspondiente al partido disputado el pasado 30 de agosto frente al Granada CF, después de que haya transcurrido ampliamente el plazo de 48 horas que el propio club estableció en las bases de la promoción “Cordobesista, es tu momento”. La asociación ha recibido consultas de abonados que han trasladado su preocupación por el retraso en la publicación de los resultados y ha decidido requerir formalmente al Córdoba CF para que cumpla las condiciones de la promoción.

Según la asociación, las bases legales de la campaña establecen expresamente que “la publicación de los agraciados la hará el club 48 horas después de la finalización de cada partido”, y que dicha comunicación se realizará a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. “Sin embargo, transcurridas ya casi 120 horas desde la finalización del encuentro frente al Granada CF, el Córdoba CF no ha hecho públicos los abonados agraciados a través de sus perfiles oficiales de redes sociales, incumpliendo tanto el plazo como el medio de comunicación establecidos en las propias bases de la promoción”.

Facua considera especialmente “llamativo” que, hasta el momento, el club tampoco haya “informado públicamente de la existencia de ninguna incidencia, problema técnico o cualquier otra circunstancia que pudiera haber impedido realizar el sorteo o comunicar sus resultados dentro del plazo establecido”. La asociación ha recordado que, conforme al artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el contenido de las ofertas, promociones y publicidad es exigible por los consumidores y usuarios en los términos establecidos por la normativa aplicable.

Por ello, FACUA Córdoba ha exigido a la entidad que proceda de inmediato a realizar y resolver el sorteo correspondiente al partido del 30 de agosto, incluyendo también el sorteo que quedó pendiente del encuentro disputado el 21 de agosto frente al Girona FC, y que comunique los resultados de ambos a través de los medios previstos en las bases. La asociación ha reclamado además que el retraso producido no reduzca en ningún caso el plazo de quince días naturales previsto en las propias bases para la recogida o disfrute de los premios.

Dos sorteos pendientes de resolver

El problema no se limita al incumplimiento del plazo correspondiente al partido del 30 de agosto. El Córdoba CF tiene también pendiente el sorteo correspondiente al encuentro disputado el 21 de agosto frente al Girona FC, que no pudo celebrarse debido a los problemas registrados en los tornos de acceso al estadio. Las propias bases establecen que la asistencia de los abonados únicamente será comprobada mediante el sistema de tornos de acceso al estadio, sin admitir ninguna otra forma de acreditación. Según la información trasladada por el club, la incidencia registrada en aquel encuentro impidió disponer de un registro fiable de los abonados asistentes y, por ello, no pudo realizarse el sorteo.

Facua considera necesario que el club blanquiverde informe de qué medidas ha adoptado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control de asistencia y evitar que nuevas incidencias puedan afectar al desarrollo de la promoción y a los derechos de los abonados participantes.

Las bases de una promoción obligan al organizador

Facua ha recordado al Córdoba CF que las condiciones que establece en una promoción dirigida a sus abonados no pueden considerarse “simples declaraciones de intenciones, sino compromisos que deben ser respetados por el organizador”. Por ello, la asociación le ha pedido que explique las razones concretas que han motivado el incumplimiento del plazo de 48 horas correspondiente al encuentro del 30 de agosto, sin prejuzgar si el retraso responde a una incidencia técnica, a cualquier otra circunstancia o a una decisión del propio club.

Asimismo, la asociación ha considerado que, una vez realizados los sorteos pendientes, deberá garantizarse a los ganadores el plazo íntegro de quince días naturales establecido en las bases para la recogida o disfrute de los premios, sin que las demoras imputables a la organización puedan perjudicar a los abonados agraciados.

Un antecedente que se remonta a 2017

En 2017, con otros dirigentes al frente del club, Facua ya tuvo que reclamar públicamente que informara del resultado de un concurso en el que se sorteaba un automóvil y cuyo ganador llevaba tres meses sin conocerse. Tras aquella denuncia pública, el Córdoba CF comunicó finalmente el resultado.

Casi nueve años después, y tras casi una década sin que el Córdoba CF haya realizado ningún otro sorteo, la asociación vuelve a reclamar públicamente al club que cumpla las condiciones de una promoción y comunique sus resultados dentro del plazo establecido en sus propias bases.

Facua espera que el Córdoba CF regularice de forma inmediata esta situación y dé cumplimiento a las condiciones que el propio Club ha establecido para la campaña “Cordobesista, es tu momento”.

En caso contrario, la asociación valorará la adopción de las actuaciones que correspondan en defensa de los derechos de los abonados y consumidores afectados.

Facua Córdoba ha puesto en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, según en un comunicado enviado a los medios de comunicación, el consumo de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel durante la celebración de partidos de fútbol del Córdoba CF.

La asociación considera que estos hechos pueden vulnerar la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y ha aportado pruebas que documentan los hechos objeto de la denuncia tomadas durante el encuentro celebrado el domingo 30 de agosto que enfrentó al Córdoba CF y al Granada CF. Entre las bebidas que aparecen en el material aportado figuran vinos blancos, vinos tintos, vinos espumosos y cervezas con alcohol.

El artículo 4.1. de la citada Ley 19/2007 prohíbe expresamente la introducción, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas. Asimismo, el artículo 7.2.a) establece como condición de permanencia de los espectadores no consumir bebidas alcohólicas.

Una ley sin excepciones

Facua Córdoba ha destacado que la Ley no establece ninguna excepción para los palcos, zonas VIP o espacios de uso exclusivo dentro del recinto deportivo, con independencia de que su utilización haya sido contratada mediante el pago de una cantidad económica. “Los palcos objeto de la denuncia forman parte del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y son espacios gestionados por el Córdoba CF, que comercializa su utilización mediante contraprestación económica a empresas y/o particulares durante la temporada. El hecho de que su uso sea exclusivo y esté reservado a las personas autorizadas por quienes lo han contratado no constituye ninguna excepción a la aplicación de la Ley 19/2007”.

La asociación ha recordado que el citado cuerpo legislativo obliga a los organizadores de las competiciones y espectáculos deportivos a velar por el cumplimiento de las obligaciones de acceso y permanencia mediante los oportunos instrumentos de control, así como a adoptar las medidas necesarias para impedir o hacer cesar las conductas prohibidas.

Facua Córdoba considera “especialmente grave” la contradicción que se produce en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel: “mientras el Córdoba CF no permite a los espectadores acceder al estadio portando bebidas alcohólicas, dentro del mismo recinto estas bebidas ya se encuentran en determinados palcos antes del comienzo de los encuentros y son consumidas durante los partidos”. Para la asociación, no resulta admisible que el club aplique la prohibición en los accesos, proyectando con ello una imagen de cumplimiento de la ley, mientras esta misma conducta pueda producirse posteriormente en el interior del recinto por el hecho de tratarse de espacios de uso exclusivo.

Un precedente de la propia Comisión Estatal

Facua Córdoba ha recordado que existe un precedente administrativo de la propia Comisión Estatal especialmente relacionado con estos hechos. En octubre de 2016, Antiviolencia propuso dos multas de 3.500 euros al Athletic Club por la expedición de bebidas alcohólicas en las zonas “Taberna Campa de los Ingleses, zonas VIP y Palco de Honor”, con ocasión de los encuentros Athletic-Valencia y Athletic-Sevilla. Para la asociación, este antecedente resulta “especialmente relevante” porque demuestra que las zonas VIP y los palcos no quedan al margen de la normativa sobre bebidas alcohólicas por el hecho de tener un acceso restringido o estar destinadas a usuarios que han pagado por su utilización.

La institución ha solicitado que este precedente administrativo de la propia Comisión Estatal sea tenido en consideración y que, si se determina la responsabilidad del Córdoba CF por los hechos denunciados, se impongan las sanciones que legalmente correspondan, tomando como referencia el criterio aplicado en el caso del Athletic Club.

La asociación ha recordado que haber pagado por utilizar un palco no convierte este espacio en una zona al margen de la Ley. La prohibición del consumo de alcohol debe aplicarse por igual en todo el recinto deportivo y las sanciones deben imponerse sin excepciones, máxime cuando quien presuntamente incumple es, además, quien está obligado a adoptar las medidas preventivas necesarias para impedir que estos hechos se produzcan. Los palcos no pueden convertirse en espacios sin control donde dejen de aplicarse las normas que rigen para el resto del estadio.

La docena de huevos es el alimento básico de la cesta de la compra que más ha aumentado de precio en el último año -entre agosto de 2025 y agosto de 2026-, llegando a sumar un 8,7% más de media. Así se refleja en el análisis de precios que realiza la organización en defensa de los consumidores Facua, que estudia la evolución del valor de la cesta de la compra en ocho cadenas de supermercados en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol.

La variación interanual de precios muestra que los huevos han experimentado la mayor subida en el último año y, en concreto, donde más se ha encarecido este producto entre agosto de 2025 y agosto de 2026 ha sido en Hipercor, donde la docena M-L de la marca El Corte Inglés ha pasado de estar a 3,99 euros a costar 4,40 euros (un 10,3% más).

Por su parte, el aceite de girasol cuesta actualmente un 4,1% más que hace un año, mientras que el encarecimiento los ajos ha sido del 2,4% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio la harina de trigo (un 0,9%), las patatas (un 0,8%), el aceite de oliva virgen extra (un 0,8%), los macarrones (un 0,8%) y el brik de leche entera (un 0,2%).

Alimentos que bajaron de precio en el último año y los que subieron este agosto

De los productos analizados por Facua, las peras conferencia es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 17,6%. Por su parte, las cebollas acumulan una bajada del 13,2%, las naranjas un 6,1%, los limones un 3,7%, las manzanas golden un 3,0%, el arroz redondo un 2,0%, las lechugas iceberg un 1,8%, las lentejas pardina un 1,2% y las zanahorias un 1,1%.

La organización en defensa de los derechos de los consumidores acaba de publicar su estudio sobre los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra en este mes de agosto y su variación con respecto al mes de julio anterior. Y, ahí, las patatas, las peras conferencia y los macarrones son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes.

Patatas un 14% más caras de julio a agosto

Durante el último mes, la malla de patatas ha experimentado de media un incremento de precio del 14,0%. La mayor subida en agosto se ha dado en Hipercor, donde la malla de cinco kilos ha pasado de 5,99 euros en julio a 7,75 euros en agosto (un 29,4% más).

Por su parte, el kilo de peras conferencia se ha encarecido un 3,2% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Carrefour, con un 20,3% de incremento (de 2,12 euros en julio a 2,55 euros en agosto). El paquete de macarrones, por su parte, es un 3,0% más caro de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en la marca De Cecco en Carrefour, donde ha pasado de estar a 2,59 euros en julio a 2,85 euros en agosto (un 10,0% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio del aceite de girasol (un 2,8% de media) la malla de naranjas (un 2,5%), las lechugas iceberg (un 2,4%), la harina de trigo (un 1,8%), la leche entera (1,3%), el arroz redondo (un 0,2%) y las manzanas golden (un 0,2%).

Entre los alimentos que cuestan de media en agosto menos que en julio están los ajos (-0,4%), las lentejas pardina (-0,8%), los champiñones laminados (-2,0%), las cebollas (-3,2%), los huevos (-3,5%), los limones (-4,2%), las zanahorias (-4,2%), el aceite de oliva virgen extra (-6,0%) y las uvas blancas sin pepitas (-18,0%).

El Córdoba CF ha resuelto el principal efecto colateral del fallo en los accesos de El Arcángel del pasado 21 de agosto. El club anunció este lunes que reconocerá la asistencia de todos sus abonados de la temporada 2026-27 al partido ante el Girona FC a efectos del programa “Fieles desde 1954”, de manera que la ausencia de registros oficiales no penalizará a nadie en el cómputo. La decisión llega un día después de que FACUA Córdoba exigiera públicamente una salida que evitara que un problema del sistema acabara pagándolo el abonado, si bien es cierto que la propia entidad blanquiverde también salió al paso para aclarar que ofrecerían una solución satisfactoria a sus abonados.

La medida importa por cómo está construida la campaña. “Fieles desde 1954” premia la asistencia por bloques de tres partidos de Liga en casa y exige que esos tres encuentros sean consecutivos, con lo que un solo partido sin registro bastaba para romper la cadena de alguien que no había faltado al estadio. A eso se sumaba que las propias condiciones del programa establecen los tornos como única vía de comprobación, sin admitir ningún otro justificante. Al dar por buena la asistencia de todos los abonados, el club esquiva el problema de raíz en lugar de abrir una vía de reclamación caso por caso.

El Córdoba CF vuelve a subrayar, como viene haciendo desde el mismo viernes, que la incidencia es achacable al sistema de gestión de LaLiga y no a la entidad blanquiverde, que se topó con el fallo en pleno acceso al estadio y tuvo que improvisar la apertura manual de varios puntos de entrada. El club ha pedido disculpas a sus abonados por un contratiempo que considera ajeno y asegura que lleva desde entonces trabajando para paliar sus efectos.

En cuanto a “Cordobesista, es tu momento”, la otra iniciativa afectada aquella noche, las experiencias y los premios por sorteo previstos para los asistentes al Córdoba - Girona se acumulan para el siguiente partido en casa. Será este domingo 30 de agosto a las 21:30 ante el Granada CF, con las entradas ya a la venta. El club informará a lo largo de la semana de cómo queda finalmente esa promoción tras la acumulación.

Con ambos asuntos encauzados, la atención del club en este capítulo pasa ahora a que el sistema responda el domingo. El Córdoba CF ha reconocido que trabaja para que no vuelva a repetirse, aunque insiste en que el control de accesos depende de la patronal y no de la estructura del club. De hecho, tanto es así que un fallo similar también se replicó en otros estadios de Primera División, como La Cartuja, donde el Real Betis también tuvo problemas con la gestión de sus tornos.

El estreno liguero en casa dejó el viernes tres puntos ante el Girona FC y un problema que no se resolvió sobre el césped. El sistema informático de control de accesos de El Arcángel falló en plena entrada de público, hubo que abrir de forma manual varios puntos y el Córdoba CF reconoció esa misma noche que no dispone de unos registros de asistencia “completos y fiables”. Dos días después, FACUA Córdoba ha exigido al club que garantice que ningún abonado pierda el reconocimiento de su presencia en el estadio por una avería que no le corresponde asumir.

La asociación de consumidores no cuestiona la comunicación de aquella noche. El club informó del fallo y suspendió los sorteos de otra de sus iniciativas, Cordobesista, es tu momento, una decisión que FACUA da por razonable. Lo que denuncia es el silencio posterior sobre cómo afectará lo ocurrido a “Fieles desde 1954” y sobre qué procedimiento se aplicará para acreditar la asistencia de quienes sí acudieron. Entiende que el club no tenía por qué tener una solución cerrada el mismo viernes, pero sostiene que sí podía haber anunciado que estaba analizando las consecuencias, aunque solo fuera para trasladar tranquilidad mientras encontraba la salida.

Y es que el detalle que convierte esto en algo más que una molestia está en la letra pequeña de la campaña. Las condiciones de “Fieles desde 1954” establecen que la asistencia se comprueba a través de los tornos, “no permitiéndose otra opción de comprobación o justificación de asistencia a cada partido”. El club se ató a un único sistema de verificación y ese sistema es precisamente el que ha fallado en el primer partido del curso en casa. Como las recompensas son progresivas y van desde los tres encuentros consecutivos hasta los 21 que suponen el 100% de asistencia, un solo partido sin registro fiable puede arrastrar el cómputo de toda la temporada para quien aspire a los escalones más altos.

Sobre esa base, FACUA ha reclamado al Córdoba CF que informe de forma pública e inmediata de cómo se contabilizará el Córdoba - Girona, qué procedimiento alternativo utilizará para reconocer a quienes estuvieron en el estadio y qué medidas adoptará para que el fallo no perjudique ni el recuento ni los premios vinculados a la asistencia acumulada. Pide, además, que las condiciones incorporen un mecanismo que regule expresamente estos casos, porque en el control de accesos intervienen tanto el club como LaLiga y una avería similar puede repetirse durante el curso. Si se vinculan unos premios a un sistema que se presenta como única prueba válida, entiende la asociación, hay que prever también qué ocurre cuando ese sistema deja de funcionar.

El club apunta a LaLiga y promete una solución

El Córdoba CF lleva desde el viernes trabajando en el asunto y en todos los problemas derivados de aquel fallo, que atribuye al sistema de LaLiga y no a la organización del club. Fuentes de la entidad explican a este periódico que se toparon con la avería en pleno acceso al estadio y en un momento clave del partido, y que a partir de ahí solo cabía resolverlo de la mejor manera posible sobre la marcha. El club agradece la paciencia y la comprensión de los aficionados aquella noche y asegura que trabaja para que no vuelva a ocurrir, aunque insiste en que la responsabilidad del sistema de accesos corresponde a la patronal.

Sobre el fondo de lo que reclama FACUA, la entidad blanquiverde admite que la ausencia de registros oficiales afecta al nuevo programa de asistencia para abonados y sostiene que desde el viernes busca la mejor solución posible para ellos, con el objetivo de que no se vean más perjudicados de lo que ya lo fueron. La decisión, señalan las mismas fuentes, se comunicará a través de los canales oficiales del club en cuanto pueda tomarse.

Facua Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de la capital banalice el riesgo para los usuarios que conllevaba la señalización errónea de un carril en el entorno de Plaza de Colón tras admitir que dicha señal se debía retirar pero fue “olvidada”.

La asociación denunció en el mes de julio ante la propia administración la aparente contradicción existente entre la señal vertical de “Ciclocalle 30 – Carril derecho compartido” situada en el entorno de Plaza de Colón con la reciente inscripción “Bus-Taxi” pintada sobre la calzada tras las obras del Plan de Asfalto municipal. Tras la reclamación de Facua Córdoba, la señal fue retirada.

En una respuesta dirigida a la asociación, el teniente de alcalde delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, ha trasladado la información facilitada por el Departamento de Movilidad, que reconoce que se había decidido eliminar el carril compartido con bicicletas y que se habían dado instrucciones para retirar su señalización. Sin embargo, el Departamento admite que una de las señales permaneció instalada durante varios días porque fue “olvidada” y que finalmente fue retirada después de que Facua denunciara su existencia.

Además, en la respuesta, Jordano minimiza el riesgo para los usuarios de la vía que ha supuesto esta descoordinación existente entre las áreas municipales competentes en materia de Movilidad e Infraestructuras y los mecanismos de supervisión aplicados a las actuaciones ejecutadas en la vía pública. Así, señala que la permanencia durante esos días de la señal de “Ciclocalle 30”, ubicada en el carril anexo al Bus-Taxi, no constituyó “un elemento de riesgo para la seguridad vial o información contradictoria a los conductores”.

“Insulto a la ciudadanía”

Para Facua, estas afirmaciones suponen un insulto a los ciudadanos y recuerda al delegado de Movilidad que la ausencia de un accidente durante esos días no puede convertirse en el criterio para determinar si una señalización era correcta o podía generar riesgo. La seguridad vial debe abordarse desde la prevención, atendiendo al conjunto de señales y no de manera aislada y desde la obligación de ofrecer a los usuarios una información clara y coherente sobre las condiciones de utilización de la vía.

Si una señal debía retirarse porque correspondía a una configuración de tráfico que había sido eliminada, para Facua resulta difícil entender que su permanencia no pudiera generar confusión y advierte a Jordano que una señalización incorrecta no adquiere relevancia únicamente cuando provoca un accidente.

En este sentido, la asociación recuerda que el artículo 131 del Reglamento General de Circulación establece que la señalización tiene como finalidad advertir e informar a los usuarios de la vía y ordenar o reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación respecto de las circunstancias de la circulación.

Necesidad de mejorar la coordinación entre áreas municipales

Facua Córdoba insiste en que una señal que permanece instalada pese a que el propio Ayuntamiento ha decidido eliminar la configuración de la vía a la que hacía referencia puede generar, por sí misma, una interpretación errónea sobre las condiciones de circulación, con independencia de que durante el tiempo que permaneció instalada se produjera o no algún accidente.

La asociación considera especialmente significativo que la señal fuera finalmente retirada después de la denuncia formulada por Facua Córdoba, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de comprobación y coordinación municipal tras la ejecución de actuaciones que afectan a la ordenación del tráfico.

Por ello, Facua Córdoba reclama al delegado de Movilidad que explique qué controles se realizaron tras las actuaciones de asfaltado y señalización en la plaza de Colón y qué medidas adoptará el Ayuntamiento para evitar que vuelvan a permanecer en la vía señales que no se corresponden con la configuración existente.

La asociación de consumidores Facua ha presentado sendas denuncias ante el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la empresa municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Córdoba (Cecosam), mediante las que solicita “la adopción urgente de las medidas necesarias para corregir el grave estado de abandono que presenta el Cementerio Municipal de San Rafael y restablecer unas adecuadas condiciones de limpieza, conservación, seguridad y ornato del recinto”.

Según ha detallado la entidad en una nota, “la decisión de presentar ambas denuncias se produce tras la visita realizada por miembros de Facua el sábado 1 de agosto al citado cementerio”, en el que han comprobado que, “lejos de haberse corregido las deficiencias denunciadas públicamente por la asociación en el mes de febrero, el estado de conservación del recinto ha experimentado un evidente agravamiento”.

“Durante la visita se constató la existencia de abundante vegetación completamente seca sin retirar, acumulación de hojas y restos vegetales, suciedad incrustada en distintas zonas de tránsito, abandono de numerosos parterres e imbornales y rejillas de evacuación de aguas completamente obstruidos por residuos, circunstancias que evidencian una insuficiente prestación de los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento cuya ejecución corresponde a Cecosam conforme al Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba”, han expuesto.

Así, han manifestado que “la documentación fotográfica que acompaña a ambas denuncias acredita objetivamente esta situación y la ausencia de actuaciones eficaces para corregir las deficiencias denunciadas por Facua hace más de seis meses”, a lo que han agregado que “estos hechos no sólo deterioran la imagen institucional del cementerio, sino que constituye una evidente falta de respeto hacia la memoria de quienes allí descansan y hacia sus familiares, que tienen derecho a encontrar un espacio público en adecuadas condiciones de limpieza, conservación y dignidad”.

El reglamento municipal

Al respecto, Facua ha recordado que “los artículos 11 y 15 del Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba atribuyen expresamente a Cecosam la realización de los servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento, la limpieza y la conservación de los cementerios municipales, así como de sus jardines, elementos urbanísticos e instalaciones”.

A juicio de la asociación, “el estado que actualmente presenta el Cementerio de San Rafael podría evidenciar un incumplimiento de dichas obligaciones reglamentarias, al no garantizarse unas condiciones adecuadas de limpieza, conservación y mantenimiento en un servicio público esencial cuya correcta prestación corresponde a la empresa municipal”.

Asimismo, considera “especialmente incomprensible que el Ayuntamiento mantenga su intención de destinar 1,2 millones de euros de fondos públicos en 2026 para subvencionar festivales musicales promovidos por empresas privadas, pese a los reparos formulados por la Intervención General sobre dicho procedimiento, mientras un servicio público esencial como el Cementerio Municipal de San Rafael continúa presentando un evidente estado de abandono”.

La asociación ha advertido de que “la promoción de actividades culturales resulta plenamente compatible con el adecuado mantenimiento de los servicios públicos municipales”. Sin embargo, cree que “la correcta conservación de un cementerio debe constituir una prioridad ineludible para cualquier administración pública, especialmente cuando se trata de un servicio financiado con los impuestos de toda la ciudadanía”.

“No se trata de enfrentar la cultura con los servicios públicos, sino de exigir una adecuada jerarquización de las prioridades municipales”, han subrayado, para agregar que “resulta difícilmente comprensible que el Consistorio proyecte destinar una cuantía tan elevada de recursos públicos a subvencionar eventos promovidos por empresas privadas mientras no garantiza el adecuado mantenimiento de un espacio público tan sensible como el Cementerio de San Rafael”.

“Actuaciones urgentes”

En las denuncias presentadas, Facua ha solicitado al Ayuntamiento y a Cecosam que “se practique una inspección técnica del estado del recinto y que se apruebe, con carácter urgente, un plan extraordinario de limpieza, desbroce y mantenimiento integral que incluya la retirada de vegetación seca, la limpieza de viales y zonas comunes, la recuperación de los parterres, la desobstrucción de imbornales y rejillas de evacuación de aguas y la ejecución de cuantas actuaciones resulten necesarias para restablecer unas adecuadas condiciones de salubridad, seguridad, conservación y ornato”.

Igualmente, la asociación ha pedido “la implantación de un programa permanente de mantenimiento preventivo que garantice la correcta conservación del Cementerio Municipal de San Rafael durante todo el año y evite que vuelvan a reproducirse situaciones de abandono como la actualmente existente”.

Facua ha exigido al Consistorio y a Cecosam que “cumplan las obligaciones de conservación, limpieza y mantenimiento que les atribuye el Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba y adopten, sin más demora, las medidas necesarias para devolver al Cementerio de San Rafael las condiciones de dignidad, limpieza y conservación que la ciudadanía tiene derecho a exigir de un servicio público esencial”.

Facua Córdoba considera que la decisión de Sadeco de retirar las gomas de las bocas de 2.167 contenedores de las fracciones Resto y Orgánica constituye “el reconocimiento implícito de que el modelo implantado no funciona como fue concebido”, según ha informado a través de una nota de prensa.

La empresa municipal ha justificado esta medida señalando que dichas gomas dificultan el depósito de las bolsas de basura y favorecían que numerosos residuos acabaran abandonados junto a los contenedores. Sin embargo, para la asociación resulta muy preocupante que apenas un año después sea necesario modificar físicamente unos contenedores cuya adquisición forma parte de un contrato de renting de 17 millones de euros.

Facua Córdoba considera que los cordobeses acabarán utilizando unos contenedores “mutilados”, ya que se elimina una parte de su diseño original para corregir un problema que debió detectarse antes de su implantación.

Además, la retirada de estas gomas deja completamente abiertos los orificios de depósito, eliminando el sistema de cierre previsto en el diseño original. “Los contenedores pasan así a presentar una mayor salida de malos olores, una mayor exposición a la entrada de insectos y una menor estanqueidad, efectos que contradicen la finalidad para la que dichas gomas fueron incorporadas al diseño original”, aseguran.

Fracaso del modelo

Facua Córdoba recuerda que estos contenedores fueron presentados públicamente en abril de 2025 por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la entonces presidenta de Sadeco, Isabel Albás, como una de las principales actuaciones de modernización del servicio municipal de limpieza, destacando su diseño, accesibilidad y funcionalidad.

Sin embargo, apenas un año después, la propia empresa municipal ha reconocido que uno de los elementos incorporados al diseño original dificultaba su uso por parte de la ciudadanía y ha decidido retirarlo de más de 2.000 contenedores.

Para la asociación, el contraste entre aquella presentación oficial y la situación actual evidencia que el modelo no fue suficientemente evaluado antes de su implantación masiva, pese a formar parte de una de las mayores inversiones realizadas para renovar el sistema de contenedores de la ciudad.

Facua exige explicaciones

Facua Córdoba considera imprescindible que el Ayuntamiento explique públicamente si antes de implantar este modelo se realizaron pruebas reales de utilización por parte de la ciudadanía, cuál fue el coste de incorporar las gomas al diseño de los contenedores y cuánto costará ahora retirarlas, quién asumirá el coste de esta modificación, si la empresa adjudicataria responderá de las deficiencias detectadas o si se exigirán responsabilidades por una decisión que ha obligado a modificar un modelo presentado como una mejora para la ciudad.

La asociación reclama la máxima transparencia sobre esta actuación y considera que una inversión pública de esta magnitud no puede requerir modificaciones tan relevantes apenas un año después de su implantación sin ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía.

“Los cordobeses no pueden acabar utilizando unos contenedores modificados y con prestaciones inferiores a las anunciadas cuando fueron presentados y cuya solución ha consistido en desmontar parte del propio contenedor para poder hacerlo utilizable. Así, es imprescindible que se explique por qué ha sido necesario modificar un modelo recién implantado, determinar quién debe asumir las consecuencias de esa decisión y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro”, concluyen.

El Córdoba-Sevilla disputado anoche dejó de nuevo una imagen de la que se vienen quejando sistemáticamente muchos de los aficionados y abonados del Córdoba CF: la poca limpieza de los asientos antes de empezar una temporada. Ayer volvió a ocurrir y, en la mañana de hoy, ha sido FACUA Córdoba la que ha denunciado el “deplorable” estado de limpieza en gradas, aseos y diferentes zonas comunes del estadio El Arcángel.

En su escrito, la asociación de consumidores ha solicitado incluso al Ayuntamiento de Córdoba que lleve a cabo una inspección higiénico-sanitaria de las instalaciones y compruebe el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Córdoba CF como entidad gestora del recinto. Y es que, recoge FACUA, pudo observarse “la existencia de una importante acumulación de suciedad en distintas zonas de las gradas, así como la presencia de numerosos excrementos secos de aves sobre un elevado número de asientos, lo que obligó a numerosos aficionados a limpiarlos por sus propios medios antes de poder ocupar sus localidades”.

La asociación también señala la existencia de problemas de higiene y mantenimiento en algunos de los aseos del estadio. FACUA advierte de que la acumulación de excrementos de aves puede suponer un potencial riesgo higiénico-sanitario y considera que su eliminación debe formar parte de los protocolos habituales de limpieza de una instalación que reúne a miles de personas.

FACUA sostiene, además, que no se trata de un problema puntual, ya que durante la pasada temporada fueron numerosos los aficionados que trasladaron quejas por el estado de limpieza del recinto. Por ello, reclama al Córdoba CF que refuerce los trabajos de mantenimiento en las gradas, los aseos y el resto de zonas comunes, además de adoptar medidas que impidan que vuelvan a acumularse excrementos sobre los asientos.

Por último, en ese texto difundido a los medios de comunicación, la asociación recuerda que El Arcángel es una instalación de titularidad municipal y que su gestión recae actualmente en el club blanquiverde, de ahí que entienda que las dos partes deben cuidar su estado.

Facua se ha dirigido al Córdoba Club de Fútbol para instarle a que declare el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba como espacio libre de humo antes del inicio de la temporada 26/27 de LaLiga, tras la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del proyecto de reforma de la Ley del Tabaco, que prevé ampliar los espacios sin humo a las instalaciones deportivas al aire libre.

La asociación ha recordado que lleva años demandando tanto al club como a las administraciones competentes la adopción de esta medida, al entender que un recinto que congrega a miles de aficionados cada jornada debe “garantizar un entorno saludable y libre de la exposición involuntaria al humo del tabaco”.

Así, la reciente aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno supone un paso, a su parecer, “decisivo en la ampliación de los espacios sin humo en España”. Entre las medidas previstas se encuentra la prohibición de fumar en instalaciones deportivas al aire libre, una modificación normativa que responde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a la creciente demanda social de espacios públicos más saludables.

Ante este nuevo panorama, Facua considera que el Córdoba CF tiene la oportunidad de actuar de forma “anticipada y responsable”, realizando ya la declaración de espacio sin humo en lugar de esperar a que la futura normativa le obligue a implantar una medida que busca la protección de la salud de sus aficionados.

Priorizar la salud

La asociación ha recordado además que la implantación de políticas de espacios sin humo en instalaciones deportivas constituye una tendencia cada vez más extendida tanto a nivel nacional como internacional, demostrando que es “perfectamente compatible disfrutar del espectáculo deportivo con el respeto al derecho de todos los asistentes a respirar un aire libre de humo”.

Así, adelantar la declaración de espacio sin humos al inicio de la temporada 26/27 mandaría el “claro mensaje de que el club está comprometido con la salud pública y la protección de los consumidores, además de permitirle liderar en este ámbito a las entidades de fútbol profesional”. “Esperar a que la ley obligue a adoptar esta medida supondría perder la ocasión de ejercer un liderazgo basado en la responsabilidad social y la protección de la salud”.

Por todo ello, Facua ha hecho un llamamiento al Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol para que adopte las medidas necesarias que permitan declarar el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel como recinto libre de humo antes del inicio de LaLiga 26/27, convirtiendo al club en un “ejemplo de compromiso con la salud, el bienestar de sus aficionados y la protección de los consumidores”.

La asociación, además, ha señalado que continuará defendiendo todas aquellas iniciativas dirigidas a garantizar el derecho de los consumidores y usuarios a disfrutar de espacios públicos más saludables, seguros y libres de la exposición involuntaria al humo del tabaco.

Facua Córdoba ha confirmado que el Ayuntamiento de la capital ha retirado la señal vertical de 'Ciclocalle 30-Carril derecho compartido' situada en el entorno de Plaza de Colón, pocos días después de que la asociación alertara ante la propia administración la “aparente contradicción” existente entre dicha señalización y la reciente inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada tras las obras del Plan de Asfalto municipal, aunque “sigue sin señalizar verticalmente el carril Bus-Taxi”.

En este sentido y en una nota, Facua ha señalado que se trata de “una contradicción” que generaba “dudas sobre la situación real de este carril y cuál es realmente el régimen de circulación aplicable al mismo, la ausencia de respaldo documental claramente identificable y la coexistencia de indicaciones que trasladaban mensajes incompatibles, lo que conllevaba la evidente confusión entre los usuarios de la vía”.

La asociación ha resaltado que la retirada de esta señal constituye un hecho especialmente significativo, ya que “evidencia que la situación denunciada no respondía a una mera interpretación de la asociación, sino a una anomalía en la regulación y señalización del carril que finalmente ha obligado al Ayuntamiento a intervenir”.

Sin embargo, la asociación advierte de que la retirada de la señal de 'Ciclocalle 30' “no resuelve las cuestiones planteadas en su denuncia”, pues “el principal problema era la inexistencia de una señalización vertical específica que identificara sin lugar a dudas el carril como reservado para autobuses y taxis, circunstancia que continúa produciéndose en la actualidad”.

Tras eliminar la señal que indicaba que se trataba de un carril compartido entre vehículos y bicicletas, “el Ayuntamiento mantiene únicamente la inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada, sin haber instalado hasta la fecha una señal vertical que informe expresamente de la existencia de una reserva de circulación para autobuses y taxis”.

Así, la asociación insiste en que “el artículo 53 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la señalización debe ajustarse a la normativa y resultar suficientemente visible, comprensible y eficaz para los usuarios de la vía”. Asimismo, el Reglamento General de Circulación “configura un sistema integral de señalización destinado a garantizar que los conductores conozcan con claridad las limitaciones y condiciones de uso de cada vía o carril”, han relatado.

Por tanto, Facua Córdoba considera que esta circunstancia “sigue generando incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable al carril y sobre la suficiencia de la señalización existente para informar adecuadamente a conductores, ciclistas y demás usuarios de la vía”. Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento “no haya ofrecido hasta el momento ninguna explicación oficial sobre las razones que justificaron inicialmente la coexistencia de ambas indicaciones ni sobre los criterios seguidos para intentar corregir posteriormente la situación”.

Para Facua, esta actuación refuerza “las dudas sobre la coordinación existente entre las áreas municipales competentes en materia de Movilidad e Infraestructuras y sobre los mecanismos de supervisión aplicados a las actuaciones ejecutadas en la vía pública”.

Además, la asociación ha afirmado que el Ayuntamiento “aún no ha contestado al escrito presentado” por la entidad, mediante el que instaba a conocer “la situación administrativa y jurídica del carril, el respaldo documental de la actuación realizada, los criterios seguidos para su ejecución y el coste económico que ha supuesto para las arcas municipales”.

Asimismo, Facua insiste en que “los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué se pintó una inscripción 'Bus-Taxi' en un carril donde coexistía una señal vertical incompatible con dicha reserva de circulación y por qué, una vez denunciada públicamente esta situación, se ha procedido a retirar la señal de 'Ciclocalle 30' sin que todavía exista una señalización vertical específica que identifique el carril como reservado para autobuses y taxis”.

Facua Córdoba ha alertado este lunes de la “confusión” entre los conductores que genera la “reciente actuación realizada por parte del Ayuntamiento de la capital en la Plaza de Colón, en dirección a la Avenida de las Ollerías”, donde, “coincidiendo con las obras del Plan de Asfalto municipal, se ha procedido a pintar sobre la calzada la inscripción 'Bus-Taxi' pese a no existir actualmente una señal vertical que identifique expresamente una reserva de circulación para autobuses y taxis”.

Según informa la asociación de consumidores en una nota, la propia organización ha comprobado, igualmente, que “en este mismo eje viario existe una señalización vertical que identifica el carril derecho como 'Ciclocalle 30', indicando expresamente que se trata de un 'carril derecho compartido' entre bicicletas y vehículos”.

Esta circunstancia, según Facua, “llama especialmente la atención ya que cuesta entender cómo puede compatibilizarse una señalización vertical que identifica el carril como compartido con la inscripción 'Bus-Taxi' recientemente pintada sobre la calzada, que aparenta establecer una reserva de circulación para autobuses y taxis”.

Así las cosas, Facua Córdoba ha advertido de que “la coexistencia de ambas indicaciones puede generar una evidente confusión entre los usuarios de la vía y plantea incertidumbre sobre cuál es realmente el régimen de circulación aplicable al carril afectado”. Asimismo, la asociación ha instado mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de la capital a “aclarar si estas señalizaciones son compatibles entre sí y cómo deben interpretar los usuarios de la vía una configuración que, a simple vista, parece trasladar mensajes contradictorios a conductores y ciclistas”.

Tal y como ha explicado Facua Córdoba, la señalización vertical que identificaba este carril como reservado para autobuses y taxis “desapareció, al menos, en mayo de 2021. Pese a ello, durante más de cuatro años el Ayuntamiento no ha procedido a reponer dicha señalización ni ha informado de actuación alguna destinada a restablecer formalmente la reserva de circulación en este tramo”.

Como consecuencia de esta situación, el carril ha venido siendo “utilizado con normalidad por toda clase de vehículos durante años, sin que existiera una señal vertical que permitiera identificar de forma inequívoca una restricción específica para los conductores que transitaban por la zona”.

En este contexto, desde Facua han asegurado que “llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento haya decidido ahora destinar recursos públicos al repintado de la inscripción 'Bus-Taxi' sobre la calzada sin haber restituido previamente la señalización desaparecida y sin haber explicado públicamente cuál ha sido la situación jurídica de este carril durante los últimos años”.

Facua Córdoba señala que esta circunstancia “suscita además serios interrogantes sobre la adecuación de la actuación a la normativa vigente, toda vez que el artículo 53 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la señalización debe ajustarse a la normativa y resultar suficientemente visible, comprensible y eficaz para los usuarios de la vía. Asimismo, el Reglamento General de Circulación configura un sistema integral de señalización destinado a garantizar que los conductores conozcan con claridad las limitaciones y condiciones de uso de cada vía o carril”.

Así las cosas, la asociación considera “necesario determinar si la mera existencia de la inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada resulta suficiente para establecer una reserva efectiva de carril o si, por el contrario, la ausencia de señalización vertical específica impide considerar que dicha restricción se encuentre correctamente señalizada conforme a los principios de seguridad vial y seguridad jurídica”.

Igualmente, Facua ha informado de que, “tras consultar la documentación oficial disponible del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el Inventario del Viario elaborado por el propio Ayuntamiento”, no ha encontrado “una referencia clara y expresa que permita identificar este tramo concreto de Plaza de Colón como un carril Bus-Taxi debidamente delimitado y definido”.

Para la organización, “esta circunstancia abre interrogantes acerca de si nos encontramos realmente ante la recuperación de una infraestructura previamente existente, ante la creación de una nueva reserva de carril o, simplemente, ante una actuación ejecutada sin la necesaria planificación, coordinación administrativa o respaldo documental suficiente”.

Ante esta situación, Facua Córdoba considera “imprescindible que el Ayuntamiento de la capital explique públicamente el fundamento de esta actuación y aclare cuál es la situación real de este carril desde el punto de vista técnico, documental y normativo, así como su régimen de utilización y su verdadero encaje dentro de la planificación municipal de la movilidad urbana”.

Las quejas e imágenes de basura sin recoger en los contenedores de Córdoba se han multiplicado este último fin de semana. Bolsas de basura acumuladas junto a los contenedores, algunos llenos y otros no, se han podido ver en distintos barrios de la ciudad en unos días en los que, además, con las altas temperaturas, a la mala imagen se unen olores y problemas de higiene.

Las imágenes que han llegado a este periódico durante el fin de semana y también este lunes por la mañana dejaban la misma 'postal' en distintos barrios: bolsas y bolsas de basura y otros residuos a los pies de los contenedores. Algunos de los depósitos no se habían recogido y otros ya estaban vacíos, pero los residuos que se habían dejado en el suelo seguían acumulados.

La situación no es nueva, ya se viene repitiendo en los últimos meses, pero en fin de semana se ha agudizado. El principal problema es la falta de camiones de recogida de la empresa municipal Sadeco, que se encuentra con la flota a medio gas. En el mes de mayo se llegó a que siete de los 18 camiones de recogida nocturna de Sadeco estaban inoperativos. En las semanas posteriores se han incorporado algunos de alquiler y renting, si bien la flota sigue incompleta, y el gobierno municipal prometió la llegada de un total de veinte camiones más.

Y esa falta de camiones hace que la frecuencia en la recogida haya cambiado y, por tanto, no se retire toda la basura como antes. Según fuentes municipales consultadas por este periódico, la normalidad en la flota y en la frecuencia de recogida no se recuperará hasta finales de julio.

“Problema puntual” y “anecdótico”

El propio presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, en un post en redes sociales, ha admitido que “es cierto que hasta que tengamos los 20 nuevos camiones operativos (ya tenemos 5), se han modificado los recorridos y puede generar algún problema puntual”. El edil asegura que “esto no deja ser anecdótico frente a los cerca de 1.500 grupos de contenedores que tiene la ciudad”.

El Movimiento Ciudadano, sobre los problemas del servicio: “Es una evidencia”

La falta de camiones es algo que constatan también desde el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). “Ahora mismo hay menos camiones de los que Sadeco debe tener para hacer la recogida de basura”, dice el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia. Y, por ello, “ha cambiado las frecuencias de la recogida, lo que hace que se acumule la basura, sobre todo los fines de semana”. “Es una evidencia”, dice sobre lo que todo el mundo puede ver en la calle.

“Sadeco va a pasar un verano complicado hasta que no meta todos los camiones para hacer la recogida oportuna, que ahora no se está haciendo”, vaticina. Los camiones en uso no pueden dar abasto para realizar las mismas rutas y las mismas veces. A ello se unen otros problemas, como las dificultades que presentan los nuevos contenedores con bocas de goma dura que obstaculizan la acción de meter la bolsa en el contenedor, algo por lo que muchos optan por dejarla en el suelo. “La gente deja la basura fuera o llena el contenedor que no es” (de otro tipo de residuos).

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, la situación tiene otra circunstancia que golpea de lleno a la recogida de basura y es la falta de personal. El déficit que ha tenido la empresa municipal “lleva a que controle el gasto. Eso significa menor contratación de personal y eso se nota, fundamentalmente, en fines de semana”, dice De Gracia, al tener menos capacidad de recorrido por la ciudad. Sadeco empieza a contratar ahora a personal para sustituciones de las vacaciones -apunta el presidente del CMC- pero eso no aumenta la plantilla. “Sadeco necesitaría más cantidad de gente y eso significaría más dinero”.

Juan Andrés de Gracia apunta también a que la recogida del cartón y papel que realiza aparte Solemcor también está sufriendo un problema de frecuencia y suma el que haya gente que no corte y pliegue el cartón para meterlo en el contenedor, sino que lo deja fuera en la calle, sumándose a la imagen de residuos fuera de los depósitos.

“Córdoba crece”, pero la suciedad también: Facua denuncia el deterioro de la limpieza urbana

Por su parte, este lunes en una nota de prensa Facua Córdoba ha advertido y denunciado reiteradamente ante el Ayuntamiento de Córdoba y Sadeco el progresivo deterioro del servicio de limpieza urbana. A ello se suman las numerosas quejas vecinales recibidas por la asociación, que describen una realidad cada vez más extendida en distintos barrios de la capital: calles sin limpiar durante días, contenedores saturados, residuos acumulados junto a los puntos de recogida, papeleras desbordadas, malos olores persistentes y una preocupante sensación de abandono por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar unos servicios públicos de calidad.

En su nota, señala que la situación es especialmente preocupante desde el punto de vista sanitario: la presencia cada vez más frecuente de ratas y otros vectores asociados a la acumulación de residuos, circunstancia que está generando alarma entre los vecinos y que exige actuaciones urgentes de limpieza, desratización y control de plagas.

Facua Córdoba considera que el problema ha dejado de ser una mera cuestión estética para convertirse en una cuestión de salud pública, convivencia ciudadana y calidad de vida. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la suciedad visible, sino la sensación de resignación que comienza a instalarse entre la ciudadanía. Muchos vecinos han dejado de preguntarse cuándo se solucionará esta situación para empezar a asumir que vivir en una ciudad cada vez más sucia es algo normal.

La asociación recuerda que Córdoba cuenta con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la Unesco y es uno de los principales destinos turísticos del país. Sin embargo, la imagen que actualmente ofrecen numerosos espacios públicos dista mucho de la que merecen sus habitantes y de la que esperan encontrar quienes la visitan.

Precisamente por ello, Facua Córdoba considera que cualquier balance sobre la evolución de la ciudad debe incluir también la realidad que observan diariamente miles de vecinos en sus barrios. El alcalde, José María Bellido, ha defendido recientemente que Córdoba vive un cambio “estructural” y que la ciudad “no ha dejado de crecer en estos siete años de gobierno del Partido Popular”.

Sin embargo, ese crecimiento debe reflejarse también en la calidad de los servicios públicos esenciales. Una ciudad no puede presumir de avanzar mientras se multiplican las quejas por suciedad, se acumulan residuos en numerosos barrios, aumentan los problemas asociados a la falta de limpieza y crece la preocupación vecinal por la presencia de ratas.

La asociación advierte de que la mejora de una ciudad no puede medirse únicamente por indicadores económicos o proyectos urbanísticos, sino también por el estado de sus calles y la calidad de los servicios que reciben sus ciudadanos.

Piden un plan extraordinario de limpieza

Facua Córdoba considera intolerable que los ciudadanos soporten esta situación mientras continúan asumiendo una creciente carga económica a través de impuestos y tasas. Los consumidores y usuarios tienen derecho a que los servicios públicos esenciales se presten con eficacia, continuidad y calidad.

Por ello, la asociación insta al alcalde de la ciudad y a los responsables de la empresa municipal Sadeco a poner en marcha de forma inmediata un plan extraordinario de limpieza en toda la ciudad, a reforzar los servicios de recogida de residuos, baldeo y mantenimiento de contenedores y a intensificar las actuaciones de control de plagas y desratización en las zonas más afectadas.

También exige una comparecencia pública para explicar las causas de la situación actual y las medidas previstas para revertirla. Publicar datos objetivos sobre frecuencias de limpieza, recursos disponibles y grado de cumplimiento de los servicios contratados, así como establecer compromisos concretos, evaluables y sometidos a seguimiento público.

Asimismo, Facua Córdoba advierte de que la degradación del espacio público no es una cuestión menor. La suciedad genera sensación de abandono, deteriora la convivencia, perjudica la actividad económica y comercial, daña la imagen turística de la ciudad y reduce la calidad de vida de miles de personas.

Desde una perspectiva institucional y jurídica, la asociación recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación legal de velar por la salubridad de los espacios públicos y garantizar una adecuada prestación de los servicios municipales. Cuando estas obligaciones no se cumplen de forma eficaz y continuada, la ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y a reclamar la adopción de medidas correctoras.

Por este motivo, Facua Córdoba ha puesto esta situación en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz para que analice el alcance de los hechos denunciados y valore las actuaciones que considere oportunas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

La asociación defiende que la limpieza de una ciudad no puede quedar relegada a un segundo plano ni ocultarse tras campañas institucionales de propaganda.

Hacemos Córdoba considera que lo ocurrido este fin de semana es la “gota que colma el vaso del abandono de la ciudad”

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que la imagen que ha ofrecido la ciudad durante este fin de semana supone “la gota que colma el vaso” de la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento y de Sadeco, con el alcalde, José María Bellido, como máximo responsable de una situación que, según advierten, “no hace más que agravarse día tras día”. Desde la coalición consideran que la imagen de la ciudad durante la celebración de la Noche Blanca del Flamenco ha sido “lamentable”, con “contenedores completamente desbordados, papeleras hasta arriba y calles sucias”, lo que, a su juicio, “evidencia una absoluta falta de planificación, de previsión y de medios”.

Hacemos Córdoba subraya que lo ocurrido “no es un hecho aislado”, sino una consecuencia directa de una situación prolongada de deterioro del servicio de limpieza. En este sentido, señalan que “lo preocupante no es solo la imagen que se ofrece a quienes nos visitan, sino el día a día que sufre la ciudadanía con un servicio cada vez peor”. El grupo municipal recuerda que viene alertando desde hace meses del “grave deterioro” de Sadeco y de las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del Partido Popular. En concreto, señalan que “ya se advirtió en el Pleno municipal que se habían dado instrucciones para no reparar vehículos en los talleres propios de la empresa, derivando trabajos a talleres privados”, una decisión que consideran “incomprensible y perjudicial para el funcionamiento del servicio”.

Asimismo, denuncian que “únicamente estaban operativos siete de los dieciocho camiones de recogida”, lo que ha provocado, según explican, que durante el fin de semana la ciudad haya quedado en una situación de “evidente incapacidad operativa para garantizar la recogida de residuos”. A ello se suma, según Hacemos Córdoba, la decisión de recurrir al sistema de renting para la incorporación de vehículos que “presentan continuas averías”, lo que “agrava aún más el problema”.

Además, critican que “la falta de talleres privados disponibles durante los fines de semana deja a la ciudad sin capacidad de reacción ante las averías”, como ha ocurrido en este. Igualmente, denuncian que durante la Noche Blanca del Flamenco “no se reforzó el servicio de limpieza ni el vaciado de papeleras”, a pesar de la alta afluencia prevista, lo que califican de “una decisión totalmente irresponsable”. Para la coalición de izquierdas, la gestión del Partido Popular está provocando “la descapitalización de una empresa pública que durante años fue un referente a nivel nacional e internacional”. En este sentido, afirman que “el PP se está cargando la imagen y el prestigio de Sadeco por su incapacidad de gestión y su falta de compromiso con el servicio público”.

Desde Hacemos Córdoba exigen al alcalde que “deje de mirar hacia otro lado y asuma de una vez su responsabilidad en la situación de la empresa municipal y del servicio de limpieza”. Critican además que “se continúe incrementando la tasa de basura año tras año mientras el servicio empeora de forma evidente”.

Finalmente, reclaman inversiones “urgentes” en la flota de vehículos, una “apuesta firme por Sadeco como empresa pública y el cumplimiento del compromiso de contratación de 200 trabajadores y trabajadoras anunciado al inicio del mandato”. Hacemos Córdoba considera que “lo ocurrido este fin de semana no es un hecho puntual, sino la consecuencia directa de años de mala gestión, falta de planificación y abandono por parte del Partido Popular”, concluyen.

Facua Córdoba ha asegurado este jueves que un banco ha sido “condenado a abonar” a un socio de la asociación de consumidores “los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT)”.

Así lo ha señalado la asociación en una nota en la que ha detallado que la sentencia de la Plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba establece que “el banco tendrá que pagar también los intereses legales desde la fecha de los cargos fraudulentos (34 euros) y de las costas procesales (más de 800 euros), rechazando los argumentos de la entidad”, que “trató de atribuir al afectado una supuesta negligencia grave”.

Facua ha detallado que en la sentencia, la jueza “deja claro” que “la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario”, por lo que considera que “pinchar el enlace que le ofrece el SMS fraudulento no supone una grave negligencia” por parte del afectado.

Además, “da un toque de atención a la entidad bancaria al no detectar movimientos sospechosos por unos importes en sucesivas disposiciones efectuadas en un brevísimo periodo de tiempo y en distintos establecimientos comerciales desde lugares tan dispares como Alemania e Irlanda”.

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando el afectado, de 77 años, “recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba proceder de la DGT y que le informaba de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago”. Tras acceder al enlace, “una web que imitaba a la de Tráfico le pidió sus datos para pagar la sanción 'fake'. Después de introducirlos”, el hombre “fue objeto de numerosos cargos en su cuenta (uno de 280 euros y trece de 50 euros) por un importe total de 930 euros”.

Sin embargo, “a pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia” al banco y “presentó la correspondiente denuncia policial”, la entidad “rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que es responsabilidad del cliente custodiar las tarjetas bancarias”.

“En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quién había dado mis datos a los estafadores”, cuenta el afectado, quien decidió acudir a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde el año 2010, para que le ayudasen a recuperar su dinero.

Así las cosas, la asociación presentó una nueva reclamación al banco, pero también fue desestimada. Tras esta segunda negativa, el afectado decidió acudir a los tribunales con el asesoramiento y el respaldo jurídico de Facua Córdoba.

La sentencia, firmada el 29 de mayo de 2026, concluye que el afectado “actuó con diligencia y que el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa”. Asimismo, destaca “la rápida actuación de la víctima, quien comunicó los hechos a la entidad bancaria el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas”.

Por ello, ha resuelto condenar al banco a pagar al afectado, que se muestra “encantadísimo con la gestión” que han “hecho en Facua, 100% satisfecho”, los “930 euros que le sustrajeron a través de un SMS suplantando a la DGT, más los intereses legales y las costas procesales”.

Facua anima a los afectados a reclamar

Facua Córdoba recuerda que las víctimas de fraudes bancarios a través de técnicas como el 'phishing' o el 'smishing' tienen derecho a reclamar la devolución de las cantidades sustraídas siempre que no hayan cometido una negligencia grave.

La asociación anima a los afectados por este tipo de estafas a presentar reclamación ante su entidad financiera, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudir a Facua en caso de que el banco rechace asumir su responsabilidad.

Facua Córdoba ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía “haya decidido no sancionar a la empresa concesionaria de la Estación de Autobuses de Córdoba, pese a detectar irregularidades tras las inspecciones realizadas”, a raíz de la denuncia presentad por la asociación en octubre de 2025.

Según ha informado la organización de consumidores en una nota, en la fecha citada puso en conocimiento de la Junta “el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión que se estaba produciendo en la estación, especialmente en relación con la ausencia de personal en la torre de control durante determinadas franjas horarias”, y ello “pese a que el pliego de condiciones establece la obligación de contar con personal cualificado en un horario determinado”.

Ya en este año, el pasado febrero, Facua Córdoba preguntó a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Córdoba sobre las actuaciones realizadas como consecuencia de su denuncia, y “no fue hasta el pasado mes de abril cuando realizaron las inspecciones correspondientes”.

La asociación considera que “este retraso de más de seis meses en actuar evidencia una grave pasividad de la Administración autonómica ante unos hechos que afectan directamente a la correcta prestación de un servicio público esencial, pues se compromete la atención de los usuarios y genera serias dudas sobre el verdadero control y supervisión que la Junta de Andalucía ejerce sobre la concesionaria (Vectalia) y el cumplimiento efectivo del pliego de condiciones”.

En su resolución, la Junta “reconoce expresamente” que, durante las inspecciones realizadas, “no existía personal ubicado en la torre de control” en determinadas franjas horarias. Sin embargo, “pese a admitir este hecho, concluye que no existe incumplimiento sancionable al entender que el servicio puede prestarse mediante cámaras, automatización y control remoto”.

Facua Córdoba ha señalado que “esta interpretación supone, en la práctica, vaciar de contenido las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones de la concesión, sustituyendo de facto un servicio presencial previsto contractualmente por un modelo basado en control remoto y automatización, sin que conste modificación formal alguna del contrato público adjudicado”.

La asociación considera “especialmente preocupante que la Administración acepte cambios sustanciales en la prestación del servicio sin exigir el cumplimiento estricto de las condiciones recogidas en la concesión administrativa”, cuando resulta que “la ausencia de personal en la torre de control afecta directamente a la información a los usuarios, a la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, a la coordinación de las dársenas y a las condiciones de seguridad en una estación con especiales dificultades de visibilidad”.

Además, Facua Córdoba ha criticado también que “la Junta haya reducido el problema a la inexistencia de incidencias graves durante las inspecciones, cuando el verdadero debate jurídico consiste en determinar si la empresa concesionaria está cumpliendo o no las obligaciones asumidas en el contrato público”.

Por ello, considera que dicha resolución “traslada un mensaje muy peligroso”, el de que “las empresas concesionarias pueden dejar de prestar servicios previstos en los pliegos siempre que la Administración considere que el sistema sigue funcionando”.

En consecuencia, Facua continuará haciendo “un seguimiento exhaustivo de la situación” y estudiará “nuevas actuaciones administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento íntegro de las obligaciones concesionales y la correcta protección de los derechos de los usuarios del transporte público”.

La subida mensual unida al fin de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial a la Electricidad provocará que el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) pague casi 15 euros más por la factura de la luz de mayo, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, que señala que el recibo del último mes alcanza los 75,63 euros, lo que supone un 24% de subida con respecto a los 60,99 euros de abril.

Tal y como ha destacado en una nota de prensa, a la subida de 4,30 euros antes de impuestos por el encarecimiento del precio de la energía se le añadirá el incremento del IVA, que vuelve al 21% desde el 10%, y el Impuesto Especial de la Electricidad, que se sitúa en el 5,11% desde el 0,5% que estuvo vigente desde el pasado 21 de marzo, cuando entró en vigor el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

De haberse mantenido la rebaja de impuestos, el recibo de la luz de mayo del usuario medio se habría situado en los 65,73 euros, un 7,8% más que el mes anterior y 4,74 euros de subida. Cabe destacar que tanto la ley del IVA como la de impuestos especiales establecen que se repercuten los impuestos que estén vigentes en el momento de la emisión de la factura.

En cuanto a la evolución interanual, el recibo ha subido un 8,5% con respecto a los 69,71 euros de mayo de 2025. En los últimos años, la factura del usuario medio --un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales-- del mes de mayo ha sido de 75,63 euros en 2026, 69,71 euros en 2025, 60,76 euros en 2024, 65,50 euros en 2023 y 120,68 euros en 2022, tal y como ha afirmado Facua.

Además, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 21,82 céntimos en horario punta, 14,00 céntimos en el llano y 14,96 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha aumentado con respecto a mayo de 2025 un 1,7% en punta y un 4,9% en llano y un 19,7% en valle.

La potencia, por su parte, ha vuelto a los 3,30 euros que mantenía desde enero (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización e impuestos) desde los 2,87 euros que han estado vigentes durante el periodo de aplicación de las rebajas del Gobierno.

IVA reducido permanente

Ante esto, Facua ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la luz.

Se trata de “una de las reivindicaciones históricas de la asociación”, que considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad.

Así, “es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles”. La bajada de recaudación para las arcas, ha señalado Facua, “puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan --las grandes empresas--, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación”.

La asociación también lleva años reclamando que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, según ha subrayado.

“De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora”, ha añadido.

Pero, además, también ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. “Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo”.

“A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos”, ha afirmado.

Asimismo, Facua ha reclamado medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

El perfil de usuario

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW --la misma en horario punta y valle-- y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas, tal y como ha afirmado la organización.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, el llano de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas, y el valle de 00 a 8 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

Facua Córdoba ha lamentado que se permita la presencia en la feria de atracciones con estética y denominación de 'casino' en espacios frecuentados habitualmente por menores. En un comunicado, señala que, aunque se trate formalmente de una atracción recreativa o de habilidad, resulta difícil ignorar que el uso reiterado del término Casino y la simbología asociada al juego (cartas, fichas de póker, dados y referencias visuales propias de salas de juego) contribuyen a normalizar entre niños y adolescentes una actividad que en España está legalmente restringida a mayores de edad debido a sus riesgos de adicción y ludopatía.

En ese sentido, señala que la imagen resulta especialmente llamativa por encontrarse en un recinto abierto y accesible para menores, donde incluso existe la presencia de familias y niños transitando frente al establecimiento. Diversos expertos en prevención de adicciones llevan años alertando sobre la banalización del juego y la exposición temprana de menores a mensajes que asocian las apuestas con ocio, diversión o éxito social.

Marco legal

Facua Córdoba recuerda que la legislación española establece importantes limitaciones en materia de juego y protección de menores. La Ley 13/2011, de regulación del juego, donde señala en su artículo 6 la prohibición de participación de menores en actividades de juego y apuesta. Asimismo, diferentes normativas autonómicas sobre juego y publicidad insisten en la necesidad de evitar mensajes que puedan atraer o dirigirse específicamente a menores.

Igualmente, el Real Decreto 958/2020, relativo a las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, subraya la obligación de proteger a la infancia y juventud frente a estímulos que puedan fomentar conductas de juego.

La asociación incide en que, aunque este caso pueda no encajar estrictamente en una actividad de apuestas regulada, sí abre un debate social y ético sobre los límites de la tematización del juego en espacios infantiles o familiares, especialmente cuando se utilizan nombres y elementos visuales propios de casinos y apuestas.

Petición de reflexión

Ante esta situación, Facua Córdoba solicita una reflexión por parte de organizadores, administraciones y responsables de la feria sobre la conveniencia de permitir este tipo de denominaciones e imágenes en eventos donde la presencia de menores es masiva.

La feria debe seguir siendo un espacio de convivencia, ocio familiar y entretenimiento saludable, evitando mensajes que puedan contribuir a la normalización precoz del juego entre los más jóvenes, señala la asociación.

Facua Andalucía ha pedido adoptar medidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante “las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados por la huelga médica en relación a la gestión de citas, consultas, intervenciones, pruebas diagnósticas y renovaciones de medicación”.

La federación ha pedido que “toda cita, prueba, consulta o intervención suspendida por la huelga sea reprogramada de oficio por el SAS, sin obligar al usuario a iniciar de nuevo el proceso de solicitud de cita”. Además, ha expuesto que “se garantice la renovación de medicación y la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos o con patologías que no admitan interrupciones”.

En este sentido, Facua ha animado a los afectados por citas anuladas sin aviso, falta de reprogramación, intervenciones suspendidas o problemas para renovar medicación a trasladar sus casos a la asociación para recibir asesoramiento y documentar las incidencias. Además, ha explicado que “muchas veces los problemas que sufren los usuarios parecen situaciones individuales, pero al agruparse permiten detectar fallos de gestión que deben ser corregidos por la administración”.

Según ha informado Facua-A en una nota, la federación no cuestiona el legítimo derecho de huelga del personal facultativo, sino la obligación de la administración sanitaria andaluza de gestionar sus efectos sobre la ciudadanía. Así, ha destacado que “el SAS no puede dejar a los pacientes en una situación de incertidumbre, sin información suficiente o con la carga de averiguar por sus propios medios si su cita ha sido anulada o cuándo será reprogramada”.

En este sentido, Facua ha asegurado que está recibiendo, a través de sus asociaciones provinciales, quejas de usuarios que apuntan a deficiencias en la información y reprogramación de actos sanitarios suspendidos. Entre ellas, casos de pacientes que acuden al centro sanitario el día previsto y conocen allí mismo que no serán atendidos; citas necesarias para renovar medicación que se cancelan, con riesgo de interrupción de tratamientos; e intervenciones quirúrgicas anuladas sin que el afectado sepa cuándo volverán a programarse.

Situación de mayores y pacientes crónicos

Al hilo, la organización ha considerado “especialmente preocupante” la situación de personas mayores, pacientes crónicos, usuarios con dificultades de movilidad o personas que necesitan apoyo para gestionar sus citas. “La anulación de un acto sanitario no supone solo perder una consulta, también implica desplazamientos inútiles, necesidad de acompañamiento, organización familiar y un riesgo añadido cuando se trata de tratamientos o lesiones que pueden agravarse con la espera”, ha concretado.

Asimismo, Facua ha indicado que según informaciones publicadas a partir de datos atribuidos a la Consejería, la huelga médica habría provocado la suspensión de más de 767.000 actos médicos en Andalucía entre consultas de Atención Primaria, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias. Por tanto, “una afectación de esta magnitud exige una planificación clara, homogénea y verificable por parte del SAS”.

En su escrito, Facua ha solicitado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones y al SAS que informen sobre las instrucciones, protocolos o criterios dictados para gestionar las citas y actos sanitarios anulados por la huelga, especialmente en relación con la comunicación previa a los pacientes, la reprogramación automática y la prioridad que debe darse a personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones.

Con todo, la organización ha puesto sus canales a disposición de la ciudadanía para orientar a las personas afectadas, valorar posibles reclamaciones y exigir al SAS soluciones eficaces. “Contar con una asociación fuerte, activa y con implantación territorial resulta fundamental para defender los derechos de la ciudadanía ante problemas que afectan a servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por último, Facua ha recomendado a los usuarios a no resignarse ante la falta de información o la pérdida de citas y les ha animado a reclamar, organizarse y trasladar sus casos para que puedan convertirse en “una exigencia colectiva de mejora del sistema sanitario público”.redac