Facua Andalucía ha pedido adoptar medidas a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante “las incidencias que están sufriendo los usuarios afectados por la huelga médica en relación a la gestión de citas, consultas, intervenciones, pruebas diagnósticas y renovaciones de medicación”.

La federación ha pedido que “toda cita, prueba, consulta o intervención suspendida por la huelga sea reprogramada de oficio por el SAS, sin obligar al usuario a iniciar de nuevo el proceso de solicitud de cita”. Además, ha expuesto que “se garantice la renovación de medicación y la continuidad de tratamientos, especialmente en pacientes crónicos o con patologías que no admitan interrupciones”.

En este sentido, Facua ha animado a los afectados por citas anuladas sin aviso, falta de reprogramación, intervenciones suspendidas o problemas para renovar medicación a trasladar sus casos a la asociación para recibir asesoramiento y documentar las incidencias. Además, ha explicado que “muchas veces los problemas que sufren los usuarios parecen situaciones individuales, pero al agruparse permiten detectar fallos de gestión que deben ser corregidos por la administración”.

Según ha informado Facua-A en una nota, la federación no cuestiona el legítimo derecho de huelga del personal facultativo, sino la obligación de la administración sanitaria andaluza de gestionar sus efectos sobre la ciudadanía. Así, ha destacado que “el SAS no puede dejar a los pacientes en una situación de incertidumbre, sin información suficiente o con la carga de averiguar por sus propios medios si su cita ha sido anulada o cuándo será reprogramada”.

En este sentido, Facua ha asegurado que está recibiendo, a través de sus asociaciones provinciales, quejas de usuarios que apuntan a deficiencias en la información y reprogramación de actos sanitarios suspendidos. Entre ellas, casos de pacientes que acuden al centro sanitario el día previsto y conocen allí mismo que no serán atendidos; citas necesarias para renovar medicación que se cancelan, con riesgo de interrupción de tratamientos; e intervenciones quirúrgicas anuladas sin que el afectado sepa cuándo volverán a programarse.

Situación de mayores y pacientes crónicos

Al hilo, la organización ha considerado “especialmente preocupante” la situación de personas mayores, pacientes crónicos, usuarios con dificultades de movilidad o personas que necesitan apoyo para gestionar sus citas. “La anulación de un acto sanitario no supone solo perder una consulta, también implica desplazamientos inútiles, necesidad de acompañamiento, organización familiar y un riesgo añadido cuando se trata de tratamientos o lesiones que pueden agravarse con la espera”, ha concretado.

Asimismo, Facua ha indicado que según informaciones publicadas a partir de datos atribuidos a la Consejería, la huelga médica habría provocado la suspensión de más de 767.000 actos médicos en Andalucía entre consultas de Atención Primaria, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias. Por tanto, “una afectación de esta magnitud exige una planificación clara, homogénea y verificable por parte del SAS”.

En su escrito, Facua ha solicitado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones y al SAS que informen sobre las instrucciones, protocolos o criterios dictados para gestionar las citas y actos sanitarios anulados por la huelga, especialmente en relación con la comunicación previa a los pacientes, la reprogramación automática y la prioridad que debe darse a personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones.

Con todo, la organización ha puesto sus canales a disposición de la ciudadanía para orientar a las personas afectadas, valorar posibles reclamaciones y exigir al SAS soluciones eficaces. “Contar con una asociación fuerte, activa y con implantación territorial resulta fundamental para defender los derechos de la ciudadanía ante problemas que afectan a servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Por último, Facua ha recomendado a los usuarios a no resignarse ante la falta de información o la pérdida de citas y les ha animado a reclamar, organizarse y trasladar sus casos para que puedan convertirse en “una exigencia colectiva de mejora del sistema sanitario público”.redac

Facua Córdoba ha denunciado a través de un comunicado el estado en el que se encuentra actualmente un parque infantil en el barrio de Fátima de la capital cordobesa, más concretamente en la calle Historiador Jaén Morente, tras la retirada de los juegos que había instalados. Esta actuación ha dejado al descubierto varios agujeros de gran tamaño en la zona de arena. “La asociación ha aportado al Ayuntamiento de Córdoba material fotográfico en el que se muestran algunos de estos huecos de un metro por un metro, que además presentan una profundidad considerable, lo que supone un riesgo evidente de caídas y lesiones para los niños y niñas que acceden al recinto para jugar”, explica en el escrito.

Pese a encontrarse en esta situación, “el parque permanece abierto al público, sin ningún tipo de vallado que impida el acceso ni señalización que advierta del peligro. Tampoco se ha instalado cartelería informativa que indique si se trata de una actuación temporal o cuándo está prevista su reparación”. Por tanto, Facua Córdoba considera “especialmente grave” que un espacio al juego infantil se encuentre “en estas condiciones”, ya que los menores pueden no percibir el riesgo de los agujeros. “Es un parque infantil convertido en una trampa”, reza en el titular.

Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba una intervención urgente que garantice la seguridad del recinto, ya sea mediante el cierre provisional del parque, el vallado de las zonas afectadas o la reparación inmediata del suelo.

La asociación ha denunciado “la falta de previsión y de medidas básicas de seguridad” por parte del Consistorio, calificando la situación como “una muestra de dejadez en el mantenimiento de los espacios públicos destinados a la infancia”. “Esta situación dista mucho de la que probablemente se produzca una vez esté arreglado, ya que el Ayuntamiento no suele perder la oportunidad de compartir las fotografías de rigor para anunciar su intervención”.

Facua Córdoba ha recordado, además, que la responsabilidad de conservación, mantenimiento y seguridad de los espacios públicos municipales corresponde al Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la normativa general en materia de seguridad de instalaciones de uso público y responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Por todo ello, ha advertido de que mantener abierto un parque en estas condiciones es “una irresponsabilidad grave” y que, si no se actúa de inmediato, “cualquier accidente que pueda producirse será consecuencia directa de la negligencia del Ayuntamiento de Córdoba”.

Facua Córdoba denuncia la falta de taxis adaptados en Córdoba y califica de insostenible una situación que ya se ha convertido en un problema estructural que afecta de manera directa y de forma habitual a las personas con movilidad reducida.

A modo de ejemplo, un usuario solicitó la noche de este domingo 3 de mayo, sobre las 21.00, un servicio adaptado. Como respuesta recibió que sólo había un único vehículo disponible para toda la ciudad, por lo que desconocían el tiempo que tendría que esperar al encontrarse ocupado en ese momento.

Facua Córdoba considera que, la existencia de un único vehículo operativo equivale, en la práctica, a la inexistencia del servicio. Por ello, subraya que dicha situación limita gravemente la autonomía personal y dificulta el acceso en igualdad de condiciones a un servicio básico como el transporte público.

La asociación ha trasladado esta problemática al Ayuntamiento de Córdoba en múltiples ocasiones, sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución eficaz. De hecho, en julio de 2025 solicitó formalmente que se garantizara la disponibilidad de al menos tres taxis adaptados en horario nocturno (de 20:00 a 07:00 horas) durante todo el año, una petición que sigue sin respuesta.

A esta situación se suma la contradicción de que el propio consistorio cordobés convoque cada año subvenciones públicas para el sector del taxi por importe de 244.000 euros, como así ha sido para el año 2024 y también para el 2025 destinadas a fomentar los eurotaxis, con dos líneas: ayudas de hasta 10.000 euros para la adaptación de vehículos y otra para gastos de adquisición de vehículos ya adaptados, con una cuantía máxima de 20.000 euros. “Resulta incoherente que se financie con dinero público la accesibilidad y no se garantice después la prestación real y efectiva del servicio”, critica la asociación de consumidores.

Desde un punto de vista legal, Facua Córdoba advierte de que esta situación podría suponer un incumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013 y de la Ley 8/2017 de Andalucía, que obligan a garantizar la accesibilidad universal, así como una posible vulneración del derecho a la igualdad reconocido en la Constitución Española de 1978.

Por todo ello, la asociación ha exigido al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes y estructurales para aumentar el número de taxis adaptados, garantizar tiempos de respuesta razonables y asegurar un servicio continuo y accesible.

Asimismo, no descarta trasladar la situación a la Fiscalía si no se actúa con rapidez. En este sentido, advierte de que los hechos podrían ser analizados a la luz del artículo 512 del Código Penal, relativo a la denegación de prestaciones por razón de discapacidad en servicios de interés público, así como por una posible situación de discriminación indirecta derivada de la falta de medios efectivos. “No es una reclamación puntual, es una vulneración sostenida en el tiempo que requiere una solución inmediata”, concluye Facua Córdoba.

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante la Cámara de Cuentas de Andalucía por “el mantenimiento del cobro de la tasa municipal prevista para la celebración de matrimonios civiles en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pese a que dichas ceremonias no se celebran finalmente en ese enclave”.

En una nota, la organización de consumidores ha explicado que “según la información trasladada por el propio Ayuntamiento, en diversos casos las ceremonias inicialmente previstas en el Alcázar han sido trasladadas unilateralmente a otros espacios, como el Palacio de Orive o incluso dependencias de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía situadas en Capitulares, manteniéndose íntegramente el importe de la tasa correspondiente al Alcázar”.

En su escrito, Facua solicita que “la Cámara de Cuentas valore la adecuación a derecho del cobro de la tasa cuando la boda no se celebra en el enclave previsto en la ordenanza que la regula, la existencia de cobertura normativa suficiente del ingreso exigido, la posible aplicación generalizada de este criterio en otros expedientes y, en su caso, la procedencia de actuaciones dentro de sus competencias de fiscalización”.

La asociación considera que “esta práctica podría carecer de cobertura normativa suficiente, ya que la Ordenanza Fiscal número 115 establece expresamente como hecho imponible gravado la celebración de matrimonios civiles en dos ubicaciones concretas: el Alcázar de los Reyes Cristianos (cien euros) y el edificio municipal de Capitulares (50 euros)”.

Sin embargo, agrega que “la ordenanza no contempla otros espacios alternativos distintos, lo que podría suponer una alteración de los elementos esenciales del hecho imponible definidos en la normativa tributaria municipal y, mucho menos, en edificios de la Junta de Andalucía”.

Según la documentación remitida a Facua por el Consejo Económico-Administrativo municipal, “se justifica el mantenimiento del cobro en la existencia de gastos organizativos asociados al evento --flores, música o personal de protocolo--, sin identificar preceptos concretos de la Ordenanza Fiscal nº115 que permitan exigir la tasa fuera del supuesto expresamente previsto”.

La asociación recuerda que, “conforme al artículo 8 de la Ley General Tributaria y al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos sólo pueden exigirse cuando el hecho imponible esté claramente definido en la correspondiente ordenanza fiscal”.

“Posible afectación a la ciudadanía”

Así, Facua ha solicitado a la Cámara de Cuentas de Andalucía que “analice si este criterio administrativo podría haberse aplicado también en otros expedientes similares, con posible incidencia general sobre los derechos económicos de la ciudadanía”.

Además, considera “especialmente relevante verificar la legalidad del mantenimiento del cobro en supuestos en los que la ceremonia ha sido trasladada a espacios ajenos al patrimonio municipal”.

Igualmente, la asociación señala que plantea dicha iniciativa “en defensa del principio de legalidad tributaria y de los derechos económicos de la ciudadanía, habiéndose dado traslado también de estos hechos a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento y a la Intervención General del Consistorio”.

Facua Córdoba le ha trasladado formalmente a Renfe su preocupación ante el deterioro sostenido que viene registrando en los últimos meses el servicio ferroviario Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba, tras constatar la reiteración de cancelaciones, retrasos significativos y deficiencias en la información facilitada a los viajeros.

Según la información recopilada por la asociación a través de usuarios recurrentes de esta línea, las incidencias se están produciendo de forma continuada y están afectando en ambos sentidos a desplazamientos laborales, profesionales y personales de carácter cotidiano, generando perjuicios económicos y organizativos relevantes para numerosos trabajadores.

FACUA Córdoba señala especialmente la insuficiencia de los sistemas de información al viajero, al producirse en numerosas ocasiones avisos tardíos sobre cancelaciones o modificaciones del servicio, incluso cuando los usuarios ya se encuentran en la estación o después de la hora prevista de salida del tren, sin que se ofrezcan alternativas eficaces de transporte.

El servicio Avant entre Córdoba y Sevilla en ambos sentidos, constituye una conexión estratégica para la movilidad interurbana diaria entre ambas ciudades, utilizada por un elevado número de trabajadores desde hace años. Por este motivo, la degradación actual del servicio está generando un impacto directo en la organización de la vida laboral y personal de quienes dependen de esta conexión ferroviaria.

Aunque la asociación reconoce que ha habido incidencias extraordinarias recientes (episodios meteorológicos adversos) que han podido provocar alteraciones puntuales en la prestación del servicio, considera que la persistencia de cancelaciones y retrasos evidencia problemas estructurales que requieren soluciones urgentes.

El Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos y obligaciones de las personas viajeras de ferrocarril establece la obligación de las empresas ferroviarias de ofrecer información adecuada, asistencia en caso de incidencias y, cuando proceda, transporte alternativo en situaciones de interrupción del servicio, así como compensaciones por retrasos reiterados o cancelaciones.

Por ello, FACUA Córdoba ha solicitado a Renfe la adopción inmediata de medidas para restablecer la puntualidad y fiabilidad del servicio, la mejora urgente de los sistemas de información al viajero, la implantación de alternativas eficaces de transporte en caso de incidencias, la comunicación transparente de las causas de los problemas registrados y la valoración de medidas compensatorias específicas para los usuarios afectados.

Igualmente, la asociación ha pedido información expresa sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo para garantizar la adecuada prestación del servicio, trasladando también esta situación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como autoridades competentes en materia de supervisión del sistema ferroviario.

Por último, FACUA Córdoba ha mostrado su disposición a mantener reuniones técnicas con las entidades implicadas para contribuir a la mejora del servicio ferroviario y garantizar una movilidad fiable, segura y acorde con los derechos de los usuarios de esta línea.

Facua Córdoba ha denunciado a través de una nota de prensa “los retrasos reiterados del Ayuntamiento de Córdoba en la tramitación de solicitudes de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, una situación que podría estar afectando a numerosas familias de la capital”.

La asociación advierte de que hay varios casos documentados donde constan solicitudes de empadronamiento presentadas en julio de 2025, habiendo transcurrido sobradamente el plazo máximo legal de tres meses sin que se haya dictado resolución expresa ni se haya emitido el correspondiente certificado de empadronamiento.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla dentro del plazo legalmente establecido.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 24 de la citada Ley 39/2015, la falta de resolución dentro del plazo legal implica que las solicitudes deben entenderse estimadas por silencio administrativo positivo, salvo excepciones que no concurren en este tipo de procedimientos. “Sin embargo, la ausencia de emisión de certificados acreditativos está generando importantes perjuicios administrativos a los afectados”, reiteran.

Facua Córdoba asegura que dicha situación impide acreditar el domicilio habitual ante otras administraciones públicas, lo que puede afectar al acceso a servicios esenciales como la escolarización, la atención sanitaria, los servicios sociales, las ayudas públicas y otros trámites administrativos básicos.

La asociación recuerda que el empadronamiento constituye un derecho y una obligación legal conforme a los artículos 15 y 17 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como al artículo 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (Real Decreto 1690/1986), que establecen la obligación municipal de mantener actualizado el padrón y tramitar las inscripciones de las personas residentes en el municipio. Por ello, los retrasos en su tramitación suponen un obstáculo injustificado para el ejercicio efectivo de derechos básicos de la ciudadanía.

Ante esta situación, Facua Córdoba ha solicitado al Ayuntamiento de la capital cordobesa la emisión inmediata de los certificados correspondientes a las solicitudes estimadas por silencio administrativo positivo, así como la regularización urgente de los expedientes pendientes, la adopción de medidas organizativas que garanticen el cumplimiento de los plazos legales y la puesta en marcha de mecanismos que eviten que esta situación continúe afectando a más vecinos y vecinas de la ciudad.

Facua Córdoba ha informado a las parejas que tenían prevista la celebración de su matrimonio civil en el Alcázar de los Reyes Cristianos y que han sido recientemente informadas por el Ayuntamiento de Córdoba del traslado de la ceremonia a otro espacio municipal podrían tener derecho a reclamar la devolución total o parcial de la tasa abonada.

Según la comunicación remitida por el Consistorio cordobés, esta decisión se debe a los contratiempos derivados de las intensas lluvias registradas durante los meses de enero y febrero, coincidentes con las obras de restauración que se están llevando a cabo en el recinto. Como consecuencia de esta situación, se ha decidido suspender temporalmente la celebración de actos en el Alcázar de los Reyes Cristianos, incluyendo los matrimonios civiles.

En la citada comunicación municipal se ha informado a las parejas afectadas de que sus ceremonias serán trasladadas al Salón de Actos del Palacio de Orive, situado en Plaza de Orive, 2 de la capital cordobesa.

La celebración de matrimonios civiles en el Alcázar de los Reyes Cristianos está sujeta al pago una tasa municipal por la prestación del servicio cuyo importe es de 100 euros. Sin embargo, el nuevo espacio propuesto para la celebración de estas ceremonias no cuenta con una tasa municipal específica aprobada para ello.

Facua Córdoba ha avisado de que, por este motivo, y ante la falta de información por parte del consistorio, las parejas afectadas podrían tener derecho a solicitar la devolución total o parcial de la cantidad abonada, al haberse modificado de manera unilateral y por analogía tanto el lugar de celebración como las condiciones administrativas asociadas al mismo.

La asociación recomienda a los afectados que presenten al Ayuntamiento de Córdoba la correspondiente solicitud de devolución de la tasa abonada si consideran que procede. Asimismo, la organización realizará un seguimiento de esta situación para garantizar que estas parejas dispongan de la información necesaria y puedan ejercer sus derechos con total transparencia.

FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dirección General de Igualdad de la Junta de Andalucía contra la discoteca Cariño de la capital por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro.

La asociación ha advertido de que la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes 13 de febrero no responde a criterios objetivos ni justificados, sino a una estrategia comercial basada en estereotipos de género que sitúan a la mujer como elemento de atracción, “objeto de reclamo” para el consumo masculino. Un modelo que perpetúa una visión cosificadora y discriminatoria, incompatible con el marco jurídico vigente en materia de igualdad.

En su denuncia, Facua Córdoba ha señalado que la discoteca Cariño estaría vulnerando la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe expresamente la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que garantiza la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Asimismo, esta campaña podría incurrir en publicidad ilícita conforme a la Ley General de Publicidad, al promover mensajes que fomentan la desigualdad y la cosificación de la mujer.

La asociación ha instado por tanto a las autoridades competentes a investigar estos hechos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. “No se puede normalizar que en pleno siglo XXI se sigan aplicando estrategias comerciales basadas en la discriminación de género y en la utilización de la imagen de la mujer como mero reclamo publicitario”, señala la organización de consumidores.

Por último, FACUA Córdoba ha reaformado su compromiso con la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que vulnere los derechos fundamentales y la normativa en materia de igualdad y consumo.

Facua Córdoba ha denunciado ante la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital el grave deterioro que presentan numerosas calzadas de la vía pública en distintos barrios de la ciudad, con la existencia de socavones, hundimientos y agujeros de grandes dimensiones que suponen un riesgo manifiesto para la seguridad vial.

La asociación ha podido constatar deficiencias evidentes en diferentes zonas de la capital, entre ellas el distrito Huerta de la Reina, con incidencias en calles como Joaquín Sama Naharro, Colombia o Goya; el barrio de Fátima, en vías como Nuestra Señora de la Merced, Doctor Nevado del Rey o Escritor Hoyos Noriega; así como el entorno del barrio de Levante-Lepanto, especialmente en arterias de alta densidad de tráfico como la Avenida de Barcelona o calles como Tras la Puerta.

Según Facua Córdoba, el estado actual de estas calzadas dificulta la circulación y pone en peligro tanto a vehículos privados como a servicios públicos, además de suponer un incumplimiento de las obligaciones legales de conservación y mantenimiento de las vías públicas que corresponden al Ayuntamiento de Córdoba como titular de las mismas, conforme a la normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial.

La denuncia presentada va acompañada de documentación gráfica que acredita el mal estado del pavimento y el riesgo objetivo de accidentes de tráfico y daños materiales, así como posibles perjuicios a la integridad física de las personas usuarias de la vía. Destacar que el mal estado de las calzadas nada tiene que ver con las lluvias caídas en las últimas semanas, ya que estos socavones, hundimientos y agujeros llevan meses y, en algunos casos, incluso años.

Medidas urgentes de reparación

Facua ha solicitado al Ayuntamiento la adopción urgente de medidas de reparación y acondicionamiento de las calzadas afectadas, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y evitar el agravamiento progresivo del deterioro, todo ello conforme al ordenamiento jurídico vigente, en particular, resulta de aplicación el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico.

Asimismo, la asociación ha advertido expresamente que la inactividad administrativa, una vez puesta en conocimiento esta situación, podría dar lugar al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Córdoba por los daños y perjuicios que pudieran producirse como consecuencia del deficiente estado de conservación de las vías públicas denunciadas.

Facua Córdoba recuerda que el mantenimiento adecuado del viario urbano no solo es una obligación legal, sino una exigencia básica de buena administración, vinculada a la protección de los intereses generales y a la seguridad de la ciudadanía.

Facua Córdoba ha mostrado su preocupación, a través de una nota de prensa, ante la reciente puesta en marcha de la segunda fase de la Estrategia de Distritos Sostenibles (EDS) anunciada por la Empresa Municipal de Saneamiento de Córdoba (Sadeco), una iniciativa que incluye inspecciones para verificar el cumplimiento de la ordenanza de higiene urbana.

Si bien la asociación valora las iniciativas de limpieza y la coordinación con los representantes de cada distrito, “los problemas de fondo persisten”. “Los contenedores actuales no tienen capacidad suficiente para el volumen de residuos generado y, además, en algunas zonas faltan contenedores, una situación que lleva denunciando desde hace meses”, aseguran.

Esta insuficiencia provoca que, en muchos casos, las bolsas se acumulen fuera de los contenedores, “dando la impresión de que la ciudadanía hace un mal uso de los mismos. Si bien el mal uso de los contenedores debe corregirse, no puede desligarse de un sistema de recogida y de infraestructuras que sean adecuadas y suficientes”, exponen.

Facua Córdoba defiende que la limpieza de la ciudad es una responsabilidad compartida: la ciudadanía debe usar correctamente los contenedores, pero las administraciones deben garantizar contenedores suficientes, con capacidad adecuada y ubicados en los lugares donde más se necesitan.

Por ello, la asociación reclama un estudio urgente de capacidad y distribución de contenedores por zonas, así como la instalación de contenedores adicionales allí donde son insuficientes. También pide la renovación de aquellos que presentan problemas de diseño o saturación frecuente, todo ello acompañado de campañas de concienciación y medidas estructurales reales, no solo inspecciones y advertencias.

La organización de consumidores Facua ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Córdoba donde critica “las graves deficiencias de accesibilidad y neutralidad tecnológica de su sede electrónica, un bloqueo que está impidiendo a numerosos ciudadanos inscribirse en procesos selectivos de empleo público en condiciones de igualdad”.

“Según las quejas recibidas y posterior comprobación por parte de la asociación, la plataforma electrónica utilizada para la inscripción en los procesos de selección no es compatible con sistemas operativos basados en Linux, uno de los principales sistemas operativos libres y gratuitos del mercado”, han expuesto desde Facua en una nota.

Al respecto, han señalado que “en la práctica, esta circunstancia obliga a los aspirantes a adquirir y utilizar sistemas operativos privativos y de pago, generando una barrera económica y tecnológica injustificada para el acceso al empleo público”.

Así, han avisado de que “la situación resulta especialmente grave teniendo en cuenta que la inscripción en los procesos selectivos sólo puede realizarse por vía electrónica, disponiendo además los aspirantes de plazos limitados para presentar solicitudes y documentación”. “Todo ello provoca una desigualdad real entre aspirantes, vulnerando los principios constitucionales, así como el derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad”, han apostillado.

Facua ha recordado que “esta situación se produce tras una inversión del Consistorio de aproximadamente 365.000 euros, financiada parcialmente con fondos europeos, destinada a la renovación de la página web municipal, presentada públicamente en junio de 2024”.

“Lejos de mejorar la accesibilidad, la nueva web ha restringido el acceso a usuarios de sistemas operativos libres, circunstancia que se ve agravada por el reconocimiento expreso del propio Ayuntamiento de un cumplimiento sólo parcial del Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web del sector público, con hasta 15 incumplimientos declarados”, han apuntado.

Así, la asociación ha instado al Ayuntamiento a “adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar que ningún ciudadano se vea obligado a pagar por un sistema operativo para ejercer derechos básicos como el acceso a un proceso selectivo público”, entre otros aspectos destacados.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a la denuncia de Facua Córdoba indicando que renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja la decisión en manos de Cataluña, donde tiene su domicilio la firma que etiquetó fraudulentamente el producto, Pescados Videla SA.

La asociación denunció en noviembre de 2024 que el establecimiento Alcash ubicado en la capital cordobesa estaba vendiendo langostinos congelados de la marca Pescanova con las fechas de consumo preferente y número de lote manipulados. Tras comunicarlo al fabricante, la empresa indicó que un tercero había colocado una etiqueta en el envase que no se correspondía con la codificación original del producto, ya que incluso faltaba un dígito.

Sobre la producción real de la mariscada, Pescanova informó de que el lote origen de la denuncia de Facua Córdoba fue fabricado la semana 42 del año 2022. Así, aclaró que en este tipo de producto se otorgan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era del 18 de abril de 2024, y no del 18 de abril de 2025 que indicaba la etiqueta que tenía pegada el articulo puesto a la venta en Alcash. Así, Pescanova, explicó que se había otorgado un año más a la fecha de consumo preferente original de los langostinos.

Por todo ello, la asociación pidió a la Junta de Andalucía que abriese una investigación y valorase abrir un expediente sancionador no solo por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido, sino también por una clara falsificación del etiquetado de origen. Asimismo, instó a la administración a que ordenase la retirada de dicho producto y se informase por los canales públicos legales a los consumidores que hubiesen podido comprar este artículo para evitarles posibles perjuicios de salud.

Pescados Videla SA

En su resolución, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía informa a Facua Córdoba de que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada era la empresa Pescados Videla SA, ubicada en Cataluña. Tras requerirle información, el organismo de Salud catalán comunicó a su homónimo andaluz que la empresa remitió 1.000 estuches de estas mariscadas de marca Pescanova con las fechas de consumo preferente manipuladas.

Pescados Videla SA reconoció que se había producido un “reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente”, por lo que procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido.

La Junta de Andalucía concluye su resolución informando a Facua Córdoba de que “toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña”.

Eroski (83%), Lidl (50%) y Aldi (40%) han aplicado un subidón al precio de las uvas entre comienzos de noviembre y finales de diciembre. Así lo pone de manifiesto un seguimiento realizado por Facua-Consumidores en Acción, que ha analizado la evolución de los precios de las uvas blancas y rojas sin pepitas a la venta en cinco grandes cadenas de supermercados: Alcampo, Carrefour, Eroski, Lidl y Aldi. Los controles se han llevado a cabo los días 3 de noviembre, 4, 9 y 29 de diciembre.

De media, esta fruta ha subido un 32% desde principios de noviembre. El mayor incremento se ha dado en Eroski, donde la cubeta de uvas blancas sin semillas (500 gramos) ha pasado de 1,50 euros en noviembre a 2,75 euros a finales de diciembre (un 83,3% de subida).

Reduflación en Lidl

En Lidl, la bandeja de 750 gramos de uvas blancas sin pepitas estaba a 1,99 euros en noviembre. Actualmente, la bandeja que se vende contiene 500 gramos y su precio sigue siendo 1,99 euros. Esta reduflación esconde una subida real del 50,2% en el precio por kilo (que ha pasado de 2,65 a 3,98 euros). De hecho, la subida con respecto a noviembre ha sido mucho mayor, del 88%, para quienes compraran las uvas en Lidl hace unos días, cuando la bandeja de 500 gramos estaba en 2,49 euros (4,98 euros el kilo).

En Aldi, por su parte, la mayor subida se ha dado en la bandeja de uvas de mesa rojas sin pepitas (500 gramos.). Este producto ha pasado en este mismo periodo de 1,99 a 2,79 euros (un 40,2% de subida).

De las uvas recogidas en este estudio, las que menos han subido de precio se encuentran en Carrefour y Aldi. En ambas cadenas, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gramos.) ha pasado de 1,89 euros en noviembre a 1,99 euros a finales de diciembre (un 5,3% más).

Fue precisamente durante entre comienzos de noviembre y diciembre cuando, de manera generalizada, se produjo un aumento significativo del precio de esta fruta en las cadenas de supermercados objeto del estudio. Entre comienzos y finales de diciembre, dos de los cinco supermercados analizados han aplicado una nueva subida, otros dos han bajado los precios y el quinto ha incrementado el importe de una variedad de uvas y reducido el de otra.

La actualización de tarifas del transporte urbano en Córdoba para 2025 presenta un contraste llamativo: mientras que el billete sencillo se mantiene completamente congelado, los títulos más utilizados por los residentes —el bonobús y la tarjeta mensual— experimentan algunas de las subidas más altas del país. Así lo recoge el informe anual de FACUA-Consumidores en Acción, que analiza los precios de los autobuses urbanos en las 57 capitales de provincia españolas y que ha elaborado un documento con tablas, que se puede consultar aquí.

Según el estudio, Córdoba se sitúa en términos generales en una posición intermedia dentro del mapa tarifario nacional. No es de las ciudades más caras, pero tampoco de las más baratas. Sin embargo, los incrementos aplicados a los bonos recargables la colocan por encima de la media española en cuanto a encarecimiento anual.

El billete sencillo se mantiene en 1,30 euros, el mismo precio que en 2024. Esto sitúa a Córdoba prácticamente en la media del país, situada en 1,29 euros.

La congelación del precio del viaje suelto no es una excepción: la mayoría de grandes ciudades españolas, incluidas Sevilla, Málaga y Zaragoza, han decidido mantener esta tarifa estable. Con ello, Córdoba se mantiene alejada tanto de los valores más altos —como los de Barcelona (2,65 euros) o Valencia (2,00 euros)— como de los más bajos —Lugo (0,64 euros) o Ceuta (0,85 euros)—.

El mayor impacto para el bolsillo del vecino llega con el bonobús. Aunque el precio por viaje con tarjeta continúa siendo competitivo, con 0,43 euros, por debajo de la media nacional (0,48 euros), la ciudad ha aplicado una subida del 19,4%, claramente superior al incremento medio del 13,8% registrado en España.

Esto coloca a Córdoba entre las ciudades que más han encarecido el uso habitual del autobús. La subida es equivalente a la de grandes ciudades como Málaga (19,0%) y similar a la de Alicante (20,9%). En contraste, otros municipios mantuvieron sus precios congelados —casos de Badajoz o Burgos—, lo que acentúa la percepción de que Córdoba ha endurecido su política tarifaria para los usuarios frecuentes.

El abono mensual: otra subida por encima de la media

La tarjeta mensual de 30 días también experimenta un incremento notable. Con un precio final de 20 euros, Córdoba sube un 21,2%, una cifra ligeramente superior al aumento medio en España (19,7%).

Aunque sigue lejos de extremos como el de Murcia —que ha registrado un sorprendente aumento del 191,7%—, Córdoba sí supera a otras ciudades andaluzas importantes: Sevilla (19,8%) y Málaga (20,1%). En términos absolutos, el abono cordobés continúa situándose por debajo de los más caros del país, como Gijón (39,70 euros), Madrid (32,70 euros) o Murcia (35 euros), pero supera a numerosas capitales con sistemas de transporte menos costosos como Ciudad Real (11 euros) o Badajoz (15 euros).

En el contexto autonómico, Córdoba se mantiene en una posición de “media-baja” en cuanto a precios: Es más barata que Granada, Málaga o Sevilla en prácticamente todos los títulos. También queda por encima de ciudades con menor presión turística o menor dimensión, como Huelva o Jaén.

Así, en Andalucía, el billete sencillo cordobés (1,30 euros) se encuentra por debajo de Granada (1,60 euros) o Málaga (1,40 euros), pero por encima de Huelva (1,10 euros) y Jaén (1,00 euros). Situación similar ocurre con el bonobús y el abono mensual.

Facua valora que se fomente el transporte público

Facua valora el fomento del uso del transporte público, más económico y mejor para el medio ambiente, que están haciendo Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos de numerosas ciudades a través de la diversificación de perfiles de uso a través de una mayor oferta de títulos de transporte. Así, Barcelona no sólo cuenta con numerosas bonificaciones, como la gratuidad del uso del autobús hasta los 16 años, sino también diferentes bonos multipersonales. Entre otros, existe uno específico para situaciones especiales de contaminación. Destaca la Tarjeta Verde, que ofrece la posibilidad de viajar gratis en transporte público durante tres años a aquellas personas empadronadas en el ámbito de la ATM (Autoridad de Transporte Metropolitano) que acrediten el desguace reciente de un vehículo contaminante y que se comprometan a no adquirir otro durante el periodo de vigencia de la tarjeta.

Otras ciudades ofrecen diferentes modalidades de abonos mensuales progresivos, esto es, más baratos conforme más se viaja. Es el caso de San Sebastián o Pontevedra. Entre las singularidades, Palencia aplica una tarifa más elevada de bonobús los domingos y festivos (0,12 euros más cara) y Tarragona tiene precios diferentes en función de si es está o no empadronado en el municipio. En ciudades como Lleida, Girona, Pontevedra o Tarragona conviven los títulos de transporte municipales con los comarcales, que ofrecen una gran variedad de billetes multiviajes.

La asociación destaca también el esfuerzo de algunos servicios de transportes urbanos para unificar títulos y permitir el uso de una única tarjeta en autobuses y otros medios de transporte, como trenes de cercanías, metro, tranvía o en autobuses interurbanos.

Bonificaciones, gratuidad y tiempo de transbordo

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno ofrece la gratuidad del transporte público urbano y metropolitano para los menores de hasta 14 años. De este modo, durante este periodo se amplía a una franja de edad mucho mayor la gratuidad del servicio para los más pequeños, que varía en función de la ciudad.

Casi la totalidad de las ciudades encuestadas cuentan con una modalidad de carné joven y/o de estudiante que permite aplicar tarifas reducidas a estos colectivos.

La mayoría de ciudades ofrecen la posibilidad de hacer al menos un transbordo entre diferentes líneas de autobuses durante un espacio determinado de tiempo. Este periodo oscila entre los 30 minutos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Logroño, Palencia y Teruel y los 120 minutos de Santa Cruz de Tenerife (según la línea de autobús). En todas las que ofrecen esta posibilidad se contempla al menos un cambio de línea, pero el número de cambios difiere de unas a otras, hasta cuatro en algunos casos.

Casi todas las ciudades cuentan con bonificaciones para diferentes colectivos, como las familias numerosas o monoparentales, personas con diversidad funcional, pensionistas, jubilados, jóvenes y/o estudiantes, desempleados o algún tipo de bono social para personas en dificultades económicas. Sin embargo, no todas tienen bonificaciones para todos los colectivos.

El precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 15,4% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con importantes picos de subida de hasta el 65,3% en la antesala del inicio de la Navidad, según los datos del estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, la organización de consumidores ha elaborado este informe tras analizar la evolución de 185 precios de bombones, turrones, mantecados y polvorones a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour. En el análisis, la asociación ha registrado precios de diferentes productos donde figuran desde marcas blancas de los supermercados (Hacendado, Dulce Noel, El Corte Inglés, Alcampo o Eroski) como otras muy conocidas que se comercializan en estos establecimientos (Nestlé, Ferrero Rocher, Mon Cheri, Trapa, Suchard, El Almendro, El Lobo, La Casa, Delaviuda, Lindor, Merci, Dulcinea o Vicens).

De esta forma, del total de los precios analizados en los meses de octubre de 2024 y 2025, solo tres han bajado con respecto al pasado año y ocho se mantienen igual, por lo que 174 de 185 son más caros que el año pasado. El informe revela que los supermercados donde más se han encarecido estos dulces navideños o cuyas ventas se incrementan de forma notable en estas fechas han sido Hipercor, con un alza del 20% de media, seguido de Alcampo (19,8%), Carrefour (18%), Eroski (13,1%), Dia (12,4%) y Mercadona (9%).

De esta forma, la mayor subida se ha registrado en el turrón de yema tostada Calidad Suprema El Corte Inglés Selection en Hipercor, que ha pasado de 2,39 euros en 2024 a 3,95 euros en 2025, lo que supone un alza del 65,3% más, seguido por el surtido de bombones de chocolate Guylian en Alcampo, donde ha pasado de 6,85 a 10,95 euros, casi un 60% más.

En Carrefour, la bolsa de bombones de avellana, almendra, trufa y chocolate negro de su marca propia (470 gr.) se ha disparado un 47% en un año (de 4,89 euros en 2024 a 7,19 euros en 2025). En Dia, los bombones rellenos de cereza al licor de Trapa (120 gr.) se han encarecido un 40% en este mismo periodo (de 2,35 euros en 2024 a 3,29 euros en 2025).

Por su parte, en Eroski, la caja de bombones Lindor (337 gr.) ha pasado de 11,99 euros en 2024 a 16,49 euros en 2025 (incremento de precio del 37,5%), mientras que en Mercadona, la tableta de turrón de Suchard costaba 3,99 euros el año pasado, mientras que actualmente está a cinco euros, una subida del 25,3%.

El informe señala que los precios de estos productos se han encarecido de media un 22,6% con respecto al precio que tenían a finales de octubre de 2023. Así, donde más ha subido el precio de los bombones, mantecados y polvorones en los últimos 24 meses ha sido en Alcampo, con un incremento del 40% de media. El mayor incremento se ha producido en los bombones de chocolate Guylian, que han pasado de 5,99 euros en 2023 a 10,95 euros en 2025, un 82,8% más.

En Carrefour, la subida media ha sido del 28,6% en este mismo periodo con productos que cuestan actualmente más del doble que hace dos años. En concreto, el turrón de chocolate crujiente de la marca Trapa estaba a 0,99 euros en 2023 y ahora cuesta 1,99 euros, un 101% más.

En Hipercor, estos dulces son actualmente un 27,3% más caros que en la Navidad de 2023. Un 21% más caros de media son en Eroski y en Dia, mientras que en Mercadona también han subido un 20,7% durante este periodo. En esta cadena la mayor subida se ha registrado en el turrón de chocolate crujiente de la marca Hacendado, que pasó de 1,70 euros en 2023 a 2,40 euros en 2025, un 41,2% más caro.

Además, la organización denuncia que Mercadona ha reducido notablemente el envase de sus bombones Senzza de chocolate con avellana, fondant, praliné y almendra. En 2023, este producto contenía 470 gramos (40 bombones) y costaba 4,20 euros (3,50 euros en oferta), mientras que en 2024 era el mismo formato que el año anterior, pero su precio subió a 4,90 euros (4,40 euros en oferta) y este año, el envase que se vende es de 330 gramos (28 bombones) y su precio es de 4,30 euros (3,90 euros en oferta).

De esta forma, el precio de estos bombones es actualmente de 11,81 euros/kilo, mientras que en 2024 era de 9,36 euros/kilo (2,45 euros menos) y en 2023 de 7,44 euros/kilo (4,37 euros menos). La asociación recuerda que ya advirtió el año pasado cambios de formatos y subidas de precios en nueve turrones y bombones a la venta en las grandes cadenas de supermercados.

De esta forma, Facua vuelve a solicitar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que promueva una modificación de la ley para obligar a las empresas que incurran en reduflación a que lo tengan que anunciar durante un largo periodo de tiempo en el etiquetado del producto afectado. De este modo, los consumidores podrían conocer de manera clara cómo se ha modificado el envase, el formato o el precio de estos productos.

Facua ha subrayado su alegría al ver que el Ayuntamiento de Córdoba haya comenzado a intervenir en el deteriorado acerado del Paseo de la Ribera, después de que denunciase públicamente el pasado 14 de octubre el grave estado de abandono que presentaba la zona.

La asociación instó al Consistorio a cumplir con su obligación de garantizar aceras seguras, accesibles y dignas para todos los ciudadanos, recordando que el mal estado del acerado “supone un riesgo real y constante para vecinos y transeúntes”. “En numerosos puntos del paseo podían observarse baldosas sueltas, hundimientos, baches y zonas levantadas por las raíces de los árboles, una situación que no solo compromete la seguridad de los peatones, sino que vulnera las obligaciones de conservación y mantenimiento de las vías públicas que corresponden al Ayuntamiento según el ordenamiento jurídico vigente”, explica Facua.

Tras la denuncia hace menos de un mes, la Delegación de Participación Ciudadana e Infraestructuras ha puesto en marcha los trabajos de sustitución del baldosado en mal estado, comenzando en los puntos más deteriorados del Paseo de la Ribera.

Plan de mantenimiento para evitar riesgos y responsabilidad patrimonial

Para la asociación resulta “imprescindible” establecer un plan de mantenimiento periódico que evite el deterioro progresivo del acerado. Por ello, ha insistido en que la falta de conservación afecta no solo a la seguridad de los peatones, sino también a la imagen de la ciudad y al atractivo turístico de una de sus zonas de paseo más emblemáticas, situada junto al río Guadalquivir.

Facua ha subrayado que mejorar la circulación de vehículos mediante planes de asfaltado no debe ser la única prioridad municipal, por lo que ha instado al Ayuntamiento a “garantizar aceras seguras y accesibles que respeten derechos fundamentales como la seguridad y la accesibilidad universal”.

El mal estado del acerado puede derivar en accidentes perfectamente evitables. Por ello, la asociación ha advertido de que, en caso de producirse estos accidentes, la Administración deberá asumir su responsabilidad patrimonial por los daños causados.

Una vecina de Córdoba se ha sumado a la plataforma de afectadas creada por FACUA con motivo del escándalo del cribado del cáncer de mama. La usuaria, María, denuncia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se negó durante meses a realizarle nuevas mamografías, pese al crecimiento progresivo del bulto que presentaba en el pecho.

Tras una mamografía y ecografía realizadas en septiembre de 2023 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, los especialistas le informaron de que el nódulo no era cancerígeno, aunque debía revisarse a los seis meses. El informe clasificó el caso como 'BI-RADS 3 (hallazgos probablemente benignos)' y le trasladaron que no debía preocuparse.

Sin embargo, en los meses siguientes el bulto aumentó de tamaño y el pecho comenzó a oscurecerse, lo que llevó a María a acudir en varias ocasiones a urgencias -los días 8, 11 y 17 de diciembre- sin que en ninguna de esas visitas se le practicara una biopsia.

Durante este periodo, la paciente comenzó además a desarrollar una enfermedad autoinmune que le provocaba una notable hinchazón corporal. En urgencias le indicaban que el bulto estaba infectado y que la enfermedad era consecuencia de una supuesta infección que se había extendido por la sangre, sin valorar en ningún momento que el diagnóstico inicial pudiera ser erróneo o que el tumor hubiera evolucionado rápidamente.

Cuatro visitas a urgencias para lograr una biopsia

Finalmente, tras insistir en una cuarta visita a urgencias el 29 de diciembre de 2023, María consiguió que le realizaran una biopsia, que reveló que el tumor era en realidad de categoría 'BI-RADS 4 (hallazgos sospechosos para malignidad)'. Esta lesión resultó ser el origen de la enfermedad autoinmune que padecía.

En enero de 2024, nuevas pruebas confirmaron la malignidad del tumor, con una clasificación 'BI-RADS 6 (malignidad confirmada)'. Un mes más tarde, en febrero, María fue operada para extirpar el bulto y recibió tratamiento con fármacos y radioterapia, que finalizó en mayo de ese año.

Pese a ello, el cuadro clínico empeoró. En junio de 2025, una resonancia magnética con contraste realizada durante el seguimiento de su enfermedad autoinmune permitió detectar metástasis en hígado, hueso y dos ganglios abdominales, halladas por el servicio de oncología del Hospital Reina Sofía tras la sospecha inicial del equipo de medicina interna.

Facua ha remitido a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba una serie de alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para el año 2026 presentada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor).

La organización denuncia que dicha propuesta contempla gastos de servicios externos repercutidos a los usuarios, lo que considera contrario a la normativa que regula este tipo de tarifas.

Facua lamenta que, un año más, la propuesta de subida del 2,7% presentada por Autacor“ carezca de rigor y de fundamentos razonados y justificados”. La asociación espera que los partidos políticos con representación en el pleno municipal tengan en cuenta estas alegaciones y dejen de mirar hacia otro lado ante unas tarifas que perjudican notablemente a los usuarios.

“Como ejemplo, Autacor ha imputado de manera directa y manifiestamente abusiva al consumidor conceptos como los gastos de teléfono e internet del autónomo, además de los de gestoría, emisora, GPS, impresora y otros servicios prestados por la propia asociación del taxi”, sostiene Facua.

“Además, Autacor, consciente de que el Ayuntamiento cordobés viene aprobando año tras año sus propuestas a pesar de contener elementos contrarios a la ley, ha incluido para 2026 el gasto del impuesto municipal de entrada de vehículos, aunque el profesional no disponga de cochera”. Facua considera esta situación “totalmente inaudita” y advierte de que, además de ilegal, encarece de forma injustificada el precio final que pagan los usuarios.

La asociación estima que los usuarios tendrían que asumir por todos estos servicios externos una cantidad total de 2.242.000 euros (equivalente a 3.800 euros por cada una de las 509 licencias de taxi municipales), lo que supone un incremento del 15,15% con respecto a lo repercutido en las tarifas de 2025.

Infracción normativa

Facua advierte de que esta propuesta vulnera la normativa vigente, ya que la repercusión de estos servicios en las tarifas infringe lo dispuesto tanto en el artículo 3.1 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, que regula los procedimientos de precios autorizados en el ámbito local en Andalucía, como en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española.

Igualmente, recuerda que existen licencias de taxi a las que Autacor ni siquiera presta el servicio de emisora, pese a que los usuarios también tendrían que pagarlo.

La asociación subraya que la pertenencia a una entidad como Autacor por parte de los autónomos del taxi es completamente voluntaria, al igual que la utilización de servicios como el de la emisora de radio. Por ello, resulta “insólito y abusivo” que se permita que los usuarios soporten el coste de 610.800 euros por un servicio de carácter privado en una tarifa pública.

Exigencia al Ayuntamiento

Facua muestra su preocupación ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Córdoba apruebe un documento en el que se repercutan a los usuarios conceptos que no deben formar parte de las tarifas de un servicio público, especialmente cuando muchos de estos costes se destinan directamente a una entidad privada como Autacor.

Por último, la asociación considera alarmante que, pese a la escalada de precios registrada desde 2023 —incluso con la inclusión de conceptos que considera ilegales—, sigan aumentando las quejas de los usuarios por la escasez de taxis en determinadas zonas y horarios.

Facua lamenta que el ayuntamiento de la capital continúe mirando hacia otro lado y ni siquiera haya eliminado la reducción horaria única implantada en el sector del taxi en toda España.

Facua Córdoba ha advertido del cierre del centro estético 360 Clinics, ubicado en el Centro Comercial El Arcángel de la capital cordobesa, y ha explicado que sus clientes tienen derecho al reembolso del importe de los bonos que ya hayan pagado si finalmente no van a recibir los tratamientos.

La asociación ha tenido conocimiento de que este centro estético ha cerrado sus puertas sin previo aviso, dejando a numerosos clientes con tratamientos sin finalizar o con bonos de estética y láser pendientes de disfrutar. La propia empresa ha publicado un comunicado en su página web.

Facua Córdoba ya está recibiendo consultas de afectados que buscan asesoramiento y desean emprender acciones en defensa de sus derechos como consumidores. Cabe recordar que la empresa está obligada a cumplir los compromisos adquiridos, por lo que, si finalmente no presta los servicios abonados, deberá reintegrar el importe total o la parte proporcional de los tratamientos no realizados.

Por ello, la asociación recomienda a los afectados presentar una reclamación ante 360 Clinics, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos en que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato con la empresa, los usuarios también deberán reclamar ante la entidad financiera, informándole del cese de actividad del centro y solicitando la paralización del cobro de los recibos.

Asimismo, Facua Córdoba aconseja a los afectados solicitar su historia clínica con el fin de poder reclamar el crédito correspondiente a la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores. También recomienda conservar toda la documentación relativa a pagos y contratos hasta que se haya recuperado la totalidad del dinero.

Las personas que deseen interponer una reclamación contra esta clínica pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento e información sobre los pasos a seguir. También pueden llamar al teléfono 688 954 954 o enviar un correo electrónico a cordoba@facua.org

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la que pone de manifiesto el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de los plazos legales establecidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

María Rosa E. P., vecina de Córdoba capital, lleva esperando más de 15 meses una solicitud revisión del grado de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA), cuando el artículo 30 de la citada ley establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.

La afectada, una mujer de avanzada edad diagnosticada con Alzheimer, solicitó en julio de 2024 la revisión de su grado de dependencia —de nivel II (dependencia severa) a nivel III (gran dependencia)—, así como la modificación de su prestación, pasando de Centro de Día a Prestación Vinculada al Servicio, con el fin de poder costear una plaza en una residencia especializada.

Transcurridos quince meses, María Rosa todavía no ha recibido respuesta ni resolución alguna. A pesar de haber presentado varias reclamaciones formales, las contestaciones de la Administración autonómica se limitan a evasivas y a la confirmación de que los expedientes “están en cola”.

Para Facua Córdoba, este caso evidencia el colapso del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, y lamenta que ningún responsable asuma las consecuencias de estos incumplimientos.

La asociación advierte además de que no se trata de un caso aislado. “Diversas asociaciones de familiares y plataformas de personas dependientes llevan años alertando de los retrasos crónicos y la falta de recursos en la gestión de la dependencia. Sin embargo, la Junta de Andalucía continúa incumpliendo los plazos legales, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo”, indican.

Por último, Facua Córdoba insiste en que este caso pretende visibilizar un problema estructural que afecta a todo el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza. La asociación recuerda que la ciudadanía no pide favores a la Administración, sino el cumplimiento de la ley vigente.