El mapa de las rentas inmobiliarias de Córdoba dibuja una ciudad de contrastes y que, en algunos barrios, ha cambiado en la última década y media. Especialmente en las zonas de expansión periférica, donde los ingresos declarados por bienes inmuebles han crecido más del doble entre 2013 y 2024. En otros, las cantidades medias percibidas siguen siendo, como siempre lo han sido, muy superiores a las del resto de la capital. Ese es, a grandes rasgos, el mapa que ofrece la Agencia Tributaria, que ha actualizado el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 66 mayores ciudades españolas.

Esta estadística, recogida por elDiario.es a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2024, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades, el origen de los ingresos y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual. En el caso de los ingresos procedentes de bienes inmuebles (esto incluye tanto viviendas como locales, terrenos…), cuando hablamos de renta inmobiliaria media de un barrio no quiere decir que todos los que residen en él reciban dinero por el alquiler de viviendas. Es la media entre el número total de declarantes, incluyendo tanto a quienes tienen este tipo de fuente de ingresos como a los que no.

En Córdoba, el ejemplo más llamativo es Centro-Avenida de América, donde la renta inmobiliaria media alcanza los 3.540 euros anuales por declarante, frente a los 209 euros del Sector Sur-Polígono del Guadalquivir. Los datos de la Agencia Tributaria muestran una fotografía de la ciudad con dos realidades: el avance de las rentas inmobiliarias en zonas periféricas y la concentración de las cantidades medias más elevadas en determinados barrios del centro y de su entorno.

La estadística no mide directamente el patrimonio inmobiliario de cada hogar ni el precio que pagan los inquilinos por sus viviendas. Refleja los ingresos declarados por bienes inmuebles, distribuidos entre el conjunto de contribuyentes de cada código postal. Aun con esa limitación, ofrece una perspectiva útil para analizar cómo se reparten territorialmente los rendimientos asociados a la propiedad inmobiliaria.

Centro-Avenida de América encabeza las rentas inmobiliarias

El código postal 14008, correspondiente a Centro-Avenida de América, sobresale en los datos disponibles con una renta inmobiliaria media de 3.540 euros anuales. La cifra se sitúa muy por encima de la del resto de las zonas que aparecen en el buscador y supera en casi 17 veces la registrada en el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir. A continuación figura San Basilio-Parque Cruz Conde-Alameda del Obispo, con 1.268 euros anuales, seguido de San Pedro-Santiago-La Magdalena, con 1.233 euros. En ambos casos, los ingresos medios declarados por este concepto se sitúan por encima de los 1.200 euros al año.

La diferencia entre estas cantidades y las de otros barrios evidencia que las rentas inmobiliarias no se distribuyen de manera homogénea por Córdoba. No obstante, el dato medio no significa que todos los residentes de estas zonas reciban esos importes. Una parte de los declarantes puede concentrar ingresos elevados procedentes de alquileres, locales comerciales, terrenos u otros bienes, mientras que otros no perciben ninguna renta inmobiliaria.

Por ello, las cifras permiten identificar dónde se registran mayores ingresos medios por este concepto, pero no determinar por sí solas cuántas viviendas tiene cada propietario, cuál es el valor de mercado de los inmuebles ni qué proporción de la población vive de los alquileres.

Villarrubia y El Tablero: los mayores incrementos de la última década

Si se observa la evolución en lugar de las cantidades absolutas, el mapa cambia. En el extrarradio, concretamente en la barriada de Villarrubia, se registra el mayor incremento entre las zonas mostradas: sus rentas inmobiliarias medias pasan de 331,5 euros en 2013 a 677 euros en 2023, lo que supone un aumento del 104,2% (se han duplicado). El Tablero, una zona de expansión poblada de urbanizaciones, también destaca por la evolución de sus ingresos declarados.

En esta zona, que se ha ido conformando en las últimas dos décadas, la renta inmobiliaria media también se ha duplicado desde 2013 hasta alcanza los 870 euros, según los datos de la AEAT. Ambos casos reflejan que algunas zonas han experimentado un crecimiento muy intenso de los rendimientos inmobiliarios durante la última década. El avance de Villarrubia resulta especialmente significativo porque parte de una cantidad inicial inferior a la de los barrios con mayores rentas medias.

En cualquier caso, es muy probable que esto se deba a que estos núcleos periféricos se han llenado de vecinos de Córdoba que se han mudado al extrarradio y han alquilado sus antiguas viviendas o inmubles, que habían adquirido con ahorros, financiación o a través de herencias. Ocurre también en Valdeolleros-Huerta de la Reina, una zona tradicional de Córdoba que, especialmente en la última década también se ha llenado de urbanizaciones hacia el este, y que se sitúa en una posición intermedia en el mapa de las rentas inmobiliarias de Córdoba. Los contribuyentes de este código postal declaran una media de 941 euros anuales por ingresos procedentes de bienes inmuebles, un 40,5% más que en 2013.

Los barrios con menos ingresos inmobiliarios

En el extremo inferior de la clasificación aparece el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir, con una renta inmobiliaria media de 209 euros anuales. Es la cantidad más baja entre los códigos postales visibles en las dos capturas, pese a que la evolución desde 2013 refleja un incremento del 58,9%. El Sur, tradicionalmente deprimido, también genera rendimiento patrimonial.

Le siguen Fuensanta-El Arcángel, con 389 euros; Levante, con 466 euros; Fray Albino, con 477 euros; y Fátima-Parque Figuiana-Cañero, con 519 euros. Estas cifras muestran que una subida acumulada considerable puede coexistir con unos ingresos medios todavía modestos.

Fray Albino, por ejemplo, registra un incremento del 60,5% desde 2013, hasta situarse en 477 euros. El Sector Sur aumenta un 58,9%, mientras que Alcolea crece un 56%, hasta alcanzar los 635 euros anuales. En estos casos, el aumento porcentual no basta para situar a los barrios entre los que tienen mayores rentas inmobiliarias.

La lectura conjunta de las cantidades y de su evolución permite distinguir entre los barrios donde estos ingresos parten de niveles bajos y crecen con rapidez y aquellos donde las rentas medias declaradas son más elevadas. Son dos dimensiones distintas de la misma realidad económica.

Córdoba cuenta con 15.745 contratos de alquiler que podrían acogerse a la prórroga extraordinaria que pretende aprobar el Gobierno para los arrendamientos de vivienda habitual cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. La cifra, facilitada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, sitúa a la provincia como la sexta de la comunidad con mayor número de contratos potencialmente afectados por una medida que entraría en vigor este jueves, 1 de octubre.

El volumen de contratos cordobeses supone aproximadamente el 6% de todos los que podrán acogerse a la medida en Andalucía, donde el Gobierno calcula que son 263.222. Por delante de Córdoba aparecen Málaga, con 74.050 contratos; Sevilla, con 54.866; Granada, con 40.069; Cádiz, con 35.757, y Almería, con 20.876. Por detrás quedan Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500.

La estimación permite hacerse una idea del alcance territorial de la medida. Si se aplica la referencia de 2,5 personas por hogar utilizada por el Gobierno a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los 15.745 contratos cordobeses representarían alrededor de 39.400 personas potencialmente beneficiarias. Se trata, en todo caso, de una estimación: el número de hogares que finalmente utilicen la prórroga dependerá de que sus contratos cumplan las condiciones establecidas y de que los arrendatarios soliciten la extensión.

Una prórroga de hasta dos años

La medida afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que se encuentren vigentes y cuyo periodo de prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2028. La norma establece una prórroga extraordinaria por periodos anuales y hasta un máximo de dos años, durante los cuales se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente.

Hay un matiz importante: la prórroga no se activa automáticamente sin intervención del inquilino. La persona arrendataria debe solicitarla y, para poder acogerse a ella, tiene que estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. Si cumple las condiciones, el arrendador está obligado a aceptar la solicitud, salvo las excepciones previstas en la norma.

Esto significa que un contrato que estuviera llamado a terminar en 2026 podría prolongarse durante dos años adicionales y uno cuyo vencimiento se produzca en 2028 podría llegar, en función de las circunstancias y de la aplicación de la prórroga, hasta 2029 o 2030. El objetivo inmediato de la medida es evitar que los hogares afectados tengan que abandonar su vivienda al llegar el vencimiento y afrontar un nuevo contrato en las condiciones del mercado existente en ese momento.

Casi 1,9 millones de contratos en España

El alcance de la medida es nacional. Los cálculos manejados por el Gobierno sitúan en 1.895.676 los contratos de alquiler potencialmente prorrogables en España. De ellos, 751.166 tienen su vencimiento previsto en 2026, otros 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028.

Es decir, más de ocho de cada diez contratos incluidos en la estimación concentran su vencimiento entre 2026 y 2027. La medida pretende actuar precisamente sobre ese volumen de contratos que, sin la modificación normativa, irían llegando a su fecha de finalización durante los próximos meses y años.

Andalucía, con 263.222 contratos, representa alrededor del 13,9% del total estatal calculado por el Gobierno. Dentro de la comunidad, Córdoba queda lejos de los volúmenes de Málaga y Sevilla, pero por delante de Huelva y Jaén. En términos absolutos, los 15.745 contratos de Córdoba representan aproximadamente uno de cada 17 contratos andaluces incluidos en la estimación.

El alquiler llega a la medida en un escenario de precios al alza

La prórroga llega además en un mercado en el que el alquiler ha experimentado un incremento significativo durante la última década. El análisis de elDiario.es a partir de los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda señala que el precio mediano del alquiler en España acumuló hasta 2024 una subida del 43% respecto a 2015. Los datos proceden de alquileres declarados en el IRPF y cruzados con la información catastral.

En Córdoba capital, el incremento acumulado es menor que la media nacional, pero también resulta significativo. Un análisis publicado por Cordópolis a partir de la misma fuente cifra en un 30,3% la subida media del alquiler en la ciudad y sus barriadas durante la última década, con un alquiler promedio de 557 euros mensuales en los datos correspondientes a 2024.

La evolución más reciente de los precios de oferta también refleja incrementos. Según los datos de idealista, en agosto de 2026 el alquiler en la provincia de Córdoba se situaba en 9 euros por metro cuadrado, un 4,4% más que un año antes. En la capital, el valor alcanzaba los 9,6 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 4,9%. Son datos de oferta del portal inmobiliario y, por tanto, no son directamente comparables con la estadística del Ministerio, que se basa en alquileres declarados y no en anuncios de viviendas disponibles.

Esta diferencia entre las fuentes es relevante. La estadística del Ministerio utilizada por elDiario.es recoge contratos declarados fiscalmente y permite observar la evolución de los alquileres existentes, mientras que los datos de portales como idealista reflejan los precios de las viviendas que salen al mercado. No miden exactamente lo mismo.

Córdoba, ante un doble escenario normativo

La prórroga extraordinaria forma parte de uno de los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre. El segundo decreto introduce cambios de mayor alcance sobre la continuidad de los contratos de vivienda habitual.

El Real Decreto-ley 27/2026 modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer un nuevo régimen de continuidad de los contratos una vez agotado el periodo mínimo de cinco años —o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—. La nueva regulación contempla prórrogas sucesivas de la misma duración salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de poner fin al contrato, con nuevos plazos de preaviso.

Ambas normas deben distinguirse. La prórroga extraordinaria de hasta dos años funciona como una medida transitoria para los contratos que vencen antes de 2029, mientras que el segundo decreto plantea una modificación más estructural del régimen de continuidad de los alquileres.

En el caso de Córdoba, por tanto, los 15.745 contratos calculados por el Gobierno constituyen el universo potencial de la primera medida. No significa que los 15.745 vayan a prorrogarse necesariamente: son contratos identificados como susceptibles de acogerse a la extensión extraordinaria. Además, el decreto debe ser ratificado por las Cortes este mismo viernes.

La oferta de alquiler por meses que muchos caseros usan para evitar la ley de vivienda se dispara en Córdoba. El alquiler de temporada, habitual para maestros o estudiantes, gana terreno con rapidez en Córdoba capital, aunque la ciudad todavía presenta uno de los mercados menos temporalizados de Andalucía.

Según el informe publicado por eldiario.es a partir de dos años de datos recogidos en el portal Idealista, en apenas dos años, el porcentaje de anuncios destinados en la capital cordobesa a alquileres de temporada ha pasado del 18,7% en septiembre de 2024 al 34% en agosto de 2026. Es decir, ha aumentado 15,3 puntos porcentuales y prácticamente ha duplicado su peso dentro de la oferta.

Si hace dos años, este tipo de alquiler se ofrecía en dos de cada diez anuncios, ahora se oferta en uno de cada tres. En agosto de 2026, había 225 anuncios de temporada sobre un total de 661. El cambio resulta especialmente significativo si se observa la evolución mes a mes. El gráfico muestra una tendencia ascendente desde el 18,7% registrado en septiembre de 2024, aunque con fluctuaciones durante el periodo. Córdoba ha ido acercándose progresivamente a la barrera del 30% hasta situarse en el 34% de agosto de 2026.

La paradoja es que, pese a este fuerte crecimiento, Córdoba es actualmente la capital andaluza donde menos peso tiene el alquiler de temporada entre las ciudades analizadas.

Un crecimiento importante desde una posición de partida baja

La comparación con otras capitales andaluzas permite entender mejor esta aparente contradicción. Córdoba crece con fuerza, pero parte de un nivel relativamente bajo. En el mismo periodo, Jaén ha pasado del 13,4% al 40,3%; Sevilla, del 20,6% al 41,5%; y Granada, del 20,2% al 42,8%.. En las capitales costeras donde la oferta temporal ya tenía mayor presencia, el porcentaje es todavía más elevado: Málaga alcanza el 48%, Huelva casi el 49&, Almería el 63,4% y Cádiz llega al 88,1%.

La fotografía final es, por tanto, muy diferente a la de hace dos años. Todas las capitales analizadas han aumentado el peso del alquiler de temporada, pero Córdoba lo ha hecho manteniéndose por debajo del resto. El dato más llamativo es Cádiz. Mientras en Córdoba uno de cada tres anuncios es de temporada, en la capital gaditana casi nueve de cada diez anuncios pertenecen a esta modalidad. Almería también presenta un mercado muy diferente, con casi dos tercios de la oferta destinada a alquileres temporales.

Córdoba se encuentra, por tanto, en una fase distinta del proceso. No lidera la temporalización del mercado andaluz, pero sí está experimentando un cambio significativo en la composición de su oferta.

De uno de cada cinco anuncios a uno de cada tres

Más allá de las comparaciones, el dato cordobés tiene importancia por sí mismo. En 2024, el alquiler de temporada representaba menos de una quinta parte de los anuncios. Ahora supone el 34%. El cambio significa que la modalidad ha dejado de ser una parte pequeña y específica del mercado para convertirse en uno de sus componentes principales.

Esto puede tener especial relevancia para quienes buscan una vivienda habitual. Aunque estos datos no permiten afirmar que el 34% del parque residencial cordobés esté destinado al alquiler temporal —se refieren a los anuncios publicados en el portal y a un momento concreto de cada mes—, sí muestran que una proporción cada vez mayor de la oferta que llega al mercado se formula para estancias limitadas.

Y ahí está una de las claves del fenómeno: no se trata únicamente de que aparezcan más viviendas de temporada, sino de qué viviendas dejan de ofrecerse, potencialmente, como alquiler de larga duración. Los precios aportan otro matiz interesante al caso cordobés. En agosto de 2026, el precio mediano anunciado era de 9,5 euros por metro cuadrado para el alquiler de temporada, frente a 9,2 euros en la larga estancia. La diferencia es de apenas 0,3 euros por metro cuadrado, alrededor de un 3,3%.

Por tanto, la creciente presencia del alquiler de temporada en Córdoba no puede explicarse únicamente por una enorme diferencia de precios entre ambas modalidades. Hay otros factores que pueden estar detrás de la decisión de los propietarios de optar por contratos temporales: la flexibilidad, la demanda de determinados colectivos o la posibilidad de adaptar el uso de la vivienda a periodos concretos.

“Alquilamos varias habitaciones en un piso totalmente reformado y realmente grande. El precio por habitación es de 500 euros con gastos incluidos”. Este anuncio de un piso para estudiantes en la avenida del Aeropuerto de Córdoba es una muestra de lo que los jóvenes que aún están buscando vivienda para compartir de cara al curso universitario se pueden encontrar en la capital cordobesa.

En un vistazo a las últimas ofertas que aún hay en páginas como Mil Anuncios o Idealista sobre pisos para compartir por estudiantes, la horquilla de precios se mueve desde los 175 euros hasta los que llegan cerca o igualan los 500 euros, aunque la medida suele estar en torno a los 250 o 300 euros, en distintos barrios de la ciudad.

Los precios de habitaciones por 500 euros, además del ejemplo citado al inicio, se encuentran en casas del casco histórico donde se arrienda la habitación con baño ya sea para estudiantes o profesionales trabajando. Y también se dan precios cercanos a esa cifra en casas de zonas como El Brillante, donde se ofrece el alojamiento con zonas privadas de uso exclusivo por el arrendatario.

Precios y barrios

Mientras, en barrios de la ciudad, la media de los precios de alquiler de pisos para estudiantes dejan las habitaciones en una horquilla de 200 a 300 euros en la mayoría de los casos consultados por este periódico. Por ejemplo, en la avenida de Barcelona se ofertan habitaciones en pisos para estudiantes por 220 o 300 euros, y en Ciudad Jardín también se encuentran por esos precios, en distintos anuncios de Mil Anuncios.

En la web inmobiliaria de Idealista los precios más baratos están sobre los 170 euros en La Viñuela o 190 euros junto a la estación de tren, mientras que en Levante se ofrecen por 250 euros, por 220 en la avenida de Barcelona, por 245 en Doce de Octubre, en Alfaros por 275 euros, en Vistalegre por 270 euros o hasta 400 euros en un piso de la avenida Medina Azahara, todos ellos en los últimos anuncios publicados de cara al inminente inicio de curso.

Los distintos anuncios señalan las características de las habitaciones y suben o bajan su precio en función de si es interior, del tipo de cama que tiene, de si cuenta con baño privado o debe ser compartido, entre otras cuestiones. Asimismo, la cercanía a facultades en la ciudad o bien a la estación de trenes para conectar con el Campus de Rabanales es otro de los factores que se exponen para sumar puntos positivos en los anuncios.

Y, como siempre, hay quien no renuncia a los anuncios más directos, en carteles de papel cerca de las facultades y en sus tablones de anuncios, o a través de redes sociales que utilizan los estudiantes como mensajes de WhastApp, 'tuits' o 'stories' para buscar piso.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un condenado a seis años de prisión y multa de casi 90.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con notoria importancia. El hombre alquiló un coche en Lucena, que no devolvió cuando venció el contrato y que fue encontrado en Valencia. Cuando el turismo regreso al municipio cordobés, la sorpresa de la empresa lucentina fue mayúscula: en el maletero había casi un kilo de cocaína.

Según los hechos probados de la sentencia, el acusado venía utilizando para sus desplazamientos un turismo propiedad de una empresa de alquiler de vehículos de Lucena. En junio de 2025 venció el contrato de arrendamiento sin que el procesado lo renovara, por lo que fue avisado de que el coche le sería retirado durante la primera semana de agosto. Sin embargo, el vehículo no fue entregado a la empresa.

Mediante el análisis del dispositivo GPS del coche, la investigación judicial acreditó que el 6 de agosto de 2025 el turismo efectuó diversos desplazamientos entre las localidades valencianas de Alberic, Massalavés y Torrent, así como por los enclaves murcianos de Sangonera La Seca y Cañada Hermosa. En uno de estos trayectos, el acusado se aprovisionó de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína (con una pureza media del 80,92%), valorados 29.065 euros.

El 7 de agosto, sobre la 1:25, el representante de la empresa propietaria localizó el turismo en una calle de Valencia gracias al sistema de geolocalización. El coche fue recuperado gracias a una segunda llave y trasladado a Lucena. Días después, el 11 de agosto, el acusado acudió a una comisaría de Murcia para denunciar que había dejado el coche a un amigo el 5 de agosto en la entrada de Mercamurcia y que este le había comunicado la existencia de un kilo de cocaína en el interior. Tras personarse un dispositivo de la Brigada de Policía Judicial de Lucena en las instalaciones de la empresa, los agentes hallaron el paquete de droga en el maletero, bajo la bandeja y en el compartimento de la rueda de repuesto, procediendo a su aprehensión y al posterior decomiso y destrucción.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Murcial lo condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 87.195 euros, fallo que el condenado recurrió ante el TSJM. En su escrito de apelación, la defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de la prueba testifical y una supuesta denegación indebida de diligencias esenciales, como el acceso a grabaciones de cámaras y la geolocalización del teléfono móvil del acusado. Sin embargo, la Sala ha determinado que esta última nunca fue propuesta en el escrito de defensa ni al inicio de la vista oral, y ha calificado la solicitud sobre las cámaras de seguridad como una diligencia puramente exploratoria e inadmisible por extemporánea. Asimismo, el tribunal ha dado solidez a la prueba indiciaria, concluyendo que la versión exculpatoria ofrecida por el acusado era falsa e incompatible con los datos del GPS y los testimonios practicados en el juicio.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha informado este jueves de que ha hecho llegar a los responsables municipales una propuesta “para aumentar este mismo año las ayudas que gestiona la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, a través de un convenio con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba”, además de otras medidas para proteger el derecho a una vivienda digna en el municipio, particularmente para un sector de la población más desprotegida y en especial el de los jóvenes.

Según ha señalado el CMC en una nota, “la pérdida del 'escudo social' que el Gobierno central tenía establecido hace aún más necesario este apoyo del Ayuntamiento para el acceso a viviendas de alquiler, cuyas ayudas municipales previstas para el 2026 están ya cubiertas a mitad del año”. Sin embargo, el consejo también propone otras iniciativas como el tomar medidas para un “mayor margen de rotación” en el más de un millar de viviendas en alquiler de Vimcorsa.

El objetivo es “evitar, entre otros efectos, que este recurso público quede casi como un bien hereditario en lugar de responder a las necesidades de un sector de la población que precisa con urgencia una solución habitacional”.

Capitulo aparte, el CMC reclama que “se negocie y consensúen los pormenores del plan Vives con los consejos de los distritos afectados por el fuerte impacto que tiene en las distintas zonas de la ciudad”. Esto incluiría los actuales proyectos de Vimcorsa en El Pretorio y en el barrio del Guadalquivir, que tienen la misma relevancia para sus correspondientes distritos a pesar de haber salido del Plan Vives y tener otro desarrollo por parte de la Administración local.

Por otro lado, el CMC plantea que el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados para atender casos de ocupación ilegal de inmuebles “se extienda también a otros aspectos del problema de la vivienda mucho más frecuentes y acuciantes, como el de las familias desahuciadas, de las que sí consta que tienen una gran necesidad de apoyo municipal”.

“Esta atención al obligado a desalojar su vivienda supondría un importante respaldo por parte del Ayuntamiento, que ahora solo recibe el afectado, en unos duros momentos de particular indefensión y debilidad, por parte de colectivos ciudadanos, entre ellos Stop Desahucios”, han señalado.

Para el órgano de participación, el convenio con el Colegio de Abogados tendría “mayor eficacia si, como propone, también ayuda a familias desahuciadas, ya que es una realidad mucho mayor y preocupante en el tema de la vivienda que el de las ocupaciones”.

Casco histórico

El CMC también llama la atención sobre el caso particular del Casco Histórico, para el que propone “retomar iniciativas de recuperación de inmuebles para destinarlos a su alquiler”. Aunque el Consejo reconoce que estas acciones tienen una “dimensión limitada”, destaca que su efecto es “siempre muy positivo en el entorno por lo que supone de rejuvenecimiento de la población y reactivación de la vida social, así como para la propia conservación del parque inmobiliario del Casco”.

Según han remarcado, “así fue hace más de una década en el programa de casas-patio compradas, readaptadas y cedidas a sus antiguos inquilinos, o recientemente en la zona de Don Rodrigo, además de la que está desarrollando Vimpica en Santa Marina”, unas iniciativas que “deben multiplicarse y centrarse particularmente en los sectores más jóvenes de la población”, en opinión del CMC.

Los desahucios por el impago de la hipoteca se ha multiplicado casi un 3% en un año. Además, el tejido de autónomos en Córdoba sobrevivió en el primer trimestre de 2026 y los concursos de personas no empresarias, como pueden ser asalariados con deudas, se han disparado. Estos son los datos más relevantes del informe Efecto de la crisis en los órganos judiciales, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado a conocer este lunes. Además,

Según el citado informe, de enero a marzo de este año, se han practicado 70 desahucios frente a los 52 del mismo periodo del año pasado. De esos 70, 40 fueron derivados por el impago de la hipoteca, por lo que Córdoba ha escalado hasta la octava posición nacional en esta categoría, empatada con Almería y solo superada por grandes núcleos como Barcelona, Madrid o Sevilla.

Este dato supone un cambio respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 16 desahucios de este tipo. Frente a ese incremento del 150% en la presión hipotecaria, los lanzamientos por impago de alquiler (LAU) han caído, pasando de los 32 casos en 2025 a los 25 actuales. De este modo, Córdoba rompe la tendencia nacional -donde el alquiler es la causa mayoritaria de desahucio- para situarse como la segunda provincia de Andalucía con más lanzamientos por hipoteca. Granada, con 50 lanzamientos hipotecarios, es la que lidera el ranking en la comunidad autónoma. El informe recoge otros cinco lanzamientos que nada tienen que ver con los impagos del alquiler o de la hipoteca.

Por otro lado, durante los tres primeros meses de 2026, se registraron en Córdoba 167 concursos de personas naturales no empresarios. La gravedad de la situación queda patente al observar que, de los concursos declarados en este periodo, 140 fueron sin masa. Es decir, casi en el 84% de los casos, el deudor no poseía bienes suficientes ni para cubrir los costes mínimos del proceso judicial. Ambos datos aumentan con respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 131 concursos de personas naturales no empresarios, de los que 121 fueron sin masa.

Frente a estos datos, Córdoba cerró el primer trimestre del año con una ausencia total de concursos de acreedores entre los trabajadores autónomos (personas naturales empresarios), registrando cero casos. Asimismo, la insolvencia de empresas se mantiene en niveles mínimos, con solo cinco concursos de personas jurídicas presentados en toda la provincia. Este escenario de estabilidad empresarial se ve reforzado por una baja incidencia de la conflictividad por ocupación ilegal de viviendas, materia en la que solo se incoaron siete procedimientos verbales posesorios, una de las cifras más bajas de España.

Finalmente, el informe muestra que los juzgados de lo Social tramitaron 440 demandas por despido, pero esta cifra fue superada por las 553 reclamaciones de cantidad (impagos de salarios o deudas contractuales). Se trata de unos datos muy similares a los del mismo periodo de 2025. Por último, la cifra de procedimientos monitorios para recuperar deudas ha bajado casi un 62%, pasando de 7.177 a 2.738.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que supone un doble revés para un cordobés en situación de especial vulnerabilidad. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el hombre, que tiene una discapacidad reconocida del 69% y grado II de dependencia severa, quien reclamaba a la Junta de Andalucía el pago de una ayuda al alquiler que le fue denegada por falta de crédito presupuestario. Además, le ha impuesto el abono de las costas, que pueden llegar hasta un máximo de 1.000 euros.

El caso se remonta a la convocatoria de ayudas al alquiler de 2018 para personas con ingresos limitados y jóvenes. El demandante, debido a su situación de gran dependencia, solicitaba una subvención equivalente al 75% de su renta mensual (de 300 euros) durante un periodo de 36 meses, lo que sumaba una cuantía total de 8.100 euros.

Sin embargo, la Delegación Territorial de Fomento en Córdoba desestimó su solicitud alegando el “agotamiento del crédito existente”. El afectado decidió llevar el caso a los tribunales argumentando que, según sus cálculos, la Administración solo había gastado un pequeño porcentaje de los fondos y que existía un remanente de más del 92% (casi cinco millones de euros) que debería haber servido para cubrir su ayuda.

En su sentencia, el TSJA ha aclado que la concesión de estas ayudas está legalmente condicionada a las disponibilidades presupuestarias. Así, ha establecido que, aunque un ciudadano cumpla todos los requisitos para recibir la ayuda, la Administración puede denegarla si el presupuesto se ha acabado, siempre que aporte una “motivación suficiente”. Además, el hombre presentó su solicitud el 8 de enero de 2019. Para esa fecha, según al sentencia, ya se había agotado el crédito dado que las ayudas se daban por orden de llegada, siempre y cuando se cumplieran con los requisitos.

Para el tribunal, la Junta de Andalucía cumplió con esta obligación al aportar un certificado que detallaba el destino de los fondos en Córdoba: se concedieron 355 ayudas a jóvenes, se otorgaron 969 ayudas generales con fondos estatales (por un total de cinco millones de euros)y se aprobaron 157 complementos de vulnerabilidad con fondos autonómicos.

Además de perder la posibilidad de recibir la ayuda para su vivienda, la sentencia ha impuesto al hombre el pago de las costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros.

El precio de la vivienda en alquiler se ha tensionado en la provincia de Córdoba durante la última década, pese que Córdoba suela aparecer como un lugar asequible en la que vivir bajo arrendamiento. Con una mirada que va de 2015 a 2025, los datos muestran que el panorama se ha encarecido notablemente y, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), algunos municipios cordobeses acumulan subidas superiores al 24% desde 2015.

La Carlota encabeza el ranking provincial, con un incremento acumulado del 24,4% entre 2015 y 2024. Muy cerca se sitúa Lucena, donde el alquiler se ha encarecido un 24,2% en ese mismo periodo. También destacan Puente Genil, con una subida acumulada del 20,1%, y el barrio de la Axerquía Norte (Realejo, Santa Marina y San Andrés), en la capital cordobesa, donde los precios han aumentado un 17,9%.

Por barrios

En la capital las diferencias entre barrios son notables. Dentro de Córdoba capital, los mayores aumentos acumulados desde 2015 se registran en Axerquía Norte (+17,9%), Poniente (+15,7%) y Distrito Centro (+15,4%). También superan el 14% barrios como El Brillante (+14,8%), Poniente Norte (+14,6%) y Levante Norte-Carrera del Caballo (+14%).

Por el contrario, Catedral-Centro, un barrio que hace años que ha ido perdiendo vecinos y ha acabado monopolizado por hoteles y negocios, presenta lógicamente la evolución más moderada de la ciudad, con una subida acumulada del 6,2% desde 2015. También se sitúan por debajo de la media provincial Axerquía Este (+10%) y el Distrito Sur (+11,3%).

Por municipios de más de 10.000 habitantes

En el conjunto de la provincia de Córdoba, el alquiler acumula un incremento medio del 14,4% desde 2015. Entre los municipios más poblados de la provincia, además de Lucena y Puente Genil, sobresale Cabra, donde el alquiler ha aumentado un 12,9% desde 2015, así como Pozoblanco (+15,1%), Montilla (+11,1%) y Priego de Córdoba (+10,5%).

En el extremo contrario, Aguilar de la Frontera apenas acumula un incremento del 1,9% en los últimos nueve años, mientras que Baena registra una subida del 4% y Peñarroya-Pueblonuevo del 5,6%.

El Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) utiliza la información declarada en el IRPF por los propietarios de viviendas arrendadas como residencia habitual. La estadística, elaborada a partir de datos fiscales facilitados por la Agencia Tributaria, permite comparar la evolución de los precios del alquiler por provincias, municipios, distritos y características de las viviendas.

El precio del alquiler de los locales comerciales en Córdoba ha aumentado cerca de un tercio en los últimos cinco años, según un estudio elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que advierte de la creciente presión económica que soportan los pequeños negocios y autónomos de la provincia.

El informe analiza la evolución del mercado entre 2020 y 2025 y concluye que tanto los alquileres comerciales como los de vivienda han registrado incrementos acumulados de entre el 25% y el 35% en Andalucía, una tendencia que también afecta a Córdoba.

En el caso de la capital cordobesa, el estudio sitúa el precio mensual de un local tipo de 85 metros cuadrados en las principales calles comerciales entre los 900 y los 1.600 euros al mes, una horquilla que refleja la diferencia entre las zonas con mayor demanda y otras áreas con menor actividad.

UPTA subraya que el alquiler del local representa actualmente entre el 35% y el 45% de los costes directos de un pequeño negocio, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la viabilidad del comercio de proximidad y para quienes desean emprender en la ciudad.

A esta situación se suma el encarecimiento del mercado residencial. En Córdoba, el precio del alquiler de vivienda se sitúa entre los 9,5 y los 11,5 euros por metro cuadrado, lo que, según el estudio, provoca una “doble carga” para muchos autónomos que deben afrontar simultáneamente el arrendamiento del negocio y el de su residencia habitual.

La organización considera que esta evolución de precios está dificultando el mantenimiento de la actividad económica en los centros urbanos y alerta del riesgo de pérdida progresiva de comercio local, así como del desplazamiento de pequeños negocios hacia zonas periféricas con rentas más asequibles.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido de que el aumento continuado de los costes está afectando de forma directa a la rentabilidad del pequeño comercio y reclama medidas que permitan contener la escalada de precios y proteger el tejido económico local.

La subida del precio del alquiler de la vivienda que se viene constatando en los últimos años en Córdoba capital se traduce en que se paga un tercio más que hace una década. En los últimos diez años, el alquiler ha subido un 30,3% de media en la ciudad y sus barriadas, con un alquiler promedio de 557 euros al mes.

Así se desprende de las cifras del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro, en un análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En otros municipios de la provincia de Córdoba, la subida del alquiler ha sido incluso mayor en la última década. Es el caso de Lucena, donde el precio se ha incrementado un 33,1% y la media que se paga por una vivienda es de 370 euros al mes. En el norte, en Pozoblanco, la subida ha sido del 29,6% en los últimos diez años, pagando una media de 332 euros de alquiler, mientras que en Cabra el incremento del precio ha sido del 19,1%, con un precio de 346 euros al mes.

Mayor subida en Andalucía y España

Mientras, el precio del alquiler en el conjunto de la provincia de Córdoba ha subido un 30,1% y la vivienda media cuesta de media 508 euros al mes. Córdoba es la segunda provincia de Andalucía donde menos ha subido el alquiler en la última década, solo detrás de Jaén, donde subió 29,6%. Por contra, donde más se incrementaron los precios del alquiler en los últimos diez años fue en Málaga (+59,2%), seguida de Granada (46,7%), Sevilla (44,4%), Almería (44,3%), Cádiz (39,4%) y Huelva (37,6%).

A nivel nacional, el precio medio del alquiler de la vivienda ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumulaba un incremento medio del 43%, el doble de lo que lo han hecho los salarios. En número reales: si hace nueve años se pagaba 800 euros por un piso, hoy se paga, como mínimo, 1.144 por el mismo piso, en el mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Los nuevos datos de 2024 corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021, según el análisis realizado.

En el gráfico que acompaña esta formación se puede ver cómo ha crecido el precio medio de los alquileres desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Y cómo el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. 

El mercado del alquiler en España ha entrado en una nueva fase marcada por la inmediatez. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista, el 15% de las viviendas arrendadas durante el cuarto trimestre de 2025 se alquilaron en menos de 24 horas desde su publicación, evidenciando una aceleración sin precedentes en la formalización de contratos.

Este fenómeno, conocido como “alquiler exprés”, refleja un mercado tensionado en el que la demanda supera ampliamente a la oferta disponible. Aunque los datos son de ámbito nacional, ciudades como Córdoba no son ajenas a esta tendencia, que ya se percibe en buena parte del territorio andaluz.

El informe pone de manifiesto que uno de cada siete inmuebles desaparece del mercado en apenas un día, una velocidad que hace apenas unos años era poco habitual. Este ritmo responde a varios factores estructurales: la escasez de oferta, el aumento de la demanda y la creciente dificultad de acceso a la vivienda en propiedad.

En paralelo, el mercado inmobiliario español atraviesa una situación de fuerte presión. La combinación de falta de vivienda disponible y crecimiento sostenido de la demanda ha generado un contexto en el que los alquileres se cierran cada vez más rápido.

Diferencias entre ciudades

El estudio de Idealista también revela importantes diferencias territoriales. Las ciudades donde el alquiler exprés está más extendido son Barcelona y Girona, donde el 36% de las viviendas se alquilan en menos de 24 horas. Les siguen Vitoria (30%) y otras capitales como Lugo (26%).

En un nivel intermedio aparecen ciudades como Cádiz, Palma, Guadalajara o Soria, todas ellas con un 25% de operaciones cerradas en un solo día.

En el extremo contrario, hay territorios donde este fenómeno es prácticamente inexistente, como Ceuta, Cuenca, Pontevedra o Teruel, donde no se registraron alquileres exprés durante el periodo analizado.

Córdoba, dentro de la tendencia

Aunque el informe no sitúa a Córdoba entre las ciudades con mayor porcentaje de operaciones ultrarrápidas, el contexto general indica que el mercado local se mueve en la misma dirección. La presión de la demanda, unida a la limitada oferta de vivienda en alquiler, provoca que los inmuebles más atractivos se arrienden en cuestión de horas.

Esta dinámica obliga a los inquilinos a tomar decisiones casi inmediatas, mientras que los propietarios encuentran cada vez menos dificultades para cerrar contratos en plazos muy cortos.

El auge del alquiler exprés no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del desequilibrio entre oferta y demanda. En España, el número de viviendas disponibles no ha crecido al mismo ritmo que las necesidades habitacionales, lo que ha generado una fuerte competencia por cada inmueble disponible.

En este escenario, el mercado del alquiler continúa tensionado y todo apunta a que la rapidez en el cierre de operaciones seguirá aumentando en los próximos meses, consolidando una tendencia que ya se deja sentir en ciudades como Córdoba.

Córdoba vuelve a mirar con preocupación a la evolución de los desahucios. Los últimos datos de ejecuciones hipotecarias, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, reflejan un repunte significativo de los lanzamientos judiciales por impago de hipotecas en la provincia, hasta situarse en cifras que recuerdan a las registradas hace una década.

En concreto, el año pasado se ejecutaron e inscribieron en los registros de la propiedad un total de 344 desahucios hipotecarios, un número que casi duplica los 193 del año 2024, y que supera ampliamente los 236 del año 2023, los 287 de 2022, y las cifras de los años 2019, 2018 y 2017, en los que las ejecuciones hipotecarias de vivienda fueron 74, 111 y 178, respectivamente.

En Córdoba, los desahucios alcanzaron su techo en el año 2015. Entonces, un total de 642 familias cordobesas tuvieron que abandonar sus viviendas para hacer frente a las deudas hipotecarias que mantenían con los bancos que no habían podido pagar.

En 2016 las ejecuciones hipotecarias se redujeron hasta las 495 y ya en 2017 bajaron a las 178. Ahora, tras una espectacular subida de un 78% en doce meses, se ha vuelto a superar la barrera de los 300 desahucios anuales, algo que no ocurría desde hace una década.

Lo peor es que, además de esta subida, falta por conocer la mayor parte de los desahucios que se ejecutan en la provincia, ya que dos de cada tres se derivan de impagos de alquiler, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los sucesivos informes trimestrales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta cuestión. Si ese ritmo se ha mantenido en 2025, significaría que 2025 se habría cerrado por encima de los mil deshacios, con más de 600 por alquiler.

Unos datos que, según colectivos sociales como Stop Desahucios, se estarían quedando cortos. Ellos estiman, de hecho, que las cifras serían bastante superiores, ya que, según indican, muchas familias abandonan sus pisos de alquiler ante la imposibilidad de pagar la renta para evitar estos procedimientos.

El precio medio de una habitación en un piso compartido en Córdoba capital tiene el precio más bajo de todas las capitales andaluzas. Así se pone de manifiesto en el último informe del portal inmobiliario pisos.com, que analiza los precios de alquiler de pisos completos y habitaciones en las principales ciudades del país.

En el caso de Córdoba, el precio medio para un inmueble completo de 90 m² en la capital alcanza los 842 euros mensuales, mientras que una habitación en piso compartido se sitúa en 248 euros. Este último valor es el más bajo de entre las capitales de Andalucía, puesto que en el resto alquilar una habitación supera ese precio. Así, en Jaén el valor está en 250,37 euros, en Almería alcanza 322,50 euros, en Sevilla los 352,66 euros y en Huelva los 374,38 euros. Como las capitales más caras para alquilar una habitación en piso compartido están Cádiz, con un precio de 473,50 euros, y Málaga con 455,36 euros.

En Córdoba capital, según los datos de este estudio, alquilar un piso completo cuesta más del triple que una habitación, se multiplica por 3,38 el valor. Sobre ello, el informe indica el coste relativo entre ambas modalidades. En Sevilla, alquilar un piso completo es 4,28 veces más caro que una habitación, la cifra más elevada de España junto con Madrid (4,28 veces) y Barcelona (4,20 veces). Otras capitales donde la diferencia supera con creces la media nacional son Burgos (3,63 veces), Donostia-San Sebastián (3,47 veces), Badajoz (3,42 veces), Segovia (3,40 veces) y Córdoba (3,38 veces).

En el lado opuesto se sitúan capitales donde la diferencia entre alquilar un piso completo y una habitación es mucho más moderada. En Huelva, un inmueble completo cuesta solo 1,73 veces más que una habitación, la ratio más baja de España. Le siguen Lugo (1,93 veces), Lleida (1,96 veces), Santa Cruz de Tenerife (2,11 veces), Logroño (2,23 veces), Guadalajara (2,25 veces), Cádiz (2,26 veces) y Ourense (2,27 veces).

Habitaciones: Barcelona y Valencia lideran los precios más altos

Cuando se analiza el mercado de habitaciones en pisos compartidos, Barcelona vuelve a encabezar el ranking con 646 euros mensuales de media, seguida de Madrid (622,14 euros), Palma (617,31 euros), Valencia (616,74 euros), Donostia-San Sebastián (555,08 euros), Santa Cruz de Tenerife (504,08 euros), Cádiz (473,50 euros), Bilbao (461,88 euros), Málaga (455,36 euros) y Girona (442,89 euros).

Las capitales donde resulta más económico alquilar una habitación son Badajoz (211 euros), Cáceres (220 euros), Burgos (245,76 euros), Palencia (246,43 euros), Córdoba (248,92 euros), Zamora (250 euros), Jaén (250,37 euros), Cuenca (270 euros), Salamanca (277,64 euros) y Ciudad Real (283,48 euros).

Piso completo: Barcelona, Madrid y Sevilla, donde la diferencia se dispara

El análisis por capitales de provincia revela importantes disparidades territoriales. En las diez ciudades más caras para alquilar un inmueble completo, el coste mensual supera ampliamente los 1.100 euros. El ranking está encabezado por Barcelona, con 2.710,57 euros mensuales por un piso de 90 m², seguida de Madrid (2.662,80 euros), Donostia-San Sebastián (1.923,56 euros), Palma (1.745,22 euros), Sevilla (1.509,60 euros), Valencia (1.490,92 euros), Bilbao (1.433,27 euros), Málaga (1.425,82 euros), Las Palmas de Gran Canaria (1.230,89 euros) y Vitoria-Gasteiz (1.157,89 euros).

En el extremo contrario, las capitales más asequibles para alquilar un inmueble completo son Palencia (597,36 euros), Huelva (646,16 euros), Zamora (654,66 euros), Ciudad Real (673,95 euros), Ourense (673,36 euros), Jaén (696,99 euros), Lleida (686,90 euros), Cáceres (715,71 euros), Badajoz (721,60 euros) y Lugo (722,99 euros).

Como en toda España, entrar a una vivienda en Córdoba es hoy bastante más caro que hace un año. El mercado inmobiliario de Córdoba capital mantiene una evolución claramente alcista tanto en la compraventa de vivienda usada como en el alquiler, aunque con intensidades distintas.

Los últimos datos publicados por Idealista confirman que la capital cordobesa sigue inmersa en una tendencia de encarecimiento progresivo, en línea con lo que ocurre en buena parte de las capitales españolas, lo que complica cada vez más el acceso a la vivienda para familias y jóvenes.

En el caso de la compraventa, el precio medio de la vivienda usada en Córdoba se sitúa actualmente en 1.677 euros por metro cuadrado (muy similar al que ofrecía hace una semana la tasadora Tinsa en su informe trimestral), tras registrar un incremento trimestral del 3,6% y una subida interanual del 8,6%. Este aumento sostenido del valor del metro cuadrado se traduce en un encarecimiento notable de las operaciones de compra, incluso en viviendas de tamaño medio.

Ejemplos prácticos: un piso de 90 metros cuadrados

Llevado a un ejemplo práctico, un piso de 90 metros cuadrados tiene hoy en Córdoba un precio medio cercano a los 150.900 euros. Hace solo un año, esa misma vivienda se situaba en torno a los 139.000 euros, lo que supone un encarecimiento de casi 12.000 euros en apenas doce meses. Así, con estas subidas, la compra de vivienda se está alejando progresivamente del alcance de muchos hogares, especialmente para quienes necesitan financiación.

El mercado del alquiler también refleja subidas, aunque de forma más moderada. El precio medio se sitúa en 9 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento trimestral del 0,6% y una subida anual del 4,3%, según Idealista. Aunque el ritmo es más contenido que en la compraventa, la tendencia sigue siendo claramente ascendente.

Así, alquilar un piso de 90 metros cuadrados en Córdoba capital cuesta actualmente alrededor de 810 euros mensuales. Hace un año, ese mismo inmueble se alquilaba por unos 775 euros al mes, lo que supone pagar entre 30 y 35 euros más cada mes, o más de 400 euros adicionales al año. Una diferencia que, aunque pueda parecer moderada, tiene un impacto directo en la economía de los hogares inquilinos.

En conjunto, los datos de Idealista al cierre del 2025 evidencian que Córdoba no es ajena a la presión general del mercado inmobiliario. La subida más intensa en la compraventa, unida al constante encarecimiento del alquiler, dibuja un escenario de tensión creciente en el acceso a la vivienda, con un mercado cada vez más privativo tanto para compradores como para arrendatarios, y en el que solo parece haber beneficios para los propietarios.

Córdoba se cuela entre las diez capitales de provincia donde más partido se obtiene de poner en alquiler una vivienda. Así lo refleja el último informe de pisos.com, correspondiente al mes de noviembre, que sitúa a la capital cordobesa en el décimo puesto del ranking nacional, con una rentabilidad bruta del 6,97%.

El estudio analiza el rendimiento del alquiler en las capitales de provincia y muestra que Córdoba se mantiene en una posición destacada frente a ciudades mucho más grandes. El dato confirma que alquilar una vivienda en la ciudad ofrece un retorno elevado en relación con el precio de compra.

Si se toma como referencia una vivienda tipo de 90 metros cuadrados con un precio medio de 150.000 euros en Córdoba, la rentabilidad del 6,97% supone unos ingresos anuales cercanos a los 10.455 euros. Esto equivale a alrededor de 870 euros al mes por ponerla en alquiler.

En el contexto andaluz, Córdoba se sitúa entre las ciudades con mejor comportamiento del alquiler, aunque no lidera la clasificación. Sevilla ocupa una posición más alta, con una rentabilidad del 7,64%, y Jaén también supera a Córdoba, con un 7,42%. Ambas se encuentran entre las primeras del ranking nacional.

Por detrás de Córdoba aparecen otras capitales andaluzas como Almería, con un 6,84%, y Huelva, con un 5,94%. Más abajo se sitúan Granada (4,95%), Málaga (4,92%) y Cádiz (4,59%), ciudades donde el mayor precio de la vivienda reduce el rendimiento del alquiler.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía reabrirá el plazo de nuevas solicitudes de ayudas al Bono Alquiler Joven, una vez que se han ampliado los fondos con otros 34,2 millones de euros. El plazo se reabrirá el próximo 13 de enero a las 16:00 y se cerrará de forma provisional cuando se alcancen las 15.000 solicitudes. Hay que tener en cuenta que la bolsa actual ya cuenta con 8.500 solicitudes correspondientes a 2025 que ya han sido tramitados.

Así lo ha adelantado la Consejería en una nota de prensa. El Gobierno andaluz, en previsión de que llegarían más fondos estatales para las ayudas del Bono Alquiler Joven, diseñó hace años las bases reguladoras de estas subvenciones para que se pudiera abrir y cerrar de forma provisional en función del número de solicitudes y del presupuesto disponible. De esta manera, la Junta agiliza con esta fórmula una tramitación que, como se comprobó en la primera edición, es “compleja” por los criterios impuestos desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta convocatoria, con ayudas de 250 euros mensuales, va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal.

Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia. Los solicitantes aportarán en la documentación un contrato de alquiler de la vivienda o cesión de uso o un compromiso de contrato suscrito por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del contrato. En caso de arrendamiento parcial, si no constata en el contrato la cuota de participación, se aportará declaración responsable.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio y el tipo de contrato. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscila entre los 380 y 300 euros. El límite de renta no tendrá en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como trastero, garaje o gastos de comunidad.

La participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja). Para acceder es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa de AutoFirma del Estado.

Ante las posibles dudas, la Consejería de Fomento ha publicado en su web un manual para rellenar la solicitud y documento de preguntas frecuentes. La Consejería de Fomento ha propuesto con estos fondos que se reabra el plazo de presentación para 15.000 solicitudes nuevas, teniendo en cuenta que ya se han analizado durante el 2025 otras 8.500 solicitudes más.

El mercado inmobiliario de Córdoba muestra en 2025 dos realidades muy distintas. Mientras el precio del alquiler se mueve en máximos históricos, con rentas prácticamente en récord en toda la ciudad, la vivienda en propiedad todavía se mantiene de forma generalizada por debajo de los precios alcanzados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Así lo reflejan los últimos datos publicados por Idealista, la plataforma inmobiliaria con mayor volumen de anuncios en Córdoba capital, y que sitúa el precio medio del alquiler en Córdoba en 8,9 euros por metro cuadrado, apenas un 0,9 % por debajo de su máximo histórico, alcanzado en abril de 2025. A pesar de una leve corrección mensual del 0,5 %, el alquiler acumula una subida interanual del 4,6 %, lo que confirma la fuerte tensión del mercado y la dificultad de acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento.

Por zonas, el Centro–Casco Histórico continúa siendo el área más cara para alquilar, con 9,3 €/m², aunque ha registrado un descenso mensual del 1,7 % tras alcanzar su máximo en septiembre. Santa Rosa–Valdeolleros destaca como el barrio con mayor subida anual del alquiler, un 10,5 %, situándose en 9 €/m², seguido de Zoco–Poniente–Vistalegre, con una subida del 7,7 %.

Ciudad Jardín y Levante–Lepanto–Fátima mantienen precios de 8,6 €/m², con incrementos anuales superiores al 4 %, mientras que Noreña–Figueroa es la única zona que presenta una caída interanual del alquiler (-2,1 %), tras los fuertes aumentos registrados a comienzos de año.

La compra de vivienda sigue lejos de los máximos de la burbuja

En contraste con el alquiler, el mercado de la vivienda en propiedad continúa subiendo de forma progresiva, pero sin haber alcanzado aún los niveles previos a la crisis inmobiliaria. El precio medio de compra en Córdoba se sitúa en 1.655 euros por metro cuadrado, tras subir un 7,9 % interanual, un 2,4 % trimestral y un 1 % mensual.

A pesar de este crecimiento, el precio medio sigue estando un 24 % por debajo del máximo histórico, registrado en diciembre de 2007, lo que evidencia que el mercado aún no ha completado el ciclo alcista iniciado tras la pandemia.

El mayor encarecimiento de la vivienda en el último año se concentra en barrios consolidados fuera del Centro. Ciudad Jardín lidera las subidas, con un incremento interanual del 15,2 %, situando el precio en 1.781 €/m² y quedándose a apenas un 4,6 % de su máximo histórico. Le siguen Levante–Lepanto–Fátima, con una subida anual del 13,2 % y un precio medio de 1.585 €/m², y Zoco–Poniente–Vistalegre, que alcanza los 2.062 €/m², el valor más alto de la ciudad, tras crecer un 12,6 % en el último año.

También destacan Sector Sur–Santa Cruz, con un aumento del 12,2 %, y Centro–Casco Histórico, que mantiene una evolución sólida, con precios de 1.919 €/m² y una subida anual del 9,4 %.

A falta de conocer los datos del INE, el 2025 sí que puede entrar en los más alto de la serie histórica en transacciones de vivienda, muy cerca del histórico año 2007. No obstante, comparativamente, la capital no es, ni de lejos, una de las ciudades donde el precio está más alto, aunque tampoco brilla por el salario medio de sus habitantes.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a prorrogar la moratoria de desahucios y a la promoción de una ley que dote de estabilidad a estas medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, presentada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, fue desestimada al contar con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP, al que se sumó Vox.

Más allá del propósito de la moción, el debate se ha centrado en el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada y la garantía de los derechos constitucionales de las familias vulnerables, en un contexto marcado por la escasez de vivienda asequible (según los proponentes, Hacemos Córdoba y el PSOE) y el aumento de los conflictos habitacionales como la inquiocupación (según el PP y Vox).

Durante la sesión intervinieron representantes de la Plataforma 15M Stop Desahucios, Catalina Ortega y Leticia Aguilar, quienes defendieron la necesidad de mantener la moratoria. Han recordado que la plataforma, que cumple 15 años de trayectoria y fue distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, surgió al calor del movimiento 15M como respuesta a lo que califican como “la peor de las violencias” sufridas por miles de familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las portavoces señalaron que, en la actualidad, el principal adversario de la plataforma son los denominados fondos buitre, que adquirieron hipotecas y viviendas a precios muy inferiores a su valor real. Según expusieron, estos fondos concentran grandes volúmenes de capital y operan a través de sociedades instrumentales para ejecutar hipotecas o desalojar a inquilinos. Entre los responsables de estos grupos, han mencionado incluso a figuras de gran poder económico, entre ellas Steve Feinberg, actual subsecretario de Defensa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Desde Stop Desahucios se reconoció que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que dio origen a la moratoria, resulta insuficiente y no soluciona el problema estructural de acceso a la vivienda. No obstante, defendieron que su prórroga es “imprescindible” mientras no se adopten soluciones más eficaces y estables. De acuerdo con sus datos, la moratoria ha permitido paralizar en torno a 60.000 desahucios en todo el país, correspondientes a familias vulnerables sin alternativa habitacional que residen en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Vulnerabilidad y aplicación de la norma

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, agradeció a la plataforma su “trabajo incansable” en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y apeló a los grupos municipales a actuar con “altura de miras, responsabilidad y empatía”, evitando, a su juicio, los “tacticismos políticos”. Hidalgo dedicó buena parte de su intervención a rebatir los argumentos de PP y Vox, a los que acusó de mostrar un “desconocimiento” de la normativa vigente. Precisó que la moratoria no constituye un “coladero”, ya que solo se aplica cuando el propietario dispone de al menos diez inmuebles y siempre que la vivienda afectada no sea ni la primera ni la segunda residencia del titular.

Asimismo, subrayó que el acceso a este “escudo social” exige un informe de vulnerabilidad emitido de manera preceptiva por los servicios sociales municipales. En este sentido, cuestionó que el PP alegara ambigüedad en la definición de vulnerabilidad cuando es la propia delegación municipal la encargada de certificarla.

El Grupo Socialista (PSOE), por medio de su portavoz Ángel Ortiz, respaldó la moción y defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía. Ortiz recordó que el decreto fue impulsado por el Gobierno de España y sostuvo que, aunque la suspensión de desahucios debe tener carácter transitorio, ha de ir acompañada de políticas estructurales, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Amparo para 'inquiocupas'

Tanto el Grupo Popular como Vox votaron en contra de la iniciativa, coincidiendo en la defensa de la propiedad privada, si bien con matices en sus argumentos. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, afirmó que la propiedad privada debe ser “sagrada, sea de quien sea y tenga los pisos que tenga”, y advirtió de que cuestionarla podría convertir al país en un “país salvaje”. Vox sostuvo que la moción adolecía de falta de concreción en la definición de “familia vulnerable” y expresó su temor a que la moratoria sirviera para amparar a “ocupas e inquiocupas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, reconoció las buenas intenciones de la propuesta, pero discrepó del instrumento planteado. Consideró que la moratoria fue una medida “meramente coyuntural” vinculada a la pandemia de la Covid-19 y rechazó su consolidación como herramienta estructural. Torrico afirmó que el 92 % de los propietarios que sufren impagos son pequeños propietarios y no grandes tenedores, y citó datos municipales que apuntan a 184 viviendas ocupadas en 2024 y 113 en 2025 en Córdoba, asegurando que existen usos “torticeros” de la moratoria.

El portavoz popular defendió la gestión del gobierno municipal, destacando el incremento de las ayudas al alquiler para personas vulnerables, que —según indicó— se han multiplicado por seis, pasando de 254.000 euros en 2018 a 1.227.000 euros en 2025.

En su turno final de réplica, Juan Hidalgo insistió en que el voto en contra del PP suponía, a su juicio, “alinearse con los fondos buitre” y mostraba “indolencia” hacia las familias vulnerables que solo pueden acogerse a la moratoria tras cumplir estrictos requisitos avalados por los servicios sociales y siempre frente a propietarios con diez o más viviendas. Solicitó al menos la abstención del Grupo Popular, al tratarse de una declaración de intenciones para trasladar el debate al Congreso.

Finalmente, el voto contrario del PP tumbó la moción, lo que fue recibido con abucheos por parte del público y con un villancico cantado por la Plataforma Stop Desahucios.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona, acusada de formar parte de un entramado delictivo dedicado a ofertar falsos alquileres de viviendas mediante anuncios en internet y portales inmobiliarios.

Según la investigación, las víctimas, en muchas ocasiones procedentes de distintas localidades o recién llegadas a la ciudad para cursar estudios o nuevas oportunidades laborales, abonaban por adelantado distintas cantidades de dinero en concepto de fianza, reserva de habitación o gastos de intermediación sin llegar nunca a disponer de la vivienda comprometida.

Durante la investigación se llegó a acumular una gran cantidad de denuncias que describían un mismo modo de actuación: anuncios atractivos, exigencia de pagos anticipados para asegurar el alojamiento y una cita concertada, que normalmente nunca se llegaba a efectuar, desapareciendo en ese momento los autores sin dejar rastro. 

Las víctimas, a través de anuncios atractivos en portales inmobiliarios de internet, contactaban con el investigado que se presentaba como un intermediario de agencias inmobiliarias, para ganarse así su confianza. Una vez acordado el alquiler de habitación de la vivienda, les solicitaba el ingreso de una cantidad de dinero en concepto de fianza, reserva de habitación o gastos de intermediación.

Cuando las víctimas se desplazaban hasta esta ciudad para visitar la vivienda que supuestamente habían alquilado, el investigado le indicaba que la vivienda ya no estaba disponible, ofreciéndoles una nueva habitación en otra vivienda ubicada en un lugar distinto. Tras visitar la nueva vivienda y observar las condiciones deplorables de salubridad que la misma presentaba, las víctimas reclamaban el importe transferido, si bien el supuesto agente inmobiliario, se negaba a devolverlo, alegando, que no habían querido alquilar la vivienda por su propio interés.

La investigación ha permitido vincular al menos ocho denuncias en las que se repite el mismo patrón delictivo, con un perjuicio económico global que supera los seis mil euros para el conjunto de las víctimas. 

Tras diversas gestiones policiales, los agentes del grupo investigador lograron localizar y detener al presunto responsable, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito continuado de estafa.