Usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han vuelto a recibir mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que les instan a renovar la tarjeta sanitaria a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas.

Fuentes del SAS han apuntado a Europa Press, como ya hiciera en febrero al detectarse esta campaña, que “nunca” solicita datos personales ni renovaciones de tarjeta sanitaria mediante mensajes de texto.

Los mensajes identificados incluyen textos como el siguiente: “Aviso oficial: su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de abril de 2026 conforme a la nueva normativa. Solicite su nueva tarjeta en..:” acompañado de un enlace para completar un trámite que incluye la solicitud de datos bancarios.

Estos SMS tratan de provocar una respuesta rápida en las personas que los reciben, utilizando direcciones de URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del SAS, aclaraba la Administración sanitaria en un comunicado en febrero.

Ante la recepción de un SMS de estas características, la Junta recomienda no acceder a ningún enlace, no facilitar información personal y eliminar el mensaje del dispositivo. Asimismo, se aconseja verificar siempre cualquier comunicación a través de los canales oficiales del SAS.

Un nuevo caso de estafa informática ha terminado en condena en la Audiencia Provincial de Córdoba. En esta ocasión, el acusado ha aceptado este lunes una pena de seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 1.000 euros tras reconocer haber participado en un engaño conocido como smishing en el que suplantó la identidad de una entidad bancaria para quedarse con 1.000 euros de la víctima.

Según el relato de hechos de la Fiscalía -que inicialmente pedía un año y ocho meses de cárcel-, la afectada recibió un falso SMS en su móvil en el que se le alertaba de una supuesta transferencia no autorizada en su cuenta corriente. Acto seguido, y en connivencia con otra persona que no ha podido ser identificada, el acusado hizo creer a la mujer que hablaba con un agente bancario.

Bajo el pretexto de ayudarla a “cancelar” esa operación fraudulenta, la guio para que realizara una serie de pasos técnicos. Sin embargo, lo que la víctima estaba haciendo en realidad era validar una transferencia de dinero desde su propia cuenta hacia otra de la que el acusado era titular. El procesado recibió el dinero a sabiendas de su origen ilícito con el fin de gestionarlo él mismo o distribuirlo con terceros.

Durante la vista, el acusado ha mostrado su conformidad con los hechos, siendo condenado por un delito de estafa. La defensa y la Fiscalía acordaron modificar la petición inicial (que incluía blanqueo de capitales) para fijar la condena en seis meses de cárcel. Además, el tribunal le ha concedido la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años siempre y cuando no delinca durante los dos próximos años y abone 100 euros al mes a la víctima hasta entregarle íntegramente la cantidad que le estafó. La sentencia ya es firme.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Magna-Vallis”, ha detenido a 18 personas en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres, por pertenecer a una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.

Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Guardia Civil ha identificado hasta 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos, vacunas, transporte, chip, jaula, etc, mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias. Asimismo, utilizaban el método “Smurfing” consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Asimismo, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras ayudas autonómicas, a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros. Se estima, que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

En España, Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. Se recomienda siempre desconfiar de precios demasiado bajos o urgencias por “entregar al animal”, exigir siempre documentación del criador y centro y solicitar copias de la cartilla veterinaria y microchip y no pagar por adelantado ni enviar dinero a través de transferencias bancarias u otra vía de pago online.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una mujer residente en Vecindario (Las Palmas de Gran Canaria) a tres meses de prisión tras estafar 35.019,49 euros a un amigo. La reducción de la pena se fundamenta en que la acusada devolvió la totalidad del dinero antes del juicio, aplicándose así la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Según la sentencia, la mujer solicitó dinero a la víctima entre marzo y noviembre de 2022, aprovechando la amistad que mantenían desde 2017, inicialmente por vía online a través de Facebook y retomando el contacto años después. La acusada alegó distintos motivos para solicitar el dinero, incluyendo supuestas deudas con la Seguridad Social, problemas graves de salud -como coágulos en la cabeza- y dificultades económicas derivadas de su incapacidad para trabajar.

Durante esos meses, la víctima realizó nueve entregas de dinero, a través de Bizum y transferencias bancarias, que sumaron el total de 35.019,49 euros. Tras darse cuenta de que había sido engañado, la víctima comunicó a la acusada su intención de denunciarla. Esta, aparentando arrepentimiento, se comprometió a devolver el dinero mediante un escrito de noviembre de 2022. Pasados cuatro meses y al ver que no le devolvía cantidad alguna, el hombre se sintió de nuevo engañado e interpuso una denuncia en marzo de 2023.

Durante el juicio, las partes acordaron una sentencia de conformidad, reconociendo la mujer el delito de estafa. Dado que la procesada había devuelto a la víctima todo el dinero antes del juicio, la Audiencia le ha impuesto tres meses de prisión, además del pago de las costas procesales. Además, se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante dos años condicionada a que la acusada no cometa ningún delito grave o menos grave en ese período.

Dado que se trata de una sentencia de conformidad, contra la misma no cabe recurso.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado este martes un juicio, por videoconferencia desde Granollers, contra M.O., acusado de un presunto delito de estafa informática y, de manera alternativa, de blanqueo de capitales, tras haber recibido en su cuenta bancaria dos transferencias por un total de 756 euros procedentes de un fraude sufrido por una vecina de Córdoba.

El acusado ha reconocido durante su declaración ser titular de la cuenta bancaria en la que se ingresaron dos transferencias de 253 y 503 euros el 31 de enero de 2023, pero ha negado cualquier implicación en la estafa. Así, ha asegurado que “un hombre que conocía de vista” le pidió usar su cuenta corriente porque iba a recibir “un dinero”.

Según su versión, ambos retiraron el dinero en efectivo en un cajero de la entidad bancaria de Canovelles, a unos dos kilómetros de Granollers, y ha negado enviar los mensajes fraudulentos que recibió la víctima, además de afirmar que desconocía el origen ilícito de los fondos y que no recibió nada a cambio de esa “ayuda”.

La víctima ha relatado que aquel día recibió un SMS, supuestamente de su banco, que le alertaba de un cargo de 500 euros de Amazon. Si quería cancelarlo, tenía que pinchar en un enlace. Tras hacer eso, introdujo sus credenciales bancarias y, posteriormente, recibió “una llamada de un hombre” que le pidió un código para anular el cargo. “Se lo di, pero después, vi que había otro movimiento de 500 euros más. En este momento me di cuenta de que había sido víctima de una estafa”, ha asegurado la joven, quien ha recordado que su interlocutor, que se rio, le dijo a otra persona “Así es como se hace”, antes de colgar. Su entidad bancaria, que no se ha presentado al juicio, no le ha devuelto el dinero a la víctima “porque la entidad alega que yo he facilitado voluntariamente los códigos”, por lo que sigue reclamando todo el dinero estafado.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para el acusado una multa de 6.000 euros, mientras que la defensa solicita la absolución y considera que no concurre el dolo para poder condenar a su defendido por un delito de blanqueo de capitales. Asimismo, considera “desproporcionada” la multa, que, en caso de sentencia condenatoria, ha pedido fijarla en 2.668 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona, acusada de formar parte de un entramado delictivo dedicado a ofertar falsos alquileres de viviendas mediante anuncios en internet y portales inmobiliarios.

Según la investigación, las víctimas, en muchas ocasiones procedentes de distintas localidades o recién llegadas a la ciudad para cursar estudios o nuevas oportunidades laborales, abonaban por adelantado distintas cantidades de dinero en concepto de fianza, reserva de habitación o gastos de intermediación sin llegar nunca a disponer de la vivienda comprometida.

Durante la investigación se llegó a acumular una gran cantidad de denuncias que describían un mismo modo de actuación: anuncios atractivos, exigencia de pagos anticipados para asegurar el alojamiento y una cita concertada, que normalmente nunca se llegaba a efectuar, desapareciendo en ese momento los autores sin dejar rastro. 

Las víctimas, a través de anuncios atractivos en portales inmobiliarios de internet, contactaban con el investigado que se presentaba como un intermediario de agencias inmobiliarias, para ganarse así su confianza. Una vez acordado el alquiler de habitación de la vivienda, les solicitaba el ingreso de una cantidad de dinero en concepto de fianza, reserva de habitación o gastos de intermediación.

Cuando las víctimas se desplazaban hasta esta ciudad para visitar la vivienda que supuestamente habían alquilado, el investigado le indicaba que la vivienda ya no estaba disponible, ofreciéndoles una nueva habitación en otra vivienda ubicada en un lugar distinto. Tras visitar la nueva vivienda y observar las condiciones deplorables de salubridad que la misma presentaba, las víctimas reclamaban el importe transferido, si bien el supuesto agente inmobiliario, se negaba a devolverlo, alegando, que no habían querido alquilar la vivienda por su propio interés.

La investigación ha permitido vincular al menos ocho denuncias en las que se repite el mismo patrón delictivo, con un perjuicio económico global que supera los seis mil euros para el conjunto de las víctimas. 

Tras diversas gestiones policiales, los agentes del grupo investigador lograron localizar y detener al presunto responsable, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito continuado de estafa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará la semana que viene el juicio contra un hombre acusado de cometer una presunta estafa durante la compraventa de un teléfono móvil de alta gama a través de una plataforma digital.

Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, el acusado contactó con un vendedor que había anunciado la venta del terminal por 1.044 euros. Ambos acordaron que el pago se realizaría mediante transferencia bancaria y que, una vez completado el ingreso, el teléfono sería enviado a través de una empresa de mensajería.

El fiscal sostiene que el acusado, “con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico”, envió al vendedor una fotografía de su DNI y un justificante de transferencia que aparentaba acreditar el pago del importe pactado. Bajo la creencia de que el dinero había sido abonado, el perjudicado entregó el dispositivo en una oficina de mensajería, donde posteriormente fue recogido.

Sin embargo, según la acusación pública, la transferencia nunca llegó a completarse, ya que fue anulada por el acusado tras enviar la captura del presunto justificante. El supuesto engaño habría permitido al investigado obtener el teléfono sin realizar el pago.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa, agravado por la multirreincidencia del procesado, y solicita cuatro años de prisión para el acusado y una multa de 3.240 euros.

Agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba han culminado una compleja investigación en el ámbito de la delincuencia tecnológica, que ha permitido desarticular una estructura criminal dedicada al fraude bancario y al blanqueo de capitales mediante el uso de sociedades mercantiles sin actividad real.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por una vecina de la provincia, quien habría sido víctima de una estafa a través de técnicas de ingeniería social. Los presuntos autores lograron tomar el control de su banca online mediante la portabilidad fraudulenta de su línea telefónica y la manipulación de su documentación personal.

Una vez obtenidos los accesos, los investigados crearon tarjetas virtuales con las que realizaron operaciones no consentidas, desviando posteriormente los fondos a través de un terminal de pago (TPV). El dinero fue canalizado hacia otra empresa simulada, donde se procedió a su dispersión mediante transferencias fraccionadas, extracciones de efectivo y movimientos a través de plataformas de juego online, todo ello con el objetivo de dificultar su rastreo y facilitar su integración en el circuito económico legal.

La investigación ha contado con la colaboración de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y proveedores tecnológicos, y ha requerido autorización judicial para el acceso a información clave.

Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil ha identificado como presuntos autores a tres jóvenes varones de distinta nacionalidad, todos ellos con antecedentes por hechos similares, que operaban de manera organizada y coordinada.

Los investigados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Audiencia Provincial reduce de un año a siete meses de cárcel la pena a un hombre que cobró 411 euros por una PS5 que nunca envió

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena por estafa contra un hombre que cobró 411 euros por la supuesta venta de una PlayStation 5 que nunca llegó a enviar, aunque ha reducido la pena de prisión de un año a siete meses impuesto por un juzgado de instancia. La Sala ha destacado que durante la instrucción fue necesario dictar una orden de búsqueda y captura al no poderse localizar al acusado ni responder este a las citaciones del juzgado.

Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando la víctima, contactó con el vendedor a través de un anuncio publicado en la web Milanuncios. El procesado acordó la venta de la consola por 399 euros más 11 euros de gastos de envío. La víctima realizó la transferencia a una cuenta titularidad del procesado, pero nunca recibió la consola ni un reembolso del importe.

En su recurso, la defensa solicitó la absolución o, de manera subsidiaria, la reducción de la pena. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado prácticamente todos los argumentos. Según la resolución, la declaración de la víctima, las conversaciones aportadas, el justificante bancario y la confirmación de la titularidad de la cuenta del acusado acreditan el engaño. También ha rechazado la existencia de dilaciones indebidas, señalando que parte del retraso en la tramitación se debió precisamente a la imposibilidad de localizar al acusado, lo que motivó la emisión de la requisitoria de busca y captura.

Lo que sí ha apreciado la Audiencia es una desproporción en la pena impuesta inicialmente. Aunque el encartado tiene antecedentes por delitos leves de estafa, ninguno es computable a efectos de reincidencia. Y puesto que la cuantía defraudada se sitúa apenas por encima del límite entre delito leve y menos grave, fijado en 400 euros, la Sala ha reducido la a siete meses de prisión, manteniendo el resto de pronunciamientos: indemnización a la víctima de 411 euros más intereses y costas de la primera instancia.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena de un año de prisión por un delito de estafa para dos empresarios cordobeses del sector de la automoción por manipular el kilometraje de un vehículo y venderlo a través de una empresa de una barriada de la capital por más del doble del precio al que lo habían adquirido. La resolución rechaza íntegramente los recursos de apelación presentados y ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2.

Según los hechos probados, en junio de 2018, uno de los procesados adquirió un Mercedes Benz E320 CDI con más de 456.000 kilómetros reales por 3.500 euros. Un mes después lo transfirió a la empresa administrada por el segundo procesado dedicada a gestionar y comercializar vehículos de segunda mano para terceros.

Ambos empresarios actuaron “en connivencia” para reducir casi 200.000 kilómetros del odómetro y así aumentar notablemente el valor del automóvil. Además, alteraron el dato de kilometraje del permiso de circulación, entregando al comprador únicamente una fotocopia manipulada que ocultaba la cifra auténtica registrada en la ITV.

El vehículo fue vendido en agosto de 2018 por 7.800 euros, más del doble del precio original. El tribunal ha considerado probado que los dos acusados, profesionales del sector, conocían perfectamente la manipulación y se beneficiaron de la operación: uno de ellos tenía pactada incluso una comisión de 1.000 euros por la venta.

La Audiencia ha rechazado todos los argumentos de defensa de ambos procesados. Además de la pena de prisión, los condenados deberán indemnizar al comprador por la diferencia entre el precio pagado y el valor real del vehículo atendiendo a su kilometraje verdadero, cantidad que se fijará en la ejecución de sentencia.

La Guardia Civil ha culminado una operación que venía desarrollando en la provincia de Córdoba en relación con una estafa a través de Internet, con 14 personas y nueve cuentas bancarias investigadas, y siete empresas.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, de que se había producido una estafa de BEC (Business email compromise) de 552.000 euros, realizada mediante MitM (Man-in-the-Middle) en la que se encontraban relacionadas y perjudicadas tres empresas olivareras afincadas en Córdoba y una ubicada en Sevilla, todas ellas relacionadas con la venta de aceitunas y la comercialización de aceite de oliva.

Las primeras investigaciones permitieron saber que, en los correos de empresa de las mismas, se había producido una intromisión (Man-in-the-Middle) en las comunicaciones, tanto del proveedor como de los clientes, pudiendo acceder a los datos de los correos y de facturación contenidos en ellos.

Posteriormente se realizó una sustitución fraudulenta de documentación mercantil, facturas extraídas a través de la entrada en los servidores de los dominios de las empresas implicadas o a través de correos phising; para posteriormente hacerse pasar por estas empresas como el emisor de correos corporativos (Business email compromise), que comunicaron el cambio de cuenta bancaria habitual para el cobro de determinadas facturas a otra cuenta bancaria nueva.

El desarrollo de la investigación permitió a los investigadores de la Guardia Civil bloquear unos 402.000 euros de los 552.000 euros estafados. Asimismo, se ha investigado judicialmente a 14 personas y siete empresas ubicadas en diferentes ciudades del territorio nacional, así como nueve cuentas bancarias relacionadas con blanqueo de capitales.

Estas personas y empresas eran receptoras de transferencias procedentes de la cuenta bancaria fraudulenta y del dinero inicialmente estafado, y las compraventas que supuestamente respaldaban las transferencias investigadas, estaban realizadas por ciudadanos nigerianos o sociedades a nombre de ciudadanos nigerianos, los cuales se continuarán investigando, al poder constituir un grupo criminal específico dedicado al blanqueo de capitales.

La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de más personas y empresas.

Una mujer de 66 años, vecina de Córdoba, ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido víctima de un fraude telefónico tras recibir una llamada en la que un supuesto empleado del BBVA la alertaba de movimientos sospechosos en su cuenta. Según el relato de la afectada, que adjunta las denuncias pertinentes ante el Instituto Armado y los documentos y e-mails que ha mantenido con su banco, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2025, cuando un hombre que decía ser su asesor bancario se puso en contacto con ella para advertirle de que estaban retirando dinero de sus tarjetas de crédito.

Aprovechando la confianza que había logrado inspirarle, el estafador le solicitó las claves de sus tarjetas, con las que posteriormente realizó varias compras online por un importe total de 3.460 euros —1.780 euros con una tarjeta y 1.680 con otra—. Una vez terminadas las operaciones, la mujer sintió que podía haber sido víctima de una estafa, por lo que, de inmediato, según su testimonio, se comunicó con el servicio de atención del BBVA, desde donde le confirmaron que el interlocutor no trabajaba para la entidad y que efectivamente se habían efectuado cargos en sus cuentas en webs de venta de criptomonedas en países extranjeros.

Así, siguiendo las indicaciones del banco, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil al día siguiente, 1 de julio de 2025, tras lo cual los agentes abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Pese a ello, el BBVA rechazó semanas después su reclamación para que no se le cargaran las cantidades defraudadas hasta que se cerrara la investigación.

Según su relato y documentación aportada, el 2 de julio, la mujer presentó formalmente en su sucursal bancaria una reclamación, adjuntando la denuncia, con la intención de que no le cobraran la cantidad presuntamente defraudada. Y el 7 de julio la entidad confirmó su recepción. Sin embargo, la entidad decidió iniciar el cobro, pese a estar los hechos bajo investigación: “A finales de julio me comunicaron verbalmente en mi sucursal que no estimaban mi reclamación y que tendría que abonar la cantidad robada, por lo que pedí fraccionar el pago”, relataba la afectada en el escrito remitido al Departamento de Fraudes del banco, facilitado también a este periódico.

Al Banco de España

Disconforme con el trato de la entidad, la víctima acudió a su abogada, que le recomendó iniciar una nueva reclamación, esta vez ante el Banco de España, un trámite que requiere disponer de la resolución formal del BBVA en la que constara el rechazo de su solicitud. Sin embargo, la mujer denuncia que la entidad estuvo más de un mes sin remitirle el documento, pese a haberlo solicitado en repetidas ocasiones, y mientras seguían cobrando las cantidades fraccionadas.

Asegura que, entre el 1 y el 4 de septiembre de 2025 acudió hasta en dos ocasiones a su sucursal, ubicada en la localidad almeriense de Carboneras, donde los empleados cursaron nuevas peticiones al Departamento de Fraudes sin obtener respuesta. “Estoy siendo víctima dos veces: primero del fraude, y después del desinterés de mi propio banco”, lamenta en su reclamación la mujer, que aseguraba sentirse “desprotegida” y “desatendida” por parte del BBVA, que, según explica inició el cobro de la cantidad defraudada aun cuando la investigación sigue abierta.

Finalmente, el 11 de septiembre, casi dos meses y medio después de la presunta estafa y tras dos mensualidades cobrándole los fraccionamientos, el banco envió un email con la información solicitada, en el que decía lo siguiente: “Buenos días, el dictamen de la reclamación ha sido resuelta desfavorable ya que la operación se ha realizado de forma segura, mediante procedimiento 3d secure o pin, por lo tanto, la operación está correctamente autenticada y no puede ser considerada fraude según normativa”.

Tras recibirlo, acudió la víctima a hablar con personal del Banco de España, que, según su relato, le han recomendado que notifique formalmente lo ocurrido para evitar que se produzcan nuevos fraudes similares al suyo, así como posibles “cobros indebidos”, y con el fin de que el organismo pueda evaluar la actuación de la entidad financiera.

La Guardia Civil, por su parte, mantiene abierta la investigación sobre el supuesto fraude telemático, aunque, hasta el momento, no se ha informado de detenciones relacionadas con el caso. El BBVA, consultado por este periódico el pasado 22 de octubre, respondió finalmente este viernes 31 asegurando que “la clienta no ha puesto una reclamación en la oficina de BBVA, adjuntando la denuncia a la policía”.

“La oficina ha intentado contactar con la clienta para informarle de este trámite. No obstante, de oficio, la hemos abierto ya para agilizar el caso. Una vez ponga la reclamación en el plazo de 15 días se le contestará por escrito”, ha indicado la entidad. La mujer, por su parte, niega haber recibido niguna llamada de BBVA referente al caso en los últimos días, e insiste en que ella acudió a su sucursal a interponer la reclamación con la denuncia de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial por vender relojes, bolsos y carteras falsificados.

Dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia a través del servicio de Fiscal y de Fronteras contra la comisión de hechos delictivos contra la propiedad industrial, la Guardia Civil observó durante uno de estos servicios desarrollado en una empresa de paquetería de la provincia varios envíos que les resultaron sospechosos, por lo que decidieron inspeccionarlos. 

Tras inspeccionar varios paquetes que provenían del mismo remitente, localizaron en su interior, los siguientes efectos:

Ante ello, se inició una investigación que, por la diversidad de los objetos aprehendidos, las distintas marcas implicadas y la calidad de las falsificaciones, resultó muy compleja, fruto de la cual se pudo comprobar que se trataba de falsificaciones, ascendiendo la valoración de la totalidad de los perjuicios causados a las distintas marcas de unos 27.675 euros.

La Guardia Civil, una vez obtenidos los indicios suficientes, e identificado a la persona que había remitido los objetos, procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.

Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un varón que estaba condenado por una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a un año y seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 33.000 euros a una mujer por un delito de estafa en el alquiler con opción a compra de una casa.

Los hechos probados se centran en la venta de parcelas rústicas en Córdoba sobre las que A.M.T., hijo de los propietarios, había construido una vivienda. Los progenitores del acusado habían firmado inicialmente, el 27 de diciembre de 2017, un contrato privado de compraventa con una mujer. Posteriormente, a principios de 2018, el hijo contando con un amplio poder notarial de sus padres, contactó con una inmobiliaria. El 7 de febrero de 2018, el acusado firmó con la denunciante un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre la vivienda.

Para el ejercicio de la opción de compra, la arrendataria entregó 30.000 euros como prima, además de 3.000 euros en concepto de honorarios a la inmobiliaria. Sin embargo, durante el plazo concedido para el arrendamiento, el acusado, actuando como apoderado de sus padres, intervino en la negociación que culminó con la otorgación de la escritura pública de compraventa de la propiedad, el 17 de mayo de 2018, a favor de un tercero. Esta acción, realizada de forma deliberada y consciente, anuló la posibilidad legal de que la denunciante ejerciera su derecho a consolidar la adquisición del inmueble.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre por un delito de estafa impropia a un año y seis meses de prisión y a indemnizar a la perjudicada. Sin embargo, el TSJA ha revocado la sentencia. La clave de la decisión del Alto Tribunal andaluz radica en la interpretación de las cláusulas del contrato de arrendamiento con opción de compra. En ese sentido, el tribunal ha reconocido que la denunciante no llegó a abonar la renta mensual pactada.

Según la cláusula quinta de dicho contrato, el impago de la mensualidad (fijada en 500 euros, a abonar en los primeros cinco días de cada mes) rescindiría automáticamente el contrato, permitiendo al arrendador tomar posesión de la vivienda sin necesidad de requerimiento judicial.

El tribunal concluye que, puesto que el impago de las rentas se produjo, la obligación de pago no llegó a comenzar y el contrato se extinguió. La Sala considera que, aunque la literalidad del contrato permitiría una interpretación alternativa, la falta de abono de las rentas no fue obstáculo para que el contrato continuase vigente. Al quedar extinguido el arrendamiento con opción de compra debido al incumplimiento de pago de la arrendataria, el posterior otorgamiento de la escritura pública de compraventa a favor de un tercero no consumó el delito de estafa impropia.

La Guardia Civil, en el marco de los servicios de seguridad ciudadana, así como las labores de prevención de la posible comisión de hechos delictivos desarrollados en la localidad castellonense de Onda, ha procedido a la detención de una persona sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención emitida por un Juzgado de Córdoba. 

La prensa de la Comunidad Valencia ha informado que los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la guardia civil observó un vehículo alquilado ocupado por cuatro personas que mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. Los ocupantes del vehículo fueron identificados, ofreciendo respuestas contradictorias acerca de su procedencia y destino. Ante tales circunstancias, fueron trasladados al acuartelamiento para la práctica de las diligencias oportunas.

Durante la inspección del turismo se localizó un ordenador portátil que, tras las comprobaciones pertinentes, se constató que pertenecía a un vecino de Valencia, por lo que fue intervenido para su devolución a su legítimo propietario. 

Con posterioridad, la verificación de identidad de uno de ellos por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana reveló la existencia de nueve identidades en el sistema policial y una orden judicial vigente. 

En consecuencia, se procedió a su detención, tratándose de un varón de 31 años de edad de nacionalidad colombiana. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los juzgados de Nules. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Onda y el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de estafar a un amigo para invertir en apartamentos turísticos, según consta en el escrito provisional de calificación. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará este miércoles al acusado.

El caso viene de la investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. La Fiscalía señala que el acusado convenció a un amigo para invertir en la compra de un bloque de apartamentos turísticos de Córdoba capital. Así, visitó con él la zona y le dijo que para la adquisición, a través de una empresa, necesitaba fondos. La sociedad iba a ser conjunta y la iban a explotar comercialmente.

Según el escrito de la Fiscalía, la víctima hizo varias entregas de dinero, tanto en la cuenta personal del acusado como en la de la empresa. Durante distintos momentos, le llegó a abonar hasta 85.000 euros. Finalmente, el acusado ni compró el bloque ni inició su explotación comercial, por lo que fue denunciado.

Ahora, la Fiscalía lo considera responsable de un presunto delito de estafa, por el que le solicita hasta tres años de cárcel.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo de los acusados a un hombre y una mujer el próximo 1 de octubre por, presuntamente, haber estafado a una persona a la que iban a ejecutar hipotecariamente. Ambos se enfrentan a 12 años de cárcel acusados de un delito de estafa y otro de apropiación indebida, según la calificación provisional de la Fiscalía Provincial.

Según el relato de los hechos del Ministerio Público, la investigación se inició en el año 2019. El hombre procesado le pidió a la mujer su firma digital para poder operar ante los juzgados, algo que ambos hicieron de común acuerdo, según la acusación y siempre de forma presunta. Su objetivo era lograr un “enriquecimiento injusto”.

Así, contactaron con una persona que estaba inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria. Los acusados, según la Fiscalía, le dijeron a su víctima que iban a presentar varios escritos con el objeto de paralizar el proceso. Y le reclamaron una cantidad en metálico por adelantado. Para tranquilidad de la víctima, le mostraron un escrito firmado por la acusada.

Durante el procedimiento, y siempre según la Fiscalía, el acusado le dijo a su víctima que las fincas ejecutadas “iban a salir a subasta” y que podría volver a comprarlas por una cantidad de dinero. De nuevo, la víctima entregó dinero en metálico a este hombre para que adquiriera las fincas, confiando en su palabra, según la Fiscalía. No obstante, “ninguna de estas cantidades fueron consignadas por los acusados en el juzgado”.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a estas dos personas de un delito de estafa y otro de apropiación indebida. Además de los 12 años de cárcel, solicita una multa para ambos de 20 euros al día.

La Fiscalía de Córdoba pide cinco años y medio de prisión para un hombre por un delito continuado de falsedad y por otro de estafa con abuso de la existencia de relaciones personales dado que las víctimas eran sus padres. El procesado, acompañado de una mujer -para quien el Ministerio Público solicita la misma pena de cárcel, contrataba líneas de teléfono con cargo a las cuentas bancarias de sus padres y a la suya propia, aunque dos de ellas no tenían fondos.

Según el escrito de acusación, desde septiembre de 2010 a marzo de 2013, los acusados dieron de alta sucesivamente, mediante contratos formalizados por teléfono, varios servicios de telefonía para el domicilio en el que residían en un pueblo de Córdoba. En total fueron hasta seis líneas de teléfono cuyos gastos -casi 2.000 euros- fueron cargados a la cuenta corriente de la madre de él.

En enero de 2014, usaron el mismo modus operandi, aunque en este caso fueron dos líneas de teléfonos y la cuenta bancaria que adjuntaron era la que los procesados tenían. No obstante, dicha cuenta se asoció a la madre de él. Los gastos, más de 650 euros, no pudieron cargarse dado que la cuenta no tenía fondos. Esto llevó a que la progenitora fuera incorporada en el fichero de morosos de Hacienda.

Finalmente, en abril de 2014, los acusados volvieron a repetir esta misma práctica, pero usaron los datos de filiación del padre, que estaba fallecido. En este caso se generaron unos gastos de unos 180 euros que no pudieron ser cargados en la cuenta corriente por falta de fondos. Esto llevó a que la cantidad fuera reclamada a la madre.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para ambos cinco años y medio de prisión y una multa de 3.300 euros cada uno.

La Guardia Civil del Puesto de Dos Torres ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil, a través de una denuncia, de que al parecer se había cometido un delito de estafa en la compra de un casco de motocicleta a través de una página web, ya que, tras realizar la transacción en la página de internet, el producto nunca llegó a su comprador.

Inmediatamente, la Guardia Civil tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación y localización del/los presunto/s autor/es.

El avance de la investigación, permitió identificar al supuesto autor, un varón de 41 años de edad y con domicilio en la localidad de Zaragoza, lugar donde cometía los ilícitos. Además, se pudo constatar cómo el supuesto autor había cometido más delitos de esta tipología por toda la geografía española, así como un delito de falsedad documental, valiéndose del mismo modus operandi (venta de un casco de motocicleta en una web de internet), donde se ha comprobado multitud de personas víctimas de estafa.

Ante ello, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de esta persona como presunto autor de varios delitos de estafa y falsedad documental. Investigado y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil ha investigado en Priego de Córdoba a tres personas de 55, 35 y 36 años de edad, vecinos todos ellos de Priego de Córdoba, como presuntos autores de un delito de estafa.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Priego de Córdoba, qué al parecer un varón de avanzada edad y con discapacidad había sido estafado. La información que tenían los agentes era que, tras hacerse con su tarjeta bancaria y el número pin, se habían hecho multitud de compras en establecimientos de Málaga y Priego de Córdoba, así como habían efectuado extracciones de dinero en cajeros automáticos, ascendiendo el total del dinero estafado a unos 11.000 euros.

Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil averiguar que los hechos habían ocurrido el pasado mes de junio, tras convencer a la víctima para que se trasladasen a la localidad de Málaga, donde, tras conseguir hacerse con la tarjeta bancaria y el número pin, efectuaron los pagos y las extracciones.

Las gestiones practicadas en las entidades bancarias unidas a los datos aportados por la víctima, permitieron identificar a los presuntos autores, tres personas de una misma familia, que tras ser localizados han sido investigados como presuntos autores de un delito de estafa.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.