La provincia de Córdoba no ha tenido nunca a tantas personas dadas de alta en la Seguridad Social. Marzo ha concluido con un total de 316.687 cordobeses afiliados a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, un dato histórico que bate el anterior, de diciembre de 2022.

Córdoba siempre fue una provincia con una gran economía sumergida y con miles de personas que trabajaban pero que no estaban dadas de alta, principalmente por la precarización del empleo. Uno de los efectos del confinamiento fue la exigencia de muchos trabajadores de ser dados de alta, ya que de lo contrario no cobraban ayudas. Otra fue la digitalización de la economía. La Agencia Tributaria controla mucho más y mejor los pagos a los trabajadores a través de los bancos. Y el dinero en efectivo circula menos que antes.

Estos buenos datos coinciden además con los del paro, de los más bajos de la serie. Marzo ha concluido en Córdoba con apenas 49.209 personas en situación de desempleo, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo.

Nuevo techo histórico

El nuevo máximo histórico de afiliación confirma una tendencia de crecimiento sostenido en la provincia que va más allá de los picos estacionales tradicionales. Hasta ahora, el techo se situaba en los 309.195 afiliados alcanzados en diciembre de 2022, en plena campaña de la aceituna. Sin embargo, el dato actual no solo supera con holgura ese registro, sino que lo hace en un mes como marzo, que históricamente no solía concentrar los mayores niveles de empleo.

Del total de afiliados, la gran mayoría corresponde al Régimen General, con 262.104 trabajadores, lo que supone el 82,8% del total. Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos suma 54.584 personas, representando el 17,2%. Esta distribución refleja que el crecimiento del empleo en Córdoba está impulsado principalmente por el trabajo por cuenta ajena, aunque apoyado en una base sólida de autónomos.

En términos de evolución, la afiliación ha crecido en 1.064 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,34%. Aunque se trata de una subida moderada en comparación con otras provincias andaluzas, el dato es significativo por producirse en un contexto sin grandes campañas agrícolas o turísticas. Más relevante aún es la evolución interanual: Córdoba cuenta con 7.665 afiliados más que hace un año, lo que representa un aumento del 2,48%, en línea con la media andaluza y ligeramente por encima del conjunto nacional.

Este comportamiento evidencia una mayor estabilidad del mercado laboral cordobés frente a otras provincias con mayor dependencia estacional. Mientras territorios como Jaén registran fuertes caídas tras el fin de la campaña del olivar, Córdoba mantiene una evolución más constante, lo que apunta a una progresiva diversificación de su economía.

En el contexto andaluz, Córdoba se sitúa en la sexta posición por número total de afiliados, por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Almería, pero por delante de Huelva y Jaén. A pesar de esta posición intermedia, el hecho de haber alcanzado su máximo histórico refuerza la idea de que la provincia está consolidando una senda de crecimiento sostenido.

El papel de los autónomos también resulta clave en este escenario. Aunque su crecimiento es más contenido que el del Régimen General, su peso relativo en Córdoba es superior al de la media andaluza, lo que refleja una estructura económica con una importante presencia de pequeños negocios y actividad por cuenta propia. Esta base actúa como un elemento de estabilidad que contribuye a sostener el empleo incluso en periodos de menor dinamismo.

La Fiscalía de Córdoba ha pedido tres años de prisión para tres empresarios a los que acusa de haber defraudado a la Seguridad Social más de 617.000 euros mediante un entramado de sociedades creado, presuntamente, para esquivar de forma reiterada el pago de las cotizaciones de sus trabajadores. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama para cada uno una multa de 1,23 millones de euros, el doble de la cantidad supuestamente defraudada.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la puesta en marcha de cuatro empresas que operaban en el mismo local y con la misma actividad. Cuando una de ellas comenzaba a acumular deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, los acusados activaban una nueva sociedad para continuar el negocio, dejando atrás las obligaciones impagadas. Un mecanismo que, para la Fiscalía, tenía como objetivo dificultar la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva y evitar el cobro de las cuotas sociales.

El Ministerio Fiscal sostiene que los tres empresarios actuaron de manera coordinada, con un reparto de papeles muy definido. Uno de ellos era el gestor real y quien dirigía en la práctica todas las sociedades. Otro figuraba como administrador único y fundador, ejerciendo de testaferro para ocultar al verdadero responsable. El tercero aparecía como titular de los contratos de arrendamiento de los locales, una figura interpuesta que servía para ocultar la titularidad real del negocio y esquivar posibles embargos.

Al no concurrir atenuantes ni agravantes, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados, además de la prisión y la multa, la pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios de la Seguridad Social durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

El juicio a los tres acusados se celebrará la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Un total de 312.600 cordobeses viven hoy de un ingreso procedente de las arcas públicas del Estado. Más de la mitad son pensionistas: 185.300 personas. Otras 53.800 perciben algún tipo de prestación de desempleo o subsidio, 24.500 dependen del ingreso mínimo vital y 49.000 son trabajadores de la función pública. Si sumamos unos 235.000 empleados del sector privado y otros 155.300 estudiantes tenemos el cuadro casi completo de la radiografía socioeconómica de Córdoba.

En términos relativos, el 40% de los 770.000 cordobeses reciben cada mes una retribución de la administración pública. Es decir, casi uno de cada dos ciudadanos. Si comparamos el dato con otras provincias de Andalucía, Córdoba presenta una dependencia mayor del erario público. La provincia andaluza más poblada, Sevilla, registra un porcentaje menor (36,6%), de tal forma que 722.400 sevillanos perciben un ingreso del Estado sobre un total de 1,9 millones de habitantes. Y Málaga, con 1,7 millones de vecinos, cuenta con 513.500 malagueños pendientes de una retribución pública. La provincia costera, por lo tanto, presenta una ratio muy inferior (29%) de ciudadanos que viven del Estado.

Todas las cifras han sido extraídas de fuentes oficiales de la administración pública con los datos más actualizados de octubre y noviembre. La mayor parte de los pensionistas cordobeses (163.200) pertenecen al régimen general y perciben una retribución media de 1.249 euros. Más de 13.800 son pensionistas de las conocidas como clases pasivas, en relación a cierto grupo de funcionarios, y otros 8.300 corresponden a las no contributivas, cuyo promedio en Córdoba se sitúa en 595 euros.

Nuestra población está envejecida y seguirá así durante años

Pedro Pablo Pérez — Profesor de Economía de la Universidad Loyola

Córdoba es la quinta provincia andaluza con un número mayor de empleados públicos (49.021). La primera es Sevilla, con 128.393, seguida de Málaga (89.301), Cádiz (82.526) y Granada (66.636). Le siguen Almería (44.010), Jaén (42.138) y Huelva (34.705). Más de la mitad de los trabajadores del sector público en Córdoba dependen de la Junta de Andalucía (30.836), mientras que la administración local cuenta con 10.182 nóminas y 8.003 están vinculados al Estado central.

Esta es la radiografía socioeconómica de Córdoba con los datos en la mano. Otra cosa son las interpretaciones que se puedan derivar de su lectura. Para el sociólogo David Moscoso, las cifras demuestran que “existe un Estado de bienestar que distribuye la riqueza gracias al sistema impositivo”. Debido a la red pública, las personas que se encuentran en una “situación vulnerable” y “sin otras opciones de supervivencia” pueden disfrutar de recursos para hacer frente a las “necesidades básicas”.

Moscoso es profesor de la Facultad de Ciencias del Trabajo y fue parlamentario andaluz entre 2015 y 2019. El sociólogo alerta sobre el “discurso neoliberal” imperante que “cuestiona” y “demoniza” el sector público. “Cuando hablamos de funcionarios, estamos hablando de personas que desarrollan un servicio a la sociedad. De los profesores y profesoras de nuestros hijos; de los médicos y enfermeros que nos atienden cuando tenemos un problema de salud; de las fuerzas de seguridad que velan por nuestra protección”, argumenta el catedrático de la UCO.

El profesor califica de “éxito” el sistema asistencial español, sobre todo para una ciudad como Córdoba, que padece una “paupérrima situación económica”. “Imagínese si no fuera por el sector público”, subraya. Y recuerda que la primera empresa de la provincia es el Hospital Reina Sofía, con 5.000 trabajadores, seguido de la Universidad (3.000) y el Ayuntamiento (2.500). “Sin el sector público, la situación de supervivencia de esta ciudad sería dramática”, sostiene David Moscoso, “porque no permitiría el movimiento de capital que circula en la economía para la adquisición de bienes de consumo”. El sector empresarial cordobés, en su opinión, tiene que estar “agradecido” al revulsivo económico que representa la inyección de dinero público en la provincia de Córdoba.

Existe un Estado del bienestar que funciona y distribuye la riqueza gracias al sistema impositivo

David Moscoso — Sociólogo de la Facultad de Ciencias del Trabajo

A noviembre de 2025, Córdoba registró más de 266.000 afiliados a la Seguridad Social y un 18,2% de desempleo, 14 puntos menos que hace diez años. El comportamiento de la actividad económica provincial ha experimentado una mejoría notable en la última década. Sevilla, con 770.000 afiliados a la Seguridad Social, y Málaga (707.500) casi triplican las cifras de Córdoba. Quiere decirse que la tasa de afiliación a la Seguridad Social en relación a la población total de Sevilla y Málaga se sitúa en el 40% mientras que en Córdoba no llega al 35%. Sus tasas de desempleo también son sensiblemente más bajas: 14,4% Sevilla y 12,3% Málaga.

Pedro Pablo Pérez es profesor de Economía de la Universidad Loyola y pone el foco en el envejecimiento de la población cordobesa y la incapacidad tradicional de la provincia de atraer suficiente inversión productiva. “Nuestra población está envejecida y va a seguir así durante años”, reflexiona el experto en macroeconomía. “El sector público, por lo tanto, seguirá teniendo una fuerte participación en la economía provincial”.

El incremento de los pensionistas no es un fenómeno estrictamente cordobés, remarca el profesor de Loyola. Las nuevas generaciones no encuentran aquí oportunidades de empleo y se van fuera a buscar trabajo. “No hay recambio. Hasta el punto de que Almería ya nos ha adelantado en número de habitantes”, alerta. Para Pedro Pablo Pérez, el cuadro socioeconómico está claro. Hasta 2024, los sectores claves eran la industria agroalimentaria, los servicios y el turismo, particularmente en la capital. “Tema industrial hemos tenido poco”, puntualiza.

A finales del XX ya definimos a Córdoba como centro logístico y no hemos sabido hacer nuestras tareas

Juan Puerto — Responsable de política social de la Federación de Pensionistas de CCOO

El motor que puede cambiar la dinámica, a su juicio, es la Base Logística del Ejército de Tierra. “Es cierto que hay una inversión pública pero muchas empresas privadas se van a instalar en Córdoba atraídas por el proyecto”, señala. El profesor de Economía dice sentirse “optimista” con el “efecto multiplicador” que desencadene la Base Logística en relación a las industrias auxiliares que se beneficien del emporio militar.

El peso del sector público en Córdoba es una realidad “estructural” derivada fundamentalmente del elevado número de pensionistas. Casi uno de cada cuatro cordobeses son pensionistas. “Yo no hablaría de economía sana o insana. Es una característica de nuestra economía. Y es una debilidad”, reflexiona el especialista consultado.

Juan Puerto, responsable de política social de la Federación de Pensionistas de CCOO en Córdoba, identifica tres factores que explican la fotografía socioeconómica de la provincia y su elevada subordinación al sector público. La primera es el acusado envejecimiento de la población. Según sus datos, el 22% de los habitantes tienen más de 65 años.

El segundo elemento definitorio es la “excesiva dependencia” de la agricultura y el sector servicios, frente a la baja tasa de industrialización. Y finalmente el escaso aprovechamiento de la posición geográfica estratégica de Córdoba, pese a que en el último tercio del siglo XX ya se definió como una de sus grandes fortalezas. “No hemos sabido hacer nuestras tareas”, asegura. Al menos no en el ámbito civil. “Quién sí ha entendido perfectamente esta clave ha sido la estructura militar del país. Y ahí tenemos la Base Logística del Ejército de Tierra”, destaca.

La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social ha adscrito el inmueble situado en la calle Montilla, número 4, de Lucena a la Mutua Universal Mugenat. Un edificio de más de 1.400 metros cuadrados que la citada mutua destinará a servicio asistencia, administrativo y de control y de seguimiento de la incapacidad temporal.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, esta adscripción no sólo mejorará la atención que se ofrece a la población protegida de Lucena, sino a toda su área de influencia, dotándola de mejores y más modernas instalaciones y servicios.

Con ello se atenderá la demanda de los vecinos, que verán mejorado el entorno en el que se encuentra ubicado el edificio, mejorando, en definitiva, la vida de los lucentinos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide un total de 14 años de prisión para cuatro empresarios acusados de haber cometido un delito de defraudación a la Seguridad social, según consta en la calificación provisional de los hechos a la que ha tenido acceso este periódico. Estos empresarios se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el próximo miércoles.

La Fiscalía pide para uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y de tres años para los otros tres empresarios. Así, en su escrito sostiene que el principal acusado creó tres empresas con otros tantos socios. En cada una de las empresas, él o era directamente el administrador o la ejercía de hecho, con el consentimiento de sus socios.

En su escrito, la Fiscalía afirma que “tales sociedades se constituyeron exclusivamente con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo en favor de la Seguridad Social, de modo que se detraían las nóminas de los empleados las correspondientes cotizaciones sin que posteriormente se abonaran las cuotas de los mismos”.

En total, la Fiscalía calcula que se dejó de pagar una importante cantidad de dinero a la Seguridad Social, más de 140.000 euros, durante los años en los que estas empresas estuvieron ejerciendo.

Así, a los cinco años de cárcel, la Fiscalía suma la petición del pago de una multa de 500.000 euros para el principal acusado. También que se le inhabilite recibir subvneciones o ayudas públicas, y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales, por un periodo de ocho años. Para el segundo empresario, además de los tres años de cárcel se le pide el pago de una multa de 350.000 euros. Para el tercero, la multa es de 200.000 euros. Y para el cuarto, de 120.000 euros. En total, se solicita casi 1,2 millones de euros en multas en este juicio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este martes a una mujer acusada de un presunto delito de estafa y a la que le piden una pena de dos años de cárcel, según consta en el escrito de calificación de los hechos redactado por la Fiscalía.

En concreto, la mujer está acusada de haberse quedado con el dinero que por error ingresó la Seguridad Social en una cuenta de su madre, en la que ella estaba autorizada. La madre venía percibiendo una pensión de viudedad. No obstante, falleció, pero la familia no comunicó el deceso al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que siguió abonando mes a mes la pensión.

La Fiscalía señala que la mujer era consciente de que la cuenta de su madre, en la que era la única persona autorizada, solo se nutría de los ingresos de la Seguridad Social. De esta manera, la mujer fue extrayendo dinero mediante “sucesivas disposiciones de efectivo” tanto “en caja como en cajeros automáticos de diversas localidades”, según señala la Fiscalía en su escrito.

Así, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de estafa, por el que se le pide dos años de prisión. También la responsabilidad civil subsidiaria a la entidad bancaria, ya que habría incumplido “el deber legal” de comprobar, al menos una vez al año, “la pervivencia de las personas titulares de la pensión”.

La Fiscalía Provincial de Córdoba, a través de su sección de delitos económicos, ha informado de la existencia de un procedimiento judicial de gran envergadura por un presunto fraude masivo a la Seguridad Social. La investigación, recogida en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado presentada este viernes en el inicio del año judicial, revela un complejo entramado que habría permitido cobrar de manera indebida diversas prestaciones públicas.

El caso afecta a 470 personas investigadas y se articula en una pieza principal y múltiples piezas separadas, dada la magnitud de los hechos. Según la documentación, el fraude se habría cometido mediante la creación de empresas instrumentales cuya única función era formalizar altas ficticias de trabajadores. Con esos contratos inexistentes, los beneficiarios accedían de manera irregular a prestaciones por desempleo, maternidad o incapacidad temporal.

El perjuicio económico estimado asciende a unos dos millones de euros, convirtiéndose en uno de los procedimientos más voluminosos que afronta actualmente la justicia cordobesa en materia de delitos contra la Seguridad Social.

La Fiscalía señala que este tipo de prácticas no solo suponen un grave daño para las arcas públicas, sino que también distorsionan el sistema de protección social al que acceden los ciudadanos de manera legítima.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a un empresario por delitos de fraude contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. La resolución, con ponencia del magistrado Pablo Llarena Conde, rechaza los recursos de casación interpuestos por este empresario y por otro de los condenados.

Según los hechos probados por la Audiencia cordobesa y confirmados por el Supremo, el empresario operó al menos siete empresas —agrarias, contables y del sector de la construcción— que durante años mantuvo activos a 39 trabajadores en la Seguridad Social sin abonar ni una sola cuota. A pesar de que los empleados sí percibían sus salarios, el empresario simulaba una situación de insolvencia permanente mientras seguía percibiendo ingresos por la explotación de varias fincas agrícolas. Entre 2013 y 2016, la deuda generada con la Tesorería General de la Seguridad Social superó los 84.000 euros, solo en concepto de cotizaciones impagadas, sin contar intereses ni recargos.

Además, se acreditó que el empresario —que es abogado— montó un entramado de contrataciones ficticias con el fin de que cuatro personas -una ya, fallecida- pudieran acceder ilegalmente a subsidios y prestaciones públicas. Mediante contratos simulados y nóminas falsas, lograron cobrar de forma indebida prestaciones por desempleo, maternidad y jubilación por un total de más de 74.000 euros.

Por estos hechos, el empresario fue condenado a seis años y dos meses de prisión, además de al pago de una multa de casi 260.000 euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas durante cinco años. El Supremo ha confirmado también estos extremos de la sentencia de la Audiencia así como la indemnización de más de 130.000 euros a la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que aquella le impuso.

El alto tribunal ha desestimado así todos los motivos de recurso invocados por los acusados, entre ellos supuestos defectos procesales, vulneraciones del derecho a un juez imparcial y errores en la apreciación de la prueba. La sentencia, de más de 100 páginas, considera que las pruebas practicadas —incluidos testimonios, actas de inspección y sentencias administrativas previas— son “concluyentes y racionalmente valoradas”.

En relación con el segundo acusado que recurrió al Supremo, el alto tribunal ha confirmado su condenad por un delito de estafa, así como el pago de una multa de 720 euros y la indemnización solidaria, que deberá realizar junto con el empresario, al INSS y al SEPE por un total superior a 45.000 euros. Las otras dos condenadas por la Audiencia, que no han recurrido al Supremo, fueron sentenciadas a multas de 720 euros por delitos de fraude de prestaciones y a una de ellas, además, se le impuso una indemnización al SEPE de más de 7.000 euros, a pagar solidariamente con el empresario.

Un análisis de los datos de procesos cerrados de nacimiento y cuidado del menor en la provincia de Córdoba durante el primer semestre de 2025 revela una tendencia particular: más hombres que mujeres han gestionado estos permisos retribuidos. De los 3.992 procesos totales cerrados en la provincia en este período, 2.063 procesos correspondieron a hombres, superando los 1.929 procesos registrados por mujeres, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

La duración media total de todos estos procesos en Córdoba se estableció en 110,94 días, cifra que se redondea a 111 días, en línea con la duración promedio observada a nivel andaluz. Al desglosar la duración media por sexo en la totalidad de los procesos, se observa que los permisos de las mujeres tuvieron una duración media de 112,73 días, mientras que los de los hombres fueron ligeramente más cortos, con 109,27 días de media.

Esta preponderancia masculina en el número total de procesos se explica principalmente por el rol que cada género asume en la solicitud de los permisos de paternidad y maternidad:

Finalmente, los datos también incluyen una pequeña proporción de procesos en familias monoparentales. En Córdoba, se identificaron 21 procesos en este tipo de estructuras familiares, con una duración media de 111,67 días. De estos, 18 procesos correspondieron a mujeres (112 días de duración media) y 3 procesos a hombres (109,67 días de duración media).

La prestación pasa de 16 a 19 semanas

El Consejo de Ministros aprobó ayer la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasa de 16 a 19 semanas, iguales para madres y padres, intransferibles, con cobertura del 100% por la Seguridad Social.

A partir de su entrada en vigor, ambos progenitores disfrutarán de una semana más del permiso por nacimiento y cuidado del menor, es decir, 17 semanas, durante el primer año de vida del menor o de la resolución administrativa o judicial, en el caso de acogida o adopción. Se mantiene la obligación de disfrutar de seis semanas inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos, de al menos una semana de duración. Además, ambos progenitores tendrán derecho a dos semanas más de permiso por nacimiento y cuidado del menor, que se podrán disfrutar hasta que el niño o niña cumpla 8 años.

Por otra parte, en el caso de familias monoparentales, el 80% formadas por mujeres, el permiso se duplica y será de 32 semanas.

La prestación por nacimiento y cuidado de menor sustituye a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad desde el 1 de enero de 2021 y ha supuesto la equiparación completa de ambas. Hasta ahora, el permiso, reconocido como un derecho individual y no transferible, erade 16 semanas para ambos progenitores.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base reguladora y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Desde el 1 de enero de 2024, los estudiantes que realizan prácticas formativas no remuneradas han sido incluidos por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. En Córdoba, esta medida ha supuesto la inclusión de 26.427 alumnos hasta el pasado 30 de junio de 2025, según datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y consultados por Europa Press.

Este cambio normativo ha permitido que estos jóvenes, que anteriormente quedaban fuera del sistema al no recibir una remuneración, puedan iniciar su historial de cotización, accediendo así a una mayor protección social desde el inicio de su vida laboral.

En el conjunto de Andalucía, 276.104 estudiantes se han beneficiado de esta medida en el mismo periodo. Córdoba se sitúa en la cuarta posición entre las ocho provincias andaluzas en número de alumnos dados de alta, por detrás de: Sevilla, con 69.238 estudiantes en prácticas afiliados, Málaga (50.364), Granada (41.602); y por delante de Cádiz (25.321), Almería (22.006), Jaén (17.021) y Huelva, que cierra la lista con 16.068.

Andalucía, segunda comunidad en volumen de alumnos en prácticas

A nivel nacional, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma con más estudiantes en prácticas dados de alta, solo por detrás de Madrid (281.006) y ligeramente por delante de Cataluña (252.371). En total, en toda España han sido 1.580.637 los jóvenes que han comenzado a cotizar gracias a esta medida.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que esta reforma “protege de una forma más efectiva a los estudiantes al reconocerles sus derechos desde que inician sus carreras de cotización con las prácticas formativas”.

El nuevo régimen incluye las prácticas no remuneradas realizadas por estudiantes universitarios (ya sea para títulos oficiales o propios), de formación profesional (cuando no se impartan en régimen intensivo), enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

La duración media de las bajas laborales que se produjeron en la provincia de Córdoba a lo largo del pasado año 2024 alcanzaron los dos meses. En concreto, el tiempo medio de las incapacidades temporales registradas por la Seguridad Social en ese ejercicio en la provincia cordobesa fue de 60,22 días.

Así queda reflejado en el informe que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los datos provisionales de incapacidad temporal hasta diciembre de 2024. En ese año, en Córdoba se registró el inicio de 86.486 bajas laborales y, asimismo, finalizaron en ese año 84.510 bajas. Al finalizar el año, había 14.021 incapacidades en vigor.

La provincia cordobesa tuvo una prevalencia de 42,86 bajas por cada 1.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Y la incidencia media mensual de incapacidades temporales por cada mil trabajadores fue de 22,24 bajas, según la estadística del Ministerio.

Bajas más largas que en Andalucía y España

En los datos publicados destaca que la duración media de las bajas laborales en Córdoba es superior tanto a la media de Andalucía como a la del conjunto de España. Si en la provincia cordobesa el tiempo medio fue de 60,22 días, en Andalucía se quedó en 50,92 días y en España fue aún menor, con 42,86 días.

Dentro de Andalucía, la provincia de Córdoba se sitúa como la cuarta con la mayor duración en las bajas laborales. Así, en Málaga el tiempo medio de las incapacidades temporales durante el pasado año fue de 37,16 días, el menor de toda la comunidad autónoma andaluza; le sigue Cádiz con 45,56 días, Sevilla con 51,22 días y Jaén con 58,68 días.

Tras los 60,22 días de Córdoba, las provincias andaluzas con mayor duración de las bajas laborales fueron Almería con 63,52 días, Granada con 65,38 días y como la provincia con un mayor tiempo medio está Huelva, con 65,54 días.

La Federación Pensionistas y Jubilados de CCOO y la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT de Córdoba se han concentrado a las puertas de la Delegación de Hacienda para reclamar a la Agencia Tributaria que dé marcha atrás en la modificación del método de solicitud de devolución del exceso de cuotas que muchas personas hoy jubiladas aportaron a la Seguridad Social a través de las mutualidades antes de 1978.

Tras la concentración, los responsables de ambos sindicatos, Francisco Figueroba (UGT) y Mari Carmen Santiago (CCOO), acompañados de sus respectivos secretarios Generales, Vicente Palomares y Marina Borrego, se trasladaron a la Subdelegación del Gobierno, en donde hicieron entrega a la subdelegada, Ana María López, de un escrito en el que reclaman la mencionada modificación de la normativa para solicitar la devolución de las cantidades pagadas de más.

Durante el año 2023 e inicio del 2024, varias sentencias del Tribunal Supremo y de diferentes tribunales económicos y administrativos reafirmaron el derecho de las personas pensionistas por jubilación e incapacidad permanente a una reducción de su tributación de IRPF de la pensión pública por el tiempo cotizado a las antiguas mutualidades entre los años 1967 y 1978.

En principio, esta disposición estaba orientada únicamente al colectivo de personas que habían trabajado en banca, pero desde el primer momento CCOO y UGT entendieron que esta jurisprudencia debía ser aplicable al resto de mutualidades. Así, ambos sindicatos mantuvieron distintas reuniones con la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social para buscar fórmulas que facilitarán a la totalidad de los muntualistas poder acogerse en igualdad de condiciones a esa aminoración en su tributación por el IRPF y, finalmente, en febrero del 2024 se llegó a un acuerdo por el cual la Seguridad Social transfería a la Agencia Tributaria una base de datos con la vidas laborales de las personas pensionistas que servía para acreditar de manera suficiente los periodos cotizados en las distintas mutualidades.

A su vez la AEAT facilitaría en su web un formulario donde las personas pensionistas, independientemente de que estuvieran obligadas o no a presentar la declaración de la renta, podían solicitar el ajuste en su tributación del IRPF.

Sin embargo, en diciembre de 2024, se introducen cambios en los procedimientos de solicitud, dejando sin efecto las que no hubieran sido resueltas antes del 22 de diciembre pasado y estableciendo un calendario de reclamación año a año. Así, en 2025 se podrá solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019, en 2026 la de 2020, en 2027 la de 2021 y en 2028 la de 2022.

UGT y CCOO valoraron de manera muy negativa esta modificación del criterio, que se ha realizado de manera unilateral, sorpresiva, sin información ni diálogo alguno con las organizaciones sindicales con las que se acordó el criterio y procedimiento inicial, por tanto, una decisión arbitraria sin justificación alguna más allá de que podamos intuir que se trata de aplazar y diluir el impacto económico en un solo ejercicio de esta cuestión y de otras necesidades en un marco de prórroga presupuestaria e implantación de nuevas reglas fiscales en la UE, que pueden dar lugar a un procedimiento de déficit excesivo.

La decisión genera inseguridad jurídica al aplicar con carácter retroactivo una norma fiscal desfavorable para el contribuyente, además de generar un agravio comparativo entre contribuyentes cuando todos han seguido el mismo procedimiento preestablecido por la AEAT y en los mismos plazos, pero mientras algunas personas ya han recibido o van a recibir la totalidad de lo solicitado, a otras se les obliga a comenzar el proceso de nuevo y recibir la posible devolución de manera fraccionada en cuatro ejercicios, con los elementos de incertidumbre y demora que ello introduce en las personas afectadas.

Por todo, CCOO y UGT han contactado con el Ministerio de Hacienda para poder abordar esta cuestión con el objeto de que sea lo menos lesiva para las personas pensionistas afectadas. Sobre todo, ambos sindicatos creen que es necesario rectificar la obligación de tener que solicitar año a año la reclamación de lo tributado en exceso para aquellas personas que ya lo han realizado siguiendo el procedimiento establecido inicialmente, y que, de no corregirse esta situación, las devoluciones se realicen con intereses de demora.

Un juzgado de Córdoba ha fallado a favor de una madre de Córdoba en un juicio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por el reintegro del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La sentencia anula la resolución del INSS que le exigía la devolución de 13.232,09 euros por prestaciones indebidamente percibidas entre enero de 2021 y marzo de 2023.

La solicitud del IMV fue solicitada por la mujer en julio de 2020. En aquel entonces, la unidad familiar estaba compuesta por ella y sus dos hijos. Sin embargo, en febrero de 2021, nació su tercera hija fruto de una relación con un hombre, quien se incorporó a la unidad familiar. Fue en mayo de 2021 cuando la mujer obtuvo la resolución favorable del IMV.

Para modificar la cuantía de la ayuda, la mujer -en enero de 2022- puso de manifiesto que la unidad de convivencia había cambiado y que ni ella ni su pareja tenían ingresos. Dado que no obtenía respuesta de la administración, lo volvió a hacer hasta en tres ocasiones en 2023, sin tampoco tener contestación.

Fue en mayo de ese año cuando el INSS revisó la concesión del IMV, considerando que la solicitud de esta familia no cumplía con los requisitos desde febrero de 2021, cuando nació la hija menor. Por ello, la entidad gestora dio de baja el expediente y solicitó a la mujer el reintegro los 13.232,09 euros que había ingresado. Pero la demandante ha llevado el caso a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha considerado que la mujer actuó de buena fe al notificar el cambio en su unidad familiar y que el retraso en la respuesta del INSS generó una expectativa razonable de que seguía cumpliendo los requisitos para percibir la ayuda.

Esta sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que los errores administrativos no deben ser corregidos a expensas del beneficiario, especialmente si este actúa de buena fe y se encuentra en una situación de vulnerabilidad. De hecho, el juzgado cordobés considera que el reintegro del IMV le supondría a esta familia una “carga individual excesiva”. Por ello, la demandante no tendrá que devolver ninguna cantidad al INSS.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha habilitado el número de teléfono 91 908 70 67 para facilitar la regularización de cuotas de autónomos correspondientes al ejercicio 2023, una herramienta que se suma a la 'app' Importass y las herramientas digitales del portal.

A través del portal y la 'app' los autónomos pueden acceder al detalle de su notificación y resolución, consultar el estado de la regularización y realizar otros trámites, como la opción de mantener la base de cotización o ingresar las diferencias resultantes.

“Con estas herramientas queremos simplificar al máximo este proceso para los autónomos, poniendo a su alcance canales accesibles, claros y efectivos”, ha asegurado la ministra Elma Saiz.

Desde el Ministerio de Seguridad Social recuerdan que, además del teléfono especializado y el portal Importass, los autónomos pueden consultar la página web oficial de la Seguridad Social, los números generales de la TGSS: 901 20 30 40 y 91 908 70 67 o acudir personalmente a las oficinas de la TGSS.

La Tesorería ha iniciado el proceso de regularización anual de cuotas correspondientes al ejercicio 2023 para los trabajadores autónomos. Este es el primer ajuste realizado tras la entrada en vigor, en enero de 2023, del nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos netos y que fue acordado con representantes sociales y asociaciones de autónomos.

El objetivo del proceso es comprobar que las bases de cotización que ha elegido el autónomo durante el año y que determinan sus cuotas mensuales se ajustan a sus rendimientos netos. Para ello, se utilizan los datos proporcionados por las Administraciones Tributarias (AEAT y Haciendas Forales).

El proceso se llevará a cabo de manera gradual entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Los autónomos no tendrán que presentar solicitudes, ya que el proceso de regularización lo realiza la Tesorería de forma automática. Las notificaciones se enviarán automáticamente por los canales oficiales, el Portal DEHú y la aplicación Importass.

El resultado de la regularización puede arrojar tres posibles escenarios: diferencias de cotización a favor del autónomo; diferencias de cotización a ingresar; y un último escenario sin diferencias de cotización, en el que no será necesario realizar ninguna acción.

En los casos en los que el resultado arroje una diferencia a favor del autónomo, el trabajador podrá optar por mantener la base de cotización más alta para mejorar sus prestaciones futuras, o alternativamente, podrá solicitar la devolución automática de las cantidades resultantes antes de abril de 2025.

Sin embargo, cuando las diferencias de cotización arrojen un resultado a ingresar, será necesario abonar la cantidad indicada antes de la fecha establecida en la resolución.

Córdoba es una de las pocas provincias españolas en la que ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de septiembre, un dato que se contradice con el leve incremento del desempleo. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, la provincia ha ganado 585 afiliados a la Seguridad Social.

La provincia cerró el mes de septiembre con 302.172 cordobeses dados de alta en la Seguridad Social, 1.620 más que hace justo un año. Por el contrario, el paro en Córdoba afecta a 57.483 personas, según los datos cerrados a 30 de septiembre. Hace un año eran 63.640 los cordobeses que había en demanda de empleo. Es decir, hay 6.157 parados menos en un año, casi un 10% de descenso, según los datos oficiales.

La mayor parte de los afiliados en Córdoba están en el régimen general, 247.843. Además, hay 54.329 autónomos en la provincia de Córdoba (menos, incluso, que demandantes de empleo). Aparte, dentro del régimen general hay 45.133 afiliados en el sector agrario y 3.344 en el régimen especial de las empleadas de hogar.

53 meses de crecimiento a nivel nacional

A nivel nacional, la Seguridad Social ha registrado 21.220.899 afiliados en septiembre, descontando la estacionalidad y el efecto calendario. Supone un aumento de 377.963 ocupados en lo que va de año. Ya son 53 meses de crecimiento ininterrumpido del empleo en esta serie, tras sumar este mes 22.220 afiliados más, lo que supone un nuevo máximo.

En términos desestacionalizados, la afiliación ha registrado 1,86 millones de trabajadores más desde antes de la pandemia.

Este mes, la afiliación media (serie original) se acerca a los 21,2 millones de afiliados (21.198.206), lo que se traduce en que es el septiembre con mayor nivel de empleo de la serie histórica, al contar con 473.411‬ afiliados más que hace un año (+2,3%). Se trata de 8.805 ocupados más que en agosto, un aumento superior a los 3.222 de incremento en este mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. 

En comparación intermensual, suman afiliados, entre otros, Educación (+4,83%), como es habitual por el comienzo del curso, y Actividades Administrativas (+1,64%). Algunos sectores pierden afiliados como consecuencia del fin de temporada veraniega, particularmente, Comercio (-1,57%) y Hostelería (-1,85%). 

En términos interanuales, la mayoría de los sectores gana afiliados. Es reseñable el crecimiento en Educación, con 94.425 afiliados más (+9,6%), debido en parte al efecto del cambio de encuadramiento hace unos meses de afiliados que estaban en Administraciones Públicas. También aumentan los afiliados especialmente en Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (+4,5%), Transporte y Almacenamiento (+4,2%), Hostelería (+3,9%) y Actividades Sanitarias (+3,6%).

La serie diaria ha superado los 21,2 millones de afiliados desde el día 10 al día 30 de septiembre.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explica: “Hemos superado los 21,2 millones, en términos desestacionalizados, y también estamos en niveles históricamente altos en la serie original. Es muy reseñable la contribución de los afiliados extranjeros al crecimiento, que ya son casi 2,9 millones”. 

CCOO cree que la reducción de la jornada ayudaría a recuperar empleo

El paro volvió a subir en septiembre en la provincia de Córdoba arrastrado por el incremento del desempleo en el sector servicios, en donde 376 personas se sumaron a las listas de demandantes de empleo, según los datos del SEPE dados a conocer hoy. Con ello, Córdoba cuenta con 57.483 personas en situación de desempleo, 351 más que en agosto.

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, lamentó esta nueva subida del paro en Córdoba. “Que el paro aumente no es buena noticia nunca, pero en este caso, era esperado, porque estamos viendo cómo el empresariado está volviendo a abusar de la contratación temporal”, apuntó.

De hecho, en septiembre se registraron 15.219 contratos temporales frente a los 9.783 indefinidos y después de meses en los que la contratación indefinida superó el 40% de los acuerdos laborales, en septiembre esa cifra ha bajado al 37,1%. “La temporalidad afecta, especialmente, a jóvenes y mujeres. Las mujeres siguen sin lograr incorporarse en igualdad de condiciones al mercado laboral que los hombres y como no se están adoptando medidas para corregir este desequilibrio, ellas siguen sufriendo el paro en mayor medida que los hombres. En septiembre, el 62,28% de las personas desempleadas eran mujeres y esta es una cifra que parece inamovible”.

Sin embargo, la responsable de Empleo de CCOO de Córdoba considera que “la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sería una acicate para la contratación, lo que podría beneficiar especialmente a las mujeres, porque también redundaría en una mejor conciliación por parte de los hombres y, con ello, más corresponsabilidad e igualdad”.

Csif reclama medidas frente a la estacionalidad

CSIF lamenta la subida del paro en 351 personas en Córdoba el pasado mes de septiembre y reclama medidas que rompan con la estacionalidad existente en el mercado laboral provincial y que impulsen el empleo de calidad a través de la industria, la innovación y el sector público.

Tras conocer las cifras que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho públicas este miércoles, que apuntan que hay 57.483 personas en situación de desempleo en Córdoba, la presidenta provincial del sindicato, María Dolores Navajas, aboga por un modelo que sea más independiente de sectores concretos, como el turismo, y que apueste por la innovación y por la creación de empleo público. Para la central sindical, es necesario un viraje en el modelo productivo hacia actividades más innovadores, para no depender tanto de la estacionalidad y del sector servicios.

Asimismo, la responsable sindical pone el foco en el colectivo femenino y juvenil, que se han visto especialmente golpeados por la subida del desempleo en septiembre. Concretamente, las mujeres han soportado la totalidad de la subida del paro el mes pasado en Córdoba, puesto que la cifra de desocupados varones experimentó una bajada. “Ante este escenario, son necesarias más que nunca políticas efectivas para revertir la brecha de género que existe en el mercado laboral”, reclama Navajas.

La máxima responsable de la organización sindical a nivel provincial confía en que los últimos meses del año se registre un descenso de las cifras del paro en Córdoba como consecuencia del inicio las temporadas agrícolas del olivar y de los cítricos, así como de las campañas comerciales ligadas a la Navidad y a otras citas que suponen la creación de un importante número de puestos de trabajo cada año. “Todas las contrataciones son bienvenidas, pero, mientras que los empleos que se generen no sean de mayor de calidad, nuestro mercado laboral seguirá teniendo los vaivenes durante todo el año que le caracterizan”, concluye Navajas.

El Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba ha reconocido el derecho al complemento de maternidad para un varón jubilado cordobés, recuperando así un total de 25.947 euros, que incluye tanto la retroactividad del complemento como la indemnización, es decir, desde la fecha en la que accedió a su pensión, en enero de 2017, y una revalorización del 15% en su pensión por tener cuatro hijos, después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó el complemento, pero el tribunal confirma el derecho del cliente y le concede una indemnización por discriminación.

Según informan desde Unive Abgados, el tribunal destacó que el demandante se vio obligado a recurrir a la vía judicial debido a la negación de su derecho por parte del INSS. Por ello, se concedió una indemnización de 1.800 euros, de acuerdo con los criterios del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Al respecto, la magistrada señala en la resolución que “desde el día siguiente a la fecha de esa sentencia, el INSS, que era parte en el procedimiento en que se dictó la referida sentencia del TJUE, estaba obligado a reconocer el complemento de maternidad a todos los varones cuyas solicitudes estaban pendientes de resolución y cumplían los requisitos para su percepción”.

“En consecuencia, el derecho a la indemnización de 1.800 euros se genera a partir de la resolución del INSS de fecha posterior a 12 de diciembre de 2019, que deniegan el complemento de maternidad a los varones que reunían los requisitos para su reconocimiento”, apunta la jueza.

En el presente caso, el demandante se ve obligado a acudir a la vía judicial porque “el INSS no le reconoce en la vía administrativa el complemento y, al transcurrir el plazo del silencio administrativo, no tiene más opción que interponer la demanda para obtener su complemento, generando no sólo el gasto de honorarios de abogado, sino un perjuicio moral y una molestia innecesaria que subsisten aunque el INSS haya hecho una revisión de oficio en abril de 2024 y le haya reconocido la prestación antes de la vista”.

En este sentido, Pedro Antonio Cabello, director de la oficina de Unive Abogados en Málaga donde se ha llevado el caso, resalta “la importancia” de esta sentencia, subrayando “la necesidad de reparación en casos de violación de derechos fundamentales”. “Este fallo no sólo favorece al cliente afectado, sino que también crea un precedente importante para otros jubilados en situaciones semejantes”, valora, a la vez que aconseja “firmemente buscar el respaldo de profesionales con experiencia en estos casos”.

Requisitos para la reclamación

En relación a los requisitos para la reclamación, precisa que “es crucial destacar que es posible presentar una reclamación cumpliendo con los requisitos para solicitar el complemento por maternidad, que incluyen haber accedido a la pensión entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, además de ser padres de dos o más hijos”.

Además, explicad que “desde febrero de 2021, la normativa vigente podría estar infringiendo la legislación europea al dificultar injustificadamente el acceso al complemento para todos los hombres, independientemente de si son padres de uno o más hijos, lo que abre la posibilidad de presentar una reclamación”.

La Seguridad Social perdió en Andalucía una media de 18.065 afiliados extranjeros en julio, 5,36% menos respecto al mes anterior, con lo que el séptimo mes del año se cerró con 319.006 afiliados procedentes de otros países, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consultados por Europa Press. En Córdoba son 460 los extranjeros que se pierden, un 4,4% menos que el mes anterior.

Respecto al mes anterior, Málaga, Cádiz y Granada han sido las provincias que han aumentado la afiliación de extranjeros, en concreto, 1.161 (+1,03%), 571 (+3,15%) y (409 (+1,45%), respectivamente. Por su parte, Huelva se ha dejado este mes 14.613 afiliados extranjeros, un -32,86%; seguida por Almería que ha perdido 3.575 afiliados extranjeros (-4,95%); Sevilla, con 1.505 menos (-3,45%); Córdoba, con 460 menos (-4,38%), y Jaén, con 53 menos (-0,70%).

En concreto, en la provincia de Córdoba hay 10.060 extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Son menos que hace un mes pero más que hace un año. Según los datos consultados, hay 524 extranjeros afiliados más que en julio del 2023, un 5% más.

Datos nacionales

En el conjunto nacional, la Seguridad Social perdió una media de 6.240 afiliados extranjeros en julio, 0,22% menos respecto al mes anterior, con lo que el séptimo mes del año se cerró con 2.892.763 afiliados procedentes de otros países, el segundo mejor registro desde que hay datos.

Con el retroceso de julio, la afiliación media de extranjeros rompe con cinco meses consecutivos de ascensos, después de que en febrero, marzo, abril, mayo y junio ganara 40.000, 62.500, 70.900, 77.912 y 16.036 ocupados foráneos, respectivamente.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en julio en 5.302 cotizantes, hasta un total de 2.806.557 ocupados, lo que se trata de la cifra más elevada de ocupación entre los trabajadores foráneos.

Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el número de cotizantes extrajeros se ha incrementado en 644.158 ocupados, casi un 30% más, según ha resaltado el Ministerio que dirige Elma Saiz.

En conjunto, los trabajadores extranjeros representaban en España a cierre de junio el 13,5% del total de personas que estaban afiliadas a la Seguridad Social.

La Seguridad Social subastará dos inmuebles embargados en la provincia de Córdoba durante el mes de agosto. Se trata de tres propiedades ubicadas en los municipios de Puente Genil y Baena.

El más barato es un local comercial de 126 metros cuadrados útiles en la calle Sargento Domingo Argudo de Baena. Se trata de un inmueble tasado en 56.378 euros, aunque con cargas que se van a los 46.036 euros. Está catalogado como local comercial urbano.

En el caso de Puente Genil, se podrá pujar por adquirir una vivienda unifamiliar en construcción de 338 metros cuadrados, con local comercial sin uso, localizada en la calle Sevilla. El precio de la puja es de 202.890 euros, más 39.116 euros de cargas.

La subasta de estos dos inmuebles tendrá lugar el 18 de septiembre a las 10:00 en el edificio de la Seguridad Social en Ronda de los Tejares.

Ese día, el organismo también sacará a subasta objetos embargados entre los que hay varias cámaras fotográficas (la más cara, una Nikon Colpix 5000 valorada en 135 euros, además de algunas Polaroid), objetivos, proyectores vintage y ordenadores portátiles. 

Puede parecer una contradicción, pero no lo es. En julio ha caído el paro en Córdoba. Pero a la vez la Seguridad Social ha perdido afiliados, y no pocos: 2.127 en 31 días. Los datos son buenos y malos. Nunca hubo tan pocos demandantes de empleo en la provincia desde el mes de julio de 2008. Pero la Seguridad Social ha visto cómo se ha quebrado un importante número de afiliados.

La clave está en los contratos de los profesores temporales, algo que se pretende corregir con la próxima reforma laboral. El 1 de julio cesaron en sus empleos los profesores sin plaza fija. Muchos no se han inscrito aún en los Servicios Andaluces de Empleo (SAE), ya que en algunos casos no han generado el tiempo de servicio suficiente como para generar una prestación. Ese es uno de los motivos que explica esa disfunción y que casi cuadraría en números gruesos, ya que se estima que la plantilla de profesores temporales de la provincia de Córdoba es superior a los 2.000 trabajadores.

Pero no es el único motivo. Mes a mes la provincia de Córdoba pierde población y también se envejece. Parte de la población activa, en edad de trabajar, busca suerte en otras provincias españolas o incluso en el extranjero, lo que reduce la afiliación a la Seguridad Social. También que se jubilan más cordobeses de los que se podrían incorporar al mercado de trabajo, por el ajuste del baby boom. Eso provoca que descienda la población activa y de esa manera el paro. No solo trabaja más gente mes a mes, también hay menos población demandando un puesto de trabajo por que lo encuentra o por que se jubila.

La tercera causa, como señalan los sindicatos, está en que en el mes de julio la mayor parte de los contratos firmados han sido temporales. Eso ha provocado que, por un lado, haya caído el paro pero por otro que no se hayan consolidado a fecha de 31 de julio las altas en el régimen de la Seguridad Social.

Ahora mismo, en Córdoba hay 303.771 personas dadas de alta en la Seguridad Social. Son 2.127 menos que en junio pero 2.656 más que hace justo un año. En términos absolutos, en la provincia de Córdoba a pesar de todos los factores anteriores se ha generado empleo durante el último año.

También hay 56.535 cordobeses que demandan un empleo. Es la cifra más baja desde julio de 2008. En el caso de Córdoba capital hay un total de 28.353 demandantes de empleo. En el caso de la ciudad, el paro ha bajado en prácticamente 500 personas. Y es la cifra más baja desde el mes de junio del 2008.

La brecha entre los pensionistas cordobeses y los del resto de España se sigue agrandando. De media, un pensionista cordobés cobra 200 euros menos que los del resto de España, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social asciende a 1.254,6 euros en este mes, un 5% más que hace un año. Esta media corresponde a la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

En Córdoba, la pensión media es de 1.049,11 euros a fecha de 1 de junio, según los últimos datos. Aún así, los cordobeses cobran un 5,48% más que hace un año. También reciben una prestación inferior a la media andaluza, que es de 1.123,61 euros.

Por otra parte, el número total de pensionistas de la provincia es el más alto desde que se creó el régimen. Mes a mes se bate el récord. En junio son ya 178.819 los cordobeses que perciben algún tipo de pensión.

La nómina general

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 12.751,5 millones de euros el pasado 1 de junio, que equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Además, en junio, junto a la nómina ordinaria, se abona a los pensionistas la paga extraordinaria, cuyo importe alcanza este año 12.420 millones de euros, un 6,2% más que en 2023.

Más de 10,1 millones de pensiones (10.142.040) perciben la paga extra, con una cuantía media de 1.224,6 euros, un 4,9% más que en la misma fecha del año pasado.

La paga extraordinaria se abona al conjunto de las pensiones con la excepción de las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en 12 pagas, ya que las extras se prorratean en las mensualidades ordinarias.

Por clase de pensión

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 9.322,3 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.106,2 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.117,4 millones; la de orfandad, a 171,5 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,1 millones.

De los 10,2 millones de pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2,3 millones son de viudedad, y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (961.167), orfandad (341.262) y en favor de familiares (46.088). El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,2%.

En junio, el número de pensionistas ha sido de 9,2 millones. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista se mantiene en 1,1 prestaciones por persona. 

La pensión de jubilación es la principal para 6,4 millones de personas. De ellas, el 60% son hombres; en el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 96% son mujeres. Por otra parte, hay 956.679 perceptores de incapacidad permanente, 323.278 de orfandad y 45.500 en favor de familiares.

Pensión media

Como se ha mencionado al inicio, la pensión media del sistema se sitúa en 1.254,6 euros al mes, un 5% más que hace un año.

La pensión media de jubilación, por su parte, es de 1.441,8 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.601 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 962,8 euros. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.803,5 euros, y es de 1.598 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de mayo de 2024 (último dato) a 1.531,9 euros mensuales.

En junio, la pensión media de viudedad, por su parte, alcanzó los 896,5 euros al mes.

Crecen las jubilaciones demoradas y bajan las anticipadas

De las nuevas altas en los primeros meses del año (138.196), la cifra de jubilaciones anticipadas se reduce considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (29,3%), son 41.398; mientras que en el 2019 eran el 40%. El 70% fueron con edad ordinaria (96.761). Además, un 10,2% de las altas corresponden a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Hay que recordar que desde 2022 están en vigor unos nuevos incentivos de demora

La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) fue de 8,45 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,61 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Con complemento de brecha de género

En junio, 773.783 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 90% sus titulares son mujeres (693.727). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 71 euros. De total de pensiones complementadas, el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (186.032); el 47% de los beneficiarios, con dos hijos (363.864); el 18,9% lo percibe por tres hijos (145.939), y por cuatro hijos, el 10,1% (77.948).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2024, de 33,20 euros al mes por hijo. Se solicita al mismo tiempo que se solicita la pensión.

Clases Pasivas

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.577,8 millones de euros en el mes de mayo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 105,5 millones de euros respecto a la del año anterior, un 7,2% más.

El número de pensiones en vigor fue de 710.591, 15.753 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,3% de variación anual).