La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión a Á.V.C.Á. como responsable directo de un entramado societario en el sector de la hostelería que defraudó 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante el impago sistemático de cuotas sociales entre 2013 y 2021.

La sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), condena asimismo a dos años de cárcel a J.U.N. como coautor del fraude. Por el contrario, la resolución absuelve a ambos procesados, así como a la hija del principal condenado y a C.L.C., del delito de frustración de la ejecución del que venían siendo acusados por la Fiscalía y la acusación particular.

Según el tribunal, ha quedado probada la existencia de un mecanismo continuado de sucesión empresarial fraudulenta orquestado por Á.V.C.Á. a través de tres mercantiles dedicadas a la hostelería y al catering en la capital cordobesa: Palacio de los Manríquez S.L., Industrias Turísticas de Andalucía S.A. y Turicar City S.L.

Este acusado actuaba como el director real y gestor de hecho de toda la operativa, que consistía en explotar comercialmente los negocios acumulando millonarias deudas de cotizaciones laborales y, cuando la presión ejecutiva o administrativa aumentaba, dejar caer la sociedad endeudada para trasvasar de inmediato la actividad, la plantilla y los clientes a una nueva entidad limpia de cargas.

En este trasvase continuo, 36 trabajadores figuraron dados de alta sucesivamente en las tres mercantiles y otros 62 en al menos dos de ellas. Los empleados, que cobraban parte de sus retribuciones en efectivo, descubrían a menudo los cambios formales de empresa al solicitar sus certificados de vida laboral.

Un empresario de Lucena, también condenado por su papel como testaferro

Para mantener la operativa en la mercantil Turicar City S.L., el cerebro del entramado recurrió a J.U.N., un vecino de Lucena cuya actividad profesional no tenía relación alguna con la hostelería, sino con la fabricación de sanitarios y cuartos de baño. Este procesado aceptó figurar formalmente como administrador y socio único de la empresa a petición de Á.V.C.Á. De forma simultánea a su nombramiento, otorgó un poder notarial pleno a favor del verdadero gestor para que siguiera dirigiendo la sociedad en la sombra. En su declaración en el juicio, el empresario lucentino reconoció que no sabía “nada de nada” de hostelería y que aceptó el encargo a cambio de percibir un 5% de los contratos de eventos pagados en dinero negro. Por tanto, la Audiencia ha calificado su papel como el de un “testaferro o tercero interpuesto de manual”.

Los más de 600.000 euros defraudados incluyen impagos de las tres mercantiles así como cuotas adeudadas por el propio Á.V.C.Á como autónomo durante siete años. En consecuencia, la Audiencia lo ha condenado a dos años de prisión y 300.000 euros de multa por el delito societario contra la Seguridad Social, más un año de cárcel y otros 300.000 euros de multa por el impago de sus cuotas de autónomo. En el plano civil, deberá indemnizar a la TGSS con un total de 361.896,06 euros.

Por su parte, el tribunal le ha impuesto a J.U.N. un total de dos años de prisión y 300.000 euros de multa como coautor del delito contra la Seguridad Social y deberá indemnizar a la TGSS en 244.719,25 euros por las deudas de una de las empresas. Ambos penados quedan inhabilitados durante cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales y de la Seguridad Social.

En el fallo, el tribunal ha tenido en cuenta dos atenuantes, lo que ha evitado penas más altas. Así, se ha aplicado la reparación parcial del daño, fundamentada en el ingreso previo de 40.000 euros en la cuenta del tribunal antes del inicio del juicio y el compromiso de abonar un calendario solidario de 2.000 euros mensuales a la Seguridad Social; y la de dilaciones indebidas, ya que la causa se ha tardado tres años en juzgar desde que se incoó el procedimiento abreviado, hecho que no es achacable a los condenados.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el TSJA en un plazo de diez días.

El otoño ha arrancado en la provincia de Córdoba con muy buenos datos para el mercado laboral. Al importante descenso del desempleo en octubre, un mes en el que ha crecido en el resto de España, se une un fuerte aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia. Tanto que Córdoba está a un paso de superar el récord que alcanzó en diciembre de 2024, cuando se registró la cifra más alta en el número de personas dadas de alta.

En concreto, en el mes de octubre la provincia tuvo una media mensual de 320.655 afiliados a la Seguridad Social. Son casi 6.000 trabajadores más dados de alta que en septiembre, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En diciembre de 2024 se alcanzó el récord, con 322.127 afiliados. La cifra está al alcance, ya que noviembre y diciembre suelen ser buenos meses para el mercado laboral cordobés, especialmente por las campañas agrícolas.

Estos datos llegan en un contexto en el que Córdoba ha sido la provincia de España donde más ha bajado el desempleo tanto en términos relativos como en absolutos, en un mes en el que ha crecido en prácticamente toda España.

Faltan unos 1.470 afiliados

La distancia que separa a la provincia de su máximo histórico es de 1.472 afiliados. Es la cifra más cercana al récord desde diciembre de 2024. En septiembre, Córdoba cerró con 314.661 afiliados, por lo que el salto de octubre ha sido de 5.993 personas, un 1,90% más. Es un incremento superior al del conjunto de Andalucía (1,30%) y al de España (0,83%).

En el último año, la provincia ha ganado 9.645 afiliados, un 3,10% más. Es un crecimiento considerable, aunque por debajo del andaluz (3,88%) y del nacional (3,59%). En el mapa andaluz, Córdoba queda en la parte baja de la tabla en el balance anual, solo por delante de Granada (3,07%) y Jaén (2,69%). En el balance mensual, en cambio, es la tercera provincia de la comunidad donde más crece la afiliación en términos relativos, tras Almería (4,46%) y Huelva (2,66%).

Por su peso en la comunidad, el dato cordobés destaca. Córdoba concentra algo menos del 9% de los afiliados andaluces, pero aportó casi el 13% del aumento de octubre en toda Andalucía, que sumó 46.405 cotizantes. De las ocho provincias andaluzas, siete ganaron afiliados. La excepción fue Cádiz, que perdió 3.893.

Del total de afiliados en Córdoba, 265.306 están en el régimen general y 55.348 son autónomos, que suponen el 17,3% del total, algo más que en el conjunto de Andalucía (16,8%). La provincia no tiene afiliados en los regímenes del Mar ni del Carbón.

El récord nacional, empujado por la regularización y el curso escolar

En el conjunto del país, la Seguridad Social ganó en octubre una media de 186.612 afiliados, su mayor subida en un mes de octubre de toda la serie histórica, hasta alcanzar un máximo de 22.624.165 cotizantes. El Ministerio atribuye el avance al inicio del curso escolar, con 165.994 afiliados más en educación, y al proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras. La hostelería, por su parte, perdió casi 45.000 afiliados al terminar la temporada alta.

En Córdoba, la regularización ya había empezado a notarse en septiembre. A finales de junio, la Subdelegación del Gobierno cifraba en 1.180 las personas dadas de alta en la provincia a través de este proceso, el 0,7% del total nacional.

Menos paro y más afiliados a la vez

La subida de la afiliación coincide con un descenso del paro que ha situado a Córdoba como la provincia de España donde más ha caído el desempleo en octubre. La provincia cerró el mes con 45.620 parados, 583 menos que en septiembre (-1,26%). En los últimos doce meses, el paro ha bajado en 6.764 personas, un 12,91%. En Andalucía, en cambio, el desempleo sumó 2.052 personas en octubre.

La cifra de parados está a solo 343 del mínimo de toda la serie histórica, los 45.277 registrados en julio. Con más afiliados y menos desempleados al mismo tiempo, el mercado laboral cordobés encara los meses de la campaña de la aceituna y del comercio navideño con los mejores registros en años. Queda por ver si esos meses sirven para superar el récord de afiliación de diciembre de 2024. En noviembre de 2023, la provincia ganó casi 6.000 afiliados respecto al mes anterior.

Se mantiene la brecha económica entre los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena en Córdoba. Según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondientes a octubre de 2026, la pensión media de jubilación de un trabajador autónomo en la provincia se sitúa en 1.031,97 euros mensuales. Esta cifra supone percibir 351,82 euros menos al mes que la prestación media que cobra un trabajador asalariado en la provincia.

Los jubilados procedentes del Régimen General de la Seguridad Social en Córdoba registran una prestación media de 1.383,79 euros mensuales. Esto implica que los antiguos asalariados perciben un 34,1% más de pensión mensual que los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En el cómputo anual de las catorce pagas, la diferencia económica acumulada entre ambos regímenes supera los 4.900 euros a favor del trabajo por cuenta ajena.

El desfase continúa si se analiza el conjunto general de prestaciones de la Seguridad Social, que engloba también las pensiones por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares. En este balance global, las 30.086 pensiones contributivas activas del RETA en la provincia alcanzan una cuantía media de 934,36 euros al mes, mientras que las 151.300 prestaciones del Régimen General en territorio cordobés promedian 1.202,93 euros mensuales.

En el mapa autonómico, la nómina de jubilación de los autónomos cordobeses (1.031,97 euros) se sitúa ligeramente por encima de la media andaluza, fijada en 1.025,46 euros al mes. Dentro de la comunidad autónoma, Córdoba ocupa la cuarta posición entre las ocho provincias. Por delante están Sevilla, con 1.056,97 euros; Cádiz, con 1.040,33 euros; y Granada, con 1.040,22 euros mensuales de media.

Si se amplía la mirada al ámbito nacional, la provincia de Córdoba se posiciona por debajo del promedio español, donde la pensión de jubilación de los autónomos se cifra en 1.063,53 euros al mes. La brecha territorial se acentúa al contrastar los datos cordobeses con comunidades como el País Vasco, donde los autónomos retirados perciben 1.255,06 euros mensuales, o la Comunidad de Madrid, con una media provincial de 1.139,07 euros.

Asimismo, en la provincia de Córdoba hay actualmente 20.038 autónomos jubilados, dentro de un colectivo total de 118.083 pensionistas de jubilación que abarca todos los regímenes.

Córdoba cerró el mes de septiembre con más parados pero, aunque pueda resultar contradictorio, más personas afiliadas a la Seguridad Social. Según el cruce de los datos aportados tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la provincia tiene más demandantes de un puesto de trabajo y más afiliados.

¿Cómo se explica la contradicción? Es complejo pero es posible. El principal motivo por el que ha aumentado el paro en Córdoba es por que hay más personas demandando un empleo en las oficinas del paro. En estas oficinas es donde se calcula el paro registrado, que a veces no tiene que ver con el desempleo real. Muchos cordobeses sin trabajo optan por no acudir a estas oficinas, bien por que son estudiantes que están en edad de trabajar pero que han decidido no inscribirse en estas oficinas en busca de un empleo, bien por que se trata de personas que han estado en el mercado laboral a las que se le han acabado las ayudas y que desaparecen también de los listados oficiales.

Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido por otro motivo: la regularización masiva de extranjeros, que ha surtido especial efecto en el mes de septiembre. Muchos de esos trabajadores no aparecían tampoco en los registros oficiales. Ahora lo hacen directamente como dados de alta en la Seguridad Social, sin haber pasado previamente por una oficina de empleo.

De esta manera, Córdoba ha cerrado septiembre con 381 desempleados más. A la vez hay 1.611 afiliados más a la Seguridad Social. En España la regularización masiva de extranjeros ha supuesto un récord en el número de afiliados (más de 22 millones de personas). En Córdoba no. Aún hubo más afiliados en diciembre de 2024. Entonces, la provincia cerró con 322.127 afiliados a la Seguridad Social. Septiembre de 2026 lo ha hecho con 314.661.

No obstante, ha mejorado la cifra en el último año. Los datos del Ministerio indican que la provincia tiene ahora 7.880 afiliados más a la Seguridad Social que hace justo un año, un 2,5% más que entonces. El desempleo también ha bajado de manera notable. Hay 6.469 parados menos que en septiembre del año pasado. Estos datos, una vez cruzados, coinciden a su vez con el número de inmigrantes regularizados en la provincia: algo más de un millar.

CCOO advierte sobre la trampa de la precariedad en Córdoba

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha valorado de forma muy crítica los últimos datos del desempleo en la provincia, que reflejan una subida de 381 personas en las listas del paro, hasta situar el total en 46.203 personas desempleadas. La responsable sindical asegura que Córdoba “vuelve a atraparse en su propio espejismo, evidenciando la trampa de nuestro mercado de trabajo: Tenemos 9.071 contratos más que el mes pasado, pero la realidad nos estalla en la cara porque las colas del paro siguen creciendo”.

Para Acaiña, los números destapan la extrema volatilidad del empleo cordobés. Este mes se han firmado 28.057 contratos (el 63,25% de ellos, temporales), pero la Seguridad Social apenas ha sumado 1.611 afiliaciones nuevas. “Esto significa que solo el 5,74% de las firmas se traduce en un alta real. El resto es puro troceamiento: personas de la clase trabajadora encadenando contratos por días o por horas para intentar sobrevivir”, ha subrayado.

A esto se suma la alarmante dependencia del monocultivo del sector servicios, que aglutina a 30.647 personas en paro (el 66,33% del total). En palabras de la secretaria de Empleo, “una economía que respira al ritmo de las campañas y agoniza cuando estas terminan, dejando siempre a las mismas personas atrás”.

La radiografía del desempleo, además, sigue teniendo un innegable rostro femenino. Del total de personas sin trabajo, 28.512 son mujeres (el 61,71%) frente a 17.691 hombres (el 38,29%). “Hablamos de una desigualdad estructural inamovible que castiga desproporcionadamente a las trabajadoras”, incide Acaiña.

Pero el dato más demoledor para CCOO llega al analizar quién accede a la poca estabilidad que se genera. Según el Observatorio de las Ocupaciones, de los 5.959 nuevos contratos indefinidos iniciales registrados en la provincia, 4.005 han sido para hombres (67,21%) y apenas 1.954 (32,79%) para mujeres. “El mercado no es neutral. Ellas no solo son mayoría absoluta en el desempleo, sino que son sistemáticamente marginadas a la hora de repartir la estabilidad”, ha denunciado de forma rotunda.

Por ello, la responsable de CCOO exige medidas reales que transformen el modelo productivo de la provincia, dejando un mensaje muy claro a las instituciones: “El mercado laboral de Córdoba no avanza, simplemente da vueltas sobre sí mismo triturando derechos”. Para CCOO, mientras celebrar presuntos picos de contratación signifique repartir el mismo empleo precario entre más manos, los datos seguirán siendo el reflejo de un conformismo inaceptable.

CSIF señala que los jóvenes y las mujeres vuelven a sostener el incremento del paro

CSIF señala que los jóvenes y las mujeres vuelven a ser los más afectados por la subida del paro que se registró en septiembre en Córdoba, al mismo tiempo que muestra su preocupación por la situación de la industria dada la pérdida de empleo que sufrió el mes pasado y por el mantenimiento de la precariedad y la temporalidad en las contrataciones.

El presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, considera “especialmente grave la situación del empleo juvenil en nuestra provincia, con una nueva subida del paro de este colectivo, que en septiembre fue del 7,8%”. “Es muy triste comprobar cómo mes a mes vemos cuántos de nuestros jóvenes no tienen más remedio que hacer las maletas y marcharse a otra provincia o a fuera de nuestro país para encontrar un puesto de trabajo con unas condiciones laborales y salariales dignas, perdiendo, de este modo, un talento que se ha formado aquí que difícilmente recuperaremos”, lamenta el dirigente sindical.

Igualmente, son las mujeres las que conforman el otro colectivo que más se ve afectado por el aumento del paro. Así, la cifra de desempleadas a finales de septiembre se situó en Córdoba en 28.512, lo que representa casi el 62% del total. En este sentido, el responsable provincial de CSIF señala que “a estas mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, hay que añadir cuestiones como la discriminación salarial o los problemas para la conciliación familiar y laboral que sufren muchas de ellas en sus puestos de trabajo”.

El máximo responsable de la organización sindical a nivel provincial también apunta que la temporalidad sigue siendo lo habitual en los nuevos empleos como demuestra el hecho de que casi dos de cada tres contratos firmados en septiembre eran temporales. “Con toda probabilidad, esta tendencia continuará en los próximos meses con el inicio de campañas agrarias tan relevantes como la del olivar o la de los cítricos y de la temporada fuerte del comercio con la llegada próxima de las fiestas navideñas”, recalca López.

UGT alerta de la vulnerabilidad del sistema productivo en Córdoba

UGT Córdoba ha asumido los datos del paro en la provincia del mes de septiembre publicados con prudencia ante los acontecimientos a nivel nacional e internacional que están influyendo en la actividad económica. “Si bien no podemos mostrar satisfacción por los datos que elevan a las personas inscritas en el SAE como desempleadas en 381 personas más con respecto al mes anterior, hay que evaluar la cifra interanual que nos indica que hace un año estaban inscritas 6.469 desempleadas más”, han asegurado a través de una nota de prensa.

Para UGT Córdoba, estos datos tienen una doble lectura. “Por un lado, observamos cómo el fuerte descenso experimentado en el último año refleja un acierto en las políticas laborales, en el crecimiento de las actividades económicas en nuestra provincia y, por otro lado, con un preocupante descenso de la población que nos indica que aún hay muchos cordobeses que deciden buscar un futuro mejor en otras provincias e incluso en el extranjero”, exponen.

La gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia de Córdoba ha reflejado durante los meses de julio y agosto de 2026 “unos elevados niveles de eficacia operativa y fortaleza económica”.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, en materia de tramitación de prestaciones, el Área de Jubilación, Muerte y Supervivencia ha acortado “significativamente” sus tiempos de respuesta, resolviendo los expedientes de jubilación en 4,07 días en julio y registrando en agosto “una marca récord” de sólo 3,03 días.

Asimismo, las prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor ha mantenido “una resolución ágil”, con demoras medias de 3,3 días en julio y 5,2 días en agosto. Por último, los expedientes de Incapacidad Temporal se han resuelto en menos de ocho días.

Respecto a las pensiones contributivas, la pensión media provincial ha alcanzado los 1.160,89 euros en julio (1.325,97 euros en jubilación) y se ha situado en 1.162,08 euros en agosto (1.327,17 euros en jubilación). El número total de pensiones abonadas ha ascendido a 186.059 en julio y 186.445 al cierre de agosto, algo que ha supuesto una inyección mensual en la economía provincial de más de 238 millones de euros. La cifra total destinada al pago de prestaciones en la provincia entre enero y julio ha superado los 1.866 millones de euros.

En cuanto al mercado de trabajo, la afiliación a la Seguridad Social ha cerrado julio con 311.000 ocupados (+2,12% interanual) y agosto con 310.207 afiliados (+1,62% interanual). “Pese a la desaceleración estacional veraniega en el sector agrario y en la hostelería, la provincia ha consolidado en agosto un incremento estructural de 4.939 trabajadores cotizantes más que en el mismo período del año anterior”, han destacado.

En el área de recaudación y gestión económico-financiera, la TGSS ha registrado “un significativo grado de ejecución”. La recaudación ejecutiva acumulada de enero a julio ha alcanzado los 23 millones de euros. Por su parte, la recaudación voluntaria acumulada hasta julio se ha elevado a 1.268,67 millones de euros. Asimismo, se han otorgado 1.419 aplazamientos de deuda en lo que va de año para facilitar el pago a empresas y autónomos.

“Impacto real de las políticas”

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha calificado como “muy positivos” estos resultados, subrayando que “las cifras alcanzadas en el arranque de 2026 acreditan el impacto real de las políticas públicas del Gobierno de España para consolidar el empleo, fortalecer las pensiones y garantizar una red de protección social eficaz que no deja a nadie atrás”.

En su intervención, ha trasladado “un reconocimiento explícito al conjunto de empleados públicos del INSS, de la TGSS y de la red de oficinas de atención presencial (Caiss) distribuidas por la provincia”, porque “resolver expedientes de jubilación en 7,78 días o tramitar la prestación por nacimiento en tres días demuestra el altísimo nivel de profesionalidad, vocación de servicio público y compromiso con el ciudadano que caracteriza a las plantillas de la Seguridad Social en Córdoba”.

Así, la Subdelegación del Gobierno ha reafirmado “el compromiso del Ejecutivo central con la modernización de la Administración General del Estado, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la atención integral y cercana a los trabajadores, familias y pensionistas de la provincia”.

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de prisión para tres empresarios acusados de haber articulado un entramado societario con el que, según sostiene el ministerio público, habrían defraudado más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. Los tres acusados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 29 de septiembre, donde deberán responder de la acusación formulada por la Fiscalía.

El escrito de acusación, correspondiente a unas diligencias previas tramitadas por un Juzgado de Instrucción de Córdoba, sostiene que los acusados actuaron “de común acuerdo y de manera concertada” para constituir sucesivamente varias sociedades mercantiles y continuar la actividad empresarial pese a las deudas que se iban generando con la Seguridad Social.

Según el relato del Ministerio Público, el objetivo habría sido evitar tanto el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores como la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, siempre según la acusación, se habría diseñado una estructura societaria mediante la creación sucesiva o simultánea de cuatro mercantiles que habrían desarrollado su actividad utilizando el mismo local.

La Fiscalía atribuye a uno de los acusados el papel de verdadero gestor de las sociedades. De acuerdo con su versión, esta persona habría diseñado la estructura empresarial con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito y eludir el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores contratados por las empresas.

El escrito señala asimismo a otro de los acusados como supuesto testaferro. El Ministerio Público sostiene que habría actuado “de común acuerdo” con el presunto responsable de la gestión de las sociedades, figurando formalmente como fundador y administrador único y aparente de las distintas entidades que integraban el entramado.

El tercer acusado habría desempeñado, según la Fiscalía, otra función dentro de la estructura. El ministerio público afirma que habría participado y colaborado con los otros dos acusados, interviniendo como uno de los sucesivos arrendatarios simulados del local donde se desarrollaba la actividad empresarial.

La acusación considera que esta sucesión de arrendatarios habría servido para “enmascarar la titularidad real del negocio” y dificultar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sociedades sucesivas ante el aumento de las deudas

El mecanismo descrito por la Fiscalía habría comenzado cuando la primera de las entidades empezó a acumular deuda con la Seguridad Social como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores.

A partir de ese momento, según el relato acusatorio, los investigados habrían optado por constituir nuevas sociedades para continuar con la actividad empresarial y evitar que las deudas acumuladas pudieran ser efectivamente cobradas.

El Ministerio Público sostiene que las nuevas sociedades se fueron sucediendo con esa finalidad, de manera que la actividad podía mantenerse mientras las obligaciones pendientes con la Seguridad Social permanecían sin satisfacer.

La acusación hace especial hincapié en la utilización del mismo local y en la sucesión de sociedades y personas que aparecían formalmente vinculadas a la explotación del negocio. Para la Fiscalía, estos elementos formarían parte de una estrategia destinada a impedir o dificultar que la Tesorería pudiera localizar al verdadero responsable de la actividad y hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas.

En concreto, el escrito señala que las empresas habrían generado deudas por cuotas de la Seguridad Social correspondientes al Régimen General de los trabajadores contratados, al no haberse presentado los correspondientes boletines de cotización ni las declaraciones de ingresos.

La cantidad total que maneja la Fiscalía supera los 600.000 euros. La cifra puede concretarse en 617.288,06 euros, cantidad que se desprende de la multa de 1.234.576,12 euros solicitada por el Ministerio Público, al corresponder esta última al doble de la cantidad que considera defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, previsto y castigado en los artículos 307, 307 bis y 310 bis del Código Penal.

El escrito atribuye a los tres acusados la condición de autores, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal, y señala expresamente que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Sobre esta base, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión, además de la correspondiente accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello se suma una multa de 1.234.576,12 euros, que la Fiscalía fija en el doble de la cantidad presuntamente defraudada. El escrito contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el supuesto de impago de la multa, estableciendo un día de privación de libertad por cada 100 euros, con el límite que recoge la propia acusación, además del pago de las costas.

La provincia de Córdoba ha alcanzado los 312.797 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de agosto, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto de Andalucía la cifra de ocupados en ese periodo ha llegado a los 3.587.486. Mientras, a nivel nacional, los datos de afiliación a la Seguridad Social se mantienen al alza un mes más. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la cifra de afiliación se sitúa en 22.318.994 ocupados en la primera quincena de agosto, lo que supone un aumento de 668.503 afiliados en los últimos 12 meses (+3,09%). Alcanza así el nivel más alto de la serie desestacionalizada.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que “la mejora de la calidad del empleo y el crecimiento sostenido del mercado de trabajo en España se continúan consolidando gracias a la reforma laboral: se han creado 452.947 empleos desde final de 2025 hasta la primera quincena de agosto”.

Desde diciembre de 2022, se han sumado 2.031.098 ocupados en la serie ajustada, cifra que asciende hasta los 2.560.752 si se toma por referencia diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Por otra parte, si nos centramos en las dos últimas quincenas, el crecimiento en la serie desestacionalizada ha sido de 63.669 afiliados, lo que supone un incremento del 0,29%.

La provincia de Córdoba ha registrado un total de 1.180 personas de alta en la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros. Según los datos actualizados al 30 de junio de 2026 por la Subdelegación de Gobierno de Córdoba, esta cifra sitúa a la provincia con una representación del 0,7% sobre el total nacional de afiliados derivados de esta medida.

A nivel regional, Andalucía aporta 19.968 afiliados al sistema bajo este proceso, lo que supone el 12,6% del total de regularizados en alta en todo el país. En el conjunto de España, la cifra global de trabajadores que se han incorporado formalmente al mercado laboral a través de esta regularización asciende a 159.097 personas.

Dentro del contexto andaluz, Córdoba se posiciona como la séptima provincia en número de altas. El ranking autonómico lo lidera Málaga, con 5.451 afiliados, seguida de Sevilla (4.145) y Almería (3.218). Por detrás de Córdoba solo se sitúa la provincia de Jaén, que registra 703 nuevas altas en la Seguridad Social tras este proceso extraordinario.

Cabe recordar que por provincias, Málaga registró 39.899 solicitudes en este proceso de regularización, seguida de Sevilla, 33.690; Almería, 32.638; Granada, 16.629; Cádiz, 11.641; Huelva, 10.359; Córdoba, 9.951 y Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes presentó fue la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%, Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Honduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará un juicio entre el miércoles y el jueves de esta semana contra cuatro personas acusadas de liderar una trama para defraudar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. En total, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 23 años de prisión para los cuatro acusados. El principal responsable, un empresario cordobés, se enfrenta también al pago de una multa de un millón de euros, según consta en la calificación de la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las investigaciones han constatado la existencia de una “clara interconexión y sucesión de empresas” que involucraba al menos a cinco sociedades distintas. El objetivo de este entramado era eludir el pago de las cuotas obligatorias a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante un complejo sistema de trasvase de trabajadores entre las mercantiles.

La Fiscalía detalla que existía una confusión de patrimonios sociales y una apariencia unitaria externa, compartiendo las empresas los mismos proveedores y clientes. El primer acusado actuaba como el responsable de hecho de todas las sociedades, siendo quien coordinaba los servicios mientras que otro de los acusados ocupaba un “segundo escalón de mando”. La operativa llegó al punto de que muchos empleados figuraban de alta en varias empresas a la vez o eran transferidos de una a otra sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, se detectó que 32 de los 45 trabajadores de una de las mercantiles fueron trasladados en bloque a otra sociedad del grupo para continuar con la actividad.

El “modus operandi”: impago sistemático y nuevas sociedades

El escrito de acusación subraya que el denominador común de esta trama era el impago sistemático de cotizaciones en periodos donde se ha probado que existía actividad empresarial real. Para dilatar los procesos de cobro, los acusados solicitaban aplazamientos que incumplían deliberadamente mientras la deuda seguía aumentando.

Cuando una sociedad acumulaba una deuda inasumible, el entramado creaba nuevas mercantiles libres de cargas para continuar con el negocio, generando ingresos sin hacer frente a las obligaciones contraídas por las empresas anteriores. Con este cambio de titularidad jurídica, buscaban impedir que la administración pudiera ejecutar los créditos y responsabilidades pendientes con la Seguridad Social.

La cuantía total del fraude asciende, según los cálculos de la Fiscalía, a un perjuicio total de 606.615,31 euros para las arcas públicas. Este montante se desglosa en deudas acumuladas por tres de las sociedades principales (por importes de 165.739 euros, 156.050 euros y 244.719 euros respectivamente), a lo que se suman más de 40.000 euros adeudados por el principal acusado en concepto de impagos como autónomo.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de dos delitos contra la Seguridad Social, un delito adicional por el impago de cuotas de autónomos y cuatro delitos de frustración de la ejecución.

El principal acusado se enfrenta a un total de 10 años de prisión y multas que superan los 1,1 millones de euros. Para el segundo responsable, la Fiscalía pide siete años de cárcel y una multa de un millón de euros. Finalmente, para otros dos colaboradores se solicitan 3 años de prisión para cada uno por su participación en los delitos de frustración de la ejecución.

Además de las penas de cárcel y las multas, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para todos los acusados y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de hasta cinco años.

La provincia de Córdoba no ha tenido nunca a tantas personas dadas de alta en la Seguridad Social. Marzo ha concluido con un total de 316.687 cordobeses afiliados a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, un dato histórico que bate el anterior, de diciembre de 2022.

Córdoba siempre fue una provincia con una gran economía sumergida y con miles de personas que trabajaban pero que no estaban dadas de alta, principalmente por la precarización del empleo. Uno de los efectos del confinamiento fue la exigencia de muchos trabajadores de ser dados de alta, ya que de lo contrario no cobraban ayudas. Otra fue la digitalización de la economía. La Agencia Tributaria controla mucho más y mejor los pagos a los trabajadores a través de los bancos. Y el dinero en efectivo circula menos que antes.

Estos buenos datos coinciden además con los del paro, de los más bajos de la serie. Marzo ha concluido en Córdoba con apenas 49.209 personas en situación de desempleo, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo.

Nuevo techo histórico

El nuevo máximo histórico de afiliación confirma una tendencia de crecimiento sostenido en la provincia que va más allá de los picos estacionales tradicionales. Hasta ahora, el techo se situaba en los 309.195 afiliados alcanzados en diciembre de 2022, en plena campaña de la aceituna. Sin embargo, el dato actual no solo supera con holgura ese registro, sino que lo hace en un mes como marzo, que históricamente no solía concentrar los mayores niveles de empleo.

Del total de afiliados, la gran mayoría corresponde al Régimen General, con 262.104 trabajadores, lo que supone el 82,8% del total. Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos suma 54.584 personas, representando el 17,2%. Esta distribución refleja que el crecimiento del empleo en Córdoba está impulsado principalmente por el trabajo por cuenta ajena, aunque apoyado en una base sólida de autónomos.

En términos de evolución, la afiliación ha crecido en 1.064 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,34%. Aunque se trata de una subida moderada en comparación con otras provincias andaluzas, el dato es significativo por producirse en un contexto sin grandes campañas agrícolas o turísticas. Más relevante aún es la evolución interanual: Córdoba cuenta con 7.665 afiliados más que hace un año, lo que representa un aumento del 2,48%, en línea con la media andaluza y ligeramente por encima del conjunto nacional.

Este comportamiento evidencia una mayor estabilidad del mercado laboral cordobés frente a otras provincias con mayor dependencia estacional. Mientras territorios como Jaén registran fuertes caídas tras el fin de la campaña del olivar, Córdoba mantiene una evolución más constante, lo que apunta a una progresiva diversificación de su economía.

En el contexto andaluz, Córdoba se sitúa en la sexta posición por número total de afiliados, por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Almería, pero por delante de Huelva y Jaén. A pesar de esta posición intermedia, el hecho de haber alcanzado su máximo histórico refuerza la idea de que la provincia está consolidando una senda de crecimiento sostenido.

El papel de los autónomos también resulta clave en este escenario. Aunque su crecimiento es más contenido que el del Régimen General, su peso relativo en Córdoba es superior al de la media andaluza, lo que refleja una estructura económica con una importante presencia de pequeños negocios y actividad por cuenta propia. Esta base actúa como un elemento de estabilidad que contribuye a sostener el empleo incluso en periodos de menor dinamismo.

La Fiscalía de Córdoba ha pedido tres años de prisión para tres empresarios a los que acusa de haber defraudado a la Seguridad Social más de 617.000 euros mediante un entramado de sociedades creado, presuntamente, para esquivar de forma reiterada el pago de las cotizaciones de sus trabajadores. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama para cada uno una multa de 1,23 millones de euros, el doble de la cantidad supuestamente defraudada.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la puesta en marcha de cuatro empresas que operaban en el mismo local y con la misma actividad. Cuando una de ellas comenzaba a acumular deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, los acusados activaban una nueva sociedad para continuar el negocio, dejando atrás las obligaciones impagadas. Un mecanismo que, para la Fiscalía, tenía como objetivo dificultar la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva y evitar el cobro de las cuotas sociales.

El Ministerio Fiscal sostiene que los tres empresarios actuaron de manera coordinada, con un reparto de papeles muy definido. Uno de ellos era el gestor real y quien dirigía en la práctica todas las sociedades. Otro figuraba como administrador único y fundador, ejerciendo de testaferro para ocultar al verdadero responsable. El tercero aparecía como titular de los contratos de arrendamiento de los locales, una figura interpuesta que servía para ocultar la titularidad real del negocio y esquivar posibles embargos.

Al no concurrir atenuantes ni agravantes, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados, además de la prisión y la multa, la pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios de la Seguridad Social durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

El juicio a los tres acusados se celebrará la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Un total de 312.600 cordobeses viven hoy de un ingreso procedente de las arcas públicas del Estado. Más de la mitad son pensionistas: 185.300 personas. Otras 53.800 perciben algún tipo de prestación de desempleo o subsidio, 24.500 dependen del ingreso mínimo vital y 49.000 son trabajadores de la función pública. Si sumamos unos 235.000 empleados del sector privado y otros 155.300 estudiantes tenemos el cuadro casi completo de la radiografía socioeconómica de Córdoba.

En términos relativos, el 40% de los 770.000 cordobeses reciben cada mes una retribución de la administración pública. Es decir, casi uno de cada dos ciudadanos. Si comparamos el dato con otras provincias de Andalucía, Córdoba presenta una dependencia mayor del erario público. La provincia andaluza más poblada, Sevilla, registra un porcentaje menor (36,6%), de tal forma que 722.400 sevillanos perciben un ingreso del Estado sobre un total de 1,9 millones de habitantes. Y Málaga, con 1,7 millones de vecinos, cuenta con 513.500 malagueños pendientes de una retribución pública. La provincia costera, por lo tanto, presenta una ratio muy inferior (29%) de ciudadanos que viven del Estado.

Todas las cifras han sido extraídas de fuentes oficiales de la administración pública con los datos más actualizados de octubre y noviembre. La mayor parte de los pensionistas cordobeses (163.200) pertenecen al régimen general y perciben una retribución media de 1.249 euros. Más de 13.800 son pensionistas de las conocidas como clases pasivas, en relación a cierto grupo de funcionarios, y otros 8.300 corresponden a las no contributivas, cuyo promedio en Córdoba se sitúa en 595 euros.

Nuestra población está envejecida y seguirá así durante años

Pedro Pablo Pérez — Profesor de Economía de la Universidad Loyola

Córdoba es la quinta provincia andaluza con un número mayor de empleados públicos (49.021). La primera es Sevilla, con 128.393, seguida de Málaga (89.301), Cádiz (82.526) y Granada (66.636). Le siguen Almería (44.010), Jaén (42.138) y Huelva (34.705). Más de la mitad de los trabajadores del sector público en Córdoba dependen de la Junta de Andalucía (30.836), mientras que la administración local cuenta con 10.182 nóminas y 8.003 están vinculados al Estado central.

Esta es la radiografía socioeconómica de Córdoba con los datos en la mano. Otra cosa son las interpretaciones que se puedan derivar de su lectura. Para el sociólogo David Moscoso, las cifras demuestran que “existe un Estado de bienestar que distribuye la riqueza gracias al sistema impositivo”. Debido a la red pública, las personas que se encuentran en una “situación vulnerable” y “sin otras opciones de supervivencia” pueden disfrutar de recursos para hacer frente a las “necesidades básicas”.

Moscoso es profesor de la Facultad de Ciencias del Trabajo y fue parlamentario andaluz entre 2015 y 2019. El sociólogo alerta sobre el “discurso neoliberal” imperante que “cuestiona” y “demoniza” el sector público. “Cuando hablamos de funcionarios, estamos hablando de personas que desarrollan un servicio a la sociedad. De los profesores y profesoras de nuestros hijos; de los médicos y enfermeros que nos atienden cuando tenemos un problema de salud; de las fuerzas de seguridad que velan por nuestra protección”, argumenta el catedrático de la UCO.

El profesor califica de “éxito” el sistema asistencial español, sobre todo para una ciudad como Córdoba, que padece una “paupérrima situación económica”. “Imagínese si no fuera por el sector público”, subraya. Y recuerda que la primera empresa de la provincia es el Hospital Reina Sofía, con 5.000 trabajadores, seguido de la Universidad (3.000) y el Ayuntamiento (2.500). “Sin el sector público, la situación de supervivencia de esta ciudad sería dramática”, sostiene David Moscoso, “porque no permitiría el movimiento de capital que circula en la economía para la adquisición de bienes de consumo”. El sector empresarial cordobés, en su opinión, tiene que estar “agradecido” al revulsivo económico que representa la inyección de dinero público en la provincia de Córdoba.

Existe un Estado del bienestar que funciona y distribuye la riqueza gracias al sistema impositivo

David Moscoso — Sociólogo de la Facultad de Ciencias del Trabajo

A noviembre de 2025, Córdoba registró más de 266.000 afiliados a la Seguridad Social y un 18,2% de desempleo, 14 puntos menos que hace diez años. El comportamiento de la actividad económica provincial ha experimentado una mejoría notable en la última década. Sevilla, con 770.000 afiliados a la Seguridad Social, y Málaga (707.500) casi triplican las cifras de Córdoba. Quiere decirse que la tasa de afiliación a la Seguridad Social en relación a la población total de Sevilla y Málaga se sitúa en el 40% mientras que en Córdoba no llega al 35%. Sus tasas de desempleo también son sensiblemente más bajas: 14,4% Sevilla y 12,3% Málaga.

Pedro Pablo Pérez es profesor de Economía de la Universidad Loyola y pone el foco en el envejecimiento de la población cordobesa y la incapacidad tradicional de la provincia de atraer suficiente inversión productiva. “Nuestra población está envejecida y va a seguir así durante años”, reflexiona el experto en macroeconomía. “El sector público, por lo tanto, seguirá teniendo una fuerte participación en la economía provincial”.

El incremento de los pensionistas no es un fenómeno estrictamente cordobés, remarca el profesor de Loyola. Las nuevas generaciones no encuentran aquí oportunidades de empleo y se van fuera a buscar trabajo. “No hay recambio. Hasta el punto de que Almería ya nos ha adelantado en número de habitantes”, alerta. Para Pedro Pablo Pérez, el cuadro socioeconómico está claro. Hasta 2024, los sectores claves eran la industria agroalimentaria, los servicios y el turismo, particularmente en la capital. “Tema industrial hemos tenido poco”, puntualiza.

A finales del XX ya definimos a Córdoba como centro logístico y no hemos sabido hacer nuestras tareas

Juan Puerto — Responsable de política social de la Federación de Pensionistas de CCOO

El motor que puede cambiar la dinámica, a su juicio, es la Base Logística del Ejército de Tierra. “Es cierto que hay una inversión pública pero muchas empresas privadas se van a instalar en Córdoba atraídas por el proyecto”, señala. El profesor de Economía dice sentirse “optimista” con el “efecto multiplicador” que desencadene la Base Logística en relación a las industrias auxiliares que se beneficien del emporio militar.

El peso del sector público en Córdoba es una realidad “estructural” derivada fundamentalmente del elevado número de pensionistas. Casi uno de cada cuatro cordobeses son pensionistas. “Yo no hablaría de economía sana o insana. Es una característica de nuestra economía. Y es una debilidad”, reflexiona el especialista consultado.

Juan Puerto, responsable de política social de la Federación de Pensionistas de CCOO en Córdoba, identifica tres factores que explican la fotografía socioeconómica de la provincia y su elevada subordinación al sector público. La primera es el acusado envejecimiento de la población. Según sus datos, el 22% de los habitantes tienen más de 65 años.

El segundo elemento definitorio es la “excesiva dependencia” de la agricultura y el sector servicios, frente a la baja tasa de industrialización. Y finalmente el escaso aprovechamiento de la posición geográfica estratégica de Córdoba, pese a que en el último tercio del siglo XX ya se definió como una de sus grandes fortalezas. “No hemos sabido hacer nuestras tareas”, asegura. Al menos no en el ámbito civil. “Quién sí ha entendido perfectamente esta clave ha sido la estructura militar del país. Y ahí tenemos la Base Logística del Ejército de Tierra”, destaca.

La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social ha adscrito el inmueble situado en la calle Montilla, número 4, de Lucena a la Mutua Universal Mugenat. Un edificio de más de 1.400 metros cuadrados que la citada mutua destinará a servicio asistencia, administrativo y de control y de seguimiento de la incapacidad temporal.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, esta adscripción no sólo mejorará la atención que se ofrece a la población protegida de Lucena, sino a toda su área de influencia, dotándola de mejores y más modernas instalaciones y servicios.

Con ello se atenderá la demanda de los vecinos, que verán mejorado el entorno en el que se encuentra ubicado el edificio, mejorando, en definitiva, la vida de los lucentinos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba pide un total de 14 años de prisión para cuatro empresarios acusados de haber cometido un delito de defraudación a la Seguridad social, según consta en la calificación provisional de los hechos a la que ha tenido acceso este periódico. Estos empresarios se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el próximo miércoles.

La Fiscalía pide para uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y de tres años para los otros tres empresarios. Así, en su escrito sostiene que el principal acusado creó tres empresas con otros tantos socios. En cada una de las empresas, él o era directamente el administrador o la ejercía de hecho, con el consentimiento de sus socios.

En su escrito, la Fiscalía afirma que “tales sociedades se constituyeron exclusivamente con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo en favor de la Seguridad Social, de modo que se detraían las nóminas de los empleados las correspondientes cotizaciones sin que posteriormente se abonaran las cuotas de los mismos”.

En total, la Fiscalía calcula que se dejó de pagar una importante cantidad de dinero a la Seguridad Social, más de 140.000 euros, durante los años en los que estas empresas estuvieron ejerciendo.

Así, a los cinco años de cárcel, la Fiscalía suma la petición del pago de una multa de 500.000 euros para el principal acusado. También que se le inhabilite recibir subvneciones o ayudas públicas, y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales, por un periodo de ocho años. Para el segundo empresario, además de los tres años de cárcel se le pide el pago de una multa de 350.000 euros. Para el tercero, la multa es de 200.000 euros. Y para el cuarto, de 120.000 euros. En total, se solicita casi 1,2 millones de euros en multas en este juicio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este martes a una mujer acusada de un presunto delito de estafa y a la que le piden una pena de dos años de cárcel, según consta en el escrito de calificación de los hechos redactado por la Fiscalía.

En concreto, la mujer está acusada de haberse quedado con el dinero que por error ingresó la Seguridad Social en una cuenta de su madre, en la que ella estaba autorizada. La madre venía percibiendo una pensión de viudedad. No obstante, falleció, pero la familia no comunicó el deceso al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que siguió abonando mes a mes la pensión.

La Fiscalía señala que la mujer era consciente de que la cuenta de su madre, en la que era la única persona autorizada, solo se nutría de los ingresos de la Seguridad Social. De esta manera, la mujer fue extrayendo dinero mediante “sucesivas disposiciones de efectivo” tanto “en caja como en cajeros automáticos de diversas localidades”, según señala la Fiscalía en su escrito.

Así, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de estafa, por el que se le pide dos años de prisión. También la responsabilidad civil subsidiaria a la entidad bancaria, ya que habría incumplido “el deber legal” de comprobar, al menos una vez al año, “la pervivencia de las personas titulares de la pensión”.

La Fiscalía Provincial de Córdoba, a través de su sección de delitos económicos, ha informado de la existencia de un procedimiento judicial de gran envergadura por un presunto fraude masivo a la Seguridad Social. La investigación, recogida en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado presentada este viernes en el inicio del año judicial, revela un complejo entramado que habría permitido cobrar de manera indebida diversas prestaciones públicas.

El caso afecta a 470 personas investigadas y se articula en una pieza principal y múltiples piezas separadas, dada la magnitud de los hechos. Según la documentación, el fraude se habría cometido mediante la creación de empresas instrumentales cuya única función era formalizar altas ficticias de trabajadores. Con esos contratos inexistentes, los beneficiarios accedían de manera irregular a prestaciones por desempleo, maternidad o incapacidad temporal.

El perjuicio económico estimado asciende a unos dos millones de euros, convirtiéndose en uno de los procedimientos más voluminosos que afronta actualmente la justicia cordobesa en materia de delitos contra la Seguridad Social.

La Fiscalía señala que este tipo de prácticas no solo suponen un grave daño para las arcas públicas, sino que también distorsionan el sistema de protección social al que acceden los ciudadanos de manera legítima.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a un empresario por delitos de fraude contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. La resolución, con ponencia del magistrado Pablo Llarena Conde, rechaza los recursos de casación interpuestos por este empresario y por otro de los condenados.

Según los hechos probados por la Audiencia cordobesa y confirmados por el Supremo, el empresario operó al menos siete empresas —agrarias, contables y del sector de la construcción— que durante años mantuvo activos a 39 trabajadores en la Seguridad Social sin abonar ni una sola cuota. A pesar de que los empleados sí percibían sus salarios, el empresario simulaba una situación de insolvencia permanente mientras seguía percibiendo ingresos por la explotación de varias fincas agrícolas. Entre 2013 y 2016, la deuda generada con la Tesorería General de la Seguridad Social superó los 84.000 euros, solo en concepto de cotizaciones impagadas, sin contar intereses ni recargos.

Además, se acreditó que el empresario —que es abogado— montó un entramado de contrataciones ficticias con el fin de que cuatro personas -una ya, fallecida- pudieran acceder ilegalmente a subsidios y prestaciones públicas. Mediante contratos simulados y nóminas falsas, lograron cobrar de forma indebida prestaciones por desempleo, maternidad y jubilación por un total de más de 74.000 euros.

Por estos hechos, el empresario fue condenado a seis años y dos meses de prisión, además de al pago de una multa de casi 260.000 euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas durante cinco años. El Supremo ha confirmado también estos extremos de la sentencia de la Audiencia así como la indemnización de más de 130.000 euros a la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que aquella le impuso.

El alto tribunal ha desestimado así todos los motivos de recurso invocados por los acusados, entre ellos supuestos defectos procesales, vulneraciones del derecho a un juez imparcial y errores en la apreciación de la prueba. La sentencia, de más de 100 páginas, considera que las pruebas practicadas —incluidos testimonios, actas de inspección y sentencias administrativas previas— son “concluyentes y racionalmente valoradas”.

En relación con el segundo acusado que recurrió al Supremo, el alto tribunal ha confirmado su condenad por un delito de estafa, así como el pago de una multa de 720 euros y la indemnización solidaria, que deberá realizar junto con el empresario, al INSS y al SEPE por un total superior a 45.000 euros. Las otras dos condenadas por la Audiencia, que no han recurrido al Supremo, fueron sentenciadas a multas de 720 euros por delitos de fraude de prestaciones y a una de ellas, además, se le impuso una indemnización al SEPE de más de 7.000 euros, a pagar solidariamente con el empresario.

Un análisis de los datos de procesos cerrados de nacimiento y cuidado del menor en la provincia de Córdoba durante el primer semestre de 2025 revela una tendencia particular: más hombres que mujeres han gestionado estos permisos retribuidos. De los 3.992 procesos totales cerrados en la provincia en este período, 2.063 procesos correspondieron a hombres, superando los 1.929 procesos registrados por mujeres, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

La duración media total de todos estos procesos en Córdoba se estableció en 110,94 días, cifra que se redondea a 111 días, en línea con la duración promedio observada a nivel andaluz. Al desglosar la duración media por sexo en la totalidad de los procesos, se observa que los permisos de las mujeres tuvieron una duración media de 112,73 días, mientras que los de los hombres fueron ligeramente más cortos, con 109,27 días de media.

Esta preponderancia masculina en el número total de procesos se explica principalmente por el rol que cada género asume en la solicitud de los permisos de paternidad y maternidad:

Finalmente, los datos también incluyen una pequeña proporción de procesos en familias monoparentales. En Córdoba, se identificaron 21 procesos en este tipo de estructuras familiares, con una duración media de 111,67 días. De estos, 18 procesos correspondieron a mujeres (112 días de duración media) y 3 procesos a hombres (109,67 días de duración media).

La prestación pasa de 16 a 19 semanas

El Consejo de Ministros aprobó ayer la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasa de 16 a 19 semanas, iguales para madres y padres, intransferibles, con cobertura del 100% por la Seguridad Social.

A partir de su entrada en vigor, ambos progenitores disfrutarán de una semana más del permiso por nacimiento y cuidado del menor, es decir, 17 semanas, durante el primer año de vida del menor o de la resolución administrativa o judicial, en el caso de acogida o adopción. Se mantiene la obligación de disfrutar de seis semanas inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos, de al menos una semana de duración. Además, ambos progenitores tendrán derecho a dos semanas más de permiso por nacimiento y cuidado del menor, que se podrán disfrutar hasta que el niño o niña cumpla 8 años.

Por otra parte, en el caso de familias monoparentales, el 80% formadas por mujeres, el permiso se duplica y será de 32 semanas.

La prestación por nacimiento y cuidado de menor sustituye a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad desde el 1 de enero de 2021 y ha supuesto la equiparación completa de ambas. Hasta ahora, el permiso, reconocido como un derecho individual y no transferible, erade 16 semanas para ambos progenitores.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base reguladora y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Desde el 1 de enero de 2024, los estudiantes que realizan prácticas formativas no remuneradas han sido incluidos por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. En Córdoba, esta medida ha supuesto la inclusión de 26.427 alumnos hasta el pasado 30 de junio de 2025, según datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y consultados por Europa Press.

Este cambio normativo ha permitido que estos jóvenes, que anteriormente quedaban fuera del sistema al no recibir una remuneración, puedan iniciar su historial de cotización, accediendo así a una mayor protección social desde el inicio de su vida laboral.

En el conjunto de Andalucía, 276.104 estudiantes se han beneficiado de esta medida en el mismo periodo. Córdoba se sitúa en la cuarta posición entre las ocho provincias andaluzas en número de alumnos dados de alta, por detrás de: Sevilla, con 69.238 estudiantes en prácticas afiliados, Málaga (50.364), Granada (41.602); y por delante de Cádiz (25.321), Almería (22.006), Jaén (17.021) y Huelva, que cierra la lista con 16.068.

Andalucía, segunda comunidad en volumen de alumnos en prácticas

A nivel nacional, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma con más estudiantes en prácticas dados de alta, solo por detrás de Madrid (281.006) y ligeramente por delante de Cataluña (252.371). En total, en toda España han sido 1.580.637 los jóvenes que han comenzado a cotizar gracias a esta medida.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que esta reforma “protege de una forma más efectiva a los estudiantes al reconocerles sus derechos desde que inician sus carreras de cotización con las prácticas formativas”.

El nuevo régimen incluye las prácticas no remuneradas realizadas por estudiantes universitarios (ya sea para títulos oficiales o propios), de formación profesional (cuando no se impartan en régimen intensivo), enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

La duración media de las bajas laborales que se produjeron en la provincia de Córdoba a lo largo del pasado año 2024 alcanzaron los dos meses. En concreto, el tiempo medio de las incapacidades temporales registradas por la Seguridad Social en ese ejercicio en la provincia cordobesa fue de 60,22 días.

Así queda reflejado en el informe que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los datos provisionales de incapacidad temporal hasta diciembre de 2024. En ese año, en Córdoba se registró el inicio de 86.486 bajas laborales y, asimismo, finalizaron en ese año 84.510 bajas. Al finalizar el año, había 14.021 incapacidades en vigor.

La provincia cordobesa tuvo una prevalencia de 42,86 bajas por cada 1.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Y la incidencia media mensual de incapacidades temporales por cada mil trabajadores fue de 22,24 bajas, según la estadística del Ministerio.

Bajas más largas que en Andalucía y España

En los datos publicados destaca que la duración media de las bajas laborales en Córdoba es superior tanto a la media de Andalucía como a la del conjunto de España. Si en la provincia cordobesa el tiempo medio fue de 60,22 días, en Andalucía se quedó en 50,92 días y en España fue aún menor, con 42,86 días.

Dentro de Andalucía, la provincia de Córdoba se sitúa como la cuarta con la mayor duración en las bajas laborales. Así, en Málaga el tiempo medio de las incapacidades temporales durante el pasado año fue de 37,16 días, el menor de toda la comunidad autónoma andaluza; le sigue Cádiz con 45,56 días, Sevilla con 51,22 días y Jaén con 58,68 días.

Tras los 60,22 días de Córdoba, las provincias andaluzas con mayor duración de las bajas laborales fueron Almería con 63,52 días, Granada con 65,38 días y como la provincia con un mayor tiempo medio está Huelva, con 65,54 días.