Un centenar de vecinos del barrio de la Huerta de Santa Isabel, en la zona de Poniente Norte de Córdoba, se han concentrardo este sábado para exigir al Ayuntamiento soluciones urgentes que mejoren la conexión del barrio con el resto de la ciudad y garanticen servicios básicos para sus residentes.

La protesta, definida por los propios convocantes como “un antes y un después” para el barrio, puso el foco en el muro transparente que separa la zona residencial del entorno más próximo: la ronda de Poniente. La consideran una barrera física que, según denuncian, les aísla de equipamientos esenciales como centros educativos.

“Llevamos años habitando este barrio y no es comprensible que sigamos teniendo este muro que nos corta, nos separa y nos aísla de la ciudad”, expresó durante la concentración Alberto Cáceres, uno de los vecinos participantes. La falta de un colegio en la zona obliga a muchas familias a desplazarse a diario a otros barrios, teniendo que cruzar vías de tráfico intenso o recorrer hasta un kilómetro y medio adicional para llegar a servicios básicos.

Los residentes alertan además del riesgo que asumen algunos peatones ante la ausencia de pasos seguros. Según explicaron, no es extraño ver a personas cruzando por una rotonda cercana pese al peligro, debido a la inexistencia de itinerarios peatonales adecuados. “Cualquier día puede haber una desgracia”, advirtieron, reclamando medidas preventivas antes de que se produzca un accidente.

El barrio, subrayan, se encuentra en pleno crecimiento demográfico, por lo que consideran imprescindible que ese aumento de población vaya acompañado de infraestructuras y equipamientos públicos. “Necesitamos que el barrio crezca de manera igualitaria tanto en personas como en servicios”, insistieron, al tiempo que insistían en la reclamación de una pasarela peatonal que los conecte con el barrio de Figueroa de forma directa sobre la ronda oeste.

Durante la concentración, los asistentes hicieron sonar silbatos y otros objetos para visibilizar su malestar y escenificar la unidad vecinal. Al término del acto, anunciaron la elaboración de un comunicado formal dirigido al Ayuntamiento en el que detallarán sus demandas, que —según recalcaron— “no son un capricho, sino una necesidad y una cuestión de seguridad”.

Las asociaciones vecinales Regina-Magdalena, Galea Vetus y La Axerquía, con el apoyo de La Medina, San Lorenzo Existe, Cerro de La Golondrina, La Fuenseca-Santa Marina-Orive, Puerta de Almodóvar y la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara, celebrarán el próximo 13 de diciembre un free tour reivindicativo por el Casco Histórico de Córdoba para protestar contra la turistificación y exigir políticas públicas de vivienda. La actividad, abierta a toda persona que desee participar y realizada junto a la Asociación Cultural Aventurarte, partirá de la Cruz del Rastro a las 11:00 y recorrerá distintos “puntos calientes” del centro actualmente afectados por la masificación turística. 

Tal y como explican las asociaciones organizadoras, una ruta teatralizada recordará la historia vecinal de los barrios de la Axerquía, Regina-Magdalena y San Agustín, sustituidos ahora por alojamientos turísticos y servicios relacionados con el turismo. La plaza del Potro, el entorno de la Corredera o el Pozanco serán algunas de las paradas de un recorrido que alertará sobre el futuro al que la turistificación condena a los barrios, proponiendo un viaje a una Córdoba distópica del año 2035 en la que el Casco Histórico se ha convertido en un espacio diseñado para quienes lo visitan y donde ya no quedan vecinos.

A través de esta acción, las asociaciones convocantes pretenden llamar la atención sobre el peligro en el que se encuentran sus barrios, afectados por un modelo turístico “que convierte nuestras casas y calles en negocios y las deja sin vida”, como ya ha pasado en la Judería, donde hay “calles y zonas enteras sin vecinos ni vecinas”. Ese “parque temático del turismo” sigue avanzando a lo largo y ancho del Casco, y como consecuencia “cada vez hay menos población, desaparecen los servicios y el comercio de cercanía y no hay inversión en zonas verdes, transporte ni infraestructura pública básica. Mientras los alojamientos turísticos no paran de crecer, más solares y edificios se quedan sin uso,siendo a su vez blanco perfecto del negocio del alojamiento turístico ”. 

“Contra el turismo masivo, barrios vivos” 

Ante esta situación, las asociaciones animan a la población a “salir a la calle a protestar”, ya que “el equipo de gobierno del Ayuntamiento no está tomando las medidas necesarias para proteger la vida en nuestros barrios”. En este sentido, lamentan que la prohibición de nuevas Viviendas de Uso Turístico no conlleve la vigilancia y cierre de aquellas que funcionan sin autorización, y que el Ayuntamiento “siga negándose a prohibir, tal y como ha pedido el Consejo de Distrito Centro, los apartamentos Turísticos que ocupan edificios antiguamente vecinales, como casas patio, y engullen locales donde había panaderías, confiterías, tiendas de alimentación y otros servicios que vertebran la vida de barrio”. Tal y como indican las asociaciones, “estos inmuebles están siendo comprados por entidades o personas, en su mayoría de fuera del barrio o incluso de Córdoba, para reconvertirlos y explotarlos en negocios turísticos sin apenas repercusión en la economía del barrio”. 

Al tiempo que esto sucede, “alquilar o comprar una vivienda es imposible para jóvenes y personas con recursos económicos incluso medios”, y el Ayuntamiento “no apuesta por hacer viviendas municipales de alquiler, recuperar solares y casas abandonadas a través de Vimcorsa o activar medidas fiscales que fomenten la vivienda regular no turística a precios asequibles, algo también solicitado por el Consejo de Distrito Centro y muchos otros colectivos”. Por todo ello, las asociaciones vecinales del Casco han unido fuerzas en esta acción que no solo busca denunciar la actual situación, sino también “proponer soluciones que protejan nuestro Casco Histórico como un espacio vivo, donde todas las generaciones puedan desarrollar un proyecto de vida”. 

La Asociación Vecinal Amargacena, del Barrio del Guadalquivir de Córdoba, ha protagonizado este jueves una concentración de protesta frente a la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de las viviendas sociales de la Manzana 14 del barrio, “cuyo fuerte deterioro muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza”.

Así lo han explicado los convocantes durante la lectura de un comunicado, en el que han dado cuenta de “una situación que pone en riesgo la salud, la seguridad y la dignidad de 94 familias” que viven en esta manzana, entre las calles Libertador Simón Bolívar y Libertador Hidalgo y Costilla, propiedad de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado, “en esta construcción aparecieron grietas hace años causadas por aguas subterráneas que afectan a la cimentación, según se les explicó a los arrendatarios”, de modo que “la situación llevó a la Junta a inyectar hormigón en el subsuelo y a tapar las grietas que, pese a todo, volvieron a aparecer y necesitaron una segunda actuación acometida recientemente”.

“El tiempo dirá si la solución es definitiva o solo temporal”, han manifestado con “escepticismo”, al tiempo que han advertido de que “los problemas para los que se han venido negociando soluciones van mucho más allá, ya que la vida diaria se desarrolla entre filtraciones de agua, techos caídos, humedad constante, malos olores, desagües rotos, contadores eléctricos expuestos al agua, patios sin mantenimiento, árboles caídos retirados por los propios residentes y suciedad que deriva en plagas de ratas, cucarachas y mosquitos”.

Así, han remarcado que “lo que debería ser un hogar se ha convertido en un espacio donde muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza”. “La situación es aún más gravosa al sumarse una barrera administrativa injusta, ya que para reportar una incidencia, AVRA exige trámites escritos y por registro --un proceso lento, rígido y, para muchas personas, inaccesible--, cuyo resultado son meses, e incluso más de un año, esperando soluciones que nunca llegan”, han apuntado.

Piden la rehabilitación

“Frente a las promesas incumplidas de un proyecto de rehabilitación integral, seguimiento y nuevas reuniones, sin que se hayan detectado avances, respuestas y ninguna voluntad política visible”, la Asociación Vecinal ha pasado a reclamar públicamente la citada “rehabilitación integral real, urgente, y con un calendario de intervenciones claro”.

Además, han pedido “transparencia absoluta en las actuaciones y decisiones, la constitución inmediata de comunidades de arrendatarios para poder gestionar el día y día y defender derechos colectivos y, en resumen, respeto, dignidad y una solución definitiva, no más parches”.

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha secundado masivamente la cuarta jornada de huelga convocada para exigir el desbloqueo por parte de la empresa de la negociación del convenio colectivo. Así, los trabajadores y trabajadoras de la fábrica cordobesa se han vuelto a manifestar hoy durante tres horas mientras miembros del comité de empresa se han desplazado a Sevilla, al Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), convocados por la Consejería de Empleo, que también ha convocado a la empresa que, esta vez sí, ha acudido a la convocatoria.

El delegado de CCOO en el comité de empresa Rafael Léon, explicó antes de la manifestación que “la situación sigue siendo muy tensa” por “las cartas de sanción que la empresa ha entregado a 76 compañeros”. A ello se une, además, que la empresa está denegando sistemáticamente días de vacaciones en Navidad, cuando la plantilla tiene derecho a coger días de vacaciones en esas fechas.

No obstante lo anterior, el comité de empresa ha valorado el hecho de que la empresa haya acudido a la llamada de la Consejería de Empleo. En una dura jornada de negociación en el CARL, y tras el saludo de la consejera, Rocío Blanco, se han plantado las bases para poder desescalar el conflicto. Así, se ha acordado consolidar en las tablas salariales la subida del 3,8 % que se había cerrado para este 2025. Además, se ha acordado negociar el calendario laboral para el 2026, así como las vacaciones para el próximo año.

Sin embargo, el avance más importante es que se ha planteado una nueva reunión para el próximo día 11, día en el que hay convocada una nueva jornada de huelga. Por ello, el comité de huelga convocará una asamblea de trabajadores y trabajadoras para exponerle los avances producidos en la reunión de hoy y consultarles si se suspende la huelga como gesto de buena voluntad por parte de la representación sindical.

En cualquier caso, el comité de empresa se congratula de que la empresa esté dispuesta a sentarse a negociar de nuevo, si bien entiende que también es necesario que la firma haga también gestos de acercamiento retirando las cartas de sanción entregadas a casi 80 trabajadores.

El alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba ha llevado a cabo esta mañana una sentada pacifista a las puertas del centro para denunciar la falta de calefacción que, según afirman, sufren desde comienzos del curso.

Los estudiantes aseguran que la situación es insostenible y que, pese a que “el técnico lleva viniendo desde septiembre”, las calderas continúan averiadas y las aulas registran temperaturas de entre uno y dos grados a primera hora, lo que dificulta el desarrollo normal de las clases.

Uno de los portavoces del alumnado participante en la protesta, explica que la comunidad estudiantil lleva semanas avisando de la situación sin obtener respuestas efectivas: “Llevamos ya bastante tiempo y las calderas siguen averiadas. Aquí no viene nadie. El alumnado ha llevado a cabo una sentada en la puerta porque no nos sentimos en condiciones de entrar a las clases. Estamos en clase con abrigo, bufanda, los compañeros y los profesores igual. Escribir se hace complejo de lo frías que están las manos. Y en los talleres de interpretación, donde hay cambios de indumentaria, es aún peor”, explica.

Los estudiantes subrayan que este problema “ocurre casi todos los años”, pero lamentan que a estas alturas del curso —con el invierno ya instalado— la situación resulte “insostenible”.

“Se está mejor en la calle que en el aula”

Los alumnos aseguran haber trasladado la queja por los cauces oficiales. Según señalan, el lunes recibieron un correo de la dirección informando de que la reparación de la calefacción “ya estaba prevista”, pero afirman que todo sigue igual.

La directora del centro, Raquel Jurado, se reunió con representantes estudiantiles el pasado viernes. Aunque, según el alumnado, les dijo que era lógico protestar, denuncian que no se han tomado medidas definitivas.

La movilización se ha desarrollado desde primera hora de la mañana a las puertas del edificio, un inmueble antiguo que, según el alumnado, “no conserva bien la temperatura” y hace que las condiciones de aprendizaje sean especialmente difíciles. “Es de vergüenza. Y encima nos hacen sentir mal a nosotros”, afirma Juanfri, quien recuerda que en la sentada hay estudiantes “de todos los cursos”, desde primero hasta cuarto.

Los estudiantes anuncian que continuarán protestando hasta que se repare definitivamente la climatización del centro, ya que “se está mejor en la calle que en clase”.

La Junta defiende que ya se ha arreglado parte de la caldera

Por su parte, fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía han indicado a este periódico que tanto la empresa reparadora como la dirección del centro “están en perfecta coordinación para el arreglo de la caldera, que ya, incluso, ha sido reparada en una primera fase”.

“La dirección del centro es la primera sorprendida con la actitud del alumnado, máxime cuando acaban de recibir 15.000 euros para la mejora del confort térmico (que suben a 75.000 euros desde 2021)”, señalan las fuentes de consultadas.

Representantes del Consejo de Distrito de Villarrubia y vecinos de la barriada se han vuelto a concentrar, cortando la carretera A-431, para reclamar a la administración sanitaria una respuesta inmediata sobre el inicio del proyecto del nuevo centro de salud y la mejora de los servicios médicos en la zona.

Según han recordado, llevan más de un año de movilizaciones y continúan esperando avances concretos. En el calendario inmediato, apuntan a la reunión prevista el 3 de noviembre con la delegada de Salud, en la que confían que se comunique el comienzo del proyecto, para el que reclaman 250.000 euros destinados a la redacción y dirección de obra.

El colectivo lamenta que, pese al aumento del presupuesto provincial y del destinado a sanidad, el centro sigue únicamente recogido dentro del Plan 2020-2030, sin fecha para la licitación del proyecto. Por ello, han decidido volver a concentrarse y cortar la vía para exigir un impulso definitivo.

Los vecinos denuncian el incumplimiento de compromisos previos por parte de la Junta, recordando que en marzo de 2019 se aseguró que con suelo disponible —cedido en 2022 por el Ayuntamiento— se iniciaría la licitación, y que en junio de 2022 se afirmó que se estaba trabajando en la redacción del proyecto, sin que hasta la fecha se haya consignado presupuesto alguno.

El Consejo señala que esta es una demanda histórica desde 2009 y destaca que solo desde el pasado año se han convocado 18 manifestaciones y concentraciones para reclamar mejoras sanitarias y un nuevo centro de salud “muy necesario” para una población en crecimiento.

Asimismo, subrayan que los profesionales no trabajan en instalaciones adecuadas y que los pacientes tampoco reciben la atención necesaria en un consultorio “sobrepasado desde hace bastantes años”. Critican el deterioro progresivo tanto del edificio como de los servicios.

Entre sus reivindicaciones concretas destacan: incrementar el número de médicos, garantizar la permanencia de la pediatra, reducir los tiempos de cita y que la Delegación de Salud incluya 250.000 euros en sus presupuestos para iniciar la redacción del proyecto del nuevo centro sanitario “lo antes posible”.

La plaza de Las Tendillas ha amanecido este jueves con una nueva lona. En este caso, no es publicitaria, sino reivindicativa. Del edificio que acoge el famoso reloj que da las horas con sonido de guitarra española cuelga desde la noche del miércoles una lona que reclama devolver el rostro original a la imagen de María Auxiliadora de Córdoba.

La acción forma parte de las reivindicaciones del grupo Recuperemos tu mirada y tu sonrisa, que ha iniciado una recogida de firmas reclamando que se deshaga la restauración a una imagen que ha cambiado la fisonomía del rostro de la virgen.

Salesianos fue objeto de polémica a finales de 2024. En ese momento se presentó una restauración que no convenció a muchos de los devotos de María Auxiliadora. La virgen que llegó a Salesianos de Córdoba procedente de Barcelona no fue inicialmente del agrado de la comunidad debido a su estética no andaluza.Para adaptarla, el artista Cerrillo la reformó. Ahí, el autor quitó una especie de máscara que la imagen poseía para que varias generaciones de alumnos y devotos conocieran la imagen que, hasta ahora, se considera como real.

Aun así, en los últimos años se decidió que era oportuno restaurar la imagen, ya que no podía procesionar. Según apuntan los creadores de este grupo que reclama que se recupere la fisonomía actual, esta decisión se tomó “sin tomar en cuenta a nadie” y para un cambio radical: se le cambió la vestimenta, se le modificó completamente la cara -con una mirada hacia abajo- y se le volvió a colocar la máscara anteriormente mencionada para que volviera a la estética catalana.

Según los principales denunciantes, la imagen actual “sigue generando daño a muchas personas” que no reconocen a la virgen a la que rezaban cada mañana y con la que compartieron “lágrimas y acciones de gracias”. Esta situación ha creado una profunda división dentro de la Casa Salesiana, yendo en contra del lema adoptado: “Somos uno”. Es por ello que Enrique González, antiguo alumno de la institución escolar, inició una petición en Change.org que identifica tres posturas: quienes la ven como una obra de arte, quienes son indiferentes, y quienes sienten dolor. El grupo ha recogido ya más de medio millar de firmas.

Más de 30.000 médicos andaluces estaban convocados este viernes a una huelga nacional de 24 horas convocada por el Sindicato Médico tras el “fracaso” de las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Sanidad respecto a la negociación del Estatuto Marco. Según la Consejería de Salud y Consumo, finalmente han sido unos 15.000 los facultativos que han secundado la convocatoria, significando un 50,12% del total de profesionales del sistema andaluz.

Un “significativo” dato, ya que según ha podido conocer Europa Press, una manifestación convocada también por Sindicato Médico en 2023, tuvo un seguimiento regional “que no llegó al 2%”. Así, como detalla la Consejería, en la provincia de Almería han sido un 54,72% de los médicos los que se han unido a la protesta; en Cádiz, el 51,26%; en Córdoba un 43,09%; en Granada han sido el 48,03; en Huelva el 46,8%; Jaén un 34,23%; en Málaga el 52,79% , y en Sevilla, el 56,42% de los facultativos.

Los médicos critican “cargas de trabajo incompatibles con la seguridad del paciente y la salud de los profesionales”, así como la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar. En este contexto, exigen al Ministerio que garantice unas condiciones que permitan “mantener y mejorar la calidad asistencial” y evitar el “progresivo desmantelamiento” de la sanidad pública.

Respeto a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha mostrado su preocupación por la gestión del estatuto marco, porque “el Ministerio de Sanidad tampoco ha contado con las comunidades autónomas para su redacción”.

En su opinión, se trata de una “falta de comunicación y de respeto a las comunidades autónomas, que son las que al final tienen que aplicar este estatuto porque las competencias de sanidad están transferidas”.

De hecho, ha insistido la titular del ramo, “en el borrador se invaden algunas competencias autonómicas como pueden ser las plantillas orgánicas; o cuándo y cómo se tienen que realizar los planes de recursos humanos o cuándo se tienen que convocar los concursos oposición”.

“Otro asunto que nos preocupaba es que el borrador no se acompaña de una memoria económica ni de un plan de financiación. Sin financiación extra no podemos asumirlo. Solicitamos, por tanto, compromiso del gobierno central de esa financiación extra y un cronograma”, ha abundado la consejera que ha afirmado: “Entiendo que a los andaluces les cuesta entender que su asistencia sanitaria se vea afectada hoy por una decisión que se ha tomado en Madrid”.

Hernández, que ha reivindicado un Pacto Nacional de Salud, “que es lo que se merecen los andaluces”, ha insistido en que “no puede entender que el Ministerio haya conseguido ponerse en contra a todas las categorías profesionales. Es para hacérselo mirar”.

Funcionamiento de los centros

En previsión de dicha convocatoria, la Consejería ha mantenido los servicios mínimos habituales en este tipo de huelga. En general, se mantiene la actividad asistencial de un día festivo, y en las urgencias, los cuidados críticos y los partos, como mínimo, la actividad propia de un domingo o festivo: 100% de aquellos servicios que habitualmente se presten en un domingo o festivo y 100% de las pruebas diagnósticas de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo.

Además, “se debe garantizar” el tratamiento a los pacientes afectados por procesos que, por su morbilidad, requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, como son los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica. Para el personal en formación Médico Interno Residente (MIR), no se han establecido servicios mínimos, en atención a las características específicas de su relación laboral.

Más de 200 jueces y fiscales se han congregado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para protestar contra las recientes iniciativas legislativas del Gobierno que, según ellos, amenazan la independencia judicial. La movilización, calificada como un “paro”, ha sido convocada por diversas asociaciones profesionales.

Durante la concentración, el magistrado Antonio José Puntas, delegado provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura, fue el encargado de dar lectura al manifiesto suscrito por las asociaciones convocantes. En el documento, se subraya que la Constitución de 1978 instauró en España un estado de derecho con la separación de poderes y un poder judicial independiente, esencial para una democracia real y la integración en la Unión Europea. Sin embargo, esta independencia está “bajo amenaza” por las iniciativas legislativas actuales.

El manifiesto detalla dos proyectos de ley principales que motivan el paro: El proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El primer proyecto, tramitado por vía de urgencia sin responder a “demanda social alguna” según los manifestantes, ha recibido un informe técnico “muy crítico” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las asociaciones denuncian que esta reforma “rebajará la excelencia de conocimientos” al eliminar contenido esencial y introducir “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Además, se busca crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, lo que conlleva un “riesgo de selección ideológica” de futuros jueces y fiscales. Critican también la intención de convertir a 13 jueces y fiscales sustitutos en permanentes “sin pruebas que midan su aptitud”, lo que iría en contra de los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad”, perjudicando a las promociones más jóvenes y a miles de opositores. Se acusa al Gobierno de usar “falsamente a Europa como excusa” para esta medida.

El segundo anteproyecto busca aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno sin filtro previo, según denuncian los manifestantes. Sumado a la eliminación de la garantía de autonomía de los fiscales, esto “incrementará aún más el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”, lo cual contraviene las exigencias europeas.

El manifiesto también denuncia un “ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la fiscalía”, con declaraciones políticas que “deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan” y tratan al Ministerio Fiscal “como un apéndice del gobierno”. Estas acciones, según los profesionales, “minan la confianza de los ciudadanos en su justicia”, facilitando “abusos de poder”.

Los jueces y fiscales enfatizan que la existencia de un poder judicial “fuerte e independiente” y una fiscalía “imparcial y autónoma” no son derechos de los jueces, sino “una garantía de todos”, imprescindibles para la “buena salud democrática de un país”. Aseguran que estas reformas buscan convertir al poder judicial en un “poder con minúscula”, más débil y “maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”, siguiendo la senda de las “democracias iliberales”.

Por todas estas razones, los manifestantes han exigido la retirada de ambos proyectos. Advierten que, de no ser así, “no descartan la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga”. Además, han reiterado su demanda de una “masiva creación de plazas judiciales y fiscales” para mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestan a la sociedad.

Decenas de vecinos de la urbanización Encinares de Alcolea se han concentrado este martes en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba para reclamar la intervención municipal frente a los planes de Endesa y la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía de cortar de forma indefinida el suministro eléctrico a unas 65 familias por un problema que se arrastra desde hace dos décadas.

La protesta frente al Ayuntamiento se ha producido cuando se cumplen seis días desde que Endesa les notificó informalmente que iba a proceder a cortarles la luz, y cinco días después de que los residentes comenzaran a turnarse frente al transformador que les abastece de energía de forma precaria desde hace más de 15 años, y que es, precisamente, el origen del problema, ya que Industria ha señalado que es una instalación que pone en riesgo la propia seguridad de los residentes.

En esa diatriba entre escoger entre seguridad y quedarse sin luz, unas 65 familias mantienen su lucha por lograr una solución digna que les propicie finalmente suministro eléctrico regulado, ya que llevan años pagando todos sus recibos y un IBI de hasta 800 euros anuales pero viviendo con algo parecido a una luz de obra.

Así, desde el pasado 15 de mayo, los vecinos han montado turnos de 24 horas frente a un transformador eléctrico para impedir que se ejecute el enésimo corte de luz. Lo han hecho durante el fin de semana, con temperaturas que rozan los 35 grados, y lo van a seguir haciendo porque, por el momento, la solución más rápida que tienen sobre la mesa, producto de una reunión que ha tenido lugar con la Gerencia de Urbanismo, habla de un plazo de cuatro meses para tener suministro totalmente regularizado.

Lo cuenta a este periódico Patxi Salinas, portavoz de los vecinos, que recuerda que este problema “lleva arrastrándose desde 2008”. “El Ayuntamiento siempre nos ha dicho que tiremos para adelante, pero aquí estamos, 16 años después, sin una solución real. Hemos pagado obras, estudios, proyectos... y seguimos sin luz legal”, explica, añadiendo que el último proyecto ha costado casi 200.000 euros, pagado por ellos de manera íntegra, y ha sido supervisado por un técnico designado a través del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba.

Este mismo proyecto es el que Endesa ha rechazado, alegando incompatibilidades técnicas en las líneas de media y baja tensión que discurren juntas, algo que no se ajusta a la normativa actual (pero sí a la que había cuando se comenzó a licitar el proyecto). Entre medias, Industria ha mandado que se corte la luz provisional. Ha sido la chispa definitiva para los vecinos, que mantienen turnos permanentes para evitar que se lleve a cabo.

“Han venido ya siete veces a intentar cortar la luz, incluso con la Policía Nacional, pero aquí seguimos, con organización y dignidad”, relata Salinas, que critica que lo que está ocurriendo tiene más que ver con una “lucha entre administraciones” por ver quién asume la responsabilidad. “Mientras, nosotros vivimos con la amenaza constante de quedarnos a oscuras”, añade.

Urbanismo responde, pero los vecinos exigen garantías

Este lunes, el portavoz vecinal se reunió con Miguel Ángel Torrico, teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, quien ha mostrado predisposición a buscar soluciones. Según ha transmitido, se están planteando medidas de seguridad “temporales” que permitan mantener el suministro mientras concluyen las obras definitivas en los próximos tres o cuatro meses.

Pero los vecinos son tajantes: no se moverán sin un compromiso por escrito por parte de Endesa. “Nos han dado muchas promesas verbales, pero hasta que no lo veamos firmado, los retenes seguirán. Hay gente que trabaja de día y está aquí por la noche sin dormir, esto no se puede aguantar más”, explica Salinas, quien ha añadido que el tema ya está en los juzgados y ante el Defensor del Pueblo.

Este martes, la comunidad educativa del instituto Gran Capitán de Córdoba se ha concentrado en solidaridad con las trabajadoras del servicio de limpieza, que llevan meses sin cobrar sus nóminas.

Hasta 31 institutos de la provincia de Córdoba se están viendo afectados por el impago de nóminas de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Mabraser, a sus trabajadores.

La concentración de este martes ha pedido que la empresa pague los retrasos a las empleadas y justicia laboral, “porque la limpieza es un derecho y no un privilegio”, según rezaba en las diferentes pancartas que se han exhibido.

A la protesta han acudido las propias trabajadoras, junto a profesores y alumnos del instituto, además de personal laboral del centro, que reclaman una solución que ponga fin a este problema que afecta también a otras dependencias de la Junta.

Sindicatos, Junta de Andalucía y la empresa se encuentran en conversaciones para ofrecer soluciones a las trabajadoras, como puede ser la subrogación del servicio a otra entidad. Mabraser resultó concesionaria del mismo en un contrato de duración bianual, para el curso pasado y para el presente, con un montante total de 2.202.559,04 euros.

Los pueblos de Córdoba se movilizan en defensa de la sanidad pública ante lo que consideran un desmantelamiento de los servicios sanitarios en la provincia. La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Área Sur de Córdoba ha convocado una serie de encierros en los ayuntamientos y cortes de carretera durante el mes de febrero. Estas acciones buscan visibilizar la “indignación y malestar” de los ciudadanos ante la situación de la sanidad pública en la región.

Las protestas son una respuesta a las políticas de la Consejería de Salud, que, según denuncian los convocantes, están teniendo consecuencias negativas en la salud de los habitantes de municipios y aldeas, especialmente en los pueblos más pequeños.

Entre los problemas más destacados se encuentran: las largas listas de espera para citas en Atención Primaria y pediatría, que ya superan los 15 días, con agendas bloqueadas. Las soluciones propuestas por la Consejería, como la enfermera de acogida o el sistema de 72 horas, son consideradas insuficientes y catalogadas como “maniobras cosméticas”.

También denuncian falta de personal en los centros de salud, debido a los bajos salarios y malas condiciones de trabajo, a pesar de que, según los colegios profesionales, hay suficientes profesionales disponibles. Se exige que las citas de Atención Primaria se ofrezcan en 24-48 horas.

La coordinadora critica lo que considera un colapso de los servicios de Urgencias, con profesionales que huyen de la presión, y una falta de ambulancias y personal en las mismas. Esto provoca un aumento en los tiempos de respuesta y traslados a los hospitales de referencia, especialmente en zonas alejadas de la capital.

Aparte, se lamenta la alta de inversión en consultorios y centros de salud, algunos de los cuales se encuentran en “condiciones tercermundistas”. E incluso el adelgazamiento de los servicios de especialidades, pruebas e intervenciones en los hospitales no capitalinos, con un desmantelamiento de los hospitales de Puente Genil y Palma del Río y una pérdida de especialistas adscritos a los hospitales de Montilla y Pozoblanco. Esto provoca un aumento de las listas de espera, agravando el dolor de los pacientes e incluso produciendo trastornos mentales y de comportamiento por retrasos en pruebas y diagnósticos.

Los convocantes denuncian que la Consejería está priorizando la financiación de empresas privadas en lugar de invertir en la sanidad pública, lo que consideran que se hace “a costa de nuestra salud”.

Las protestas consistirán en encierros en los ayuntamientos y cortes de carreteras. El 3 de febrero se ha convocado un corte de la carretera N-432 a las 10:30 en la rotonda Fuente Nueva de Espejo. Los manifestantes exigen una sanidad pública gratuita e inclusiva. Se hace un llamamiento a toda la ciudadanía a apoyar estas movilizaciones, ya que se considera que “nos jugamos la vida”.

Además, se ha anunciado un calendario de encierros en diferentes municipios de la provincia, comenzando el 3 de febrero en Zuheros, y siguiendo por otros pueblos como Doña Mencía, Nueva Carteya, Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Montilla, Montalbán, Montemayor, La Rambla, Fernán-Núñez, Espejo, Castro del Río, Baena y Palma del Río, y Cañete de las Torres.

El FC Cartagena, próximo rival del Córdoba CF, está atravesando actualmente un momento crítico en su historia reciente. Colista con apenas 15 puntos en su casillero, y a 12 puntos de la salvación, el conjunto efesé nota como el peligro del ascenso es más factible que nunca. Pero este está lejos de ser el único problema que atraviesa el club del Cartagonova en la actualidad. Lo cierto es que la situación recuerda a la vivida en Córdoba no hace tantos años. La ruptura entre la afición, el equipo y la directiva es total, y por ello, se planean protestas para este mismo domingo, día en el que el Córdoba CF volverá de nuevo a Cartagonova.

Y es que la Federación de Peñas del FC Cartagena se reunió el pasado 27 de enero para consensuar una serie de medidas que llevarán a cabo durante esta próxima jornada a modo de propuesta. Según el comunicado oficial compartido por la propia Federación, tras un acuerdo de unanimidad entre todas las peñas, han decidido llevar a cabo una serie de protestas que comenzarán con la afición reuniéndose en los aledaños del estadio una hora y media antes del inicio del partido, a las 17:30 horas, así como tras la finalización del mismo “para protestar contra la gestión, tanto económica como deportiva, de la dirección del club”.

Pero las medidas tomadas por la afición efesé no queda ahí. El comunicado también indica que se entregarán a todos los asistentes cartulinas con el lema “Belmonte vende ya”, además de planear la entrada al Cartagonova a los diez minutos del comienzo del partido. Por lo tanto, el conjunto blanquiverde podría verse en una situación atípica, en un estadio prácticamente vacío, en el que la afición local vaya en contra de la propia directiva del FC Cartagena. Una situación triste y que, por desgracia, recuerda a situaciones parecidas vividas en El Arcángel hace apenas unos años.

Una situación crítica, deportiva e institucionalmente

La brecha entre el la afición del FC Cartagena y su directiva se ha ampliado de manera abismal en los últimos años. Tras dos temporadas de ensueño, la 2021-22 y la 2022-23, en las que los efesé rozaron incluso las posiciones de play off de ascenso a Primera División, los problemas económicos comenzaron a mermar la relación. En la pasada campaña, la 2023-24, el FC Cartagena logró la salvación con 51 puntos, 6 más que el Amorebieta, mientras que en la actualidad son el colista de la categoría con apenas 15 puntos tras 24 jornadas, siendo el equipo más goleado de LaLiga Hypermotion, y viendo como la salvación se escapa a 12 puntos.

Esta caída progresiva en el rendimiento comenzó a preocupar a una afición que vio como dos pesos pesados del equipo, Rubén Castro y Yann Bodiger, abandonaron el club con cierta polémica con respecto a su directiva, incluso con impagos por medio. La subida del precio de los abonos, pese a la bajada de rendimiento, comenzó a encender el caldo de cultivo en una grada maltratada que vio cómo la estocada final aún les faltaba por llegar. Según reza el periodista Alfonso Asensio en La Opionión de Murcia, los motivos de la afición van más allá de los malos rendimientos deportivos. “También lo son las supuestas negociaciones para vender el equipo, la entrada de un capital que nunca llega o la dificultad para encontrar patrocinios”, apunta. Hechos que han provocado dos manifestaciones en contra de la directiva, y una tercera que acontecerá este domingo durante el partido contra el Córdoba CF.

Una importanta presencia policial, compuesta por más de una docena de agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Local, se ha. desplegado este miércoles en la avenida de Vallellano para impedir que un grupo de manifestantes interrumpiera la circulación en esta transitada vía de la ciudad.

Era una protesta protagonizada por cerca de treinta personas congregadas para exigir mejoras en la gestión de Muface y defender una asistencia sanitaria de calidad para los empleados públicos que dependen de este sistema. Los manifestantes, entre los que se encontraban mutualistas de la entidad, intentaron cortar el tráfico en el paso de peatones, mientras coreaban consignas como '¡Muface, sí!'.

La concentración se ha llevado a cabo entre las 14:00 y las 14:45 horas, llamando la atención de conductores y transeúntes por la notable movilización policial, que incluyó patrullas tanto a pie como en vehículos.

El motivo de la protesta es el retraso en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras que gestionan el servicio. Las aseguradoras han solicitado un aumento del 40 % en la prima por persona, mientras que el Ejecutivo propone un incremento del 17 %, aunque Muface considera que un 24 % sería suficiente para garantizar el servicio.

En la provincia de Córdoba, más de 32.000 personas dependen de esta cobertura sanitaria.

CSIF se ha concentrado este lunes junto a la Prisión de Alcolea, coincidiendo con la visita al centro de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar “la dejadez y las faltas de respeto de la Administración central con el personal penitenciario y reclamar la mejora de la seguridad de estas instalaciones tras el aumento de las agresiones a los funcionarios que se han producido en los últimos meses”.

La central sindical destaca que ha sido la única que ha salido a la calle con este motivo. Representantes del sindicato en la prisión han mantenido previamente una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, a quien han transmitido varias reivindicaciones a fin de que las plantillas se sientan más protegidas a la hora de llevar a cabo su labor.

Entre esas peticiones se encuentra la necesidad de que estos trabajadores y trabajadoras sean considerados agentes de la autoridad, tal y como se comprometió el ministro Marlaska en su primera intervención de esta legislatura en el Congreso de los Diputados.

Teresa López, delegada de CSIF en la Prisión de Alcolea, destaca que “exigimos que se adopten medidas urgentes, como es la dotación de un mayor número de recursos humanos y materiales, para reducir el número de agresiones a los profesionales, que, según las últimas estadísticas a nivel nacional, suponen que cada 17 horas se produce un episodio violento de este tipo en los centros penitenciarios”. 

“La masificación de las prisiones como la de Alcolea obliga a mezclar perfiles de presos de convivencia muy complicada en un mismo módulo, una situación que se afronta con un número insuficiente de trabajadores”, según recalca la representante sindical. En este sentido, CSIF reclama una correcta clasificación de los recursos, así como que se ajuste las remuneraciones del personal a las funciones realizadas, que se refuerce la participación de los delegados de prevención en el conocimiento y el análisis de las agresiones y que se facilite a toda la plantilla un plan de formación de prevención y respuesta ante las conductas agresivas de los internos.

La central sindical también solicita una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, la modernización de los medios coercitivos con actuaciones como la posible implementación de pistolas eléctricas tipo Taser, la incorporación de medidas de protección jurídica, la existencia de apoyo psicológico al trabajador agredido o la elaboración de una guía de asesoramiento jurídico para los afectados. El sindicato reitera su petición de que se renueve el Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centro de Inserción Social (Peafa), en cuya negociación está participando activamente CSIF.

Finalmente, los representantes de CSIF han trasladado al secretario general de Instituciones Penitenciarias la gran preocupación existente en las plantillas por el futuro incierto de Muface y, en consecuencia, de la asistencia sanitaria que puedan recibir los profesionales y sus familias, ya que, según ha puesto de manifiesto este sindicato, se están produciendo retrasos y anulaciones en algunas clínicas. En esta línea, demandaron una solución en el plazo más breve posible a esta cuestión que, de no resolverse, puede poner en grave riesgo a la sanidad pública.

El Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Córdoba ha sido interrumpido brevemente este jueves, cuando activistas de Stop Desahucios han entregado carbón al alcalde, José María Bellido, en señal de protesta por “su inacción” ante esta problemática y el cierre de la oficina municipal de la vivienda.

La sesión no ha llegado a interrumpirse, a pesar de que el alcalde ha espetado a la activista que no podía paralizar el Pleno. A pesar de la advertencia, la mujer ha depositado carbón en una de las bancadas, en señal de protesta y, a continuación, los miembros de la plataforma han abandonado el Salón de Plenos deseando “feliz Navidad”.

Una hora antes, a las puertas del Ayuntamiento, los trabajadores de la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, se han concentrado para exigir mejoras laborales y desbloquear la negociación de su nuevo convenio colectivo. El comité de empresa, liderado por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba, ha planteado tres demandas clave: la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la ampliación de días de asuntos propios de dos a tres y mayor flexibilidad para tomarlos, así como la posibilidad de que más trabajadores disfruten de 15 días de vacaciones en verano, ya que actualmente solo un tercio puede hacerlo.

Además, los trabajadores han denunciado la creciente inseguridad que enfrentan en su día a día, tras recientes agresiones sufridas por conductores, incluyendo un incidente con disparos de carabina de aire comprimido. UGT ha solicitado que los conductores de autobús sean reconocidos como agentes de autoridad, una medida que ya han reivindicado otros sectores como el del taxi, también víctima de ataques recientes.

No obstante, antes del inicio del Pleno, miembros del comité de empresa mantuvieron una breve reunión con el alcalde, José María Bellido, y el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, para trasladar sus preocupaciones, de manera que, durante la sesión, las protestas no han llegado a interrumpir el Pleno, a pesar de que, durante el turno de Ruegos y Preguntas, sí han reclamado en voz alta una solución a sus peticiones.

En este sentido, el alcalde ha señalado que sus reclamaciones son “razonables”, si bien “no son un tema nuevo, sino que viene arrastrado desde hace años”.

Este jueves, cientos de funcionarios se han manifestado en Córdoba para protestar por la crisis que atraviesa el modelo de asistencia sanitaria de Muface. La incertidumbre se ha apoderado del colectivo de empleados públicos después de que las aseguradoras renunciaran a participar en el concierto sanitario de Muface, alegando que el modelo está “infrafinanciado” y buscando aumentar sus beneficios a costa del Estado.

Esta situación ha provocado que más de 32.000 cordobeses, entre funcionarios del ámbito educativo y de la Administración General del Estado y sus familiares, no sepan qué pasará con su asistencia sanitaria a partir de enero. Las consecuencias de esta crisis ya se están notando: se están produciendo cancelaciones, denegaciones y retrasos en citas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, incluso en casos de enfermedades graves, según han denunciado los sindicatos en la protesta de este jueves. Algunas clínicas, ante la incertidumbre, incluso están sugiriendo a los mutualistas que paguen la asistencia de su bolsillo, señalan.

Los sindicatos denuncian que las aseguradoras están utilizando a los mutualistas como “rehenes” para presionar al Gobierno, poniendo en riesgo su salud. Exigen al Gobierno que cierre un nuevo convenio con celeridad y presente un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público. También reclaman a las aseguradoras que alcancen un acuerdo que priorice la atención sanitaria de los mutualistas sobre los beneficios económicos. UGT, CCOO, ANPE, ADIDE, USIE, USO, UFP, SUP, ACAIP y SIAT son los sindicatos que se han sumado a la protesta.

CSIF, uno de los sindicatos más representativos del sector, ha convocado una gran concentración en Madrid el próximo sábado 14 de diciembre para exigir una solución a esta crisis.6 Se espera que un gran número de funcionarios cordobeses acudan a la movilización para unir sus voces a las de personas de toda España. CSIF también ha registrado una denuncia ante el Defensor del Pueblo por las irregularidades que se están produciendo en la asistencia sanitaria de los mutualistas.

El sindicato advierte que si no se encuentra una solución satisfactoria, convocará paros parciales o totales en las administraciones durante el primer trimestre de 2025, sin descartar otro tipo de medidas más contundentes. La crisis de Muface no solo afecta a los empleados públicos, sino también al conjunto de la sociedad, ya que un eventual colapso del sistema mutualista aumentaría la presión asistencial sobre la sanidad pública.

Cerca de un millar de personas se ha manifestado en la tarde de este martes por las calles del centro de Córdoba para protestar contra la especulación inmobiliaria. La marcha, que ha recorrido algunas de las vías más céntricas de la ciudad, ha sido convocada por la Plataforma Stop Desahucios Córdoba y ha contado con la participación de vecinos de diferentes barrios, entre ellos Valdeolleros.

Los manifestantes han coreado consignas como “viviendas para vivir, no para especular”, que era el lema principal de la protesta, y han portado pancartas con mensajes como “Stop desahucios” y “No a la turistificación”. Los vecinos de Valdeolleros han reclamado que se declare a su barrio zona saturada de viviendas turísticas.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el aumento del precio de la vivienda en Córdoba, tanto en alquiler como en compra. Según datos de Stop Desahucios, el precio de la vivienda ha subido un 40% en los últimos cinco años, mientras que los salarios solo han aumentado un 3,4%. Esta situación está dificultando el acceso a la vivienda a una gran parte de la población, especialmente a los jóvenes y a las familias trabajadoras.

Además, los desahucios por impago del alquiler ya duplican a los hipotecarios en Córdoba. En 2023 hubo 68 ejecuciones hipotecarias y en el primer semestre de 2024 se han registrado ya 47, mientras que los desahucios por impago del alquiler sumaron en 2023 un total de 123 y en el primer semestre de este año 84. Stop Desahucios denuncia la “inacción de las administraciones” ante esta problemática y exige medidas para frenar la especulación, aumentar el parque público de vivienda social y garantizar el derecho a una vivienda digna para toda la población. La manifestación ha transcurrido sin incidentes y ha finalizado en la Plaza de Capitulares, donde se ha leído un manifiesto.

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este viernes en el Bulevar del Gran Capitán de Córdoba con motivo del día de las personas desaparecidas. Familiares y amigos de personas desaparecidas han urgido a que se mantenga la búsqueda de sus seres queridos, y a que se pongan medios para poder encontrarlos.

Entre los familiares destacaba la presencia de la familia de Paco Molina, el joven cordobés que desapareció en el verano del año 2015 sin dejar rastro. Los familiares estuvieron acompañados por el periodista Paco Lobatón, presidente de la asociación QSD desaparecidos.

Las entidades que atienden a las personas con discapacidad en la provincia de Córdoba se han movilizado hoy en la capital para reclamar una solución a la grave situación que padecen su centros y servicios por la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia.

Personas con discapacidad, familiares y profesionales de estos centros y servicios que atienden a este colectivo se han concentrado hoy en el Bulevar de Gran Capitán de Córdoba para exigir una respuesta urgente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación ante la situación límite que atraviesan.

En esta concentración se ha procedido a la lectura de un manifiesto con sus principales reinvidicaciones subrayando la necesidad de contar con una financiación más justa para los servicios y atención esenciales para las personas con discapacidad en la provincia con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a los gastos que tienen que soportar las entidades.

En el manifiesto se pone de relieve también la importancia de realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios.

Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades. 

Esta acción de protesta en Córdoba forma parte del calendario de movilizaciones que está impulsando el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía) y que se desarrollarán durante el mes de noviembre por todas las ciudades de Andalucía. Desde CERMI Andalucía, cuyas entidades atienden a más de medio millón de personas con discapacidad en la comunidad, se pone de manifiesto, la “situación de asfixia que atraviesan las entidades” con elactual modelo y advirtió que actualmente los servicios que prestan están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. 

Para afrontar este problema, se solicitó la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. CERMI-Andalucía asegura que son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a “una situación límite e insostenible”.

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

CERMI Andalucía solicita al Gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.

El manifiesto apoyado por todas las entidades recoge la demanda de una financiación real y sólida, ya que se necesita una solución a largo plazo y permanente que confiera estabilidad a las entidades en la prestación de estos servicios.  Asimismo, se reclama un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos.

El manifiesto deja claro que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos, y que sin estos servicios y atención que prestamos miles de personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan. 

El mundo de la discapacidad hace un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica.