El grupo promotor en Córdoba de la iniciativa ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia celebra el acuerdo alcanzado por las fuerzas progresistas para concurrir unidas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre bajo la candidatura 'Senado de Progreso', y se felicita de que Córdoba forme parte de él.

El acuerdo, cerrado el pasado viernes antes de que terminara el plazo para registrar coaliciones, une a PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y otras fuerzas progresistas en 47 circunscripciones de todo el país. Es exactamente lo que esta iniciativa reclamaba: tres nombres compartidos para el Senado, sin que ninguna organización renuncie a sus siglas ni a su programa para el Congreso.

En 2023, las candidaturas progresistas sumaron en Córdoba 71.000 votos más que el PP y, sin embargo, solo obtuvieron uno de los cuatro escaños. Con este acuerdo, el voto progresista cordobés dejará de dividirse y podrá traducirse en la representación que le corresponde.

El grupo promotor agradece a las organizaciones firmantes su generosidad y su sentido de la responsabilidad, a las más de 250 personas que han suscrito el manifiesto en Córdoba su compromiso, y a los medios de comunicación la atención prestada a esta propuesta. Lamenta que no haya sido posible sumar a todas las fuerzas progresistas y confía en que su electorado comprenda el valor de concentrar el voto en la candidatura unitaria.

A partir de ahora, la tarea es explicar a la ciudadanía cordobesa cómo funciona el voto al Senado: marcar las tres candidaturas de la lista conjunta es la mejor manera de que Córdoba cuente con una representación acorde con lo que vota.

El actual diputado cordobés Alberto Mayoral será el número uno en la lista del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. La actual secretaria provincial del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, encabezará la lista al Senado, según ha aprobado este mismo miércoles el Comité Ejecutivo Provincial de los socialistas cordobeses.

Mayoral y Crespín son los dos diputados de la actual legislatura, que acaba de concluir. Alberto Mayoral (Córdoba, 1984) ha ejercido durante la legislatura como portavoz en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz adjunto en la Comisión de Cultura. Fue director del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba y número tres al Congreso en las pasadas elecciones generales de 2023. La dimisión parlamentaria de Luis Planas, que fue el número uno, para dedicarse al Ministerio de Agricultura lo convirtió en diputado.

Por su parte, Rafi Crespín (La Carlota, 1976) ha sido la presidenta de la Comisión de Política Territorial del Congreso durante esta legislatura. Anteriormente fue alcaldesa de La Carlota y delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba. Es la actual secretaria provincial del PSOE.

Ambos han comparecido antes de la celebración del Comité Provincial junto al resto de integrantes de ambas planas para hacer un llamamiento a los cordobeses para la cita con las urnas: “Necesitamos una amplia movilización y una gran participación en estas elecciones porque España se juega avanzar o retroceder, y el PSOE de Córdoba está preparado para ganarlo el 29-N”.

Este mismo miércoles, el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, ha enviado una carta a la militancia del PSOE en Córdoba en la que ha comunicado que no formaría parte de la lista del PSOE al Congreso en estas elecciones.

La lista al Congreso, encabezada por Alberto Mayoral de Lamo, se completa con Carmen Lara Estepa, alcaldesa de Benamejí, como número 2; Emilio Martínez Pedrera, alcalde de Posadas; la promotora de igualdad Verónica Murillo Baena, de Puente Genil; José Antonio Lara López, secretario general en la capital de JSA-Córdoba; y Ana Isabel Torralbo Higueras, primera teniente de alcalde de Villanueva de Córdoba y secretaria general de la agrupación socialista local.

Para el Senado, Rafi Crespín encabeza la lista que la componen Juan Manuel Poyato Cuenca, alcalde de Zuheros, y Ana López Losilla, subdelegada del Gobierno de España en Córdoba.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha asegurado que el partido está “preparado y levantado” para afrontar la nueva cita electoral y ha trasladado “todo el apoyo” de los socialistas cordobeses al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos fuerza para afrontar estas elecciones. Llegamos con el aval de estos años de Gobierno y con la ambición de seguir transformando España, ampliando derechos y mejorando la vida de la gente”, ha señalado.

Crespín ha reivindicado que, pese a un contexto internacional marcado por emergencias inéditas, guerras y una enorme incertidumbre económica y geopolítica, “España no ha dejado de avanzar”. En este sentido, ha destacado el crecimiento económico, la evolución de las cifras de empleo, el incremento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones o las becas como ejemplos de una política que “pone a las personas en el centro”. “Frente al ruido, los bulos y el bloqueo, nosotros ponemos hechos encima de la mesa”, ha afirmado.

La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, un movimiento surgido de la sociedad civil para impulsar una candidatura única al Senado el 29 de noviembre de todas las formaciones políticas de la izquierda, se ha presentado este miércoles en Córdoba para empujar a los partidos de esta circunscripción a firmar dicho pacto con este objetivo. La idea es que la representación de los partidos de la izquierda en el Senado se ajuste así yendo juntos al número de votos que consigan y no quede desdibujada.

La propuesta de esta alianza, que es de ámbito nacional, nace de “un acto de responsabilidad ciudadana, que busca frenar el avance de la derecha y la involución política y social a la que esto nos aboca”, ha definido una de las portavoces de la plataforma en Córdoba, Lina Osuna. “Ningún partido ha de renunciar a nada”, ha apostillado para explicar que la decisión debe tomarse esta semana por parte de las formaciones políticas, para presentar una candidatura única y, después consensuar los nombres que la integren.

El acuerdo que esta propuesta presenta al PSOE y a las formaciones a su izquierda debe tomarse hasta viernes 16 de octubre, cuando expira el plazo para presentar coaliciones ante la Junta Electoral. Los nombres de los candidatos que concurrirían en las listas sí pueden esperar un poco más, ya que el 26 de octubre concluye el plazo para ello.

La plataforma defiende que existe “una posibilidad absoluta, porque es matemática”, en función de los resultados en anteriores citas con las urnas, podría “dar un giro al Senado”, que ahora está en manos de la derecha, aunque en el Congreso hay una mayoría de partidos que apoyan a un Gobierno progresista. “Los partidos no tienen nada que pensar, nada más que decidirse antes del día 16 en que se tienen que unir en esta candidatura única, porque luego ya habrá tiempo para decidir el nombre de los tres candidatos en un acuerdo de consenso entre ellos”.

Pepe Esquinas, otro de los portavoces en la presentación de la plataforma en Córdoba, ha incidido en cómo en las últimas elecciones generales de 2023, el número de votos a nivel nacional entre los bloques de la izquierda y de la derecha “fue prácticamente el mismo” y, sin embargo, la configuración de la representación por provincias en el Senado hizo que la Cámara Alta esté en manos de la derecha. En cada provincia se eligen cuatro senadores y esta propuesta pretende que se presente una única lista con los partidos de la izquierda. “Lo importante es que se tome esta decisión y que todos votemos a una lista unitaria”.

“Las previsiones nos dicen que en España podría haber mayoría absoluta en el Senado en un momento en el que se está haciendo mucho ruido y hay una apropiación por parte de determinados bloques del Senado. Lo que se trata justamente es de evitar eso y de que el Senado se transforme en un elemento constructivo para asegurar los derechos y la democracia”, en palabras de Esquinas.

Más votos, menos escaños

Junto a los también portavoces Dani Navazo y Antonio Zurita, la iniciativa explica que en las elecciones al Senado de 2023, PSOE y Sumar sumaron en la provincia de Córdoba 577.277 votos (46,3 %), frente a los 506.306 del PP (40,6 %). Pese a esa diferencia de casi 71.000 votos, el PP obtuvo tres de los cuatro escaños y el PSOE uno. Sumar, con 157.480 votos, se quedó sin representación.

La explicación está en el sistema de voto: cada elector puede marcar hasta tres nombres, de modo que quien concentra el voto en tres candidaturas se queda con los tres primeros puestos. Con tres nombres compartidos, han explicado, el resultado se habría invertido: tres senadores progresistas y uno del PP.

Los intervinientes han recordado que el Senado importa más de lo que parece. Puede vetar y retrasar leyes, propone a cuatro magistradas o magistrados del Tribunal Constitucional y elige a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. En el conjunto de España, el PP obtuvo en 2023 120 de los 208 escaños de elección directa con el 34,6 % de los votos.

Una propuesta con eco estatal

La plataforma estatal se presentó el 6 de octubre en el Ateneo de Madrid con apoyos del mundo de la cultura, el derecho, el periodismo y el sindicalismo. Según su estudio, en unas treinta provincias una lista unitaria cambiaría el resultado, y Córdoba es una de ellas.

Los partidos han empezado a moverse. El domingo 11 de octubre, PSOE y Frente Amplio se reunieron para explorar candidaturas conjuntas al Senado, y hay conversaciones en marcha en Mallorca, Valencia e Ibiza. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha calificado de «interesante» explorar listas conjuntas allí donde la división hace perder escaños. El precedente más cercano es el de Ibiza y Formentera en 2023, donde la candidatura conjunta ganó el escaño.

La iniciativa ha insistido en que no pide a ninguna organización que renuncie a sus siglas ni a su programa para el Congreso, “solo tres nombres compartidos para el Senado”. Propone perfiles de consenso, mujeres y hombres de reconocido compromiso con Córdoba, y deja en manos de las organizaciones la elección de esos nombres.

La plataforma hace un llamamiento a las organizaciones progresistas y a su militancia para que trasladen a sus direcciones, en Sevilla y en Madrid, que Córdoba debe estar entre las provincias del acuerdo. La invitación está abierta a todas las fuerzas progresistas, también a las que no concurrieron en Córdoba en 2023.

Quien quiera sumarse puede hacerlo en esta web.

Iryo ha asegurado que no existe ningún indicio que apunte a que el tren involucrado en el accidente ferroviario del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) tenga responsabilidad sobre el suceso, tras todas las comprobaciones realizadas desde ese momento.

Así lo ha trasladado su consejero delegado, Fabrizio Favara, durante su comparecencia este lunes en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado para debatir sobre el estado de la red ferroviaria en España y los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida (Barcelona) a principios de año.

El directivo ha afirmado que la investigación interna del estado del tren, así como del mantenimiento al que era sometido, no ha identificado ningún elemento que le otorgue responsabilidad sobre lo sucedido, algo que también corrobora la respuesta de los tripulantes, incluido el maquinista, que no detectaron ninguna anomalía durante la operación.

Favara ha detallado que el 15 de enero, tres días antes del accidente, el tren fue sometido a una revisión, y que el 31 de diciembre previo también se le realizó una perfilatura de ruedas. También ha descartado que el peso del tren tenga algo que ver con el accidente, al argumentar que ya había trenes de mayor peso operando en la red.

A preguntas de los senadores, el consejero delegado de Iryo ha confirmado que la investigación externa detectó tras el accidente varias muescas en las ruedas de dos trenes de la compañía que circularon inmediatamente antes del tren accidentado.

Sobre esto, ha señalado que el maquinista del último de esos dos trenes notó un golpe, pero no lo comunicó a Adif porque no lo vinculó a un problema grave en la infraestructura. Finalmente, los primeros cinco vagones del tren accidentado pudieron recorrer la vía, hasta que el sexto descarriló.

Falta de calidad pero no de seguridad

De igual forma que hicieron los representantes de Ouigo ante esta misma comisión, Favara ha insistido en que las advertencias que hizo la compañía a Adif antes del accidente se referían a la falta de calidad y confort de la infraestructura, pero en ningún caso a la seguridad.

En concreto, en marzo de 2025 Iryo advirtió del impacto del balasto en los trenes o de los problemas vinculados al arrollamiento de animales y, según Favara, Adif comenzó a tomar medidas y la incidencia de casos relacionados con esos temas se ha reducido.

Por último, el directivo ha indicado que el comité de investigación interna de la empresa, tras analizar todo lo ocurrido, no ha concluido por el momento que tenga que tomar medidas adicionales que puedan evitar accidentes como este.

Diversos representantes de la provincia de Córdoba han hecho un llamamiento a las formaciones políticas progresistas para que acuerden tres candidaturas unitarias al Senado con vistas a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El colectivo, según ha podido saber este periódico, reclama al PSOE, Sumar y a fuerzas como Adelante Andalucía a sentarse a negociar. El motivo de la urgencia reside en el estricto calendario electoral, que establece el 16 de octubre como fecha límite para formalizar coaliciones ante las juntas electorales.

La propuesta surge tras analizar los resultados de los anteriores comicios de julio de 2023 en la circunscripción cordobesa. En aquella cita con las urnas, las candidaturas del bloque progresista sumaron un total de 577.277 votos (un 46,3 % del electorado provincial entre los 419.797 del PSOE y los 157.480 de Sumar), superando en casi 71.000 apoyos al Partido Popular, que obtuvo 506.306 votos (el 40,6 %). Sin embargo, la división del voto de la izquierda se tradujo en un reparto de tres senadores para el PP y solo uno para el PSOE, dejando a Sumar sin representación.

Ahora bien, la elección directa al Senado tiene sus particularidades, ya que cada provincia elige a cuatro representantes y el lector dispone de hasta tres marcas a la hora de emitir el voto. Al acudir el Partido Popular con una lista unificada de tres aspirantes, su electorado apoyó en bloque la candidatura, logrando situar a sus representantes en los primeros puestos. Por el contrario, el electorado progresista repartió sus marcas entre seis nombres distribuidos en dos papeletas independientes.

Ibiza y Formentera como antecedentes

Según recogen los representantes de dicha iniciativa, si ambas formaciones hubiesen pactado tres nombres comunes en 2023, el resultado en la provincia de Córdoba se habría invertido, otorgando tres escaños a la opción progresista y uno al PP sin que la ciudadanía tuviera que modificar su voto para el Congreso. Para respaldar la viabilidad de la propuesta, se señala el antecedente de Ibiza y Formentera, donde la confluencia de PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa permitió obtener el escaño en disputa.

Los firmantes han aclarado que la petición no requiere que ningún partido renuncie a sus siglas ni a sus programas particulares en las listas al Congreso de los Diputados, donde cada organización podrá presentar su propia candidatura. La propuesta se centra en acordar para el Senado tres perfiles independientes o de reconocido compromiso social con la tierra cordobesa, extendiendo la invitación a organizaciones que no concurrieron en la provincia en 2023, como Adelante Andalucía.

El manifiesto provincial se adhiere a la campaña estatal 'Senadores y Senadoras por la Democracia', presentada este martes en el Ateneo de Madrid y que supera ya las 4.000 firmas a través de la plataforma senadoresporlademocracia.es. En Córdoba, el texto cuenta con el respaldo de nombres como Ignacio Aguilar, Antonio Barragán, Rocío Beato, Marina Borrego, Paco Carbonero, Cristina Carmona, Manolo Delgado, José Esquinas, Fernando Gallego, Juan J. Giner, Andrés Hens, Carlos Martínez, David Moscoso, Miguel Navazo, Carmen Ostua, Lina Osuna, Victoria Paniagua, Antonia Parrado, Antonio Pintor, Rafael Rodríguez, Pepe Villamor o Antonio C. Zurita.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales impulsado por el Senado frente al acuerdo del Gobierno que rechazaba un requerimiento de la Cámara Alta por la no celebración de una comparecencia en enero del presidente del Gobierno ante el Pleno para dar cuenta de los accidentes ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Cataluña.

Así lo ha comunicado este jueves la corte de garantías, que precisa en una nota que la Cámara Alta alegaba en su demanda que la no comparecencia de Sánchez impedía el ejercicio de la función de control del Senado establecido en la Constitución.

La Cámara Alta también apuntaba a la supuesta vulneración de los artículos que prevén que las Cortes y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno y formular preguntas.

A ello añadía en su nuevo choque con el Ejecutivo de Sánchez que no celebrar una comparecencia ante el Pleno del Senado podría vulnerar el ejercicio de la función parlamentaria de los senadores.

La mayoría absoluta del PP aprobó acudir al TC argumentando que Sánchez no acudió a un Pleno extraordinario pese a que estaba citado para hablar sobre esos accidentes. El presidente del Senado, Pedro Rollán, llegó a mandar una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de “consecuencias jurídicas” si se ausentaba.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por el accidente ferroviario de Adamuz, que provocó el fallecimiento de 46 personas y decenas de heridos.

“Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho”, ha declarado Samper, quien ha señalado que la culpa no es “de una sola persona”, sino que hubo “una cadena de despropósitos”, y que la asunción de responsabilidades “algo de paz daría” a las víctimas.

En concreto, ha señalado como “últimos responsables” al ministro de Transportes y al presidente de Adif. Por un lado, ha compartido que ya en su momento le dijo a Óscar Puente que debía dimitir, a lo que el titular de la cartera le habría respondido que él no soldó el raíl sobre el que se produjo el descarrilamiento. “Nos quedamos estupefactos con la respuesta”, admite Samper.

Por otro, cuenta que el presidente de Adif, “el único que ha pedido perdón”, afirmó que no iba a dimitir hasta que hubiese resolución judicial. Sin embargo, la asociación no considera necesario que “haya que esperar” a que se concluya la investigación.

Además, ha mostrado su sorpresa por la retirada de material por parte de Adif, ha criticado que “hay evidencias más que claras de que el carril llevaba roto más de 22 horas” y ha exigido que se trabaje como prioridad en el desarrollo de sistemas que permitan detectar las roturas de carriles: “Es fundamental; que se haga ya”.

Mario Samper ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

Durante la misma, ha sostenido que no le parece “seguro” el transporte ferroviario español en la actualidad y ha lamentado que “la marca España ahora mismo en relación al ferrocarril no tiene mucho que decir”.

Asimismo, ha enfatizado que las víctimas necesitan “saber la verdad ya” y “de forma transparente” y que tienen “mucho miedo de que esto se olvide”, y ha demandado indemnizaciones económicas más rápidas y para la totalidad de los viajeros de los trenes impactados, pues considera que todos son víctimas y heridos: “No nos podemos perder en la burocracia, debería ser algo mucho más ágil”, advierte.

Por último, ha avisado de que “las instituciones han llegado muy tarde” y ha llamado a los partidos políticos a que “trabajen conjuntamente, pero conjuntamente, con el Gobierno que esté, para mejorar el ferrocarril”.

El alcalde de Córdoba, el 'popular' José María Bellido, y la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, han confrontado este jueves en el Senado sus modelos para afrontar la crisis de vivienda, contraponiendo la apuesta por la simplificación administrativa y el aumento de oferta defendida por el regidor andaluz frente a la intervención del mercado y la regulación del alquiler que reivindica la dirigente gallega.

Ambos responsables municipales han comparecido en la Comisión General de las Entidades Locales de la Cámara Alta, donde han coincidido en reclamar una mayor implicación de las administraciones públicas para hacer frente al problema del acceso a la vivienda, aunque desde planteamientos distintos sobre el papel de la regulación, la colaboración público-privada y las zonas tensionadas previstas en la Ley estatal de Vivienda.

Mientras Bellido ha defendido agilizar licencias urbanísticas, flexibilizar normativa y movilizar más suelo para incrementar la oferta de vivienda asequible, Rey ha reivindicado la intervención pública sobre el mercado del alquiler y ha defendido los efectos “positivos” de la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado.

En este sentido, la alcaldesa socialista ha asegurado que desde la aplicación de esta figura los precios del alquiler en A Coruña han descendido un 8,4 por ciento desde el “pico” en junio del año pasado, frente a las subidas registradas en otras ciudades gallegas sin esta declaración. “El problema no es intervenir, es no actuar”, ha afirmado.

Córdoba: agilidad y seguridad jurídica

Por su parte, Bellido ha advertido de que uno de los principales problemas es que la burocracia urbanística está retrasando durante años la llegada de viviendas al mercado y ha defendido una “simplificación administrativa” que permita acelerar tanto los desarrollos urbanísticos como la concesión de licencias.

“La burocracia encarece los proyectos, retrasa la llegada de viviendas al mercado y acaba disminuyendo la oferta y encareciendo el precio de la vivienda”, ha sostenido el alcalde de Córdoba.

Asimismo, ha reclamado marcos normativos “estables” y una reducción de los informes sectoriales de otras administraciones que, a su juicio, bloquean la aprobación de planeamientos urbanísticos y retrasan el desarrollo de nuevos barrios.

Bellido también ha defendido reforzar la colaboración público-privada para agilizar trámites mediante entidades urbanísticas colaboradoras y colegios profesionales, así como avanzar hacia licencias básicas y fórmulas de “fast track urbanístico”.

Por otro lado, el alcalde cordobés ha alegado que el problema de la vivienda no se limita únicamente a construir nuevas promociones, sino también a regenerar barrios consolidados y rehabilitar edificios envejecidos.

A Coruña: defensa de zonas tensionadas y límite a pisos turísticos

Frente a ello, Rey ha defendido la Ley estatal de Vivienda y las herramientas de intervención pública sobre el mercado, insistiendo en que la vivienda “es un derecho constitucional y no un bien para especular”.

La alcaldesa ha asegurado que la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado ha permitido reducir el precio medio del alquiler desde los 771 euros de junio de 2025 hasta los 706 euros registrados en marzo de 2026.

Según ha explicado, mientras A Coruña reducía los precios del alquiler, otras ciudades gallegas sin zonas tensionadas registraban incrementos de hasta el 9,7 por ciento. “El mercado no se autorregula”, ha afirmado.

Además, Rey ha defendido la regulación de las viviendas de uso turístico para evitar que reduzcan la oferta residencial. En este sentido, ha explicado que A Coruña ha limitado este tipo de alojamientos a edificios completos, bajos y primeras plantas, lo que, según ha señalado, ha permitido que viviendas antes destinadas al turismo vuelvan al mercado del alquiler.

Por último, y frente a las críticas de los 'populares', la alcaldesa de A Coruña ha cargado contra las políticas de vivienda desarrolladas durante años por la Xunta de Galicia y ha acusado al PP de haber mantenido una etapa de “sequía” en materia de vivienda pública.

En este sentido, ha asegurado que durante los gobiernos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no se entregó ninguna vivienda pública en A Coruña pese a existir miles de demandantes registrados en su época como presidente de la Xunta desde 2009 a 2022.

Una promesa que comenzó en 2019, pero que seis años después sigue en un limbo muy difícil de arreglar. El proyecto del apeadero o nueva estación de la avenida de la Igualdad se encuentra en un punto muerto administrativo. A pesar de las expectativas generadas en 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que la infraestructura sigue sin contar con un proyecto en firme, lo que obliga a reiniciar gran parte de la tramitación burocrática necesaria para su ejecución.

La clave de este bloqueo reside en que el Ejecutivo ha reconocido oficialmente, en una respuesta reciente a los senadores populares, que será necesario licitar de nuevo el contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción. Esta decisión llega después de la resolución del contrato anterior, que se produjo en septiembre de 2024, sin que los trabajos técnicos llegaran a materializarse en un documento final entregado y aprobado por la administración ferroviaria.

Para retomar esta infraestructura, Adif deberá coordinar la nueva licitación con la aprobación de un preceptivo Estudio Informativo, cuya redacción es competencia directa del Ministerio. Actualmente, se están elaborando estudios informativos para nuevos apeaderos en la red convencional de Andalucía, incluyendo el de Córdoba, pero el proceso se encuentra todavía en fases iniciales de análisis de viabilidad y tramitación ambiental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Los antecedentes de este estancamiento se remontan a finales de 2024, cuando se hizo pública la ruptura del compromiso con la anterior adjudicataria. El contrato original para el proyecto básico de la parada entre la estación Central y Rabanales se había adjudicado en 2019 a la empresa Ingerop T3 por un importe de 200.000 euros, con un plazo de ejecución que inicialmente debía concluir a finales de 2020.

Sin embargo, tras años de retrasos y con el impacto de la pandemia incluido, Adif y la empresa adjudicataria decidieron rescindir el acuerdo por mutuo acuerdo. Aunque no se especificaron todas las causas de la liquidación, ABC Córdoba apuntó en 2024 que era debido al desfase temporal y a la necesidad de actualizar los criterios técnicos del proyecto ante el tiempo transcurrido desde su concepción inicial.

La ubicación elegida por criterios técnicos de Adif fue al principio de la avenida de la Igualdad, en la confluencia con la avenida de los Almogávares, tras descartar otras opciones como el barrio de Fátima. Los estudios previos determinaron que este emplazamiento garantizaba una mayor demanda de usuarios y una mejor integración urbana al dar servicio a una zona densamente poblada de la capital cordobesa.

En paralelo a la elección de la avenida de la Igualdad, el Gobierno también descartó definitivamente en 2024 la construcción de una parada de tren en el Parque Joyero, que pretendía dar servicio al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Según el Ejecutivo, los informes técnicos indicaron que dicha ubicación no generaría un nivel de demanda ferroviaria suficiente, priorizando en su lugar la parada del Vial Norte.

La Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz participará como compareciente en la Comisión de Investigación en el Senado sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en dicha localidad cordobesa y en Gelida (Barcelona), que comenzó el pasado lunes.

En un comunicado, la asociación celebra con esta comparecencia en el Senado “un importante avance en su labor de visibilidad, esclarecimiento de los hechos y asunción de responsabilidades”. En ese sentido, explica que, a raíz de las solicitudes que han cursado, “el Senado ha acordado citar a su presidente, Mario Samper, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la asociación, para comparecer en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España”.

La comparecencia tendrá lugar el próximo 25 de mayo a las 10:30 en el Senado, “constituyendo un paso significativo para que las víctimas puedan tener voz en una de las más altas instituciones del Estado”, indican desde la asociación.

La comparecencia se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión formularán sus preguntas comenzando por el grupo proponente (PP), seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. Cada portavoz dispondrá de un máximo de 50 minutos para formular sus preguntas.

Desde la Asociación se valora esta comparecencia como “un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las víctimas y un avance en la búsqueda de la verdad y en el compromiso de que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse”.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha asegurado que pidieron “expresamente” estar en la comisión de investigación que el PP ha impulsado en el Senado para dilucidar los responsables del accidente y del de Gelida (Barcelona), “como ha ocurrido antes con las víctimas de la DANA o de otros sucesos”, pero la petición “ha sido negada”.

“Para esta nos lo han negado y para la próxima intentarán que estemos”, ha dicho Samper, en declaraciones a Europa Press. Además, ha explicado que han aludido a los protocolos y que se ha pedido “muy tarde”. “Lo pedimos el jueves pasado, yo creo que hay tiempo más que suficiente para que todos los grupos políticos sean conocedores de esto y los portavoces y manifiesten que están de acuerdo con que comparezcamos como ha ocurrido en otras ocasiones. Me parece que no es excusa que lo hayamos pedido este mismo jueves”, ha argumentado.

Por otro lado, Samper ha negado, “como ha dicho el presidente durante su intervención”, que la CIAF esté “informando en todo momento a la víctimas”. “Yo soy el presidente y portavoz de la asociación de afectados y no tengo ni un solo informe de la CIAF, ni uno solo”, ha remarcado. “Es verdad que nos llamaron en los primeros momentos, nos enseñaron un trozo de vía o algunos gráficos, pero de manera informal y por parte de las investigadoras cuando estaban haciendo entrevistas a las víctimas. Pero realmente un informe con la investigación que hay hasta ahora remitido a las víctimas no existe”, ha remarcado.

Asimismo, Samper ha señalado que otro de los momentos “interesantes” de la declaración del presidente de la CIAF es cuando ha abordado el número de accidentes, ya que “hay una tendencia ascendente de accidentes e incidentes”, aunque ha indicado que “eso no quiere decir que las redes ferroviarias sean más inseguras”. Samper también se ha referido a las palabras sobre la limitación de velocidad, ya que Barrón ha señalado que “hay mil avisos de maquinistas que han provocado limitaciones de velocidad y que se va incrementando exponencialmente también”. Además, también ha criticado que diga que “se han pedido refuerzos”, porque Samper ha asegurado que “no hay investigadores suficientes, hay dos personas, una de ellas con poquísima experiencia”. “Y estas propias investigadoras están pidiendo más personas, medios humanos y económicos. Este señor no se refiere a eso en ningún momento. Y debería de haberlo dicho en el Senado”.

Por otro lado, Samper ha incidido en que otra cosa de la que “no habla” es que a la CIAF “se le están negando datos de comunicaciones del 112 y del 061 por parte de la Junta de Andalucía. ”Estos datos los ha pedido la CIAF expresamente, las investigadores, y se les ha negado. Y no ha hecho mención ninguna a este hecho. Es trascendental para saber por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sanitarios tardaron una hora y media casi en llegar a atender a las víctimas“, ha enfatizado.

Preguntado por la decisión de la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva la causa, de “unificar” las acusaciones particulares personadas, que suman 142 y las acusaciones populares, un total de seis, Samper ha afirmado que es un asunto que les ha llamado la atención y se ha mostrado contrario.

“Hay más de 400 víctimas que van a denunciar tanto por responsabilidad penal como por responsabilidad civil, por lo que a mí no puede defender igual, por ejemplo, el primer abogado que denunció, como dice la jueza, que no sé quién sería. Ese señor ni me conoce ni me representa ni le he pagado, por lo que cómo va a hacer ese señor eso con 400 personas. O sea, es que es incongruente, algo que no nos cabe en la cabeza cómo se puede hacer esto”, ha abundado.

Por ello, desde la asociación creen que la jueza “finalmente va a rectificar”, y “va a ir más por la línea de pedir apoyo, que creemos que ya lo está haciendo o lo ha hecho, si lo que pretende es que el proceso sea más rápido”. “Lógicamente es un proceso lento, hay muchas connotaciones, muchas personas, pero esta no es la solución, no te puede defender un abogado que no conoce tu caso, que está fuera de aquí. No tiene sentido”, ha finalizado.

La Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) impulsada por el PP en el Senado arrancará el lunes, 27 de abril, con una primera comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.

Barrón intervendrá a las 11:30 y a las 16:00 comparecerá el presidente de Adif, Pedro Marco, mientras que el jueves 30 será el turno del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ya avanzó el jueves desde Cartagena el arranque de esta comisión, argumentando que “los españoles merecen saber qué pasó en Adamuz y en Barcelona y tendrán que rendir cuentas en el Senado quienes más cerca estuvieron de esos hechos”.

El PP ya planteó un listado de hasta 73 personas para comparecer en esta comisión, entre los que se encuentran el ministro de Transportes, Óscar Puente; sus antecesores en el cargo, Raquel Sánchez y José Luis Ábalos --junto con el exasesor de este último, Koldo García--; o al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y su predecesora, Isabel Pardo de Vera.

El presidente de Renfe también comparecerá el martes el Congreso de los Diputados, en ese caso dentro de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y a iniciativa propia, en la que ya han comparecido Óscar Puente y Pedro Marco, también a iniciativa propia y para rendir cuentas de estos accidentes.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

En el de Gelida, uno de los trenes Rodalies de Renfe colisionó el 20 de enero con los restos de un muro que se había desplomado sobre las vías a consecuencia de las fuertes tormentas, que resultó en la muerte de uno de los maquinistas y en otras cinco personas heridas graves.

Aena ha decidido insistir nuevamente al Gobierno de España para que el Aeropuerto de Córdoba cuente con los servicios de aduana necesarios para su expansión internacional. Esta petición data del pasado mes de febrero, según revela en una respuesta en el Senado a gobernantes populares, y busca desbloquear administrativamente una infraestructura que, pese a sus recientes mejoras, sigue limitada por la falta de permisos para operar vuelos con países fuera del espacio aéreo europeo.

Esta iniciativa, además, responde al interés por parte del Ayuntamiento de Córdoba, Aena y Diputación de Córdoba de dotar a dicho aeropuerto de los servicios técnicos requeridos para gestionar el tráfico aéreo internacional con países no Schengen. Esta medida se ha convertido en una reclamación recurrente no solo en las instituciones cordobesas, sino que también de diversos sectores económicos locales, quienes consideran imprescindible potencial la conectividad para atraer turismo de largo alcance.

Una solicitud que ya viene de meses atrás

Aena ha vuelto a insistir de esta petición al Gobierno de España después de que ya lo solicitase a mediados del 2025. Según fuentes gubernamentales en respuestas parlamentarias registradas en el Senado, el Ministerio del Interior ha mantenido la solicitud en fase de estudio durante este tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno había confirmado que Aena aún no disponía de la autorización pertinente de la Secretaría de Estado de Seguridad para proceder a la habilitación definitiva.

Sin embargo, en los últimos meses las informaciones recogidas eran claras: este sistema no iba a llegar al Aeropuerto de Córdoba y eso hacía que las aerolíneas cesasen en su interés de llegar a la capital cordobesa. Pese a ello, la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, no cerró la puerta a la aduana y Aena se ha encargado de seguir insistiendo para que llegue a su fin.

El pasado 6 de febrero de 2026, la dirección de Aena ya remitió dicha petición formal a la Secretaría de Estado de Seguridad. En aquel documento, se solicitaba acordar la habilitación del punto Schengen para Córdoba, con el fin de disponer de los servicios necesarios para atender vuelos con procedencia y destino fuera de dicha zona, aunque, dos meses después, se sigue esperando una resolución favorable por parte del Gobierno de España.

El espacio Schengen

El proceso de habilitación como frontera exterior Schengen es complejo, ya que no se limita exclusivamente al control de pasaportes. La solicitud de Aena incluye la implantación de servicios aduaneros y de seguridad complementarios que garanticen el cumplimiento de la normativa europea. Actualmente, la Secretaría de Estado de Seguridad continúa analizando junto a Aena cómo llevar a cabo esta implantación técnica.

Desde el punto de vista operativo, los planes ya están definidos en caso de recibir luz verde. Los controles documentales y de aduana se llevarían a cabo en las salas de embarque y de llegadas del aeropuerto. Para ello, se procedería a la instalación de las correspondientes casetas de control y el despliegue de los efectivos policiales y aduaneros necesarios, cumpliendo con la legalidad vigente.

Adaptar las herramientas a la actualidad. En una reciente respuesta parlamentaria a preguntas formuladas en el Senado, el Gobierno de España ha recalcado la modernización que ha existido en los últimos años con respecto al parque móvil de la Policía Nacional en la provincia de Córdoba. El Ejecutivo ha destacado la mejora significativa tanto en el número de efectivos como en la antigüedad en los vehículos.

Según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, la flota policial ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Mientras que en el año 2018 la provincia contaba con 152 unidades, los registros actuales elevan esa cifra a 176 vehículos con mejores prestaciones.

Uno de los puntos más relevantes de la respuesta oficial es la mejora en la edad de los vehículos operativos. En 2018, el parque móvil presentaba una antigüedad media de 17,7 años, una cifra que se ha reducido a menos de la mitad en la actualidad, situándose en 7,81 años.

Esta información ha sido remitida con fecha de 19 de diciembre de 2025, en respuesta a las cuestiones planteadas por los senadores del Grupo Parlamentario Popular Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego. El Ejecutivo ha subrayado que este incremento y modernización permiten dotar a los agentes de medios más eficientes para el desempeño de sus funciones de seguridad en la provincia andaluza.

El Senado ha constituido este miércoles la comisión general de entidades locales, un foro de nueva creación impulsado por los 'populares' y que ha comenzado a andar con un acuerdo entre el PP y el PSOE para la Mesa de estos trabajos. Estará presidida por el senador popular de Córdoba Fernando Priego.

Se trata de una nueva comisión, a la que se la ha introducido el término 'general' para asimilarla a la comisión general de comunidades autónomas, y viene a sustituir a la comisión de entidades locales que ya estaba trabajando en el Senado.

De hecho, el senador Fernando Priego, que también es alcalde de Cabra, ya era el presidente de la comisión de entidades locales, y ahora se mantendrá como presidente de la comisión general de entidades locales. Por ello, seguirá cobrando un complemento mensual de 1.670,90 euros.

Los populares y socialistas han pactado en la sesión constitutiva repartirse los puestos de la Mesa, que además de Fernando Priego como presidente, tendrá como vicepresidente primero a Leopoldo Jerónimo Sierra (PP) y Pilar Zamora (PSOE).

Ambos dirigentes ya eran vicepresidentes en la extinta comisión de entidades locales, por lo que seguirán percibiendo el mismo complemento de 1.221,64 euros mensuales.

En los otros puestos de la Mesa estarán Juan Pablo Martín (PP) como secretario primero; Mónica Grados Caro (PP) como secretaria segunda; y David Matute Pérez (PSOE) como secretario tercero. El primero y el último reciben un complemento mayor por ser vicepresidente de otra comisión y portavoz, respectivamente, mientras que Grados Caro seguirá percibiendo un complemento mensual de 814,42 euros.

Una vez constituida la Mesa, el presidente de la comisión general de entidades locales ha apelado a ser “conscientes” de la “esperanza” que tienen todos los alcaldes en este foro de trabajo para defender las necesidades y derechos del municipalismo.

“Los problemas del municipalismo son transversales y comunes, con independencia de quién ostente las alcaldías. Y creo que esta comisión general debe de dar respuesta a esas inquietudes que desde el municipalismo español se nos plantea a esta Cámara de representación territorial”, ha proclamado el nuevo presidente.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este viernes “el inaceptable desinterés del gobierno de Sánchez y Montero por la vivienda en Córdoba”, dado que “mientras el PSOE habla de vivienda pública y de planes de alquiler asequible, en Córdoba hay 140 viviendas del Estado vacías y cerradas, que no se ponen a disposición de las familias que las necesitan”.

La senadora ha hecho estas declaraciones junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y se ha referido a la información obtenida por los senadores cordobeses del PP en la labor de fiscalización al Gobierno.

“Recientemente hemos conocido que Adif tiene 352 viviendas en Andalucía, de las que 140, prácticamente el 40%, se encuentran en Córdoba”, ha apuntado, para remarcar que “lo más sorprendente es que estas viviendas están vacías, exceptuando seis que están 'okupadas' de manera irregular”.

Según ha expuesto Casanueva, “desconocemos la ubicación de las 140 viviendas, pero sí hemos tenido acceso al estado de conservación de estas propiedades, de manera que 73 viviendas se encuentran en estado normal, con lo que podrían utilizarse rápidamente, 23 viviendas presentan un estado regular, 24 viviendas están en estado deficiente y 20 viviendas se encuentran en estado ruinoso”.

“Es una situación intolerable y que pone de manifiesto la falta de interés de Sánchez y Montero por dar solución a los problemas reales de los cordobeses”, ha reprochado la popular, quien ha señalado que “tiene en Córdoba 140 viviendas vacías con las necesidades de vivienda que hay, mientras los jóvenes y muchas familias necesitan soluciones de vivienda urgente”, a la vez que se ha preguntado “por qué el Gobierno de España no ha rehabilitado las viviendas en mal estado y las ha puesto a disposición de los cordobeses”. “Las tienen cerradas, sin usar y sin gestionar”, ha apostillado.

Piden “actuar de inmediato”

Así, el PP de Córdoba ha exigido al gobierno de Sánchez y Montero que “actúe de inmediato, ponga estas viviendas a disposición de la ciudadanía, invierta en su rehabilitación y que, de una vez por todas, haga una política útil para los cordobeses”.

“No puede ser que el PSOE presuma con grandes anuncios políticos de vivienda, mientras tiene inmuebles públicos en Córdoba cerrados, vacíos y en muchos casos en ruinas”, ha asegurado, para añadir que “el Gobierno central tiene los medios, las competencias y la obligación de garantizar que ningún recurso público esté abandonado mientras haya familias esperando un hogar”.

Frente a ello, Casanueva ha valorado “las políticas de vivienda que están llevando a cabo los gobiernos de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y de José María Bellido en el Ayuntamiento de Córdoba, demostrando que hay otra forma de gobernar resolviendo los problemas de los cordobeses y mejorando sus condiciones de vida”.

Medidas municipales

Por su parte, Miguel Ángel Torrico, responsable en materia de vivienda del gobierno municipal, ha asegurado que “es un escándalo y una prueba evidente de la hipocresía y el cinismo que tiene el PSOE cuando habla de vivienda”.

“Mientras el PSOE exige al gobierno local y al gobierno de Juanma Moreno que haga sus tareas en materia de vivienda, que la estamos haciendo”, ha asegurado Torrico, “ese PSOE tiene en su mano 140 viviendas vacías en Córdoba que tendría que poner a disposición de los que más las necesitan”.

A su juicio, “esto demuestra la incompetencia, la ineficacia, o peor la mala fe, el ocultismo y el cinismo de un gobierno que sólo está dedicado a mantenerse en el poder y no hace nada para resolver los problemas de los cordobeses”.

Torrico ha recordado algunas de las políticas en materia de vivienda que está llevando a cabo el gobierno del PP en el Ayuntamiento. “Desde el gobierno de José María Bellido ya hemos puesto en marcha los trámites para construir 800 alojamientos para jóvenes en la ciudad y 600 viviendas a través de Vimcorsa para régimen de venta o régimen de alquiler”, ha dicho.

Según ha resaltado el edil, “la vivienda sube en Córdoba, pero sube mucho menos de la media nacional gracias a las políticas que se desarrollan tanto en la Junta de Andalucía como en el gobierno municipal del PP con José María Bellido”.

“Estamos haciendo un esfuerzo de tal forma que los últimos datos muestran que somos la penúltima ciudad de España, después de Badajoz, en cuanto al incremento de subida del precio de alquiler de la vivienda, pero a pesar de eso la política general del gobierno de Sánchez y Montero es completamente ineficaz”, ha subrayado, para advertir de que “incluso niega la ocupación como un problema y resulta paradójico que seis de estas viviendas del Estado están 'okupadas' de forma irregular”.

El portavoz del PP ha anunciado que su grupo llevará una moción al próximo Pleno del Consistorio, “donde vamos a exigir a Adif que nos diga dónde están esas viviendas, en qué condiciones se encuentran y a qué esperan para ponerlas a disposición de los cordobeses que necesitan de una forma urgente acceso a esas viviendas públicas”.

El Gobierno de España ha confirmado que durante 2025 resolverá el contrato de las obras de mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla en Puente Genil, según una respuesta del Ejecutivo a la pregunta realizada por los senadores populares Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego. La decisión responde a la imposibilidad de cumplir las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debido a la falta de caudal procedente del embalse de Iznájar, del que depende el sistema. De hecho, este pantano no puede actualmente ofrecer agua a Cordobilla debido a su poca capacidad actual,

De hecho, la respuesta señala que las condiciones hidrológicas en Iznájar “no han cambiado significativamente” en los últimos años, lo que hace inviable mantener el proyecto. Según el Ejecutivo, tampoco es posible modificarlo sin sobrepasar los límites económicos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, el Gobierno de España ha explicado que procederá a la resolución del contrato en 2025.

El proyecto, licitado en diciembre de 2021 por un valor que supera los tres millones de euros, comenzó formalmente el 27 de agosto de 2022. Sin embargo, apenas un mes después, el 30 de septiembre, se firmó el acta de suspensión temporal total debido a la falta de caudal en el Genil.

El agua procedente de Iznájar era esencial tanto para movilizar los sedimentos con los que se proyectaba formar un canal para garantizar la dilución mínima exigida por la DIA, necesaria para mantener los niveles de oxígeno y evitar la mortandad de peces en el Paraje Natural de Cordobilla. La prolongada sequía, que se arrastra desde hace más de cinco años, impidió cumplir estas condiciones y la resolución del contrato para las obras de este embalse llegará en los próximos meses.

Antecedentes y alternativas

Construido en 1953, el embalse de Cordobilla ha perdido alrededor del 40% de su capacidad de almacenamiento por la acumulación de sedimentos, en buena parte debido a la erosión de la cuenca y la expansión del olivar. El proyecto de descolmatación urgente, declarado de interés general en 2023, buscaba recuperar parte de esa capacidad, hoy muy limitada para usos como el regadío o la generación eléctrica.

Aunque el plan original quedó paralizado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estudió en 2024 una alternativa: la construcción de un canal de 454 metros de longitud mediante maquinaria convencional, con un presupuesto de 2,46 millones de euros. Ahora, el futuro es desconocido para el embalse de Cordobilla, sobre todo después de que la resolución del contrato de las obras sea una realidad en este 2025.

El proyecto para iniciar la reforma del Museo Arqueológico de Córdoba no ha avanzado y sigue sin haberse recepcionado, casi tres años después de que se adjudicara su redacción por más de medio millón de euros. El Gobierno de España mantiene, eso sí, el plazo para recibir y aprobar el proyecto para este año 2025.

Y eso que quedan tres meses y medio para que se acabe. Y, de igual modo, han pasado tres meses y medio desde que los senadores del PP en Córdoba preguntaron por penúltima vez sobre este proyecto. Pues bien, este pasado 15 de septiembre, hubo una nueva pregunta y respuesta sobre el proyecto de las obras del Arqueológico, que oficialmente se formalizó en noviembre de 2022.

Y la respuesta ha variado poco. Según la contestación, a la que ha podido acceder este periódico, el Gobierno ha comunicado que “el proyecto de las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba está pendiente de recepción”. También que su previsión es que se reciba en 2025. La recepción del proyecto de ejecución es un paso crucial para avanzar hacia la materialización de esta esperada ampliación, según explicó en marzo el propio Gobierno. Sin embargo, seis meses después, sigue sin ser una realidad.

Lo cierto es que las obras (una inversión de unos nueve millones de euros, con un plazo de ejecución indeterminado, aunque aproximado de 36 meses) llevan en stand by desde 2022, cuando la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura del Ministerio encargó al arquitecto Fernando Calvo el diseño de la culminación de la reforma y ampliación. También que era una obra muy ambiciosa, que buscaba crear “una especie de museo dentro de un teatro romano”, y respetando también su singularidad palaciega.

El Museo Arqueológico de Córdoba tiene su origen en 1844, con la reunión de piezas arqueológicas procedentes de las desamortizaciones en el entonces Museo Provincial de Bellas Artes. Tras diversas ubicaciones, en 1959 se trasladó al Palacio de los Páez de Castillejo, adquirido por el Ministerio de Educación en 1942 y restaurado en los años 50. Su instalación museográfica actual se inauguró en 1962, año en que tanto el edificio como sus colecciones fueron declarados Monumento Histórico Artístico. El Ministerio de Cultura ambiciona con convertirlo en uno de los mejores museos de España. La reforma actual se plantea como la segunda fase de un proyecto que incluyó una primera fase de ampliación de nueva planta entre 1998 y 2011.

La senadora cordobesa por el PP y portavoz de la comisión de Políticas Integrales de Discapacidad --donde la moción ha sido debatida y aprobada--, Cristina Casanueva, ha informado este lunes de que su grupo en el Senado ha presentado una propuesta para asegurar la inclusión laboral de las personas con discapacidad por cardiopatías congénitas.

Tal y como ha expresado el PP en una nota, los pacientes con cardiopatías congénitas “se enfrentan en muchas ocasiones a la incomprensión, al tratarse de una enfermedad que no se aprecia a simple vista”.

Por ello, el PP ha reclamado al Gobierno “reconocer adecuadamente las secuelas que producen las cardiopatías congénitas, su impacto en el día a día y en el proceso de evaluación de la discapacidad”, ha puesto de manifiesto.

Así, las consecuencias a las que se enfrentan los enfermos de cardiopatía congénita “pueden ser muchas, como arritmias, coágulos de sangre, trastornos y demoras en el desarrollo, trastornos endocrinos, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal o hepática, hipertensión pulmonar, o accidente cerebrovascular”. Por ello es “necesario contar con una valoración de la sintomatología asociada y sus limitaciones que determine el mayor o menor grado de discapacidad para estos pacientes”, ha defendido la senadora.

Otro de los puntos de la moción insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, “a garantizar a los niños con cardiopatías congénitas el acceso a una atención temprana desde el nacimiento”. También es necesario proporcionar una adecuada transición a las Unidades de Cardiopatías Congénitas del adulto, así como el acceso al resto de servicios de salud.

“Creemos que es fundamental que desde el Gobierno se pongan en marcha campañas de concienciación, sensibilización social e investigación de las cardiopatías congénitas”, ha asegurado la senadora popular.

No es una sorpresa el grado de peligrosidad que existe en la N-432 y es por ello que el Gobierno de España está tratando, actualmente, la calificación medioambiental para reformarla en autovía. Aun así, los incidentes continúan pasando y esta vez, gracias a una pregunta de la senadora Cristina Casanueva, el Ejecutivo ha detallado los siniestros con heridos o fallecidos que ha tenido este tramo de carretera a su paso por la provincia de Córdoba.

En un anexo ofrecido en la plataforma del Senado, el Gobierno de España ha analizado los accidentes que se han producido desde 2018 hasta 2023, siendo este año lo más actual disponible hasta el momento. Y es que los siniestros han disminuido en este sentido en los últimos cinco años, alcanzando su pico mínimo en 2020 con 30. Aunque es cierto que estos datos están condicionados a la llegada de la pandemia de la Covid-19, pero registrando un mínimo en esta etapa en 2023 con 33.

Aun así, la totalidad de los accidentes que han requerido asistencia médica o ha registrado algún fallecido han superado los 200 -209 más concretamente- en tan solo cinco años. El pico se alcanzó en 2018, con 41 siniestros y la tendencia general a la estabilidad en este sentido, entre 30 y 36 sucesos anuales.

Por otro lado, el mes más conflictivo es noviembre, con varios años por encima del promedio. Justo el mes donde las lluvias son más acuciantes en la provincia de Córdoba, por lo que el estado de las carreteras, unido al agua, es una de las condiciones más agravantes para que los accidentes de este estilo sean más intensos.

Gracias a esto, se trabaja en la conversión de la N-432 en autovía. Aun así, y tal y como informó este periódico, este proceso tardará más de lo previsto inicialmente, ya que el Gobierno se encuentra a la espera de un nuevo informe de la Junta de Extremadura para continuar con el análisis técnico en busca de la formulación de Declaración Impacto Ambiental.