Una promesa que comenzó en 2019, pero que seis años después sigue en un limbo muy difícil de arreglar. El proyecto del apeadero o nueva estación de la avenida de la Igualdad se encuentra en un punto muerto administrativo. A pesar de las expectativas generadas en 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que la infraestructura sigue sin contar con un proyecto en firme, lo que obliga a reiniciar gran parte de la tramitación burocrática necesaria para su ejecución.

La clave de este bloqueo reside en que el Ejecutivo ha reconocido oficialmente, en una respuesta reciente a los senadores populares, que será necesario licitar de nuevo el contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción. Esta decisión llega después de la resolución del contrato anterior, que se produjo en septiembre de 2024, sin que los trabajos técnicos llegaran a materializarse en un documento final entregado y aprobado por la administración ferroviaria.

Para retomar esta infraestructura, Adif deberá coordinar la nueva licitación con la aprobación de un preceptivo Estudio Informativo, cuya redacción es competencia directa del Ministerio. Actualmente, se están elaborando estudios informativos para nuevos apeaderos en la red convencional de Andalucía, incluyendo el de Córdoba, pero el proceso se encuentra todavía en fases iniciales de análisis de viabilidad y tramitación ambiental.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Los antecedentes de este estancamiento se remontan a finales de 2024, cuando se hizo pública la ruptura del compromiso con la anterior adjudicataria. El contrato original para el proyecto básico de la parada entre la estación Central y Rabanales se había adjudicado en 2019 a la empresa Ingerop T3 por un importe de 200.000 euros, con un plazo de ejecución que inicialmente debía concluir a finales de 2020.

Sin embargo, tras años de retrasos y con el impacto de la pandemia incluido, Adif y la empresa adjudicataria decidieron rescindir el acuerdo por mutuo acuerdo. Aunque no se especificaron todas las causas de la liquidación, ABC Córdoba apuntó en 2024 que era debido al desfase temporal y a la necesidad de actualizar los criterios técnicos del proyecto ante el tiempo transcurrido desde su concepción inicial.

La ubicación elegida por criterios técnicos de Adif fue al principio de la avenida de la Igualdad, en la confluencia con la avenida de los Almogávares, tras descartar otras opciones como el barrio de Fátima. Los estudios previos determinaron que este emplazamiento garantizaba una mayor demanda de usuarios y una mejor integración urbana al dar servicio a una zona densamente poblada de la capital cordobesa.

En paralelo a la elección de la avenida de la Igualdad, el Gobierno también descartó definitivamente en 2024 la construcción de una parada de tren en el Parque Joyero, que pretendía dar servicio al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Según el Ejecutivo, los informes técnicos indicaron que dicha ubicación no generaría un nivel de demanda ferroviaria suficiente, priorizando en su lugar la parada del Vial Norte.

La Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz participará como compareciente en la Comisión de Investigación en el Senado sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en dicha localidad cordobesa y en Gelida (Barcelona), que comenzó el pasado lunes.

En un comunicado, la asociación celebra con esta comparecencia en el Senado “un importante avance en su labor de visibilidad, esclarecimiento de los hechos y asunción de responsabilidades”. En ese sentido, explica que, a raíz de las solicitudes que han cursado, “el Senado ha acordado citar a su presidente, Mario Samper, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la asociación, para comparecer en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España”.

La comparecencia tendrá lugar el próximo 25 de mayo a las 10:30 en el Senado, “constituyendo un paso significativo para que las víctimas puedan tener voz en una de las más altas instituciones del Estado”, indican desde la asociación.

La comparecencia se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión formularán sus preguntas comenzando por el grupo proponente (PP), seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. Cada portavoz dispondrá de un máximo de 50 minutos para formular sus preguntas.

Desde la Asociación se valora esta comparecencia como “un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las víctimas y un avance en la búsqueda de la verdad y en el compromiso de que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse”.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha asegurado que pidieron “expresamente” estar en la comisión de investigación que el PP ha impulsado en el Senado para dilucidar los responsables del accidente y del de Gelida (Barcelona), “como ha ocurrido antes con las víctimas de la DANA o de otros sucesos”, pero la petición “ha sido negada”.

“Para esta nos lo han negado y para la próxima intentarán que estemos”, ha dicho Samper, en declaraciones a Europa Press. Además, ha explicado que han aludido a los protocolos y que se ha pedido “muy tarde”. “Lo pedimos el jueves pasado, yo creo que hay tiempo más que suficiente para que todos los grupos políticos sean conocedores de esto y los portavoces y manifiesten que están de acuerdo con que comparezcamos como ha ocurrido en otras ocasiones. Me parece que no es excusa que lo hayamos pedido este mismo jueves”, ha argumentado.

Por otro lado, Samper ha negado, “como ha dicho el presidente durante su intervención”, que la CIAF esté “informando en todo momento a la víctimas”. “Yo soy el presidente y portavoz de la asociación de afectados y no tengo ni un solo informe de la CIAF, ni uno solo”, ha remarcado. “Es verdad que nos llamaron en los primeros momentos, nos enseñaron un trozo de vía o algunos gráficos, pero de manera informal y por parte de las investigadoras cuando estaban haciendo entrevistas a las víctimas. Pero realmente un informe con la investigación que hay hasta ahora remitido a las víctimas no existe”, ha remarcado.

Asimismo, Samper ha señalado que otro de los momentos “interesantes” de la declaración del presidente de la CIAF es cuando ha abordado el número de accidentes, ya que “hay una tendencia ascendente de accidentes e incidentes”, aunque ha indicado que “eso no quiere decir que las redes ferroviarias sean más inseguras”. Samper también se ha referido a las palabras sobre la limitación de velocidad, ya que Barrón ha señalado que “hay mil avisos de maquinistas que han provocado limitaciones de velocidad y que se va incrementando exponencialmente también”. Además, también ha criticado que diga que “se han pedido refuerzos”, porque Samper ha asegurado que “no hay investigadores suficientes, hay dos personas, una de ellas con poquísima experiencia”. “Y estas propias investigadoras están pidiendo más personas, medios humanos y económicos. Este señor no se refiere a eso en ningún momento. Y debería de haberlo dicho en el Senado”.

Por otro lado, Samper ha incidido en que otra cosa de la que “no habla” es que a la CIAF “se le están negando datos de comunicaciones del 112 y del 061 por parte de la Junta de Andalucía. ”Estos datos los ha pedido la CIAF expresamente, las investigadores, y se les ha negado. Y no ha hecho mención ninguna a este hecho. Es trascendental para saber por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sanitarios tardaron una hora y media casi en llegar a atender a las víctimas“, ha enfatizado.

Preguntado por la decisión de la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva la causa, de “unificar” las acusaciones particulares personadas, que suman 142 y las acusaciones populares, un total de seis, Samper ha afirmado que es un asunto que les ha llamado la atención y se ha mostrado contrario.

“Hay más de 400 víctimas que van a denunciar tanto por responsabilidad penal como por responsabilidad civil, por lo que a mí no puede defender igual, por ejemplo, el primer abogado que denunció, como dice la jueza, que no sé quién sería. Ese señor ni me conoce ni me representa ni le he pagado, por lo que cómo va a hacer ese señor eso con 400 personas. O sea, es que es incongruente, algo que no nos cabe en la cabeza cómo se puede hacer esto”, ha abundado.

Por ello, desde la asociación creen que la jueza “finalmente va a rectificar”, y “va a ir más por la línea de pedir apoyo, que creemos que ya lo está haciendo o lo ha hecho, si lo que pretende es que el proceso sea más rápido”. “Lógicamente es un proceso lento, hay muchas connotaciones, muchas personas, pero esta no es la solución, no te puede defender un abogado que no conoce tu caso, que está fuera de aquí. No tiene sentido”, ha finalizado.

La Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) impulsada por el PP en el Senado arrancará el lunes, 27 de abril, con una primera comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.

Barrón intervendrá a las 11:30 y a las 16:00 comparecerá el presidente de Adif, Pedro Marco, mientras que el jueves 30 será el turno del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ya avanzó el jueves desde Cartagena el arranque de esta comisión, argumentando que “los españoles merecen saber qué pasó en Adamuz y en Barcelona y tendrán que rendir cuentas en el Senado quienes más cerca estuvieron de esos hechos”.

El PP ya planteó un listado de hasta 73 personas para comparecer en esta comisión, entre los que se encuentran el ministro de Transportes, Óscar Puente; sus antecesores en el cargo, Raquel Sánchez y José Luis Ábalos --junto con el exasesor de este último, Koldo García--; o al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y su predecesora, Isabel Pardo de Vera.

El presidente de Renfe también comparecerá el martes el Congreso de los Diputados, en ese caso dentro de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y a iniciativa propia, en la que ya han comparecido Óscar Puente y Pedro Marco, también a iniciativa propia y para rendir cuentas de estos accidentes.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

En el de Gelida, uno de los trenes Rodalies de Renfe colisionó el 20 de enero con los restos de un muro que se había desplomado sobre las vías a consecuencia de las fuertes tormentas, que resultó en la muerte de uno de los maquinistas y en otras cinco personas heridas graves.

Aena ha decidido insistir nuevamente al Gobierno de España para que el Aeropuerto de Córdoba cuente con los servicios de aduana necesarios para su expansión internacional. Esta petición data del pasado mes de febrero, según revela en una respuesta en el Senado a gobernantes populares, y busca desbloquear administrativamente una infraestructura que, pese a sus recientes mejoras, sigue limitada por la falta de permisos para operar vuelos con países fuera del espacio aéreo europeo.

Esta iniciativa, además, responde al interés por parte del Ayuntamiento de Córdoba, Aena y Diputación de Córdoba de dotar a dicho aeropuerto de los servicios técnicos requeridos para gestionar el tráfico aéreo internacional con países no Schengen. Esta medida se ha convertido en una reclamación recurrente no solo en las instituciones cordobesas, sino que también de diversos sectores económicos locales, quienes consideran imprescindible potencial la conectividad para atraer turismo de largo alcance.

Una solicitud que ya viene de meses atrás

Aena ha vuelto a insistir de esta petición al Gobierno de España después de que ya lo solicitase a mediados del 2025. Según fuentes gubernamentales en respuestas parlamentarias registradas en el Senado, el Ministerio del Interior ha mantenido la solicitud en fase de estudio durante este tiempo. Hasta la fecha, el Gobierno había confirmado que Aena aún no disponía de la autorización pertinente de la Secretaría de Estado de Seguridad para proceder a la habilitación definitiva.

Sin embargo, en los últimos meses las informaciones recogidas eran claras: este sistema no iba a llegar al Aeropuerto de Córdoba y eso hacía que las aerolíneas cesasen en su interés de llegar a la capital cordobesa. Pese a ello, la subdelegada del Gobierno de España, Ana López, no cerró la puerta a la aduana y Aena se ha encargado de seguir insistiendo para que llegue a su fin.

El pasado 6 de febrero de 2026, la dirección de Aena ya remitió dicha petición formal a la Secretaría de Estado de Seguridad. En aquel documento, se solicitaba acordar la habilitación del punto Schengen para Córdoba, con el fin de disponer de los servicios necesarios para atender vuelos con procedencia y destino fuera de dicha zona, aunque, dos meses después, se sigue esperando una resolución favorable por parte del Gobierno de España.

El espacio Schengen

El proceso de habilitación como frontera exterior Schengen es complejo, ya que no se limita exclusivamente al control de pasaportes. La solicitud de Aena incluye la implantación de servicios aduaneros y de seguridad complementarios que garanticen el cumplimiento de la normativa europea. Actualmente, la Secretaría de Estado de Seguridad continúa analizando junto a Aena cómo llevar a cabo esta implantación técnica.

Desde el punto de vista operativo, los planes ya están definidos en caso de recibir luz verde. Los controles documentales y de aduana se llevarían a cabo en las salas de embarque y de llegadas del aeropuerto. Para ello, se procedería a la instalación de las correspondientes casetas de control y el despliegue de los efectivos policiales y aduaneros necesarios, cumpliendo con la legalidad vigente.

Adaptar las herramientas a la actualidad. En una reciente respuesta parlamentaria a preguntas formuladas en el Senado, el Gobierno de España ha recalcado la modernización que ha existido en los últimos años con respecto al parque móvil de la Policía Nacional en la provincia de Córdoba. El Ejecutivo ha destacado la mejora significativa tanto en el número de efectivos como en la antigüedad en los vehículos.

Según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, la flota policial ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Mientras que en el año 2018 la provincia contaba con 152 unidades, los registros actuales elevan esa cifra a 176 vehículos con mejores prestaciones.

Uno de los puntos más relevantes de la respuesta oficial es la mejora en la edad de los vehículos operativos. En 2018, el parque móvil presentaba una antigüedad media de 17,7 años, una cifra que se ha reducido a menos de la mitad en la actualidad, situándose en 7,81 años.

Esta información ha sido remitida con fecha de 19 de diciembre de 2025, en respuesta a las cuestiones planteadas por los senadores del Grupo Parlamentario Popular Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego. El Ejecutivo ha subrayado que este incremento y modernización permiten dotar a los agentes de medios más eficientes para el desempeño de sus funciones de seguridad en la provincia andaluza.

El Senado ha constituido este miércoles la comisión general de entidades locales, un foro de nueva creación impulsado por los 'populares' y que ha comenzado a andar con un acuerdo entre el PP y el PSOE para la Mesa de estos trabajos. Estará presidida por el senador popular de Córdoba Fernando Priego.

Se trata de una nueva comisión, a la que se la ha introducido el término 'general' para asimilarla a la comisión general de comunidades autónomas, y viene a sustituir a la comisión de entidades locales que ya estaba trabajando en el Senado.

De hecho, el senador Fernando Priego, que también es alcalde de Cabra, ya era el presidente de la comisión de entidades locales, y ahora se mantendrá como presidente de la comisión general de entidades locales. Por ello, seguirá cobrando un complemento mensual de 1.670,90 euros.

Los populares y socialistas han pactado en la sesión constitutiva repartirse los puestos de la Mesa, que además de Fernando Priego como presidente, tendrá como vicepresidente primero a Leopoldo Jerónimo Sierra (PP) y Pilar Zamora (PSOE).

Ambos dirigentes ya eran vicepresidentes en la extinta comisión de entidades locales, por lo que seguirán percibiendo el mismo complemento de 1.221,64 euros mensuales.

En los otros puestos de la Mesa estarán Juan Pablo Martín (PP) como secretario primero; Mónica Grados Caro (PP) como secretaria segunda; y David Matute Pérez (PSOE) como secretario tercero. El primero y el último reciben un complemento mayor por ser vicepresidente de otra comisión y portavoz, respectivamente, mientras que Grados Caro seguirá percibiendo un complemento mensual de 814,42 euros.

Una vez constituida la Mesa, el presidente de la comisión general de entidades locales ha apelado a ser “conscientes” de la “esperanza” que tienen todos los alcaldes en este foro de trabajo para defender las necesidades y derechos del municipalismo.

“Los problemas del municipalismo son transversales y comunes, con independencia de quién ostente las alcaldías. Y creo que esta comisión general debe de dar respuesta a esas inquietudes que desde el municipalismo español se nos plantea a esta Cámara de representación territorial”, ha proclamado el nuevo presidente.

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este viernes “el inaceptable desinterés del gobierno de Sánchez y Montero por la vivienda en Córdoba”, dado que “mientras el PSOE habla de vivienda pública y de planes de alquiler asequible, en Córdoba hay 140 viviendas del Estado vacías y cerradas, que no se ponen a disposición de las familias que las necesitan”.

La senadora ha hecho estas declaraciones junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y se ha referido a la información obtenida por los senadores cordobeses del PP en la labor de fiscalización al Gobierno.

“Recientemente hemos conocido que Adif tiene 352 viviendas en Andalucía, de las que 140, prácticamente el 40%, se encuentran en Córdoba”, ha apuntado, para remarcar que “lo más sorprendente es que estas viviendas están vacías, exceptuando seis que están 'okupadas' de manera irregular”.

Según ha expuesto Casanueva, “desconocemos la ubicación de las 140 viviendas, pero sí hemos tenido acceso al estado de conservación de estas propiedades, de manera que 73 viviendas se encuentran en estado normal, con lo que podrían utilizarse rápidamente, 23 viviendas presentan un estado regular, 24 viviendas están en estado deficiente y 20 viviendas se encuentran en estado ruinoso”.

“Es una situación intolerable y que pone de manifiesto la falta de interés de Sánchez y Montero por dar solución a los problemas reales de los cordobeses”, ha reprochado la popular, quien ha señalado que “tiene en Córdoba 140 viviendas vacías con las necesidades de vivienda que hay, mientras los jóvenes y muchas familias necesitan soluciones de vivienda urgente”, a la vez que se ha preguntado “por qué el Gobierno de España no ha rehabilitado las viviendas en mal estado y las ha puesto a disposición de los cordobeses”. “Las tienen cerradas, sin usar y sin gestionar”, ha apostillado.

Piden “actuar de inmediato”

Así, el PP de Córdoba ha exigido al gobierno de Sánchez y Montero que “actúe de inmediato, ponga estas viviendas a disposición de la ciudadanía, invierta en su rehabilitación y que, de una vez por todas, haga una política útil para los cordobeses”.

“No puede ser que el PSOE presuma con grandes anuncios políticos de vivienda, mientras tiene inmuebles públicos en Córdoba cerrados, vacíos y en muchos casos en ruinas”, ha asegurado, para añadir que “el Gobierno central tiene los medios, las competencias y la obligación de garantizar que ningún recurso público esté abandonado mientras haya familias esperando un hogar”.

Frente a ello, Casanueva ha valorado “las políticas de vivienda que están llevando a cabo los gobiernos de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y de José María Bellido en el Ayuntamiento de Córdoba, demostrando que hay otra forma de gobernar resolviendo los problemas de los cordobeses y mejorando sus condiciones de vida”.

Medidas municipales

Por su parte, Miguel Ángel Torrico, responsable en materia de vivienda del gobierno municipal, ha asegurado que “es un escándalo y una prueba evidente de la hipocresía y el cinismo que tiene el PSOE cuando habla de vivienda”.

“Mientras el PSOE exige al gobierno local y al gobierno de Juanma Moreno que haga sus tareas en materia de vivienda, que la estamos haciendo”, ha asegurado Torrico, “ese PSOE tiene en su mano 140 viviendas vacías en Córdoba que tendría que poner a disposición de los que más las necesitan”.

A su juicio, “esto demuestra la incompetencia, la ineficacia, o peor la mala fe, el ocultismo y el cinismo de un gobierno que sólo está dedicado a mantenerse en el poder y no hace nada para resolver los problemas de los cordobeses”.

Torrico ha recordado algunas de las políticas en materia de vivienda que está llevando a cabo el gobierno del PP en el Ayuntamiento. “Desde el gobierno de José María Bellido ya hemos puesto en marcha los trámites para construir 800 alojamientos para jóvenes en la ciudad y 600 viviendas a través de Vimcorsa para régimen de venta o régimen de alquiler”, ha dicho.

Según ha resaltado el edil, “la vivienda sube en Córdoba, pero sube mucho menos de la media nacional gracias a las políticas que se desarrollan tanto en la Junta de Andalucía como en el gobierno municipal del PP con José María Bellido”.

“Estamos haciendo un esfuerzo de tal forma que los últimos datos muestran que somos la penúltima ciudad de España, después de Badajoz, en cuanto al incremento de subida del precio de alquiler de la vivienda, pero a pesar de eso la política general del gobierno de Sánchez y Montero es completamente ineficaz”, ha subrayado, para advertir de que “incluso niega la ocupación como un problema y resulta paradójico que seis de estas viviendas del Estado están 'okupadas' de forma irregular”.

El portavoz del PP ha anunciado que su grupo llevará una moción al próximo Pleno del Consistorio, “donde vamos a exigir a Adif que nos diga dónde están esas viviendas, en qué condiciones se encuentran y a qué esperan para ponerlas a disposición de los cordobeses que necesitan de una forma urgente acceso a esas viviendas públicas”.

El Gobierno de España ha confirmado que durante 2025 resolverá el contrato de las obras de mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla en Puente Genil, según una respuesta del Ejecutivo a la pregunta realizada por los senadores populares Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego. La decisión responde a la imposibilidad de cumplir las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debido a la falta de caudal procedente del embalse de Iznájar, del que depende el sistema. De hecho, este pantano no puede actualmente ofrecer agua a Cordobilla debido a su poca capacidad actual,

De hecho, la respuesta señala que las condiciones hidrológicas en Iznájar “no han cambiado significativamente” en los últimos años, lo que hace inviable mantener el proyecto. Según el Ejecutivo, tampoco es posible modificarlo sin sobrepasar los límites económicos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, el Gobierno de España ha explicado que procederá a la resolución del contrato en 2025.

El proyecto, licitado en diciembre de 2021 por un valor que supera los tres millones de euros, comenzó formalmente el 27 de agosto de 2022. Sin embargo, apenas un mes después, el 30 de septiembre, se firmó el acta de suspensión temporal total debido a la falta de caudal en el Genil.

El agua procedente de Iznájar era esencial tanto para movilizar los sedimentos con los que se proyectaba formar un canal para garantizar la dilución mínima exigida por la DIA, necesaria para mantener los niveles de oxígeno y evitar la mortandad de peces en el Paraje Natural de Cordobilla. La prolongada sequía, que se arrastra desde hace más de cinco años, impidió cumplir estas condiciones y la resolución del contrato para las obras de este embalse llegará en los próximos meses.

Antecedentes y alternativas

Construido en 1953, el embalse de Cordobilla ha perdido alrededor del 40% de su capacidad de almacenamiento por la acumulación de sedimentos, en buena parte debido a la erosión de la cuenca y la expansión del olivar. El proyecto de descolmatación urgente, declarado de interés general en 2023, buscaba recuperar parte de esa capacidad, hoy muy limitada para usos como el regadío o la generación eléctrica.

Aunque el plan original quedó paralizado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estudió en 2024 una alternativa: la construcción de un canal de 454 metros de longitud mediante maquinaria convencional, con un presupuesto de 2,46 millones de euros. Ahora, el futuro es desconocido para el embalse de Cordobilla, sobre todo después de que la resolución del contrato de las obras sea una realidad en este 2025.

El proyecto para iniciar la reforma del Museo Arqueológico de Córdoba no ha avanzado y sigue sin haberse recepcionado, casi tres años después de que se adjudicara su redacción por más de medio millón de euros. El Gobierno de España mantiene, eso sí, el plazo para recibir y aprobar el proyecto para este año 2025.

Y eso que quedan tres meses y medio para que se acabe. Y, de igual modo, han pasado tres meses y medio desde que los senadores del PP en Córdoba preguntaron por penúltima vez sobre este proyecto. Pues bien, este pasado 15 de septiembre, hubo una nueva pregunta y respuesta sobre el proyecto de las obras del Arqueológico, que oficialmente se formalizó en noviembre de 2022.

Y la respuesta ha variado poco. Según la contestación, a la que ha podido acceder este periódico, el Gobierno ha comunicado que “el proyecto de las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba está pendiente de recepción”. También que su previsión es que se reciba en 2025. La recepción del proyecto de ejecución es un paso crucial para avanzar hacia la materialización de esta esperada ampliación, según explicó en marzo el propio Gobierno. Sin embargo, seis meses después, sigue sin ser una realidad.

Lo cierto es que las obras (una inversión de unos nueve millones de euros, con un plazo de ejecución indeterminado, aunque aproximado de 36 meses) llevan en stand by desde 2022, cuando la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura del Ministerio encargó al arquitecto Fernando Calvo el diseño de la culminación de la reforma y ampliación. También que era una obra muy ambiciosa, que buscaba crear “una especie de museo dentro de un teatro romano”, y respetando también su singularidad palaciega.

El Museo Arqueológico de Córdoba tiene su origen en 1844, con la reunión de piezas arqueológicas procedentes de las desamortizaciones en el entonces Museo Provincial de Bellas Artes. Tras diversas ubicaciones, en 1959 se trasladó al Palacio de los Páez de Castillejo, adquirido por el Ministerio de Educación en 1942 y restaurado en los años 50. Su instalación museográfica actual se inauguró en 1962, año en que tanto el edificio como sus colecciones fueron declarados Monumento Histórico Artístico. El Ministerio de Cultura ambiciona con convertirlo en uno de los mejores museos de España. La reforma actual se plantea como la segunda fase de un proyecto que incluyó una primera fase de ampliación de nueva planta entre 1998 y 2011.

La senadora cordobesa por el PP y portavoz de la comisión de Políticas Integrales de Discapacidad --donde la moción ha sido debatida y aprobada--, Cristina Casanueva, ha informado este lunes de que su grupo en el Senado ha presentado una propuesta para asegurar la inclusión laboral de las personas con discapacidad por cardiopatías congénitas.

Tal y como ha expresado el PP en una nota, los pacientes con cardiopatías congénitas “se enfrentan en muchas ocasiones a la incomprensión, al tratarse de una enfermedad que no se aprecia a simple vista”.

Por ello, el PP ha reclamado al Gobierno “reconocer adecuadamente las secuelas que producen las cardiopatías congénitas, su impacto en el día a día y en el proceso de evaluación de la discapacidad”, ha puesto de manifiesto.

Así, las consecuencias a las que se enfrentan los enfermos de cardiopatía congénita “pueden ser muchas, como arritmias, coágulos de sangre, trastornos y demoras en el desarrollo, trastornos endocrinos, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal o hepática, hipertensión pulmonar, o accidente cerebrovascular”. Por ello es “necesario contar con una valoración de la sintomatología asociada y sus limitaciones que determine el mayor o menor grado de discapacidad para estos pacientes”, ha defendido la senadora.

Otro de los puntos de la moción insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, “a garantizar a los niños con cardiopatías congénitas el acceso a una atención temprana desde el nacimiento”. También es necesario proporcionar una adecuada transición a las Unidades de Cardiopatías Congénitas del adulto, así como el acceso al resto de servicios de salud.

“Creemos que es fundamental que desde el Gobierno se pongan en marcha campañas de concienciación, sensibilización social e investigación de las cardiopatías congénitas”, ha asegurado la senadora popular.

No es una sorpresa el grado de peligrosidad que existe en la N-432 y es por ello que el Gobierno de España está tratando, actualmente, la calificación medioambiental para reformarla en autovía. Aun así, los incidentes continúan pasando y esta vez, gracias a una pregunta de la senadora Cristina Casanueva, el Ejecutivo ha detallado los siniestros con heridos o fallecidos que ha tenido este tramo de carretera a su paso por la provincia de Córdoba.

En un anexo ofrecido en la plataforma del Senado, el Gobierno de España ha analizado los accidentes que se han producido desde 2018 hasta 2023, siendo este año lo más actual disponible hasta el momento. Y es que los siniestros han disminuido en este sentido en los últimos cinco años, alcanzando su pico mínimo en 2020 con 30. Aunque es cierto que estos datos están condicionados a la llegada de la pandemia de la Covid-19, pero registrando un mínimo en esta etapa en 2023 con 33.

Aun así, la totalidad de los accidentes que han requerido asistencia médica o ha registrado algún fallecido han superado los 200 -209 más concretamente- en tan solo cinco años. El pico se alcanzó en 2018, con 41 siniestros y la tendencia general a la estabilidad en este sentido, entre 30 y 36 sucesos anuales.

Por otro lado, el mes más conflictivo es noviembre, con varios años por encima del promedio. Justo el mes donde las lluvias son más acuciantes en la provincia de Córdoba, por lo que el estado de las carreteras, unido al agua, es una de las condiciones más agravantes para que los accidentes de este estilo sean más intensos.

Gracias a esto, se trabaja en la conversión de la N-432 en autovía. Aun así, y tal y como informó este periódico, este proceso tardará más de lo previsto inicialmente, ya que el Gobierno se encuentra a la espera de un nuevo informe de la Junta de Extremadura para continuar con el análisis técnico en busca de la formulación de Declaración Impacto Ambiental.

Una obra ambiciosa y que espera que este emplazamiento de la capital vuelva a erigirse como uno de los más importantes, dentro del mundo cultural, pero que en apenas tres meses nada ha cambiado. Y es que el proyecto para la ampliación y reforma del Museo Arqueológico está en sus fases finales antes de comenzar los trabajos de construcción. El Gobierno, en respuesta a los senadores del PP en Córdoba, ha adelantado que el plan propuesto está a la espera del control de calidad. Es decir, se mantiene en la misma etapa que en la contestación del Ejecutivo en pleno mes de marzo.

Ya en esa primera respuesta, el Gobierno de España admitió que el Museo Arqueológico de Córdoba era “uno de los más relevantes a nivel nacional” sobre todo por sus colecciones de valor histórico que abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Por tanto, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura del Ministerio encargó al arquitecto Fernando Calvo el diseño de la culminación de la reforma y ampliación, en busca de crear “una especie de museo dentro de un teatro romano”. Sin embargo, esto avanza sin cambios reseñables.

Por aquel entonces, el Ejecutivo ya contaba con el proyecto básico de las obras y en marzo se entregó el de ejecución que, a día de hoy, sigue estando estancado. Tal y como ha confirmado el Gobierno de España en una respuesta a los senadores, este plan sigue pendiente de recepción, a falta del control de calidad del mismo. “Es decir, se está procediendo a analizar de forma exhaustiva el proyecto para poder determinar si cumple con todos los requisitos establecidos”.

El Museo Arqueológico de Córdoba tiene su origen en 1844, con la reunión de piezas arqueológicas procedentes de las desamortizaciones en el entonces Museo Provincial de Bellas Artes. Tras diversas ubicaciones, en 1959 se trasladó al Palacio de los Páez de Castillejo, adquirido por el Ministerio de Educación en 1942 y restaurado en los años 50. Su instalación museográfica actual se inauguró en 1962, año en que tanto el edificio como sus colecciones fueron declarados Monumento Histórico Artístico. El Ministerio de Cultura ambiciona con convertirlo en uno de los mejores museos de España. La reforma actual se plantea como la segunda fase de un proyecto que incluyó una primera fase de ampliación de nueva planta entre 1998 y 2011.

Una primera respuesta del Gobierno, fechada el 24 de marzo de 2025, indicaba que la recepción del proyecto de ejecución en este año es un paso crucial para avanzar hacia la materialización de esta esperada ampliación, pero que, a finales de junio y después de tres meses, sigue sin ser una realidad. Una obra que tiene prevista una inversión de unos nueve millones de euros, con un plazo de ejecución indeterminado, aunque aproximado de 36 meses.

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado de España ha aprobado una moción presentada por el Grupo PP en la que se reclama la finalización de la Variante Oeste de Córdoba. La moción ha sido presentada por los senadores cordobeses del PP y defendida por Cristina Casanueva y ha sido aprobada con el voto a favor del Grupo Popular, a pesar de la abstención del PSOE.

En su intervención, Casanueva ha valorado “el consenso social y político de la ciudad de Córdoba con esta infraestructura, muy necesaria para garantizar la pujanza y expansión logística de la ciudad en un enclave estratégico en el sur de España”.

“Córdoba necesita infraestructuras a la altura de la ciudad”, ha subrayado, para remarcar que “necesita una Variante Oeste completa que garantice la movilidad”, para lo cual “el gobierno de Juanma Moreno ya ha hecho su trabajo, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio y durante todos estos años ha desarrollado gran parte del área logística, impulsando nuevas fases que están atrayendo inversión empresarial, empleo y dinamismo económico”.

Si bien, ha lamentado que “ese esfuerzo se está viendo limitado por la inacción y falta de compromiso del Gobierno de Sánchez y Montero, que, pese a las reiteradas peticiones de que se avance en la actualización del proyecto de la Variante Oeste, sólo tenemos titulares de prensa y cero compromisos”.

Tras el anuncio, hace casi un año, del Gobierno central de retomar los contactos con la Junta de Andalucía para la firma del convenio, la senadora cordobesa ha asegurado que “no hay avances significativos; no hay fechas concretas y no hay presupuesto asignado”. “Esto es una tomadura de pelo a los cordobeses que merecen un respeto y que el Gobierno de Sánchez cumpla alguna vez sus compromisos”, ha advertido la popular, quien ha manifestado que “los cordobeses necesitan soluciones, no excusas, y la Variante Oeste es una necesidad cada vez más urgente”.

En la moción del PP se pide al Gobierno materializar la finalización de la Variante Oeste, dotándola de la cantidad presupuestaria correspondiente y licitando la redacción del proyecto necesario en este 2025, y que formalice la firma de un nuevo convenio junto con la Junta de Andalucía, para asegurar la construcción de la Variante Oeste de Córdoba. “La ciudadanía cordobesa no puede seguir sufriendo la falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez y Montero”, ha afirmado.

La senadora popular ha incidido en que “queremos concreción y compromisos, el Gobierno de Sánchez y Montero tiene dinero para lo que quiere, sobre todo si lo piden sus socios, y los cordobeses no podemos seguir esperando más tiempo”.

“El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, licitará el contrato para la redacción del proyecto de la Variante Oeste de Córdoba lo antes posible siempre, y cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan”. A través de esta respuesta parlamentaria, a preguntas de los senadores del PP, el Ejecutivo vincula desbloquear la segunda fase de la Variante Oeste a que haya presupuestos generales del Estado, algo que el propio Gobierno asume que no tendrá ni en este ni en el próximo ejercicio.

La obra es altamente demandada por el Ayuntamiento. La construcción de estos 2,5 kilómetros de carretera enlazarían directamente el centro logístico de El Higuerón con las autovías del Sur y de Málaga (A-45), sin necesidad de dar rodeos por la ciudad. Actualmente, las escasas mercancías que llegan a esta zona tienen que salir en camión por la carretera de Palma del Río (A-431) hacia la Ronda Oeste. Antes, tienen que atravesar una zona (Las Palmeras, Miralbaida) habitada y regulada por semáforos. Hay otra alternativa: atravesar por una carretera en muy mal estado que cruza el Parque Joyero.

El proyecto se abandonó durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la falta de disponibilidad presupuestaria, precisamente. La crisis económica obligó a recortar en obra pública y a frenar todos los proyectos nuevos o en marcha. Además, estos trabajos eran complejos, ya que requerían de un acuerdo con la Junta de Andalucía. La Variante conecta una autovía, de titularidad estatal, con una carretera autonómica (la A-431 a Palma del Río), de titularidad autonómica.

El convenio se firmó en octubre de 2006. Con él se construyó la primera fase, pero se abandonó la segunda. El proyecto estaba redactado y listo para salir a contratación, pero acabó caducando en el año 2015. Ahora hay que empezar de cero.

De hecho, en su respuesta, el Gobierno señala que “desde la Dirección General de Carreteras de dicho Ministerio se mantiene un contacto continuo con la Junta de Andalucía mediante reuniones de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la Variante Oeste de Córdoba, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión del 15 de julio de 2024 y anunciados” a través de una nota de prensa.

No obstante, han pasado ya diez meses sin que de momento se haya iniciado la redacción del estudio informativo previo al proyecto de obra. Para que el estudio se pueda encargar, el Ministerio necesita una partida presupuestaria concreta. Sin nuevos presupuestos, esas partidas no se pueden crear de la nada. El Ejecutivo viene prorrogando sus propios presupuestos, por lo que no puede encargar obras que no haya previsto con anterioridad.

El Gobierno ha respondido a las preguntas escritas formuladas por los senadores del Partido Popular por la provincia de Córdoba, Cristina Casanueva Jiménez, Lorena Guerra Sánchez y Fernando Priego Chacón, ofreciendo detalles sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la provincia. En su respuesta, el Ejecutivo destaca que entre 2012 y 2018 se produjo una pérdida de más de 13.000 efectivos de las FCSE a nivel nacional, con una disminución anual de más de 1.800 agentes. Sin embargo, desde 2018, esta tendencia se ha invertido gracias a ofertas de empleo público con elevadas tasas de reposición (115%, 130% y 125% en los últimos años). El Ministerio del Interior ha ofertado un total de 34.220 nuevas plazas para las FCSE desde 2018.

Esta política, según el Gobierno, está permitiendo incrementar el número de agentes y mejorar la dotación de las plantillas. En la provincia de Córdoba, los efectivos disponibles de la Guardia Civil (incluyendo personal en activo, reserva ocupado y alumnos en prácticas) ascendían a 1.270 a 31 de diciembre de 2024. Esta cifra supone un aumento de 96 efectivos respecto a los que había al finalizar el año 2018.

La respuesta gubernamental explica que la cobertura de puestos no solo depende de las vacantes, sino también del interés de los solicitantes. Se ha observado un mayor movimiento de personal entre plantillas. Desde el 1 de enero de 2019, 155 guardias civiles destinados en Córdoba obtuvieron destino fuera, mientras que 403 efectivos de otras provincias consiguieron destino en Córdoba. Se realiza un seguimiento continuo de la distribución de efectivos y se planifica para un uso eficiente de los recursos.

Vehículos híbridos y eléctricos

Respecto a los medios materiales, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba dispone actualmente de tres cargadores para vehículos híbridos y eléctricos en su acuartelamiento de La Victoria. Además, se está implementando un proyecto nacional para instalar Puntos de Recarga (PdR) en un número determinado de acuartelamientos, lo que supondrá una ampliación en todas las provincias.

En cuanto a los vehículos, la adquisición es centralizada y la distribución se basa en necesidades priorizadas. Desde 2020 se desarrolla un programa de renovación hasta 2027 debido a que el parque de vehículos estaba obsoleto. Esta renovación se ha intensificado con fondos europeos para mejorar la eficiencia energética. La renovación se ha producido en todas las unidades a nivel nacional.

En la Comandancia de Córdoba hay tres vehículos celulares M1 para traslado de detenidos, fabricados entre 2008 y 2013 y con altos kilometrajes. A 31 de marzo de 2025, la flota del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba estaba compuesta por 38 vehículos de cuatro ruedas y 30 de dos ruedas.

La respuesta del Gobierno, fechada el 5 de mayo de 2025, enfatiza la recuperación de efectivos y la inversión en medios materiales como puntos clave de la gestión de las FCSE en los últimos años.

La senadora del Grupo Parlamentario Socialista, María Ángeles Luna, ha criticado “la postura adoptada” por el Partido Popular y Vox en el Senado, al votar en contra de una moción socialista que pedía una “respuesta firme y unitaria” frente a la política arancelaria impuesta por la administración Trump.

En concreto, como detalla el Partido en una nota, en la provincia de Córdoba se verán afectadas 39.000 explotaciones agrarias, entre las que se encuentra 3.331 operadores ecológicos, más de 1.500 explotaciones ganaderas y cerca de 1.000 industrias agroalimentarias, por lo que Luna ha denunciado que “una vez más, la derecha se alinea con intereses ajenos a nuestro país y da la espalda a los sectores productivos que más apoyo necesitan”.

En este sentido, ha denunciado “la falta de compromiso de la derecha con nuestro tejido productivo”, acusando a PP y Vox de “poner una vez más sus intereses partidistas por encima del interés general”.

“Estamos hablando de sectores como el aceite de oliva, el vino, el queso, los cítricos o el acero -ha recordado Luna- que generan empleo, que fijan población en nuestros pueblos, que son marca España en los mercados internacionales. Y cuando el Gobierno actúa para protegerlos, lo mínimo que deberíamos encontrar en la Cámara Alta es unidad, responsabilidad y sentido de Estado”, ha apostillado.

Luna ha subrayado que el Gobierno central “no sólo ha estado a la altura, sino que ha actuado con rapidez, anunciando y desplegando un ambicioso Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial con una inversión de 14.100 millones de euros”.

“Mientras unos actúan con responsabilidad de Estado, otros se dedican a aplaudir desde aquí las ocurrencias proteccionistas de Trump, aunque eso arruine nuestras exportaciones y a nuestros productores”, ha señalado.

Para el Grupo Socialista, el rechazo de esta moción evidencia “la incoherencia” del Partido Popular, que por un lado exige medidas de protección al sector agroalimentario, y por otro vota en contra de iniciativas concretas que precisamente buscan ese fin.

En este sentido, Luna ha requerido respuesta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para saber si respalda la postura de su partido apoyando en el Senado a la política arancelaria de Trump o defiende los intereses del sector andaluz que, sólo en 2024, exportó a EEUU por más los 3.100 millones.

“Con su voto, PP y Vox se han desmarcado de la defensa de los intereses de nuestro país frente a decisiones unilaterales y agresivas de terceros. Lo que hemos visto es un ejercicio de irresponsabilidad institucional que no ayuda ni a los productores, ni a los exportadores, ni al país”, ha aseverado, para concluir alegando que “es inaceptable que la oposición, en lugar de arrimar el hombro, prefiera alinearse con los delirios económicos de una administración estadounidense que ni entiende ni respeta el modelo de comercio europeo. ¿Qué será lo próximo? ¿Apoyar aranceles a la aceituna, al jamón y al aceite porque lo diga Trump?”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado, en respuesta a una pregunta escrita de los senadores del Grupo Parlamentario Popular en la provincia de Córdoba, Cristina Casanueva Jiménez, Lorena Guerra Sánchez y Fernando Priego Chacón, que se ha producido una reducción significativa de la accidentalidad en la carretera N-432 a su paso por la provincia de Córdoba durante el periodo 2018-2023.

La respuesta del Gobierno subraya que en la carretera N-432 en la provincia de Córdoba, una vía convencional de aproximadamente 192 kilómetros con una única calzada y un carril por sentido, que soporta una intensidad media de tráfico (IMD) de unos 5.500 vehículos al día en el periodo 2018-2023, los datos de accidentalidad consolidados de los últimos seis años reflejan una evolución favorable.

Según los datos proporcionados, el número de accidentes con víctimas (ACV) se redujo de 35 en 2018 a 29 en 2023; el número de víctimas mortales (VM) disminuyó de 4 en 2018 a 1 en 2023, lo que representa una reducción del -75,0% en el periodo: el número de accidentes mortales (AM) pasó de 3 en 2018 a 1 en 2023; el número de heridos graves (HG) se redujo de 9 en 2018 a 8 en 2023; y el número de heridos leves (HL) disminuyó de 62 en 2018 a 34 en 2023, lo que supone una reducción del -40,8% en el periodo.

Considerando el volumen de vehículos-kilómetro recorridos, el riesgo de fallecer en un accidente en la N-432 en Córdoba se ha reducido en un -70,0%, pasando de un índice de mortalidad de 1,0 en 2018 a 0,3 en 2023. De esta manera, el Gobierno asegura que actualmente, el riesgo de sufrir un accidente y el de fallecer en el mismo en la N-432 a su paso por Córdoba es un -50,8% y un -70% inferior, respectivamente, al registrado en el conjunto de carreteras convencionales de la red de carreteras nacional.

Finalmente, la respuesta gubernamental indica que, con datos provisionales de 2024 (accidentalidad mortal contabilizada a 24 horas), no se han producido accidentes con víctimas mortales en la N-432 en la provincia de Córdoba. No obstante, se señala que estos datos no están consolidados a 30 días, que es el cómputo definitivo e internacional.

El empresario Cristian Corvillo, afiliado al PSOE en Peñarroya-Pueblonuevo y que el PP sitúa como chófer de Pedro Sánchez en unas primarias para liderar el PSOE, ha evitado responder este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', alegando que desconoce “la posición exacta” que le dan los investigadores en la presunta trama de corrupción.

Corvillo ha tomado la palabra únicamente para reconocer que aparece en “algún informe” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que ha decidido, por ello, “no contestar a ninguna de las preguntas”.

“Entiendo que, como no soy consciente todavía de qué es lo que está sucediendo, deben entender ustedes, y sé que tienen ganas de que yo les cuente cosas, que como no sé la posición exacta que tengo, pues no lo puedo o no lo debo hacer”, ha justificado el empresario, uno de los citados por lo que el PP denomina la “trama andaluza” del 'caso Koldo'.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), ha asegurado que respeta su derecho al silencio, pero ha instado a los futuros comparecientes a especificar el motivo por el que no quieren hablar, “porque luego se pueden ver con una desagradable sorpresa, que la mesa ejerza algún tipo de acción”.

La mayoría absoluta del PP en el Senado le llamó a comparecer por haber sido “el chófer” de Sánchez en unas primarias del PSOE y porque la UCO le “vincula” en la trama de mascarillas y en la de hidrocarburos, así como por ser “amigo de Aldama” y hacer “negocios con él”.

El Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular (PP) para impulsar la conversión de la N-432 en la autovía A-81, a pesar del voto en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según han informado los populares a través de una nota de prensa. La iniciativa busca incluir la construcción de la A-81 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La moción también solicita que se contrate este año 2025 la redacción de los tramos Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente, y que el Gobierno agilice la resolución ambiental del tramo Badajoz-Espiel y responda a las alegaciones presentadas al proyecto de la A-81.

Durante el debate, la portavoz adjunta Inmaculada Hernández lamentó que cada día que pasa sin la autovía se pone en riesgo la vida de los ciudadanos. La senadora Cristina Casanueva acusó al PSOE de no tomar medidas para evitar accidentes debido a sus promesas incumplidas y dejadez. Hernández también señaló que en 30 años solo se han construido 15 kilómetros de los 475 totales de la autovía, lo que consideró “ridículo y vergonzoso”. La conversión de la N-432 en la A-81 se considera una necesidad urgente para mejorar la seguridad vial, impulsar el desarrollo económico y lograr la justicia territorial en Andalucía y Extremadura.

La iniciativa del PP ha contado con el apoyo de asociaciones de transportistas, constructores, cámaras de comercio, ayuntamientos, diputaciones provinciales y el movimiento ‘Juntos por la A-81’. Estos colectivos han insistido en la urgencia de la construcción de la autovía. Según el PP, la falta de avances en la A-81 ha llevado a que Europa excluya a esta vía de la Red Transeuropea de transportes por carretera, debido a la falta de estudios informativos oficiales.

La senadora Casanueva criticó que han pasado siete años sin avances en los proyectos entre Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente, y cuestionó el destino de 3,5 millones de euros destinados a estos proyectos en 2018. Además, acusó al gobierno socialista de retrasar los plazos del proyecto, perjudicando el desarrollo de la región. Javier Márquez añadió que mientras se condonan 15.000 millones de euros a Cataluña, no hay fondos para la A-81, y que Andalucía pierde 1.500 millones de euros anuales en financiación y en inversiones como esta autovía.