Los viajeros que viajan durante la tarde de este miércoles en la estación de Córdoba Central Julio Anguita están sufriendo retrasos de hasta dos horas en numerosos trenes de alta velocidad debido a la coincidencia de varias incidencias en la red ferroviaria, según la información oficial de ADIF.

La situación está afectando tanto a las conexiones con Madrid como a los servicios con destino o procedencia de Sevilla, Málaga, Barcelona, Huelva y Almería. Las demoras se están produciendo por dos problemas diferentes que coinciden en el tiempo.

Por un lado, continúan las consecuencias del robo de material ferroviario registrado en Castilla-La Mancha, que está provocando alteraciones en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. A ello se suma una incidencia en la infraestructura entre Hornachuelos y Guadajoz, en el tramo cordobés de la línea, donde se están realizando trabajos de reparación de la catenaria.

La combinación de ambas incidencias está generando un efecto en cadena sobre numerosos servicios ferroviarios. Entre los más afectados figuran varios AVE y Avlo de Renfe, así como trenes de Iryo y Ouigo.

Algunos servicios acumulan retrasos especialmente significativos. Es el caso del Avlo 02156, que debía salir de Córdoba hacia Sevilla a las 17;03 y cuya salida se ha pospuesto hasta las 19:06. El mismo tren, procedente de Madrid, tenía prevista su llegada a las 17:01 y finalmente no lo hace hasta las 19:05.

También registran importantes demoras el AVE 02360 con destino Sevilla, retrasado más de una hora; el AVE 02162 hacia Málaga, que acumula cerca de 45 minutos; y el Iryo 06014, cuyo paso por Córdoba se ha retrasado alrededor de 40 minutos.

Las incidencias también afectan a las llegadas desde Madrid y Barcelona. El Avlo 02176 procedente de la capital retrasa su llegada media hora, mientras que el Iryo 06014 desde Barcelona Sants llega a Córdoba con cerca de 40 minutos de demora.

Además, algunos servicios Alvia mantienen las alteraciones derivadas de las obras que obligan a completar determinados trayectos por carretera. Es el caso del tren con destino Almería, cuyo recorrido entre Huércal Viator y la capital almeriense se realiza en autobús.

Renfe y los gestores de la infraestructura ferroviaria trabajan para restablecer la normalidad, aunque a última hora de la tarde continúan registrándose retrasos en numerosos trenes con paso por Córdoba.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha exigido este miércoles la dimisión inmediata del Ministro de Transportes, Óscar Puente, tras lo que ha calificado como un “caos absoluto” ferroviario vivido durante la pasada noche. Hay que recordar que el servicio de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla estuvo cortado desde la tarde de este martes debido a la caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria.

Torrico ha denunciado que aproximadamente “800 personas” se vieron obligadas a pasar la noche en la estación de tren de Córdoba “sin alternativas, sin información y sin los recursos necesarios para su supervivencia” en una de las noches más calurosas del año. Aunque el suceso se produjo tras la caída de un cable de alta tensión de una instalación de Endesa, el portavoz popular ha señalado que la gestión de la crisis es responsabilidad directa del Gobierno.

“No se puede tener a 800 personas durante toda una noche sin darle ninguna solución... Eso no es problema de Endesa, sino de quien tiene que gestionar los accesos por ferrocarril”, ha aseverado Torrico, subrayando la falta de atención tanto a los cordobeses como a los turistas afectados.

Para el gobierno municipal, este incidente no es un hecho aislado, sino una “reiteración” de fallos que ya se han convertido en “costumbre”. Torrico ha recordado que los retrasos de horas y las cancelaciones afectan “semanalmente” a las conexiones con Madrid, Sevilla y Málaga. Asimismo, ha afeado al Gobierno central que, cinco meses después del accidente ferroviario en Adamuz, “todavía no se haya informado sobre el estado real” de la infraestructura que conecta Córdoba con las principales ciudades del país.

El portavoz del PP ha descrito al Ejecutivo como “inoperante e incompetente”, acusándolo de estar “ahogado por la corrupción y más preocupado por los juzgados” que por su gestión. En particular, ha criticado que el ministro Puente esté “más preocupado de su cuenta de Twitter que del estado de las vías del ferrocarril”. Por todo ello, la Marca Córdoba estaría, a su juicio “sufriendo un daño tremendo”, y ha vuelto a insistir en la dimisión del titular de Transportse. “Alguien tiene que dimitir. El ministro tiene que hacerlo, y no ahora, sino que lo tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo”, ha sentenciado.

El corte del servicio de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla de este martes por la tarde estuvo provocado por la caída de un cable de alta tensión sobre la catenaria. Este incidente además provocó un pequeño incendio en la zona, pero graves daños al sistema de la catenaria, que obligó a cortar el tráfico de alta velocidad y también el de ancho convencional.

El incidente se produjo en el paraje de Guadajoz, en la provincia de Sevilla pero próximo a la de Córdoba. En una vía de servicio anexa a las vías del AVE circulan también cables de electricidad de alta tensión, propiedad de Endesa. Por causas que se están investigando, uno de esos cables se soltó de una de las torres y cayó sobre la vía. En la caída, provocó graves daños sobre la catenaria tanto de la línea de alta velocidad como la convencional, que en ese punto también discurren de manera paralela.

Aparte, el cable tocó el suelo y una zona de forraje anexa a la vía de servicio. Esto a su vez provocó un incendio de pastos, que hubo que apagar antes de que se pudiera actuar sobre la catenaria afectada. Todo ocurrió a las 19:47. A esa hora, todo el tráfico quedó interrumpido completamente.

Técnicos de Adif han trabajado durante la madrugada para restablecer la normalidad a la vía, algo que no ha ocurrido hasta poco después de las 7:00 de la mañana. Renfe ha ido recuperando la normalidad del servicio, pero los primeros trenes de Iryo y Ouigo han tenido que ser suprimidos.

Por la noche, y aunque se establecieron transbordos en autobús, muchos pasajeros tuvieron que dormir en las estaciones de Sevilla, Córdoba o Madrid, que estuvieron abiertas.

El personal a bordo de los trenes que se aseguran que todo vaya conforme a lo establecido en el corredor Sevilla-Córdoba-Jaén registró un total de 1.200 incidencias a lo largo del año 2025, según ha podido comprobar este periódico en una respuesta del Gobierno de España a senadores populares. Estas comunicaciones, realizadas por los interventores que son el primer punto de contacto con el usuario, tienen como objetivo principal la detección de oportunidades de mejora en tiempo real para optimizar la calidad del servicio ferroviario.

Además, el Ejecutivo ha explicado que la tipología de estas 1.200 incidencias es variada y no se limita exclusivamente a retrasos -aspecto muy demandado, de hecho, por los usuarios que cogen trenes diariamente. Tanto es así que los registros incluyen desde aspectos relacionados con el funcionamiento del material rodante -como problemas en enchufes, bandejas o servicios de los vagones- hasta gestiones directas con los clientes, tales como la coordinación de conexiones ferroviarias o situaciones específicas que requieren un seguimiento por parte de la compañía.

El Gobierno de España ha contextualizado este flujo de incidencias dentro de la actividad habitual de mantenimiento y renovación de las infraestructuras. Además, ha señalado que muchas de las actuaciones de Adif se realizan en bandas horarias determinadas sobre vías que se mantienen en funcionamiento para evitar cortes totales del tráfico, por lo que estas intervenciones también hacen que las incidencias aumenten mientras duran los trabajos.

En lo relativo a la seguridad, el informe gubernamental ha detallado también la gestión de los denominados Partes de Información de Riesgos de Seguridad en la Circulación (PIRSC). Cuando el personal detecta un riesgo asociado a la infraestructura, este se traslada a Adif para su estudio y resolución. En el periodo analizado, se hace referencia a un grupo de 11 PIRSC específicos, de los cuales tres han sido recientemente resueltos, quedando todavía ocho expedientes pendientes de notificación oficial sobre su resolución final.

Para hacer frente a estas situaciones y normalizar el servicio ante cualquier contratiempo, Adif dispone de un Plan de Contingencias registrado ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Este plan protocoliza la respuesta integral ante emergencias, incluyendo la gestión de planes alternativos de transporte y la activación de recursos de intervención.

En el marco de un futuro donde las reaperturas de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río puede llegar a ser una realidad si el estudio informativo da sus frutos, el Gobierno de España, de momento, ha cerrado la puerta para Montilla en este 2026. El Ejecutivo ha respondido a una pregunta de senadores populares y ha explicado que el apeadero de dicha localidad cordobesa no se recuperará para el presente año. De hecho, no existe un plan de ejecución inmediata, supeditando cualquier movimiento a una serie de condicionantes técnicos y económicos que alejan la reapertura a corto plazo.

Para justificar esta posición, el Gobierno de España ha argumentado que la prestación del servicio de viajeros en Montilla requeriría, en primera instancia, “un análisis complejo de la demanda potencial”. Este estudio debería centrarse en la distribución actual de la población y, de manera específica, en los flujos de movilidad cotidiana de todo el entorno afectado. Por tanto, el Ejecutivo ha explicado que es necesario entender cómo se desplazan los habitantes de la zona antes de “comprometer recursos en una parada que ha permanecido inactiva para el transporte de pasajeros”.

Por otro lado, el Ejecutivo ha señalado que también es necesario saber con claridad la disponibilidad de material rodante y de personal especializado para cubrir el servicio. Además, se ha advertido de un posible efecto colateral: la inclusión de una nueva parada en la estación de Montilla puede suponer un incremento del tiempo de viaje para el resto de los usuarios. Esto obligaría a un acondicionamiento previo de la infraestructura para tratar de garantizar los tiempos de viaje.

También existe el factor económico, que es una traba notable en este sentido. La respuesta del Gobierno de España a los senadores populares ha dejado claro que cualquier avance está condicionado a la “disponibilidad presupuestaria”, sobre todo después de que no haya Presupuestos del Estado para 2026 y todavía está por ver en 2027.

No obstante, el Ministerio de Transportes ha querido matizar que evalúa “continuamente” los intereses de la población con el objetivo de satisfacer sus necesidades de transporte, asegurando que se tendrán en cuenta en el análisis de futuras modificaciones o ampliaciones de los servicios sujetos a obligaciones de servicio público.

Actualmente, el Ejecutivo está realizando el estudio informativo de reapertura de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río, dejando a un lado la de Montilla que, por el momento, no será una realidad tangible en este 2026.

El Gobierno de España ha confirmado a través de una respuesta en el senado que tiene planeado una iniciativa para llevar a cabo una renovación de los sistemas de información en la estación de tren Córdoba - Julio Anguita. Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, se estima que el contrato para el suministro e instalación de los nuevos paneles informativos pueda formalizarse en el primer semestre de 2027, una vez se complete el proceso de licitación y adjudicación correspondiente.

A la pregunta de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de España ha explicado que Adif ya tenía conocimiento previo de las deficiencias, las que han venido afectando la experiencia de los usuarios de la alta velocidad en la capital cordobesa. A pesar de que se dieron instrucciones a la empresa encargada del mantenimiento según el Ejecutivo, las intervenciones se han topado con dificultades operativas mayores debido al estado de la tecnología actual.

De hecho, Adif ha reconocido que existe una obsolescencia de la tecnología utilizada en los actuales teleindicadores de la vía. Todo ello se incrementa debido a que la mayoría de los materiales de repuesto necesarios para estas pantallas están actualmente descatalogados. Es por ello que, ante la imposibilidad de mantener los equipos viejos, la Subdirección de Estaciones Sur ha optado por promover un nuevo proceso de licitación que incluye a más estaciones que únicamente a la de Córdoba.

Mientras se espera a que la renovación sea efectiva en 2027, la administración ferroviaria asegura que se siguen empleando los recursos disponibles para reparar las averías existentes de forma provisional. De hecho, se ha informado de que todavía se mantienen algunos teleindicadores operativos en los mismos andenes para tratar de minimizar el impacto en los viajeros.

Para compensar los fallos visuales, Adif ha reforzado otros canales de comunicación en la estación. Actualmente, la información sobre las circulaciones se está garantizando mediante el uso de códigos QR, el sistema de megafonía de los andenes y la asistencia presencial del personal del servicio auxiliar situado en los accesos a las vías.

Adif ha licitado, por importe de 3,3 millones de euros, un contrato para la instalación de más de 30 km de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria convencional de Andalucía, a su paso por las provincias Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga.

Según ha informado Adif en una nota, en concreto, en la línea Córdoba-Sevilla, se actuará en el entorno de los municipios de Córdoba y Peñaflor (Sevilla); y en la línea Bobadilla-Algeciras en los municipios de Ronda, Cañete La Real, en la provincia de Málaga, y en los municipios gaditanos de Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque y Algeciras.

La actuación responde a la necesidad de reforzar la protección de la traza ferroviaria debido al crecimiento de la estructura urbana en estos municipios, con el fin de “disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías y de la creación de pasos viciosos”. De esta forma, “se incrementan las condiciones de seguridad” tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias.

Por último, estas actuaciones contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible tres (Salud y Bienestar), nueve (Industria, Innovación e Infraestructura) y once (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La juez de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro ha desestimado la recusación promovida por una de las partes contra dos de los peritos designados judicialmente. En un auto fechado este miércoles, 10 de junio, la instructora de la causa señala que la recusación de peritos en el procedimiento penal exige la concurrencia de interés concreto, objetivable y jurídicamente relevante, según han informado fuentes jurídicas.

En este sentido, indica que uno de los peritos fue recusado por ser socio de una mercantil dedicada, entre otras labores, a la ejecución de trabajos de peritaje y certificados de calidad de diferentes proyectos, siendo uno de ellos las obras de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz, reforma que en su día resultó adjudicada a la mercantiles Ferrovial y Azvi. Pero la jueza indica que finalmente realizó trabajos para una empresa que no fue adjudicataria de dicho proyecto.

Pese a ello, explica que “no se puede entender en ningún caso que una intervención y/o relación eventual o puntual del perito, a través de empresas de las que ostenta su representación legal o resulta accionista, con empresas vinculadas a las obras llevadas a cabo en la vía férrea afectada por el siniestro, puede conllevar la certeza en la afirmación de la existencia de su interés directo o indirecto que pueda afectar a su imparcialidad como técnico especialista en una materia”. Así, incide en que no consta acreditada relación de subordinación laboral o de dependencia económica respecto de tales empresas.

También recuerda que una de las exigencias impuestas para la formación de las listas de peritos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para su posterior insaculación, fue exigir a los peritos más de 15 años de ejercicio profesional y conocimientos específicos en el ámbito ferroviario, “resultando, por propia lógica, extremadamente complicado que tales peritos a lo largo de su carrera profesional no hayan mantenido algún tipo de relación puntual con las empresas que normalmente intervienen en la realización de este tipo de obras y proyectos de gran envergadura”.

Por lo que respecta al segundo perito, “la pretensión de la recusante se basa exclusivamente en lo manifestado por el perito el día que se llevó a cabo la aceptación del cargo, sin que, al igual que en el caso anterior, resulte acreditado por la recusante la existencia de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta o interés directo o indirecto del perito”.

El perito manifestó que es funcionario de la Junta de Castilla la Mancha y en su relación de prestación de servicios como funcionario público y como jefe de la sección de explotación de carreteras ejerce labores de coordinación en la reparación de un puente de la Consejería de Fomento sobre un ferrocarril de ADIF, ello deja claro que “no ostenta relación de dependencia o subordinación económica, estatutaria, profesional o laboral alguna respecto de esta empresa pública como se sostiene por la recusante”.

La jueza concluye que “no toda relación puntual, eventual y absolutamente tangencial con entidades que intervinieron en la reforma del tramo afectado por el accidente determina por sí la existencia de un interés directo o indirecto que puede suponer una pérdida de imparcialidad objetiva”.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha propuesto a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, instalar cuatro contenedores de acero en su Base de Mantenimiento de Hornachuelos para introducir en ellos el material depositado en la base y bajo custodia de Adif, de cara a “mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación”.

Así lo expone Adif en un escrito al juzgado del día 22 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que mediante providencia de 18 de marzo, notificada el día 20 de marzo, se designó a Adif como depositaria del material recogido, precintado y trasladado a la Base de Hornachuelos, “con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial”.

Al respecto, pone en conocimiento del órgano judicial que la Base de Mantenimiento de Hornachuelos se encuentra ubicada dentro de la Línea 010 Madrid-Sevilla, que tiene un único acceso desde la carretera A-431 y se encuentra perimetralmente cerrada mediante un cerramiento con muro, así como las zonas laterales con malla galvanizada.

En relación con los contenedores que proponen, explican que quedarán instalados en la misma ubicación donde se encuentra el material depositado actualmente para emplear el mismo sistema de videovigilancia implantado y estarán cerrados con candados.

En este sentido, Adif detalla que dispone de una vigilancia interna con tres cámaras IP de alta resolución conectadas en tiempo real con el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Sevilla. Todas las imágenes captadas por estas cámaras se grabarán en un equipo digital que permitirá su recuperación con una antigüedad de hasta 30 días.

Ante ello, indican que si la jueza autoriza esta propuesta, bajo las medidas que estime oportunas, Adif informará con carácter previo al órgano judicial y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil del momento exacto del traslado del material ya acopiado al interior de los contenedores, por si se estimara necesaria la presencia de los agentes en este acto.

Como respuesta, la Letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del día 22 de mayo, por el que se proponen estas medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha remitido un nuevo escrito al Gobierno central en el que le reclama información, diálogo y el impulso a proyectos claves de ciudad paralizados por organismos dependientes de la Administración central, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que se le solicita, en primer lugar, que reconsidere su negativa a participar en la mesa técnica sobre inundaciones de Córdoba para la prevención de incidentes en el entorno de este cauce en el término municipal.

Capítulo aparte, en una nota el CMC recuerda la necesidad de abordar las fases que faltan del encauzamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, un proyecto que quedó a medias hace 25 años y que será preciso actualizar para evitar inundaciones y desalentar las ocupaciones de las orillas del río.

Otras dos cuestiones claves son la limpieza y buen estado de los cauces de los arroyos de La Sierra que desembocan en el río, fuente de continuas situaciones de riesgo, y el muy reclamado soterramiento del Canal del Guadalmellato a su paso por la ciudad, particularmente en la zona de expansión del casco urbano por el Oeste.

Solar de la antigua prisión

Otro eje de las demandas del CMC a la Administración central gira en torno al solar para la antigua prisión de Córdoba, en el barrio de Fátima, clave para esta zona de la ciudad y que quedó bloqueado tras un primer intento fallido en 2023 para licitar la urbanización por parte de la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciario y de la Seguridad del Estado (Siepse).

Su actual titular, Sepes, junto a la financiación del Ministerio de Vivienda, es ahora el organismo que debe ejecutar el proyecto de urbanización que permitirá crear en las casi 2,5 hectáreas del solar unos 15.569 m2 de zonas verdes y espacios libres, 4.028 m2 para equipamientos (incluido el centro cívico ya en uso), 1.204 m2 de viales y, la cuestión más importante para el barrio y la ciudad, un área de 5.390 m2 donde Vimcorsa construirá 236 viviendas.

Respecto a Adif

También la sociedad de infraestructuras ferroviaria Adif tiene una lista de proyectos pendientes en la ciudad, más allá habilitar estaciones de cercanía en el entorno del Parque Joyero y de Fátima (se sigue rechazando la propuesta de la avenida de la Igualdad por estar muy próxima a la propia estación central Julio Anguita), además de cuestiones como el paso subterráneo bajo las vías que divide a Villarrubia, permitir la instalación de toldos en el viaducto de Electromecánicas o desbloquear la reconversión del trazado de la antigua línea de Almorchón, entre Córdoba y Cerro Muriano, como vía verde.

Capítulo aparte está la necesidad de un pequeño ‘Plan Renfe’ que elimine y ponga el valor los terrenos de vías en Alcolea, que sigue hipotecando el futuro de la barriada y para la que la ciudadanía demanda una solución hace décadas.

El futuro de la comisaría

Por otra parte, señalan que una cuestión puntual, pero no menos importante para La Fuensanta y el distrito Sureste, es el futuro de la Comisaría del Campo de Madre de Dios, que dejará de tener funciones a finales de años o en 2027 tras la construcción de la nueva comisaría de Policía.

Al respecto, el CMC ya ha sido informado de que no hay un uso previsto para el inmueble, con un difícil reaprovechamiento del inmueble dado su deterioro y porque la propiedad del terreno está compartida desde la antigüedad con una mutualidad, por lo que se tendrá que estudiar una solución al efecto.

Sin embargo, el CMC, que por otro lado agradece la información recibida, teme que el edificio quede en el abandono y pueda ser objeto de ocupación, algo en lo que La Fuensanta tiene variados y siempre conflictivos antecedentes como lo fue el antiguo cine o, actualmente, la iglesia Madre de Dios.

Ante esta situación, el Consejo pide que se prevea la vigilancia de la comisaría tras su cercano cierre y que, además, se plantee ya el derribo del edificio para posteriormente, y una vez resueltos los problemas de titularidad del solar, se destine a un nuevo equipamiento consensuado con el consejo de distrito Sureste y el movimiento ciudadano en general.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla han registrado desde primera hora de este miércoles 27 de mayo retrasos por una incidencia en los sistemas de desvíos a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Así lo informaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en su mensaje publicado a las 7:45 en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia “lo antes posible”. Más tarde, a las 11:15, Adi ha dado por solucionada la incidencia y se recuperaba la normalidad en los trenes que circulaban por la zona.

Se trata de la segunda incidencia en la línea de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que afecta a la señalización también en Almodóvar del Río que ha quedado solucionada sobre las 6:00.

l Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha pedido a la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, que le conceda autorización para la ejecución de tareas de mantenimiento a unos metros de donde se produjo el accidente, en torno al kilómetro 318,681.

Según recoge el escrito de Adif, al que ha tenido acceso Europa Press, se consideran “tareas que no alteran la infraestructura ferroviaria”, si bien han solicitado “respetuosamente al Juzgado que autorice a Adif para la ejecución de trabajos en el sistema de detección del comportamiento dinámica del pantógrafo ubicado entre el perfil 317-35 (punto kilométrico 317,830) al perfil 317-39 (punto kilométrico 317,935), así como en otros elementos auxiliares asociados a su funcionamiento e infraestructura de soporte”.

Al respecto, se expone que “estos trabajos requerirán corte de alimentación en catenaria y programación en horario nocturno por ser condiciones indispensables para realizar la actuación con las debidas garantías de seguridad y compatibilidad con la explotación ferroviaria”. En caso de ser autorizadas, detallan que “las actuaciones serán llevadas a cabo por el personal de la empresa contratista (Elecnor) en coordinación con Adif”.

Previamente, recuerdan que el 27 de enero, el Juzgado autorizó a Adif y al personal de las empresas contratadas por ésta a “acceder a la zona afectada por el siniestro con maquinaria pesada, medios técnicos y personal especializado al objeto de ejecutar las labores de reconstrucción y reparación necesarias en la infraestructura para restablecer el servicio ferroviario, por tratarse de actuaciones urgente y de interés general, en la forma establecida en el Fundamento de Derecho Segundo de esta resolución”.

Con posterioridad, mediante providencia de 4 de marzo, se requirió a Adif para que, “sin perjuicio de la autorización concedida, se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial”, de ahí esta solicitud, fechada el día 23 de abril.

La Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) impulsada por el PP en el Senado arrancará el lunes, 27 de abril, con una primera comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.

Barrón intervendrá a las 11:30 y a las 16:00 comparecerá el presidente de Adif, Pedro Marco, mientras que el jueves 30 será el turno del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ya avanzó el jueves desde Cartagena el arranque de esta comisión, argumentando que “los españoles merecen saber qué pasó en Adamuz y en Barcelona y tendrán que rendir cuentas en el Senado quienes más cerca estuvieron de esos hechos”.

El PP ya planteó un listado de hasta 73 personas para comparecer en esta comisión, entre los que se encuentran el ministro de Transportes, Óscar Puente; sus antecesores en el cargo, Raquel Sánchez y José Luis Ábalos --junto con el exasesor de este último, Koldo García--; o al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y su predecesora, Isabel Pardo de Vera.

El presidente de Renfe también comparecerá el martes el Congreso de los Diputados, en ese caso dentro de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y a iniciativa propia, en la que ya han comparecido Óscar Puente y Pedro Marco, también a iniciativa propia y para rendir cuentas de estos accidentes.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

En el de Gelida, uno de los trenes Rodalies de Renfe colisionó el 20 de enero con los restos de un muro que se había desplomado sobre las vías a consecuencia de las fuertes tormentas, que resultó en la muerte de uno de los maquinistas y en otras cinco personas heridas graves.

Vox ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) por la presunta modificación y/o destrucción de pruebas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, por la supuesta comisión de delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento.

El escrito se basa en un informe de la Guardia Civil que recoge actuaciones sobre material probatorio ya intervenido y precintado, que “no contaban con autorización judicial expresa ni con supervisión de los responsables de la custodia”. Según la denuncia de Vox, dicho material quedó “debidamente agrupado, cubierto, señalizado y precintado”, aunque posteriormente los agentes constatan que quedó “sin vigilancia, tanto de personal como de grabación”.

Vox sostiene que estas actuaciones “introducen un riesgo cierto de alteración, contaminación o pérdida de integridad de la prueba”, algo que “podría comprometer la investigación del siniestro”. Asimismo, el escrito señala que las instrucciones “venían dirigidas de forma directa de la Presidencia de Adif” y se habrían ejecutado “sin dar cuenta a la autoridad judicial”.

Por ello, la formación solicita la práctica de diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, al considerar que “lo ocurrido podría haber afectado de forma grave a la investigación del accidente y al derecho a conocer la verdad de lo sucedido”. Vox advierte de que “la posible alteración o retirada de pruebas compromete el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades”.

La empresa Redalsa, contratada por Adif, ha remitido un informe aclaratorio en el que rebate las conclusiones recogidas por la Guardia Civil en relación con la experiencia de los técnicos que verificaron las soldaduras en el tramo donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía sostiene que ambos operarios contaban con la capacitación y experiencia exigidas, y atribuye la controversia a una “interpretación incorrecta” tanto de la normativa técnica como de los requisitos administrativos por parte de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación.

El origen de la discrepancia se encuentra en un punto concreto del informe elaborado por los guardias civiles, donde se cuestiona que los dos técnicos encargados de la auscultación ultrasónica cumplieran con el requisito de acreditar al menos dos años de experiencia en trabajos de análisis de material ferroviario. Según la Guardia Civil, los certificados aportados no demostraban de forma clara ese periodo mínimo, lo que motivó la apertura de gestiones para verificar su trayectoria profesional.

Frente a ello, Redalsa defiende que esta interpretación no se ajusta a la normativa vigente. En su respuesta, la empresa subraya que los trabajos de inspección se rigen por la norma “UNE-EN ISO 9712:2023”, que regula la certificación de los técnicos en ensayos no destructivos. Esta normativa establece que, para obtener la acreditación de nivel 2 en ultrasonidos, los profesionales deben haber superado un proceso que incluye formación teórica, examen oficial y, de forma imprescindible, la acreditación previa de experiencia industrial supervisada.

En este sentido, la compañía explica que esa experiencia no se computa únicamente desde la fecha de expedición del certificado, sino que incluye el periodo previo necesario para acceder a la certificación. En concreto, para alcanzar el nivel 2 se exige un mínimo de 240 días de experiencia —equivalentes a 1.920 horas—, lo que, según Redalsa, garantiza que el técnico ya dispone de la pericia necesaria antes incluso de obtener el título oficial.

A partir de este marco, la empresa sostiene que ambos trabajadores cumplían sobradamente con los requisitos. En el caso de uno de ellos, con certificación de nivel 2 desde 2004, su experiencia estaría fuera de toda duda. Respecto al segundo técnico, certificado en 2023, Redalsa detalla que contaba con la formación y la experiencia exigidas, además de desempeñar su labor bajo la supervisión directa de un técnico de nivel 2, tal como permite la propia normativa.

El informe también incorpora certificados laborales que acreditan horas de trabajo en ensayos ultrasónicos en distintos periodos, incluyendo más de mil horas en una empresa anterior y cerca de un millar adicional en Redalsa, siempre bajo supervisión cualificada. Para la compañía, estos documentos demuestran de forma “fehaciente” la trayectoria profesional del operario.

La interpretación del pliego

Otro de los puntos clave de la respuesta se centra en la exigencia de los dos años de experiencia mencionada por la Guardia Civil. Redalsa argumenta que ese requisito no tiene carácter técnico directo sobre la ejecución de los trabajos, sino que procede de un pliego de condiciones administrativas de una licitación de Adif. Según la empresa, dicho pliego fija criterios de solvencia para las empresas que concurren a concursos públicos —como disponer de personal cualificado en plantilla—, pero no establece condiciones adicionales para cada intervención concreta ni sustituye a la normativa técnica aplicable.

Así, la compañía insiste en que la investigación estaría confundiendo un requisito administrativo general con las exigencias reales para la realización de ensayos ultrasónicos, que son las recogidas en la norma UNE. En el caso de las actuaciones en Adamuz, Redalsa asegura que se cumplió estrictamente con esta normativa, al asignar un equipo formado por técnicos cualificados de nivel 2.

Además, la empresa recalca que los trabajos no solo fueron ejecutados por personal acreditado, sino que también estuvieron supervisados y validados por el responsable de calidad de la compañía, igualmente certificado en ultrasonidos de nivel 2. Este control adicional, según el informe, garantiza la trazabilidad y la fiabilidad técnica de las inspecciones realizadas.

Mientras tanto, el Juzgado de Instancia número dos de Montoro, encargado de la instrucción judicial del accidente, sigue a la espera del nombramiento de los tres peritos judiciales independientes que tienen que analizar e interpretar toda la información técnica que llegue.

El último atestado de la Guardia Civil de Córdoba en el que informa a la jueza de Montoro sobre el avance de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas, señala que el carril que provocó el accidente ya dio síntomas de anomalías 24 horas antes. La ampliación de las diligencias, a las que ha tenido acceso este periódico, apunta a un sistema de la empresa estatal Adif que detectó una incidencia a las 21:45 del 17 de enero, un día antes del siniestro, pero que no alertó al no superar el umbral de alarma.

En concreto, el informe se refiere al Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM), un dispositivo que Adif tiene conectado a las vías y que se puede consultar en su base de Hornachuelos (a unos 40 kilómetros del lugar del accidente). Este sistema “solo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ocupación (0,780V)”, según detallan los agentes encargados de la investigación. Es decir, ese umbral alertaría de una fractura y automáticamente el tráfico ferroviario quedaría frenado.

“En el caso de Adamuz, el sistema SAM registró una caída brusca de tensión (0,5V) la noche del 17 de enero de 2026, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento”, recogen los agentes, que agregan que por su propia “configuración” el sistema recogió el incidente de manera “pasiva”. “El sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria y Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”, agregan los investigadores.

Este sistema está configurado para alertar a partir de ciertos umbrales. Y solo es consultado cuando el umbral no ha saltado en los casos en los que se reporte una incidencia en la vía o por obras de mantenimiento.

Según los datos que Adif ha enviado a la Guardia Civil, desde las 21:46 del 17 de enero se constata que se produce un descenso de la corriente normal que tiene que haber en la vía, 2V, hasta los 1,5V. Desde esa hora, la tensión “no se recupera” hasta que a las 19:43 del día siguiente se produce el accidente ferroviario. En ese momento, “la tensión ya queda a cero”, relatan los agentes.

Que la tensión bajase 0,5V durante prácticamente 24 horas es algo “no habitual”, según incide la Guardia Civil a través de los diferentes registros de Adif. Por eso, sostienen que “habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por el tiempo que se mantiene en esos niveles no habituales y por la gravedad de las consecuencias, puesto que una de ellas es la rotura del rail”.

El informe de la Guardia Civil apunta a los sistemas de prevención. Los agentes destacan que la auscultación ultrasónica de los carriles, el método principal para detectar microfisuras internas, ofrece una “fiabilidad general baja”. A pesar de que se identificaron defectos superficiales previos en las cercanías del lugar del accidente (como en los puntos kilométricos 318,205 o 318,748), el sistema no fue capaz de prever la fractura súbita.

Los investigadores también preguntaron por estos sistemas a la empresa Redalsa (contratada por Adif) por los datos brutos de las inspecciones de 2025. La mercantil ha comunicado que no dispone de registro digital de dichas pruebas, calificándolo como “técnicamente inviable” debido al tamaño de los archivos y las limitaciones de los equipos manuales. Esta carencia impide a los investigadores verificar si se pasó por alto algún indicio crítico meses antes del choque, como por ejemplo un defecto de aceleración vertical detectado el 21 de noviembre de 2025 en el mismo punto del accidente.

Adif asegura que estos circuitos no son un sistema “para determinar la rotura de un carril”

Fuentes de Adif han asegurado a este periódico que “los circuitos de vía no son un sistema para determinar la rotura de un carril, sino un sistema exclusivo para determinar el posicionamiento de un tren”, en referencia a las diligencias de la Guardia Civil.

La empresa estatal ha concretado que el 17 de enero, unas 22 horas antes del accidente, se detectó “una caída de tensión en el circuito de vía” donde se produjo el descarrilamiento. Pero “no una rotura de la vía”.

Las fuentes detallan que “la tensión pasa de 2,2 a 1,5 V.Esta variación de 0,7 V puede ser coincidente con diferentes incidencias que no tienen porque ser una rotura de vía”, ha detallado. Así, como referencia, las fuentes sostienen que “el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es de una caída de tensión de 1 V, es decir, menor que lo que se ha medido: el sistema no detectaba en ningún caso una ocupación del circuito de vía”.

Aún se desconoce la causa que provoca la fractura del carril

En su informe, fechado el pasado 28 de marzo, la Guardia Civil señala que aún se desconoce la causa que provocó la fractura del carril o de la soldadura que a su vez motivó el accidente ferroviario. El Iryo que circulaba por la zona afectada descarriló y sus coches acabaron impactando contra un Alvia que viajaba hacia Huelva en la vía contraria. No obstante, los agentes tienen cada vez más claro qué fue lo que no ocurrió.

Los agentes señalan ya como “principal línea de investigación” la rotura del carril o de la soldadura, pero descartando que se debiera a una acción de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas. También consideran como “muy altamente improbable” que la causa de la fractura estuviera en “una pieza en la vía” que “diera lugar al accidente”. Adif encontró varias piezas sueltas en el interior de un túnel a escasos metros del siniestro. Esas piezas habían provocado daños en la infraestructura. La Guardia Civil rechaza esta tesis, aunque no la descarta del todo.

Dudas sobre las soldaduras y la “fe de erratas” de ADIF

Uno de los puntos más polémicos de la investigación se centra en la soldadura del punto kilométrico 318,681, identificada como el posible origen de la rotura. Según la normativa de Adif, en ese punto se debió emplear un kit de soldadura R260, pero los registros originales indicaban el uso de un kit “350HT”, inapropiado para esa configuración.

Ante esta irregularidad, ADIF presentó una “fe de erratas” el 29 de enero de 2026, alegando que el soldador cometió un error manual al anotar los kits, intercambiando las posiciones de las soldaduras en el parte. Sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha alertado al juzgado sobre incongruencias severas en la documentación remitida por la asistencia técnica Ayesa. Según la CIAF, existen dudas razonables sobre la validez de las firmas en los documentos —que no son ni manuscritas ni electrónicas— y se han detectado fallos en el control de versiones, con fechas que no concuerdan con la secuencia lógica de los trabajos.

La cajas negras

Gracias al volcado de los registradores técnicos (cajas negras) de RENFE y la CIAF, el atestado ha podido reconstruir los últimos segundos de la tragedia con precisión milimétrica. La colisión se produjo en un intervalo de cuatro segundos, entre las 19:43:37 y las 19:43:41.

En el momento del impacto, el tren Alvia circulaba a 208,150 km/h. El sistema de seguridad LZB llegó a activar el frenado de emergencia al detectar la presencia del tren Iryo invadiendo la vía, pero la velocidad y la proximidad hicieron que el choque fuera inevitable y “totalmente sorpresivo” para el maquinista del Alvia, quien falleció en el acto sin tiempo de reacción.

Para cerrar la instrucción, la magistrada Cristina Recover Pastor tiene pendientes varias diligencias clave. Por un lado, se espera la designación de peritos judiciales especializados que puedan analizar con imparcialidad la compleja documentación técnica de Adif y Ayesa.

Por otro lado, la jueza ha denegado provisionalmente a la CIAF el traslado de las muestras de soldadura a sus laboratorios en Madrid para evitar que se realicen ensayos destructivos sin control judicial. Estos análisis, que implican la fragmentación del metal para estudiar su microestructura, solo se autorizarán una vez que los peritos designados por el juzgado estén presentes, garantizando así la integridad de una prueba que será definitiva para dirimir las responsabilidades penales del caso.

En el marco de la investigación por el accidente ferroviario de Adamuz, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha remitido un informe detallado a la jueza del Tribunal de Instancia número dos de Montoro, Cristina Recover Pastor, para explicar los motivos técnicos que llevaron a la sustitución de varios tramos de vía el pasado mes de marzo. La respuesta responde a una providencia judicial que exigía aclarar por qué se retiró un carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (el accidente se produjo en el punto 318,693, es decir a 1.429 metros de distancia) , así como identificar a los responsables de dicha decisión. Adif informó a la jueza de que iba a retirar ese tramo de vía. Y lo hizo antes de que la magistrada le contestase y le instase a no hacerlo antes de un plazo de 15 días.

Según la documentación aportada en el juzgado, y a la que ha tenido acceso este periódico, la sustitución no se debió a un fallo estructural evidente, sino a la imposibilidad de acreditar la procedencia y calidad del material. El director técnico de Talleres Alegría (empresa integrante de la UTE suministradora), detectó el 23 de febrero de 2026 que el carril instalado físicamente (identificado con la colada 312592104A) no figuraba en las notas de entrega del pedido ni en la certificación de origen. El director envió un correo electrónico urgente al fabricante, ArcelorMittal, en el que recomendaba sustituir ese tramo de vía lo antes posible.

Ante esta discrepancia, el fabricante ArcelorMittal comunicó que no podía confirmar la certificación del raíl y recomendó a Adif en otro correo electrónico, también considerado como urgente, su reemplazo preventivo. La empresa siderúrgica calificó la recomendación de “encarecida” y solicitó la retirada del material con “carácter urgente” siguiendo sus protocolos internos de seguridad. La sustitución se llevó a cabo finalmente durante la noche del 3 al 4 de marzo, tras ser autorizada por la Presidencia de ADIF a petición de la Dirección de Mantenimiento.

Sustitución de un segundo tramo de 42 metros

La magistrada también solicitó aclaraciones sobre el cambio de otros 42 metros de carril en un punto contiguo (entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342). Adif ha justificado esta medida por la necesidad de “homogeneizar las características mecánicas” de la vía, especialmente la dureza de ambos hilos del carril.

El informe aclara una confusión inicial sobre la identificación de este segundo cupón de vía. Aunque en un primer momento se identificó como colada 524053, se ha comprobado que el número real es 521053. El error se debió a que el tercer dígito del troquel (un '1') estaba invertido, lo que llevó a los técnicos de campo a confundirlo con un '4' durante la revisión visual.

En sus alegaciones finales, Adif sostiene que estas actuaciones forman parte de la actividad ordinaria de mantenimiento de la línea. El organismo subraya que la sustitución de los carriles no guarda relación con las causas del accidente ni supone una alteración de pruebas relevantes para la causa, dado que la circulación ferroviaria ya había sido reabierta en el momento de los trabajos. No obstante, la jueza ha ordenado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba que investigue si estos posibles defectos de trazabilidad podrían extenderse a otros tramos de la vía.

Un proyecto necesario para adaptar una de las vías de mercancías más importante a nivel nacional. Según una respuesta oficial del Gobierno en el Senado, el proyecto para dotar a la terminal de Córdoba Mercancías -o estación de Higuerón- de una vía de 740 metros de longitud útil se encuentra en fase actualmente de supervisión. Esta infraestructura es considerada una pieza crucial para el funcionamiento de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, permitiendo que dicha ubicación se integre plenamente en este corredor estratégico.

Las actuaciones previstas en la terminal cordobesa incluyen dos intervenciones principales. Por un lado, se construirá una vía específica diseñada para el cambio de tracción de los convoyes, y por otro, se acometerá una remodelación integral de la terminal para habilitar múltiples vías de 740 metros destinadas a labores de carga, descarga, recepción y maniobra. Para maximizar la eficiencia del nudo logístico, Adif rehabilitará tramos de vía que actualmente se encuentran dados de baja.

La elección de Córdoba como epicentro de estas mejoras responde a su estratégica posición geográfica, que le otorga una ventaja competitiva frente a otros puntos como Antequera. El diseño del proyecto establece que por la ciudad pasarán todos los trenes procedentes de los grandes puertos andaluces: Algeciras, Huelva, Sevilla y Málaga. Esta centralidad permite canalizar las mercancías desde el oeste y el sur de Andalucía hacia el noreste de la Península y la frontera francesa sin necesidad de realizar desvíos adicionales.

A nivel global, la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza cuenta con una inversión prevista de 468 millones de euros. La envergadura de la obra hace que se requiera actuar sobre un total de 174 estructuras en todo el itinerario, incluyendo la adaptación de gálibos en 43 túneles y 131 pasos superiores para que los semirremolques de los camiones puedan viajar sobre vagones especializados. Solo para el tramo entre Madrid y Zaragoza, el Ministerio de Transportes ya ha anunciado contratos que superan los 107 millones de euros.

La empresa pública ADIF llevó a cabo “ensayos no destructivos” en los carriles y cupones de vía de la zona más cercana al lugar en el que comenzó a descarrilar un tren Iryo en Adamuz. El Iryo acabó chocando contra un Alvia. El accidente ferroviario, que sucedió en la noche del domingo 18 de enero, dejó 46 fallecidos y 155 heridos.

ADIF retiró el 22 de enero varios tramos de vía y los trasladó a su base de Hornachuelos, algo que provocó un informe de la Guardia Civil lamentando que lo hiciera sin informar y una amonestación de la jueza que investiga el accidente, Cristina Pastor. La Guardia Civil en sus diligencias ya informaba a la jueza que los trabajadores de ADIF habían llevado a cabo pruebas en las vías y las soldaduras. Ahora, en un informe, ADIF reconoce que hizo esas pruebas buscando la causa del accidente.

Según el documento, remitido al juzgado número 2 de Montoro, ADIF asegura que en ninguno de los ensayos “no destructivos” que llevó a cabo encontró ninguna anomalía. Los trabajadores de ADIF trataban de comprobar la dureza de la vía y ver si era débil como para provocar una fractura similar a la que a su vez causó el desarrilamiento del 18 de enero.

En concreto, los trabajadores de ADIF hicieron dos tipos de ensayos, tanto en Hornachuelos (a donde trasladaron las vías retiradas) como en Adamuz. Los ensayos de dureza se llevaron a cabo con un “durómetro”. Este artilugio realiza “una punción casi microscópica” y deja el material “que puede considerarse intacto”, según el informe. “Los carriles no se lijaron”, asegura ADIF. El segundo ensayo fue una inspección de varias soldaduras a través de ultrasonidos.

En ninguno de los ensayos ADIF encontró anomalía alguna. De hecho, en tres soldaduras analizadas se halló una dureza media de 345, 352 y 367, superior al valor fijado por la normativa. Las inspecciones por ultrasonidos también aportaron valores normales.

ADIF justifica su decisión de analizar las soldaduras en que detectó un “error en el parte” de trabajo de la soldadura en la que estaba incluido el tramo que fracturó y provocó el accidente, en el punto kilométrico 318,681 de la vía 1, en dirección a Madrid. “En el parte figura en ambas soldaduras de ese punto kilométrico que el carril que les une es nuevo (corresponde carga 350) cuando en realidad es usado (carga 260)”, destaca el informe. “Por último, el orden de las pegatinas en el reverso del parte era también incoherente con la información del anverso”, explica la empresa pública.

Restos metálicos en el interior del túnel

Este informe forma parte de una petición de ADIF a la jueza de Montoro, en la que le reclama que les autorice nuevos ensayos y pruebas de soldadura. La jueza, en una providencia, lo ha rechazado, a la espera de poder nombrar a los tres peritos judiciales que se encargarán de la investigación más técnica del siniestro.

En su petición, ADIF también informa que ha encontrado trozos metálicos en el interior del túnel previo al lugar del accidente y que ha documentado al menos de un centenar de daños en el material de la vía. Al ver que la Guardia Civil no precintó estos trozos, también ha pedido a la jueza que los incorpore a la causa y tener acceso al tren Iryo accidentado, para poder completar el informe particular sobre el accidente que está elaborando.

Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llegó a realizar las tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el tramo de Adamuz la noche del día 3 al 4 de marzo, “consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid)”, a “más de un kilómetro” del lugar donde el 18 de enero se produjo el accidente ferroviario entre el Iryo y el Alvia, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, todo ello pese a que el día 4 de marzo la jueza requirió a Adif que se abstenga de realizar tareas que afecten a dicho tramo, sin preaviso de 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización a previa autorización judicial.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Fomento han confirmado que “los trabajos sí se hicieron”, concretamente “el cambio de un cupón de carril”, como se le notificó a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, y que la semana pasada ha requerido a Adif para que informara si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar “fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en qué consistieron los trabajos y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo”.

En este sentido, desde Adif notificaron a la jueza el día 2 de marzo que eran tareas a desarrollar “en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz”, a la vez que señalaron que “el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir”.

Como respuesta a dicha notificación, la jueza realizó el citado requerimiento a Adif y la semana pasada le preguntó por dichos trabajos en una providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respondiendo a una petición de Adif para que aclarara la delimitación territorial del “tramo de Adamuz”, así como el concepto de “tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria”.

En este caso, la jueza indica, coincidiendo con el informe de la Fiscalía, que la delimitación territorial del “tramo de Adamuz” se “hace extensivo desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974”. Además, explica que las tareas de mantenimiento deben entenderse como “toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre instalaciones o cualquier elemento material de la vía, quedando excluidas actuaciones de control, vigilancia y supervisión que resulten necesarias para garantizar la seguridad de circulación ferroviaria que no impliquen intervención material”.

También, asevera que el preaviso de 15 días y la previa autorización judicial “no serán necesarios para actuaciones cuya ejecución requieran 'intervención inmediata por motivos de seguridad', cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, sin perjuicio de que se deberá de dar inmediata cuenta al órgano judicial, así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa”.

Al hilo de ello, el fiscal Alejandro Izuel expone en un escrito al juzgado que “dadas las circunstancias de los hechos objeto de investigación no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno”. Señala que “esta circunstancia impone la necesidad de que por la Sección 2 del Tribunal de Instancia se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno”.

Ante ello, remarca que “para que ese objetivo pueda cumplirse de manera razonable es procedente que Adif como administrador de la infraestructura ponga en conocimiento con antelación suficiente del Tribunal de Instancia cualquier actuación sobre la infraestructura que suponga alteración material de elementos que componen la estructura en el marco de una delimitación espacial razonable”.

Por tanto, considera que “en lo que se refiere al alcance del concepto 'tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria', es razonable requerir por el Tribunal de Instancia un preaviso por parte de Adif de toda actuación sobre la línea férrea siempre que se trate de una actuación que suponga una alteración de los elementos materiales de la vía que la componen”.

En cuanto a la delimitación territorial del tramo, el Ministerio Público ve “prudente que la necesidad de comunicación abarque desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974, teniendo en cuenta que presumiblemente la rotura de la soldadura desencadenante del siniestro se encuentra en el punto kilométrico 318,681”.

15 días de antelación

Respecto a los tiempos de preaviso, el fiscal cree que “es prudente solicitar un preaviso que permita tener conocimiento previo de la instructora con carácter previo suficiente a la realización de los trabajos como para que pueda ilustrarse y valorar la oportunidad de adoptar o no medidas de conservación adecuadas”.

Así, considera “adecuado el preaviso acordado en providencia de 5 de marzo de 15 días sin perjuicio de que, por razones de urgencia vinculadas a la seguridad y funcionamiento de la vía, sea necesaria actuación inmediata sobre la infraestructura que impida el cumplimiento del plazo anterior, de lo que se deberá dar inmediata cuenta al Tribunal de Instancia, así como de las razones que pudieran haber impedido en su caso la notificación previa a la actuación”.

Material retirado

Además, el requerimiento de la jueza del día 4 de marzo se produjo después de que el día 10 de febrero requiriera a Adif de que se abstuviera de “realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa” sobre el siniestro ferroviario.

Así lo expuso la instructora en una providencia, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso, ocurrido el domingo 18 de enero, y practicó distintas pruebas “sin advertirlo, ni solicitarlo”.

En este sentido, la jueza pidió a Adif que se abstuviera de practicar “cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial”, a la vez que le pidió “la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente”.

La decisión de Adif

Mientras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció que Adif cometió el error de no comunicar inmediatamente a la Justicia que retiró material, aunque aseguró que “no existe ningún elemento que permita deducir que se han sustraído pruebas al margen de la Justicia”.

Así, Puente explicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se retiró del lugar del accidente el 21 de enero, tres días después, al constatar que no tenía nada más que hacer, y así se lo comunicó la CIAF a Adif, que es el que le proporcionaba las pruebas y material cuando pedía.

Asimismo, la Guardia Civil hizo lo mismo el 22 de enero, cuando también comunicó que no tenía más pruebas que retirar. Todo ello motivó la decisión de Adif de llevarse el material que iba a ser desechado, que se encontraba a más de cien metros del lugar del accidente, en el caso del más cercano, y a más de 300, el más lejano.

“Adif hizo acopio de las pruebas que tanto la Guardia Civil como la CIAF descartaron, ya que tiene la obligación legal de hacer su propio informe”, afirmó el ministro, quien agregó que “lo hizo para comparar otras soldaduras no involucradas en el accidente, que fueron documentadas y custodiadas”. Puente comentó que se hicieron diagnósticos de dureza, para comparar y corroborar que se ajustaba a la normativa exigida.